20221006

Encuesta de Coyuntura realizada por Adegi. El abastecimiento y coste de las materias primas y de la energía, los elevados costes laborales e incrementos salariales y el descenso de la rentabilidad de las ventas principales preocupaciones de las empresas. Prevén un empeoramiento significativo de la situación del mercado para los próximos meses.  El nivel de pedidos disminuye un -4%. El 15% de las empresas prevé aumentar sus plantillas, el 17,5% reducirla y el 67,5% mantenerla. La rentabilidad de las ventas disminuye para el 52% de las empresas y aumenta para el 3%. El coste de los aprovisionamientos se ha mantenido al alza para el 71,5%. El PIB de Guipuzkoa crecerá en el entorno del +4 % este año. la creación de empleo puede experimentar una ralentización, incluso cierta disminución fundamentalmente en la industria, comercio y hostelería. A pesar de ello, de media en el conjunto de 2022 se podrían crear unos 5.000 empleos asalariados netos respecto al año pasado. Ver más en Adegi

Cambia el viento en Gipuzkoa, a cuyas empresas los nubarrones de la crisis de precios y costes desatada por la guerra en Ucrania ya golpean muy directamente aunque con distinta intensidad. Tanto es así que la patronal, Adegi, alertó ayer del «deterioro de la confianza, los pedidos y el empleo» en el tejido productivo del territorio en un contexto que calificó de «endiablado» y marcado a fuego por «factores geopolíticos que son ajenos a la economía». El presidente de la organización, Eduardo Junkera, que compareció acompañado del director general, José Miguel Ayerza, y del responsable de competitividad e innovación, Patxi Sasigain, aseguró que «la incertidumbre hace que nos enfrentemos a tiempos muy duros». Junkera reclamó sin paños calientes un plan de ayudas directas a las empresas «para que puedan pagar su factura energética como el dispuesto en Alemania, que va a movilizar 200.000 millones de euros, más de lo que España va a recibir de los fondos europeos». Junkera insistió en que «son momentos de gran incertidumbre y extrema volatilidad, lo que hace muy complicada cualquier previsión». Y recalcó que la única certeza es que «mientras siga la guerra, la situación de la economía y de las empresas de Gipuzkoa en su conjunto, continuará deteriorándose». Un panorama asumido desde hace tiempo «que se trufa ahora de temor» ante un futuro inmediato perfectamente falto de referencias. Ayerza, por su parte, lanzó un firme alegato en defensa de la empresa y de los empresarios como sostén del Estado de bienestar en Gipuzkoa y abogó por superar el complejo escenario siempre desde la colaboración. «Ahora más que nunca debemos defender la empresa, su sostenibilidad, ya que es el motor insustituible de la creación de riqueza social, empleo, y bienestar de nuestras sociedades», dijo. «Debemos trabajar todos juntos para garantizar la supervivencia de las empresas y el empleo. Y ello, no será posible sin el sacrificio y el esfuerzo de quienes las integran, propiedad, personal directivo y personas que trabajan en dichas compañías», completó Ayerza.

El presidente y el director general de Adegi, Eduardo Junkera y José Miguel Ayerza, respectivamente, rompieron ayer el formato tradicional de los encuentros con la prensa para dar cuenta de la Encuesta de Coyuntura de Adegi y expusieron algunos testimonios que atribuyeron a empresas del territorio y que daban cuenta bien a las claras de las dificultades que declara sufrir el tejido productivo guipuzcoano ante la crisis. «Nuestra preocupación con los precios de electricidad, gas e inflación es muy alta. Está siendo un lastre tremendo y está provocando que los márgenes sean muy negativos», señalaba una firma cuyo anonimato preservaron. «Tenemos que dejar de pagar la factura de la energía o de lo contrario no podremos sobrevivir, ya que no estamos pudiendo repercutir al cliente final. El aumento incontrolable de costes energéticos va a hundir a la industria», añadía la misma compañía. «Mi empresa factura un 16% más, pero produce un 26% menos. El aumento de ventas es por la subida de precios, no por las venta», señalaba otra. «Hay actividad, pero no genera para soportar el incremento de gastos general y el alza energético en particular», añadía otra. «Creo sinceramente que los comentarios que les he trasladado dan una idea bastante clara, más allá de los números y los porcentajes, de la situación de una parte significativa de las empresas de Gipuzkoa», dijo Junkera. Como es habitual, Adegi detalló los principales factores de preocupación de sus asociadas. El abastecimiento y el coste de las materias primas y de la energía se mantiene como principal quebradero de cabeza, con un 78% de las empresas afectadas (88,5% en las industrias, 75% en la construcción y 51% en los servicios), seguidos de «los elevados costes laborales» y los incrementos salariales, así como del descenso de la rentabilidad.

El secretario general de SEA Empresas alavesa, Juan Ugarte, ha afirmado que hay empresas que están pasando por una situación "compleja" y plantear incrementos del IPC es "condenarlas al cierre". En una entrevista a Radio Vitoria, Ugarte ha indicado que, desde junio o julio, fruto de la invasión de Ucrania y de las tensiones inflacionistas, la confianza general económica y el consumo se vienen "resintiendo y las empresas lo empiezan a notar". Según ha apuntado, hasta la fecha, en general, las empresas han aguantado "bien", pero este último trimestre y el que viene "se ve con cierta preocupación". Ugarte ha precisado que este trimestre "las cosas se están torciendo" y, tras advertir de que está cayendo la rentabilidad de forma importante, atisba "un primer trimestre de 2023 muy complicado". Ugarte ha explicado que hay una "tormenta perfecta de costes", ya que, desde 2019 el precio del gas se ha multiplicado por nueve o el de la electricidad por cuatro, de manera que todas las empresas que dependen, de manera importantes, de estos costes energéticos, sufren "en mayor medida". Además, ha recordado que el precio de las materias primas, aunque se ha moderado algo, todavía está alto y, los costes de explotación, en definitiva, han subido de forma "muy importante". El responsable de la patronal alavesa ha indicado que no le constan paradas de empresas, pero hay compañías que están en un momento "complicado" desde el punto de vista productivo porque "no cuadran los costes".

El fin de la moratoria concursal el pasado 30 de junio ha disparado el número de procesos, tal como se preveía. En Euskadi se han contabilizado casi un centenar de procedimientos de empresas asfixiadas por su deudas entre julio y septiembre, una cifra que dobla la del mismo periodo del ejercicio anterior. En el conjunto de España también se han disparado aunque menos, un aumento del 54% hasta sumar un total de 1.791, según recoge el estudio elaborado por D&B, filial de Cesce. La moratoria, que se aprobó dentro del ‘escudo anticovid’, eximía a las compañías en situación de insolvencia de la obligación de presentar concurso de acreedores. «Pero al vencer el plazo el pasado 30 de junio, las empresas incapaces de hacer frente a sus deudas tenían que acudir a los juzgados antes de dos meses», explica Carlos Palomino, socio de PKFAttest. El fin del plazo hizo que ya hubiese un importante repunte de concursos en julio, cuando se presentaron 43 expedientes de empresas hundidas en los juzgados vascos, un 43% más que en el periodo anterior. En agosto hubo un parón por el periodo estival, pero en septiembre se intensificó la actividad. Se tramitaron 50 procesos cuando en el mismo mes del año anterior apenas se contabilizaron 21. El repunte de los concursos en septiembre está también ligado a la entrada en vigor el pasado día 26 de la nueva Ley Concursal, que pretende facilitar las reestructuraciones y así salvar empresas. Pero la mayoría de negocios llegan exhaustos a ese proceso y la nueva normativa endurece los denominados concursos exprés, que permiten acceder a la liquidación el mismo día y son mayoría en esta etapa. De ahí que esté habiendo un repunte tan espectacular. De hecho, el 76% de los procesos presentados en septiembre tenían esta modalidad, la tasa más alta de la serie histórica.

Las familias vascas ven cada vez con más preocupación la evolución de la economía de cara al final de año. Así se desprende del estudio que publicó ayer Laboral Kutxa con una encuesta realizada en el tercer trimestre de este 2022. Según el informe de la cooperativa de crédito, el índice de confianza de los hogares de Euskadi es «francamente pesimista» y se sitúa en los -22 puntos, frente a los -7 del trimestre anterior. Y es que, a pesar de que el verano ha registrado un elevado gasto, los participantes en este estudio, que han sido cuestionados entre la última semana de agosto y las dos primeras de septiembre, tienen unas perspectivas negativas sobre la evolución de la economía en general. En concreto un -37, frente al -22 que perciben para la situación particular del hogar. Se trata de una situación que complica las compras. Así, para el 42% de los encuestados es un mal momento para realizar gastos y el 95,3% asegura que no comprará vivienda, por un 88,6% que tampoco piensa hacerse con un nuevo coche. Los datos evidencian un enfriamiento que se viene detectando también desde el Gobierno vasco, que hace unas semanas ajustó el crecimiento para 2023 hasta la mitad de lo previsto en primavera, dejándolo en un 2,1%. La principal causa de esta percepción, según se recoge en el informe de Laboral Kutxa, reside en la evolución de los precios. Ver nota Laboral Kutxa. 

Mensaje de fondo en una coyuntura lleva de vaivenes. El lehendakari, Iñigo Urkullu, destacó ayer la trascendencia y el peso de la industria en la economía de Euskadi y, sobre todo, el de aquellas compañías que «mantienen su arraigo» en el País Vasco. Así lo subrayó en un momento en el que este elemento se ha convertido en crítico ante el goteo de fugas de los centros de decisión. El jefe del Gobierno vasco lo «agradeció» especialmente durante su discurso en el acto de celebración del 50 aniversario de la compañía vasca Ingeteam, celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao con un homenaje a los cuatro ingenieros que fundaron la compañía hace medio siglo. Un acto al que también asistieron el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, y el delegado del Gobierno central, Denis Itxaso, así como los principales directivos de la firma: Teresa Madariaga, presidente de Ingeteam, y su CEO, Adolfo Rebollo. La multinacional, que tiene su cuartel general en la localidad vizcaína de Zamudio, cuenta con 4.100 empleados y presencia en los cinco continentes, y se dedica a la fabricación de equipamiento para el sector eléctrico. Urkullu recordó que el nacimiento de Ingeteam estuvo precisamente ligado a la apuesta que hizo Euskadi en la década de los 80 por reforzar su posición industrial. Ver nota Ingeteam. 

Siemens Gamesa acaba de cesar a uno de los dos altos directivos de la compañía que permanecían en la antigua sede central de Zamudio, ya que el resto del equipo de primera línea fue reubicado hace tiempo en Madrid, Alemania y Dinamarca. Lars Bondo, hasta ahora máximo responsable de la división de generación terrestre de la firma, ha sido cesado de forma fulminante y el comunicado remitido por el consejero delegado a la plantilla da a entender que esta salida no ha sido precisamente pacífica. Jochen Eickholt, el primer ejecutivo de la multinacional eólica, señala que el cese de Bondo se produce por «la necesidad de hacer cambios en la división terrestre, debido a las pérdidas y el continuo bajo rendimiento que nos han obligado a lanzar varias advertencias de incumplimientos de resultados; así como una masiva desviación de márgenes, cartera de pedidos, previsiones y planes de negocio». Lo cierto es que la empresa lleva acumuladas unas pérdidas muy importantes: en los últimos meses, 1.226 millones de euros. El consejero delegado agrega que asume personalmente y de forma transitoria la responsabilidad directa sobre esta división, lo cual transmite también la improvisación con la que se ha abordado el cambio, aunque contará con el respaldo de otro directivo, Richard Luijendijk, para esta misión. Eickholt indica que en las próximas semanas la multinacional aprobará el nombramiento de un nuevo responsable de la división terrestre. Siemens Gamesa se ha convertido en una trituradora de altos directivos en los últimos años, con continuos cambios en las principales líneas ejecutivas.

Tres municipios guipuzcoanos (Zumarraga, Irun y Arrasate) y la agencia de desarrollo comarcal de Tolosaldea pondrán en marcha un programa piloto de inserción sociolaboral para personas perceptoras de la RGI o IMV que sean desempleadas de larga duración. El programa, que contará con fondos europeos, está coordinado por Lanbide en colaboración con los ayuntamientos que se han adherido a esta iniciativa y que también cofinancian parte del proyecto. En el País Vasco son quince los municipios que participarán en este programa que busca formar y activar para el empleo a personas con dificultades para acceder al mercado laboral con el objetivo de que no se cronifiquen en el paro. En total participarán 216 personas, 45 de ellas en Gipuzkoa. En el caso de Zumarraga, donde se presentó ayer el proyecto, son diez las personas seleccionadas. Durante dos meses recibirán formación y después se les hará un contrato de trabajo de diez meses donde podrán aplicar sus conocimientos y poder reengancharse al mercado laboral, según indicó el alcalde de la localidad, Mikel Serrano. La vicelehendakari, Idoia Mendia, que presentó el proyecto, recordó que de los 60.000 perceptores de la RGI e IMV que hay en Euskadi, 26.000 llevan más de un año en el desempleo y que de ellos 24.000 están en situación de acceder al mercado laboral, por lo que es tan importante este programa.

Solo 24 horas después de que el Gobierno aprobara sus Presupuestos para 2023, el Banco de España publicó sus previsiones para este año y el siguiente, alertando de un notable descuadre. El organismo presidido por Pablo Hernández de Cos calcula que la economía crecerá en 2023 siete décimas menos de lo presupuestado por el Gobierno para un año marcado por las elecciones –el 1,4% frente al 2,1%–, lo que supondría alrededor de 8.000 millones de euros menos. El emisor no es el único que calcula un crecimiento menor que el Gobierno. La Autoridad Fiscal, en su día presidida por el hoy ministro José Luis Escrivá, advierte de que la estimación de incremento para 2023 plantea «riesgos a la baja» y lo deja en el 1,5%, porcentaje muy similar. Bajo este cálculo, la recuperación del nivel de PIB previo a la pandemia se retrasará hasta el primer trimestre de 2024, cuando la economía avanzará un 2,9% según el supervisor. Sin embargo, en la eurozona el PIB ya se situó en el segundo trimestre de este año casi dos puntos por encima de la pandemia. Será en la primavera de 2023, a medida que las elevadas presiones inflacionistas comiencen a relajarse, cuando la actividad española recobrará un «vigor creciente», dice el informe del organismo, que apunta a un crecimiento de solo el 0,1% en este tercer trimestre pese al tirón del turismo en verano, frente al 1,5% del segundo. De cara a los trimestres más inmediatos, los elevados precios del gas y de la electricidad afectarán negativamente, aunque no se prevén racionamientos severos del combustible pese a la completa interrupción del suministro desde Rusia. Y así lo subrayó ayer el director de Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán. Las previsiones de inflación tampoco son optimistas. Según el supervisor, los precios finalizarán el año en el 8,7%, lo que indica que la curva del IPC podría haber tocado techo este verano. Son 1,5 puntos más de lo vaticinado hace tres meses. Para el año que viene, calcula una inflación que seguirá anclada en niveles muy elevados, en el 5,6%, lo que significan 3,1 puntos más que lo previsto en junio. 

La recesión en la eurozona parece cada vez más difícil de esquivar, ya que el área de la moneda única se encuentra atrapada entre una inflación muy difícil de controlar y una subida de tipos que supondrá un “aterrizaje forzoso” para la demanda. “Cualquier esperanza de que la eurozona evite una recesión se ha frustrado aún más debido a la creciente caída se la actividad empresarial”, señaló ayer S&P Global, siguiendo los datos del Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) publicado ayer por la propia agencia de rating, al tiempo que el incremento de los precios sigue acelerándose a pesar del cierre del grifo por parte del Banco Central Europeo (BCE). En concreto, el PMI compuesto de la eurozona retrocedió en septiembre hasta los 48,1 puntos, ocho décimas por debajo del dato de octubre. Y esto es muy negativo, ya que un dato por debajo de los 50 enteros apunta a una contracción, mientras que la cifra actual señalaría un retroceso cercano al 1,2% anual. Y, lo que es peor, “la encuesta no solo indica un empeoramiento de la desaceleración económica, sino además señala que el ámbito de la inflación también se ha deteriorado”, añade Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, “lo que significa que los responsables de las políticas monetarias se enfrentan a un riesgo cada vez mayor de un aterrizaje forzoso en su intento de frenar el aumento de la inflación”. Por un lado, la recesión parece inevitable, ya que “la actividad empresarial ha registrado una contracción por tercer mes consecutivo, indicando una caída del PIB”, y las cifras son cada vez peores, lo que dificulta una reversión en los próximos meses.

La guerra en Ucrania está suponiendo una importante carga para las economías europeas, para sus empresas y hogares, pero no es momento de soluciones en solitario. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, emplazó ayer a los Estados miembro a actuar «con más unidad y solidaridad que nunca, protegiendo el mercado único. Si no encontramos una solución común, corremos el peligro de fragmentarnos», aseguró, en un mensaje velado a Alemania, que la semana pasada anunció un plan de hasta 200.000 millones de euros en ayudas para hacer frente a la subida de precios de los combustibles y la electricidad. El paraguas de protección que pretende aplicar el Gobierno del canciller Olaf Scholz ha levantado ampollas en Bruselas, que aboga por que los países de la Unión Europea (UE) sigan una hoja de ruta común. Ya el martes, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, apuntó a la importancia de la solidaridad y de «mecanismos comunes» para preservar el mercado único. «No estamos criticando a ningún país, pero pedimos dar un paso más», insistió. En su discurso de ayer ante el pleno del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, Von der Leyen se centró en esa misma idea: «Resulta importante mantener un nivel equitativo de competencia de los países de la UE. Nuestra riqueza proviene del mercado único», recordó. Y fue más allá: «Solo podremos vencer a Putin si estamos unidos».

Una vez limados los aspectos técnicos, Europa aplicará una nueva ronda de castigos a Rusia –la octava desde que comenzó la guerra en Ucrania– y pondrá un límite al precio de su petróleo. Los nuevos castigos también incluyen más limitaciones a las importaciones de Moscú y a las exportaciones tecnológicas europeas. Existe un «acuerdo político» en torno a la nueva batería de sanciones a Rusia, pero para que entren en vigor habrá que esperar a que se redacte y se adopte el procedimiento escrito. De este modo, es previsible que todos los detalles de las nuevas medidas contra Rusia se den a conocer en la mañana de hoy. Se sabe que este nuevo paquete limitará aún más las importaciones rusas –asestando un mordisco de 7.000 millones de euros adicionales a su economía– y reducirá las exportaciones tecnológicas europeas en elementos clave para la industria del país. Además, la UE ampliará la lista negra de individuos y empresas sancionadas, que ya contiene más de 1.300 nombres. El tope al precio del petróleo ruso es, de lejos, la medida más importante de este paquete de sanciones, aunque aún no se ha especificado cuál será ese límite. El G7 adoptó recientemente una medida similar para topar el precio de las importaciones de crudo desde Moscú, lo que ha presionado a la comunidad internacional y ha resuelto las negociaciones de esta propuesta europea, que llevaba semanas en las mesas de negociaciones de Bruselas. El objetivo no es otro que limitar la capacidad económica y militar de Rusia tras el anuncio de la movilización de 300.000 reservistas, la anexión de los territorios ocupados de Ucrania y la amenaza de Putin de usar armas nucleares.

a Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, liderada por Arabia Saudí) y Rusia anunciaron ayer un recorte de la oferta de dos millones de barriles diarios, el 2% de la demanda global, a partir del mes de noviembre. El objetivo: contener la cotización del barril de brent, que acumula un descenso del 25% desde sus máximos de hace cuatro meses. Tras dos días de fuertes alzas —el lunes, la referencia del crudo en Europa escaló más de un 4% y el martes se anotó un 3%—, el mercado subía otro 2% ayer tras hacerse públicos los planes de la OPEP. Aunque los inversores y casas de análisis descontaban un recorte desde hace días, el tijeretazo final es incluso mayor de lo esperado: las apuestas fluctuaban entre los 500.000 y 1,5 millones de barriles. Para ver una rebaja de esta magnitud en la oferta petrolera hay que remontarse al año 2020, cuando la pandemia tenía atenazada toda la actividad productiva. El mercado petrolero, como la economía mundial en su conjunto, lleva años instalado en la incertidumbre. Si el hundimiento del consumo durante la crisis sanitaria por la covid llevó los precios a terreno negativo por primera vez en la historia (el mundo al revés: los productores pagaban por deshacerse de barriles), el levantamiento de las restricciones, la recuperación de la actividad y, sobre todo, la invasión rusa de Ucrania dispararon la cotización hasta máximos de casi una década, desatando una nueva fiebre petrolera global. En los últimos meses, sin embargo, la ralentización de la economía china —primer exportador mundial— y los tambores de recesión en Occidente, alimentados por la fuerte subida de los tipos de interés, han permitido una relajación de los precios y un respiro para los consumidores. La posibilidad de un tope de precios sobre el petróleo ruso, que ultiman tanto la UE como el G-7, también ha contribuido a ese respiro, alimentando las dudas entre los exportadores.

Las empresas del Ibex ya tienen en la mayoría de los casos definidas las revisiones salariales para las cerca de 500.000 personas a las que dan empleo de forma directa en España. Este año la vista está puesta en la inflación, que cerrará el ejercicio en torno al 8,7%, según las previsiones ofrecidas ayer por el Banco de España. Repsol, Cellnex y Enagás forman parte de los grupos que subirán salarios con el IPC, frente a otros gigantes del Ibex como Telefónica, Iberdrola o Aena, que recurrirán a fórmulas distintas. En Repsol, el nuevo Acuerdo Marco de la empresa firmado en septiembre para 16.500 trabajadores en convenio garantiza un incremento salarial consolidado por el 75% del IPC anual hasta el 31 de diciembre de 2024. El 25% restante también se abonará con una retribución única, pero sin consolidación en tablas. El acuerdo se aplica además de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2020. Los años más complicados en términos de IPC han sido 2021 y 2022, con subidas acumuladas de más del 14%. Para los empleados de Repsol fuera de convenio, hay una retribución monetaria puntual y no consolidable por un importe bruto equivalente al 2,5% del salario base anual. Además, en septiembre anunció otra retribución monetaria consolidable que supone un incremento salarial del 4% del salario base.

Dando por bueno ese 8,5% que ha tenido de referencia el Gobierno para elaborar los Presupuestos Generales del Estado, un primer cálculo indica que la pensión máxima –ahora fijada en 2.819 euros brutos al mes en 14 pagas– superará, por primera vez en la historia, los 3.000 euros brutos al mes (42.000 euros brutos anuales). Por su parte, la pensión mínima por jubilación, con cónyuge a cargo sube, así, hasta los 20.290 euros al año, o 966,19 al mes. Son 76 euros mensuales más que el año pasado. Sin cónyuge a cargo la pensión queda en 10.962 euros al año, o 783,04, en 14 pagas; y la pensión mínima de viudedad con cargas familiares superará los 900 euros brutos al mes (905). Lo que no recibirán los pensionistas el próximo año es la paga compensatoria por la inflación. La llamada paguilla –que acuñó la que fuera ministra de Trabajo y Seguridad Social del PSOE, Magdalena Valerio– consistía en una paga extra que se abonaba a los pensionistas en los meses de enero o febrero, de una sola vez, por valor de la diferencia entre lo que hubieran subido las pensiones al inicio del año y el IPC de noviembre de ese mismo ejercicio. Por ejemplo, las pensiones subieron un 0,9% en enero de 2021, en línea con las previsiones de inflación del Gobierno, pero dado que el IPC después fue mayor (un 2,5% medio en los 12 meses que terminaron en noviembre), el Gobierno tuvo después que ajustar esta brecha con una paga compensatoria equivalente al 1,6% (que va del 0,9% al 2,5%). Pero 2021 fue el último año en el que los pensionistas cobraron dicha paga compensatoria, ya que a partir de entonces, las pensiones subirán, por ley lo mismo que el promedio de los precios. La ley no ha cambiado, sin embargo, la forma de cobro: seguirá habiendo 14 pagas (dos extra en junio y noviembre).

Tres de cada cuatro empresarios consideran que la gestión que se está realizando de los fondos europeos es negativa (un 50,9%) o muy negativa (26,6%), frente a un 5,8% que la valora como positiva. De acuerdo a los resultados de la Encuesta empresarial Círculo 2022 publicada ayer por el Círculo de Empresarios, más del 40% de los empresarios españoles cree que los fondos europeos tendrán una elevada influencia en la recuperación económica, sobre todo al fomentar la digitalización y la competitividad. En esta encuesta, los empresarios se muestran pesimistas sobre la situación de la economía española, tanto para este año (así opina un 61,9% de ellos) como para el próximo (72,2%), con un deterioro de los flujos comerciales, el tipo de cambio, los costes energéticos y las tensiones en las cadenas de suministro. A pesar de ello, casi la mitad de los encuestados (un 45,7%) espera que su facturación aumente este año, frente a un 14,6% que cree que disminuirá, y quienes aumentarán su plantilla (28,9%) superan a quienes la reducirán (14,7%). También tres de cada cuatro empresarios se declaran afectados por la inflación y más de la mitad (55,3%) ya repercute parcialmente a sus precios de venta el encarecimiento de los suministros.

Ya son 46 las empresas, entidades y asociaciones que han solicitado ayudas del Gobierno Vasco para la elaboración de planes de conciliación. Euskadi, dentro de la estrategia frente a la crisis demográfica, exigirá cláusulas de conciliación a las empresas que aspiren a lograr un contrato público. Hasta el momento, según datos del departamento vasco de Justicia, Igualdad y Políticas Sociales, 21 empresas guipuzcoanas han pedido ayuda para la elaboración de estos diagnósticos y planes, 20 vizcaínas y 5 alavesas. El Ejecutivo autonómico ha hecho una primera convocatoria de ayudas, a la que se han presentado 36 empresas de tamaño medio o pequeño, 5 asociaciones, 3 fundaciones y 2 cooperativas. Por sectores, las industrias manufactureras, servicios, construcción, sanitarios y de actividades recreativas y entretenimiento son las que más han solicitado acogerse a estas ayudas. «En nuestras políticas de familia, las prioridades se dirigen a la diversidad familiar, la parentalidad positiva, la perspectiva de género, corresponsabilidad, las familias vulnerables y la conciliación de la vida personas, familiar y labora», explica Irune Muguruza, directora de Familia e Infancia del Gobierno Vasco. «Es una apuesta por la conciliación». En el ‘pacto vasco por la Infancia y las Familias’ se acordaron diez compromisos de las instituciones públicas vascas para garantizar la creación y desarrollo de proyectos familiares en los que cada familia pueda tener el número de hijas e hijos que desee, la igualdad de oportunidades a menores y la reducción a la pobreza infantil.

El amianto se empleó de forma masiva en el sector de la construcción y en el industrial a partir de los años cincuenta, aunque la primera sentencia que reconoció una enfermedad profesional vinculada a este mineral se dictó a finales de los setenta, España no lo prohibió hasta hace dos décadas, dejando miles de enfermos por las fibras microscópicas causantes de cáncer de pulmón, de pleura o asbestosis. Según las estimaciones del INE, entre 2007 y 2017 más de 41.000 hombres fallecieron por neoplasias malignas de bronquio, de pulmón y mesoteliomas atribuibles a la exposición al amianto. Y unos 12.000 vascos han podido estar en contacto con el fibrocemento, según un listado de Osalan. El Pleno del Senado aprobó la tarde de ayer, con la unanimidad de los grupos y un voto en contra que un diputado del PP emitió por error, la Ley del Fondo de Compensación para las víctimas, un paso de gigante para terminar con su desamparo. El fondo se financiará fundamentalmente con los Presupuestos Generales del Estado. Este año está dotado con 25 millones y se prevé que dentro de poco más de tres meses se otorguen las primeras indemnizaciones para víctimas de exposición a las fibras «en ámbito laboral, doméstico o ambiental», eximiéndolas del tortuoso proceso judicial al que hasta ahora debían enfrentarse para recibir una compensación por parte de las empresas responsables. Cuando la firma en cuestión ya había desaparecido, algo frecuente porque la enfermedad aparece años después del contacto con el material, se quedaban sin ella. La ley tiene su origen en una propuesta del Parlamento vasco, que aprobó la iniciativa hace 11 años, y una representación de la Cámara liderada por la presidenta. Bakartxo Tejeria, acudió ayer al Senado. Y es también el fruto de una lucha histórica por parte de los afectados. «Ahora será posible hacer justicia con los miles de personas enfermas y fallecidas por el amianto en las últimas décadas que no han sido resarcidas», valoró ayer el portavoz de la asociación vasca, Jon García. El colectivo espera que la ley se aplique «garantizando un procedimiento adecuado a la hora de efectuar sus solicitudes y unas cuantías acordes a las que se obtienen por vía judicial». 

Los científicos vascos han conseguido en veinte años 1.528 millones de fondos europeos en convocatorias internacionales en las que «solo la calidad de las propuestas» determina a qué se destina el dinero, explicó ayer Fernando Cossío, director de Ikerbasque, en la presentación del ‘Informe sobre ciencia en Euskadi 2022’. El País Vasco es la comunidad autónoma que más invierte en investigación –un 2,17% del PIB–, ha duplicado en una década su producción científica y es la líder en retorno per cápita de fondos europeos, según el trabajo de la Fundación Vasca para la Ciencia. Euskadi superó en 2020 las 21.300 personas dedicadas a la investigación, el equivalente a más del 2% de la población activa, indicador en el que el País Vasco es líder en España. Los investigadores vascos captaron el año pasado más de 100 millones del programa Horizon Europe, dentro del que Cossío destaca la importancia de las becas del Consejo Europeo de Investigación. En los laboratorios de Euskadi se han desarrollado hasta ahora 41 investigaciones con estas ayudas, que se dan a proyectos de excelencia, y actualmente hay 20 en marcha. España es el segundo país que recibió en 2021 más fondos del programa Horizon Europe –más de 700 millones– y el País Vasco fue la tercera comunidad en cuantía –por detrás de Cataluña y Madrid– pero la primera en fondos per cápita, con 45 millones por millón de habitantes, el triple que la media española. La producción científica vasca ascendió en 2021 a 7.846 publicaciones, el máximo histórico y un 16% más que antes de la pandemia. En 2020, con los laboratorios cerrados, «los investigadores dieron un impulso a la publicación de trabajos», recordó ayer el consejero de Educación, Jokin Bildarratz. 

El turismo de cruceros en Bizkaia vivirá un momento histórico el próximo día 18. El barco ‘Sirena’, de la compañía Oceania, zarpará de los muelles de Getxo con Miami como destino final, en la que será la primera conexión transoceánica con punto de partida desde Bilbao. El buque soltará amarras con 654 pasajeros a bordo, ya que ha agotado todos los billetes que estaban a la venta. El pasaje básico viene a costar unos 9.000 euros por 31 días de navegación. El ‘Sirena’ completará el que será el primer crucero Bilbao-Miami. En 2010, la compañía MSC fletó un barco que salió de la ciudad estadounidense para recalar después en Arriluce. Fue una experiencia puntual. Doce años más tarde, Oceania impulsa un nuevo proyecto, en sentido inverso, con vocación de continuidad. La firma con sede en Florida quiere seguir ofreciendo este tipo de viajes desde Bizkaia al menos, una vez al año. Y aunque todavía no hay previstas más salidas transoceánicas (la programación de otoño de 2023 aún no está cerrada), Oceania sí va a operar desde Getxo en los próximos meses. El 2 de mayo, por ejemplo, otro de sus barcos partirá con destino a Haifa (puerto cercano a Jerusalén), según confirma su máximo responsable en España, Roberto Cabello. La conexión por crucero con Miami es una novedad de impacto para el sector en Euskadi. «Es una excelente noticia. Es muy importante el embarque de un barco de la categoría de Oceania Cruises», explica Patricio Arana, vizcaíno que es experto y asesor de cruceros. «Hay que tener en cuenta que vendrán pasajeros de alto nivel adquisitivo de todo el mundo y, al ser un trasatlántico, llegarán desde muchos países, y como aterrizarán tras vuelos largos se quedarán entre una y tres noches antes de la partida de la embarcación para descansar. También para conocer la ciudad y el entorno en profundidad, con un gasto por persona muy alto en hoteles y gastronomía».