20220620

Los transportistas están elevando el tono de sus advertencias sobre nuevos paros ante la imparable escalada de los carburantes. Plataforma, la asociación que impulsó la protesta de marzo, ya anunció la semana pasada que el próximo 26 debatirá la vuelta a la huelga. Ayer la organización Fenadismer, que aglutina a 50.000 camiones, avisó de que «podrían verse abocados al colapso total y la paralización de su actividad, al no poder absorber los incontrolados incrementos de sus costes de explotación». En una nota, Fenadismer exigió al Gobierno que «intervenga el mercado de los combustibles para evitar el abuso de las petroleras». En su opinión, este sector «está aprovechando la situación para obtener unos beneficios extraordinarios con los márgenes de comercialización». La asociación esgrime como prueba que el aumento de los precios de los combustibles en España ha sido mucho más intenso que en otros países europeos, como demuestra el último Boletín Petrolero de la UE, publicado el jueves. «En la última semana el precio del gasóleo antes de impuestos en Francia se situaba 16 céntimos más bajo que en nuestro país, por lo que, pese a la mayor fiscalidad, el diésel se vendía en las gasolineras francesas prácticamente al mismo precio que en España». 

Los responsables del clúster Hegan, entidad que acoge a 68 empresas y centros tecnológicos asentados en Euskadi, señalaron el miércoles en el acto de presentación de los datos de 2021, que se observa una «paulatina recuperación» de la industria aeroespacial. Un chute de optimismo tras el desplome de 2020 que quebró una línea ascendente de veintidós años. El año pasado la facturación siguió estancada en el entorno de los 1.850 millones de euros, pero se incrementó tanto el empleo –14.186 personas, un 3,1% más que en 2020– como las inversiones –117 millones, frente a 102 millones–. En consecuencia, con todas la cautelas posibles, parece que aquella crisis brutal comienza a ser agua pasada. De momento todo son buenas noticias. Baste como ejemplo que IAG –British Airways Iberia, Air Lingus, Vueling y Level– ha reactivado su macroacuerdo de 2019 para comprar 50 aviones a Boeing valorados en 5.900 millones de dólares. Por su parte, el Consejo Internacional de Aeropuertos augura una recuperación paulatina de los tráficos para registrar incrementos del 9% en 2024 y 2025. La cuestión radica en saber si este despegue del sector está impactando en la industria guipuzcoana, que cuenta con importantes firmas de referencia en la fabricación de componentes para las compañías aeronáuticas. La respuesta, tras consultar a tres de ellas, es que sí se ha incrementado la cartera de pedidos, aunque los responsables de estas empresas se muestran cautos a la hora de predecir el futuro. 

Antes de que termine el año, las empleadas del hogar se equipararán al resto de trabajadores asalariados. «Vamos a decirles a las mujeres que nos cuidan que van a tener plenitud de derechos», prometió recientemente la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después de que el Congreso ratificara por unanimidad el convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). La ministra del ramo desveló además que la nueva ley que «mejorará la vida» de este colectivo, que representa el eslabón más débil del mercado laboral español, llegará al Consejo de Ministros «en breves días». El objetivo que se ha marcado su departamento –que ya cuenta con un borrador de ley «avanzadísimo»– es hacerlo incluso antes del verano, para que prosiga los trámites legislativos, sea aprobado en el Congreso y pueda entrar en vigor «cuanto antes»; con seguridad, antes de que finalice 2022. La finalidad de esta ley es acabar con la discriminación histórica de las cerca de 400.000 afiliadas al Régimen del Hogar para que tengan «iguales derechos» que el «resto de trabajadores», tal y como aseveró Díaz la semana pasada. Esto implicará que las empleadas domésticas podrán acceder al paro, una vieja reivindicación, y cobrarán una mayor indemnización en caso de despido. Porque, hasta ahora, despedirlas resulta muy fácil y barato. No se necesita ningún tipo de justificación.

Se calcula que el colectivo de empleadas del hogar en Euskadi engloba a unas 28.000 personas que no cuentan con convenio. Así lo denunció el sindicato LAB el pasado mes de mayo, cuando reclamó al Consejo de Relaciones Laborales (CRL) el inicio de negociaciones para su desarrollo. Se personaron LAB, UGT, CC OO y ESK, pero no se constituyó interlocución por la parte patronal. Cuando esto ocurre se le plantea a Confebask, pero los representantes de la empresa vasca no se consideran patronal en esta negociación, ni creen tener responsabilidad, según explican fuentes sindicales. La vicelehendakari y consejera de Empleo y Trabajo, Idoia Mendia, advirtió el pasado viernes en el Parlamento vasco que «las empleadas del hogar son las trabajadoras más precarias», pero, a preguntas de EH Bildu, recordó que, como Ejecutivo, ha de respetar a las partes del diálogo social. Aún así, destacó mejoras en la prevención de riesgos que se han desarrollado desde Osalan.

El Gobierno está decidido a hacer que las eléctricas, y también las petroleras, «aporten más». Porque las compañías de ambos sectores están beneficiándose de los altos precios, explican, aunque es indudable que un impuesto o recargo a estas empresas tienen también un fuerte componente ideológico y electoral. El Ejecutivo quiere aplicar la medida lo más rápido posible y para ello desde algunos de los Ministerios apuntan a la opción del decreto ley, pero esa vía plantea un problema del que son muy conscientes en Hacienda: abriría la puerta a las denuncias de las eléctricas, que están dispuestas a revolverse y más si existe un precedente. Que lo hay. El Tribunal Constitucional, en 2020, declaró nulo el pago fraccionado en el impuesto de Sociedades que el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, habría introducido en 2016. La opción que el Gobierno de Mariano Rajoy empleó para introducir esa modificación fue, al igual que pretender ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el decreto ley. Y esa vía, decretó el TC, no es constitucional cuando la reforma en cuestión afecta a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, entre los que se encuentra el «deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos». En el ministerio de María Jesús Montero tienen muy presente esta sentencia, y saben que si se emplea esa fórmula las empresas afectadas acudirán a los tribunales. 

«Es amargo, pero es indispensable para reducir el consumo de gas». Con estas palabras el Gobierno alemán dio a conocer ayer su decisión de recurrir al carbón, combustible que había prometido abandonar antes de 2030, para afrontar el riesgo de falta de suministro energético ante los recortes adoptados por Rusia. El anuncio lo realizó el ministro de Economía, el ecologista Robert Habeck, en un comunicado en el que anticipaba que se dictará una nueva ley en este sentido antes del verano. «Para reducir el consumo de gas, se tiene que usar menos para producir electricidad. En su lugar, se deberán utilizar más las centrales de carbón», declaró. Alemania reacciona así a la decisión del gigante ruso Gazprom de reducir la las entregas de gas a través del gasoducto Nord Stream, en el contexto del pulso energético entre los países occidentales y Moscú. La compañía recortó el flujo un 40% alegando un problema técnico. Para el Ejecutivo liderado Olaf Scholz se trata de una «decisión política» de Rusia. «No tenemos que hacernos ilusiones, estamos ante una prueba de fuerza con Putin», advirtió. Frente a la urgencia de la situación, el Gobierno alemán también quiere hacer hincapié en el ahorro de energía. El ministro planteó la semana pasada iniciativas como la imposición de un límite para la calefacción doméstica.

Repsol con Crédit Agricole y esta entidad con Engie. Audax con Ikav y este fondo con Villar Mir. Cepsa con Vueling y esta aerolínea con Repsol, que a su vez se alía con Ørsted, mientras Equinor se arrima a Naturgy, Shell a Capital Energy y Acciona a SSE, lo que no impide que esta empresa se alíe también a Siemens Gamesa. Así se podrían enumerar hasta un centenar de alianzas en lo que va de año. Es la nueva moda del sector energético. Acuerdos intrasectoriales o entre empresas de distintos ámbitos para afrontar juntos un mismo proyecto en cualquier negocio, desde el hidrógeno y el coche eléctrico, hasta la energía eólica marina (off-shore), la eólica convencional, las fotovoltaicas y la inteligencia artificial en energía. La ventaja de las alianzas es que con ellas se suma músculo financiero y se reparten riesgos. El problema es que este modelo es promiscuo. Una misma empresa puede tener la tentación de unirse, exactamente para lo mismo, con dos rivales. En el mejor de los casos, las alianzas no tienen exclusividad y el tiempo es lo que dirá si tienen o no continuidad. Repsol es, sin duda, el grupo que ha abanderado esta nueva estrategia. Para crecer en renovables ha incorporado a Pontegadea (Amancio Ortega) e InfraRed a algunos proyectos. Crédit Agricole y el fondo EIP se han incorporado con un 25% a su filial verde. Hace unos días puso en marcha con Telefónica la sociedad Solar360 para entrar juntos en el negocio de autoconsumo fotovoltaico, donde se están produciendo infinidad de acuerdos: Brookfield con la familia Riberas en Powen, Martin Varsakvsky con Urbas y Redexis con la Federación Fece, por citar algunos.

El fondo soberano de Noruega, uno de los mayores inversores del mundo, se va a enfrentar al Gobierno español en la próxima junta de accionistas de Indra, al votar contra la renovación de dos consejeros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y contra la entrada en el órgano de administración de Jokin Aperribay en representación del grupo vasco Sapa. Norges Bank Investment Management (NBIM) es uno de los mayores accionistas extranjeros en la empresa española de tecnología y defensa, al controlar un 3,6% del capital. Esta institución escandinava, que maneja activos de más de un billón de euros, quiere lanzar así una señal de descontento con los cambios accionariales y de gestión en Indra durante los últimos meses, provocados por el aumento de participación de la Sepi y la irrupción en el capital de Sapa y de Joseph Oughourlian, socio fundador de Amber Capital. Según confirma el propio fondo, su intención es votar en la junta de Indra contra la reelección como consejeros de Antonio Cuevas Delgado y de Miguel Sebastián Gascón, ambos representantes de la Sepi. Fuentes del mercado señalan que el motivo detrás de esta oposición es que consideran que estos vocales han puesto los intereses del Gobierno español por encima del resto de accionistas minoritarios.

El mercado inmobiliario español está desatado. Los datos de los últimos meses han mostrado una actividad tan intensa que en muchas ocasiones, para buscar un precedente, hay que acudir inevitablemente a los años de la burbuja. Pero los expertos del sector, tanto de la academia como de la empresa privada, rehúyen esa comparativa. Argumentan que la situación actual es diferente de la de los tiempos que antecedieron a la Gran Recesión y creen que los próximos meses serán determinantes para ver cómo responde el ladrillo al deterioro de la situación económica. Las alarmas llevan tiempo encendidas. “Los precios de la vivienda muestran indicios de sobrevaloración”, señalaba el Banco de España en su Informe de Estabilidad Financiera de primavera, publicado en abril. El análisis no veía “señales de desequilibrios pronunciados”, pero pedía “hacer un seguimiento estrecho de este mercado, sobre el que el conflicto bélico podría tener efectos contrapuestos”. Fuentes del organismo, en una respuesta remitida por correo electrónico, insisten ahora en que “persisten significativos riesgos macrofinancieros a la baja, derivados de las elevadas presiones inflacionarias y las tensiones geopolíticas, que podrían perjudicar la capacidad de pago de los hogares”. Es decir, que con el aumento del coste de la vida y el endurecimiento de las condiciones de financiación, a muchas familias se les puede complicar devolver el préstamo o cambiarse de casa. Pero esa posibilidad ni se vislumbra todavía en los datos oficiales. 

Los hoteles están dispuestos a plantar batalla por los viajes del Imserso. Ya el pasado ejercicio se vieron con el Gobierno dos veces en los tribunales, que desestimaron sus recursos para ver incrementado el precio por persona y noche (23 euros, IVA incluido), porque consideraban que les obligaba a trabajar a pérdidas. Este año, la situación ha cambiado y la estrategia también. Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, recalca que están explorando la vía de la negociación con el Gobierno. “Ya se lo dijimos en enero y no nos han hecho ni caso. Es inviable ejecutar ese programa con esas tarifas. No se han querido ni reunir con nosotros”, apunta en relación a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Las navieras tienen dinero. Y lo están usando. Pocos sectores como el del transporte marítimo se han visto tan beneficiados por los problemas de suministro que han puesto patas arriba el comercio mundial desde el estallido de la pandemia. La alta demanda de mercancías —en lugar de servicios, más afectados por los confinamientos—, el atasco en los puertos y los retrasos en las entregas encarecieron los fletes que se pagan por llevar productos entre países y continentes a través de los océanos, y esas tarifas siguen sin normalizarse. Con la congestión, crecen los resultados, que fueron récord en 2021 y continuaron siéndolo en el primer trimestre de 2022. Esa montaña de efectivo la están aprovechando para diversificar su actividad: adquieren firmas de logística, compran aviones y aerolíneas y se hacen con terminales ferroviarias y empresas de camiones. La última operación de campanillas se produjo hace solo dos semanas, con la entrada de CMA-CGM en el capital de Air France. La tercera mayor naviera del mundo, con sede en Marsella, será dueña del 9% de la aerolínea insignia de la aviación gala, y ambas compañías contarán con una capacidad conjunta de 10 aviones de carga, a los que se sumarán otros 12 aviones que están por llegar. El caso pone de relieve un salto cualitativo en la estrategia de los gigantes del mar, que se han marcado como objetivo ofrecer a sus clientes servicios alternativos a los contenedores marítimos, muy expuestos a retrasos y encarecimientos por los cierres de puertos en China, las colas en puertos de destino —sobre todo en EE UU—, y la falta de camioneros —también en Europa—.

Juanma Moreno ha obtenido una mayoría absoluta sin precedentes para el Partido Popular en Andalucía, feudo tradicional de los socialistas, donde solo Javier Arenas logró un triunfo en unas elecciones autonómicas (2012), pero en aquella ocasión por una mayoría insuficiente. Esta vez, el líder del PP, que durante toda la campaña electoral había defendido su deseo de alcanzar un resultado que le permitiera gobernar en solitario, ha logrado más del 43% de los votos y 58 escaños, tres más de los que necesitaba para ver cumplido el objetivo de revalidar su presidencia en la Junta de Andalucía sin necesidad de pactos o alianzas con otras formaciones. El PSOE andaluz, por su parte, confirma la debacle anunciada por los sondeos y se queda a 28 escaños del PP, enfrentándose ahora a una dura travesía en el desierto para recuperar el terreno perdido, con o sin Espadas al frente de la dirección territorial; Vox avanza, pero con menos fuerza de lo esperado; Ciudadanos se queda sin representación parlamentaria y las dos fuerzas más a la izquierda, Por Andalucía y Adelante Andalucía, concluyen muy por debajo de los resultados cosechados hace tres años y medio, cuando concurrieron en una única coalición a las elecciones.

La derrota se daba por descontada. Que sería de semejante calibre solo formaba parte de las peores pesadillas del PSOE. Los socialistas perforaron anoche su suelo histórico, alcanzado por Susana Díaz en 2018, y se desplomaron hasta los 30 escaños y 881.478 votos después de cuatro décadas consecutivas como primera fuerza en Andalucía salvo la excepción de 2012. El golpe psicológico para toda la formación es formidable. La federación andaluza ha sido siempre el principal granero de votos de los socialistas, el pilar sobre el que ha cimentado sus victorias en las generales y ahora ha cambiado de manos. En el entorno de Pedro Sánchez llevaban ya varios días tratando de quitar hierro a lo que pudiera ocurrir y desdeñando cualquier lectura nacional que apuntara a un cambio de ciclo, después de que el mapa se tiñera de rojo en las autonómicas de 2019 y el PSOE se situara como primera fuerza en las dos generales de ese mismo año. Su argumento era que la cita estaba demasiado alejada de los comicios de 2023 y que, de momento, el Ejecutivo se centraría en sus retos inmediatos, el plan anticrisis y la cumbre de la OTAN. Pero el golpe es indudable y demasiado severo como para soslayarlo sin más.

Francia, la segunda economía de la eurozona, entra en una nueva fase muy marcada por la inestabilidad. El presidente de la República, Emmanuel Macron, ganó ayer la segunda vuelta de las elecciones legislativas, aunque su coalición, Juntos, perdió la mayoría absoluta, lo que supone un duro revés en un momento muy complejo, tanto a nivel económico como geopolítico. La extrema derecha se normaliza, ya que será tercera fuerza, mientras que liderará la oposición el frente unitario de izquierdas liderado por Jean-Luc Mélenchon. La coalición de Macron, Juntos, seguirá en el poder, aunque necesitará pactos, en una Cámara Legislativa que se estructurará entre tres bloques que mantienen en muchas cuestiones posturas absolutamente irreconciliables: el oficialismo de Juntos, el frente popular izquierdista de la Nueva Unión Popular Ecologista y Social (Nupes), y la extrema derecha de Reagrupación Nacional. Al cierre de esta edición, y con el 97% escrutado, y cuando todavía faltaban por asignar 20 de los 577 escaños que estaban en juego, Juntos sumaba el 38,33% de los votos y 234 escaños, muy lejos de la mayoría absoluta.

Entrevista con Robert Langer Ingeniero químico.  si hay alguien bien colocado en la carrera hacia el Nobel de Medicina es Robert Langer. Con una producción científica apabullante, este ingeniero químico inventó hace casi 50 años una de las tecnologías que ha posibilitado las vacunas de ARN mensajero (ARNm) contra el coronavirus. Cofundador de la farmacéutica Moderna, recibió el jueves en el Palacio Euskalduna el Premio Fronteras del Conocimiento en Biología y Biomedicina, compartido con Katalin Karikó y Drew Weissman, que descubrieron cómo modificar el ARNm para usarlo como agente terapéutico. "Cuando se hacen vacunas a partir de proteínas, se inyectan en el cuerpo proteínas que provocan una respuesta inmune. El dogma científico dice que el ADN produce el ARNm, que a su vez produce las proteínas. Si tienes un ARNm que provoca la producción de esas proteínas en tus células, el cuerpo reacciona y tienes la vacuna. Esta forma de fabricar vacunas es mucho, mucho más rápida. No tienes que pasar semanas, meses o años cultivando proteínas en el laboratorio. ¿Por qué? Porque es el cuerpo el que fabrica las proteínas. De hecho, Moderna diseñó la vacuna contra el coronavirus en dos días...". El inventor del sistema para introducir en el cuerpo ARN mensajero asegura que pronto se usará contra el cáncer y otras enfermedades.