20221117

Confebask valora positivamente los resultados del Sociómetro vasco (nº76, marzo 2022), en el que se consulta por el ‘nivel de confianza en ciertas instituciones’. En respuesta a esa pregunta destaca que la empresa vasca revalida la confianza de la mayoría social en Euskadi y, de hecho, logra la puntuación más alta de toda la serie histórica, que se remonta a 1999. En concreto, el 60% de la población vasca asegura confiar en la empresa vasca, lo que le sitúa en la sexta institución de Euskadi en la que más confía la sociedad vasca, a la par de las ONG’s. Asimismo, según los datos del Sociómetro, el porcentaje de confianza en la empresa vasca (60%) es superior al que la sociedad vasca otorga a otras instituciones como los sindicatos (46%), medios de comunicación (36%), partidos políticos (20%) o incluso la propia UE (58%). Además, también es destacable que el porcentaje de población que manifiesta tener confianza en la empresa vasca es mayoritario en todos los grupos de edad, una confianza que aumenta con la edad, tanto entre personas jubiladas como entre la población laboral: a mayor edad, mayor experiencia laboral en la empresa, mayor confianza. Ver más en Confebask. 

Ulma someterá a votación de sus socios la salida del grupo Mondragon el próximo día 16 de diciembre, la misma fecha elegida también por Orona. Las dos cooperativas del Grupo Mondragon que han planteado salir del mismo siguen con sus planes y someterán la crucial decisión a la votación de sus socios el próximo 16 de diciembre. Las respectivas reuniones (en el caso del conglomerado de Oñati al ser nueve negocios diferentes habrá igual número de votaciones) aún no han sido convocadas de manera oficial, pero esa es la fecha que tienen reservada en sus agendas las cúpulas de las dos empresas. La hoja de ruta de la independencia, por tanto, sigue inalterada, después de que la Corporación haya celebrado su Congreso anual, en el que el presidente, Iñigo Ucín, lanzó dos claros mensajes: la fuga no beneficia a nadie y el Grupo tiene la mano tendida para que Ulma y Orona sigan donde están. Ambas cooperativas, que siguen guardando un sepulcral silencio hacia el exterior (y en cierto modo también hacia el interior) respecto a sus planes, hacen de este modo coincidir sus respectivas asambleas. Algo lógico, en cierto modo, pues ante semejante desafío resulta más práctico concentrar las reuniones en un solo día. Incluso para evitar que el sentido de la votación en una empresa pudiera condicionar el escrutinio en la otra. El Gobierno Vasco desconoce los planes de las dos cooperativas. No se han dirigido de manera oficial (ni oficiosa) al Gobierno Vasco para comunicarle, siquiera de forma somera, sus planes de separación del Grupo. Así lo desveló ayer a DV la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia. «Ni Orona ni el Grupo Ulma han contactado con nosotros», zanjó. La responsable de la política industrial de Euskadi subrayó que al gabinete de Iñigo Urkullu le toca ser absolutamente «respetuoso» con el movimiento de ambas compañías y con la decisión que terminen adoptando sus socios. Aún así, no dejó pasar la oportunidad de señalar que en el gabinete de Iñigo Urkullu «consideramos que (Mondragon) es el grupo industrial más importante que tenemos en el país y necesitamos un grupo industrial cooperativo fuerte».

La economía vasca presenta una recuperación robusta tras la caída de actividad experimentada en 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria. Sin embargo, en las circunstancias geopolíticas actuales es muy difícil prever la evolución de la situación coyuntural porque requiere una adaptabilidad alta por parte de empresas, gobiernos y otros agentes de competitividad. Así lo destaca el Informe de Competitividad 2022, elaborado por Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad (Fundación Deusto) en colaboración con Spri, que fue presentado ayer y que deja entrever «claroscuros» en el desempeño de la comunidad autónoma. El documento, un clásico en la literatura económica de Euskadi, recoge una serie de recomendaciones, entre las que se incluye una invitación expresa a las empresas y las industrias a aprovechar sus fortalezas ya demostradas para buscar «nuevos nichos de especialización». Del mismo modo, el informe, que constata una recuperación de la rentabilidad empresarial tras la crisis del Covid, en contra de lo señalado por las patronales vascas, urge a poner el foco en la inmigración ante el evidente declive de la pirámide poblacional vasca, aspecto en el que sugiere potenciar la atracción de personas y su formación en capacidades con las que abordar los grandes retos y transiciones que se imponen.

Las pérdidas acumuladas en 2021 por Siemens Gamesa, que se elevaron hasta los 940 millones, más el coste de la retirada de Rusia, valorado en 200 millones de euros, han provocado que la matriz de la constructora vasca de aerogeneradores, Siemens Energy, haya aumentado sus pérdidas este año en un 15% hasta los 647 millones de euros. Las cifras de la empresa que tiene el 67% de la antigua Gamesa impedirán repartir dividendos entre sus accionistas a cargo de este año, y explican la urgencia de los directivos alemanes por cerrar de una vez por todas una deriva en la que el constructor vasco acumula la escalofriante cifra de 2.385 millones de euros de pérdidas en tres años. La situación eleva la determinación de la compañía para acelerar la integración de Siemens Gamesa que, según explicó el consejero delegado de Siemens Energy, Christian Bruch, «nos ayudará a mejorar la rentabilidad del negocio eólico y desarrollar todo su potencial». Según detalló Bruch, el buen comportamiento de la división de la compañía dedicada a la fabricación de equipos y prestación de servicios al sector del petróleo y el gas, aupada por las ventas futuras por la crisis energética, no ha sido suficiente para afrontar las pérdidas de Siemens Gamesa, que «no cumplió las expectativas» y que en el último año fiscal –ambas compañías inician el ejercicio el 1 de octubre– añadió 940 millones de pérdidas. Estiman que Gamesa necesitará tres años para volver a beneficios. 

Tras el anuncio la semana pasada de la puesta en marcha de una importante reestructuración en España, PepsiCo ha puesto sobre la mesa un ERE para alrededor de 550 trabajadores en todo el país, lo que supone el 20% de su plantilla. Más de medio millar de despidos que también afectarán a las instalaciones del grupo en Álava. Según confirmaron ayer fuentes sindicales, la compañía les ha trasladado un plan que incluye la salida de 37 trabajadores: 15 de la planta embotelladora de Etxabarri-Viña, que suma 180 empleados, y 22 de las oficinas de Vitoria. En todo caso, la empresa ha aclarado que no planea cerrar ninguna fábrica. La puesta en marcha del proceso de regulación de empleo incluye la constitución de una mesa de diálogo para –según la firma– «garantizar un proceso con voluntad de acuerdo» con los agentes sindicales, que por el momento rechazan la medida. Los responsables de PepsiCo argumentan que el reajuste tiene como objetivo «asegurar que contamos con la estructura y los recursos adecuados», en el marco de una «continua revisión de nuestra forma de operar con el objetivo de ser una organización eficiente y preparada para afrontar los retos actuales y futuros». «La situación actual nos lleva a operar en un entorno externo volátil y con numerosos factores que están ejerciendo nuevas presiones sobre nuestro negocio», justifican. Tras estas palabras, los sindicatos ven «un ajuste que desembocará en un ERE por causas organizativas y productivas». 

Los sindicatos han convocado cinco días de huelga, entre el 1 y el 5 de diciembre, en las estaciones de servicio de Bizkaia por las discrepancias en la negociación del convenio colectivo. Así lo han anunciado CC OO, LAB, ELA y UGT en una nota. El principal motivo de las diferencias radica en cómo trasladar la inflación a los salarios. El convenio venció a finales de 2019 y desde entonces se negocia la renovación. Las centrales exigen que los sueldos recojan el alza del IPC y las patronales aseguran que no pueden afrontarlo por la caída de las ventas. El convenio afecta a 600 trabajadores y 110 estaciones de servicio.

Los sindicatos ELA, CC OO y UGT anunciaron ayer la firma del convenio del textil de Álava con vigencia para 2021 y 2022 que recoge cláusulas contra la digitalización y la estatalización y subidas salariales del 6,5%. Según informó ELA, central con el 78% de representación en el sector, el convenio recoge los objetivos planteados desde un principio pero, a pesar de los avances que supone el acuerdo, «tenemos claro que habrá que seguir defendiendo esas condiciones laborales legalmente establecidas en cada centro de trabajo para conseguir un sector sin precariedad».

El canon por vertido e incineración de residuos industriales entrará en vigor en Euskadi el 1 de enero con una tasa de 10 euros por tonelada, tal y como marca la nueva normativa estatal. Junto a esa tarifa base, el Gobierno Vasco trabaja en el diseño de otro impuesto adicional propio que elevará el importe en otros 10 euros, hasta 20 por tonelada, a partir de 2024. Será un canon de naturaleza finalista, cuyos ingresos se destinarán a impulsar el cambio iniciado en Euskadi en la gestión de residuos no peligrosos, que se puede sintetizar en sustituir los vertederos donde se sepultan los desechos por instalaciones de tratamiento selectivo de materiales que buscan reciclar, reutilizar y recuperar esos restos para darles un segundo uso. La filosofía que envuelve la aplicación de esta tasa es que «no puede salir más barato llevar un residuo a un vertedero que reciclarlo». Así lo anunció ayer la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia (PNV), durante la presentación de la hoja de ruta hasta 2030 para reducir el número de vertederos en Euskadi y desarrollar instalaciones de tratamiento de materiales específicos. Tapia recordó que tras el colapso y tragedia de Zaldibar, y los cierres de Mutiloa y Larrabetzu, la capacidad de los vertederos vascos es insuficiente para acoger todos los desechos no peligrosos que generan las empresas. Para hacer frente a estas necesidades «temporales» mientras se despliegan las plantas de tratamiento selectivo, se ampliará la capacidad de algunos de los depósitos existentes e incluso se reabrirán otros. Vitoria, sin embargo, rechaza ampliar su vertedero ahora y recibir amianto en 2024 como pretende Tapia. Ver más en Ihobe vía Confebask Canal Transición Energética y Mediomabiental.  

‘Ez zarete ongi etorriak Statkraft/ Statkraft no sois bienvenidos’. Así, con esta pancarta hostil, los vecinos de Aramaio contrarios al parque eólico que la empresa pública noruega pretende instalar en su término municipal recibieron ayer a los directivos de la firma que se acercaron al pueblo para tratar de explicar su proyecto. Fue una reunión tensa, en la que quedó patente el rechazo frontal que despierta la planta en la localidad alavesa. Una treintena de personas recibió con una concentración de protesta a los directivos de Statkraft en el exterior de la Casa de Cultura, donde se había convocado la reunión, con pancartas en contra del proyecto eólico con lemas como ‘Berriztagarriak bai, horrela ez. Mendiak ez daude salgai / Renovables sí, pero así no. Los montes no están en venta’. Disfrazados como la muerte, con una estela funeraria con el nombre del municipio y con un molino eólico en lugar de una guadaña (con el logotipo del PNV en una de sus aspas), los vecinos de Aramaio contrarios al parque eólico quisieron escenificar su rechazo absoluto al plan que pretende instalar siete gigantescos aerogeneradores de 201 metros en su pueblo (y uno en la vecina Ekoriatza) que formarían el parque Itsaraz. Al contrario que ha ocurrido con otros proyectos de parques eólicos en la provincia como el de Labraza o el de Azáceta, la coalición abertzale ha mostrado una posición diferente ante el plan de la noruega Statkraft para Aramaio, al que ha llegado a definir como «una fórmula interesante». Sin embargo, la postura de los vecinos del pueblo parece estar bastante alejada de esa, a priori, buena disposición que dejan entrever los soberanistas: "Cuento chino". 

La irrupción de la pandemia de Covid en Euskadi a principios de 2020 ha provocado múltiples consecuencias en todos los ámbitos sociales y ha impactado de forma notable en los jóvenes. El estudio ‘Juventud vasca 2020-2021’, un informe sociológico que elabora cada cuatro años el Observatorio Vasco de la Juventud, deja constancia de los «cambios sustanciales» que se han derivado de la crisis sanitaria y que han afectado especialmente a la emancipación de los jóvenes. La edad media en la que abandonan el hogar familiar ha vuelto a superar los 30 años –llega a los 30,2, cuando la edad ideal que ellos mismos declaran serían los 24,5 años–, pero la pandemia ha contribuido además a que se duplique el porcentaje de jóvenes que vuelven a casa de sus padres después de haberse independizado en algún momento. Si la serie histórica se movía en torno al 15% desde el año 2000, tras el Covid se ha situado en el 29,9%. El informe se basa en encuestas a jóvenes de entre 15 y 29 años y no ofrece cifras globales, pero un incremento de ese calibre en el porcentaje se traduce en que cientos de jóvenes vascos han visto truncada su emancipación por la crisis sanitaria. El informe cuatrianual sobre la juventud vasca apunta también una serie de «tendencias generales» que están provocando «una evolución en la forma de hacer y de pensar de las personas jóvenes»: cada vez son más ecologistas, demandan reformas sociales profundas, se muestran más alejados de la religión, están más concienciados con la igualdad de género, son más tolerantes con la diversidad cultural y sexual, y más críticos con la violencia hacia las mujeres.

La falta de mano de obra cualificada preocupa a las empresas españolas, hasta el punto de que para la mayoría de ellas este será el principal problema al que tendrán que hacer frente el próximo año. Retener a los trabajadores más preparados es, por tanto, el segundo mayor desafío para las compañías, según advierte el Informe de Tendencias de Recursos Humanos que han elaborado conjuntamente la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Randstad, presentado ayer en la sede de la patronal. “En España faltan trabajadores y es difícil hablar de digitalización y sostenibilidad si no tenemos gente preparada para alcanzar ese futuro que queremos”, dijo el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi. El estudio recoge el sentir de 300 empresas en cuanto a su realidad actual, y a las soluciones en materia de recursos humanos en las que trabajan para hacer frente a los retos del futuro. De entre todos ellos, el déficit de perfiles técnicos preocupa sobremanera al 53% de las compañías encuestadas. Esta carencia de empleados convenientemente formados está, además, impidiendo que el 94% de ellas puedan satisfacer las necesidades de sus clientes, y que su productividad (93%) y competitividad (90%) se resienta. “El empeoramiento de la productividad y los resultados financieros, como consecuencia de la escasez de talento, se produce sobre todo en empresas pequeñas y medianas”, según indica el informe. “Las pequeñas se ven obligadas en mayor medida a subir los salarios como reacción a este problema”.

La brecha entre los empresarios y el Gobierno de Pedro Sánchez es cada vez mayor, un distanciamiento que ninguna de las partes elude ya escenificar. Si Sánchez no dudó en acusar a las grandes empresas energéticas y bancarias de alinearse con las tesis y políticas del PP, anunciando después un controvertido impuestazo a ambos sectores, junto a un nuevo tributo a las grandes fortunas, los empresarios no dudan ahora en criticar los bandazos legislativos del Ejecutivo. “No puede ser que tengamos leyes a la carta, regulaciones a la carta, impuestos a la carta, cambios de leyes a la carta”, señaló ayer el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. Aunque no mencionó ninguna medida concreta, sus declaraciones se produjeron en un contexto en el que, junto a los nuevos tributos a energéticas y bancos, el Gobierno va reformar el Código Penal para reducir las penas a los independentistas catalanes condenados por sedición, al tiempo que ha abierto también la puerta a revisar el delito de malversación. “Vemos impuestos a la carta y leyes que no se han hecho bien y hay que cambiarlas y, aunque no sean de índole económica, eso crea inseguridad”, señaló Garamendi, en alusión en este caso a la ley del sólo sí es sí. El presidente de CEOE, que efectuó estas declaraciones durante su intervención en el congreso de la APD que se celebra ayer y hoy en Sevilla, reclamó “seguridad jurídica”, además de “estabilidad regulatoria y calidad de la norma”, deslizando que estos volantazos del Gobierno minan la confianza de los inversores nacionales e internacionales, que “se juegan su dinero” y que, por tanto, necesitan seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. Garamendi cuestionó las previsiones macro sobre las que se sustentan los Presupuestos para 2023 (CEOE vaticina que la economía solo crecerá un 0,8% el año que viene frente al 2,1% que sostiene el Ejecutivo) y alertó de los abultados niveles de endeudamiento y déficit pese a la mayor recaudación de impuestos por la inflación.

La sorpresa saltó cuando Virginia Guinda dio el paso como candidata a presidir la patronal CEOE. El actual presidente esperaba revalidar el cargo sin rival. Pero pese a los reducidos apoyos iniciales con los que contó, la candidata se muestra optimista de cara a las elecciones del próximo miércoles 23. Insiste en que no es la candidata de la división y la crítica, sino de la pluralidad. Bajo el lema Nueva etapa, más empresa, afirma que en estos últimos días ha tenido muchos contactos sectoriales y territoriales que la hacen ser optimista, ya que está percibiendo el interés por su propuesta con mucha sintonía y ganas de cambio. Afirma que le pedirá al presidente del Gobierno un ‘día del empresario’. "La reforma laboral se tiene que abordar de nuevo, se nos ha quedado anticuada. Pero sobre todo es necesario recuperar una posible contratación que dé más flexibilidad al empresario y que además asegure una contratación a un coste competitivo...El SMI se ha simplificado demasiado, se ha politizado, es un número muy importante con unas repercusiones muy amplias, y a mí me parece que el SMI debería subir sin duda, en algunos estratos y probablemente se debería bajar en otros. Para ello habría que contar con los distintos sectores y las distintas realidades. No es lo mismo un sector agrario que una industria y tampoco es lo mismo un joven que se quiere incorporar al mercado laboral o alguien que tiene más de 50 años y tiene mucha experiencia, por lo que el salario mínimo tampoco tendría que ser el mismo. Un modelo más complejo nos puede dar mejores resultados..."

El Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, ha planteado en sus conversaciones con los sindicatos y con Unidas Podemos que las cotizaciones máximas suban un 30%, además de la inflación, en los próximos años, según confirmaron fuentes gubernamentales. Las prestaciones máximas se elevarían en una cuantía similar pero con un desfase temporal, según la propuesta avanzada en las conversaciones sobre la segunda parte de la reforma de las pensiones. En el sistema actual de jubilación, la pensión máxima es de 39.468 euros al año, y la contribución máxima se calcula sobre un techo de 49.672 euros. La parte de los salarios altos que excede esa cifra no cotiza nada ni genera más pensión futura. El cambio planteado afectaría a más de un millón de trabajadores y haría que la cotización subiera hasta calcularse sobre un máximo de 65.000 euros de renta en términos reales (descontada la inflación). Para aumentar esa proporción, se propone que se eleve el listón igual que el IPC, como todas las pensiones, más un 0,88% adicional cada año. Del mismo modo, la pensión máxima subiría del entorno de los 40.000 euros hasta unos 52.000, pero con cierto retraso. La negociación de la segunda parte de la reforma de las pensiones entra en su recta final. 

La letra pequeña del nuevo impuesto a grandes patrimonios implica su especial incidencia en Aragón, Asturias, Cataluña, Baleares, Galicia, Andalucía y Madrid así como trabas a ciertos beneficios fiscales de la empresa familiar. El Congreso de los Diputados ya ha aceptado la incorporación del nuevo Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas como enmienda de los grupos del Gobierno a la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes extraordinarios a la banca y las empresas energéticas. La Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara Baja terminará de definir hoy el texto, con la discusión de las enmiendas presentadas por el resto de grupos, para que sea sometido a la votación del Pleno del Congreso el próximo jueves en paralelo al proyecto presupuestario. A la espera de conocer si la discusión modula el actual diseño del gran paquete de subidas fiscales para 2023, las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos componen ya la letra pequeña del nuevo impuesto a las grandes fortunas revelando que el gravamen penalizará especialmente a los contribuyentes de siete comunidades autónomas, a los no residentes más acaudalados y a algunas empresas familiares. El nuevo tributo sobre las fortunas de más de 3 millones de euros es un gravamen suplementario al Impuesto de Patrimonio que permite a los contribuyentes que ya abonen efectivamente este último a las comunidades autónomas deducírselo del pago del impuesto solidario. 

El inminente impuesto a las compañías energéticas y a la banca tiene todavía la opción de comenzar su andadura el 1 de enero con un esquema distinto al planteado inicialmente por el Gobierno, en su idea de gravar los ingresos extraordinarios que están facturando las empresas de ambos sectores. El Ejecutivo está dispuesto a incluir en el debate de tramitación de la proposición de ley las enmiendas de varios grupos parlamentarios, entre las cuales se encuentran algunas que abogan por reconvertir el impuesto para equipararlo a las recomendaciones de la Comisión Europea. Es decir, que eléctricas, gasistas y banca tributen por sus beneficios y no por el importe de las ventas que obtengan. Todo dependerá de la negociación del texto, aunque por lo pronto el Gobierno decidió ayer retirar los vetos que había comunicado apenas 24 horas antes a las 70 enmiendas parciales presentadas por los diferentes grupos parlamentarios. Entre las iniciativas que finalmente se debatirán se incluirán las propuestas del Partido Popular para gravar con un 33% los beneficios extra de las energéticas con actividad centrada en el petróleo, el gas y el carbón, frente a la propuesta de Hacienda de gravar los ingresos, así como la supresión del impuesto para la banca. El grupo parlamentario del PNV también coincide con los populares y la propia Comisión Europea en su propósito de gravar los beneficios y no la facturación. Los nacionalistas vascos sostienen que la cifra de negocio de por sí «no es indicativa de los beneficios obtenidos». 

La Unión Europea aplicará un mecanismo para limitar el precio del gas, similar al que cuentan España y Portugal desde junio, aunque incluirá matices con los que Bruselas intenta amortiguar la subida del coste de esta materia prima sin perjudicar al mismo tiempo a los países del centro y este, dependientes de Rusia. La propuesta de la Comisión establece una corrección del mercado del gas que se activará para limitar los precios si estos alcanzan unos niveles máximos que deberán estar fijados de antemano para que pueda tener un efecto «inmediato». El documento con el que trabaja Bruselas, cuyo primer borrador ha sido remitido a los socios europeos, determina que el mecanismo establecerá un tope con un mes de antelación a los productos del mercado de futuros holandés TTF (el que se utiliza como referencia para fijar el precio diario del gas) en toda la UE. Este tope se activará si la base del precio neerlandés alcanza un nivel máximo predefinido que se fijará por adelantado y si la subida de precios no se corresponde con un incremento similar en el mercado mundial. La propuesta llega en medio de otra escalada de los precios del gas natural como la que se viene registrando en la última semana.

La calma en la que se habían instalado los mercados gasistas europeos toca a su fin. La principal referencia de precios en el Viejo Continente, el índice holandés TTF, se dispara más un 20% en solo dos jornadas (la del lunes y la del martes) por la bajada de temperaturas que auguran los mapas del tiempo en las próximas semanas y los problemas técnicos en Noruega y EE UU, dos suministradores clave. La buena noticia es que los precios partían de su nivel más bajo del último medio año, muy lejos de los máximos marcados en verano. Las temperaturas anormalmente altas de las últimas semanas empiezan, poco a poco, a quedar atrás. Y con ellas se marcha también un periodo de consumo de gas muy bajo, que ha permitido no solo conservar las reservas para el invierno prácticamente intactas, sino seguir llenando los depósitos en unas fechas en las que las retiradas suelen ser predominantes. Ahora, en cambio, empezará a picar a la baja por el paulatino encendido de las calefacciones. Esa bajada de temperatura se verá compensada por otro factor meteorológico —el aumento del viento, que incrementará la generación de la eólica—, pero no será suficiente para contrarrestar por completo la tendencia alcista. Hay otros dos factores empujando al alza los precios, ambos técnicos. El primero es el retraso en la vuelta a la actividad plena de la planta Freeport (Texas), que sufrió una explosión en junio pasado y que es clave para la llegada del natural licuado (GNL, el que llega por barco) a Europa. El segundo, los problemas técnicos en otras dos infraestructuras esenciales en Noruega: el yacimiento de Asgard está fuera de juego tras el incendio del fin de semana pasado y el de Visund sigue sin operar a pleno rendimiento por un problema en el suministro.

El Banco Central Europeo (BCE) alertó ayer de un aumento de los riesgos económicos y un empeoramiento de las condiciones financieras de la zona euro. La alta inflación dibuja un panorama «desafiante» para hogares y las empresas y la entidad europea apunta que la recesión técnica «es cada vez más probable», en sintonía con las perspectivas económicas de la Comisión Europea. El elevado coste de la energía sigue siendo el principal motor de la inflación, tal y como muestra el Informe de Estabilidad Financiera de noviembre del BCE. Bruselas también apuntó en sus previsiones que los precios seguirían siendo altos durante parte de 2023, antes de reducirse gradualmente. El enfriamiento de la economía europea también aumenta la presión sobre las condiciones financieras y eleva los riesgos. «Las familias y las firmas ya están notando sus efectos», destacó el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. «Nuestra predicción es que la recesión técnica en la Eurozona es cada vez más probable», añadió. El organismo también ha observado un aumento de la deuda de las compañías, lo que unido a la caída de los ingresos deteriora las perspectivas económicas.

El panel de Funcas ha mejorado las perspectivas económicas para España en 2022, ensombreciendo a su vez el panorama previsto para el año que viene. El consenso de analistas, publicado este miércoles, prevé que la economía española crecerá este año un 4,5%, tres décimas más de lo estimado en septiembre, pero recorta su previsión para el producto interior bruto (PIB) de 2023 desde el 1,9% hasta el 1,1%. La radiografía que muestra el panel, coincide a grandes rasgos con la dibujada recientemente por analistas internacionales como la Comisión Europea, la OCDE y el FMI y con la prevista por la Airef y el Banco de España, que proyectan subidas del entorno del 1% para 2023. El Gobierno, por su parte, confía todavía en que la economía española avance alrededor del 2% a lo largo del próximo año. La revisión al alza de las previsiones para este ejercicio está motivada, explica el panel, por la incorporación de los últimos datos publicados sobre contabilidad nacional referidos al segundo trimestre, periodo en el que la economía creció un 1,5%, y al tercer trimestre, cuando el PIB se elevó más de lo previsto, un 0,2%. Con todo, de cara al cuarto trimestre del año, la mayoría de panelistas prevé un crecimiento negativo. En 2023, los expertos estiman un crecimiento nulo en el primer trimestre y prevén incrementos que oscilen entre el 0,5% y el 0,7% en el resto de meses del ejercicio. Por ello, España conseguiría esquivar la recesión técnica, producida cuando se registran caídas durante al menos dos trimestres consecutivos.

Los grandes bancos y otros institutos hablan de un frenazo de la economía española hasta el entorno del 1%, o incluso por debajo de esta cifra, de acuerdo con los datos recogidos en el panel de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), publicado ayer. Así, aunque el consenso prevé un avance relativamente vigoroso para este año (4,5%), fruto del efecto rebote tras la dura crisis del coronavirus, la inercia se apagará el próximo ejercicio. En concreto, los servicios de estudios de BBVA, CaixaBank, Santander, Repsol y Mapfre apuestan por un crecimiento del 1% el próximo año, una cifra que la patronal CEOE rebaja hasta el 0,8% y la propia Funcas, hasta el 0,7%. Todas ellas se sitúan en una horquilla muy pequeña, de apenas tres décimas, y tienen algo en común: quedan muy por debajo de las expectativas del Gobierno, plasmadas en los últimos Presupuestos Generales del Estado, donde se pronostica un crecimiento del 2,1%. Eso hace que las nuevas Cuentas sean ya papel mojado antes de su aprobación definitiva. Este freno se debe a varios elementos. Por un lado, la demanda privada se resentirá por el golpe que supone la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación, mientras que el gasto público no puede crecer con fuera tras los excesos de la lucha contra el coronavirus y la subida de precios, la inversión renquea por la incertidumbre y las subida de tipos de interés y las exportaciones se debilitan por la pérdida de competitividad y la debilidad de la demanda internacional. Todo ello genera un cóctel en el que el mercado laboral, el único elemento todavía vigoroso, apenas crecerá una cuarta parte que este año.

Tras unas primeras horas en las que parecía que Occidente podría verse abocado a la guerra, después de la explosión de un misil en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, las investigaciones preliminares apuntan a que todo fue un terrible accidente. Los servicios de Inteligencia estadounidenses y la OTAN no creen que el misil que mató a dos personas en la localidad de Przewodow fuera parte de «un ataque deliberado» de Rusia contra la Alianza. Es más, descartaron que el cohete procediera de su Ejército. «Lo más probable es que el proyectil forme parte de la defensa antiaérea ucraniana», aseguró ayer el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg. El incidente tuvo lugar en medio de una ola de ataques aéreos rusos de gran magnitud sobre la parte occidental de Ucrania, que tenían como objetivo infraestructuras críticas energéticas. Al parecer, el artefacto que impactó en territorio polaco fue activado por las baterías antiaéreas que defienden el espacio aéreo ucraniano. «Pero la culpa no es de Ucrania. El responsable último es Rusia», destacó Stoltenberg. Los embajadores de la Alianza Atlántica se reunieron ayer de emergencia en Bruselas para evaluar el incidente, que en un primer momento fue atribuido a Rusia por países como Ucrania, Lituania, Letonia y Estonia. Tras la reunión, sin embargo, la Alianza concluyó que lo ocurrido «no tiene las características de un ataque contra un aliado» por lo que no se activará el artículo 4 de los tratados, lo que llevaría a la OTAN a convocar consultas entre los aliados y responder a un ataque enemigo. Varsovia confirmó que no recurrirá a esta medida.

49 años, 11 meses y 9 días después, una nave para viajes tripulados partió ayer de Cabo Cañaveral con destino a la Luna. La misión Artemisa 1, con la que la NASA retoma los vuelos humanos más allá de la órbita terrestre después de cinco décadas, despegó a las 7.47 horas en España (1.47 horas en la costa este de Estados Unidos). La estela del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) rasgó la noche de Florida como el 12 de diciembre de 1972 lo hizo la del Saturno 5 del Apolo 17, la última misión tripulada a la Luna y la primera que despegó de noche. Artemisa 1 es un vuelo de prueba del cohete más grande jamás construido, el SLS, y la nave Orión. Compuesto por un cohete y dos propulsores, el SLS mide 98 metros, que llegan a los 111 con la nave Orión y el sistema de escape. La cápsula tiene capacidad para cuatro astronautas, y su módulo de servicio –el que la propulsa, proporciona agua y oxígeno a la tripulación, genera la electricidad...– es de fabricación europea. «Es la primera vez que la NASA usa un sistema crítico hecho por la ESA en una nave tripulada», destacaban los responsables de transmitir el lanzamiento. «Es el primer paso de nuestro país de vuelta a la Luna y hacia Marte», afirmó entonces en el centro de control de la misión Charlie Blackwell-Thompson, la primera mujer en dirigir un lanzamiento de la NASA. «Este vuelo de prueba sin tripulación llevará a la Orión a los límites de los rigores del espacio profundo, ayudándonos a preparar la exploración humana de la Luna y, en última instancia, de Marte», coincidió poco después el administrador de la NASA, Bill Nelson.