20221003

Gonzalo García Andrés (Madrid, 1973) es el ‘número dos’ del Ministerio de Economía, la cartera del Gobierno que sujeta, entre otros programas, todos los avales de los créditos ICO. El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa no ve problemas en esos pagos y señala que el 90% se están devolviendo con normalidad. Aunque sí reconoce la preocupación del Gobierno por mantener el flujo del crédito a las empresas y asegura que estarán muy pendientes para que las entidades financieras sigan manteniendo esa actividad. El ‘número dos’ de Calviño ve «sólidas» las economías vasca y española y aventura una bajada de la inflación. " Los datos que tenemos sobre la evolución de los márgenes no apuntan a la existencia de efectos de una segunda ronda. Nos permiten ver que la inflación interanual va a ir bajando...Necesitamos que no haya nuevos elementos de presión doméstica en la inflación. Es muy importante que tomemos las medidas para que no se produzcan en los próximos meses y por eso seguimos insistiendo en la importancia de completar el pacto de rentas, un acuerdo en la evolución de los márgenes empresariales y los salarios. Eso nos ayudará a seguir esta senda y que lo más rápido posible volvamos a un nivel de inflación más próximo al 2%...Las exportaciones en el País Vasco, como en España, han alcanzado un nivel histórico. Y las cifras que tenemos de este tercer trimestre apuntan a que la economía sigue creciendo y sigue creando empleo. Es cierto que los datos del sector exterior muestran un entorno difícil y la actividad va a sufrir las consecuencias, pero, en general, las economías vasca y española están sólidas..."

Se prevén tres trimestres de crecimiento en el entorno del 0%. La economía española cotiza, como la práctica totalidad del mundo occidental, a la baja para 2023. Han rebajado previsiones OCDE, CEOE, Santander y el Consejo General de Economistas y próximamente lo harán el Banco de España, BBVA y CaixaBank. La etapa de fuerte crecimiento económico que se desencadenó tras la pandemia por Covid ha tocado a su fin: el 90% de los países desarrollados han visto revisadas a la baja sus previsiones, según el Banco Mundial. La guerra en Ucrania y la consecuente crisis en el mercado energético han generado tasas de inflación que han forzado a subir los tipos de interés. Ahora está por ver si este frenazo en el crecimiento va a degenerar en una recesión: dos trimestres seguidos de contracción de la economía. Los economistas del Banco Mundial advierten de que todos los indicadores económicos que suelen ir mal antes de las recesiones ahora apuntan hacia abajo. Crecimiento global, pedidos de en el sector manufacturero, condiciones del mercado financiero y confianza de los consumidores. Todas estas variables apuntan en direcciones similares a los observados en todas las recesiones desde 1970.

El incesante castigo de la inflación a todas las economías está desbaratando todas las previsiones de crecimiento. Una de las soluciones que planteó antes de verano el Gobierno español para paliar sus efectos, el denominado pacto de rentas, parece cada día más lejos de convertirse en realidad. Patronal y sindicatos están muy alejados en sus posiciones, en especial en materia salarial, y el Ejecutivo, pese a sus llamamientos a ambas partes, ofrece la sensación de no tener confianza en un posible acuerdo. El pacto de rentas apareció en el debate político y económico pocos días después del comienzo de la invasión rusa a Ucrania. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso “un gran pacto de rentas” a empresarios y sindicatos, con esfuerzos para ambas partes. Por un lado, en “los costes salariales”, con menores subidas de sueldos, y por el otro, con “la moderación de los márgenes y beneficios de las empresas”. El objetivo final era “evitar caer en una espiral de precios, que mine el poder de compra de las familias, de los ahorradores y que ponga en riesgo la recuperación económica”. 

Los más de tres millones de empleados públicos recibirán a final de año una paga de más de 500 euros de media. Esto se debe a que el Gobierno ha aceptado actualizar la subida salarial del 2% que había aprobado para este año ante la escalada de la inflación, que se sitúa en el 9% según los últimos datos del mes de septiembre. Así, para compensarles un poco por la pérdida de poder adquisitivo que están experimentando, el Ministerio de Hacienda ha accedido a aprobar un incremento extra del 1,5% con efecto retroactivo desde el 1 de enero, que se ha comprometido a abonarles antes de que termine 2022, según explicaron a este periódico fuentes sindicales. Es muy poco habitual que, una vez que se ha recogido una subida salarial para este colectivo en los Presupuestos Generales, se revise este alza y se aumente. Al menos en los últimos años. Hasta ahora esto solo sucedía con los pensionistas, a los que antes de la reforma de 2012 sí se les compensaba con una ‘paguilla’ por la desviación de los precios (en caso de que estos crecieran más que su revalorización). El salario medio de un empleado público se sitúa en los 2.884 euros (en 12 pagas), según recoge el INE con los últimos datos disponibles de 2020 extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Esto supone que los funcionarios tienen un sueldo anual que roza los 35.000 euros brutos anuales, es decir, 2,5 veces más que el salario mínimo interprofesional, situado en los 14.000 euros. Previsiblemente, esa retribución superará los 3.100 euros en 2024. Gobierno y sindicatos tratarán de cerrar hoy un acuerdo que puede elevar hasta un 9,5% el sueldo de este colectivo en tres años. 

Las pequeñas y medianas empresas españolas se enfrentarán a un otoño especialmente duro. Así lo asegura Cepyme en su último Indicador sobre la Situación de la Pyme del segundo trimestre del año, en el que, a pesar de que reconoce que las empresas se encuentran en una mejor posición que en el primero, el deterioro de la economía en los próximos meses tendrá un impacto considerable en ellas. De hecho, ya hay aspectos en los que detectan cómo la situación está empeorando gradualmente. El principal es el de los márgenes empresariales. Y no es que las ventas se hayan reducido. Este repunte en la actividad ha provocado que aumenten en un 14,5% con respecto al año anterior, pero el incremento de los costes totales es aún mayor, del 24,4%. Esto provoca que los márgenes empresariales sean cada vez más estrechos. En otoño, calcula Cepyme, es cuando este problema adquirirá una mayor dimensión: será “cuando la actividad se ralentice y las empresas se vean obligadas a endeudarse más para hacer frente a los costes, a pesar de que la tasa de endeudamiento ya supera el 100% de su patrimonio neto”. Por categorías, la que mayor crecimiento interanual ha tenido ha sido la de los costes de la energía, que se ha duplicado en sólo un año, en consonancia con el crecimiento experimentado en el último año a raíz del conflicto en Ucrania. Le sigue el coste de los insumos, un 51,7% mayor, lo que supone “el incremento más elevado en 20 años”. En tercer lugar está el coste de los bienes intermedios, un 21,5% mayor, y en el cuarto, los bienes de equipo, que se han encarecido un 5,7%. Además, los costes laborales han experimentado una subida del 6,2% y los servicios que contratan las pymes un 2,7%. Todos estos condicionantes provocan que el endeudamiento marque cuatro trimestres consecutivos en ascenso y llegue a su nivel más alto desde 2018. 

De acuerdo con la última Encuesta de Población Activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 36 ramas de actividad con menos trabajadores que hace tres años que se han dejado en total casi medio millón de empleos, encabezados por el comercio minorista, los servicios de comidas y bebidas y el empleo doméstico. Hay varios motivos que han impedido que muchos sectores recuperen el empleo a pesar de la intensa contratación de los últimos años. Por ejemplo, el temor a los contagios de coronavirus ha retraído muchos servicios que conllevan el trato personal o las aglomeraciones, a lo que hay que sumar el cambio en los patrones laborales y de consumo por el teletrabajo. Sin embargo, a los problemas más directamente generados por la pandemia hay que sumar también otros que han surgido indirectamente, como es la falta de ciertos suministros clave, la escalada de precios (especialmente, los energéticos), que laminan la competitividad de las fábricas o la pérdida de poder adquisitivo, que penaliza aquellos bienes y servicios de los que es más sencillo prescindir. Y a ello hay que sumar también la dificultad para encontrar trabajadores especializados en determinadas actividades, un cuello de botella que surge especialmente en aquellas áreas en auge, pero que también aparece en algunas de las que quedan más rezagadas.

Entrevista con Wayne Griffiths, presidente de Anfac. Los fabricantes piden velocidad en la instalación de puntos de carga, auguran una lenta llegada de chips y abogan por ampliar a los híbridos la inversión del Perte. Reclama bajadas de impuestos y más esfuerzos en el mercado de coches eléctricos en la instalación de puntos de carga. ¿Qué necesita el coche eléctrico para despegar en España? “Lo primero serían deducciones en el IRPF de las ayudas al coche eléctrico”, indica Griffiths. “También está el IVA de los vehículos electrificados. No hemos fijado un nivel concreto, pero como medida es necesaria”. El directivo también pide deducciones en el impuesto de sociedades para las empresas por adquirir eléctricos. A la hora de animar la compra de eléctricos, “no hay que inventar cosas nuevas, sino emular las mejores prácticas de nuestros vecinos, qué están haciendo y el nivel necesario para incentivar la compra”. Anfac renuncia a pedir ayudas a la compra de coches de gasolina o diésel, como el Pive de antaño: “Estamos claramente en incentivar el coche eléctrico y en los objetivos europeos de bajas emisiones”. Griffiths considera que ha llegado “el momento de democratizar la movilidad del coche eléctrico”. El cambio “ha venido de arriba abajo, primero con los coches de lujo y prémium, y ahora deben llegar los coches eléctricos urbanos a precio accesible para más personas. Eso, junto a los incentivos del Gobierno, ayudará a acelerar el cambio”.

Un aluvión de nuevas marcas de vehículos eléctricos ha llegado en los últimos meses al mercado automovilístico español. Estas firmas, sustentadas por capital chino, competirán con los fabricantes de vehículos tradicionales en un campo muy específico: el del vehículo eléctrico. Mientras los grandes grupos como Volkswagen, BMW, Stellantis o Renault tienen que asumir una cuantiosa inversión para electrificarse, estas nuevas marcas como Lynk & Co o Aiways se centrarán en el coche electrificado sin acarrear con el coste de transformar su cadena de producción. En el caso de Aiways, la compañía, fundada en 2017 por Samuel Fu, llegó a España a mitad de este año con el SUV U5, un coche 100% eléctrico fabricado en la localidad china de Shangrao. A pesar de que acaba de llegar a España, la marca desembarcó en Europa en 2020 y ya está presente en países como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia o Italia. Aiways, que promete un nuevo modelo eléctrico por año, lanzará en los próximos meses el U6, un SUV cupé. Otra marca que ha desembarcado en el mercado español en los últimos meses es Polestar, una firma que si bien tiene sus oficinas centrales en Suecia, está controlada por el grupo Geely, gigante automotriz chino que posee un 50% de la compañía. El otro 50% pertenece al grupo Volvo, el cual también está controlado por Geely. Esta marca de lujo llegó a España de la mano de su berlina Polestar 2 y el mes que viene presentará el Polestar 3. No tendrá una red de distribución clásica, ya que venderá por internet, pero prevé tener showrooms en las principales ciudades españolas. Ya tiene uno en Barcelona y en noviembre abrirá uno en Madrid.

El sector inmobiliario siente «desazón» con el Gobierno y eso a pesar de reconocer que ambos trabajan en colaboración público-privada para avanzar hacia el objetivo común de facilitar el acceso a la vivienda en España. Sin embargo, las empresas y actores del mercado no se consideran lo suficientemente escuchados y sí lo suficientemente intervenidos o amenazados como para que la inseguridad jurídica se haya convertido en una de sus principales denuncias y preocupaciones. El impacto de la guerra en Ucrania, la posible recesión económica en Europa y las subidas de tipos dibujan «nubarrones» en el horizonte que han empezado a asustar a los inversores, dentro y fuera de España. «Hay una preocupación creciente en los seis últimos meses. El dinero se está asustando. España sigue siendo atractiva, pero nosotros estamos dedicando mucho esfuerzo a trasladar esa visión y transmitirles tranquilidad», dijo Borja García-Egotxeaga, CEO de la promotora Neinor Homes, en el Congreso Nacional de Vivienda celebrado hace unos días en Valencia. Su impresión la secundan otras fuentes del sector consultadas. Todas coinciden en una expresión, «runrún», para describir la incertidumbre creciente por el futuro más próximo en el ladrillo, especialmente después de dos años marcados por el fervor de la pandemia y el resurgir de un sector que ya fue duramente golpeado por la crisis de 2008. «La nube está sobre los inversores. España es un país bien posicionado en los mercados internacionales, sigue generando atracción, pero otra cosa es que esos inversores estén siendo ahora más prudentes», aseguran. «Hay runrún y necesitan de mensajes de tranquilidad».

El Gobierno estima que la economía española va a crecer gracias a los fondos europeos Next Generation un total de 2,6 puntos porcentuales de media entre 2021 y 2031 adicionales a lo que crecería en ausencia del programa. Sin embargo, ese pronóstico presenta serias dudas entre economistas y expertos, que a la luz del retraso en la ejecución, reducen el impacto actual del Plan de Recuperación en el crecimiento económico. Según explicó hace dos semanas la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en el Congreso de los Diputados, el impacto esperado del plan este año será de 1,9 puntos porcentuales respecto al escenario de crecimiento inercial, pero eso no significa que la economía vaya a crecer en 2022 al menos un 1,9% por efecto de los fondos, a lo que se sumaría un crecimiento adicional por la propia actividad del país. Desde Economía explican que ese porcentaje se aplica a lo que denominan «escenario inercial de crecimiento», es decir, a lo que crecería el país si no hubieran existido nunca los fondos NGEU. El Gobierno prevé que el PIB crezca este año un 4,3%, así que la pregunta es: ¿Cuánto de ese crecimiento del 4,3% se producirá gracias a los fondos europeos? En el Ministerio dicen no poder responder a la cuestión, ya que su modelo macroeconómico «no calcula el impacto de los fondos en tasa de crecimiento». La explicación no convence mucho a los economistas consultados por este medio, que dudan en cualquier caso de que los fondos vayan a aportar ese crecimiento adicional de media debido al retraso que hay en la ejecución. «El impacto macroeconómico de los fondos de recuperación no está siendo el que se contemplaba porque hay un retraso muy fuerte en la ejecución, lo cual tiene distintas consecuencias. Por un lado, es verdad que se difiere el impacto positivo a futuro, pero también es verdad que, a cambio, como se tarda más en ejecutarlos se entiende que van a ejecutarse mejor», confía Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE).

"...¿Es bueno o es malo bajar –o en su caso subir– los impuestos? Comencemos con un axioma, es decir, con una proposición indiscutible: la deflactación del IRPF y asimilados con el porcentaje de inflación es una exigencia moral. No hacerlo constituye un expolio, o sea, un robo. No cabe gravar la base imponible improductiva de los bienes y servicios de un país. La inflación, en sí misma, ya es un impuesto –una base imponible ‘caída del cielo’– como lo fue la política de tipos de interés negativos del BCE para ahorradores y pensionistas durante los lustros recientes. Ahora bien, la fiscalidad debe someterse a dos grandes propósitos: el de la financiación del gasto público y el de la redistribución social. El gasto público es el empleo de los ingresos fiscales para la satisfacción de las necesidades generales. Los impuestos detraen renta disponible de consumidores y empresarios, y en consecuencia son un factor tóxico y exógeno para el sector privado que es preciso controlar. Pero al mismo tiempo una economía social moderna debe constituir inexcusablemente un fondo común con el que cubrir el coste de los bienes y servicios generales, es decir, los que se dirigen a satisfacer las necesidades que cada persona sería incapaz o no querría cubrir por sí sola. Además, los ingresos fiscales cumplen con una vital tarea de equiparación social por medio de la redistribución, incluso con la consecuencia siempre olvidada de que las franjas altas de renta contribuirán más a las arcas del Estado que lo que reciben de este. Por lo tanto, la política fiscal debe medirse con la precisión de un calibre electrónico. Admitiendo que se trata un juicio de valor, cabe alinearse aquí con la célebre frase atribuida al nobel Milton Friedman: «Estoy a favor de bajar impuestos bajo cualquier circunstancia, con cualquier excusa y por cualquier razón, siempre que sea posible». Con otras palabras: como regla, es preferible preservar la renta disponible del sector privado, porque el sector privado es más eficiente que el sector público. Pero subrayando la última parte de la frase «siempre que sea posible» y siempre que sea sostenible..."

La nueva autoridad independiente de defensa del cliente financiero, puesta en marcha por el Ministerio de Asuntos Económicos como proyecto estrella para preservar los derechos del usuario de banca, incorpora novedades importantes en su redacción final. El anteproyecto de ley que regula su creación rebaja de forma muy notable las sanciones a los bancos si se compara con los primeros borradores. La infracción grave, que en principio implicaba una multa de hasta el 5% del importe anual de la cifra de negocios de la entidad, ahora solo contempla una penalización máxima del 2%. A la vez, se fija un tope que antes no existía y que, si el texto sale adelante en los actuales términos, se situará en los 2 millones. Fuentes de Asuntos Económicos explican que se han rebajado los guarismos por una cuestión de proporcionalidad en relación con el resto de la normativa que se aplica al sector financiero. En efecto, la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, que delimita la actividad bancaria, ya recoge sanciones de hasta el 5% de la facturación neta anual en el caso de infracciones graves. Además, se fija un umbral de 5 millones de euros en el caso de que la aplicación de ese porcentaje arroje una cifra inferior.

El PP mantiene el pulso y prosigue la escalada que inició con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a los mandos del partido, arrebatando votos tanto al PSOE como a Vox, según el barómetro de octubre de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. De celebrarse hoy elecciones, los populares lograrían el 29,4% de los votos. Mejoran en 1,5 puntos la intención de voto con respecto a la anterior encuesta y amplían a 3,1 puntos su ventaja frente al PSOE (con el 26,3). Vox retrocede y Unidas Podemos mantiene un leve ascenso, según la encuesta cuyos datos internos pueden consultarse en la web de El País. En su avance, el partido de Feijóo arrebata votos tanto al Partido Socialista como a Vox, cuyas expectativas están ya por debajo de la representación que logró en 2019 en las últimas elecciones generales. Con todo, el empuje del PP aún resulta insuficiente para garantizarle una mayoría parlamentaria estable. Los socialistas pregonan desde hace días el final del efecto Feijóo, pero las cifras de 40dB. no avalan ni mucho menos tal conclusión. 

Bruselas exige a los veintisiete Estados miembros de la UE que no fomenten “un carrera de subvenciones” que fragmente el mercado único y ponga “en tela de juicio el principio de solidaridad” que debe regir en la respuesta a la crisis energética. El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ha enviado una carta a los socios en la que hace varias preguntas para coordinar la reacción al encarecimiento de la energía y les pide que respalden a la industria. Pero, a la vez, Breton les recuerda que hay que “mantener la igualdad de condiciones, sobre todo con respecto a los que tienen menos margen presupuestario”. La preocupación de Thierry Breton, comisario de Mercado Interior, por la fragmentación en la respuesta a la crisis energética no es nueva. “Cuando observamos el panorama completo real de la deuda (financiera, defensa, carbono), el punto de partida para cada Estado miembro en las próximas discusiones presupuestarias es bastante diferente de lo que parece”, señaló a principios de septiembre en un discurso en Ámsterdam. “Por lo tanto, la noción de virtud es muy subjetiva y, de hecho, no muy representativa de los esfuerzos realizados por los Estados miembros si se considera un amplio espectro de políticas”, añadía. Partiendo de este razonamiento, se infiere que el francés considera no solo problemático, sino incluso injusto, que la intensidad en la respuesta de cada Estado a la crisis vaya a depender de su capacidad de endeudamiento.

En sus primeros seis meses como ministro de Economía y Mar de Portugal, António Costa Silva (Angola, 1952), ha reforzado su papel de arquero solitario. Con una hoja de servicios como profesor en la Universidad de Lisboa e ingeniero especializado en proyectos internacionales de energía, llegó al Gobierno avalado por su trabajo como estratega de los Planes de Recuperación y Resiliencia, que dejarán en Portugal 16.644 millones de euros hasta 2026. Es independiente y decir lo que piensa –gravar los lucros extraordinarios pero bajar impuestos a las empresas– le ha costado algún disgusto con colegas del Ejecutivo. “En pleno invierno es muy probable que Putin cancele completamente las exportaciones de gas a Europa… Si él hace eso vamos a tener una convulsión en los mercados de la energía”, sintetiza desde su despacho del palacio del Manteigueiro, sede del ministerio en Lisboa. El turismo está haciendo un año extraordinario en Portugal. "La buena noticia es que la economía portuguesa crecerá cerca del 6,4%, el mayor porcentaje de la zona euro. Revela una recuperación notable tras la covid. Vamos a superar los ingresos de 2019, pero también ocurre en otros sectores como la industria del calzado. Esto no quita que no haya una gran preocupación de cara al próximo año. Podemos tener un ablandamiento de la economía en la UE..."

La reunión de este miércoles de la OPEP+ se resolverá con un recorte mayor de lo esperado en la producción diaria de barriles de petróleo. La organización establece, en reuniones que celebra cada mes, los nuevos umbrales de producción diaria de crudo. Tras haber reducido la producción en 100.000 barriles diarios en su encuentro del mes pasado, ahora podría tomar una decisión mucho más drástica: rebajar en más de un millón de barriles al día a partir del 1 de noviembre, cuando los analistas calculaban la semana pasada que la bajada se situaría entre el medio millón y el millón. Es el equivalente al 1% de la producción mundial y supondría el mayor recorte desde la crisis del coronavirus. En la reunión de abril de 2020, la organización decidió reducir la producción en 9,7 millones de barriles, en previsión de una evidente caída en la demanda global de crudo, tras el parón por los confinamientos. Ahora, con su primera reunión presencial desde la pandemia, la organización realizará también un movimiento de calado, aunque de menor intensidad. Esta decisión responde a la caída que están experimentando en las últimas semanas los precios de la energía y en concreto los del crudo, así como a un posible descenso en la demanda en los próximos meses. 

Liz Truss se enfrenta a la insurrección de los tories por el impacto de su polémico presupuesto que provocó el hundimiento de la libra, la intervención de emergencia del Banco de Inglaterra y la fulgurante subida de las hipotecas. El ex ministro Michael Gove se ha puesto al frente de la rebelión y lanzó una dura advertencia a la premier en el arranque, ayer, de la conferencia anual del Partido Conservador en Birmingham, convertida en rompeolas del creciente malestar social y económico de los británicos. «Este no es un presupuesto conservador», recalcó Gove, en el momento de lanzar el guante a su ex compañera de Gabinete y de amenazar con un voto en contra del mayor recorte de impuestos en medio siglo. «No podemos aplaudir un día a los médicos y las enfermeras y bajar los impuestos a los millonarios al día siguiente», advirtió el ex portavoz parlamentario de los tories, Julian Smith. «El primer trabajo de cualquier diputado es velar por los ciudadanos y por el interés nacional». Truss llega a la prueba de fuego de Birmingham con un desgaste nunca visto en un premier a las cuatro semanas de su llegada a Downing Street (ni siquiera Margaret Thatcher en el turbulento 1979). Las encuestas sitúan al Partido Conservador con una descomunal e histórica desventaja frente al Partido Laborista de Keir Starmer (33 puntos según YouGov, 19 según Opinium). Tres de cada cuatro votantes están convencidos de que el Gobierno de Liz Truss «ha perdido el control de la economía».

Luiz Inácio Lula da Silva ganó ayer las elecciones en Brasil pero su ajustada victoria, con el 47,6% de los votos, obliga a una segunda vuelta en la que se medirá de nuevo con el actual presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que obtuvo el 43,8% de los sufragios, con el 95% del voto escrutado. Los brasileños, que iban a las urnas para decidir si su país giraba hacia la izquierda con la vuelta del expresidente Lula o profundizaba en el volantazo de 2018 a la ultraderecha de Bolsonaro, se han dividido casi en dos mitades. El sueño de una victoria de la izquierda brasileña en primera vuelta se fue evaporando ayer a medida que avanzaba el recuento de las elecciones presidenciales. Bolsonaro mostró una fortaleza superior a la pronosticada por cualquier encuesta. Los comicios más decisivos y reñidos de las últimas décadas tras una enconada campaña electoral, salpicada por algunos episodios de violencia, se resolverán el 30 de octubre. El sueño de una victoria de la izquierda brasileña en primera vuelta se evaporó ayer a medida que avanzaba el escrutinio de las elecciones. El presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, mostró una fortaleza superior a la pronosticada por las encuestas. Brasil celebró los comicios más decisivos y reñidos de las últimas décadas.