20250707

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia, Cebek, Gillermo Buces, ha afirmado que "la falta de control y de medios" en Euskadi "han disparado y sigue disparando las bajas" laborales y ha apostado por "pedir y fomentar el arraigo de los trabajadores con su empresa" para cambiar la tendencia. Guillermo Buces ha calificado de "significativo" que las bajas de larga duración se hayan triplicado en cinco años y que las de incapacidad temporal estén un 45% por encima de la media estatal. "¿Qué pasa, que aquí somos más enfermizos? No puede ser causa-efecto. Mejores salarios, mejores condiciones de vida, incluso mejor clima y el doble de absentismo. Hay algo que no me encaja", ha afirmado. Además, ha asegurado que no comprende la 'beligerancia' sindical cuando, en el País Vasco, existe "proporcionalmente con el Estado, la mejor calidad de vida" y una calidad de empleo que Euskadi "se ha ganado". Para cambiar la tendencia, apuesta por "tener un sistema de prevención de riesgos mucho mejor" y "conseguir la involucración del trabajador en la empresa para que se dé cuenta que lo que no hace porque no va a trabajar lo va a tener que hacer un compañero". "Lo mismo que se pide a las empresas arraigo en el territorio, hay que pedir y fomentar el arraigo de los trabajadores con su empresa", ha reivindicado. Gillermo Buces se ha referido también a la reforma fiscal aprobada por las diputaciones vascas, para asegurar que "podía haber sido mejor, pero también podría haber sido peor". "No quiero pensar que han hecho una reforma perjudicial para las empresa. Que hay puntos por mejorar, lo tengo clarísimo, pero poco. Entiendo que esto es una norma viva, que hay que ir adaptándola y que rectificar es de sabios, siempre estamos a tiempo de corregir cosas", ha manifestado. Además, ha asegurado que no comprende la 'beligerancia' sindical cuando, en el País Vasco, existe "proporcionalmente con el Estado, la mejor calidad de vida" y una calidad de empleo que Euskadi "se ha ganado". Y también ha criticado el "discurso populista" que defiende la máxima de "trabajar menos para vivir mejor". "Ante ese eslogan, yo diría que hay que trabajar más y mejor para vivir más y mejor", ha dicho.

La industria vasca del acero se ha refugiado en los ERTE para obtener oxígeno. El sector siderúrgico ha acudido en masa a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo para tener a mano una herramienta con la que poder rebajar su intensidad de fabricación ante una previsible caída de pedidos. Con esta fórmula quieren protegerse frente a un negocio asfixiado por un exceso de producción que ha elevado la competencia en todo el mundo, una descarbonización impuesta y sometida a unos altos costes energéticos, y unos aranceles estadounidenses del 50% que han obligado a reordenar los mercados internacionales. Los efectos ya son visibles. Esta misma semana Tubos Reunidos ha anunciado esta medida para los 850 empleados que tienen en su planta de Amurrio mientras que la catalana Celsa, con 500 trabajadores entre Nervacero y Laminaciones Arregui que ya tienen aplicado un ERTE hasta abril de 2026, ha reconocido unas pérdidas de 281 millones y su fracaso en las negociaciones iniciadas con la inversora industrial CriteriaCaixa para darle entrada en su capital. La situación no es dramática, pero sí pide cautela. Esta semana ArcelorMittal retiró el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que amenazaba despidos en el centro navarro de Legasa y en el alavés de Agurain, aunque la empresa no descarta recuperar esta vía para la primera planta. «La situación del mercado del acero en Europa sigue siendo muy difícil por todas las importaciones que llegan de fuera y que siguen creciendo», alertan. En las plantas de Olaberria –para la construcción– y Sestao –con acero de bajas emisiones– son más optimistas «porque mantienen una cartera de pedidos que les permiten seguir trabajando», pero a finales del año pasado ya presentaron un ERTE que incluye a las instalaciones de Etxebarri, que hace hojalata, y que estará en vigor hasta finales de año por causas productivas. Allí alegan la caída de la demanda en la automoción y las incertidumbres del mercado. La noticia del ERTE en Tubos Reunidos no sorprende, porque estas medidas ya se vienen aplicando «sistemáticamente» desde hace tiempo. 

El que fue uno de los proyectos de interconexión eléctrica más ambiciosos concebidos en Europa no llegará a construirse. El grupo Cobra, actualmente integrado en la multinacional francesa Vinci, ha renunciado definitivamente a continuar con el proyecto Britib, una conexión submarina de alta capacidad que pretendía enlazar Euskadi con Francia y el Reino Unido. La infraestructura habría partido desde la subestación eléctrica de Hernani o, alternativamente, desde Gatika —punto de origen también del enlace en construcción entre Bizkaia y Francia–, para cruzar el golfo de Bizkaia y conectar con las redes francesas en Cordemais o Langage, y finalmente alcanzar Indian Queens, en el suroeste británico. El proyecto comenzó a desarrollarse en el año 2009, cuando Cobra aún pertenecía al grupo ACS, y fue promovido en varias ediciones del Plan Decenal de Desarrollo de la Red (TYNDP) que publica el ENTSO-E, la red europea de operadores de sistemas eléctricos. Estaba en línea con las prioridades de la Unión Europea para mejorar las conexiones eléctricas en Europa occidental y avanzar hacia un transporte más limpio, y llegó a recibir apoyo financiero del programa TEN-E para sus estudios de viabilidad técnica, medioambiental y económica. Fue tras la adquisición de Cobra por Vinci en 2021, por 4.902 millones de euros, cuando la iniciativa dejó de tener impulso y ha quedado excluida del último plan decenal (2024). Diseñado en configuración multiterminal HVDC (corriente continua de alta tensión) de 525– 600 kV y con una capacidad de 1.800 MW por punto de conexión, Britib habría sido el cable submarino más largo del mundo en su categoría, con más de 1.300 kilómetros de trazado. Su diseño permitiría, además, compartir servicios de balanceo entre países, mejorar la estabilidad del sistema en situaciones de estrés extremo y habilitar el intercambio bidireccional de grandes volúmenes de electricidad renovable, como reza el informe técnico.

Luz verde para uno de los proyectos más significativos de la legislatura foral. El consejo de Gobierno de la Diputación aprobará mañana la adjudicación del contrato de 33 millones de euros para la construcción y explotación de la nueva planta de tratamiento de residuos orgánicos situada en el entorno de Margarita, que se denominará KonpostAraba. Una infraestructura que aspira a convertir cada año 23.000 toneladas de estos desechos en fertilizantes para la agricultura y los jardines, y así cubrirá el servicio de su predecesora situada en Júndiz, que no es suficiente para cubrir los objetivos de desarrollo sostenible y los mandatos de la UE de economía circular. Se levantará sobre una parcela de 30.000 metros cuadrados en el polígono industrial más grande de Euskadi y por la que la Administración foral ya pagó 3,4 millones. Si no existen recursos a la adjudicación, está previsto que las obras se ejecuten en quince meses, con lo que podría estar lista para finales de 2026. Allí no sólo llegará aquello que se introduzca en los contenedores. 

El Gobierno vasco quiere reforzar su apuesta para mantener abiertas las persianas de los negocios de comercio, hostelería y alojamientos. El departamento de Turismo, Comercio y Consumo ha puesto en marcha una campaña para dar a conocer su programa de transmisión de negocios, Berriz Enpresa, dirigido a afrontar el relevo generacional de estas actividades. El programa, que cuenta con el apoyo de las tres cámaras vascas, quiere alargar la vida de aquellos negocios ya consolidados encontrando emprendedores dispuestos a su adquisición para mantener la actividad. Para ayudarles a dar el salto, el programa del Gobierno vasco incluirá una labor de acompañamiento dirigida a ambas partes que recogerá desde el asesoramiento a la búsqueda de compradores potenciales, apoyo en la valoración de los negocios, iniciativas de promoción de los mismos, la elaboración de un dossier para llevar a cabo la venta y una labor de gestión para resolver las dudas de ambas partes durante todo el proceso de transmisión. Así mismo, bajo el lema ‘iniciar un negocio no siempre tiene que empezar de cero’, ayudará a los nuevos emprendedores a analizar la viabilidad de la empresa, desarrollar un plan estratégico y buscar financiación para su puesta en marcha. «Contamos cada vez con un sector más envejecido», recordó el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, Javier Hurtado, quien defendió que esta situación «también puede verse como una oportunidad de relevo generacional».

Lejos quedan los más de 1.000 millones de euros que llegó a valer Duro Felguera allá por 2010. Década y media después, en la que se le han acumulado litigios, rescates e incumplimientos de contratos como el de la planta argelina de ciclo combinado en Djelfa, esta ingeniería asturiana — una de las primeras compañías industriales españolas en cotizar en Bolsa— vale hoy menos de 50 millones y se dispone a acometer un severo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a varias de sus sociedades y plantas, las cuales emplean a unas 699 personas, poco menos de la mitad de una plantilla que ronda los 1.500. “Es una medida inevitable y necesaria para asegurar la continuidad de la empresa”, dijo el presidente ejecutivo de la compañía, Eduardo Espinosa, en la junta general de accionistas celebrada el 27 de junio, donde la audiencia estaba expectante. Quería escuchar los planes para salir del preconcurso de acreedores en el que Duro Felguera lleva desde diciembre. Las negociaciones con los sindicatos, que deberían haber comenzado hoy, no lo harán hasta mañana o pasado, según diversas fuentes consultadas. “Lo que queremos saber, ante todo, es cuál es el plan industrial, cuál va a ser la Duro Felguera del futuro, algo para lo que creemos que será indispensable una mayor aportación de capital”, indican fuentes sindicales a este periódico, aludiendo directamente a los principales accionistas de la compañía: el grupo mexicano Prodi y el portugués Mota-Engil. El plan de Duro pasa por acometer un ERE en todas sus sociedades y fábricas, exceptuando la de El Tallerón, que será vendida a Indra, y Mompresa, compañía del grupo especializada en la fabricación y mantenimiento de turbinas para centrales hidráulicas y de ciclo combinado. El objetivo de la compañía es “eliminar las líneas de negocio no rentables”, ajustar capacidades internas y reforzar “las unidades con mayor potencial”, según aseguró el propio Espinosa en la junta.

Entrevista a Maria Jesús Fernández, economista en Funcas. Alerta de que España no está preparada para afrontar con éxito los retos que tiene por delante por todos los problemas que arrastra desde hace 25 años y avisa de que detrás de «las brillantes cifras de crecimiento, hay algo de fondo que no funciona bien». "El PIB sí que ha crecido en relación a 2019 más que Europa, pero si lo pones en términos per cápita, que es realmente la variable de la cual depende la mejora del nivel de vida de la población, la situación cambia. Su escaso avance está en el origen del casi nulo crecimiento de la capacidad adquisitiva, el nivel reducido de nuestros salarios, la disminución de las clases medias o el aumento de las desigualdades...Tiene su origen en el escaso crecimiento de la productividad. Por una parte, por las deficiencias del sistema educativo. Seguimos teniendo un porcentaje de abandono temprano de los estudios muy elevado. Las competencias de los jóvenes para resolver problemas de matemáticas y para la comprensión de textos escritos siguen siendo bastante mediocres. El porcentaje de la población activa que no tiene ningún tipo de formación sigue siendo muy elevado y está muy por encima de lo que es habitual en países de nuestro entorno. La abundancia de mano de obra sin cualificar es uno de los motivos que explican los problemas de productividad, porque incluso en las actividades que no requieren una gran cualificación, que las personas que las realizan tengan unas capacidades más desarrolladas las hace más productivas. Y también es importante el tamaño de las empresas. Uno de sus principales problemas es la sobrerregulación y una fiscalidad muy elevada. Se dificulta la creación de nuevas empresas: desde el año 2019 el número de microempresas ha caído en picado. Que entren nuevas empresas con nuevas ideas es el proceso de destrucción creativa del capitalismo y de creación de riqueza y progreso. Ese proceso está muy neutralizado por la burocracia, la sobrerregulación y la sobrecarga fiscal. Y esa es una de las causas del declive industrial...La reducción de la jornada laboral va a ser uno de los dos mayores errores que se habrán cometido en España desde la Constitución del 78. El otro ha sido la reforma de las pensiones. Va a suponer una reducción de la productividad. No hay forma humana, es matemáticamente imposible que se produzca un aumento de la productividad. Además, España tiene un peso muy elevado de pymes, que son las que más difícilmente se van a adaptar. Eso va a tener unas consecuencias muy negativas para el futuro y además es una medida que no se puede revertir. No va a haber ningún gobierno que políticamente tenga la capacidad de hacerlo. Además, es falso que se van a reducir las horas ganando el mismo salario. Al final, los empresarios van a tratar de recuperar el margen que hayan perdido por la vía de congelar los salarios. Con lo cual, al cabo de unos años tendremos menos horas trabajadas y menos salario. No puedo entender cómo una medida que tiene un impacto tan potente, que es una especie de bomba atómica, que pone patas arriba a todas las empresas de la economía de un país, se puede llevar a cabo con esta alegría, sin ningún debate ni estudio..."

La cumbre empresarial e institucional que prepara el Gobierno del Emirato Árabe de Abu Dabi en Madrid esta semana ha desatado enormes expectativas corporativas en España. Grupos como Iberdrola, Endesa y Acciona aspiran a consolidar su relación con Emiratos e, incluso, poder aprovechar el evento para anunciar algún nuevo acuerdo. Todo ello, además, mientras todo el mundo analizará con lupa hasta qué punto esa cumbre sirve para relanzar contactos entre Emiratos y accionistas de Naturgy de cara a una operación corporativa. La cumbre, que se celebra mañana, ha adquirido una dimensión especial. Está prevista la visita a Madrid de Sultan Ahmed Al Jaber, ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos. Tendrá una apretada agenda de encuentros, además de una cena institucional multitudinaria en el exclusivo hotel Four Seasons de la capital española. Al Jaber es uno de los hombres con más poder en el sector empresarial en Emiratos, y en especial en el energético. Además de ministro de este ámbito, es presidente de los grupos estatales emiratís Adnoc y Masdar. Adnoc es una de las mayores petroleras del Golfo Pérsico. Masdar es el hólding de renovables que más rápido está creciendo en el mundo, con operaciones multimillonarias en varios países, entre ellos España, con inversiones voraces. La excusa del evento es celebrar el décimo aniversario de Saeta Yield, una de las empresas que adquirió el pasado año Masdar en España. Este grupo sigue buscando de forma frenética oportunidades de inversión con grupos españoles, dentro y fuera de España. Iberdrola, Acciona y Endesa se juegan posibles acuerdos históricos en esa carrera. A finales de 2023, Iberdrola y Masdar sellaron una declaración de intenciones para buscar oportunidades de inversión en renovables fuera de España, con potenciales inversiones conjuntas por hasta 15.000 millones. Ya tienen el parque eólico marino (off-shore) Baltic Eagle, en el Báltico, en una coinversión de 1.600 millones.

Desde la guerra en Ucrania, los precios de la electricidad y el gas han pasado de una escalada enloquecida a una nueva normalidad donde la volatilidad es la norma. Los consumidores llevan cuatro años pendientes de este mercado como hacía décadas. Incluidos los españoles, que han aumentado sus saltos de una comercializadora a otra a un ritmo nunca visto. Y en ese río revuelto se han disparado también las denuncias por contratos anómalos. Entre 2021 y 2024, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha investigado casi 1.200 quejas de clientes que han experimentado cambios de comercializadoras en condiciones irregulares. La cifra de expedientes informativos que el supervisor sectorial ha abierto contra compañías energéticas por este motivo duplica la registrada en los cuatro ejercicios precedentes (2017-2020), según los datos históricos de la CNMC. La mayoría de estos procesos responden a traspasos de clientes de una empresa eléctrica a otra sin que estos hubiesen dado su consentimiento expreso, o sin que la empresa haya podido acreditar lo suficiente esa autorización. El pico de casos sospechosos analizados se dio en 2022, con 418 expedientes informativos. Desde entonces, se han reducido, aunque el promedio anual ha seguido estando muy por encima de los niveles previos a la crisis de precios. España tiene un problema añadido. No existe un marco legal que especifique los requisitos que deben cumplir las comercializadoras de luz para justificar que el consumidor dio su permiso expreso para sellar el nuevo contrato. Esto complica enormemente que las investigaciones de Competencia acaben en sanciones.

Iberdrola y Endesa, las mayores propietarias de las centrales nucleares en España, han pedido al Gobierno una revisión integral del calendario de cierre de estas instalaciones, no solo la de Almaraz. Aunque esta instalación protagoniza el debate sobre si se amplía o no la actividad de las centrales, Iberdrola y Endesa (las dos mayores eléctricas españolas, y las que más se juegan), están planteando ya un retoque de casi todo el calendario del apagón nuclear. Iberdrola y Endesa están proponiendo al Gobierno una ampliación de entre dos y cuatro años para la vida operativa de algunos reactores. El parque nuclear español consta en la actualidad de siete reactores en funcionamiento: Almaraz I y Almaraz II, en Cáceres; Ascó I y Ascó II, en Tarragona: Vandellós II, también en Tarragona; Cofrentes, en Valencia; y Trillo, en Guadalajara. En 2019, eléctricas y Gobierno pactaron un cierre escalonado de centrales entre 2027 y 2035, empezando por Almaraz I (2027) y Almaraz II (2028), a las que seguirían Ascó I y Cofrentes, ambas en 2030; Ascó II (2032); y Vandellós II y Trillo, ambas en 2035. Según las mismas fuentes, lo que están planteando Iberdrola y Endesa es “reajustar” el calendario para algunos reactores, sin tocar la perspectiva (al menos por ahora), de clausura total del parque nuclear en el año 2035.

La fusión nuclear es la gran promesa a largo plazo de la energía renovable, casi infinita y limpia, ya que es mil veces más eficiente que las centrales nucleares actuales y no genera residuos radioactivos. El problema es que se necesitarán aún varias décadas para dominarla, aunque en el centro de Madrid se trabaja para adelantar plazos. Para ello, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) ha cerrado una alianza con IBM y Aggity para utilizar la inteligencia artificial generativa para acelerar el proceso en un experimento pionero. La institución pública tiene en pleno corazón de Madrid su laboratorio para desarrollar esta tecnología en el que se encuentra el TJ-II, un stellarator creado en 1998 y del que han salido avances que han nutrido a toda la comunidad científica global. Y, ¿qué es un stellarator? Se trata de un dispositivo de confinamiento magnético que contiene y calienta plasma a temperaturas altísimas en un entorno controlado. Si se tiene en cuenta que la fusión nuclear es la reacción que se produce en el Sol, las temperaturas simuladas pueden llegar a los diez millones de grados, por lo que hace falta una reacción magnética que mantenga ese plasma lejos de cualquier superficie, porque si no, la fundiría, explica Carlos Hidalgo, director del Laboratorio Nacional de Fusión. «La energía de fusión está viviendo un momento muy dulce y la colaboración público y privada es imprescindible (...) La IA nos va a permitir tener los ojos que no tenemos», señaló, por su parte, la directora del CIEMAT, Yolanda Benito, durante la presentación de la alianza, que busca aprovechar mejor los datos que la institución lleva años generando.

Las empresas que conforman el Ibex 35 se consolidan como pilar fundamental de la recaudación pública en España al registrar una Contribución Tributaria Total (CTT) de 59.562 millones de euros en 2024. Esta cifra representa un significativo incremento del 10% en comparación con el ejercicio de 2023, marcando el nivel de contribución más elevado de los últimos seis años por parte del índice bursátil español. Este crecimiento se ha manifestado tanto en los impuestos que las compañías soportan directamente como en aquellos que recaudan en nombre de la Administración. Así lo pone de manifiesto la nueva edición del informe de PwC, Contribución Tributaria Total del Ibex 35 en 2024, que detalla la aportación fiscal de las principales empresas cotizadas de España. Los impuestos soportados, que constituyen un coste directo para las empresas y tienen un impacto directo en sus beneficios, ascendieron a 21.547 millones de euros en 2024, lo que supone un aumento del 7% respecto al año anterior. Por otro lado, los impuestos recaudados por las compañías para la Hacienda Pública, generados gracias a su actividad económica, alcanzaron los 38.015 millones de euros, creciendo un notable 11% en el mismo periodo. Durante el ejercicio 2024, los impuestos soportados han representado el 39% del total del beneficio antes de todos los impuestos soportados. Esto significa que, por cada 100 euros de beneficio antes de impuestos soportados, las empresas del Ibex 35 han ingresado a la Agencia Tributaria 39 euros en concepto de impuestos soportados.

Los consejos de administración de las cotizadas tienen que tener, al menos, un 40% de personas del sexo menos representado el 30 de junio de 2027, según la Ley española para la representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres de 2024. Esta obligación se acorta un año, hasta el 30 de junio de 2026 para las empresas de mayor capitalización. A doce meses de ese límite de junio de 2026, las 35 cotizadas del Ibex tenían, en conjunto, un 42,1% de mujeres en sus consejos, según los datos de las web de las sociedades al finalizar la temporada de juntas de accionistas (excepto Inditex, que la celebra la próxima semana). Este dato apenas sube un punto respecto al cierre de 2024 (41,27%). De los 40 nuevos consejeros elegidos desde enero en el Ibex, 19 han sido mujeres. Tras estas incorporaciones siete empresas están aún por debajo del 40% que establece la legislación para el próximo año, aunque todas superan el 30% de presencia femenina. Acerinox mantiene el 36,36% de mujeres en su consejo. En la junta de mayo, Ana García Fau sustituyó a Laura González Molero, también como vocal independiente. En Ferrovial, Grifols y Solaria siguen siendo el 33,33%. Puig, que el año pasado debutó en Bolsa y entró en el Ibex, tiene el porcentaje más bajo, el 30,7%, con cuatro mujeres (todas independientes) en un consejo de trece miembros. Indra y Naturgy han aumentado la presencia femenina pero siguen por debajo del 40%. Indra ha incorporado en la junta de junio a Eva Fernández (independiente), en sustitución de Luis Abril. Con ella, y otros cambios en el consejo, las mujeres han pasado a ser el 37,5% de los vocales, subiendo más de seis puntos. Naturgy ha ampliado de doce a quince vocales su consejo, incorporando a Isabel Gabarró y Marta Martínez, ambas dominicales en representación de Criteria Caixa y Rioja (vehículo de CVC y Corporación Alba), respectivamente. La compañía tiene ahora un 33,33% de mujeres en su consejo, frente al 25% anterior.

El juez del Tribunal Supremo que instruye el ‘caso Cerdán’, Leopoldo Puente, toma declaración este lunes a dos de los empresarios de la construcción investigados por el presunto pago de mordidas para la adjudicación de obra pública en el Ministerio de Transportes. Unos hechos que habrían tenido lugar bajo la etapa de José Luis Ábalos al frente del departamento, entre 2018 y 2021, y por los que está en prisión provisional sin fianza desde hace una semana Santos Cerdán, quien fuera secretario de Organización del PSOE hasta su dimisión tras el informe incriminatorio de la Guardia Civil conocido el pasado 12 de junio. Por el alto Tribunal desfilarán Fernando Merino, exdelegado de Acciona Construcción en País Vasco y Navarra, y Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, la pequeña empresa navarra que está en el centro de la investigación porque vincula a los tres principales investigados: el propio Cerdán, el exministro Ábalos y el entonces asesor de éste, Koldo García. Con el añadido político, no menor, de que el ex ‘número tres’ del PSOE señaló ante el instructor que había recurrido a Alonso para que le hiciera de enlace con el PNV y Bildu, convertidos en sostén indispensable del Gobierno de Pedro Sánchez. Los peneuvistas niegan esa mediación. El nexo con el empresario señala a Cerdán porque en junio de 2016 firmó una escritura privada con Alonso por la cual adquirió el 45% de las participaciones sociales de la mercantil. Aunque en la declaración que desembocó en su encarcelamiento Cerdán negó que el documento fuera elevado a público e, incluso, aseguró que fue revocado pocos días después o que el objeto social de Servinabar nada tenía que ver entonces con la construcción, Puente considera este papel hallado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el registro de la vivienda de Alonso como un indicio clave de la causa.

El ICEX ha identificado una decena de mercados alternativos a Estados Unidos que recomienda explorar a los sectores empresariales españoles más golpeados por los aranceles de Donald Trump y que más temen sus amenazas de abrir una guerra comercial directa contra España. El listado de nuevas plazas a las que exportar para paliar el impacto es específico para cada una de las ramas de actividad más vulnerables, que incluye a los sectores del aceite, el vino, el calzado, el azulejo o la perfumería. Entre los países recomendados se encuentran Canadá, México, Brasil, China, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, Turquía o Singapur. La iniciativa se enmarca dentro del Plan ICEX de alto impacto en competitividad, presentado por el Gobierno central de la mano de las comunidades autónomas, como parte del Plan de Respuesta y Relanzamiento del Ejecutivo frente a los aranceles estadounidenses y su impacto en el comercio global. Entre los objetivos del plan está el de aportar inteligencia e información comercial y de mercado para ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas en un marco de enorme inestabilidad e incertidumbre. “Hemos analizado la exposición de los distintos sectores a los aranceles, tanto por volumen de exportaciones, como por concentración de esas exportaciones a Estados Unidos y por número de empresas. A partir de ahí, hemos identificado los sectores en los que hay una alta exposición a Estados Unidos bajo esas tres variables, como son los del vino o el aceite”, por ejemplo, explica Elisa Carbonell, consejera delegada del ICEX. A su vez, para cada uno de estos sectores se han identificado los principales países a los que están exportando la empresas del ramo además de Estados Unidos, así como los principales mercados potenciales en los que aún no están presentes.

Los ingresos derivados de los aranceles en EEUU se cuadruplicaron respecto al año anterior, alcanzando la cifra récord de 24.200 millones de dólares en mayo, el primer mes completo en el que estuvo en vigor el arancel global del 10% del presidente Trump. La cifra representó un incremento de más del 25% con respecto al mes anterior, mientras que el valor total de las importaciones de productos estadounidenses se mantuvo prácticamente sin cambios desde abril. De estos datos se desprende que la guerra comercial del presidente podría dar un impulso muy necesario a las arcas públicas de EEUU, mientras los congresistas republicanos aprobaron la reforma fiscal. Se prevé que el proyecto de ley, que amplía los recortes fiscales de la primera administración de Trump, pero introduce fuertes recortes a la atención médica pública para los estadounidenses de bajos ingresos, añadirá 3,4 billones de dólares al déficit público durante la próxima década. Pero los datos también subrayaron el potencial de sus agresivos aumentos arancelarios para distorsionar los flujos comerciales globales. Las importaciones a EEUU desde China cayeron a 19.300 millones de dólares, un descenso del 21% con respecto al mes anterior y del 43% en comparación con el mismo mes de 2024, lo que refleja una disminución significativa del comercio entre las dos economías más grandes del mundo.

Estados Unidos dio el 9 de abril 90 días a sus decenas de socios comerciales para alcanzar acuerdos satisfactorios para las ansias de su presidente, Donald Trump, de imponer un régimen proteccionista de aranceles inédito en décadas. Han pasado 88 días, y Washington solo ha firmado dos acuerdos (o principios de acuerdo), con el Reino Unido y Vietnam, y una tregua con China. El plazo expira este miércoles y nada invita a pensar que en este nuevo hito de la guerra comercial con la que Trump amenaza desde su regreso por segunda vez a la Casa Blanca vaya a reinar otra cosa que la incertidumbre y el caos que han definido las otras fases de esa contienda. Esta vez, también se imponen las prisas por alcanzar acuerdos con socios tan importantes como la Unión Europea, que ve cómo los aranceles de Washington suponen un duro golpe a una relación intensa: esa negociación parece haber avanzado más en las últimas semanas que en los primeros dos meses. No está claro qué hará el estadounidense cuando se cumpla el plazo que él mismo anunció, a modo de tregua, siete días después de imponer el 2 de abril de manera unilateral gravosos aranceles a decenas de países que llamó erróneamente “recíprocos”. Aquel inicio de hostilidades fue recibido con sensacionales caídas en los mercados, que, junto a presiones dentro y fuera de EE UU, obligaron a Trump a pensárselo mejor. A estas alturas no se puede descartar nada, tampoco un nuevo aplazamiento, posibilidad con la que han mostrado simpatías algunos miembros de la Administración Trump. 

America Party ha agitado el escenario político estadounidense antes incluso de que su fundador, el multimillonario Elon Musk, inscriba a la nueva formación en la Comisión Federal Electoral. El partido era al menos hasta ayer sólo una realidad en la red social X –donde su propietario comunicó el pasado sábado su creación–, pero el Gobierno de EE UU no escondió su malestar con la última idea de quien hasta hace unos meses era uno más, y no uno cualquiera, dentro de la Administración Trump. Scott Bessent, secretario del Tesoro, fue el encargado de advertirle durante una intervención en la cadena CNN: «Me imagino que a esas juntas directivas –de Tesla y SpaceX, propiedad del sudafricano– no les gustó el anuncio y lo animarán a centrarse en sus actividades empresariales, no en sus actividades políticas». Bessent apuntó directamente al bolsillo de Musk, que durante la pasada campaña electoral donó cerca de 300 millones de dólares a candidatos republicanos y que ayer sufrió las primeras consecuencias económicas del alumbramiento de America Party. La firma de inversión Azoria Partners, que planeaba lanzar un fondo vinculado a Tesla, decidió retrasar el proyecto al considerar que la creación de un partido implicaría «un conflicto con las responsabilidades de tiempo completo como CEO» en la compañía de vehículos eléctricos.