20230324

El Parlamento Vasco en pleno, salvo PP-Ciudadanos y Vox, acordó ayer pedir al Gobierno Vasco que impulse una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en Euskadi «acorde a la realidad socioeconómica del País Vasco». Los grupos firmantes, PNV, PSE, Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu, han consensuado un texto en el que muestran que ese paso es «importante» y beneficiaría a alrededor de 50.000 vascos. Aunque el texto no fija cuál debería ser ese SMI vasco, tanto Podemos como EH Bildu sí que han marcado un objetivo: los 1.400 euros al mes. Ambos partidos defendieron ayer en el Parlamento Vasco que si el salario medio en Euskadi es un 20% superior al resto del Estado; el coste de la vida en la comunidad autónoma también supera en un 20%; y según la Carta Social Europea, el salario mínimo ha de suponer un 60% del salario medio del ámbito territorial en el que se aplica, el SMI en Euskadi debería fijarse «aproximadamente» en torno a los 1.400 euros. Es decir, 320 euros más al mes que el SMI aprobado por el Gobierno español para este 2023. El acuerdo en el Parlamento fija la petición al Ejecutivo vasco de que impulse esa negociación colectiva con agentes sociales y patronal para que acuerden «en el marco de un acuerdo interprofesional un salario mínimo de negociación colectiva en Euskadi». Un acuerdo que beneficiaría a cerca de 50.000 trabajadores, lo que supone el 5% de los ocupados en el País Vasco. El Parlamento también ratifica su compromiso con el empleo «de calidad», e insta al Gobierno Vasco a «continuar adoptando una actitud proactiva» para la adopción de las medidas necesarias para «defender y fomentar en todos los marcos de empleo y diálogo social la mejora de los salarios y de las condiciones laborales de los trabajadores. 

En plena tormenta del coche eléctrico, las 300 empresas del sector en Euskadi recuperan las cifras de facturación previas a la pandemia. Vender un 90% de la producción fuera de España y más de la mitad fuera de las fronteras europeas ha permitido a las empresas vascas de la automoción disparar sus ventas en 2022 un 22% alcanzando los 22.423 millones. Es uno de los factores, junto a la parte de subida de costes que han podido trasladar a sus precios, que ha permitido al sector volver a las cifras previas a la pandemia. El ascenso en las ventas es el más notable de la última década y establece un techo histórico en las ventas del sector, tal y como señaló ayer la presidenta del clúster en Euskadi, Inés Anitua, en una jornada celebrada en el AIC (Automotive Intelligence Center) de la localidad vizcaína de Boroa. En la pandemia, el desplome de los ingresos fue del 18% con una cifra que se quedó en los 16.605 millones de euros. Los ingresos cosechados son equiparables a 2019, cuando se fabricaron 90 millones de vehículos, a pesar de que el año pasado la producción se quedó en 83 millones de coches. Y es que, según explicó Anitua, la remontada ha sido posible, además de por el impacto de los precios, por el desarrollo de mayor eficiencia en las compañías vascas. La internacionalización y presencia en diferentes países ha sido otra de las claves, ya que el ritmo de producción ha sido dispar en los diferentes mercados. Mientras en Europa cayó un 1,3%, en China creció el 6,3%, en India un 23,5%, en Brasil un 5,1% y en Norteamérica el 9,7%, según publicó en febrero el IHS Markit. El resultado, aunque no contabiliza el efecto de la fábrica de Mercedes en Vitoria –emplea a 5.000 personas y produce 150.000 furgonetas–, engloba a 300 empresas vascas con 740 plantas productivas que dan empleo a 120.000 personas en 32 países, de las que 38.414 trabajan en Euskadi. En el conjunto destacan los tres grandes fabricantes de componentes vascos: Gestamp, CIE Automotive y la división de Automoción del grupo Mondragón. Se ubican en el ‘top 100’ mundial y cuentan con una importante presencia de plantas en más de 30 países que han tirado de las ventas.

«Tengo la sensación de que estamos fracasando en política energética. Tenemos que descarbonizar con tecnología pero no con ideología. Y desde una posición humilde no sé cuál es el camino, pero tenemos que repensarlo porque los resultados no son buenos. Tenemos que ser muy ambiciosos en descarbonización pero sin olvidar la seguridad de suministro», advirtió ayer Josu Jon Imaz. El consejero delegado de Repsol realizó estas declaraciones en el transcurso de una conferencia pronunciada en el Parque Tecnológico de Bizkaia, en el marco de la celebración del 60 aniversario de la creación de Sprilur, la sociedad del Gobierno vasco dedicada a a la promoción de suelo industrial. «Se nos olvidó que la energía tenía que ser barata. Y en la descarbonización también estamos fracasando. Bajan nuestras emisiones de CO4 porque estamos exportando industria a otros países. Y esas emisiones no las contamos», apuntó para calificar como «hipócrita» una estrategia que pasa por trasladar de lugar las emisiones contaminantes. El primer ejecutivo de la multinacional petrolera llamó la atención sobre la necesidad de «apostar por la seguridad del suministro, por la sostenibilidad y por un coste que la población pueda pagar. «Nos hemos olvidado de la seguridad del suministro, también del precio y nos hemos preocupado solo por la descarbonización. No podemos hacer una transición para ricos», dijo. Echa en falta, además, seguridad en torno a lo que va a suceder a corto y medio plazo y cree que hay exceso de incertidumbre «porque llega un momento, con algunas declaraciones políticas, que la gente no sabe qué coche tiene que comprar». «Tenemos que hacer una apuesta por los combustibles sintéticos y tenemos la suerte de que uno de los proyectos pioneros esté en Bizkaia». 

El veto de Berlín a la prohibición en 2035 de los vehículos de combustión (y a las nuevas propuestas para desbloquearlo) enquista un debate que confunde todavía más al consumidor. Hace un mes parecía que estaba hecho, que sería complicado y duro para la industria a medio plazo, pero que no había marcha atrás. La legislación para prohibir la comercialización de vehículos con motores de combustión a partir de 2035 estaba negociada, acordada, pactada y a falta de un mero formalismo. Pero el trámite está ahora parado, bloqueado de forma inesperada en el último suspiro, y lo que podría haber sido una anécdota, una línea roja para Alemania que solventar rápidamente, se ha enquistado y abierto la caja de Pandora, con al menos cuatro países más aprovechando el momento para intentar reabrir lo que está cerrado, diluyendo el paquete que tenía el visto bueno de todas las capitales, la Comisión y la Eurocámara. La situación es inusual, atípica e impropia de un gigante como Alemania y genera confusión entre la ciudadanía, que no entiende si hay prohibición o no, si la habrá y por qué tantos mensajes contradictorios. Muy simplificado, el sistema de decisiones en la Unión Europea arranca con una propuesta de la Comisión Europea. Después, el Parlamento Europeo fija su posición sobre el tema, con discusiones en los comités apropiados. Y el Consejo, los gobiernos nacionales, hace lo mismo. Manteniendo o alterando el contenido inicial, subiendo o bajando umbrales, reduciendo o disparando la ambición. Las tres partes empiezan entonces a negociar directamente, en lo que se conoce como trílogos, hasta llegar a un consenso aceptables para todos. Y a continuación, el Parlamento Europeo debe ratificar lo logrado en el pleno y los gobiernos nacionales hacer lo mismo a nivel de ministros, en el Consejo apropiado también. Y sólo entonces sale publicado en el Boletín de la UE. Es ahí, en esa última fase de ratificación donde Alemania ha bloqueado, causando sorpresa, indignación y algo de caos. 

En un entorno incierto, con cadenas de suministro y de valor que cada vez son más largas, y con usuarios indecisos a la hora de escoger por qué tecnología optar, los grandes fabricantes de automóviles abogan por la flexibilidad en el camino hacia el vehículo eléctrico, tanto dentro de las plantas productivas como en las administraciones encargadas de marcar las reglas. “El mercado no pasará de cero a cien al coche eléctrico”, explicó el director de Producción de Volkswagen en Navarra, Miguel Ángel Grijalba. A su juicio, si las empresas deben invertir un montón de millones para fabricar vehículos eléctricos, es bueno que en el camino venda coches con motor de combustión para ganar dinero y poder hacerlo. “No hay que frenar ante el 2050 (año para la descarbonización y las cero emisiones netas), sino hacer una transición lógica”, dijo. Ambos directivos participaron en la séptima edición del encuentro Desafíos del Sector de  Automoción, organizado ayer por el clúster Acicae en el Automotive Intelligence Center (AIC) de Amorebieta (Bizkaia). El director general de Hyundai Motor España, Leopoldo Satrústegui, coincidió con el directivo de Volkswagen en que en esa transición deben convivir muchas tecnologías; y esta convivencia será también buena para ir convenciendo al usuario de que transite al coche eléctrico. Hoy por hoy, según Satrústegui, no existe ese convencimiento y por ello el coche eléctrico no acaba de despegar en España, que está muy por debajo de la media en Europa. En su opinión, el Gobierno debe mejorar las palancas para animar al usuario a comprar eléctrico. Pero “hay que convencerlo, no obligarlo”, indicó. Ambos secundaron la satisfacción del Gobierno vasco por la previsible decisión de la Comisión Europea de suavizar la prohibición de venta de vehículos de gasolina y diésel a partir de 2035, y permitir los combustibles sintéticos. 

La industria de componentes para la automoción, que al igual que los fabricantes de vehículos está en un proceso de profunda transformación hacia las nuevas formas de movilidad con el foco en la descarbonización, está teniendo serios problemas para encontrar perfiles profesionales especializados que le permitan aumentar plantilla para un crecimiento futuro. 

Aunque el secretario general de Ascobi, Iñaki Urresti, rehuyó ayer cualquier tono triunfalista, los constructores vizcaínos cerraron 2022 con las mejores cifras de los últimos 15 años, gracias al dinamismo mostrado especialmente por el mercado de segunda mano. Bizkaia registró las mayores ventas –tanto de pisos nuevos como usados– desde la crisis del ladrillo, en 2007, tras contabilizar 12.778 operaciones inmobiliarias, un 14% más que en 2021. Las constructoras y promotoras comenzaron el año pasado la edificación de 2.540 pisos, lo que supuso un incremento del 13% respecto al anterior, debido, sobre todo, al empuje de las VPO, mientras que el empleo aumentó por encima del 10%. El sector da trabajo ya a casi 33.000 trabajadores, una cifra muy lejana todavía de los 50.000 que empleaba antes de que estallase la burbuja inmobiliaria. Con este buen estado de salud el gremio se sacudió parte de sus temores en un ejercicio en el que las licitaciones públicas se dispararon un 37%, frente al 15% en el conjunto de la comunidad, al lograr inversiones por valor de 883 millones de euros frente a los 645 del año precedente. El precio medio de la vivienda nueva libre subió un 7,7%, con el metro cuadrado a 3.904 euros, mientras que la evolución de la usada fue bastante más contenida al encarecerse un 2,5%. Urresti se felicitó por el «afianzamiento» de la construcción en un «entorno inflacionario» y pese al «fuerte incremento» de los costes de producción. Sin embargo, tampoco pasó por alto los nubarrones que pueden sucederse a corto y medio plazo. Este escenario ha provocado, a su juicio, de momento un notable aumento del número de licitaciones desiertas y deteriorado los «márgenes en las obras ejecutadas». Dejó en el aire la duda de si algunas constructoras trabajan por debajo de costes con tal de engordar la cartera de pedidos. «No sería, en cualquier caso, sano ni coherente», corrigió casi de inmediato. Añadió que la subida de los tipos de interés añade «más incertidumbre» y podría frenar la ventas, algo que, en su opinión, se ha percibido en los primeros meses de este año. Ver informe Ascobi-Bieba. 

El grupo vasco Arteche, dedicado a la producción de bienes de equipo eléctrico, cerró el pasado ejercicio con un comportamiento bipolar. Por un lado con una clara mejora en los niveles de facturación y de nuevos contratos, pero por otro con un resultado neto que registró un descenso del 10%. El beneficio neto consolidado del grupo ascendió a 7,7 millones de euros, cifra que contrasta con los 8,5 millones del ejercicio anterior. El aumento de los costes de materias primas y un impacto negativo de 1,4 millones en el resultado final como consecuencia de la hiperinflación que vive Turquía, son las dos causas que han afeado una cuenta de resultados que desprende también elementos muy positivos. Es el caso de la facturación total, que ascendió el pasado año a 346 millones de euros, lo que supone un aumento del 22,6% en comparación con el año 2021. La aceleración de las inversiones en el sector eléctrico ha hecho que las ventas tomen una tendencia de aceleración, que se visualizó de forma muy especial en el último trimestre con ventas que suponen un récord histórico para la firma. En la misma línea, la contratación de nuevos pedidos el pasado año alcanzó los 407 millones de euros, con la renovación de varios contratos importantes y el aumento de la capacidad de producción en México. El grupo siguió el pasado año una senda de mejoría de su equilibrio patrimonial. 

El PNV está preocupado por las ampollas que ha levantado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a menos de tres meses de las elecciones municipales y forales. El documento urbanístico de mayor rango de Vitoria, atascado durante años y aprobado inicialmente a principios de febrero por el Ejecutivo de Gorka Urtaran, está en el objetivo de SEA Empresas Alavesas y la Cámara de Comercio porque, a su juicio, no prevé una oferta de suelo industrial suficiente. Presentarán alegaciones. Y ante ese escenario, el discurso político comienza a modularse. Gorka Urtaran reaccionaba hace un mes al anuncio de esos recursos con cierto desapego –aquello de «se estudiarán como todas las demás»–. Pero hace apenas dos semanas, el alcalde subrayaba que ambas entidades (SEA y Cámara) «son estratégicas para el desarrollo económico de esta ciudad». Ayer la aspirante a relevarle en el cargo, su compañera de partido Beatriz Artolazabal, fue más allá. La candidata a la Alcaldía de Vitoria por el PNV había ‘planeado’ sobre el controvertido asunto el pasado día 7, cuando fue presentada oficialmente al cargo. Entonces se abrió a estudiar cómo «mejorar» algunas «cosas» del Plan General. Había mucha cortesía política en esas palabras. Calado, el justo. Ahora, considera «necesario hacer una reflexión» sobre el PGOU apuntando directamente a las demandas de reserva de suelo industrial. Artolazabal lanzó este nuevo mensaje durante una comparecencia en la sede del partido en Álava, evidenciando que el PNV asume ya que tendrá que corregir la herramienta urbanística que define la expansión de Vitoria de las próximas décadas que él mismo ha impulsado. Llegó incluso a justificar el (aparente) cambio de estrategia con argumentos que han venido siendo utilizados por los propios empresarios los últimos meses. «No podemos perder la ventaja competitiva que Vitoria puede tener respecto a ciudades del entorno sobre crecimiento industrial». La Cámara advirtió de ello después de que no le convenciesen las explicaciones que la concejala Ana Oregi (PNV) dio en la sede de la institución a principios de mes. 

La faceta exportadora de Álava –9.350 millones de euros en términos absolutos y con un crecimiento del 27,3%– está resistiendo los envites de la incertidumbre geoestratégica; la oscura estela de los años de pandemia a la que siguió la invasión rusa de Ucrania. «Esto es posible gracias a magníficos profesionales que están demostrando su gran capacidad de adaptación. Nuestras empresas están ya acostumbradas a la gestión en entornos inestables». Con esta idea positiva (y acorde al acto) abría ayer Gregorio Rojo, presidente de la Cámara de Comercio, la tradicional entrega de premios a la internacionalización; uno de esos actos públicos que la entidad comparte con las instituciones políticas y en los que se suele hacer especial hincapié en las fortalezas del tejido empresarial alavés, aunque sin obviar las debilidades ni abstraerse tampoco de la actualidad. Rojo desarrolló un diagnóstico con más luces que sombras, además de reivindicar la labor que realiza la entidad en apoyo a la proyección internacional de las empresas –con programas específicos que desarrolla en colaboración con el Gobierno vasco y la Diputación–. «La fidelización de la inversión extranjera, la difusión de prácticas sostenibles o el fomento de la cooperación son algunas de las líneas que trabajamos de forma conjunta», precisó. El presidente de la Cámara dio protagonismo a los grandes «centros industriales» de la provincia (Mercedes, Michelin, Aernnova, Talgo, Amurrio Ferrocarrril, Vidrala, Guardian, Tubacex, Tubos Reunidos, entre otros ‘gigantes’) y recordó el desarrollo del nodo logístico de Júndiz o la necesidad de dar un mayor impulso al aeropuerto de Foronda (la cuarta infraestructura carguera del país). «Tenemos que seguir apostando por fomentar el desarrollo del aeropuerto con nuevos proyectos de crecimiento y diversificación de sus actividades. En cartera, la ampliación de DHL y su proyecto para construir un taller de reparación de aeronaves que permitiría, al mismo tiempo, creara una red de formación de profesionales especializados en Vitoria.

La representación de UGT en Mercedes Vitoria, que hasta las últimas elecciones sindicales ha sido la central con mayor peso en la factoría alavesa, comunicó ayer su dimisión en pleno, por desavenencias con la Federación de Euskadi. Han trasladado ya a la dirección de la planta alavesa que abandonan sus cargos los seis miembros electos del comité de empresa, así como los tres delegados sindicales que tenía esta agrupación. «El equipo de UGT Mercedes que fue apoyado por el secretario general, Pepe Álvarez –le respaldó en una visita a Vitoria en vísperas de las elecciones sindicales del pasado 24 de noviembre– ha decidido presentar su dimisión». Un grupo que llevaba desde 2014 detentando la representación del sindicato en la planta de la Avenida de Los Huetos y que se preparaba para una renovación. Pero que ha chocado con las pretensiones de la Federación de Euskadi, que ha lanzado sus propios candidatos. «Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la celebración de primarias en la organización, y sobre todo de rejuvenecer a las personas, evitando ‘los cargos sindicales vitalicios’», explican en la comunicación enviada a los trabajadores. Sin embargo, argumentan, el provecto de renovación «no ha sido compartido con la organización, quien pretende imponer personas que están lejos del ideal de renovación».

En medio de una senda de recuperación que devolvió a la compañía a resultados positivos en 2022, Tubos Reunidos encarrila un 2023 en el que debería concretarse el principal hito del plan estratégico que presentó hace ya dos años: la centralización de toda su actividad de acería en las instalaciones de Amurrio. Un proyecto necesario para ahorrar costes y que se anunció en 2021 después de que la SEPI aprobase el rescate para la empresa alavesa, lo que supuso un desembolso de casi 113 millones por parte del Gobierno central. Esa mudanza de la acería de la antigua Productos Tubulares de Sestao, donde se mantendrá el tren de producción de tubos, lleva ya prácticamente dos años presupuestada en 11 millones. Sin embargo, esa cifra fue planificada antes de que se desencadenaran tanto los problemas de suministro de materiales en el sector de la construcción como de unos precios de los mismos que se han disparado en el último año. Y esa necesidad de materiales baratos y fáciles de localizar es la que ha movido a la empresa de Amurrio a hacerse con materiales de uno de los pabellones del antiguo astillero La Naval, de Sestao. Así lo han confirmado distintas fuentes consultadas por este periódico, que aseguran que serán empleados en la ampliación de la acería como solución para hacerse con material de construcción y no disparar los costes de la inversión.

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, anticipó ayer una investigación «muy a fondo» de la operación de fusión entre Orange y MásMóvil (propietaria de Euskaltel) ante la complejidad del mercado de las telecomunicaciones. En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, Fernández remarcó que el organismo que preside ha reclamado para sí el análisis de la operación y que la Comisión Europa está en plazo de entregársela, pero reconoció que generalmente este tipo de operaciones suelen autorizarse en Bruselas. La Comisión Europea tiene hasta el próximo 5 de abril para decidir si envía la operación de fusión entre MásMóvil y Orange a una segunda fase, en la que se negociarían los llamados ‘remedies’ o condiciones para aprobar la fusión. No obstante, independientemente de la decisión comunitaria, Fernández sí avanzó una «colaboración muy estrecha» entre la autoridad estatal y Bruselas en este caso. La presidenta de Competencia recordó que la CNMC ha analizado recientemente el mercado con la compra de Euskaltel por parte de MásMóvil y el papel de la entidad como reguladora de las telecomunicaciones. «Tenemos mucho que decir», reiteró. Dada la complejidad de la operación, que crearía un líder en clientes en España valorado en casi 40.000 millones de euros y con un 60% de cuota de mercado, se da por hecho que las autoridades comunitarias pasarán a la investigación en profundidad.

Darío Gil (Murcia, 1975), vicepresidente mundial de IBM y director del área de Research, es, ante todo, un apasionado de la ciencia. Sin despegar la sonrisa de su boca, explica cómo será el súperordenador que, en colaboración con la Fundación Ikerbasque, el gigante de la informática instalará en San Sebastián en 2024. "La instalación tendría muchas novias... – La razón es muy sencilla: porque se daban todas las condiciones necesarias para que el proyecto tuviera éxito. Desde la capacidad científica hasta el deseo de crear infraestructuras singulares y, sobre todo, que alrededor encontramos un tejido industrial que se puede beneficiar enormemente de la gran promesa de la computación cuántica. IBM también trabajará duro para acercar a esta oportunidad a las grandes empresas de toda España...Este es un momento histórico. Es un antes y un después, porque lo que va a suponer es dar un salto de primer orden en la escena global de la computación cuántica. Un proyecto de esta magnitud va a poner el foco aquí. Y va a ser un imán de atracción para el talento y la capacidad científica. Va a permitir empezar a preparar y a habilitar a las empresas sobre las muchas oportunidades que les ofrece la computación cuántica. Será un imán para todo el sur de Europa y la referencia para el futuro. Una cosa sin igual. Ya ha arrancado, y cuando lo comentamos con empresas, universidades o ‘start ups’ vemos, de verdad, un nivel de ilusión tremendo. Se nota toda esa energía. Hay empresas, aquí y más allá de Euskadi, que nos dicen: «Yo quiero estar alineado con ese gran proyecto..."

La inversión en I+D+i en Euskadi marcará un nuevo récord en 2023 al llegar hasta los 1.895 millones de euros, según las estimaciones realizadas por la Agencia Vasca de la Innovación-Innobasque con la colación de las doce principales empresas. La inversión en I+D+i en 2021 (los últimos datos del Eustat) fue de 1.646 millones de euros, un máximo histórico, e Innobasque estima que en 2022 fue de 1.768 millones, a falta del dato oficial que se conocerá a finales de año, y en 2023 se alcanzarán los 1.895 millones, un 7,2 % más. Las empresas aumentarán su inversión en 2023 en un 5,9 % hasta los 1.049 millones y las instituciones públicas (UE, Gobierno central, vasco y diputaciones) las incrementarán un 7,9% y llegará a 846 millones. El Gobierno vasco ha presupuestado una partida para I+D un 12 % superior y el otro gran empujón vendrá a través de los PERTE financiados con los Fondos Next Generation. El resto de la inversión pública procederá de los programas de ciencia de la UE (160 millones de euros, un 13,5 % más), los fondos de las universidades o las donaciones de entidades sin ánimo de lucro, que sumarán otros 46 millones de euros, un 6,5 % más.

En el Día de la Conciliación y la Corresponsabilidad, el Gobierno vasco quiso ayer reunir a las empresas que forman parte de la comunidad Kontzilia, 25 compañías vascas a las que el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales asesora para aplicar medidas que faciliten que los trabajadores puedan compaginar su vida laboral y personal. El año pasado, el Ejecutivo autonómico abrió una línea de ayudas, dotada con 220.500 euros, para impulsar planes de acción en 44 negocios, y en este 2023 ampliarán el presupuesto (420.000 euros) para que 80 nuevas empresas desarrollen este tipo de medidas. La consejera Nerea Melgosa presentó las cifras de este programa en Bilbao en un acto celebrado con las compañías que forman parte de la red. «La conciliación abre la puerta a que las personas que quieran cuidar puedan hacerlo, o a que lo hagan con mejores condiciones», subrayó la titular de Políticas Sociales, que recordó que «somos las personas quienes cuidamos y somos cuidadas». En ese sentido, la consejera detalló que, el pasado año, 12.007 vascos se beneficiaron de las ayudas a las excedencias o reducciones de jornada para el cuidado de hijos, lo que requirió una inversión de 28,3 millones de euros, y otros 447 recibieron este apoyo económico para cuidar de familiares dependientes, con un gasto de 1,2 millones. Y es que la responsabilidad a la hora de favorecer la conciliación, insistió, también es «institucional», por lo que reforzarán «la apuesta» por medidas en este sentido. En el acto participaron tanto empresas que ejercen de ‘motores’ de la red Kontzilia como algunas de las últimas incorporaciones y organizaciones como Confebask. 

El acuerdo en la negociación fue anunciado ayer por el sindicato CC OO, mayoritario en el sector en Bizkaia, y está respaldado también por UGT. Según apunta la central en un comunicado, hasta hace un mes la única propuesta de una patronal «totalmente cerrada» eran aumentos salariales del 3,6%, que se quedaban muy lejos de responder a las demandas de las trabajadoras. Hay que tener en cuenta además que a la hora de contratar el servicio de ayuda a domicilio el Ayuntamiento de Bilbao, que ocupa a la mayoría de estas profesionales en Bizkaia (850 de un total de 1.200), contemplaba unas subidas de precio precisamente para cubrir unas mejoras salariales que no llegaron. Es decir, el dinero con el que se mejoró el contrato público para pagar más a las trabajadoras acabó engordando los beneficios de las empresas. Eso llevó al Consistorio a presionar a las firmas para que allanasen el camino hacia el acuerdo, porque el servicio es vital en una ciudad cada vez más envejecida y más dependiente de este tipo de atenciones. Lo que ahora se ha firmado entre las dos centrales mencionadas y la patronal vizcaína del sector es un incremento salarial del 17,5% entre 2023 y 2027, y una cláusula en la que se contempla otro 2,5% en caso de que el porcentaje anterior no lograse cubrir el IPC. «Este incremento salarial supone con la acumulación de los incrementos una subida salarial real del 18,75%, es decir, más de 4.500 euros de salario bruto al final de la vigencia del convenio». Se satisfacen así las pretensiones de las plantillas.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha declarado «legal y aplicable» el acuerdo marco de hostelería de la Comunidad Autónoma Vasca, una decisión aplaudida por el sindicato ELA, que cree que grantiza «el derecho de negociación colectiva en ámbitos inferiores al estatal». El convenio de referencia en Gipuzkoa es el territorial, mientras que el acuerdo marco autonómico avalado por los jueces protege a los trabajadores vascos en caso de ausencia del convenio provincial para que no se aplique el estatal, menos ventajoso, según la central sindical. La Federación Española de Restauración Colectiva impugnó el pasado mes de febrero el II Acuerdo Marco de Hostelería de la Comunidad Autónoma del País Vasco, argumentando que ya existen el Acuerdo Marco de Hostelería Estatal (ALEH) y el Convenio de Restauración Colectiva Estatal. La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) desestima la impugnación entendiendo que «no es ilegal, y que no puede declararse inaplicable el II Acuerdo Marco de Hostelería Autonómico», según avanzó ELA en un comunicado.

La confianza de los hogares vascos se mantiene en valores negativos en el primer trimestre de 2023, pese a mejorar en 14 puntos respecto al trimestre anterior en 14 puntos, según los datos del informe elaborado por Laboral Kutxa. La entidad, en su estudio, estima que la evolución socioeconómica de la primera parte de este año «será determinante para superar las incertidumbres generadas en 2022» debidas, sobre todo, a la inflación «inusitada» en las últimas décadas y la incertidumbre por la guerra de Ucrania y las subidas de tipos. En función del estudio, realizado según las encuestas efectuadas a 800 personas en Euskadi entre los pasados 6 y 17 de febrero, el año 2023 ha comenzado con un índice de confianza de los hogares vascos de -9, lo que pone de manifiesto la «cautela y pesimismo» de los ciudadanos vascos. No obstante, este indicador ha mejorado con respecto a los dos trimestres anteriores. Ver informe Laboral Kutxa. 

Una de las tareas más importantes que tuvo que llevar a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) durante el año pasado fue la investigación a las estaciones de servicio para analizar cómo estaban aplicando el descuento de 20 céntimos por litro de carburante que el Gobierno central aplicó de abril al 31 de diciembre. Y la conclusión es que no se aprovecharon de esta ayuda para subir márgenes de beneficios. Así lo confirmó ayer la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en una comparecencia en el Congreso en la que indicó que crearon ‘ad hoc’ un indicador de alta frecuencia para investigar las más de 12.000 gasolineras del país, verificando sus márgenes. «Concluimos que los márgenes brutos de 2021 y 2022 son similares», aseguró Fernández. Aun así, el sector energético ha sido muy conflictivo durante 2022. La CNMC aumentó en un 66% el número de expedientes en este ámbito respecto al año anterior, según indicó la presidenta, que destacó que también han revisado la aplicación del bono social o los cambios de comercializadoras energéticas. En este punto, Fernández reconoció que durante unas semanas hubo problemas para que las compañías atendieran correctamente a los clientes que querían pasar su contrato a la tarifa regulada del gas (TUR) ante las subidas de precios, pero que tras un periodo inicial de «caos, desconcierto y confusión», este problema se ha «corregido» y actualmente estos cambios se están produciendo «con normalidad».

Mano dura contra quien atente contra la libre competencia. Este es el espíritu con el que el ala socialista del Gobierno está impulsando una modificación legal que disparará las multas a directivos que participen en un cártel de fijación de precios desde los 60.000 a los 400.000 euros y las sanciones a sus empresas desde los 10 a los 50 millones, o el 10% de su facturación global. La reforma, que endurece el régimen sancionador aplicable por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha sido incorporada entre las enmiendas del grupo socialista al Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes, que tramita en estos momentos el Congreso de los Diputados. Las modificaciones legislativas propuestas a la Cámara Baja suponen aprovechar la ley impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos para aumentar el calibre del régimen sancionador del que dispone Competencia, darle más tiempo para investigar y concederle más autonomía.

El PIB per cápita nacional había ido convergiendo con la media europea durante las últimas cuatro décadas, pero esta tendencia se ha visto truncada en dos momentos: la Gran Recesión y el Gobierno de Pedro Sánchez, con una gestión de la pandemia sensiblemente peor que la de otros países del Viejo Continente. Así, si para 2017 España había recuperado buena parte del terreno perdido tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la situación empezó a torcerse durante el primer año de la era Sánchez y la tendencia se agravó tras el estallido de la pandemia, sin llegar a recuperarse más que parcialmente en los años posteriores. El PIB per cápita español en paridad de poder de compra, que en 2017 se situaba en el 93% de la media comunitaria, en 2022 había retrocedido hasta el 85%, de acuerdo con los datos publicados ayer por Eurostat. Eso es, un retroceso de ocho puntos, el mayor de toda Europa, tras el que España se ha visto rebasada por Eslovenia, Chipre, República Checa, Lituania y Estonia. ¿Qué ha pasado en estos últimos cinco años? En primer lugar, la economía española perdió fuelle en 2018 y 2019 en relación a sus vecinos comunitarios, lo que hizo que los esfuerzos de convergencia de los cinco años anteriores se vieran arruinados en cuestión de meses. Y a eso hay que sumar que, posteriormente, España sufrió un mayor impacto por la pandemia que el resto de los países europeos y que la recuperación, todavía incompleta, se ha visto truncada por la espiral inflacionista, la guerra en Ucrania y las subidas de tipos de interés.

La revolución renovable de la que la península Ibérica es punta de lanza vivirá un nuevo hito en 2023. El 50% de la electricidad que se generará este año en España será de origen renovable, según la previsión desvelada ayer por la presidenta de Red Eléctrica (REE), Beatriz Corredor, en la presentación de su informe anual. Más generación verde también implica precios a la baja: cuanto mayor es la cuota del agua, del sol y del viento sobre la matriz de generación, menor es también la cotización del megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista de la luz. De cumplirse el pronóstico de REE, 2023 sería el primer año de toda la serie histórica en el que se alcanzaría ese umbral: en 2022, la sequía y el tirón de Francia —que, golpeada por el parón nuclear se vio obligada a aumentar al máximo las compras de electricidad a sus países vecinos— dejaron esa cota en el 42,5% a pesar del récord de producción eólica y solar. El máximo hasta ahora se batió en 2021, cuando el 46,7% de la energía consumida y exportada por España fue hidráulica, eólica, solar o procedente de biomasa. Los primeros compases del año invitan al optimismo. En enero, la cuota de generación renovable rozó el 60%. En febrero superó el 45%. Y en lo que va de marzo también supera con creces el citado 50%.

El turismo encara la Semana Santa con la ambición de igualar los niveles anteriores a la pandemia, e incluso superarlos en algunas comunidades como Baleares, Madrid y Galicia. Las reservas hoteleras para esas fechas se mantienen prácticamente como en 2019, con una ligera disminución del 0,8%, según TravelgateX, firma especializada en datos para el sector turístico. En cuanto a las previsiones de vuelos, las reservas aéreas internacionales confirmadas para viajar a España están solo un 3% por debajo de las de hace cuatro años, según la empresa de análisis de mercado ForwardKeys, mientras los vuelos domésticos están un 12% por encima. En los precios, pocas dudas caben de que esta va a ser la Semana Santa más cara: tanto en hoteles como en billetes de avión. La incertidumbre sigue reinando en la economía global. La guerra continúa en Ucrania y la inflación se ha moderado, pero se mantiene en niveles muy altos. Además, los problemas recientes del sector bancario han añadido aún más dudas. El turismo arrancó 2023 con el objetivo de batir sus marcas tras un 2022 de recuperación: 71,6 viajeros extranjeros llegar, solo un 14% por debajo del máximo de 2019, y con un gasto medio por viajero récord de 1.270 euros. La tendencia es muy positiva para 2023, pero la palabra cautela sigue siendo la más mencionada. Además, en algunos destinos costará encontrar mano de obra especializada. 

El grupo consultor Accenture anunció ayer que eliminará 19.000 puestos de trabajo en los próximos 18 meses, uniéndose de esta forma a una lista creciente de empresas del sector de la consultoría que despiden trabajadores en medio de un entorno económico desafiante. La consultora espera tener que desembolsar unos 1.200 millones de dólares (1.100 millones de euros) en concepto de indemnizaciones por despido de empleados y otros costes de personal, y gastará 300 millones de dólares (276 millones de euros) adicionales en la consolidación de espacio de oficinas. Los recortes de empleo de Accenture, que representan alrededor del 2,5% de su fuerza laboral total, son los mayores anunciados en el sector de la consultoría hasta el momento. El mes pasado, McKinsey reveló planes para suprimir 2.000 puestos de trabajo, tras haber llevado a cabo un rápido crecimiento en el número de empleados durante la última década, mientras que KPMG anunció que despidió a casi 700 profesionales de su división de consultoría y asesoría en EE UU. Más de la mitad de los recortes de empleo en Accenture afectarán a personas en funciones corporativas no facturables. Por otro lado, Accenture registró unos beneficios netos atribuidos de 3.207 millones de euros en el primer semestre de su año fiscal 2023, finalizado este febrero, lo que equivale a un incremento del 1,8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Los ingresos sumaron 29.012 millones de euros, un 5,2% más.

La industria tecnológica continúa su proceso de ajuste laboral después de unos años de rápido crecimiento de sus plantillas. En las últimas semanas, Meta y Amazon han anunciado nuevas rondas de despidos que se suman a los recortes que comunicaron en meses previos, profundizando así en una estrategia de racionalización de costes y búsqueda de la eficiencia en el actual contexto de deterioro económico. Amazon, Microsoft, Google y Meta suman recortes laborales que afectan a 70.000 trabajadores. Apple es la única de las cinco Big Tech, como se conoce al grupo de titanes tecnológicos estadounidenses, que no ha acometido despidos, gracias en buena medida a una política de contrataciones mucho más cauta que la de sus competidores durante la explosión digital de la pandemia. El tijeretazo en el empleo no es exclusivo de las Big Tech. Desde comienzos del año han anunciado recortes laborales compañías como Salesforce (8.000 empleados), Dell (6.650), IBM (3.900), PayPal (2.000), Yahoo! (1.600), Twilio (1.700), Zoom (1.300), NetApp (960), o Spotify (600), así como multitud de start up de menor tamaño. En lo que va de 2023, el sector tecnológico ha comunicado procesos de reestructuración que afectan a más de 150.000 profesionales, según Layoffs.fyi, una web que realiza un seguimiento de los anuncios de despidos. Las compañías justifican los recortes por su necesidad de reducir costes y buscar eficiencias ante el impacto en sus negocios de la actual coyuntura económica, marcada por el enfriamiento de la economía, la subida de los tipos de interés y la inflación. En este reajuste, la consigna ahora es alinear la estructura de costes a las menores tasas de crecimiento del negocio.

La novena jornada de huelga contra la reforma de las pensiones causó ayer una explosión de violencia que sacudió especialmente París y ciudades como Lyon. La diferencia respecto a convocatorias anteriores era que en esta ocasión el Gobierno de Emmanuel Macron y Élisabeth Borne ya había aprobado el proyecto gracias al ‘decretazo’ que eludió su votación en la Asamblea Nacional. La ira de los críticos estaba servida. Alimentados por la actitud del presidente, que el miércoles aseguró en televisión que no retirará la reforma ni hará cambios en el gabinete, la ciudadanía y los sindicatos ganaron el desafío en la calle, con al menos un millón de personas manifestándose una tarde de jueves. De ellos, 119.000 desfilaron por la capital. Eso, según los datos del Ministerio del Interior. Porque la Confederación General del Trabajo (CGT) reivindicó 3,5 millones de manifestantes en todo el país, de los cuales 800.000 tomaron París. Se habría igualado así la cifra récord del pasado 7 de marzo. En todas las movilizaciones hubo una abundancia de jóvenes que acompañaron a sus mayores en contra de que la edad de jubilación pase de 62 a 64 años, según la nueva ley, cuya «impopularidad» Macron afirma que asume en solitario. Los sindicatos subrayaron que las protestas son «una respuesta a la cabezonería incomprensible de Emmanuel Macron», empeñado en mantener la reforma pese a que dos de cada tres franceses se oponen a ella. «El potente rechazo de este proyecto es legítimo y debe continuar. La responsabilidad de la situación explosiva no recae en los sindicatos, sino en Macron», enfatizaron las centrales en un comunicado conjunto en el que convocaron a una nueva jornada de movilizaciones generales el próximo martes. Coincidirá con la visita de Estado del rey Carlos III de Inglaterra, prevista del 26 al 29 de este mes.