20220909

El organismo presidido por Christine Lagarde aumentará el precio del dinero en un 0,75%, hasta el 1,25%, una medida sin precedentes, y ejecutará más incrementos en las próximas reuniones de su consejo gobernador. «El de hoy es un gran paso hacia la normalización de la política monetaria», señaló Lagarde. El banco europeo sigue, de este modo, el camino iniciado en diciembre, cuando anunció el fin de las compras de emergencia puestas en marcha durante la pandemia y la salida gradual de la era de los tipos negativos. Y, en sus próximos encuentros, el BCE planea aplicar nuevas subidas, «que serán necesarias para estabilizar los precios en el 2% a medio plazo, ya que seguirán siendo altos un largo periodo de tiempo», destacó Lagarde. El banco europeo adoptó esta decisión por unanimidad, ante las perspectivas cada vez más oscuras que dibuja la espiral inflacionista. La entidad ha revisado al alza sus últimas previsiones y calcula que los precios permanecerán por encima del 8% en 2022, antes de bajar al 5,5% el año que viene y al 2,3% en 2024. Estos datos, junto con la depreciación del euro ante el dólar, acabaron perfilando la medida tomada ayer por el BCE y que eleva el precio del dinero al 1,25%. «Teníamos que actuar con determinación», dijo su presidenta, quien ya avisó en julio de que plantearía un nuevo incremento de tipos, aunque entonces no especificó su cuantía.

El alza del precio del dinero elevará las hipotecas, pero los ahorradores verán crecer la rentabilidad de sus depósitos. La deuda pública comenzará a ganar atractivo entre los inversores y “las empresas acabarán invirtiendo menos”, avisa un economista. Con esto, se espera que haya efectos positivos en la economía: se reducirán las expectativas de inflación futura y tomará fuerza la rentabilidad de los depósitos. Aunque también habrá consecuencias menos halagüeñas: se incrementarán los costes de financiación, se frenará el consumo y habrá que vigilar de cerca la morosidad. Además, el Eurobanco mira con recelo la gran amenaza que se vislumbra en el horizonte: si se pasa de frenada, podría arrastrar a la economía europea a una recesión más intensa y prolongada de lo previsto. A pie de calle, el primer efecto de las subidas de tipos es el encarecimiento de la financiación. Algo que sufrirán las familias, sobre todo en las hipotecas. Aunque el alza de 75 puntos básicos de este jueves no se va a reflejar en los próximos días, sino que ya se trasladó en las últimas semanas porque el mercado lo había descontado. “La referencia es el euríbor y este empezó a subir hace tiempo. Lo mismo ocurre con la deuda pública, que se mide generalmente por el bono soberano a 10 años”. 

Los ministros de Energía de la Unión Europea negociaban ayer contrarreloj un acuerdo para lanzar un plan de choque conjunto contra la escalada de los precios de la energía y contra el “chantaje económico” de Rusia, que abre y cierra a su antojo la llave del suministro de gas a Europa. Pero, después de días de un cruce de contactos “al más alto nivel político”, los Gobiernos de los 27 estados miembros de la UE sólo estaban de acuerdo en una cosa: en que no estaban de acuerdo. Y ello a pesar de que todas las miradas internacionales estaban puestas en la cumbre que hoy celebran en Bruselas los máximos dirigentes de Energía de la UE. La cumbre se presupone histórica porque debe servir para lanzar un plan conjunto con medidas más o menos drásticas, que demuestren la unidad de Europa frente a Putin, que ya ha empezado a mofarse de “las tonterías” de Bruselas. Las negociaciones han sido más difíciles de lo esperado y, más allá de las declaraciones rimbombantes, el plan no termina de ver la luz y, al menos hasta ayer a última hora, no dejaba de ser una declaración de intenciones con escasa concreción. Los técnicos de Bruselas han ido lanzando distintas ideas para ese plan. Unas son vistas con buenos ojos por unos países y otras no. Lo que a uno le parece bien, a otro le parece una distorsión del mercado, hasta el punto de que algunos no han dudado en pronunciarse abiertamente en contra. Otros países, como España, piden que las medidas sean voluntarias y no obligatorias, algo que “sigue sin decidirse”, reconocen fuentes del Consejo Europeo.

Pese a que el régimen de Putin ha reducido a la mínima expresión el flujo de gas hacia Europa tras suspender sine die el suministro a través del Nord Stream 1, en algunos países europeos sigue produciendo vértigo enconar aún más el pulso que la UE mantiene con Rusia. El Gobierno austriaco anunció ayer que, debido a su elevada dependencia energética de Rusia, no puede aceptar en estos momentos la propuesta de la Comisión Europea de limitar el precio del gas ruso. “Por muy doloroso que sea, seguimos dependiendo del suministro de gas ruso”, señaló el Ministerio de Energía austríaco en un comunicado. Su rechazo a la propuesta del Ejecutivo que preside Ursula von der Leyen se produjo en vísperas de la reunión extraordinaria que hoy celebrarán los ministros de Energía de la UE precisamente para abordar esta cuestión. Austria es el país que más claro ha mostrado su rechazo, pero no es el único que alberga reticencias. Países como Alemania o la República Checa no han ocultado sus dudas sobre la idea de establecer un techo al precio del gas ruso, especialmente después de que Moscú amenazara con cortar todos sus suministros a la UE si lo hace. Pese a su oposición al plan, la ministra de Energía de Austria, la ecologista Leonore Gewessler, sí coincide en la necesidad de que los Veintisiete consensúen estrategias coordinadas y eficaces para frenar el encarecimiento de los suministros rusos. “Hay que poner fin a los precios abusivos rusos en nuestros mercados eléctricos. Debemos dar una respuesta conjunta, sólo así será efectiva”. 

El ministro federal de Economía, el verde Robert Habeck, ha prometido este jueves al empresariado alemán un paraguas de rescate estatal para afrontar la subida de los costes de producción debido al desmesurado aumento de los precios de la energía. «Vamos a proteger a las empresas y PYMES alemanas», afirmó en su intervención ante el Bundestag, el Parlamento federal, durante el pleno por los debates presupuestarios. El político ecologista subrayó que esas medidas y ayudas tendrán una vigencia limitada, hasta que los esfuerzos nacionales y europeos para frenar el encarecimiento de la corriente eléctrica y el gas tengan sus efectos. El también vicecanciller federal se refirió al ya existente programa para frenar los costes energéticos de la gran industria y destacó que se abrirá también ahora a las pequeñas y medianas empresas. Habeck reconoció, sin embrago, que a la larga resultará imposible «afrontar la subida de los precios a base de subvenciones», por lo que el gabinete del canciller federal, Olaf Scholz, «cambiará el diseño del mercado eléctrico de manera que los costes más favorables beneficien directamente al consumidor». Un estudio hecho público este jueves por la Confederación de la Industria Alemana (BDI) revela que el 58% de las firmas dicen encontrarse ante retos enormes y que un 34% teme incluso por su existencia. Casi una de cada diez compañías se ha visto obligada ya a reducir su producción o incluso a suspenderla por completo, señala el análisis, en el que se destaca que una de cada cuatro empresas estudia o ha iniciado ya el traslado de parte de su producción e incluso puestos de trabajo al extranjero. 

“Ninguna opción saldrá gratis”, dice la ‘premier’ sobre la crisis energética. Un hogar medio no pagará más de 2.900 euros anuales en las facturas. Liz Truss ha tardado menos de 48 horas, desde que se convirtió en la nueva primera ministra del Reino Unido, en anunciar la decisión que puede definir todo su mandato. A partir del 1 de octubre, el precio máximo que pagará por el gas y la electricidad cualquier hogar británico tendrá un límite de 2.900 euros anuales, y no de los más de 4.000 que la autoridad reguladora del país (OFGEM, en sus siglas en inglés) había actualizado a principios de septiembre, de acuerdo con la escalada de precios en el mercado mayorista. La medida se prolongará dos años, justo el tiempo que Truss tiene por delante hasta que deban celebrarse nuevas elecciones generales, y supondrá un gasto público de dimensiones históricas, similar al dinero destinado a salvar empleos durante la pandemia. Los expertos calculan que el plan puede aumentar la deuda pública del Reino Unido en más de 115.000 millones de euros. El plan, cuyos detalles económicos todavía no se conocen, no congela el precio medio actual (unos 2.200 euros anuales), pero pone un freno inmediato a un devastador panorama en el que millones de ciudadanos iban a entrar en una situación de pobreza energética. Ya había en marcha campañas llamando a la rebelión y al impago de las facturas. 

Los precios del gas natural en Europa cayeron ayer a su valor más bajo en casi un mes, tras los anuncios de la Comisión Europea sobre su intención de intervenir en el mercado. El precio del gas TTF en Holanda, de referencia en el Viejo Continente, bajó a comienzos de la jornada más de un 7% y perforó los 200 euros/Mwh por primera vez desde el pasado 10 de agosto. El descenso confirma una tendencia a la baja que comenzó el martes, después de que los precios se dispararan el lunes el 17% como primera reacción al cierre indefinido del gasoducto Nord Stream I, que suministra gas ruso a Alemania. Pero un día después, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció que buscará establecer un límite a los precios. Actualmente, el suministro solo llega a través de Ucrania y no se descarta que Moscú pueda interrumpirlo totalmente si los países de la UE acuerdan valores máximos para los hidrocarburos rusos. A la espera de medidas comunes que se adoptarán hoy, los países del bloque europeo ya han comenzado a desarrollar sus propias iniciativas. El Gobierno sueco ha propuesto un plan para dar liquidez a las empresas eléctricas con el fin de que permitan que los consumidores paguen las facturas a plazos. Países como Alemania y Finlandia ya han anunciado programas para asistir a compañías locales afectadas por la volatilidad de los mercados. El ministro de Industria alemán, Robert Habeck, confirmó ayer que extenderán amplias ayudas al sector privado.

El precio de la gasolina lleva diez semanas a la baja en España, según los últimos datos del Boletín Petrolero de la UE, mientras que el del gasóleo acumula tres semanas al alza. De este modo, el precio medio del gasóleo en España se situó esta semana en 1,92 euros, mientras que el de la gasolina de 95 octanos lo hizo en 1,77 euros. Se trata de la brecha más alta de la serie histórica que mide la Comisión Europea, iniciada en 2005. Fuentes de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que reúne a las principales empresas con actividad en España (Repsol, Cepsa, BP, Galp o Saras Energía) justifican en primer lugar la mayor subida del precio del gasóleo por la desaparición de las ventas desde Rusia. “Rusia exportaba gasoil ya refinado y las sanciones europeas provocaron fuertes cuellos de botella en una parte importante de las refinerías en los grandes países de la UE porque no tenían capacidad para refinar otros gasóleos más pesados y más complejos y de esa forma sustituir al ruso”. Algo que, según esas mismas fuentes, no ha sucedido en España, donde las fuertes inversiones de 7.000 millones de euros desde la Gran Recesión “han evitado los cuellos de botella”. Y los más perjudicados son los conductores que utilizan el gasóleo como combustible para sus vehículos, que son mayoría en la Unión Europea. España, al igual que Alemania , Francia o Italia, sufrió desde 2000 una profunda transformación de su parque automovilístico en lo que se llamó a denominar la dieselización. 

El precio del petróleo encadena un retroceso del 30% en los últimos tres meses y ya se sitúa por debajo de los 90 dólares por barril, unos niveles que no alcanzaba desde principios de febrero, antes de que la invasión rusa de Ucrania sacudiera los mercados. Todo ello debería suponer un rayo de esperanza para los países occidentales, para los que la rebaja del crudo se traduce en un abaratamiento de las importaciones que da aire al consumo en un momento complicado por la subida de los tipos de interés y alivia la espiral inflacionista. O, al menos, así habría sido en circunstancias normales, porque el retroceso se debe más a la caída de la demanda global que a un aumento de la producción, además de que el crudo y sus derivados forman uno más de los grandes mercados más disfuncionales que han aflorado en los últimos meses, como pone de manifiesto que el gasóleo está hoy a 1,92 euros por litro, un 33% por encima de hace siete meses debido a los numerosos cuellos de botella en el refino y a la debilidad del euro. El barril de Brent, de referencia en Europa, ha caído esta semana por debajo de los 88 dólares por barril en lo que supone un capítulo más de la tendencia bajista que arrancó a principios de junio, cuando el barril alcanzó los 124 dólares. Esto es, un descenso de casi el 30% en cuestión de tres meses. Sin embargo, la primera mala noticia es que el descenso se produce en un momento en el que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios (OPEP+) están recortando su producción por el temor a una recesión global que cada vez está tomando cuerpo de forma más clara. Por un lado, los datos de los Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) de Standard & Poor’s señalan una contracción de la actividad en Estados Unidos, Europa y China y muchas empresas están paralizando los nuevos contratos debido a que las mercancías se empiezan a acumular en sus almacenes ante una demanda que languidece. 

La aprobación de los impuestos extraordinarios a las compañías energéticas y a los bancos es la prioridad para el Gobierno en el comienzo del curso parlamentario. La propuesta será el asunto principal del primer pleno del Congreso tras el verano, convocado para el martes, y se prevé una tramitación rápida. La iniciativa se registró a finales de julio como una proposición de ley conjunta de PSOE y Unidas Podemos, lo que permite acelerar su aprobación. Si fuese un proyecto acordado por el Consejo de Ministros, tendría que esperar a los informes previos de los órganos consultivos, cuya opinión no es vinculante pero que el Ejecutivo está obligado a escuchar previamente. La propuesta llega a debate en un momento en que el presidente, Pedro Sánchez, ha incrementado sus críticas a la actitud de las compañías energéticas, como se pudo ver el martes en su debate en el Senado con Alberto Núñez Feijóo, a quien llegó a acusar de deber su liderazgo en el PP al respaldo de las grandes corporaciones.

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea avisa del «riesgo» de que España fracase con los nuevos fondos europeos al ser peor ejecutor hasta la fecha con el dinero tradicional comunitario. Una de las conclusiones del informe especial de este organismo fiscalizador con sede en Luxemburgo sobre los llamados Planes de Recuperación y Resiliencia es que hay países que absorben mal tradicionalmente los fondos y se encuentran ahora con una cifra sideral adicional que deben ejecutar por completo antes del 31 de agosto de 2026. Y, de ellos, según el informe del Tribunal, el peor situado es España. «Los Estados miembros deben disponer de tiempo suficiente y de la capacidad administrativa adecuada para absorber los fondos de la UE», afirman los auditores del organismo fiscalizador. Y añaden que «algunos de los Estados miembros con la menor absorción en el período de programación de 2014-2020 recibirán un apoyo sustancial del MRR en los próximos años» y aporta el dato de que el peor de ellos es España. ¿Cuál es el problema? Pues que «el nivel de recursos administrativos necesarios para gestionar el aumento sustancial de los fondos puede no ser suficiente». Y recalca que «en particular, en aquellos Estados miembros en los que una elevada proporción de las inversiones públicas ya están financiadas por la UE, esta circunstancia puede elevar el riesgo de que no puedan gastar los fondos de que disponen y obtener una rentabilidad». Acompaña esta reflexión con un gráfico en el que nó solo aparece España con el peor dato de absorción de los llamados fondos estructurales para el período 2014-2020, sino que también es, junto a Italia, el principal beneficiario del bazuca del dinero de los llamados Next Generation.

La facturación de las grandes empresas volvió a desacelerarse en julio por tercer mes consecutivo, cuando creció un 5,2% interanual, la mitad de lo que se incrementaron las ventas en abril pasado, apenas tres meses antes, según los datos de la encuesta que elabora la Agencia Tributaria sobre ventas, empleo y salarios en las grandes empresas a partir de sus retenciones y declaraciones de IVA. No obstante, pese a esta desaceleración, este nivel de facturación ha permitido a estas grandes compañías –aquellas cuyo volumen de operaciones superó los 6,01 millones de euros en el año anterior y las pymes societarias– seguir aumentando los sueldos y creando empleo a buen ritmo (estas empresas emplean a más de cuatro millones de trabajadores). En concreto, los salarios de sus trabajadores se han incrementado un 3,9% más que hace un año, lo que supuso una subida de un punto respecto al mes anterior en tasa interanual. Este avance salarial, impulsado por la espiral inflacionista, queda patente en el incremento de los rendimientos brutos medios por trabajador que calcula esta encuesta y que se estabiliza en una media del entorno del 3,5% en lo que va de año, frente al 1% que aumentaron de media las retribuciones de los trabajadores de estas empresas el año pasado. Según recuerda la propia Agencia, habría que remontarse hasta 2008 para encontrar un ejercicio con una tasa de crecimiento interanual de los salarios superior a esta. 

El Gobierno ultima el diseño del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 y, según fuentes oficiales, ha iniciado ya una ronda de contactos preliminares con el colectivo de funcionarios antes de abrir formalmente la mesa de negociación sobre la subida de los sueldos públicos que las nuevas cuentas fijarán para el próximo año. Aunque el Ejecutivo aún no ha trasladado cifras concretas, fuentes del Ministerio de Economía cifran en el 3% el deflactor del PIB, indicador que tradicionalmente ha sido clave en la formación de la subida de los sueldos públicos. Los sindicatos del funcionariado, a su vez, ultiman movilizaciones para exigir subidas de mayor calado que palien su pérdida de poder adquisitivo. Después de todo, el Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró agosto con un incremento interanual del 10,4%, reflejando un encarecimiento generalizado de la cesta de la compra impulsado por la subida de costes de energía y materia primas, mientras que la tasa subyacente, que elimina los componentes más volátiles, escalaba ya al 6,4%. A falta de ver si la inflación se modera en la recta final del año, como espera el Gobierno, los funcionarios afrontan esta escalada de precios con un incremento de sus salarios del 2% aprobado para este año. En contraposición, sin embargo, el Gobierno calcula el impacto de la evolución de precios sobre la actividad a través del deflactor del PIB. La construcción de este, detallan fuentes de Economía, implica un aumento de 7,9 puntos por la demanda nacional, más otros 5,7 puntos de las exportaciones que se ven contrarrestadas por una rebaja de 10,6 puntos debida a las importaciones, lo que modera hoy el deflactor del PIB al 3%.

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, celebró ayer su tradicional reunión de inicio de curso con los sindicatos, a la que hoy seguirá un encuentro con la patronal Confebask. La cita coincide en un momento de gran tensión por debate sobre cómo trasladar a los salarios una inflación del 10,4%. Cada sindicato mantuvo su reunión por separado. El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, expuso sus reproches a la falta de disposición del Gobierno vasco de aplicar una reforma fiscal y también por la consolidación de los recortes de la RGI. LAB se quejó de que Mendia no les había recibido personalmente por un problema de agenda. Por su lado, CC OO-Euskadi pidió que el Gobierno tome medidas para proteger a los más vulnerables ante la inflación, mientras que UGT-Euskadi advirtió de la alta siniestralidad y del bloqueo de la negociación colectiva.

La falta de «piezas críticas» obligará a MercedesBenz Vitoria a dejar estacionadas en campa 3.100 furgonetas durante un mínimo de dos semanas. Los vehículos están ya vendidos, pero no se puede completar su equipamiento básico por esa crisis de suministros que golpea desde hace meses de un modo especial al sector de la automoción. La empresa comunicó ayer a los sindicatos la escasez de al menos 35 piezas clave para el ‘combi’ final de los monovolumen; una situación que se mantendría entre dos y tres semanas. Pasado ese tiempo, el cronograma fija completar el equipamiento de una media de cien unidades cada día. Una pieza de tacógrafo o un elemento clave para el condensador de algunos motores se señalan entre los componentes que no se han entregado a tiempo. La empresa no ha modificado aún su objetivo de producción del año (158.000 vehículos). La plantilla trabajará todos los sábados este mes y el siguiente. E incluso se ha notificado a los sindicatos que no descarta «como posibilidad» que se amplié la jornada de trabajo en el turno de noche.

«El directivo frente a la transición a un nuevo mundo». Es el lema del congreso que reunirá en Bilbao el próximo 29 de septiembre a buena parte de la élite empresarial española, en un acto organizado por la asociación CEDE. La Confederación Española de Directivos, presidida por Isidro Fainé, asimismo máximo responsable de la Fundación La Caixa, ha elegido el Bilbao Exhibition Centre para celebrar este año su convención anual a la que también ha sido invitado el rey Felipe VI, aunque la Casa Real no ha confirmado todavía su asistencia. Esta cumbre de directivos contará con el respaldo institucional del Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao. El congreso fue presentado ayer por la presidenta del comité organizador, Amaia Gorostiza, presidenta de la Sociedad Deportiva Eibar y vocal del consejo de administración de varias empresas. Varios cientos de directivos empresariales de toda España acudirán ese día al BEC, donde se desarrollará el encuentro que se ha estructurado con la programación de varias mesas redondas y conferencias. La actual situación geopolítica, la crisis energética, la coyuntura que afecta al sector financiero e incluso el futuro de ese nuevo mundo denominado metaverso, serán algunos de los temas que se someterán a discusión en la jornada. Entre los ponentes que han confirmado su asistencia figuran, además del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, destacados líderes del mundo empresarial como José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica; José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España; Antonio Brufau, presidente de Repsol; Juanjo Cano, presidente de KPMG; Héctor Flórez, presidente de Deloitte; Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu, y Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

El gigante danés fija en el territorio el cuartel general del negocio de telecontrol para todo el mundo. La firma, que a pesar de ser un gigante con 40.000 trabajadores y presencia en medio mundo se mantiene como una empresa familiar, compró a Ikusi su división de telecontrol en el verano de 2018 por una cantidad nunca desvelada. Entonces, el consejero delegado de Danfoss, Kim Fausing, y el presidente de Danfoss Power Solutions (la división en la que se integrará la firma guipuzcoana), Eric Alström, explicaron que la intención de la danesa era convertir las instalaciones donostiarras en «un centro de excelencia para telemandos». Dicho y hecho. En esa senda de consolidación de su apuesta por Gipuzkoa, Danfoss ha decidido apostar fuerte e inaugurar nuevas instalaciones. En concreto, la firma está estos días de mudanza desde el edificio Tándem en Donostia (donde se ubica Ikusi) a un pabellón de 3.500 metros cuadrados ampliables en otros 2.200 alquilado en Usurbil. La obra, a cargo de Amenabar, dará paso a una fábrica con nuevas y modernas máquinas laser, robots cartesianos y mesas ergonómicas en las que los operarios procederán al montaje de las piezas que fabrican. Las nuevas instalaciones, que se pondrán en marcha el próximo lunes, explica la máxima responsable de la planta, la ingeniera donostiarra Pilar González, van a permitir a la compañía duplicar su producción y su facturación, atacando con decisión los mercados de Estados Unidos, Canadá, China y Europa, donde quieren crecer.

Los fabricantes de productos del Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés), como hervidores y frigoríficos inteligentes, y los desarrolladores de software se enfrentarán a fuertes multas si no cumplen las estrictas normas dirigidas a evitar los ciberataques, según el proyecto de legislación de la UE que se dará a conocer la próxima semana. Las empresas tendrán que obtener certificados obligatorios que demuestren que cumplen los requisitos básicos de ciberseguridad que minimizan el riesgo de ataques, según un documento confidencial visto por Financial Times. Las que no lo cumplan serán multadas con hasta 15 millones de euros o el 2,5% de la facturación mundial del año anterior, lo que sea mayor. Las nuevas normas también otorgarán a la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, poderes para retirar y prohibir los productos que no cumplan la normativa. Un estudio realizado por los organismos regulatorios de la UE puso de manifiesto que sólo la mitad de las empresas pertinentes aplican medidas de protección adecuadas contra los ciberataques. El tamaño del mercado ronda las 23.000 empresas fabricantes de hardware y los 370.000 fabricantes de software, con una facturación anual combinada de 285.000 millones y de 265.000 millones de euros, respectivamente. La investigación también reveló que dos tercios de los ciberataques proceden de infracciones detectadas previamente que los fabricantes no habían corregido, algo que la nueva normativa exigirá para que los productos puedan acceder al mercado de la UE.

Con su irrupción en el sector alimentario y su determinación a pactar con los grandes grupos de distribución la congelación de precios de una cesta básica de alimentos, Yolanda Díaz no solo ha invadido las competencias de otros ministerios, con Agricultura a la cabeza, pisando callos entre sus compañeros socialistas de Gobierno, sino que también ha provocado, a partes iguales, indignación y temor entre el pequeño comercio. “Es un torpedo en la línea de flotación del pequeño comercio”, aseguró ayer el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Rafael Torres, quien explicó que si esa iniciativa sale adelante “ejercería un efecto llamada para que la gente vaya a comprar a las grandes cadenas y deje de ir al comercio de proximidad”, lo que hundiría a los pequeños establecimientos. Díaz aseguró ayer que no pedirá al pequeño comercio el mismo esfuerzo que al grande. De hecho, el lunes se reunirá con las patronales Anged, Aces y Asedas, todas ellas asociaciones de grandes distribuidoras alimentarias, pero dista mucho de ser una buena noticia para los pequeños comerciantes. “Si eso se pone en marcha, se va a cargar al pequeño comercio, que no puede competir con eso, porque no puede asumir esos costes ni esa reducción de márgenes”, advirtió Torres, quien añadió que perderían “una cuota de mercado descomunal”. Eso se traduciría a su vez en la pérdida de empresas y de empleo , por lo que “esto es inviable, no se puede permitir”, afirmó el presidente de la CEC, que representa a cerca de 500.000 comercios de toda España que emplean a 1,8 millones de trabajadores. En términos similares se expresó Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de los Trabajadores Autónomos (ATA), al afirmar que “daña al pequeño comercio, que no tiene la misma capacidad de competir. Siempre se señala al tendero, al frutero y al pescadero”.

La autoridad de Competencia vigilará y perseguirá cualquier posible concertación del precio de los alimentos que puedan pactar las empresas privadas en el marco de la propuesta efectuada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para tratar de abaratar la cesta de la compra. Así lo advierten fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos que defienden la necesidad de preservar la libre competencia en un mercado que –al contrario del gasista– consideran que funciona correctamente sin necesidad de ser intervenido. El aviso efectuado ayer desde el entorno de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, supone toda una línea roja a las pretensiones trasladadas por la vicepresidenta segunda y líder del ala morada del Ejecutivo, que ha pedido “precios limitados o congelados” a la gran distribución. En Economía matizan que la cosa cambia si la intención es incentivar ofertas de alimentación en el marco de la libre competencia, pero que la fijación de precios no puede pactarse o imponerse a todos los vendedores. Desde Asuntos Económicos explican que, más allá del recorrido que pueda tener la propuesta de Yolanda Díaz, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigila con especial atención estos días cualquier posible distorsión del juego de demanda y oferta dada la delicada situación económica. Después de todo, el Índice de Precios al Consumo (IPC) viene experimentando incrementos inéditos en casi cuatro décadas y cerró agosto con un avance del 10,4%. Cualquier vulneración de las normas de competencia, por tanto, puede multiplicar sus efectos perjudiciales en un entorno de incremento de costes a doble dígito.

La caída de la natalidad que sufre Euskadi desde hace años tiene un reflejo en el descenso continuado de alumnos del sistema educativo vasco, que ayer inauguró oficialmente el curso con 3.261 escolares menos que el año pasado, una bajada del 0,9% que deja la cifra total en 361.031 estudiantes. El descenso, no obstante, es menor al registrado hace un año, cuando la incidencia del Covid llevó a muchas familias a retrasar la escolarización de sus hijos menores de 3 años para evitar posibles contagios. El curso anterior la caída fue de 5.200 alumnos, lo que supuso un descenso del 1,41%. En Gipuzkoa, la bajada de este año se ha amortiguado (-0,67%, 842 alumnos menos) con respecto a Bizkaia, que ha perdido un 1,2% de su alumnado. Álava es la que menos cae, con un 0,46%. El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, quiso lanzar ayer en la apertura oficial del curso no universitario un mensaje de «tranquilidad» hacia toda la comunidad educativa, después de que las horas previas a este arranque fueran intensas en su departamento. Sobre todo, por el acuerdo ‘in extremis’ que se alcanzó el miércoles para garantizar el servicio de transporte para los alumnos de la escuela pública vasca y por los problemas técnicos que retrasaron la asignación de plazas de los profesores sustitutos. Bildarratz negó que haya habido «improvisaciones» y dio por «cerrada» la negociación sobre el servicio de transporte de los colegios públicos tras el pacto alcanzado con el sector para una subida del 24,1% en las tarifas, a las que hará frente el Departamento de Educación.

Los cinco hitos que es posible que se superen, incluso ya con el actual nivel de calentamiento, son: el colapso de la capa de hielo de Groenlandia y el de la Antártida occidental, la pérdida abrupta del permafrost (el suelo helado de las latitudes boreales), la muerte masiva de los corales tropicales y el colapso de las corrientes en el Mar de Labrador, ubicado frente a Canadá, en el Atlántico. Por cada décima de calentamiento extra, la probabilidad de sobrepasarlos se vuelve más real. Los investigadores consideran que esos cinco puntos de inflexión se rebasarán aunque el Acuerdo de París contra el cambio climático, firmado en 2015, se cumpla. Ese pacto mundial tiene como objetivo principal reducir las emisiones de efecto invernadero mundiales a un ritmo suficientemente rápido para lograr fijar el calentamiento entre los 1,5 y los 2 grados Celsius. La primera gran evaluación de los puntos de inflexión climática data de 2008. Pero desde entonces se ha mejorado el conocimiento en este campo. “Ha habido muchos avances importantes en la ciencia del clima, con modelos climáticos mejorados, más observaciones y más registros históricos del cambio climático que ayudan a comprender mejor cómo y cuándo podrían ocurrir puntos de inflexión en el sistema climático”, detalla David Armstrong McKay, investigador de la Universidad de Exeter (Reino Unido) y autor principal del estudio. A medida que la ciencia ha avanzado, los umbrales de calentamiento a partir de los que se prevé que se supere cada uno de los hitos se van rebajando. “Algunos puntos de inflexión ya son posibles ahora y se vuelven probables más allá de los 1,5 grados. Eso significa que muchos puntos de inflexión probablemente estén más cerca de lo que pensábamos”. 

Isabel II, el símbolo universal de lo que representa una casa real europea, parte fundamental de la historia británica de la segunda mitad del siglo XX y de las dos primeras décadas del XXI, murió ayer a los 96 años en su residencia de Balmoral, según confirmó un sobrio comunicado del palacio. El nuevo rey, Carlos III, declaró: “Lamentamos profundamente la muerte de una soberana querida y una madre muy amada”. Pese al declive de su salud en el último año y medio, la monarca más longeva y popular del Reino Unido estuvo en condiciones el pasado martes de encargar a Liz Truss la formación de un nuevo Gobierno. Isabel II heredó un imperio que se deshizo y se convirtió a los 25 años en la clave de bóveda de la arquitectura constitucional de su país. Sus siete décadas de reinado fueron la demostración de que la supervivencia de la institución depende siempre de la personalidad de quien ostenta la corona. Y la suya fue una combinación de tradicionalismo, invisibilidad, liturgia, modernidad en pequeños sorbos y una delicada neutralidad que logró el respeto de los 15 primeros ministros, conservadores y laboristas, que gobernaron en su nombre. Isabel II falleció ayer a los 96 años, en su residencia de Balmoral y rodeada por toda su familia, según anunció a media tarde el palacio de Buckingham.