20230117

La guerra de Ucrania y sus efectos sobre la economía han roto una tendencia que presagiaba que en 2022 se pudiera recuperar el número de empresas que había en Euskadi antes de la pandemia. Si bien la primera mitad del año generó un crecimiento en las compañías registradas en la Seguridad Social, la evolución de los últimos meses ha arrojado un saldo definitivo negativo y el País Vasco cerró 2022 con un total de 57.820 empresas, 325 menos. Son, además, 1.073 por debajo del registro de antes del estallido del coronavirus que, por lo tanto, se sigue cobrando un 1,8% del censo empresarial vasco. Todavía queda más de la mitad de recorrido para volver al escenario de enero de 2020. Así, según señala la patronal vasca Confebask, queda pendiente de recuperar el 51% de las empresas que sucumbieron al parón económico provocado por el confinamiento. En el caso de los autónomos, las cifras son más preocupantes ya que solo se han recuperado el 12% de las actividades profesionales personales que desaparecieron. El número de trabajadores dados de alta en el régimen especial de autónomos es de 168.999, el más bajo en la última década. Otro dato que no es positivo es el de las empresas que se encuentran inmersas en un proceso concursal. Son un 85% más en 2022, aunque en este caso hay que anotar que la moratoria para entrar en proceso de acreedores se mantuvo hasta el pasado septiembre y estuvo en vigor durante todo el ejercicio de comparativa, el 2021. Ver más en Confebask. 

Según publicó ayer el organismo de análisis, entre octubre y diciembre la economía vasca recuperó cierto ritmo al crecer un 0,4%. La cifra es mayor que el 0,1% de los meses de verano, cuando el IPC estaba al 10% y el arranque de las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo congelaron la evolución del PIB vasco y acercaron la posibilidad de acumular dos trimestres de crecimiento negativo, lo que se conoce como ‘recesión técnica’. El balance global del año 2022 se saldó con un 4,3% de crecimiento interanual, tal y como predijo el Gobierno vasco en septiembre, aunque muy lejos del 6,7% que vaticinó a principios de ejercicio cuando se confeccionaron los Presupuestos. La guerra de Ucrania y las tensiones que provocó en los precios obligaron a revisar los cálculos y reconducir el rumbo. Las diputaciones forales trataron de aliviar el peso de los impuestos con la deflactación del IRPF, que se elevó hasta el 5,5% para todos los tramos de renta, y con la activación de un bono que reducía en 200 euros el pago del Impuesto de la Renta a los contribuyentes con menos de 30.000 euros de ingresos. Y es que según el Eustat, la guerra ha provocado que la economía vasca pierda 1.720 millones de euros. Es el coste de rebajar la evolución del PIB en 2,4 puntos porcentuales, de ese 6,7% al 4,3% definitivo. La primera mitad del año registró un crecimiento sólido, con un 1,1% de incremento sobre el trimestre anterior entre enero y marzo, que se repitió también entre abril y junio. Los problemas aparecieron en verano. Pero la desaceleración en la subida de los precios, la caída del coste de la energía, el buen otoño climático y el aguante del mercado laboral han permitido, aunque sea por poco, frenar esa tendencia. 

Euskadi sufrió el año pasado 327 concursos de acreedores y 1.508 disoluciones de empresas, según datos de Informa D&B. El incremento en el número de quiebras se quedó en el 3%, muy lejos del 24% experimentado en el conjunto de España y fue la segunda comunidad con menor aumento tras Navarra. Las disoluciones, por su parte, cayeron un 2,5% interanual, lo que evidencia una solvencia y una fortaleza de los balances empresariales mucho más intensa que en el conjunto del Estado. Por territorios históricos, Álava sumó 41 concursos el año pasado y 227 disoluciones; Gipuzkoa, 94 y 494, respectivamente; y Bizkaia registró 192 quiebras empresariales y 787 disoluciones. La construcción y las actividades inmobiliarias, así como el comercio fueron los más castigados en Euskadi, con 64 y 71 concursos, y 357 y 270 disoluciones en cada caso. Entre las empresas que el año pasado tuvieron que recurrir al concurso de acreedores se encuentran algunas como Matrici, Industrias Alga, Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Bilbao o Fundición y Siderurgia. En el caso de la disoluciones figuran Hotz Berri, Tecnichapa o Urssa.

La compañía vasca Herko Truck pondrá en marcha el próximo otoño la primera fábrica en España de camiones de autobiogas. Se trata de unas instalaciones que se ubicarán en la localidad vizcaína de Zierbena y que abordarán el montaje completo de motor, chasis y acabados de un vehículo destinado al transporte de mercancías entre ciudades cercanas, de ‘última milla’, además de ser adaptable para usos de servicios como barredoras o recogidas de residuos. Los trabajos, que serán presentados hoy por los responsables de la compañía, están en marcha ya con el objetivo de tener en funcionamiento la cadena de montaje automatizada el próximo otoño, dando empleo a 70 personas y con una capacidad de fabricación de 3.000 unidades al año. Herko Truck nació como una nueva división de negocio impulsada por dos empresas: Begas, fabricante de motores de energías alternativas y con una planta en Amorebieta y Leciñena, compañía especializada en la construcción de remolques de camión y estructuras de chasis con sede en Zaragoza. El motor desarrollado por Begas fue homologado el pasado 12 octubre por la Unión Europea y según explica el director general de la compañía, Agustín Canales, presenta una alternativa «eficiente, barata y sostenible» que le dota de una importancia clave en este momento. Así, señala, «el problema no va a ser encontrar pedidos, sino ver cómo podemos atener a toda la demanda».

Petronor anunció ayer la parada de una parte de su refinería, situada en la localidad vizcaína de Muskiz, con el objetivo de abordar los trabajos de modernización de las instalaciones e implementar ya algunos de los equipos ligados a la transición energética. La inversión total ascenderá a 57 millones de euros y en el nuevo equipamiento figura la instalación de un pequeño electrolizador –2,5 megavatios–, que permitirá el inicio de la producción de hidrógeno con carácter experimental. La compañía ha señalado que una parte de su capacidad de producción se verá limitada durante casi dos meses, ya que una de las unidades de la refinería se parará por completo. Según sus estimaciones, durante este periodo se reducirá la producción de hidrocarburos en un 40%. Los 57 millones de inversión que ahora va a ejecutar la empresa tienen cuatro destinos diferenciados: mantenimiento, eficiencia energética, producción de biojet e hidrógeno. Una parte irá destinada al mantenimiento habitual de la refinería, ya que las condiciones en las que trabaja obligan a la sustitución de algunos de sus elementos críticos. Un total de 13,2 millones de euros se destinarán a modificaciones que tienen como objetivo alcanzar una mayor eficiencia energética en el proceso de destilación del petróleo y 6,5 millones están relacionados con el proyecto piloto del hidrógeno. La instalación del primer electrolizador, el elemento que consigue obtener hidrógeno del agua, permitirá a la compañía poner en marcha los primeros capítulos de un ambicioso proyecto de utilización de este gas. Ver nota Petronor vía Confebask Canal Transición Energética. 

Siemens Gamesa (SG) equipará un complejo eólico en Canadá con turbinas que sumarán una capacidad de 495 MW, en su mayor proyecto hasta la fecha en el país norteamericano. La filial de Siemens Energy (SE) suministrará dos familias de aerogeneradores. Parte de ellas serán las turbinas SG 5.0-145, de cinco megavatios de potencia unitaria, y el resto corresponderán al modelo SG 6.6-170. Este equipo, más conocido como 5X, es el que cuenta con la mayor capacidad de generación en el mercado de eólica terrestre. Puede llegar a producir más de seis megavatios. Es el primer contrato que SG consigue a cuenta de 5X en el área de Norteamérica, tras superar los problemas tecnológicos que encarecieron su producción en serie y retrasaron su lanzamiento comercial. Este aerogenerador, con las palas en circulación, alcanza un diámetro de operación de 170 metros, el mayor de los conseguidos en esta industria. Además, Siemens Gamesa ha conseguido de su cliente canadiense, del que no ha trascendido la identidad, el servicio de mantenimiento de las turbinas, unas cien, durante una década. El negocio de servicios deja más margen que el industrial en este sector. El complejo renovable de Canadá entrará en operación en 2024.

La ACB de Sestao es la única planta de ArcelorMittal en Euskadi donde se está aplicando el ERTE que entró en vigor el pasado 1 de enero. La compañía aprobó a finales del pasado año prorrogar los ERTE existentes para todas sus plantas en España que irá activando o no en función de la situación de cada uno de sus centros de trabajo. En el caso de la ACB de Sestao, el ERTE afecta a unos 220 trabajadores de los 250 de la acería vizcaína.

El proceso de mediación del Gobierno vasco para desbloquear el conflicto del Metal de Bizkaia por la renovación del convenio colectivo arrancó ayer con la exposición de las partes. En la mesa se sentaron el bloque sindical que solicitó la intervención –CC OO, LAB y UGT–, junto con ELA, que también quiso participar, y la patronal FVEM, que ha aceptado esta vía de solución. La primera toma de contacto solo sirvió para explicar las últimas propuestas presentadas y se convocó una nueva reunión para el próximo lunes. Por parte del Ejecutivo autonómico estuvieron la viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez Barredo, el director de Trabajo, Ángel Lapuente, y la responsable del departamento en Bizkaia, Verónica Fernández. El conflicto para acordar un nuevo convenio, el más importantes del territorio al afectar a 52.000 trabajadores, arrastra ya once jornadas de huelga y se encuentra en un punto muerto. En la última reunión, celebrada antes de las navidades, quedó evidente el bloqueo en las negociaciones. La mayoría sindical llevó una nueva propuesta en la que reclamaba una subida salarial del 17,5% entre 2022 y 2025, un porcentaje que se sitúa muy por encima del 14% ofrecido por la patronal. La FVEM, que hizo esta propuesta el 25 de noviembre, explicó entonces que había llegado a su límite tras haber realizado múltiples mejoras y que su propuesta superaba otros convenios como el del Metal de Álava, que fue suscrito por CC OO, LAB y UGT. La oferta incluye el ajuste con la inflación real al final del periodo, en 2026, y una garantía mínima para los salarios fuera de tablas.

El nuevo centro de innovación y emprendimiento industrial Hirekin de Mondragon Unibertsitatea (MU), que supondrá una inversión de 8 millones de euros, abrirá sus puertas a mediados del año que viene en el barrio Uribarri de Arrasate. El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, la alcaldesa de Arrasate, María Ubarretxena, el consejero vasco de Educación, Jokin Bildarratz, la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Teresa Riesgo, y el rector de MU, Vicente Atxa, participaron ayer en la colocación de la primera piedra del futuro centro que busca contribuir a la descarbonización, digitalización y sostenibilidad de la industria y el sector tecnológico. Hirekin, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones, contará con equipos de prototipado, simulación y experimentación.

El Gobierno vasco mantiene su ofensiva contra la pretensión de la DOCa Rioja de blindar en sus estatutos su producción vetando una hipotética adscripción paralela en Viñedos de Álava. El Departamento de Desarrollo Económico confirmó ayer que ha presentado un recurso de alzada ante el Ministerio de Agricultura. El organismo que dirige Luis Planas tiene que dar el plácet a ese blindaje. Y ya el pasado septiembre evidenció que lo respaldaba al despejar su tramitación administrativa. Lo hizo pese a un informe «desfavorable» del propio Ejecutivo vasco. Así que las opciones de éxito del nuevo recurso se perciben limitadas. De entrada, porque se apoya en un mismo argumentario, ya desatendido. Lo sintetizó la consejera Arantxa Tapia en diciembre durante una comparecencia en sede parlamentaria –«las modificaciones que persigue la DOCa Rioja son contrarias a derecho, discriminatorias y no justificadas», dijo–. Y su viceconsejero de Agricultura, Bittor Oroz, insistía en ello ayer: «Va en contra de la libertad de empresa a la hora de decidir cómo tiene que elaborar sus uvas, y así lo hemos manifestado formalmente». Oroz lanzaba el dardo en Logroño, tras participar en una reunión del Consejo Regulador en la que el Gobierno vasco (junto con el navarro y el riojano) rubricaban su implicación con el certamen ‘World’s Best Vineyards 2023’, una convención internacional que tendrá su epicentro en la Denominación Rioja y que sirve para elegir los mejores destinos enoturísticos del planeta.

En ese tema se aparcaron las desavenencias. Pero siguen latentes. 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha registrado por sorpresa las oficinas en España de las cuatro principales firmas de servicios profesionales (Deloitte, PwC, EY y KPMG), más conocidas como las Big Four, para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y las horas extra. “El control de la jornada laboral, de los excesos y abusos en la misma, singularmente en las horas extraordinarias, está siendo investigada por parte de la Inspección de Trabajo”, señaló ayer la ministra del ramo, Yolanda Díaz. Las inspecciones tuvieron lugar el pasado noviembre. En esta línea, afirmó que el “mandato” de su cartera es que, “por muy grande o pequeña que sea la empresa, todo el mundo debe cumplir el principio de legalidad en España”. “No va a quedar ninguna empresa en este país, desde la más pequeña hasta la más grande, incluso aunque sea una consultora multinacional, que quede al margen de la ley”. Las Big Four emplean en España a más de 20.000 personas y resultan muy atractivas para los recién graduados universitarios. Al igual que ocurre en los bancos de inversión o en los despachos de abogados, las jornadas laborales son muy intensas, especialmente cuando las compañías tienen que cerrar operaciones o preparar las cuentas para ser auditadas en el caso de ser cotizadas, según Financial Times. Un ejecutivo de un banco extranjero que trata de forma habitual con estas firmas señala que aunque el trabajo no tiene tanto prestigio ni sueldo como si fuera un banco de inversión, eso no significa que el ritmo de trabajo sea menor. “En estas firmas se trabaja muy duro pero se gana menos de lo que se gana en banca”. 

El Gobierno trata de avanzar con la segunda parte de la reforma de las pensiones. Tras haber recuperado las revalorizaciones con el IPC, necesita tomar medidas que ayuden a hacer sostenible el sistema. Una de las que ha puesto sobre la mesa de negociación es el quitar los límites de las cotizaciones sociales (conocido como destope), que implica que los sueldos altos contribuyan a la Seguridad Social en una mayor proporción. En la actualidad, sus aportaciones están limitadas en cerca de 54.000 euros. Y el destope se quiere hacer subiendo este techo todos los años con la inflación más un 1,154% anual hasta llegar en 2050 a un incremento acumulado superior al 30% en términos reales. De esta forma, según la información a la que ha tenido acceso El País, se quiere recaudar en 2050 el 0,42% del PIB anual, el equivalente a unos 5.000 millones de euros con el tamaño actual de la economía. Durante los primeros años apenas se logrará un 0,02% del PIB en 2025, unos 250 millones con el PIB vigente; un 0,03% en 2026; un 0,05% en 2027; un 0,06% en 2028, y así hasta llegar a un 0,1% en 2030, unos 1.200 millones utilizando el dato de PIB de 2022. De esta forma, progresivamente, en 2036 se alcanzaría el 0,21% del PIB; en 2040, el 0,27%; en 2045, el 0,35%, y en 2050 se obtendría el 0,42%. Aunque estimaciones como las de Fedea o WTW lo dejan entre el 0,15% y el 0,2%. La propuesta cuenta con el apoyo de los sindicatos y el rechazo de los empresarios. 

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, insistió ayer en que su organización ya presentó su propuesta para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023 y se reafirmó en un incremento del 4% (40 euros mensuales). «Nadie está diciendo que no suban los salarios, absolutamente nadie. Creemos que, además, efectivamente hay que hacer algo pero hay que hablar en conjunto, no solo de una cifra», precisó Garamendi en declaraciones a los medios tras un encuentro empresarial España-México. El presidente de la CEOE informó de que hasta la fecha, el Ministerio de Trabajo no ha convocado a los agentes sociales a una nueva mesa de negociación. La patronal no acudió a la única reunión celebrada, aunque remitió un documento por escrito. En esa única ocasión, el pasado 21 de diciembre, el Gobierno llevó las recomendaciones hechas por la comisión de expertos, que planteaban una horquilla de subida de entre el 4,6% y el 8,2% para 2023. Eso equivaldría a fijar el SMI de este ejercicio entre los 1.046 euros y los 1.082 euros brutos al mes por catorce pagas. CC OO se decanta por la parte alta de esa banda, los 1.082 euros, con la posibilidad de ampliarlo a 1.100 euros, cifra por la que aboga UGT.

La construcción presiona al Gobierno para la ampliación del mecanismo excepcional de revisión de precios de los materiales, que fue articulado a través del Real Decreto Ley 3/2022, al acercarse su vencimiento el próximo mes de marzo. Habrán sido algo más de dos años, incluido el periodo de retroactividad, en que el Ministerio de Transportes ha aplicado la fórmula de actualización de ciertos costes para las contratistas en los proyectos de obra civil, con lo que arrastró a las comunidades autónomas hacia medidas similares. Sin embargo, los precios de materiales básicos siguen altos y en el seno de patronales como Seopan, ANCI y la propia Confederación Nacional de la Construcción (CNC) se teme perder el escudo. Desde el Gobierno, apuntan distintas fuentes, no hay respuesta a las empresas: ni oficial ni extraoficial. Se sostiene, por el momento, que a la norma le quedan semanas de vigencia y que aún deberá seguirse la evolución de las materias primas antes de tomar una decisión respecto a un posible tiempo extra que salve a los contratos públicos de obra del desequilibrio económico. Además de una prórroga de la medida hasta la normalización de la inflación en lo que toca a las materias primas, el sector demanda un mínimo de otro año, e insiste en conseguir un salvavidas más amplio en costes revisables.

Un informe para el Foro Económico Mundial que inicia este martes sus debates en Davos sitúa a España a la cabeza europea en demanda de empleo clave sin cubrir. En el estudio llamado Empleos del mañana: Sociales y Verdes para construir economías inclusivas y sostenibles se detalla que España necesita 2,5 millones más de empleos en 24 profesiones clave. Son las que prevén necesarias para lo que consideran un capitalismo moderno, inclusivo y en lucha contra el cambio climático. Abarcan desde personal sanitario, educativo y gestor de servicios profesionales, hasta agricultores e ingenieros. «Para ello, comparamos cuántos empleos sociales y ecológicos existen en diez países (Alemania, Australia, Brasil, China, España, Estados Unidos, India, Japón, Reino Unido, Sudáfrica y Suecia) en relación con cuatro países de referencia (Dinamarca, Noruega y Suecia, con Finlandia incluida sólo para los empleos sociales) que obtienen los mejores resultados en el Índice de Movilidad Social Global y el Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial, con una proyección hasta 2030», explica Sam Grayling del Foro Económico Mundial. «Llamamos necesidad de empleo a la diferencia entre cada país y los países de referencia para ayudar a abordar las carencias en materia de movilidad social y medio ambiente». En sus estimaciones, Sudáfrica, Brasil y España presentan las mayores carencias de las grandes economías analizadas «con necesidades de personal superiores al 80%». Uno de los debates del Foro es la necesidad de reinventar el capitalismo para hacerlo más inclusivo y sostenible en una cuarta revolución industrial que coincide con el envejecimiento de la población.

Pesimismo y la cautela. Estas dos palabras son las que mejor definen el actual estado de ánimo de los máximos representantes empresariales en cuanto a la evolución de la coyuntura económica internacional para 2023. Esta es la principal conclusión de la 26ª Encuesta mundial de CEO, elaborada por PwC basada en la opinión de 4.410 máximos ejecutivos de 105 países, que se presentó ayer en el Foro Económico Mundial de Davos. Los resultados son clarificadores, ya que el 73% de los máximos dirigentes empresariales y algo más, el 76% de los españoles prevén una desaceleración de la economía mundial a lo largo de los próximos 12 meses. La cautela queda representada en que a pesar de lo negativo de las perspectivas, el 60% de los CEO, sin embargo, no piensan en reducir plantillas laborales, al tiempo que el 80% tampoco prevé ajustar la remuneración de sus empleados. Su apuesta reside en la transformación de sus negocios, recortar los costes operativos, mejorar la productividad y diversificar sus fuentes de ingresos. Este retroceso en la confianza de la evolución económica mundial es la mayor que se registra en esta encuesta en los últimos 12 años y contrasta por el contrario con el fuerte optimismo, también a niveles récord de 2021 y 2022. Los países del G7 son los que lideran este pesimismo al verse en mayor medida afectados por la crisis energética. Los dirigentes empresariales tampoco tienen una buena percepción de cómo van a evolucionar los ingresos de sus empresas en 2023. La confianza cae un 26% frente al año pasado, lo que supone el mayor deterioro desde 2008/2009, durante la pasada crisis financiera.

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha reconocido este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, "avances alentadores" que ayuden a limitar las consecuencias de la crisis motivada por la escalada en los precios de la energía a raíz del ataque de Rusia a Ucrania y evitar una "profunda recesión". Entre ellos ha enumerado un crecimiento de la economía superior al previsto, la caída de los precios del gas y del petróleo por debajo de los niveles anteriores a la guerra, el máximo en los datos de la inflación general, la fortaleza de los mercados laborales o la recuperación de la confianza económica. "La situación económica sigue siendo incierta pero tenemos noticias alentadoras", reconocía en declaraciones previas a la reunión de este lunes, en las que también ha apuntado que la inflación alcanzó su máximo a finales del año pasado en Europa. Gentiloni, que ha recordado que la eurozona espera afrontar un año "difícil", ya que los efectos de la agresión rusa siguen repercutiendo y la crisis no ha terminado, ha insistido también en la necesidad de encarar la crisis con medidas centradas en los más vulnerables pero que deberán eliminarse gradualmente en los próximos meses.

Hidrógeno verde, centrales hidráulicas reversibles (bombeo), almacenamiento eléctrico, grandes baterías... Estos son a juicio de Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, los “vectores” que van a marcar la nueva era del sector energético, a modo de versión 2.0 de las renovables. “El hidrógeno verde es electricidad renovable convertida en hidrógeno a través de la electrólisis”, dice Galán, a modo didáctico. “Va a ser un vector energético de gran importancia, sobre todo en algunos procesos industriales o en algunas formas de transporte pesado para las que el uso directo de la electricidad presenta más complejidades”. Por eso, es el “complemento perfecto de la electricidad para alcanzar la neutralidad climática”. Además, el hidrógeno verde “puede traernos enormes oportunidades industriales en Europa”. La Unión Europea hizo del hidrógeno verde “su bandera”, recuerda el ejecutivo. Y ahora “puede y debe ser ejemplo en la creación de las políticas necesarias para hacerlo realidad”.

Iberdrola contribuye a la sociedad por varias vías, dice Galán: “Suministrando energía limpia y competitiva a las empresas y los hogares, invirtiendo y creando puestos de trabajo. Y, por supuesto, fiscalmente: “4.000 millones al año de impuestos en España, de los más de 7.000 millones que pagamos en el mundo”. Es políticamente correcto cuando se le pregunta sobre la nueva tasa del Gobierno español a bancos y energéticas. “Es esencial la coherencia entre las medidas europeas y nacionales. “Hemos dicho que en el contexto actual entendemos una contribución extraordinaria basada en beneficios”. Es el “espíritu de lo aprobado en Bruselas”. Pero al contrario que en el resto de Europa, “se ha creado un impuesto que no va contra los beneficios, sino contra los ingresos, tengas o no beneficios”. Además, “grava por igual a las empresas más contaminantes y a las menos, al contrario que en Europa, donde se ha centrado en el petróleo y el gas”, explica Galán. “Nuestra trayectoria de más de veinte años hace que no necesitemos cambios de rumbo”, comenta. “Mientras otros frenan para cambiar de dirección, nosotros ya estábamos acelerando”, añade. “Contamos con un plan de inversión de 47.000 millones de euros entre 2023 y 2025, el más ambicioso de nuestra historia, para impulsar un sistema energético más limpio y competitivo y crear industria y empleo. Y lo vamos a hacer, en primer lugar, incrementando nuestra inversión en redes”. Las redes eléctricas son el “sistema circulatorio de la transición energética”, el “nexo” que une estas nuevas fuentes de energía verde y los centros de consumo, “para que cada hogar y cada empresa obtenga ventajas reales de la descarbonización”.

Los recursos públicos son limitados y cuando se subastan despiertan gran interés entre las empresas, por lo que los gobiernos se ven tentados de aprovecharse para aumentar la recaudación (caso de las telecomunicaciones) o para acelerar el proceso de despliegue de tecnologías no emisoras a precios favorables para el consumidor (caso de las energías renovables). A veces, consiguen el efecto contrario. Eso es lo que ha ocurrido en las recientes subastas para la telefonía móvil de 5G y de las energías renovables. Las operadoras de telecomunicaciones y las compañías energéticas han decidido bajar el pistón en sus pujas e, incluso, algunas se han desentendido del proceso por los cuantiosos desembolsos que tenían que afrontar. Un método de presión también para que el Ejecutivo busque otras fórmulas o rebaje su grado de ambición cuando, en las próximas subastas —habrá más en los próximos años— vuelva a asignar frecuencias o megavatios verdes. El postrero ejemplo de ese fracaso ha sido la subasta de la banda de frecuencias de 26 gigahercios (GHz), la última que quedaba libre para la telefonía móvil de 5G, que se celebró el pasado día 21 de diciembre. El proceso apenas duró unas horas y se saldó con una recaudación de 36,2 millones de euros, lejos de los 56 millones del precio de salida y más aún del objetivo de 100 millones que se había fijado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El gran riesgo de relajar las exigencias para que los Estados de la Unión Europea salgan al rescate del sector privado ante la crisis energética y de precios es que se agriete el mercado único. Pocos datos lo evidencian tanto como los de la respuesta a la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania: los países han comunicado a la Comisión Europea ayudas presupuestadas por 672.000 millones, de ellos el 53% corresponde a Alemania y el 24% a Francia. Italia sería la tercera, un 7,6%. España, cuarta economía del euro, está en esa lista a una distancia abismal, apenas el 1,7% del total. Las cifras salen de la carta que la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario y responsable de Competencia, Margrethe Vestager, envió a los Estados miembros el viernes en la que advierte reiteradamente sobre esto —”el proceso de simplificación tiene ciertos riesgos”, escribe— y, por ello, plantea que las ayudas milmillonarias que se den para responder a las políticas proteccionistas de China y Estados Unidos en la transición energética y digital sean temporales. “Por supuesto, seguimos de cerca cómo se traducen en gastos reales los presupuestos de las 182 medidas aprobadas hasta la fecha”, trata de tranquilizar el texto en el que la vicepresidenta Vestager se abre a dar ayudas para “las inversiones verdes en sectores estratégicos”, incluyendo créditos fiscales para evitar una fuga de inversiones. De esos cerca de dos centenares de decisiones sobre ayudas de Estado, unas 60 han tenido que ser enmendadas por los Estados a petición del Ejecutivo comunitario.

La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, asegura que la exclusividad de los profesionales sanitarios «no es el debate en estos momentos» en Euskadi, donde las condiciones en las que estos facultativos pueden llevar a cabo su actividad en la sanidad pública y privada «ya están reguladas» en Osakidetza. Sagardui, además, insistió ayer que no hay «colapso» en las Urgencias del sistema vasco de salud, a pesar de que las de Gipuzkoa estuvieran a finales de año saturadas por los virus respiratorios y la gripe, según advirtieron fuentes del propio Hospital Donostia. En una entrevista radiofónica, Sagardui aludió ayer al debate abierto en relación a la exclusividad del personal médico de Osakidetza, sobre la que Elkarrekin Podemos-IU ha registrado una iniciativa en el Parlamento Vasco, y que este sábado representantes de todos los grupos parlamentarios –incluidos PNV y PSE, los dos socios de gobierno– se abrieron a debatir en la Cámara vasca. La consejera apuntó ayer que en Osakidetza «están reguladas las condiciones en que se puede llevar a cabo la actividad pública junto con la actividad privada», dos asistencias que «han convivido durante muchos años». Por ello, considera que «en Euskadi en estos momentos no es el debate», que ha surgido en otras comunidades y «ellos conocerán cuál es su realidad». Por ejemplo, rechazó que exista un «trasvase» de médicos desde Navarra a Euskadi por este motivo y, aunque al País Vasco llegan médicos de otras comunidades, «como desde la nuestra se van a otras», se debe a otros factores.

El sociólogo guipuzcoano asume desde hoy el cargo de secretario general de Presidencia por la jubilación del histórico Jesús Peña. El veterano Jesús Peña, secretario general de la Presidencia entre 1995 y 2009 y desde diciembre de 2012 hasta la actualidad, pone fin a una dilatadísima carrera en la Administración pública, casi siempre en la sombra y al servicio de nada menos que tres lehendakaris, José Antonio Ardanza, Juan José Ibarretxe y el propio Urkullu. Le sustituirá como ‘director de orquesta’ en Lehendakaritza el sociólogo guipuzcoano Manu Castilla, que desde hoy asumirá las funciones de Peña. Unas atribuciones que se sumarán a las que ya desempeña como Director de Gabinete de Estudios de Lehendakaritza. Su ámbito de responsabilidad, como él mismo describe en su perfil en Irekia, ya incluía el «seguimiento del programa de trabajo» y la «asistencia directa» al lehendakari Urkullu, lo que, traducido, significa que ya es desde hace tiempo una de las personas con más ascendiente sobre el lehendakari y uno de sus colaboradores más estrechos, junto al propio Peña y otros puntales de Lehendakaritza, singularmente el secretario general de Transición Social y Agenda 2030, Jonan Fernández, y su director de Comunicación, Iñaki Bernardo. Además, es el hombre que, al frente del Sociómetro vasco, toma el pulso a la realidad vasca y se encarga de cuantas prospecciones sociológicas salen de la ‘cocina’ de Lakua. Ahora, Castilla (Ormaiztegi, 1961) se convierte en el nuevo hombre fuerte de Urkullu