20220705

Euskadi es, por detrás de Cataluña, la segunda comunidad más beneficiada por el fondo estatal destinado a rescatar empresas medianas solventes afectadas por la pandemia. En concreto, quince firmas vascas han obtenido recursos con esta vía, cerca de 129 millones de euros en financiación, la mayoría con préstamos participativos. La cifra supone un 16,6% del total nacional desembolsado y ha permitido reforzar a grupos como Batz –dedicado a la automoción y perteneciente a la Corporación Mondragón–, astilleros Balenciaga, Hoteles Silken o Egile. Solo Cataluña ha conseguido más apoyo de este fondo, bautizado como Fonrec y gestionado por Cofides, que se creó a imagen y semejanza del desplegado por la SEPI para grandes empresas. La comunidad catalana ha logrado respaldo para 22 firmas, con un importe de 170 millones de euros en financiación. Madrid ocupa la tercera posición, con 12 compañías y 111 millones. En total esta herramienta ha acogido las solicitudes de 89 grupos, a los que ha aportado 779 millones de euros en préstamos ordinarios y participativos.

El mercado laboral, después de meses en los que parecía ser inmune a la crisis desatada por la guerra, comienza a acusar los efectos de la incertidumbre económica derivada de un IPC desbocado. De ahí que en este junio, una época tradicionalmente muy positiva por la campaña estival, la creación de empleo se ralentizara tanto en Euskadi como en el resto de España, aunque en ambos casos se han vuelto a marcar nuevos récords en cotizantes a la Seguridad Social. El paro también ha bajado menos que en otros años. Lo que sí se ha mantenido es el alto porcentaje de indefinidos tras la aprobación de la reforma laboral, si bien con las habituales críticas sobre su calidad y duración, dado que la mayoría son a tiempo parcial o fijos discontinuos. En el País Vasco la base de afiliados creció solo en 744 personas, muy por debajo de los 3.100 del año pasado o los más de 4.000 del junio previo a la pandemia. Con todo, ese alza fue suficiente para que Euskadi encadenara un segundo récord histórico de afiliados a la Seguridad Social tras el alcanzado en mayo. El número de cotizantes se situó en 987.181, cada vez más cerca de la cota del millón. También el paro se redujo. Lo hizo en 1.710 personas, con lo que el total quedó en 111.642, casi en niveles previos a la pandemia. De hecho, está solo 300 por encima del mismo mes de 2019. Sin embargo, el recorte es inferior al que se produjo ese ejercicio, otra señal de ralentización. 

 En plena crisis energética por el alto precio de los carburantes y con un sinfín de indicadores económicos alcanzando cifras récord, el mercado laboral de Gipuzkoa sigue mostrando signos de fortaleza. El desempleo se redujo un 2,77% en el territorio durante el mes de junio, con la salida de 834 personas de la cola del paro, el doble que la media estatal (1,45%). Así, el número de parados en Gipuzkoa cae por debajo de las 30.000 personas por primera vez desde noviembre de 2008. En concreto, la cifra de ciudadanos sin trabajo se sitúa en 29.328, según los datos ofrecidos ayer por el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco. No obstante, en comparación con junios anteriores, se aprecia cierta ralentización en la creación de empleo tanto en Euskadi como en España en un mes tradicionalmente muy positivo por la campaña estival. También el descenso del paro ha sido más modesto que en otros años en el mismo periodo, en lo que no pocos analistas lo consideran ya un efecto de factores como la alta inflación que añaden incertidumbre. En todo caso, lo que son cifras absolutas son buenas. 

El mercado de trabajo se mostró sensible en junio a las ganas de vacaciones de los españoles, y mostró, con algún matiz, unos datos bastante positivos. Tanto en la creación de empleo, con 115.600 trabajadores más afiliados a la Seguridad Social, como en el descenso del paro, con una caída de 42.500 parados. Así informaron ayer el Ministerio de la Seguridad Social y de Trabajo. Tal parece que, según el Gobierno y los analistas, es una incógnita lo que puede ocurrir en otoño, con todas las amenazas latentes que rodean a la economía: una inflación elevada, que puede continuar como consecuencia de la guerra de Ucrania, y una ralentización de la economía, a medida que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés, para intentar frenar la escalada de los precios. Sin embargo, a la espera de lo que pueda ocurrir los españoles han decidido irse de vacaciones. igual que los extranjeros que nos visitan. Hartos de tanta pandemia, y a pesar del fuerte crecimiento de los precios en el sector turístico. Los datos son demostrativos de lo que está pasando: en junio se crearon 115.600 empleos, que es el mejor dato del siglo en dicho mes. Salvo en junio de 2005, cuando tuvo lugar una regularización de 700.000 inmigrantes, y en 2021, con la desaparición del primer estado de alarma frente al coronavirus.

Entrevista con Raúl Calderón Abogado de Sunion y experto laboral. "Si vemos los datos del paro exclusivamente como una foto fija, la imagen es positiva: menos paro, más empleo y más contratos  indefinidos. Pero hacer una foto fija es poco riguroso sabiendo de dónde venimos. Hay causas que tiran en direcciones opuestas: Por un lado, existe un fenómeno estacional de creación de empleo en verano y un efecto de la reforma laboral para la contratación indefinida. Y en el sentido opuesto está la inflación. Hay que esperar a otoño para ver cómo se reconduce la situación. Si empeora el paro o se mantiene. Eso nos dará la verdadera referencia de si seguimos para adelante o hay un retroceso...si no se pone coto a la inflación, va a acabar con todo. Las medidas laborales por sí mismas no van a modificar el mercado. La inflación es también el mayor problema para la recuperación del mercado laboral. Amenaza con comerse el impulso que dieron la reforma laboral y la existencia de ayudas a empleo y los fondos europeos..."

“Tenemos que trabajar y prepararnos para un escenario de inflación más alta durante más tiempo en un contexto de altísima incertidumbre en el que la evolución de la economía depende de forma significativa de la evolución de la guerra [en Ucrania] y de las tensiones geopolíticas”, alertó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Así lo expuso la vicepresidenta ante la prensa después de celebrar la octava reunión del Consejo Asesor de Economía, formado por reputados expertos en el ámbito económico e internacional que aconsejan al Ejecutivo, concluyendo que el país afronta por delante varios “trimestres complejos” desde el punto de vista económico. La responsable económica del Ejecutivo reconoce así que la magnitud y duración de la crisis inflacionista está aún por ver, dejando oficialmente atrás el mantra defendido durante la primavera de que se había “dejado atrás en marzo el pico de la inflación”. Después de todo, la escalada del Índice de Precios al Consumo (IPC) iniciada en febrero de 2021 parecía haber tocado techo en marzo de este año, cuando saltó al 9,8% tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, para moderarse en abril al 8,3%. Desde entonces, sin embargo, el indicador volvió a retomar su senda ascendente, situándose en el 8,8% en mayo y disparándose al 10,2% (su máxima cota en casi 40 años) en junio. 

El Gobierno dio ayer un paso al frente para reactivar el diálogo entre los agentes sociales en busca del ansiado pacto salarial que, hasta hace poco, era la gran esperanza para repartir el coste de una inflación descontrolada entre empresas y trabajadores. En una inusual rueda de prensa tras un encuentro con el Consejo Asesor de Economía, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, confirmó que el Ejecutivo se reunirá mañana con las partes para encauzar las negociaciones, bloqueadas desde hace casi dos meses por las alejadas posturas en torno a las denominadas cláusulas de revisión salarial en los convenios. Los sindicatos exigen mantener estos acuerdos de blindaje que garantizan el poder adquisitivo ante una inflación desbocada que despidió junio en el 10,2%, según el dato adelantado por el INE. Pero los empresarios se niegan en rotundo, al considerar que se generarían efectos de segunda ronda en la economía, pues las empresas acabarían aplicando mayores precios a sus productos y servicios para compensar la subida de los costes salariales. El Banco de España coincide con esta última visión. Y su gobernador, Pablo Hernández de Cos, reconocía recientemente que ya existe un «pacto de rentas implícito» ante la falta de actualización de los salarios en torno a la inflación.

La factoría de Mercedes-Benz en la capital alavesa afronta una semana vital, marcada de nuevo por intensas movilizaciones de la plantilla –con tres jornadas de paro convocadas– dentro del enquistado conflicto que vive la planta por la negociación del convenio, herramienta crítica para su futuro. El desarrollo de estas protestas estará totalmente condicionado por la cita que mantendrán hoy la dirección y los sindicatos. Un encuentro convocado por la empresa en busca de un acercamiento con la parte social para alcanzar un acuerdo y garantizar la inversión de 1.200 millones de euros anunciada para la planta. La reunión se produce un día antes del viaje del lehendakari a la sede de la compañía en Stuttgart (Alemania) a fin de amarrar dicha inyección económica, y también en vísperas de la huelga convocada con respaldo de todo el comité. La parte empresarial y la social de la mayor industria vasca retoman unas conversaciones que desde la multinacional dejaron en suspenso hasta que se retirasen las protestas de los trabajadores y que reactivaron la pasada semana al citar al comité, todo ello en medio de una fuerte presión política y social. 

El desarrollo de baterías de nueva generación encara un «punto decisivo» en su carrera. El reto climático hace cada vez más necesarios avances y CIC Energigune, con sede en el parque tecnológico de Álava, es uno de los mayores referentes en esta materia. Por eso, durante las cuatro próximas jornadas reunirá a 140 expertos de nivel mundial en el Palacio Europa de Vitoria en el congreso ‘Power Our Future’, donde se analizarán los últimos avances y las tendencias sobre baterías y condensadores, además de mirar hacia su definitivo salto industrial. La cita estará presidida por el francés Michel Armand, a quien se considera uno de los investigadores más relevantes en el ámbito energético –según la Universidad de Stanford– y que a sus 75 años trabaja en este centro de investigación de la capital alavesa. "La investigación debe encaminarse para rebajar el tamaño de las baterías, garantizar su seguridad y evitar los componentes más raros. Es un campo complejo. En los próximos días hablaremos de electrodos, sobre la forma de almacenar energía y cómo convertir la energía química en electricidad. También es evidente que tenemos que avanzar para intentar depender menos de metales raros y caros..."

Los últimos detalles, siempre tan importantes a la hora de cerrar cualquier acuerdo, mantienen en vilo la negociación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos. Todas las partes involucradas, Gobierno, sindicatos y organizaciones representativas, aseguran que la definición del nuevo marco fiscal está al caer, a falta de que se resuelvan las últimas disquisiciones. Todo depende de que el texto definitivo que debe elaborar el Ministerio de Seguridad Social, y que aún no ha enviado a los agentes sociales, según aseguran estos, incorpore las últimas propuestas planteadas en la mesa de negociación. La voluntad del Ejecutivo, una vez concluido el plazo acordado con Bruselas, pasa por que este nuevo sistema de cotización se apruebe en el Consejo de Ministros de hoy. Algo que una fuente del diálogo social pone en duda, “salvo que la intención de lograr un consenso se haya orillado”. La última propuesta presentada por el departamento de José Luis Escrivá apuntaba en la dirección marcada por sindicatos y organizaciones de autónomos. Sin embargo, carecía de algunos elementos fundamentales para estos. “Seguimos insistiendo en la necesidad de reducir los tramos inferiores y que quede consolidado en el texto el periodo de transición máximo de nueve años para alcanzar un sistema de cotización por ingresos reales”, indica un portavoz de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae).

El precio de la vivienda del mercado libre en España lleva creciendo cinco trimestres consecutivos con avances superiores al 3%. En consecuencia, el valor de las casas se situaba a cierre del mes de junio en los 1.474 euros por metro cuadrado. Aunque la cifra sigue lejos –exactamente un 31% por debajo– del máximo alcanzado en los meses previos al estallido de la crisis financiera de 2008, se acerca poco a poco a los niveles registrados en torno al año 2012, cuando el boom inmobiliario reventó el mercado de la vivienda en el país. Entre abril y junio de este año, en concreto, el precio de los inmuebles registró un incremento del 3,5% con respecto al mismo periodo del año 2021. Así lo muestran los últimos datos de la consultora y tasadora Gesvalt, que ha presentado este martes su Informe de vivienda correspondiente al segundo trimestre. Con este nuevo aumento, se encadenan cinco periodos consecutivos con subidas superiores al 3% tras cuatro incrementos previos del 3,7% (dos trimestres consecutivos), 3,9% y 3,3%. Los expertos de la compañía siguen relacionando esta tendencia con el descenso de la incertidumbre sanitaria vinculada a la pandemia de Covid-19 y la respuesta a las contracciones de precios que se produjeron en el año 2020. A estos factores, además, hay que añadir el incremento de los precios de los materiales de construcción y de la mano de obra, como consecuencia del escenario inflacionista actual y la subida de tipos por parte del BCE.

Los precios de las materias primas industriales empiezan a mostrar señales inquietantes que apuntan a una recesión global. En lo que va de año, la cotización del aluminio se ha desplomado un 13%, la del cobre un 17% y la de las barras de acero un 18%, lo que indica que la demanda empieza a flaquear. A diferencia de lo que ocurre con las materias primas energéticas, como el petróleo o el gas natural, que siguen en máximos por las distorsiones que ha provocado la guerra de Ucrania y las sanciones a Rusia, las materias primas industriales llevan varios meses mostrando una notable debilidad. Ayer, un informe del banco estadounidense Goldman Sachs revisó a la baja sus previsiones para el precio del hierro. Sus expertos consideran que un deterioro económico de la economía mundial y los problemas de China para desembarazarse por completo del Covid-19 acabarán por reducir los precios. Otros materiales utilizados en diversas industrias, como el zinc, el estaño o el plomo, también acumulan en 2022 importantes caídas. A estos retrocesos también se suman los de otros materiales más específicos. Es el caso de las planchas de madera, muy utilizadas en el sector de la construcción en Estados Unidos, y que este año se han depreciado un 52%. O el de la pulpa de celulosa, que ha caído un 7% este año. La única parte positiva de todas estas correcciones es que contribuirán a limitar la inflación. Pero la parte mala es el origen de las caídas.

Las crecientes dudas sobre el suministro de gas a partir del otoño siguen haciendo estragos en los mercados energéticos europeos en plena temporada de llenado de los depósitos para el invierno, aprovechando el menor consumo estacional y los —habitualmente— menores precios. A pesar de la relativa reactivación de los flujos de gas natural a través de los ductos que conectan Rusia con la UE —que siguen, no obstante, muy lejos de sus niveles habituales—, el gas natural marcó ayer su precio más alto en cuatro meses, duplicando su cotización en menos de un mes y complicando las ya de por sí intrincadas previsiones de inflación para lo que resta de año. El precio del gas en el mercado TTF holandés, el que se utiliza como referencia para el Viejo Continente, rondaba ayer los 160 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 80 de principios de junio, aunque todavía lejos del récord de 200 euros del pasado 7 de marzo. La última razón de este enésimo repunte radica en las huelgas previstas para los próximos meses en Noruega, uno de los mayores y más fiables socios de los Veintisiete para abastecerse de este combustible. También contribuye el descenso en las importaciones de gas estadounidense tras el accidente en la planta de Freeport (Texas), que ha reducido los envíos a mínimos de varios meses.

El Gobierno federal de Alemania está preparando el rescate esta misma semana del consorcio energético Uniper, el mayor suministrador de gas natural del país, que se encuentra amenazado de insolvencia por la crisis desatada tras la invasión de Ucrania por Rusia. Varios medios alemanes revelaban ayer que el Ejecutivo de Berlín ultima la base legal para intervenir a favor del grupo con sede en Düsseldorf, pero también de otras empresas energéticas germanas en apuros, y garantizar su solvencia mediante la concesión de créditos o avales, y llegado el caso, con la participación directa al adquirir parte de sus acciones. La medida tiene carácter urgente ante la amenaza inminente de un corte total del suministro de gas de Rusia a Alemania. El 11 de julio se llevará a cabo una operación de mantenimiento rutinario del gasoducto Nord Stream 1, que lleva a través del Báltico la mayor parte del gas ruso que consume este país. Berlín teme que Moscú aproveche esa revisión para cortar definitivamente el suministro a Alemania, lo que conduciría a la ruina a Uniper y otras empresas del sector.

Las ayudas de Estado habían sido desde hace décadas una de las grandes prioridades de la normativa europea sobre el mercado común de la Unión Europea, al entender que la concesión de estos subsidios no solo vulnera la sana competencia sino que podía llegar a generar una fuerte fractura entre los distintos países miembros. Sin embargo, al extremar la vigilancia entre los propios países europeos, Bruselas había provocado una situación mucho peor, llevando a que las empresas del Viejo Continente compitieran con una mano atada a la espalda frente a las compañías de otros países, donde estas prácticas también estaban vigentes. Y eso, en una situación de crisis tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, llevó a que muchas empresas extranjeras acapararan una parte muy importante del pastel del mercado europeo y tomaran posiciones de control en las compañías de la UE, pudiendo llegar a vaciar a sus competidoras europeas de sus activos o know how. Sin embargo, Europa lanza una normativa que tiene precisamente por objetivo que la lucha contra estas prácticas anticompetitivas se pueda extender también a las empresas que no son europeas pero que quieran actuar en el teatro de operaciones comunitario. En concreto, se acaba de aprobar el consenso por parte del Consejo Europeo y del Parlamento sobre las líneas maestras del Reglamento sobre subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interno, que define los aspectos clave de la próxima norma. Queda pendiente de su aprobación por los dos organismos en la segunda mitad del año, con el objetivo de que entre en vigor el próximo ejercicio. 

Osakidetza pide a la población vulnerable extremar la prudencia frente al covid y recuperar el uso de la mascarilla en determinados ámbitos ante el fuerte repunte de contagios y de ingresos que está registrando Euskadi. En solo una semana las UCI han doblado su número de pacientes. Han pasado de los 12 del pasado lunes a los 23 de ayer. Las plantas, por su parte, tratan a 504 personas infectadas, 96 más que hace apenas siete días. Este aumento de la presión en los hospitales es consecuencia del incremento de contagios en la calle. El Gobierno vasco destaca de todos los datos de su último boletín un parámetro importante: la incidencia acumulada a siete días en mayores de 60 años se ha disparado un 91% en apenas 15 días. Se sitúa en los 736 puntos. A dos semanas la tasa de contagio para esta población llega a los 1.249. Este marcador es relevante porque este es un colectivo en el que sí se sigue monitorizando la evolución del virus por tratarse de una población de especial vulnerabilidad debido a su edad. Algo que desde Semana Santa el Sistema Nacional de Salud dejó de hacer en abril con la ciudadanía general con el cambio de la estrategia de vigilancia del coronavirus. Otro ejemplo claro de lo rápido que ha corrido el virus desde la segunda mitad de junio es que en la última semana el 38,5% de los mayores de 60 a los que Osakidetza les ha hecho un test estaba contagiado. Hace tres semanas la tasa de positividad en las pruebas a este colectivo era del 22,5%.