20220308

El pacto de rentas empieza con un desacuerdo total. Los empresarios le dijeron ayer al Gobierno y a los sindicatos que no están de acuerdo ni con la limitación del reparto de los beneficios, a través del dividendo en las empresas, ni tampoco con que los salarios suban en línea con la inflación. Sobre todo, en un escenario como el actual, cuando la tasa de inflación en febrero fue del 7,4%, y amenaza seriamente con subir hasta el 10%. Los precios de todos los componentes energéticos y de las materias primas están rompiendo todos los techos inimaginables hasta hace muy poco. Pero la invasión rusa de Ucrania lo ha cambiado todo y, en este escenario, los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Cuerva, dijeron ayer lo siguiente al Gobierno y a los sindicatos: “Es muy simple decir que hay que topar los beneficios. Cuidado con limitar los dividendos, porque hay mucho pequeño accionista e inversor que puede resultar perjudicado. Que puede dejar de confiar en la inversión en las empresas”, dijo Garamendi, que añadió: “Yo también tengo una pequeña y mediana empresa y no tengo sueldo si no hay beneficios. Los empresarios de una pyme tenemos salario cuando las cosas funcionan y, si no, pues no tenemos”, dijo el presidente de la CEOE. El empresario vasco también rechazo una subida del impuesto de sociedades, como piden los sindicatos. De la misma forma, Garamendi y Cuerva se opusieron a un incremento de los salarios ligado a la inflación, por medio de las cláusulas de revisión salarial. 

Los interlocutores sociales se mostraron unidos en defender lo que hasta ahora ha sido un tema exclusivo: la negociación de la subida salarial para 2022 y, si así se pacta, para los próximos años. Y de esa forma se lo hicieron saber al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los once ministros que formaron parte de este encuentro en La Moncloa. «La negociación salarial tiene ya su carril y tiene ya su autonomía. Es una competencia de los agentes sociales», advirtió el secretario general de CC OO, Unai Sordo, en la rueda de prensa posterior. Y así lo recalcó también su homólogo de UGT, Pepe Álvarez: «Los temas que tienen que ver con los salarios, el marco en el que deben continuar tratándose es el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). La guerra no puede alterar la hoja de ruta que nos habíamos marcado». En esa misma línea se manifestaron también desde la patronal. «Es algo que llevamos haciendo toda la vida y está dentro del dialogo bipartito», resaltó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que señaló que en la reunión «ha quedado muy claro que es totalmente independiente del pacto de rentas».

La obligatoriedad de presentar planes de igualdad ha ido entrando en vigor de manera escalonado y a partir de hoy se aplica a todas las empresas de más de 50 trabajadores. En Euskadi suman 1.998 firmas con 462.000 empleados, según el Gobierno vasco, una cifra que los sindicatos rebajan a 1.400. En lo que coinciden es que solo 290 compañías han cumplido y presentado el plan en el registro de convenios colectivos Regcon. Varios factores explican este incumplimiento generalizado. Uno de ellos es la complejidad que entraña debido a que, entre otras cosas, el documento debe incorporar una auditoría retributiva que valore con puntos los diferentes puestos de trabajo y compare lo que cobran mujeres y hombres en cada uno de ellos, a partir de un registro salarial. Las grandes empresas han recurrido a consultoras para que les ayuden, pero las más pequeñas están pendiente de una herramienta que el ministerio aún no ha presentado. El Gobierno vasco señaló también la necesidad de formar a las comisiones de igualdad en esta tarea (integradas por empresa y sindicatos), dado que los planes de igualdad deben ser negociados con los representantes de los trabajadores y, en caso de no haberlos, con los sindicatos más representativos del sector. Su intención es contribuir ahí. Pero la secretaria general de CC OO-Euskadi, Loli García, criticó ayer que las empresas están «entorpeciendo el acceso a datos como los complementos que conceden fuera de convenio», que son los que suelen esconder las diferencias. «Vamos a ir de la mano de la Inspección cuando tengamos dificultades para conseguir esos datos», advirtió. También dejó claro que el plan debe ser negociado y que no vale presentar el documento ya elaborado.

Las mujeres siguen teniendo más dificultades para acceder a contratos indefinidos y cargos de responsabilidad, así como a determinadas profesiones aún consideradas masculinas, como la construcción o la industria, mejor pagadas que otras aún muy feminizadas, como la limpieza o los cuidados asistenciales. Ello repercute en que la brecha salarial –la diferencia entre lo que cobran unos y otras– apenas se reduce. El sindicato CC OO apuntó ayer que el sueldo de las trabajadoras vascas debería subir un 24% para equipararse con el de los hombres. Detrás de esta diferencia está que tres de cada cuatro empleos a tiempo parcial en Euskadi (76%) corresponden a mujeres y que, según añade UGT, ellas son también las protagonistas de dos de cada tres contratos temporales (65%). Eso en la base del mercado de trabajo. En la cúspide las diferencias son aún mayores. La presencia femenina en los consejos de administración de las empresas es de apenas el 19%, y solo uno de cada cuatro puestos directivos (24%) son ocupados por una mujer, según un estudio realizado sobre más de 1.000 compañías vascas por la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED). Una escasez especialmente llamativa en el sector de las residencias de mayores donde, según el Eustat, las mujeres ocupan entre el 80% y el 90% de los puestos de trabajo en todas las categorías excepto en los de dirección/administración, donde su representación se reduce al 65%.

La presencia de mujeres en los puestos directivos de las empresas vascas se limita a un 24% y sólo el 19% ocupan un sillón en sus consejos de administración, según recoge un estudio de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas (AED) de Bizkaia, dado a conocer ayer. El informe, en el que se han excluido las administraciones y empresas públicas y las cooperativas, analiza más de un millar de compañías privadas del País Vasco con plantillas de 50 o más trabajadores de diferentes sectores económicos. El estudio, realizado el pasado mes de noviembre y en cuya presentación participó la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, revela que si bien de los más de 4.500 cargos directivos analizados apenas uno de cada cuatro corresponde a mujeres, cuando se trata de consejeras delegadas o directoras generales ese dato desciende hasta el 9%. Los puestos directivos que ocupan más las mujeres son los de dirección de publicidad (47%); dirección de recursos humanos (44%); dirección de marketing y de calidad (34%); dirección financiera (33%) y dirección de compras (32%). En cuanto a la presencia femenina en los consejos de administración, en los que solo un 13% están presididos por mujeres, es más destacable en empresas educativas (31%) y en las de comercio (22%), mientras que en construcción (19%), en transportes (17%) y en las industriales (15%) es más escasa.

Buen arranque del año de la industria vasca con un incremento de la producción del 7% en enero respecto al mismo mes del año anterior. Se trata del mayor repunte registrado en enero desde 2006, cuando el avance fue del 8,4%, y para encontrar un dato equiparable hay que echar la mirada atrás hasta 2016 (6,9%). A tenor del informe hecho público ayer el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, las fábricas de Euskadi mantuvieron en enero la fortaleza que mostraron durante el conjunto de 2021. Tras el habitual parón que se registra en el sector en diciembre, el Índice de Producción Industrial remontó y recupera el ritmo. Todo ello sujeto eso sí al impacto que puede tener el conflicto bélico en Ucrania en la economía y las tensiones que llegan desde el plano energético, que ya estaban presentes pero ahora se agravarán. De momento, el inicio del año ha sido muy positivo.

Las siete fábricas españolas de Gestamp, Cie Automotive y Grupo Antolin en Rusia ya están sufriendo los efectos de las sanciones al país y del éxodo de grandes fabricantes como Ford, Volkswagen o Toyota. Gestamp anunció ayer la parada de sus cuatro plantas de estampación tras constatar que sus clientes “están sufriendo la falta de algunos componentes y están deteniendo la fabricación”. Cie y Antolin no han parado plantas, pero observan con atención. La consigna de los proveedores españoles es actuar conforme a las decisiones que tomen los grandes fabricantes. Otras empresas españolas como Inditex, Mango o Tendam, y gigantes mundiales como Shell, BP, Visa o Mastercard, ya han cerrado en el país. Gestamp, Cie Automotive y Grupo Antolin cuentan con siete fábricas en Rusia en las que dan empleo a más de 700 personas. Gestamp tiene cuatro fábricas de estampación en Rusia en las que emplea a 459 personas. De los casi 6.000 millones de euros ingresados en 2021, 107 millones procedieron de estas plantas, ubicadas en Togliatti (suroeste), Kaluga (cerca de Moscú) y San Petersburgo. Una de ellas es herencia de la alemana Edscha, comprada en 2009, y otras dos tienen como socio al grupo ruso del acero Severstal. El año pasado, estas fábricas aportaron 4 millones de euros al beneficio de Gestamp. De los 4.324 millones en los que está valorado el inmovilizado del grupo español, apenas 54 millones corresponden a Rusia.

La falta de semiconductores o microchip tiene cancelados turnos de producción en varias fábricas de automóviles en el Estado, donde, por el momento, no está teniendo efectos la guerra de Ucrania y la principal preocupación sigue siendo la llegada de semiconductores, que vienen de Asia. Es el caso la planta de Mercedes en Gasteiz, que volvió a suspender desde la primera semana de marzo los tres turnos de producción y la previsión es que mañana miércoles se retome la fabricación. Esta factoría lleva sufriendo desde el pasado año parones en la producción por la falta de semiconductores, que ha obligado a aplicar varios ERTE, el último de 30 días que está vigente hasta el próximo mes de junio. Fuentes de la dirección de la planta vitoriana han indicado que la invasión rusa de Ucrania no está afectando, pues los semiconductores que utilizan provienen de países asiáticos. Mientras, en la factoría de Stellantis en Vigo, la producción está suspendida durante toda esta semana por la crisis de semiconductores. La planta de vehículos de Renault en Valladolid está parada toda esta semana, pero la de Palencia vuelve a la actividad hoy.

La plantilla de Altan Bernedo, empresa del sector industrial farmacéutico con alrededor de 150 trabajadores –casi el 80% mujeres– ha permanecido más de tres meses en huelga indefinida. El propósito de esta protesta era exigir a la empresa un convenio propio que contemplara la actualización del IPC. La movilización, que se ha prolongado durante 106 días, llegó ayer a su fin. Los empleados desconvocaron el paro tras haber alcanzado un acuerdo con la dirección sobre el convenio colectivo «blindado contra la reforma laboral» y que «respeta todos los derechos anteriores». Según informó ayer lunes el sindicato ELA, la plantilla ha logrado, además, incrementos salariales ligados al IPC. De este modo, los trabajadores «evitan que se les apliquen las condiciones mucho más precarias del convenio estatal de Químicas, amenaza que la empresa ha utilizado durante los días que ha durado la huelga», manifestó la agrupación sindical a través de un comunicado. De igual modo, el comité, integrado por seis representantes de ELA y tres de LAB, destaca que el nuevo convenio, que sustituye al anterior pacto 2017-2019, estará vigente en el periodo 2020-2024.

La escalada de precios de la luz, gas e hidrocarburos en Europa, totalmente descontrolada por la guerra en Ucrania, está causando estragos económicos en España. El mercado español está sufriendo con especial virulencia las subidas, sobre todo en electricidad. España está, sistemáticamente, entre los países más caros de la UE. Todas las alarmas están activadas. Los Gobiernos analizan medidas para atajar la increíble escalada de precios que se está produciendo en todos los frentes. España ya ha suprimido temporalmente impuestos, pero no es suficiente. Otra medida adicional que se baraja es trastocar el mercado mayorista, o pool, y eliminar, al menos temporalmente, el componente de gas para fijar precios. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, Nadia Calviño, en una entrevista ayer en TVE, dijo que en el caso español los precios del gas se trasladan casi automáticamente a la factura de la luz –pese a generar apenas el 10% de toda la electricidad consumida en España– y también al IPC, un fenómeno que abogan por evitar con cambios a nivel comunitario. Todas las patronales industriales están alarmadas. Andrés Barceló, director general de Unesid (siderurgia) apoya “el esfuerzo del Gobierno para que se modifique, siquiera temporalmente, el esquema de fijación de precios del mercado eléctrico”. Carlos Reinoso, director general de Aspapel (fabricantes papel y cartón), dice que “es necesario responder a la escalada de precios de la electricidad y del gas con medidas adicionales, de impacto y urgentes”. Desde la patronal cementera Oficemen piden “compensaciones y exenciones impositivas equivalentes a las de Alemania, Francia e Italia”. 

Tal y como se esperaba, la guerra entre Rusia y Ucrania está teniendo un gran impacto en el precio de la energía, con gas, petróleo o gasolina disparados y una luz que ya cuesta 10 veces más que en marzo del año pasado. Hoy marca un nuevo récord y tendrá picos en los que el megavatio hora se pagará a 700 euros. Se espera que la situación continúe, al menos, mientras lo haga el conflicto bélico. «Todo el sistema de energía de Europa es muy dependiente del gas», contextualiza Roberto Gómez, profesor de Empresa de la Universidad Europea de Valencia y experto en suministro energético. «La apuesta que hicieron Alemania y muchos otros países por apartar el carbón a costa del gas funcionó muy bien al principio porque el gas estaba barato, pero cuando paramos las centrales térmicas de carbón y nos apoyamos con fuerza en el gas ha sido cuando nos hemos dado cuenta de que somos completamente dependientes de él y que tenemos que pagar lo que nos pidan porque lo necesitamos», explica. «La tendencia no va a ser favorable para los consumidores», advierte.

El gráfico del petróleo o el gas es casi como el dibujo de un palo de hockey, con precios que se han mantenido relativamente estables durante bastante tiempo, que empiezan a coger fuerza a partir de diciembre y que se aceleran de forma prácticamente exponencial en el último mes, formando una pared escarpada. Y todo ello supone una nueva amenaza que puede truncar la recuperación económica mundial dado que, con unos precios del petróleo por encima de los 120 dólares por barril y unos precios del gas que superan los 230 dólares ya pueden tener un fuerte impacto en la demanda global. Los precios del petróleo se llegaron a disparar ayer un 17,8% en el arranque de la jornada hasta rebasar los 139 dólares por barril, una cifra que no se veía desde el estallido de la Gran Recesión en 2008. Y, una vez descontada la inflación, hay que remontarse hasta la Guerra del Golfo en 1990 para encontrar unos precios por encima de los niveles actuales. Y, aunque la cotización posteriormente se moderó hasta los 124,6 dólares, se trata de cifras que históricamente apuntan a una recesión o a un frenazo global, tal como sucedió en 1973, 1980, 1990, 2001 o 2008. Y algo similar sucede con el gas. Los precios del gas licuado TTF, a su entrada en los puertos holandeses, llegaron a escalar ayer un 79,2% en el arranque de la jornada y, aunque posteriormente se moderaron, las cifras del cierre de la sesión triplican con creces las que se registraban en la última semana de febrero.

Las medidas adoptadas por la Comisión Europea se darán a conocer hoy en Estrasburgo, tras la reunión del Colegio de Comisarios. El vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, y la titular de Energía, Kadri Simson, serán los encargados de presentar las guías que orientarán el mercado energético europeo hacia una mayor independencia. La propuesta, que debía presentarse la semana pasada, contará previsiblemente con un plan para desvincular el precio del gas del de la luz, de modo que su subida no afecte a los consumidores finales. El precio del gas tiene un efecto directo en el de la electricidad, al ser necesario para producir luz en las centrales de ciclo combinado; y, desde el inicio de la invasión rusa, éste ha pulverizado todos los récords. El pasado octubre, España ya presentó en Bruselas una iniciativa para desvincular el precio del gas del de la electricidad, que fue rechazada por la Comisión Europea. Ahora, en cambio, el incremento desbocado ha hecho que esta propuesta haya ganado fuerza entre los Veintisiete. Los comisarios han recogido los planteamientos de los Estados miembro para incluir medidas excepcionales que les permitan proteger a los consumidores de la volatilidad del mercado del gas. Todas las opciones están sobre la mesa: compras de gas conjunta, el desarrollo de sistemas de almacenamiento compartidos entre los países comunitarios...El veto completo al gas ruso, sin embargo, parece algo muy remoto. Al menos, de momento.

La escalada de los precios energéticos puede hacer mucho daño a la economía española. Tradicionalmente se calculaba que para un encarecimiento del petróleo del 10%, el PIB perdía entre una y dos décimas. Y eso era sin contar con el gas y la importancia que este ha tomado como energía de último recurso en la transición energética. En principio, el rebote de este año era robusto. Pero la invasión de Ucrania ha dado un vuelco. Todo dependerá de la evolución del conflicto y de cuánto dure. Tanto el presidente Pedro Sánchez como la vicepresidenta Nadia Calviño han puesto ya la venda señalando en público que vienen tiempos difíciles. Desde que empezó la invasión el gas se ha disparado de 90 dólares a 200. Y el petróleo, de 98 a 125. “Somos todos más pobres, una parte de nuestras rentas se está yendo fuera para pagar la energía. La cuestión ahora es cómo hacemos el reparto de esa menor riqueza y cómo se amortigua. Si seguimos como si no pasase nada, caminaremos al desastre”, explica una fuente gubernamental.

Rusia y sus empresas pagarán en rublos la deuda que adquirieron en otras divisas con «países que participan en acciones hostiles contra Rusia» como represalia contra ellos. La lista recoge 48 países, entre los que se encuentran los 27 de la Unión Europa, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Japón e incluso Andorra o Micronesia. Según el decreto, los deudores podrán saldar sus cuentas con los acreedores en la moneda nacional, que en el último mes ha perdido la mitad de su valor, siempre que el pago supere los diez millones de rublos al mes (unos 62.000 euros al cambio de ayer), a pesar de que las obligaciones adquiridas estuviesen en euros, en dólares o en cualquier otra divisa. «Se considerarán pagados los bonos que se satisfagan en rublos al cambio que establezca el Banco Central de Rusia», detalla el decreto. Los países que no hayan aprobado sanciones y sus empresas podrán cobrar en la divisa original, pero siempre que el deudor reciba permiso para realizar ese pago. Sin duda, esta medida puede afectar severamente a quienes tratan de cobrar los intereses: por un lado, porque el rublo continúa en caída libre y todo apunta a que continuará haciéndolo; por otro, porque cada vez más instituciones rechazan operaciones en la divisa rusa. 

La crisis humanitaria generada por la invasión rusa de Ucrania ha puesto a Polonia en primera línea para la recepción de cientos de miles de refugiados. Una circunstancia que promete tocar de lleno a la inversión pública en el país y, por extensión, a las constructoras de media Europa. A ello se suma el shock energético que impacta, más si cabe, en las materias primas. Referencias españolas como Ferrovial y Acciona cuentan con fuertes intereses y larga experiencia en el mercado polaco, que tras remontar el bache del coronavirus vuelve a estar sumido en la incertidumbre. Fuentes del sector dan por descontada una ralentización de la actividad.

Las exigencias del Kremlin en la mesa de negociación son tres: el Gobierno ucranio debe reconocer la península de Crimea como rusa y las autodenominadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk como territorios independientes. Debe, además, rubricar en su Constitución un estatus “neutral” que le impedirá unirse nunca a ningún bloque occidental, especialmente la OTAN. El primer paso, afirma Moscú, sería el fin de la resistencia armada ucrania. “Estamos concluyendo la desmilitarización de Ucrania”, afirmó Peskov. “Lo vamos a conseguir, pero si detienen ahora su acción militar, nadie va a seguir disparando”. “Donetsk y Lugansk no quieren ser parte de Ucrania. Pero eso no significa que deban ser destruidas”, añadió. El mayor éxito de la reunión fueron “unos pequeños avances en la logística de los corredores humanitarios”, según el jefe de la comitiva ucrania, Mijaíl Podoliak. Su homólogo ruso, Vladímir Medinski, no se mostró tan convencido. “Esperamos que los corredores funcionen mañana, la parte ucrania nos ha asegurado eso”, recalcó.

La cuenta atrás para la entrada de los rusos está en marcha y nadie tiene un minuto que perder. La producción de los pequeños sacos termina cuando se acaban las bolsas que han traído los propios vecinos. «No podemos quedarnos con los brazos cruzados ante una situación así. Todos debemos aportar algo», señala este hombretón que sirvió en las filas de la Unión Soviética y ahora se enfrenta al afán expansionista de Moscú. La plaza de Maidán es el símbolo, el corazón de un país y el lugar icónico al que desearía llegar todo conquistador para izar su bandera. Pero, para llegar hasta allí, las tropas invasoras deberán superar las defensas que se levantan con más esmero que medios desde el inicio de la guerra, el 24 de febrero. La columna de blindados que cruzó la frontera de Bielorrusia ha tardado doce días en llegar a las puertas de Kiev. El kilómetrico convoy ha sufrido problemas de abastecimiento, pero también el hostigamiento de los soldados y milicianos ucranianos y sus emboscadas. El diario ‘The Wall Street Journal’ reveló el despliegue en la defensa de Kiev de las unidades de élite, hombres entrenados por Estados Unidos y sus aliados durante los últimos años y aprovisionados con armas antitanque de última generación y misiles antiaéreos Stinger, lo que les ha ayudado a mitigar la superioridad enemiga.