20220713

La dirección de Mercedes-Benz Vitoria y la mayoría sindical conformada por UGT, CC OO, Ekintza y PIM, con diecisiete representantes en el comité, forjaron ayer un acuerdo que allana el futuro convenio al tiempo que apuntala la inversión de 1.230 millones de euros anunciada por el grupo alemán para garantizar el futuro de la compañía en un horizonte de completa electrificación. Prevé varias pagas y una subida del 6% este año. ELA, LAB y ESK se desmarcan del acuerdo y hoy convocan huelga. El compromiso alcanzado entre las partes social y empresarial fue calificado por la dirección de Mercedes-Benz Vitoria como «un muy buen acuerdo para todos los trabajadores y trabajadoras de fábrica. Por ello esperamos recuperar la normalidad en nuestro día a día cuanto antes», aseguraron. En Mercedes, la principal factoría de Euskadi, trabajan 5.000 personas y de la planta dependen otros 30.000 empleos indirectos y casi 600 proveedores. En líneas generales, y una vez descartada la controvertida ‘sexta noche’ –un turno de trabajo de seis jornadas, con inicio en domingo, que había encontrado la oposición frontal de todos las organizaciones sindicales–, las claves fundamentales del acuerdo pivotan sobre la mejora de las condiciones económicas. Entre ellas, se contemplan una paga única no consolidable de 500 euros a la firma del convenio y una remuneración no consolidable de 4.000 euros por el año 2021. E incrementos salariales del 6% (consolidado) para este 2022, con subidas del 2,25% (por ejercicio) para el periodo 2023-26.

La plantilla tiene ahora la última palabra. El próximo lunes 18, los empleados depositarán su voto en las urnas que se habilitarán en la fábrica durante los distintos turnos de trabajo y siguiendo el procedimiento habitual en todo escrutinio (papeletas y listado de verificación). Ese será el día clave que puede poner fin a diecinueve meses de negociaciones hasta ahora frustrantes que ayer llegaron (aparentemente) a su fin. Aunque antes, eso sí, los sindicatos informarán específicamente a sus afiliados de las condiciones recogidas en el pacto en una sucesión de asambleas que se celebrarán a lo largo de esta semana. Se trata de profundizar en las claves de ese acuerdo y, en el caso de las centrales que lo secundan, de defender, lógicamente, su ratificación. Bastará una mayoría simple (la mitad del total de empleados que decidan votar más uno) para que el pacto supere este paso decisivo. A partir de ahí, y si finalmente lo consigue, quedará el proceso de redacción pormenorizada del convenio con intervención de todos los agentes implicados. «Será de activación inmediata», se remarca desde la mayoría sindical. Y todo en tiempo límite. Porque la factoría alavesa tiene programado parar la cadena de montaje, de la que cada día salen 700 furgonetas, el próximo 30 de julio; esto es, en poco más de dos semanas.

El acuerdo entre la mayoría sindical del comité de empresa de Mercedes y la dirección de la factoría en Vitoria generó en la tarde de ayer una cascada de reacciones positivas por parte de instituciones y empresarios. El final del conflicto supone una buena noticia tanto para Vitoria como para Álava y el conjunto de Euskadi. Todos coinciden en el impulso que supone para materializar la inversión de 1.200 millones. Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, definió como «una gran noticia» el pacto alcanzado. «Ponemos en valor y agradecemos el esfuerzo de la dirección y la plantilla, porque en un proceso como este todas las partes se dejan ‘pelos en la gatera’». Desde el ámbito empresarial se sumaron a la celebración del nuevo panorama que se abre ahora. «El hecho de que haya este preacuerdo es una muy buena noticia porque es una palanca muy importante para que finalmente el proyecto de inversión sea una realidad, con la importancia que eso tiene para todos», señaló el director general de SEA Empresas Alavesas, Juan Ugarte, que también apeló a la «prudencia» hasta que sea ratificado. «Nuestra posición respeto al acuerdo alcanzado no puede ser otra que la del respeto, sin entrar a valorar los contenidos del mismo», añadió Ugarte. La Cámara de Comercio, por su parte, se limitó a «valorar positivamente el acuerdo y la apuesta de futuro que supone».

Matrici, la empresa de matricería del grupo Mondragón ubicada en Zamudio, ha presentado solicitud de procedimiento concursal en un juzgado de Bilbao ante las enormes dificultades financieras que atraviesa y que son producto de una crisis que, en este sector de la industria del automóvil, se arrastra desde hace años. La cooperativa tiene en la actualidad 134 trabajadores y su objetivo es mantener la actividad con un proceso de reestructuración que se pondrá en marcha en los próximos meses. La deuda de la empresa asciende a unos 25 millones de euros, han indicado fuentes del grupo cooperativo, y el objetivo que ha planteado su consejo rector es defender la continuidad de sus actividades. El sector de la matricería –la fabricación de los moldes que luego se utilizan para producir partes de los vehículos mediante un sistema de estampación, las carrocerías, por ejemplo– atraviesa una dilatada crisis que aparentemente no tiene retorno. El coste de la mano de obra es un elemento fundamental en el proceso de producción –hay un largo camino de ajuste en los moldes que hay que realizar a mano–. De ahí que en las dos últimas décadas ha sido continuo el desplazamiento de este tipo de productos a países de bajos costes de mano de obra.

El Gobierno vasco dio ayer luz verde al nuevo paquete de ayudas de 20 millones de euros para aliviar a las empresas afectadas por la invasión rusa de Ucrania. Según explicó la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, en esta ocasión se trata de subvenciones a fondo perdido destinadas a compañías del ámbito industrial que estén sufriendo un incremento de costes por el alza de las materias y el transporte o que hayan sufrido pérdidas de contratos por las sanciones u otros motivos. Este programa, denominado ‘Bultzatu’, no abarca la factura energética, pero el Ejecutivo prevé sumar a finales de este mes otro plan de cinco millones de euros para ayudar con el pago del gas, cuyo precio está desbocado. En concreto, estas subvenciones cubrirán el 50% de los extracostes. Es decir, se abonará la mitad de la subida registrada en materias primas y transporte y lo mismo para el coste de los pedidos realizados y de facturas emitidas de los productos finales y en curso que no puedan llegar a su destino o hayan sido cancelados. En todos los casos el máximo es de 400.000 euros por beneficiario.

Giro a la izquierda anticipado hace 20 días con la aprobación del decreto anticrisis, que se vota este jueves, y anunciando nuevas medidas para amortiguar el impacto de la inflación, entre ellas, un impuesto excepcional a la banca y a las energéticas que tendrá un impacto de 7.000 millones en dos años (3.000 en el primero caso y 4.000 en el segundo). No sólo eso. También anunció la gratuidad de los trenes de cercanías entre septiembre y finales de año, y más dinero para becas. En la Moncloa llevaban semanas preparando esta cita con el objetivo de contraponer dos modelos de gestión de las crisis: el suyo, el progresista, sustentado en políticas expansivas del gasto público, y el «neoliberal», el que desplegó el PP durante la crisis financiera hace más de una década, el de los recortes. Sánchez obvió la distinta naturaleza de una y otra situación y el diferente papel desempeñado por la UE en cada caso. También evitó recordar aquel «voy a seguir ese camino cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste» que pronunció José Luis Rodríguez Zapatero en otro debate sobre el estado de la nación, el de 2010, después de congelar las pensiones y recortar el sueldo de los trabajadores públicos. El jefe del Ejecutivo creó otro lema, igualmente potente, pero opuesto: «Iremos a por todas por defender la mayoría social», dijo tras admitir los «riesgos» que afronta España ante un escenario de elevada inflación de «evolución incierta».

El grueso de los 4.000 millones de euros que el Gobierno quiere recaudar entre 2023 y 2024 con un impuesto directo a las energéticas por los supuestos beneficios extraordinarios que están obteniendo con la escalada de precios recaerá sobre las cinco mayores empresas del sector: Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Cepsa. En concreto, estas empresas podrían verse obligadas a asumir entre el 60% y el 80% de esa carga fiscal, según distintas estimaciones de expertos financieros y de los datos recabados por EXPANSIÓN. El impuesto está por definir. Pero ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó claro que recaerá sobre “los grupos dominantes” de los sectores eléctrico, gasista y petrolero. Es decir, se aplicará no sólo a eléctricas, como muchos habían creído erróneamente. El hecho de repartir el impuesto en todo el sector energético tuvo ayer un efecto inmediato en Bolsa. Repsol fue el valor más castigado, con una caída de más del 5%. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que llevan semanas descontando el impacto de la nueva fiscalidad, sufrieron retrocesos de apenas el 1% en el peor de los casos. Al explicar que el impuesto recaerá en operadores dominantes, Sánchez acota el golpe. La palabra dominantes no es una licencia literaria. Legalmente tiene implicaciones. Es la clasificación que usa la Comisión de Competencia (CNMC) para definir las tres o cinco mayores empresas de un sector. Esos operadores tienen unas obligaciones de seguridad de suministro. Los operadores dominantes en generación de electricidad son en estos momentos Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. En gas son Naturgy, Endesa y Repsol. Y en carburantes son Repsol y Cepsa, siempre según la CNMC.

Batacazo bursátil para la banca. Los inversores huyeron en masa del sector después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase un nuevo impuesto para las grandes entidades con el que se prevé recaudar 1.500 millones de euros al año durante dos años. En total, 3.000 millones de euros. El tributo, del que aún se desconoce cómo y en qué forma se aplicará, pilló completamente por sorpresa al mercado. Y fue precisamente ese factor inesperado el que precipitó las ventas, provocando fuertes caídas a los accionistas de las entidades, que llegaron a superar el 12% en los peores momentos de la sesión, al poco de anunciar la medida. La sangría vendedora se mitigó algo al cierre. Pero, aún así, los números rojos superaron en algunos casos el 8%, como ocurrió con Caixabank, que se dejó en la jornada de ayer un 8,63%. El Banco Sabadell no le anduvo muy a la zaga, ya que perdió un 7,44%, mientras que Bankinter lo hizo un 5,08%. Menor castigo recibieron BBVA (-3,77%) y Banco Santander (-3,65%). Estas entidades perdieron 5.200 millones en capitalización. También Unicaja Banco, que cotiza en el mercado continuo, cayó un 7,67%. No fueron los únicos damnificados por las medidas anunciadas por el Gobierno. También cerraron con descensos las grandes energéticas presentes en el Ibex 35. 

El anuncio de Pedro Sánchez sobre un nuevo gravamen a la banca ha causado sorpresa en el sector, que critica la medida y la califican de populista. Fuentes financieras consideran que es una declaración política que busca “llevarse una ovación en el Congreso”, pero señalan que habrá que ver cómo se articula en propuestas concretas. Las fuentes consultadas apuntan que durante seis años de tipos en negativo el sector ha operado con márgenes muy estrechos sin cobrar por los depósitos de minoristas. También señalan que la banca ya soporta un tipo nominal más alto en el impuesto de sociedades, además de otros recargos. El comunicado por parte del líder del Ejecutivo tampoco cuenta con el apoyo de los analistas. José Ramón Iturriaga, gestor de fondos de Abante Asesores, asegura que “se trata de un gesto para congraciarse con Unidas Podemos. No tengo nada claro cómo lo van a poder articular. De hecho sería más que probable que la Comisión Europea frenara un impuesto específico sobre los bancos”. En la misma línea, Víctor Alvargonzález, director de estrategia y socio fundador de Nextep, cree que “los accionistas de la banca son personas de clase media que tienen fondos de inversión y planes de pensiones. No se cuál es la relación entre la crisis energética y los accionistas de la banca, pero no creo que sea una buen medida de cara a atraer a inversión”.

Los empresarios respondieron con dureza a las nuevas medidas que anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para compensar a la población por la subida exponencial de la inflación y de los costes de la vida. En un comunicado que difundieron anoche, las patronales CEOE y Cepyme respondieron al presidente que “no suponen una solución real a los problemas de elevada inflación que sufre hoy la economía española”. Y, además, porque “las empresas queremos ser parte de la solución [frente a la inflación y la desaceleración económica] y no que se nos considere como un problema”. Con ello, indirectamente, CEOE y Cepyme protestaron por la creación de impuestos a las compañías eléctricas, energéticas y el sector financiero. Impuestos con los que Sánchez anunció que espera recaudar 7.000 millones de euros en dos años. Máxime, cuando Sánchez justificó estas nuevas cargas a las grandes empresas como contribución de los beneficios de las mismas a compensar a los ciudadanos más perjudicados por el crecimiento de la inflación. “En un escenario de subida de tipos de interés, la creación de nuevos tributos a la carta supone una barrera añadida para las empresas españolas en el ansiado camino hacia la recuperación”, dijo la patronal. Ver comunicado CEOE

Apenas un par de horas antes de que comenzara el debate sobre el estado de la nación, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, abogó alto y claro, una vez más, por subir los salarios en plena espiral inflacionista, para que los trabajadores no vuelvan a ser los grandes perjudicados en esta nueva crisis. «Tenemos que subir los salarios», defendió. Es más, señaló que «la función pública española no está bien retribuida», con lo que apostó también por elevar las remuneraciones de los empleados públicos, otra de las demandas de los sindicatos, que, de hecho, se movilizarán mañana frente al Congreso. «El principal problema de España se llama inflación y hay que hacer todo lo necesario para reducirla. Los trabajadores están sufriendo muchísimo en un contexto en el que es imposible, no ya llegar a fin de mes, sino hacer la cesta de la compra. Nuestro país tiene rentas salariales muy bajas y, por tanto, tenemos que hacer medidas que impacten en las mayorías sociales», subrayó Díaz. En este sentido, la ministra de Trabajo argumentó que la inflación no está causada por «los salarios de la gente», sino por los «beneficios históricos» que están teniendo las empresas, más de 65.000 millones este año. Así, precisó que un 83% de la inflación, que se sitúa en junio en el 10,2%, tiene que ver con los márgenes empresariales. La ministra se hizo eco así de los resultados del último informe de CC OO. 

Era el gran acontecimiento de los mercados y los inversores y expertos lo observaron en directo y con la máxima expectación. A las 11:45 de ayer, un euro se cambiaba exactamente por un dólar: había llegado la paridad. La moneda comunitaria toca por primera vez en 20 años esa cota, un nivel desconocido desde noviembre de 2002. En el escenario macroeconómico actual, la debilidad de la divisa es prácticamente una maldición, pues encarece la importación de materias primas, denominadas en dólares. Teniendo en cuenta que gran parte del shock de precios que se ha producido tras la salida de la pandemia se ha concentrado fundamentalmente en las materias primas, especialmente en las relacionadas con la energía, la debilidad de una divisa frente al dólar se traduce en una mayor inflación. “Con el euro ahora en paridad con el dólar estadounidense, la región se enfrenta a vientos en contra con una mayor inflación importada, mientras las empresas estadounidenses ganan poder adquisitivo”, asegura Morganne Delledonne, estratega para Europa de Global X, que señala que “las balanzas de pagos de la eurozona se están deteriorando y el riesgo de recesión se acentúa en la región, lo que refuerza la fortaleza del dólar frente al euro”. Según los datos manejados por el BCE, desde mayo de 2021 los precios del petróleo se han incrementado un 88% en dólares, pero más de un 111% en euros como consecuencia de la caída de la moneda.

El temor a que la ralentización económica derive en recesión presionó ayer al barril de petróleo, que recortó un 7% y perdió la cota de los 100 dólares por barril, hasta situarse a niveles no vistos desde el mes de abril. Una situación a la que se sumaron además el repunte de las restricciones en China por el aumento de casos de Covid-19 y la fortaleza del dólar frente al resto de divisas. Además de estos nubarrones, el cártel de países productores de petróleo, la OPEP, dio ayer su primera estimación de hacia dónde irá la producción de crudo el próximo año. Aseguró que “se espera que la demanda de petróleo en 2023 se vea respaldada por unos resultados económicos todavía sólidos en los principales países consumidores, así como por la mejora de los acontecimientos geopolíticos y la contención de la covid-19 en China”, explicó. La caída del petróleo penalizó ayer a las energéticas europeas en Bolsa, que cedieron un 1,2% y lideraron las caídas del Stoxx 600 en una jornada de subidas generalizadas en Europa. Repsol lideró las caídas con un recorte del 5,7%, penalizada además de por la caída del petróleo por el gravamen a las energéticas españolas anunciado por el Gobierno español. La petrolera portuguesa Galp se dejó un 3,1% y la británica BP un 1,96%.

Arturo Gonzalo, consejero delegado de Enagás, fue contundente en la presentación del plan estratégico de la compañía para el periodo 2022-2030: «Europa está en un momento realmente dramático, pero España no lo está». El país, explicó, «hizo un gran esfuerzo que nos permite ver este escenario con confianza». Actualmente España es el tercer país del mundo en plantas de regasificación. De hecho, dispone del 34% de toda la capacidad de regasificación de la UE. Es decir, uno de cada tres barcos llega a sus puertos. Cada uno, cargado con unos 1.000 GWh de gas. Llega menos que por gasoducto –en ese caso, el origen sería Argelia– y es más caro, pero llega. Mientras, quienes dependen de Nord Stream 1 ya han visto, según datos de Enagás, cómo pasaba de enviar unos 2.800 GWh al día hace unos meses a estar en el entorno de los 300 GWh tras la invasión. «España está perfectamente preparada para el escenario de un corte de gas ruso», apuntó Gonzalo. Y Europa lo sabe. Si hace falta, se puede recurrir a sus reservas –actualmente, el almacenamiento subterráneo está al 73,25% y el gas almacenado en las plantas, al 84%– y sus puertos también pueden servir de abrevadero para los barcos europeos, que se podrían ahorrar viajes hasta los países productores. Por otra, Enagás lanza un plan milmillonario para hacer un gasoducto hasta Italia. Se plantea como una de sus nuevas prioridades estratégicas la construcción de un gasoducto submarino entre España e Italia atravesando el Mediterráneo. Partiría desde Cataluña y discurriría cercano a la costa francesa.

Conciliar, el equilibrismo del siglo XXI. Es un verbo que se conjuga con demasiada soltura pero que cuesta poner en práctica a la hora de echar un cable a las familias y, a partir de ahí, elevar las tasas de natalidad que permitan hacer frente al reto demográfico que cada año se nos echa más encima en el mundo desarrollado en general, y en Euskadi en particular. De ahí que una de las patas de cualquier estrategia para intentar atajar la crisis demográfica apunte a instaurar medidas que favorezcan el trabajo con el cuidado de los hijos o de mayores a cargo. En esa línea, Euskadi quiere exigir cláusulas de conciliación a las empresas que aspiren a lograr un contrato público. Ello significará que, una vez se desarrolle la medida que ahora quiere implantar el Gobierno Vasco, cualquier firma que quiera aspirar a una licitación de un contrato con la administración pública vasca –una obra para una carretera o la prestación de servicios informáticos, por ejemplo– deberán contar con planes específicos de conciliación para sus trabajadores, siguiendo el modelo que ya se hizo en su día con los principios de igualdad. La idea viene recogida en el documento ‘Estrategia vasca 2030 para el reto demográfico’ que el Ejecutivo autónomo aprobó el pasado 21 de junio tras haber pasado ya por el tamiz del Parlamento Vasco, donde incorporó 74 resoluciones aprobadas por la Cámara al trabajo previo que ya habían realizado las instituciones. 

Cuestión de días, a lo sumo pocas semanas. Ese es el nuevo marco temporal en el que se mueve uno de los procedimientos administrativos clave para que el tramo de la línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria entre en una fase decisiva. Según ha podido saber EL CORREO, el consejo de administración de Adif ya ha dado luz verde a la licitación del proyecto constructivo para el desarrollo de los 93,6 kilómetros de vías de gran capacidad que no solo enlazarán mediante AVE ambas ciudades, también será la conexión de la ‘Y’ vasca con la red estatal de alta velocidad; y un tramo fundamental en el Corredor Atlántico de la red transeuropea de transporte por ferrocarril. El proyecto dibujará el trazado hasta la ‘boca’ del soterramiento de Vitoria; es decir, casi hasta la estación de Dato. Esa licitación, que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció inicialmente para el primer trimestre del año, se pospuso después tres meses. El plazo expiró el 30 de junio. Y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) desvela que su órgano ejecutivo dio la autorización el pasado día 28, dos antes de acabar el semestre. La última palabra la tendrá, en todo caso, el Gobierno central.

El consejero delegado del aeropuerto de Heathrow, John Holland-Kaye, anunció ayer que se limita la capacidad del aeropuerto londinense a 100.000 pasajeros diarios hasta el 11 de septiembre y pidió a las aerolíneas que no vendan más billetes este verano para evitar retrasos, colas o cancelaciones de última hora. Se trata de la primera vez en la historia del aeropuerto, uno de los mayores del mundo, que limita su capacidad, lo que revela la gravedad de una situación que afecta al sector y que ha sido provocada por falta de personal de tierra de las aerolíneas y de seguridad, tanto por los recortes de la pandemia como por las huelgas, en un momento en el que la demanda se ha disparado. Holland-Kaye explicó que el sector mundial de la aviación se está recuperando, pero “el legado del Covid-19 sigue planteando retos” y admitió que hay funciones “críticas” que todavía no cuentan con los recursos necesarios, como los empleados de tierra. “En las últimas semanas, cuando el número de pasajeros que salen ha superado los 100.000 al día, hemos empezado a ver periodos en los que el servicio baja a un nivel que no es aceptable: largas colas, retrasos para los pasajeros que necesitan asistencia, maletas que no viajan con los pasajeros o que llegan tarde, baja puntualidad y cancelaciones de última hora”, lamentó.

Ni el Ejército más poderoso del mundo puede ser inmune a la pérdida de 37.500 soldados en una contienda bélica que apenas se ha prolongado más allá de cuatro meses. El ruso paga ya la sangría de bajas en Ucrania, sean o no ciertas las cifras que difunde Kiev y desmiente Moscú. Lo único confirmado es que la infantería de Vladímir Putin no protagoniza la Blitzkrieg (guerra relámpago) inicial de los nazis. Sus tropas llevan mucho tiempo estancadas en los frentes del Donbás, en el este, y de Odesa, en el sur, algo que obliga a basar la ofensiva únicamente en los bombardeos con aviones o misiles. Pero ninguna conflagración se gana sin que los soldados pongan sus botas en territorio enemigo y para ello el Kremlin precisa de nuevas remesas de uniformados. Esta circunstancia ha obligado al Ministerio de Defensa a recurrir a métodos de reclutamiento no tradicionales. Si en un principio la invasión se llevó a cabo con jóvenes que cumplían el servicio militar, ahora, según desvela la inteligencia británica, la escasez de reemplazos y abundantes deserciones obligan a reclutar a presos que cumplían condenas o a veteranos que llevan más de diez años retirados y superan en su mayoría los 45 años. Además, cada vez se depende más de los mercenarios del grupo Wagner –hasta ahora solo utilizados en misiones especiales de alto riesgo– para reponer el elevado número de caídos en el campo de batalla. 

"La luz más antigua documentada en la historia del Universo, de hace más de 13.000 millones, permítanme repetirlo, 13.000 millones de años. Es difícil de entender», reconoció el presidente Joe Biden al presentar el Primer Campo Profundo del Webb en la madrugada de ayer. La primera imagen científica del telescopio de la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la canadiense (CSA) da vértigo. Las formaciones más rojizas son los objetos más antiguos conocidos. Son galaxias que brillaban solo 600 millones de años después del Big Bang, la gran explosión con la que empezó todo hace 13.800 millones de años. Y la imagen, como indicó el administrador general de la NASA, Bill Nelson, corresponde «a un trozo de cielo del tamaño de un grano de arena sostenido a la distancia de un brazo extendido». Imagínese lo que queda por descubrir. Pero si el viaje en el tiempo que ya hemos hecho con el Webb es increíble, más lo es su rapidez a la hora de arrancar sus secretos al Cosmos. «Tomamos esa imagen antes del desayuno. Lo sorprendente del James Webb es la velocidad a la que podemos hacer los descubrimientos», dijo ayer la astrofísica Jane Rigby respecto a la imagen del Universo primitivo. Algo para lo que el Hubble necesita semanas, al Webb le basta con un día.