20250709

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El PNV decidió ayer dar una vuelta de tuerca elevando la presión sobre el Gobierno central para que resuelva ya la operación Talgo con la toma de control del consorcio vasco liderado por el industrial José Antonio Jainaga. El desencadenante fue un nuevo atasco en la tramitación del crédito convertible de 150 millones de la Sepi para refinanciar la deuda de Talgo con el resto del ‘pool’ bancario. En un comunicado el grupo parlamentario del PNV en el Congreso de los Diputados denunció que la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda «ha decidido finalmente dar marcha atrás a su propuesta inicial y exige al consorcio vasco que modifique la fórmula de acceso a Talgo una vez más». Ayer era un día determinante para cerrar la fórmula con la que resolver el esquema financiero del fabricante de trenes, que tiene una deuda de más de 400 millones agravada con la multa de 116 millones impuesta por Renfe por el retraso en la entrega de los trenes Avril. Para ello, se contaba con los 150 millones del préstamo convertible de la Sepi. Es una figura financiera compleja y cuyos intereses de devolución se ajustan a los beneficios de la empresa, además de contar con la garantía de poder convertirse en acciones de la compañía. El caso es que la tramitación ayer no solo se atascó, sino que, según denunció el PNV, dio marcha atrás en una situación en la que la Sepi insistió en planteamientos superados como dividir el préstamo entre el Gobierno central y el consorcio vasco liderado por el presidente de Sidenor. Así las cosas, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, insistió en que «los acuerdos están para cumplirlos» y advirtió de que, «si la operación fracasa, será el Gobierno español quien tenga que explicar las razones». Por ello exigió que el Ejecutivo central «deje de obstaculizar». La advertencia llega en un momento clave para la legislatura de Pedro Sánchez.

El expediente de regulación temporal de empleo que pretende poner en marcha Tubos Reunidos en su planta de Amurrio ha vivido este martes sus primeros pasos con el inicio del período de consultas para la negociación del mismo. La comisión negociadora, entre la dirección y la parte social, ha servido para poner sobre la mesa el planteamiento de la empresa para la aplicación del ERTE. Así, la pretensión es extender esta medida a lo largo de seis meses, del 1 de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, con una afección para 848 puestos de trabajo y 72 días como máximo de jornadas de suspensión para cada uno de los afectados, lo que supone un 60 % del total. Desde Tubos Reunidos se ha defendido que esta medida se pretende aplicar para adecuar de manera temporal la fuerza de trabajo de su planta de Amurrio a las necesidades reales de actividad y demanda que se prevén para los próximos meses. El objetivo que se plantea desde la dirección «es minimizar el posible impacto negativo y garantizar el futuro de la actividad, manteniendo la estructura de la compañía».

La incertidumbre económica global, agravada con la guerra arancelaria de Donald Trump, está haciendo mella en algunas empresas vascas y en sus plantillas, hasta el punto de que muchas firmas están recurriendo a los expedientes de regulación de empleo (ERTE) temporales y en algunos casos a los de rescisión para poder hacer frente a esta situación. Una realidad que es peor en Gipuzkoa, ya que es el único territorio vasco en el que aumenta, y de forma considerable, la cifra de trabajadores afectados por ERTE en los cinco primeros meses del año. En concreto, hasta mayo se ha multiplicado por 2,5. Hasta mayo se han presentado en Gipuzkoa un total de 61 expedientes de regulación de empleo, un 69,44% más que en el mismo periodo del año anterior. Unos ERTE que han afectado a 1.435 trabajadores frente a los 561 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 155,79%. Adegi ya advirtió en su informe de coyuntura presentado en febrero que se iba a producir un aumento de los expedientes de regulación de empleo en nuestro territorio por las dificultades que estaban atravesando algunas empresas derivadas entre otras cuestiones por el estancamiento de las principales economías europeas, la crisis de la automoción y las amenazas arancelarias de Trump. Una alerta que se ha ido cumpliendo e incluso agravando, ya que hasta marzo los trabajadores afectados eran 826, lo que suponía que se habían duplicado en relación al año anterior. Dos meses después el aumento es mayor. Una realidad guipuzcoana que contrasta con la de los otros dos territorios vascos, ya que en Bizkaia la cifra de trabajadores involucrados desciende un 43,47%, hasta los 1.334, y en Araba lo hace todavía en mayor medida, al reducirse un 70,86%, con 553 empleados afectados. Todo ello hace que en el conjunto de Euskadi el total de trabajadores baje un 31% hasta los 3.322. Un año antes la cifra era de 4.819. Junio tampoco va a ser un mes bueno, ya que los registros de la Seguridad Social señalan que otros 308 trabajadores en Gipuzkoa se han visto afectados por un ERTE en dicho mes, 100 más que en el mismo periodo de 2024. Además, sigue siendo el territorio con mayor afección, ya que en Bizkaia son 302 los empleados involucrados en un expediente de regulación de empleo y en Araba, 118.

Fagor Arrasate está llevando a cabo una inversión industrial de más de 20 millones de euros con el objetivo de ampliar su capacidad productiva, así como optimizar y reorganizar sus espacios industriales. La ampliación se acometerá en su planta central de Arrasate y contempla la construcción de un nuevo edificio adosado a las instalaciones. Este contará con una superficie de aproximadamente 6.000 metros cuadrados y albergará una unidad de mecanizado de grandes estructuras que permitirá centralizar su actividad en Mondragón. Este cambio busca optimizar en gran medida la fabricación, la eficiencia y sostenibilidad del proceso evitando el transporte de componentes de gran tonelaje a otras ubicaciones para su mecanizado. El nuevo edificio industrial contará con la certificación LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design), una de las más prestigiosas a nivel internacional en materia de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética. Con esta certificación, el edificio se sitúa entre los más sostenibles de Euskadi, siendo además un referente dentro del entorno industrial y productivo del territorio. Con esta inversión de más de 20 millones de euros la nueva infraestructura permitirá fabricar máquinas más grandes y mejores – las más grandes a nivel mundial –, y así afrontar la estrategia de diversificación de la cooperativa hacia nuevos productos y sectores de actividad. Está previsto que el nuevo edificio esté terminado en abril de 2026 y que entre en funcionamiento a comienzos de 2027.

El 17,4 % de las empresas vascas de 10 o más empleados utiliza ya sistemas de Inteligencia Artificial (IA) para automatizar procesos y analizar textos y datos. Así lo recoge por primera vez el Instituto vasco de Estadística, Eustat, en su encuesta sobre el uso de la sociedad de la información por parte de las empresas en 2025. Los fines para los que las empresas utilizan la IA van desde los procesos de producción o de servicio (12,6% de los establecimientos), para la seguridad de las TIC (9,1%), para actividades de I+D o de innovación y para organizar la gestión de la empresa, ambas con un 8,2%. Otra de las herramientas que ha aumentado de forma importante su uso en empresas de 10 o más trabajadores son las redes sociales con fines empresariales, que utilizan ya el 77,9% de las compañías, tras un incremento de 11,9 puntos porcentuales en los últimos siete años. A continuación, figuran los 'Servicios informáticos en la nube (Cloud Computing)' de pago, con un 57,9% de establecimientos que pagan por este alojamiento lo que permite el acceso a la información o servicios de la empresa mediante una conexión a Internet desde cualquier dispositivo. 

SEA Empresas Alavesas continúa avanzando en el desarrollo de su ambicioso Programa de Gestión y Reducción del Absentismo Laboral, una iniciativa pionera en Álava que busca ofrecer soluciones reales y eficaces a un problema que, según su último Barómetro Empresarial (febrero 2025), se ha consolidado como
la principal preocupación de las empresas del territorio. De momento, ya son cerca de un centenar las empresas que han tomado parte en las primeras fases de este recorrido. Según los datos recabados por SEA a través de una encuesta realizada a 346 empresas alavesas, el absentismo laboral por Incapacidad Temporal alcanza ya el 10,54%, lo que equivale a una media de 25 días de ausencia por trabajador y año, la mayor del Estado. Unas cifras que, lejos de ser anecdóticas, generan un impacto directo y preocupante en la productividad y sostenibilidad del tejido empresarial de Álava. En este contexto, SEA ha puesto en marcha un programa estructurado en cuatro fases, que busca no solo diagnosticar el problema, sino también identificar
buenas prácticas y acompañar a las empresas en la implementación de soluciones concretas. 

El centro tecnológico Tecnalia contará con un nuevo edificio dedicado a la movilidad sostenible y transición energética, que se pondrá en marcha a finales de 2026. El nuevo edificio, que formará parte del Polo Mubil en Eskuzaitzeta, echó a andar ayer con la colocación de la primera piedra por parte del presidente, Álex Belaustegui; del director general, Jesús Valero; la diputada general, Eider Mendoza, y el alcalde de Donostia, Eneko Goia. El nuevo edificio comenzará a construirse a finales de este año y estará ubicado en el polígono industrial Eskuzaitzeta (Zubieta). Contará con más de 7.000 metros cuadrados y tres laboratorios, en los que trabajarán unas 80 personas. Dos de esos laboratorios, los H2 Technologies Labs, se dedicarán a las tecnologías limpias de propulsión como el hidrógeno, mientras que el otro restante (Urban Mobility Lab) se centrará en la movilidad aérea. «Los centros nos van a permitir investigar, desarrollar, innovar y crear startups para hacer que las empresas de nuestro país sean capaces de desarrollar más rápidamente sus productos y servicios», destacó el director general de Tecnalia, Jesús Valero. Este nuevo edificio, que ha contado con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha requerido una inversión de 14 millones de euros y formará parte del Polo Mubil, el polo de la movilidad sostenible. Según explicó el director de Tecnalia, para construirlo se han apoyado sobre tres pilares: las infraestructuras tecnológicas, el talento humano, y la colaboración con instituciones y organizaciones industriales enfocadas.

El Ayuntamiento de Donostia ya ha elegido a la persona que ocupará el nuevo puesto de coordinador de Ciencia y Conocimiento. Será Agustín Erkizia, exvicerrector de la EHU y figura destacada en el ámbito científico de la ciudad y el territorio. Nacido en 1963 en Aizarnazabal, Erkizia es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor universitario con más de 30 años de experiencia en funciones de dirección y gestión administrativa en la EHU. Además, ha sido el gestor designado por la universidad para la creación de la Escuela de Cine Elías Querejeta, impulsor de diversas cátedras universitarias, de la construcción de los edificios Korta II e Ikerbasque, miembro de Proiektuen Bulegoa de la Diputación Foral de Gipuzkoa y promotor de diferentes convenios entre la EHU y la Diputación o el Ayuntamiento de Donostia. En el ámbito de la ciencia y el conocimiento, acredita una extensa experiencia al haber sido organizador de diversos programas de la EHU, es miembro del patronato del centro tecnológico Vicomtech, impulsor por parte de EHU del Quantum Center y de diferentes grupos de investigación. Es también miembro del Consejo Social del Ayuntamiento de Donostia y presidente del grupo de trabajo del Plan Estratégico desde 2017 a 2025. Erkizia será el contacto e interlocutor para las empresas y entidades del sector y aportará una visión global estratégica a proyectos transversales, es decir, que atañen a diferentes departamentos municipales e incluso a varias instituciones.

El pasado 20 de marzo CIE Automotive, una de las empresas vascas líderes en la fabricación de componentes para el automóvil, lanzaba una ‘autoopa’ al precio de 24 euros por acción y sobre un número máximo de 11.591.517 títulos con el objetivo de dar a todos los accionistas de la sociedad una posibilidad de liquidez puntual adicional a la propia del funcionamiento de las bolsas de valores. La compañía comunicó ayer a la CNMV que la oferta apenas ha sido aceptada por el 0,95% del capital total de la sociedad. Concretamente, ha logrado una aceptación de 1.138.292 acciones, lo que supone un 9,82% de la oferta. Un pobre recibimiento que, como valoran desde la compañía, «lejos de interpretarse como una falta de interés, representa un voto de confianza del mercado en la solidez, en el potencial y en el valor futuro de la compañía». Según manifiestan, «los informes de los analistas de la empresa recomendaban no acudir a la oferta por 24 euros cuando el precio medio objetivo de la acción de CIE Automotive es actualmente de 33 euros, casi un 40% superior». En palabras de su consejero delegado, Jesús María Herrera, esta escasa aceptación es «un respaldo claro a nuestra estrategia y al camino que estamos recorriendo. Que los accionistas elijan no vender sus títulos a 24 euros es, en esencia, una muestra de su confianza en nuestra visión de largo plazo». Añadió que el mercado bursátil «está siendo especialmente duro con el sector de automoción, con valoraciones bajas que no siempre reflejan el verdadero desempeño de las compañías, como es el caso de CIE».

Los avales a la compra de vivienda que el Gobierno vasco ha diseñado para facilitar la emancipación de los menores de 40 años podrán ser solicitados a partir de otoño. Así lo confirmó ayer la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, acompañada del consejero de Vivienda, Denis Itxaso, tras el Consejo de Gobierno. Simulando el programa nacional ICO, la medida pretende «completar la financiación hipotecaria de personas entre 18 y 39 años», que aun teniendo una estabilidad laboral, no cuentan con ahorros suficientes para afrontar el pago de la entrada de un piso en propiedad. Con una dotación de 144 millones gestionados por el Instituto Vasco de Finanzas (IVF), el programa avalará hasta el 20% del precio de la vivienda que los bancos por lo general no llegan a financiar –sus créditos cubren como máximo el 80%–. La finalidad del plan es que los jóvenes puedan llegar a tener cubierta hasta el 100% de la hipoteca sin la necesidad de tener dinero ahorrado. Es una medida controvertida. Financiar la totalidad del coste de un piso –y por tanto endeudarse por encima de lo que determina como adecuado el mercado financiero– fue lo que contribuyó hace dos décadas a alimentar la burbuja inmobiliaria, cuando los propios bancos alentaban este comportamiento. Los años previos a 2008, numerosas familias firmaron hipotecas asumiendo deudas muy superiores a las que podían pagar debido a las facilidades que ofrecían las entidades. El plan obvia lo que se pudo aprender de aquella experiencia, pero tendrá ciertas exigencias. El precio del inmueble no podrá superar los 340.000 euros, sin importar si es de obra nueva o segunda mano, y deberá estar situado en el País Vasco. Además, los demandantes deberán haber residido al menos dos de los últimos cinco años en Euskadi y sus ingresos no podrán superar los 50.400 euros si la vivienda la adquiere una única persona, o los 86.400 euros si firman entre dos.

Continúa el tira y afloja entre las energéticas y el Gobierno a cuenta del parque nuclear y todo lo que rodea a este sector. Con la prórroga de la vida útil de las centrales españolas aún en el aire, Endesa e Iberdrola —las principales propietarias— redoblan su presión a Moncloa en este ámbito. Endesa envió ayer al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una reclamación patrimonial de 454 millones de euros por los residuos nucleares. Esta petición, realizada por la vía administrativa, se suma a la que a principios de año presentó Iberdrola, en este caso por la vía contencioso-administrativa, con una demanda de 324 millones de euros por la subida de las tasas para la gestión de los residuos radiactivos, conocida como Tasa Enresa. En total, 778 millones en juego. Desde 2024 ambas compañías mantienen con el Ejecutivo de Pedro Sánchez una batalla —hasta ahora dialéctica— sobre la actualización del importe que deben pagar las propietarias a la empresa pública por la gestión de los activos de las centrales. La normativa española y europea se basa en el principio de «quien contamina paga». «Esto significa que quien genera cualquier tipo de residuo debe asumir su gestión», explican fuentes del sector a este periódico. «De ello se encarga Enresa y las empresas implicadas costean un fondo para asumir ese gasto», añaden. Tras casi dos décadas sin actualizar el gravamen, el Gobierno aprobó el séptimo Plan Nacional de Residuos Radiactivos, que implicaba un incremento del 30% en esta conocida tasa. Este aumento fue rechazado tanto por Iberdrola como por Endesa, que advirtieron de la posibilidad de presentar una reclamación patrimonial, la cual finalmente se ha materializado este mes de julio. «Superó el límite fijado en el Protocolo de Cierres», sostienen desde el sector.

Una semana después de que Banco Sabadell anunciara su intención de vender TSB a Banco Santander por unos 3.100 millones de euros, el mercado aumenta la presión sobre BBVA para que mejore su oferta si quiere salir victorioso en una OPA que encarrila ya la recta final. Desde que se confirmó la operación de su filial británica, la entidad catalana se ha revalorizado en bolsa más del 10% y roza ya los 3 euros por acción, niveles que no se veían en los últimos 15 años; mientras BBVA sube algo menos del 3%. Y esto lo que hace es encarecer la operación de compra para Carlos Torres tal y como está planteada actualmente, principalmente en un canje en acciones. Los analistas esperan una mejora de hasta el 20% en la oferta, sobre todo en metálico, que haga más atractiva la operación. Por el momento, la oferta contempla el intercambio de una acción nueva de BBVA más un efectivo de 0,7 euros por cada 5,34 títulos de Sabadell. Esto implica que quien opte por acudir a la OPA ganará un 11,6% menos que si vendiera sus acciones de Sabadell directamente a mercado, por no mencionar el dividendo, del que Josep Oliu ha hecho su caballo de batalla para vencer en la contienda. En ese canje habría que sumar, y descontar, los tres dividendos planificados por Sabadell, por un total cercano a los 0,70 euros, lo que supone una rentabilidad adicional del 23%.

PSOE y Sumar pactaron que se informe a la Comisión Nacional de Convenios sobre los márgenes en cada sector y provincia. “Apoyaremos la aplicación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para que los salarios ganen poder adquisitivo tomando en cuenta la evolución de la productividad y de los resultados de las empresas, utilizando la información del Observatorio de los Márgenes de Beneficio de las empresas, poniendo a disposición de las mesas negociadoras de los diferentes sectores información detallada”. PSOE y Sumar hicieron esta promesa a la ciudadanía en su acuerdo de Gobierno. Como otras muchas de ese pacto aún no se ha ejecutado, dada la precariedad parlamentaria del Gobierno y que, en principio, quedan dos años de legislatura. Sin embargo, el compromiso de llevar la información de márgenes a las mesas de negociación tiene dos particularidades: no exige reforma en el Congreso y el PSOE se había comprometido a que aplicase, como tarde, desde la semana pasada. El grupo de Yolanda Díaz protesta por ello, reclama a Hacienda que cumpla su promesa y subraya que los beneficios empresariales récord de los últimos años justifican subidas salariales muy superiores a las que se vienen registrando. “Forma parte del acuerdo de Gobierno y pactamos que ya estuviera en marcha”, critica el responsable económico de Sumar y coordinador de la formación, Carlos Martín. Desde el Ministerio de Hacienda, responsable de suministrar la información, indican que su intención es cumplir lo acordado, pero no calendarizan cuándo llegará esa información a las mesas negociadoras.

Los españoles están cambiando sus comportamientos de cuándo y cómo abandonar el mercado laboral y poco a poco se van europeizando tras las últimas reformas de las pensiones. Si la jubilación demorada ya estaba siendo todo un éxito tras los nuevos cheques que permiten cobrar de golpe hasta 13.500 euros por cada año que se retrase el retiro, los últimos cambios introducidos por el Gobierno que entraron en vigor el pasado 1 de abril han acelerado este fuerte repunte hasta el punto de que los trabajadores que retrasan su retiro de forma voluntaria se disparan más de un 25% en lo que va de año, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Seguridad Social. Un total de 17.650 personas han accedido a la jubilación demorada en los cinco primeros meses, apenas una persona menos que en todo el ejercicio 2022 y muy por encima de las cifras acumuladas en los años precedentes. De esta forma, en menos de un lustro esta modalidad de retiro que era muy minoritaria se ha duplicado con creces y ha superado por primera vez en 2025 la barrera del 11%. Y todo hace prever que se triplicará en los próximos años y llegará a representar el 30%, según estimaciones de la Airef. Esto ha retrasado en más de un año la edad efectiva del retiro desde 2018, que se sitúa ahora en 65,2 años. Gracias a esta demora cerca de 7.000 trabajadores recibieron el año pasado un cheque de unos 18.000 euros de media. Este fuerte acelerón a lo largo de este año puede deberse a dos mejoras que ha introducido el Gobierno en la última reforma: a partir del segundo año se puede cobrar el incentivo cada seis meses (un 2% más de pensión o la cantidad correspondiente a tanto alzado) y no hace falta esperar a cumplir un año entero; y también desde abril estos incentivos por demora son compatibles con la jubilación activa, algo que hasta entonces no se permitía. Desde el Ministerio de Seguridad Social, no obstante, son prudentes y reconocen que no saben si es consecuencia de los últimos cambios o simplemente que estos incentivos se conocen cada vez más.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, advierte de que los “casos de corrupción con vínculos al actual Gobierno”, así como las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “rompen la confianza del mundo empresarial” y no invitan a la inversión. Lamenta el líder de la patronal tanto “los casos de corrupción que se conocen día a día”, como “el trato a las mujeres como si fueran ganado”, lo que “avergüenza a la sociedad y no ayuda a la palabra confianza o al deseo de invertir”. En declaraciones realizadas ayer en Soria en el marco de la entrega de los premios de CEOE Castilla y León, Garamendi también apuntó que los aranceles y los continuos cambios de decisión del jefe del Ejecutivo estadounidense “generan incertidumbre y rompen la confianza del mundo empresarial español”. Y subraya que Trump ha ampliado la negociación comercial con Europa hasta final de mes, cuando vencía este miércoles 9 de julio, y “sigue generando la incertidumbre que se lleva viviendo desde hace tiempo por sus continuos cambios de opinión”. Este cóctel “rompe la confianza del mundo empresarial español a las inversiones” , aunque Garamendi se muestra “expectante” de ver hasta qué punto puede perjudicar.

La Comisión Europea alerta de que existe un «alto riesgo» de corrupción en los contratos públicos que firman la Administración española. En su Informe sobre el Estado de Derecho, Bruselas llama la atención sobre el peligro de que la corrupción se extienda –además de en la contratación pública– a otros sectores que considera «claves» como la financiación de los partidos y los proyectos de infraestructuras. Aunque el documento analiza la situación en el año 2024, sale a la luz en medio de la crisis de Gobierno por el ‘caso Cerdán’, que investiga el cobro de ‘mordidas’ a cambio de influir en la adjudicación de obras, y llega tan solo un día antes de que hoy comparezca en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar explicaciones por los casos de corrupción que rodean a su partido y al Ejecutivo socialista. El documento refleja la preocupación de las instituciones de la UE por la excesiva duración de las investigaciones y de los procesamientos en los casos de corrupción de alto nivel en España y pide «aumentar la eficiencia, finalizando la reforma del Código Penal», entre otros. Destaca que el Gobierno está obligado por ley a adoptar una estrategia –«que aún no ha empezado», subraya– para prevenir y luchar contra la corrupción y añade que «el nivel de aplicación de la ley en materia de soborno internacional sigue siendo bajo». El Ejecutivo comunitario apunta que la ciudadanía percibe que en el sector público español hay un alto nivel de corrupción. Según los datos del Eurobarómetro, en 2025 un 89% de los españoles consideraba que estos casos se están extendiendo en el país –frente a la media europea, que se sitúa en el 69%–.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer durante una reunión de su gabinete, celebrada en Washington, que la Unión Europea recibirá su propia carta con la comunicación de los aranceles que les corresponden, como parte de una estrategia que la Casa Blanca está usando para presionar en las negociaciones con sus socios. “Faltan, probablemente, un par de días para eso”, dijo Trump sobre la UE. “Estamos hablando con ellos, y nos están tratando amablemente, después de años de ser terribles con nosotros. Solo quiero que sepan que una carta significa un trato. Tenemos 200 países. No podemos reunirnos con 200 países”. Trump también aprovechó el turno de las preguntas de la prensa durante esa junta con los miembros de su Gobierno para comunicar que un arancel del 50% está al caer para las importaciones de cobre. Como ya es costumbre en su errática política comercial, no estuvieron inmediatamente claros los detalles de cómo piensa aplicar la amenaza de esa tasa, ni cuándo entraría en vigor. Lo único que parece cierto es que, si finalmente lo hace, tendrá un aspecto similar a las que ya están en funcionamiento para el aluminio y el acero, dos sectores afectados por gravámenes del 50%. Estados Unidos prohibirá, además, la venta de tierras agrícolas a compradores chinos y de otros países a los que el Gobierno estadounidense considere “enemigos”. 

“Según las cartas enviadas ayer a varios países, además de las cartas que se enviarán hoy, mañana y durante los próximos días, los aranceles comenzarán a pagarse el 1 de agosto de 2025. (...) No se concederán prórrogas”. Los inversores dudaron ayer por unos segundos sobre cómo interpretar el mensaje que Donald Trump lanzó en sus redes sociales, poco antes de endurecer su retórica arancelaria anunciando una nueva tarifa global del 50% al cobre –que ya se esperaba para la segunda mitad del año– y de que se está planteando otro del 200% a los productos farmacéuticos –para dentro de año y medio–. ¿Nuevo giro de guion? ¿Queda sin efecto la prórroga para seguir negociando hasta el 1 de agosto? Sí hay prórroga. Pero no habrá más a partir de esa fecha. Al menos, eso es lo que asegura Trump en su confuso mensaje en redes y que ha sido matizado posteriormente por miembros de su equipo. Aun así, no es la primera vez que cambia de opinión. De hecho, hoy deberían haber entrado en vigor los aranceles recíprocos de los países con los que EEUU no hubiera firmado un acuerdo. Pero el lunes anunció nueva fecha: el 1 de agosto. De ahí las cartas que está enviando a decenas de países para presionar, informando de que el plazo para negociar se ha acabado, por lo que él sigue adelante con su agenda arancelaria, salvo que se utilice este mes de gracia para alcanzar un trato. A día de hoy, solo Reino Unido cuanta con un acuerdo comercial en firme. Anunciados están los de China y Vietnam, aunque ninguno rubricado, a falta de cerrar detalles. 

“Destaca la industria aeronáutica y espacial, en la que casi dos tercios de las importaciones europeas provienen de EEUU, representando casi un 30% de la oferta total de estos productos en la UE”, detalla CaixaBank Research. Otras casos notables son los de la industria farmacéutica (tanto productos base, con una dependencia del 25,7%, como especialidades, donde llega al 38,7%) y la de “material de transporte, en las que los productos estadounidenses han alcanzado el 35% de las compras extracomunitarias y un 15% de la oferta total, niveles de dependencia que superan ampliamente los relativos a China en ambos sectores”. Otro tanto ocurre con los instrumentos y suministros médicos y odontológicos, con un 30,6% de importaciones procedentes de EEUU; o con los equipos de medida, verificación y navegación, donde el peso supera el 25%. “Con la amenaza de un arancel del 20% anunciado por Trump el 2 de abril y de una posible escalada proteccionista en sectores clave, como la automoción o la industria farmacéutica, la UE ha adoptado un perfil contenido en sus respuestas al tiempo que ha mantenido una retórica menos dura con China”, expone CaixaBank Research en su informe Dependencias importadoras y urgencias competitivas para la industria europea. El documento apunta que este “puede ser un posicionamiento estratégico, pero ninguna de estas decisiones es difícil de entender a la luz de las dependencias importadoras acumuladas en lo que llevamos de siglo, desde minerales críticos a insumos intermedios y productos finales”. En el caso del conjunto de la Unión Europea, detalla el documento, “las dependencias de EEUU son moderadas, pero afectan a sectores estratégicos”. Así, en términos de productos manufacturados no energéticos, la dependencia europea de EEUU se ha mantenido relativamente estable en los tres últimos lustros, contenida en el entorno del 13% de las importaciones totales y el 3% de la oferta que llega al mercado común. Sin embargo, la dependencia escala hasta el 65% en el suministro de determinados productos estratégicos.