20221016

La búsqueda de rentabilidad. Esa es la principal obligación de los gestores de cualquier figura de inversión. O, lo que es lo mismo, que el dinero que reciben de sus clientes reporte la mayor cantidad de beneficios con el menor riesgo posible. Una combinación que se aplica de igual modo en la gestión de las EPSV del País Vasco, repartiendo los huevos en el mayor número posible de cestas. Pero esa operación solo deja un 5,47% del patrimonio de las EPSV en Euskadi; es decir, que más de nueve de cada diez euros se invierten fuera. Es una de las consecuencias de la internacionalización y del creciente peso de los fondos de inversión. Esas figuras que muchas veces son percibidas como peligrosos agentes que provocan el desarraigo de las empresas vascas, pero a las que no importa acudir si reportan rentabilidad suficiente para nuestros ahorros. Esta proporción en el reparto se acentúa con el paso del tiempo. La Federación vasca de EPSV cuantifica en 1,14 millones la cifra de vascos socios de una de estas figuras, que acumulan un patrimonio que alcanzó su récord histórico en 2021, con 29.059 millones de euros. Esta cantidad representa el 37% de toda la producción que realiza Euskadi en un año –su PIB– y supone más del doble del Presupuesto del Gobierno autonómico para 2022. En otras palabras, nueve veces más que el dinero que manejan Osakidetza o el sistema público de Educación. Es un reparto que se hace difícil de digerir cuando el País Vasco ve cómo siglas históricas como Euskaltel o ITP Aero pasan a manos de fondos de inversión. O cómo Siemens Gamesa se encuentra inmersa en un proceso de OPA de exclusión para salir de la Bolsa y quedar bajo control alemán al 100%, con la derivada de 475 despidos en España. O, también, cómo el Gobierno vasco busca socios en Iberdrola o Solaria para desarrollar proyectos de energía renovable en el territorio. Y es que solamente el 1,12% de los recursos de las EPSV se destina directamente a empresas con sede en Euskadi. Hablamos de 324,5 millones de euros. De la inversión en Euskadi, la mayor partida es deuda pública del Ejecutivo autonómico: 413 millones. 

El proyecto de la empresa pública noruega Statkraft de construcción de dos parques eólicos en Gipuzkoa ha reabierto el debate sobre estas instalaciones poco conocidas. Hasta EH Bildu, que gobierna en los municipios que acogerían los molinos de viento, como Azpeitia, ha modulado su tradicional postura contraria, debido a la crisis energética y la necesidad de renovables. Han pasado más de veinte años desde que se instalase el primero en Euskadi. Fue en 2000 cuando Iberdrola, el Ente Vasco de la Energía (EVE) y la Sociedad de Eólicas de Euskadi, se decantaron por la zona situada entre Elgea y Urkilla para la construcción de 78 molinos de viento (40 en Elgea y 38 en Urkilla) en la muga entre Álava y Gipuzkoa, en el collado de Uradakotxena. Dos décadas después, este parque eólico sigue funcionando y suministrando energía a más de 50.000 hogares vascos, según datos de la empresa eléctrica vasca, y alimentando a pueblos como Barrundia, San Millán, Oñati, Eskoriatza y Aretxabaleta. El parque de Elgea-Urkilla –mitad alavés, mitad guipuzcoano y con una inversión de 24 millones de euros– es el más grande de los cuatro actualmente en funcionamiento en Euskadi (los otros son Badaia, Oiz y Punta Lucero-Bilbao). Entre todos abastecen a 110.000 de los 913.000 hogares vascos, según datos del EVE y de Iberdrola. Los dos parques de Statkraft suministrarían luz a 68.000 hogares más. 

Las tensiones que genera dentro de EH Bildu el debate sobre qué política energética debe impulsarse en Euskadi se vieron con toda su crudeza el martes en Azpeitia. Allí una empresa noruega quiere instalar un parque eólico y la coalición soberanista, que gobierna con mayoría absoluta, no lo ve mal. Pero la izquierda abertzale sabe que es un tema sensible internamente porque algunos sectores no comparten esa postura. El Ayuntamiento convocó una asamblea informativa, acudieron cientos de personas y la alcaldesa, Nagore Alkorta, y su ‘número dos’, Josu Labaka, tuvieron que escuchar de todo. «Nagore, me dirijo a ti como vecino de Azpeitia y votante de EH Bildu. ¿De dónde ha salido esta propuesta, del pueblo o de la dirección de Bildu? Como en su día enseñaste los dientes a Arantxa Tapia, enséñaselos a Arnaldo Otegi y a Mikel Otero. Han traído un monstruo al pueblo, y nos va a destruir a todos». La frase, lanzada por uno de los asistentes y dirigida al coordinador general y al portavoz en materia energética de Bildu, ejemplifica de forma clara el clima que se vive dentro de la coalición. Con el añadido de que la tormenta está estallando a ocho meses de las elecciones de mayo. Porque lo que podría parecer una cuestión local, trasciende de largo las fronteras municipales. Desde la dirección de EH Bildu se subraya que nada ha cambiado. Que la filosofía sigue siendo la misma. Que nunca ha rechazado la instalación de parques eólicos, que lo único que siempre ha exigido es un análisis serio y la elaboración de un Plan Territorial Sectorial. Y ahí centra sus críticas en el Gobierno vasco. Pero el simple hecho de que EH Bildu se vea obligada a hacer un enorme esfuerzo pedagógico evidencia que hay algo que parte de sus bases no acaban de entender o que no formaba parte de su ‘cultura política’.

Su cara más conocida son las tiendas de PhoneHouse (cuenta con más de 400, entre propias y franquicias), pero Global Dominion, un grupo vasco que factura más de 1.000 millones de euros al año, tiene muchos otros negocios en su radar. “Es una empresa compleja”, arranca su consejero delegado y accionista, Mikel Barandiaran, en una entrevista realizada en sus oficinas madrileñas. “Digamos que es una empresa que utiliza la tecnología para mejorar procesos de negocio. No hay tanta diferencia en tirar una fibra óptica o un cable de alta tensión. Conceptualmente las herramientas que utilizas son muy parecidas”. Global Dominion nació en 1999 como escisión de CIE Automotive (de hecho, Jon Riberas, uno de los accionistas mayoritarios, es miembro de su consejo), en un momento en que el sector tecnológico necesitaba mucha eficiencia. “Nos hicimos mayores en un sector con mucha presión en costes por la competencia”. Primero con un gran cliente, Telefónica, y después con el resto de operadores. “Nos preguntamos: ¿por qué no saltar al mundo industrial?”. Ocurrió poco antes de que se empezasen a poner de moda los procesos 4.0. “Entonces decimos: ‘Oye, ¿por qué no nos metemos en todo el mundo el mantenimiento del backoffice (gestión interna)?”. Con una capitalización de 544 millones de euros y unos ingresos hasta junio de 580 millones, también han saltado al sector de la energía. “Hemos podido empezar a dar servicios muy competitivos frente a los actores que ya estaban implantados en el sector”, cuenta Barandiaran. Hasta la fecha, construían y mantenían parques renovables para que los operase un tercero. “Vimos que podíamos quedarnos con proyectos y tomamos la decisión de buscar socios en cada zona para repartir el riesgo”. Así hicieron en República Dominicana con Bas Corporation. Los parques que están operando les han empezado a ofrecer ingresos periódicos “para seguir generando valor en estos tiempos convulsos”.

Entrevista con Inés Echeverria, Directora del Área de I+D+i de CNTA. Reducir el impacto ambiental y mitigar el cambio climático, luchar contra el desperdicio alimentario, fomentar alimentos saludables y promover la investigación en nutrición personalizada son algunos de los retos a los que se enfrenta la industria alimentaria. Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el sector alimentario es la elaboración de alimentos más saludables, sostenibles, accesibles y seguros. Y en un contexto de cambio climático, con un sistema de producción alimentario “responsable de un tercio de las emisiones de CO2” según la FAO y con el problema creciente de la accesibilidad de la población mundial a alimentos nutritivos, la innovación es una herramienta fundamental para tratar de superar ese reto, junto con el desarrollo de la tecnología y la ciencia. "Una tecnología que está sobresaliendo es la defermentación, la cual, en los últimos años, ha experimentado un crecimiento en su utilización dentro de la industria agroalimentaria. Actualmente, se continúa explorando en el potencial de la fermentación a la hora de desarrollar proteínas alternativas o ingredientes que encajen en la demanda de alimentos más saludables. Y dentro de esta tecnología, las que más se están desarrollando son la fermentación de precisión y la de biomasa. Tampoco nos podemos olvidar del tema de la calidad y seguridad alimentaria, aspecto que con la guerra de Ucrania supone una amenaza en este ámbito. Soluciones como la de Nulab, con sus dispositivos portátiles que permiten medir la calidad y seguridad alimentaria en tiempo real, contribuyendo así a aumentar la fiabilidad y la eficiencia de los procesos alimentarios..."

El coche eléctrico no termina de despegar a pie de calle. En los seis primeros meses de 2022 se vendieron 14.338 unidades: menos de cuatro de cada 100. Unas cifras que certifican no solo la lejanía respecto a Noruega o Alemania, sino a Portugal, que triplica la cuota española. El paso de los trimestres, lejos de reducir esta brecha, la ensancha. De algo residual ha pasado a ser una realidad en el norte de Europa, donde el salto está siendo exponencial. Un contraste en el que intervienen factores culturales y económicos, y que tiene implicaciones para la industria automotriz —el 8,5% del PIB y la quinta de las exportaciones—: cuanto más tarde en dar el salto el mercado interno, más tardarán las fábricas en hacer el tránsito. “Pronto sobrarán líneas de producción de vehículos de combustión, pero seguiremos moviéndonos con gasolina y diésel mientras en el resto de Europa se mueve con electricidad”, dispara Luis Valdés, experto en movilidad eléctrica. Aunque la mayoría de expertos consultados insisten en que el coche eléctrico dará un salto de gigante en los próximos años, con los actuales datos resulta difícil pensar que se pueda cumplir el objetivo del Gobierno: cinco millones de coches electrificados circulando en 2030. Hoy, apenas hay 200.000. “El ritmo se fija con motivación política, y las medidas para impulsarlo no son suficientes”, señala el director general de la patronal de fabricantes Anfac, José López-Tafall. La industria lleva años denunciando las medidas de apoyo del Gobierno por insuficientes. Piden ayudas más claras y sencillas —a través del plan Moves, que da hasta 7.000 euros de subvención— y un impulso en la infraestructura eléctrica. El mayor problema, sin embargo, es otro: el precio de una versión eléctrica equivalente a un coche de combustión es entre un 20% y un 30% más alto, según Faconauto. 

Mayor margen fiscal para desplegar más gasto frente a la previsible extensión de la crisis energética. Es el Plan Presupuestario que el Gobierno, ‘in extremis’, remitió ayer a Bruselas. Un documento marcado por la fuerte incertidumbre ante el imprevisible impacto de la inflación y de la guerra en Ucrania sobre la recuperación económica. La situación ha obligado al Ejecutivo a incluir por primera vez en el texto un escenario alternativo al planteado en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado presentados al Congreso. En ese ‘Escenario 2’, que cuenta con una actualización a cierre de octubre de la recaudación prevista para este año, el Gabinete de Pedro Sánchez eleva su previsión de ingresos tributarios en unos 10.800 millones de euros respecto al ‘Escenario 1’ (el planteado en las Cuentas), hasta los 331.188 millones. Para 2023 hace lo propio, al calcular que ingresará vía impositiva 9.600 millones más, hasta los 354.283. Es decir, solo con impuestos, el Estado recaudaría 685.471 millones de euros en los dos ejercicios, algo más de 20.450 millones extra. Según reconoce el Ejecutivo, la mejora de casi 10.000 millones planteada para el próximo ejercicio viene derivada del «impacto positivo adicional de la limitación en la compensación de pérdidas en los grupos en el impuesto sobre Sociedades, así como la recaudación derivada del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas». Dos de las medidas fiscales que el Ministerio de Hacienda ya presentó a finales de septiembre y que, junto a otras –también de ahorro–, permitirían recaudar unos 3.100 millones de euros.

El Gobierno contempla elevar el gasto público en unos 10.000 millones de euros el próximo año con respecto a la cifra fijada en el proyecto de Presupuestos para 2023, recién entregado al Congreso. Este importe serviría para financiar nuevas medidas contra la inflación y la prórroga de las ya vigentes. El incremento se cubriría con una mejora de los ingresos en igual medida, lograda gracias a la buena marcha de la recaudación y a las subidas fiscales anunciadas, como el nuevo impuesto a las grandes fortunas o los gravámenes a la banca y las energéticas, según detalla el plan presupuestario remitido ayer a Bruselas. Además, Hacienda también traslada que proyecta elevar los gastos e ingresos en 10.000 millones más en 2022. Por primera vez en un plan remitido al Ejecutivo comunitario, el Gobierno contempla dos posibles escenarios de recursos y desembolsos públicos, tanto para este año como para el que viene. El Ejecutivo justifica la doble previsión en la “situación actual”, marcada por “un alto nivel de incertidumbre y de inflación derivados del conflicto bélico de Ucrania”. La primera hipótesis remitida a la Comisión Europea corresponde a la del proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año, unas cuentas que en el documento se definen como ligeramente expansivas gracias a los fondos de recuperación. 

La inspección de Trabajo prevé convertir el año que viene 100.000 contratos temporales en indefinidos gracias a sus controles sobre la legalidad de los mismos. Esto supondrá un incremento del 11,1% respecto a los 90.000 empleos temporales que este año se convertirán en indefinidos tras haber investigado cerca de medio millón de contratos, una cifra que demuestra cómo uno de cada cinco convenios temporales incumple la ley. No en vano, desde la reforma laboral de diciembre de 2021 los contratos se presumen indefinidos salvo que circunstancias de la producción o la sustitución de un trabajador justifiquen la firma de otro por un periodo definido. Para comprobar que esta normativa se cumple, el año que viene Trabajo prevé analizar todos los contratos laborales con una nueva herramienta de análisis masivo de datos. Se llama HLF (Herramienta de Lucha contra el Fraude) y trabaja cribando diferentes bases de datos. La actividad inspectora del Ministerio de Trabajo se reorientará para hacer frente, según el Ejecutivo, al «debilitamiento de las condiciones de trabajo producido en los años precedentes, recuperar derechos laborales, y mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo». La inspección se centrará en el abuso de la contratación temporal, especialmente en los trabajadores jóvenes, en el uso fraudulento de los contratos a tiempo parcial, y en el uso fraudulento de los contratos de fijos discontinuos. Dada la relevancia adquirida por este último tipo de relación laboral, se ha incluido este nuevo indicador para 2023.

"...Se pueden extraer dos conclusiones relevantes para la política económica. Uno, ni los gobiernos ni los bancos centrales podrán evitar una fuerte sacudida de la actividad, al menos en Europa. Caso distinto es el de EE UU, donde la perturbación energética es más leve y la demanda un factor de inflación más potente. La sacudida será más severa de lo anticipado si el BCE subiera los tipos de interés al mismo ritmo que su homólogo transatlántico sin tener en cuenta la especificidad del shock que atraviesa la eurozona. O si los gobiernos intentaran revertir las restricciones de producción con inyecciones generalizadas de demanda. Esa es la receta contraproducente que está experimentando el Reino Unido, con graves consecuencias para la estabilidad financiera. Prueba de ello, los fondos de pensiones británicos con inversiones apalancadas (mediante el instrumento de las “cuentas de margen”, producto de la banca en la sombra) se han visto sorprendidos por las subidas de tipos de interés. Ante la falta de liquidez para cumplir las obligaciones regulatorias, el banco central ha tenido que dar marcha atrás —veremos si provisionalmente— a la retirada de estímulos. Dos, una política fiscal centrada en los grupos vulnerables y que incentive el cambio de modelo energético parece el instrumento más adecuado. La inacción entraña un riesgo de colapso de empresas solventes, como lo reconoce Alemania con el anuncio de un megaplán de 200.000 millones, dando un giro copernicano a su doctrina de no intervención. La estrategia incluye innovaciones, como una tarificación reducida para el consumo básico de gas y electricidad. La subvención desaparece a partir de ese umbral de consumo, incentivando el ahorro. Pero el plan también contiene ayudas cuestionables, como los ingentes recursos que se prevén para la gran industria, y amenazan con distorsionar el mercado único. Ese es el contexto en que nuestra política fiscal tiene que navegar, con la ventaja de los fondos europeos a condición de ponerlos a disposición del objetivo de una acción quirúrgica y transformadora. Pero sin margen de error por el nivel de los desequilibrios de las cuentas públicas".

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado esta semana de que el frenazo del gigante asiático es uno de los tres ingredientes de un cóctel incendiario que acecha la economía global, junto a la invasión rusa de Ucrania y la dentellada en el nivel de vida causada “por las persistentes y crecientes presiones inflacionistas”. El organismo con sede en Washington ha reducido las previsiones de crecimiento del PIB de este país hasta el 3,2% en 2022 y el 2,7% en 2023 (frente al 8,1% de 2021), según el informe World Economic Outlook publicado el pasado martes. Muy lejos del 5,5% que Pekín marcó como objetivo para el año. Y cuando China flaquea, el resto del mundo se echa a temblar. El FMI no está solo. Los pronósticos para China se han ido volviendo lúgubres a medida que iba avanzando el año. Dado el enorme nivel de incertidumbre, la contracción del consumo interno y la caída de las exportaciones, el país dejará de ser la locomotora económica de Asia por primera vez en tres décadas, pronostica el Banco Mundial, que estima que la superpotencia crecerá en 2022 menos que el resto de los países de la región de Asia Oriental. Pekín ha desplegado una batería de medidas para evitar el desplome del sector inmobiliario. Es uno de los pocos países del mundo que persiste en una estrategia de covid cero. 

China y el mundo asisten desde hoy a una cita que se presume histórica por su relevancia para la segunda economía del planeta y para el orden mundial. Xi Jinping, el hombre que ha estado al frente de la superpotencia durante una década, el dirigente que no deja de acumular poder, que ejerce un férreo control y vigilancia sobre los ciudadanos y obliga a estudiar su pensamiento en las escuelas, prevé consolidar un tercer mandato sin precedentes durante el XX Congreso del Partido Comunista chino que se celebra esta semana en Pekín. La consagración de Xi, cuya ideología quedará previsiblemente fijada en la Constitución —a la altura de la de Mao Zedong—, supone un desafío colosal para Occidente. El mandatario aspira a devolver a China el poder global del pasado y busca un nuevo equilibrio de fuerzas. Su objetivo es cristalizar un sistema centrado en la relación entre Estados y alejado de los derechos humanos y libertades individuales. Cuando arranque hoy el XX Congreso del Partido Comunista de China, la gran cita política quinquenal del país, no habrá apuestas ni quinielas. Pocos tienen ya dudas sobre el resultado: supondrá la consagración del actual presidente, Xi Jinping, en el poder y, por tanto, de su forma de ejercer la batuta de mando.

El nuevo ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, ha anunciado que el Gobierno tendrá que tomar «decisiones difíciles sobre el gasto público, que no podrá aumentarse como queríamos», y que «la reducción de impuestos no será tan alta como la gente esperaba y algunos tendrán que incrementar». Intenta así calmar la reacción de los mercados de capitales en los próximos días. Menos de 24 horas después su nombramiento, Hunt confirma el cambio radical de las prioridades del Gobierno de Liz Truss. La primera ministra y su nuevo responsable de Hacienda se reunieron ayer para coordinar la presentación en quince días de un Presupuesto que ofrezca estabilidad, tras la implosión de los planes de Truss en los primeros días de su mandato. La líder conservadora ganó la votación de los miembros del partido en septiembre prometiendo la derogación del aumento del impuesto de beneficios de las sociedades y otros destinados al gasto de la sanidad pública y la asistencia social a los mayores, introducidos por su rival, Rishi Sunak. El viernes confirmó que mantendrá el primero y se espera que haga lo mismo ahora con los demás. Truss y Kwasi Kwarteng, su amigo y correligionario, pergeñaron un minipresupuesto que cumplía su promesa electoral y añadía reducciones. Lo presentaron el 23 de septiembre junto a una enorme subvención pública de los precios de la energía. Los mercados reaccionaron con ferocidad ante las dudas sobre las finanzas del Estado.

La política también sufre la falta de relevo generacional, al carecer de atractivo para los jóvenes y para los profesionales con experiencia. La política da la impresión de que se ha convertido en un club para veteranos. Al menos, así se desprende del ‘revival’ de Odón Elorza (67 años), que perdió las primarias socialistas con la también ‘senior’ Marisol Garmendia (59) para ser candidato a la Alcaldía de Donostia por el PSE; y la repesca de Juan Karlos Izagirre (59) por EH Bildu para optar al mismo cargo. Aunque ninguno de los tres, ni por asomo, llega al extremo de Paco Torres, que con sus 79 años aspira a renovar como alcalde de Málaga. No obstante, tampoco hay que olvidar que surgen jóvenes como Mikel Lezama (29 años), que aspirará a diputado general de Gipuzkoa por el PP o Gurutze Iturrioz (27 años), de EH Bildu, candidata a la Alcaldía de Orexa. En el siguiente reportaje preguntamos a cuatro reputados sociólogos y politólogos si creen que esta actividad se ha convertido en un reducto para ‘mayores’ o si estiman que, por el contrario, hay cantera. Ander Gurrutxaga Catedrático UPV «Las élites, con algún altibajo, se han mantenido al frente de las instituciones».