20230309

El anteproyecto de ley inicia ahora los trámites pero, de aprobarse en los actuales términos, obligará a que las cotizadas alcancen un 40% de mujeres en los consejos de administración para el 1 de julio de 2024. De no cumplir con la meta, se expondrán a sanciones desde los 300.000 euros. La norma también se extiende a algunas no cotizadas como bancos y aseguradoras con más de 250 trabajadores, si bien en este caso no contempla multas y les da de plazo hasta el 1 de julio de 2026, dos años más. El anteproyecto, presentado el martes por la vicepresidenta Nadia Calviño, busca colocar a España en la vanguardia en esta materia en un momento de convulsión por el enfrentamiento en la coalición del Gobierno por la ley del ‘solo sí es sí’. La nueva norma es mucho más exigente en los plazos y en las condiciones que los mínimos establecidos por la directiva europea aprobada el pasado noviembre y pone presión a las cotizadas. Al cierre del año pasado, las 13 empresas vascas que hay en Bolsa tenían una presencia femenina del 33% en sus consejos de administración, por debajo del 40% ahora exigido. Diez se sitúan por debajo de ese umbral y necesitan fichar a un total de 14 consejeras para alcanzarlo; si no hay cambios en la tramitación, deberían hacerlo para el 1 de julio de 2024. La que peor situada está es Neinor, que solo tiene una mujer en su consejo y requeriría de otras tres para llegar al 40%. Dominion y Gestamp necesitarían dos cada una. En el otro extremo, Iberdrola, BBVA y Faes Farma ya superan el 40%. La nueva ley no solo afecta a las cotizadas sino que se extiende a las «entidades de interés público» –bancos y aseguradoras– con más de 250 trabajadores y una facturación superior a los 50 millones. En este segmento entrarían Kutxabank y Laboral Kutxa. La segunda ya tiene paridad, pero la primera tendrá que adaptarse: de los 15 miembros de su consejo de administración, solo cuatro son mujeres. No obstante, dispondrá hasta julio de 2026 para ajustarse.

La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, mostró ayer su preocupación por el descenso de la presencia de mujeres en las carreras técnicas, porque puede suponer también un retroceso en la participación femenina en los puestos directivos de la industria. Tapia se refirió a esta evidencia en el transcurso de una intervención en la Bolsa de Bilbao, dentro de un acto organizado por la sociedad BME bajo el lema ‘Toque de campana por la igualdad de género’. La consejera recordó que tras unos años en los que se produjo un aumento importante de las mujeres que optaban por carreras como ingeniería, se ha pasado a una etapa en la que la tasa de participación es muy inferior. Alicia Vivanco, directora general de Kutxabank, se refirió al esfuerzo que ha realizado la entidad desde que elaboró un plan de igualdad en 2012, justo en el momento de la fusión de las antiguas cajas de ahorros. Un plan que ha llevado, dijo, «a que en la actualidad el 63% de la plantilla esté compuesta por mujeres, también el 47% de los puestos directivos, al tiempo que el 70% de las nuevas incorporaciones también son mujeres». Por su parte, Inés Núñez de La Parte, responsable de los servicios jurídicos y secretaria del consejo de administración de Tubos Reunidos, resaltó la necesidad de que el mayor número posible de empresas cuenten con códigos de gobierno que apuesten por la igualdad de género, pero también llamó la atención sobre el riesgo de que algunos nombramientos sean únicamente estéticos. «Pasar de la teoría a la práctica es la clave», dijo.

La economía vasca se desaceleró en febrero por segundo mes consecutivo y se acerca ya a la zona de crecimiento suave, pese a que el empleo mantiene su dinamismo. Así se recoge en el "Termómetro Económico" mensual que publica el departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco correspondiente a febrero y que analiza un centenar de indicadores. En el segundo mes de este año se volvió a registrar un empeoramiento del indicador final por la moderación del crecimiento de la inversión, ya que el consumo privado se mantuvo respecto al mes de enero. Por sectores, la construcción y los servicios perdieron intensidad y la industria "parce repuntar ligeramente". Con estos datos la puntuación de la situación económica del mes pasado se quedó en 101,1 sobre 150, frente a los 110,9 de enero. A pesar de este descenso, la economía de Euskadi se mantiene aún en la zona de crecimiento "sólido", es decir por encima de los 100 puntos. La economía vasca está por encima de esta barrera, en crecimiento sólido, desde abril de 2021, pero el indicador de febrero es el más bajo desde entonces. Ver nota Gobierno Vasco. 

Cuarto trimestre de 2022: Eurostat revida a la baja los datos de crecimiento y muestra una zona euro estancada y una UE en retroceso, con dos de sus mayores economías. Alemania e Italia, en números rojos. Alemania se contrajo un 0,4% en el cuarto trimestre, el doble  de lo anticipado e Italia un 0,1%. España creció un 0,2% y lideró las alzas entre las grandes economía; Francia lo hizo un 0,1%.

 

Las empresas e instituciones de Gipuzkoa aprovecharon la celebración ayer en Ficoba de Unire, la principal feria de soldadura en el Estado, para lanzar la voz de alerta ante la falta de trabajadores cualificados en el sector. Un aviso que vienen desde hace meses enviando también otras ramas industriales y tecnológicas. Además, resaltaron, la soldadura y las tecnologías de unión tienen «un gran impacto en la industria guipuzcoana, especialmente en tres sectores clave de la misma: movilidad, energías sostenibles y máquina herramienta», apuntó el director de Promoción Económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Iker Estensoro, durante la inauguración del que es el primer evento de estas características a nivel estatal dedicado al mundo profesional de la soldadura y que concluye hoy en el recinto ferial de Irun. La falta de personal cualificado en las tecnologías de soldadura parece ser una realidad también en el sector industrial español. Abicor Binzel, de Urnieta, es un fabricante de maquinaria para soldadura que estima que actualmente, en el conjunto de España, «el 75% de las empresas no encuentran soldadores cualificados a pesar de que existen numerosos centros especializados donde se imparte una formación específica». «El mercado es cada vez más exigente», explica Luis Olóriz, de Abicor Binzel, «y la falta de personal técnico es una seria dificultad pero también una oportunidad». Se refiere no a las opciones de encontrar empleo yendo por esta rama sino «a encontrar nuevos caminos que aseguren el futuro y la competitividad de las empresas». 

 Las empresas alavesas Tubacex, Novargi e Iet Ecology trabajan en un proyecto para obtener hidrógeno verde a partir de la basura doméstica de sus vecinos, buena parte de la cual acaba en un vertedero municipal que tiene fecha de caducidad. La iniciativa va avanzando lentamente desde hace más de un año. Fue en noviembre de 2021 cuando se empezó a armar el proyecto dentro del Corredor Vasco del Hidrógeno. Ahora la iniciativa coge forma, con documentación en manos de Gilsa –la sociedad municipal de suelo industrial– y con una fecha: 2024. Las tres firmas detrás del proyecto esperan que la primera fase de la iniciativa se ponga en marcha a lo largo del año que viene –más probablemente en la segunda mitad– y así figura tanto en la discreta web de la iniciativa como en la documentación presentada ante la sociedad municipal. El proyecto en el que trabajan Tubacex y sus socios pasa por usar parte de los residuos que van a terminar en el vertedero. Antes de ir a Gardélegui, la basura que se genera en la ciudad se somete a tres procesos: en primer lugar, el de reciclaje, otro de compostaje y, por último, se trata de generar biogás pasando por la planta de tratamiento de Júndiz. Pese a ello, unas 40.000 toneladas de basura no tienen otro destino cada año más que acabar en el vertedero. El nuevo proyecto, denominado Hyvalue Gasteiz, busca convertir en energía renovable 12.000 de esas 40.000 toneladas. Una iniciativa que eliminaría de golpe un 30% de esos residuos urbanos y que permitiría producir anualmente alrededor de 1.600 toneladas de hidrógeno para ser utilizado por los socios del Corredor Vasco para las flotas de autobuses de las tres diputaciones, por Repsol o por compañías como CAF o Irizar.

Gipuzkoa es una economía tremendamente abierta y, a la luz de los datos manejados por la Diputación Foral, con unas empresas muy competitivas y capaces de competir en todo el mundo. El departamento de Hacienda del gabinete de Markel Olano destaca en un informe elaborado en base a las declaraciones de IVA de las compañías que la exportación creció el año pasado un 15%, el segundo mayor incremento de los últimos doce años, sólo por detrás del de 2021, cuando el alza fue del 15,8%, pero sobre un desastroso 2020 marcado por la pandemia. Otro dato importante aportado por el departamento dirigido por Jokin Perona es el relativo al peso de las ventas exteriores, que alcanza ya el 35,3% del total, lo que supone una ganancia de diez puntos de peso relativo en quince años. Y es que en los periodos anteriores a la crisis del 2008, en los años 2005-2006, el peso de las exportaciones rondaba el 25%. Todo ello, además, «a pesar de los efectos económicos mundiales negativos de la guerra en Ucrania y de que el terreno económico está inmerso en una situación de incertidumbre por las subidas de los tipos de interés o la inflación», subrayó Hacienda. Los tres principales destinos de las exportaciones de las empresas de Gipuzkoa son, por este orden, Francia, Alemania y Reino Unido, que en total representan más del 35% del total. Esto también tiene otra consecuencia, advierte la Diputación, y es que nuestro tejido es «muy sensible» a la evolución económica de esos países.

Una parte muy importante de la factura de las pensiones ya se paga abiertamente con impuestos. En los Presupuestos General del Estado de 2023, sin ir más lejos, se destinó una partida de algo más de 38.000 millones de euros que salen de los impuestos que abonan todos los españoles. Todos, menos los vascos y los navarros que, sí cumplen sus obligaciones tributarias con sus respectivas Haciendas forales, pero que no colaboran al pago conjunto. ¿Por qué? Porque ni en la actualización del cupo vasco ni en la del convenio navarro se ha tenido en cuenta esta situación. El resultado, por lo tanto, es que tanto el Gobierno vasco como el navarro, y sus respectivos ciudadanos, obtienen una notable ganancia. Otra más, porque ya el cupo y el convenio son de por sí beneficiosos para ellos. Además, las pensiones de estos territorios están entre las más elevadas y las contribuciones en forma de cotizaciones no llegan, en absoluto, para cubrir esas prestaciones. «Se optó simplemente por una renovación», explican en el Ministerio de Hacienda al ser cuestionados por esta situación. El pasado mes de febrero, el Congreso aprobó el cupo vasco por un valor de 1.467 millones de euros, lo que efectivamente supone una cifra muy similar a la del anterior. Lo hizo con los votos de PSOE, PNV y también PP, en lo que se puede entender como un claro gesto político ante una posible victoria política de Alberto Núñez Feijóo y en caso de que los votos de la formación jeltzale sean necesarios. Ciudadanos y Vox, por su parte, votaron en contra. Y con este paso, se certificó que los pensionistas vascos, al igual que los navarros, se beneficiarán de los impuestos del resto del país sin aportar los suyos a esa factura global.

Responder al reto del envejecimiento, así como a las situaciones de dependencia y desigualdad transformando el sistema de cuidados hacia un modelo de vida independiente, que busque la mayor autonomía posible. Ese es el eje principal sobre el que pivota el II Plan Estratégico de Servicios Sociales de la CAPV que presentó ayer la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa. Según anunció, las previsiones contemplan pasar de un gasto de 1.131 millones de euros en 2019 a 1.665 millones en 2030, con un crecimiento cercano al 50% (543 millones más). Acompañada de Lide Amilibia, viceconsejera de Políticas Sociales; Marian Olabarrieta, directora de Servicios Sociales; Rafa LopezArostegui, asesor de Políticas Sociales; Matxalen Legarreta, doctora en Sociología y profesora de la UPV/EHU; Jaime García, de Fundación EDE; y Raquel Sanz y Joseba Zalakain, del SIIS; Melgosa dio cuenta de los detalles del documento en un desayuno informativo organizado en Tabakalera, en San Sebastián. Coincidiendo ayer con el Día Internacional de la Mujer, la consejera destacó que se trata de «un plan muy conectado con los avances en la igualdad de mujeres y hombres, y que pretende contribuir a dar nuevos pasos para desfamilizar y desfeminizar los cuidados sociales» –las mujeres representan más del 75% del personal del ámbito de los servicios sociales–. Es uno de los retos que se ha marcado este II Plan Estratégico que «servirá para articular una política de transición hacia un nuevo escenario» en el horizonte de la década de 2030. Ese nuevo marco al que se refirió la consejera busca «reforzar el cuidado institucional en la comunidad» y para ello se plantean varios objetivos. 

El mercado inmobiliario en Euskadi continúa dando síntomas de agotamiento por la subida de tipos de interés (ya están en el 3%) iniciada por el Banco Central Europeo (BCE) el pasado verano y por el consiguiente alza del euríbor. La firma de hipotecas en Euskadi para la compra de vivienda se desplomó en enero un 22,7%, solo superada por Navarra (-27,4%) y Castilla y León (-24,6%). En concreto, durante el primer mes del año se formalizaron un total de 1.096 contratos hipotecarios, frente a los 1.586 de diciembre, según los datos ofrecidos ayer por el Colegio Notarial del País Vasco. Otra de las variables que confirman esta tesis se encuentra en la compraventa de vivienda en enero, que decreció un 18,5%, hasta las 1.631 operaciones, frente a las 2.428 del último mes del año pasado. Por comunidades autónomas, la compraventa bajó en 14 de ellas en tasa interanual y sólo subió en Extremadura (5%), Comunidad Valenciana (4,9%) y Galicia (0,8%). Entre los descensos, los más acusados los registraron Baleares (27,8%), Euskadi (18,5%), Madrid (18,2%), Navarra (16,2%) y Cantabria (16,1%). Como no puede ser de otra manera, cualquier ciudadano vasco que tenga en mente comprar una vivienda pondrá el ojo en el precio. Precisamente ayer, el Instituto Nacional de Estadística (INE) también sacó a la luz el precio de los inmuebles en cada una de las regiones del Estado. Así, el precio de la vivienda en Euskadi aumentó un 6,4 % de media el año pasado, la mayor subida desde 2007 cuando se incrementó un 8,2%. 

Dos meses después de que se pusiera en marcha el nuevo Código de Buenas Prácticas para los bancos a fin de proteger a las familias más impactadas por la subida de los tipos de interés, las entidades financieras han recibido muchas menos peticiones de ayuda de las que el vertiginoso aumento del euríbor hacía prever. En concreto, la banca ha gestionado entre 5.000 y 7.000 procesos de reestructuración de deuda, según apuntan fuentes del sector. Unas cifras que incluyen tanto peticiones de información como rúbricas definitivas de cambios en las condiciones de las hipotecas. Así se lo trasladarán hoy representantes del sector financiero a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en el encuentro que mantendrán, además, junto a las asociaciones de usuarios para analizar la implementación del protocolo pactado con la banca en noviembre, y que entró en vigor el pasado 1 de enero. Ese acuerdo habilita medidas para reestructurar la deuda hipotecaria (carencia de intereses, prolongación de los plazos, reducción del diferencial, etc.) a las familias más vulnerables que tengan problemas de pago de sus cuotas. La banca sostiene que a pesar del incremento del euríbor y de las cuotas mensuales, la revisión de las hipotecas es «paulatina» a pesar de que el índice ya roza el 4%. En concreto, ayer se situó en el 3,944% en su tasa diaria. Las entidades financieras consideran, además, que los hogares siguen tirando de ahorros y que los datos de empleo ayudan a soportar este complejo contexto. 

El Plan Vasco de Contingencia Energética puesto en marcha el pasado mes de agosto con medidas de ahorro en administraciones, empresas y ciudadanía ha permitido reducir un 20% el consumo de energía, según datos del pasado mes de enero. Así se ha puesto de manifiesto durante la Comisión para la Sostenibilidad Energética del Sector Público de Euskadi que se ha reunido este miércoles en Vitoria bajo la presidencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha estado acompañado por la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia. Según ha informado el Gobierno vasco, la reducción de consumo energético en Euskadi ha sido superior a las recomendaciones europeas de ahorrar un 15 % en el consumo de gas natural, que el Gobierno español lo rebajó al 7 %. Durante su intervención al inicio de la reunión, Tapia ha precisado que aunque la vigencia del plan finaliza el próximo 31 de marzo, la intención del Gobierno vasco es que continúe en los siguientes meses "en la senda de lo realizado" hasta la fecha.

El autoconsumo va avanzando en los dos últimos años a un ritmo vertiginoso en Euskadi ante la carestía de la energía y la mayor conciencia de energías renovables. Y en ese proceso, además de las instalaciones de placas solares que se colocan a título individual en domicilios y empresas, están cobrando un fuerte protagonismo las comunidades energéticas, que permiten aglutinar en torno a un proyecto a personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios. Pues bien, en Euskadi se han creado en los dos últimos años un total de 42 comunidades energéticas que reúnen a más de 5.200 personas y que suponen casi 17 megavatios de potencia instalada (16.711 kilowatios). Esta potencia supone dar un fuerte impulso al autoconsumo, ya que se suma a los 31,55 megavatios que se han instalado en los dos últimos años en Euskadi en las placas fotovoltaicas individuales, como adelantó este periódico. El total instalado en autoconsumo individual a cierre de 2022 llegaba a los 38,46 MW en el País Vasco, con lo que sumado al de las comunidades energéticas alcanza los 55,46 MW, según datos del Ente Vasco de la Energía (EVE). Desde que la normativa europea abriera, con sendas directivas de 2018 y 2019, la posibilidad de crear comunidades de energía renovables, se han implicado en sus constituciones un centenar de consistorios vascos. Estos proyectos han logrado en su conjunto la adhesión de 5.244 unidades familiares. En muchos casos cuentan con el impulso de entidades privadas, como son de carácter deportivo, cultural, económico o del ámbito de la educación, además de la implicación de las administraciones locales.

Volkswagen ha decidido paralizar la construcción de una fábrica de baterías en el este de Europa y dar prioridad a una instalación similar en Estados Unidos, tras calcular que podría recibir 10.000 millones de euros en incentivos estadounidenses. La decisión es la última consecuencia del paquete de subvenciones e incentivos fiscales de 369.000 millones de dólares (350.000 millones de euros) de Joe Biden para tecnologías verdes, que está atrayendo a las empresas europeas a Estados Unidos. El mayor fabricante de automóviles de Europa comunicó la semana pasada a los funcionarios de la UE que esperaba obtener entre 9.000 y 10.000 millones de euros en subvenciones y préstamos de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) del presidente de EEUU y otros planes estadounidenses a lo largo de la vida útil de la fábrica, según personas que asistieron a la reunión. Volkswagen estaba “esperando” a ver cómo respondía la UE a los incentivos de Washington antes de seguir adelante con el plan de construir una planta en el este de Europa, explica una persona con conocimiento directo del proceso de toma de decisiones en el grupo alemán. “Los planes en EEUU han avanzado más rápido de lo esperado y han superado la toma de decisiones en Europa”, señala.

La segunda petrolera española, Cepsa, anunció ayer una inversión de 1.000 millones de euros en una nueva planta de biocombustibles en su refinería de La Rábida, en la localidad de Palos de la Frontera (Huelva). El complejo se centrará en la producción de diésel renovable y de combustibles sostenibles para aviación (conocidos como SAF, por sus siglas en inglés) y creará un total de 1.600 empleos durante la fase de construcción, aunque la empresa no detalla cuántos de estos serán directos y cuántos serán indirectos. En este tipo de proyectos, una amplia mayoría suelen ser del segundo tipo. Cepsa, que se anotó un beneficio récord de 1.100 millones de euros en 2022, aspira a producir 2,5 millones de toneladas al año de biocombustibles en sus refinerías ubicadas en la península Ibérica. De ellas, 800.000 serán para aviación, uno de los sectores más difíciles de descarbonizar y en el que más interés han puesto las empresas energéticas. Los biocombustibles, catalogados como de segunda generación, serán fabricados con residuos orgánicos (aceites de cocina, desechos agrícolas...) que “de otro modo terminarían en vertederos”, según remarca la compañía dirigida por Maarten Wetselaar.

Se acabó la barra libre. Tras quedar liberados de los corsés comunitarios sobre el gasto público durante cuatro años, a fin de permitirles combatir sin cortapisas los efectos de la pandemia, primero, y de la invasión rusa sobre Ucrania, después, los países de la Unión Europea deben volver a regirse por límites de déficit y deuda pública. Bruselas alertó así ayer de que las reglas fiscales se reactivarán en 2024 y de que los Estados miembros deben comenzar a preparar ajustes presupuestarios para sanear sus malogradas cuentas públicas. En concreto, la Comisión Europea emitió un comunicado oficial anunciando que “la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, que permite una desviación temporal de los objetivos presupuestarios en caso de grave recesión económica, “se desactivará a finales de 2023”, tras mantener en suspenso las reglas fiscales comunitarias desde que el Covid irrumpiera en Europa, a comienzos de 2020. El cambio de paradigma, aclara Bruselas, “supondrá la reanudación de las recomendaciones específicas por país sobre política fiscal, cuantificadas y diferenciadas en función de los retos de los Estados miembros en materia de deuda pública”. En este marco, la Comisión ofreció ayer “orientaciones a los Estados miembros sobre la ejecución y la coordinación de la política fiscal, a la luz de las dificultades de las finanzas públicas y la economía”, que actualizará con más concreción en mayo. “Se invita a los Estados miembros con deuda sustancial o moderada a establecer objetivos fiscales que garanticen una reducción de deuda plausible y continua o que la mantengan en niveles prudentes a medio plazo”, sin dejar de “fomentar un crecimiento sostenible”, reclamó ayer, de momento, Bruselas.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, señaló ayer que la institución prevé que “difícilmente” se pueda reducir el déficit por debajo del objetivo establecido por la Comisión Europea en ausencia de medidas correctoras. La institución comunitaria indicó la vuelta al objetivo del 3% de desequilibrio fiscal, como tarde en 2026, así como el descenso de la deuda pública por debajo del 60%. Herrero advirtió de que, aunque las previsiones serán revisadas en primavera, la institución cree que para 2026 España se situará en un nivel de déficit en torno al 3,2% y que, para conseguir reducir esos niveles de gasto, “las presiones en materia de gasto dificultan la consecución de estos objetivos”. “Llevamos tiempo diciendo que nos iba a pillar el toro”, ha afirmado Herrero. “Nos tenemos que acostumbrar a trabajar en marcos inciertos, porque eso no va a impedir que la Comisión abogue por ajustes fiscales”, indicó la presidenta. Alcanzar ese 3% fijado por las instituciones comunitarias “podría ser razonable” y “factible” en un contexto en el que se eliminen todas las medidas aprobadas para hacer frente a las crisis económicas derivadas de la pandemia de Covid-19 y de la guerra de Ucrania, y en el que el crecimiento económico “acompañe un poquito” a la rebaja de medidas. Sin embargo, en el escenario más adverso planteado por Airef, en el que se prorroga el escudo desplegado por la crisis energética, el saldo fiscal negativo se situaría en un nivel similar al de 2022, en torno al 4,6%. En cualquier caso, en ambos escenarios, el déficit estaría por encima del 3%, el límite que establecen las reglas fiscales que se retomarán en 2024.

La tensión entre el poder empresarial y financiero con el presidente del Gobierno se encuentra en máximos desde que alcanzó el poder. La decisión del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, de trasladar la sede de su empresa a Países Bajos ha agudizado lo que ya se venía larvando. «Lo que ha hecho Del Pino es una señal de lo que está pasando», interpreta el presidente de otra empresa española, que apuesta que si hubiera un mejor clima con el Ejecutivo no habría lanzado así el traslado. El hecho de que el propio Sánchez encabece los improperios a Ferrovial y el nuevo episodio de asalto en una empresa del Ibex como Indra elevan las alarmas en la élite empresarial y financiera. Una señal del conflicto es que el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha sido el primero en atreverse a anunciar un recurso contra el impuesto bancario del Gobierno, pese a que tiene al Estado como segundo accionista. Pero más que al 16% que controla el Gobierno en CaixaBank a través del Frob, Gortázar se debe al 84% del capital restante que considera obligatorio recurrir el tributo. Más significativa es la declaración del Instituto de Empresa Familiar, la influyente asociación de grandes empresarios del país, emitida este martes y llamada La España en la que nos queremos quedar. Su presidente, Andrés Sendagorta, había optado el pasado octubre en el cierre del congreso anual por un discurso más indiferente a las medidas del Gobierno asegurando que las empresas podían con todo. «Ni podrá con nosotros la inflación, ni la crisis energética y espero que tampoco la marejada fiscal que vivimos estos días», dijo Sendagorta el pasado 4 de octubre. Ahora no, ahora ya no asegura que vayan a poder con todo y en la declaración sostiene que «es imprescindible recomponer un clima de respeto y diálogo constructivo que permita la consolidación y el desarrollo de nuestras empresas". 

Manuel Pérez-Sala (Cáceres, 1962) cumple esta semana dos años al frente del Círculo de Empresarios, que aglutina a 200 empresas españolas, incluidas la mayoría del Ibex. "Lo que está sucediendo es inaceptable. El Gobierno está utilizando a los empresarios para eludir su responsabilidad sobre otros temas y distraer a la opinión pública. Además, el Gobierno tiene la obligación de defender a los empresarios como a cualquier otro ciudadano, y no entrar en ataques personales y en descalificación. Actúa más como un gobierno autoritario de una democracia aparente que de una democracia plena. Está rompiendo los principios esenciales de un Estado de Derecho, de respeto a los ciudadanos, a la libertad individual, a la libre empresa. Y como consecuencia, esta situación nos parece muy grave... Cuando una compañía decide optar por una solución que es absolutamente legal y legítima dentro del marco jurídico europeo, el Gobierno se opone sin fundamentos a esa decisión e inicia una campaña con todas las herramientas del Estado para revisar esa decisión. Por supuesto que la decisión de Ferrovial está absolutamente fundada en toda una serie de razones y entiendo que no es quién el gobierno para aplicar sus criterios morales e impedir una decisión de este tipo..."

Una de las razones aparentes que han llevado a Ferrovial a mudarse a Países Bajos, para desde allí cotizar en la Bolsa de Ámsterdam y la de Nueva York, es la existencia de limitaciones técnicas para estar en los mercados de Wall Street desde España. Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), dijo ayer en un acto organizado en Madrid por El Español que su organismo y Bolsas y Mercados Españoles (BME) están analizando esas supuestas limitaciones que dificultarían cotizar en EEUU desde España con acciones ordinarias, en lugar de con certificados de depósito (ADRs). “Tanto en BME como en la CNMV estamos analizando si pudiese haber limitaciones al uso del listing [cotización de las acciones ordinarias] desde España hacia EEUU en dos ámbitos: la forma en que se representan los valores y los mecanismos de registro indirecto entre las infraestructuras de cada país”, dijo Buenaventura. Fuentes del mercado han señalado (ver EXPANSIÓN del 4 de marzo) que el principal problema detectado por Ferrovial es la falta de un enlace o conexión entre los depositarios de valores de ambos mercados: Iberclear en España, filial de BME, y el Depositary Trust & Clearing Corporation (DTCC) en Estados Unidos, propiedad de múltiples bancos de inversión y brókeres. Esto obliga a los inversores a utilizar dos registros cuando compran y venden acciones de una misma compañía en ambas plazas. Por ello, las compañías españolas que cotizan en Nueva York lo hacen a través de ADRs, lo que les resta liquidez.

España tiene un tejido empresarial formado por 3,43 millones de sociedades activas, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que hacen referencia a la situación al panorama del país a 1 de enero del pasado año. Pero no todas ellas tienen asegurada su supervivencia, e incluso algunas de las que sobreviven lo hacen de forma artificial. En concreto, en España 48.000 empresas están conectadas a soporte vital básico: la empresa de análisis de compañías Iberinform, filial de Crédito y Caución, las califica de empresas zombi, o lo que es lo mismo, “aquellas que presentan una rentabilidad baja o incluso negativa, incapaz de generar suficientes recursos para hacer frente a los costes financieros que conlleva la devolución de sus deudas a corto y medio plazo”. Es cierto que en comparación con el número de empresas activas el dato es testimonial, ya que son sólo el 1,4% del total. Sobre todo teniendo en cuenta que un estudio de 2017 calculó que en las principales economías del mundo hay un 15% de empresas zombi, un gran crecimiento desde el 4% de los años 80. Pero el hecho de que existan ya es de por sí problemático. Porque este tipo de compañías tienen capacidad de contagio en el resto del tejido empresarial del país: “En el largo plazo tienen un futuro incierto, multiplican en su actividad con el resto del tejido productivo los riesgos de impago y la prolongación de su actividad impide que los recursos se reasignen a empresas más eficientes”. El informe destaca qué comunidades autónomas tienen un número mayor de empresas zombi. En este sentido, Madrid y Cataluña son sede de cuatro de cada diez de esas empresas: la primera, del 21%; la segunda, del 19%. Al contrastar estos datos con los del INE, se puede ver que la proporción de empresas zombi es mayor que el número total de empresas activas, puesto que Madrid tiene un 16,3% y Cataluña un 18,5%. A distancia de estas regiones se encuentran las dos siguientes, Andalucía y Comunidad Valenciana, cada una con el 10% de estas compañías. El 7% son gallegas, el 6% vascas, el 4% de Castilla y León y el 23% restante de las demás comunidades combinadas.

Los bancos han comenzado ya la cuenta atrás para la remuneración de los depósitos. El Banco Central Europeo y el Banco de España han acentuado la presión en los últimos días para que las entidades financieras retribuyan el pasivo, lo que debería desembocar en el lanzamiento de ofertas comerciales en las próximas semanas. El cerco de los supervisores se ha producido en público, pero también en privado, según reconocen fuentes financieras. “Se está apretando a las entidades”, subrayan. La autoridad monetaria europea subió los tipos medio punto el pasado mes de febrero, hasta el 3%, al tiempo que alertaba de nuevas alzas en sus próximas reuniones Sin embargo, ese encarecimiento del precio del dinero, que sí se ha aplicado a las hipotecas o los créditos personales, no se ha trasladado a los depósitos. Por ahora, todo son márgenes El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, lanzaba un medido reproche al sector esta misma semana. “En comparación con los episodios anteriores de subidas del euríbor, como los iniciados en 2005 y en 2010, la traslación de los tipos está siendo más lenta, en especial para los depósitos”, exponía, al tiempo que lamentaba cómo en España esa evolución se sitúa incluso por debajo de la media europea.

El mapa de género en los consejos de administración de las empresas españolas dista aún mucho de ofrecer una imagen paritaria y se encuentra lejos de cumplir la cuota mínima del 40% de presencia femenina que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere imponer con su Ley de Representación Paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión de la política, la Administración y las empresas, que transpone una directiva comunitaria y cuyo anteproyecto fue aprobado el martes por el Consejo de Ministros, justo en vísperas del Día Internacional de la Mujer. Precisamente, coincidiendo con los actos del 8-M, el Colegio de Registradores publicó ayer un informe sobre la presencia de hombres y mujeres en los consejos de las compañías españolas y la fotografía que muestra sigue siendo de claro desequilibrio entre géneros. De hecho, en prácticamente cuatro de cada diez empresas españolas (el 39,2%) no había una sola mujer en sus consejos de administración al cierre de 2022, un porcentaje similar al del año anterior, evidenciando que el tejido productivo avanza con gran lentitud hacia el objetivo de equilibrar la balanza de género. En el reverso de la moneda, solo un 1% de las sociedades españolas cuenta con consejos integrados únicamente por mujeres. Esta asimetría queda patente en el resto de datos. De los cerca de 300.000 cargos societarios analizados por los Registradores en su informe, solo un 22,53% son ejercidos por mujeres, frente al 77,47% ocupados por hombres, prácticamente la misma proporción que en 2021. La instantánea del conjunto del mapa empresarial español muestra que todavía queda un largo trecho para alcanzar la cuota marcada por España y la UE, fijada en principio para las sociedades cotizadas por la directiva comunitaria aunque el Gobierno español quiere extenderla también a las no cotizadas con más de 250 trabajadores y una cifra de negocio superior a los 50 millones.

El Congreso da hoy el sí definitivo a la primera reforma integral de la universidad española en más de dos décadas, que entrará en vigor entre final de mes y primeros de abril. La norma, que sale adelante con el respaldo de los dos socios del Gobierno, de ERC y del PNV y el rechazo de PP, Vox y Cs, sustituye a la LOU de 2001 y, según el ministro Joan Subirats, busca adaptar la educación superior a los retos del siglo XXI. El texto definitivo de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que no contenta a casi nadie, pues ha enfadado a rectores, estudiantes, consejos sociales y profesores asociados, incorpora varias decenas de enmiendas del Senado, que entre otras cosas establecen regímenes transitorios para los cambios en el estatus de los docentes, que tratan de evitar colapsos en las contrataciones y plazas a concurso. Amplía el perfil del rector, reconoce el derecho a la huelga de los alumnos, combate la precariedad y el amiguismo y blinda una financiación mínima. 

La gran cita política anual de China, conocida como las Dos Sesiones, arrancó el fin de semana en Pekín con las miradas puestas en restablecer el crecimiento económico y crear empleo después de tres años de estrictos controles para frenar la propagación de la covid-19. El gigante asiático, que declaró el mes pasado “la victoria decisiva” al coronavirus tras sufrir la peor ola de contagios de la pandemia, ya ha impulsado la producción —la actividad manufacturera creció en febrero al ritmo más rápido en 11 años—, pero se enfrenta en este 2023 a varios retos sociales, como la caída de la natalidad, el alto desempleo juvenil y los problemas persistentes en el mercado de la vivienda. Varias muestras de descontento han copado titulares en los últimos meses: desde trabajadores defendiendo sus derechos hasta los pensionistas, pasando por los estudiantes que a finales de año salieron a las calles a pedir el fin de la estrategia de covid cero. Según ha adelantado la prensa estatal, la crisis demográfica y sus efectos ocupan gran parte de estas reuniones, que sirven para ofrecer un mapa de hacia dónde se dirigirá China y qué inquieta a las altas esferas. Los cónclaves aparecen retratados en los medios oficialistas como un modelo a la china de la democracia representativa, con la intención de darle color a un evento que en su esencia es monocromático: se trata de un púlpito desde el que dar a conocer una agenda planificada de antemano por la jerarquía comunista.