20230414

Los pensionistas de la Comunidad Autónoma Vasca son los que tienen la pensión media más alta del Estado, pero, además, sus percepciones son las que mejor se ajustan al estándar, ya que el 58% –300.000– cobra un salario que oscila entre el Salario Mínimo Interprofesional y la pensión máxima. En cambio, ese porcentaje baja hasta el 43% en el conjunto del Estado, donde hay más desigualdades. De forma paralela, en Euskadi hay menos pensionistas que cobran menos del SMI. Al mismo tiempo, hay más perceptores que superan el límite de la pensión máxima, fijado para este año en 3.058,81 euros brutos al mes, un 8,5% superior al nivel de 2022. Un total de 49.866 vascos están por encima de esa cifra, lo que supone un 9,6% de los pensionistas frente al 5,2% del conjunto del Estado, prácticamente el doble. La letra gruesa de esa estadística choca como tantas otras con las diferencias de género. Sólo un 5,4% de las pensionistas, poco más de 13.600, alcanzan esos niveles de ingresos. En cambio, el porcentaje roza el 14% entre ellos y en torno a 36.300 hombres, casi el triple, están en el grupo de las jubilaciones máximas. Las carreras laborales más largas –entre otras cuestiones por haber estado menos condicionadas por la paternidad– y los salarios en general más altos son claves a la hora de trazar esa trayectoria.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIReF, un observatorio vinculado a la Comisión Europea y encargado de vigilar las cuentas públicas de los estados miembros de la UE, acaba de revisar sus previsiones sobre el cumplimiento del Presupuesto del Gobierno vasco para este año. Aunque no va más allá de una mera previsión, la AIReF ha concluido su informe con una imagen que discrepa de la que ha realizado el propio Ejecutivo autonómico. El Gobierno vasco mantiene intacta su previsión de finalizar el año con un déficit presupuestario equivalente al 0,6% del PIB. En términos monetarios eso significa afrontar un gasto superior en unos 500 millones de euros a los ingresos que va a tener la Administración vasca a lo largo del ejercicio. Por el contrario, la AIReF cree que no será así y que, más bien al contrario, el Gobierno vasco va a tener una cifra de ingresos superior a la de gastos, lo que le llevaría a finalizar el ejercicio con un superávit del 0,1% del PIB. Una cifra en el entorno de los 80 millones de euros. La AIReF basa sus estimaciones en un comportamiento de los ingresos por impuestos mejor de lo esperado, con un aumento de la recaudación del 5% en comparación con la del pasado año. Los gastos del conjunto de la Administración vasca, sin embargo, crecerían en una tasa más moderada, del 3%.

La economía guipuzcoana atesora dos motores que funcionan a pleno rendimiento. El IVA y el empleo continúan arrojando magníficas noticias y tiran de la recaudación de la Hacienda foral, que ha ingresado hasta marzo 114 millones de euros más respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos facilitados ayer por el fisco. En concreto, la institución foral ha recaudado 926,2 millones de euros hasta marzo, lo que supone un 14% más. Este aumento se sustenta en los dos impuestos más relevantes: el IVA y el IRPF. El primer tributo, asociado al consumo, ha registrado un espectacular aumento del 63,7% que se traduce en 114,9 millones más que proceden, por un lado, gracias al alza en los ingresos (29,7 millones) y, sobre todo, a una disminución en las devoluciones (85,2 millones). Y es que, tal y como recuerdan fuentes de Hacienda, el año pasado «se devolvió toda esa cantidad al tejido económico guipuzcoano tras la explosión de la guerra en Ucrania y también ante el miedo a una crisis». En lo que respecta al IRPF, el balance también es positivo para las arcas forales, que han ingresado en los tres primeros meses del año 13,6 millones más que en ese mismo periodo de 2022. Entrando en detalle, este buen comportamiento obedece al dinero ingresado por las retenciones por rendimientos del trabajo, el termómetro del mercado laboral de un territorio, que aportan 28,7 millones. 

Varapalo judicial a Viñedos de Álava, que compromete su futuro. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado la protección nacional transitoria que el Gobierno vasco otorgó a la nueva denominación de origen para que pudiera comenzar a vender sus vinos en España con el etiquetado ‘Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava’. En un auto, el Tribunal da la razón al Consejo Regulador de Rioja y suspende de forma cautelar a esa PNT, ese ‘permiso’ temporal, por lo que ahora mismo no se pueden poner en el mercado botellas con el marchamo de ‘Viñedos de Álava’ ni en Euskadi ni en el resto del país. En cualquier caso, lo que sigue pendiente es el fondo del recurso contra la solicitud vasca previa de creación de la denominación de origen ante las instancias europeas. Este asunto sigue esperando sentencia, que podría producirse en un mes, en tres o incluso el año próximo. Entonces se decidirá si ‘Viñedos de Álava’ sigue teniendo recorrido o muere en el intento, pero, de momento, lo que ha ganado el Consejo Regulador es tiempo porque, mientras no haya fallo sobre el fondo, la protección nacional –que autoriza a poner en el mercado vinos acogidos a la nueva DOP de forma temporal aunque Viñedos de Álava todavía no esté inscrita en Europa– queda sin efecto. Así las cosas, el auto complica mucho las pretensiones de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA), promotora de la iniciativa, de etiquetar vinos como ‘Viñedos de Álava’ con uvas de esta próxima vendimia. Ya no podrán hacerlo mientras no haya sentencia sobre el fondo y, cuando la haya, evidentemente, sólo si es favorable. 

Bruselas aprieta las clavijas a Francia para que acelere en la construcción del tren de alta velocidad (TAV) hasta Hendaia-Irun y da un balón de oxígeno a Euskadi. El país vecino tendrá difícil seguir haciéndose el remolón después de que la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo aprobara ayer el informe que revisa el Plan Director de Inversiones en Infraestructuras que configuran las redes transeuropeas de transporte. La revisión, y aquí reside la clave del asunto, mantiene el plazo conocido –2030– para que la conexión ferroviaria entre España y Francia a través de la ‘Y’ vasca sea una realidad. La revisión insiste en que solo los proyectos prioritarios, como el corredor Atlántico, contarán con ayudas comunitarias y endurece los requisitos que deben cumplirse para que se apruebe cualquier excepción. El Parlamento ratifica también los criterios que ha de reunir un tramo para que sea prioritario a efectos europeos. Entre ellos se encuentra la eliminación de cuellos de botella entre los Estados miembros, la promoción de combinaciones más eficientes entre distintos medios de transporte, y la eliminación de zonas en las que se produzcan episodios de saturación. Resulta evidente que todas estas condiciones, con un paso fronterizo en Irun que registra un trasiego ingente de personas y mercancías entre la península y Europa, ratifican a la ‘Y’ ferroviaria vasca y su conexión con la red francesa como tramo de alta prioridad. Con estas cartas sobre la mesa, Francia tendrá difícil postergar más allá de 2030 la conexión del TAV con Hendaia. 

La venta de viviendas cayó un 11,2% en Euskadi en febrero respecto al mismo mes del año pasado. Así lo recoge en su informe el Consejo General del Notariado, que constata de esta forma una reducción ligeramente inferior a la registrada en el conjunto de España, donde la caída fue de casi dos puntos superior: el 13,1%. En Euskadi, los notarios certificaron en total 1.786 operaciones de compraventa de viviendas, de las que menos de una décima parte fueron unifamiliares (119), frente a la gran mayoría de pisos (1.667). La caída se corresponde con la subida experimentada por el euríbor, que provocó un claro descenso en la contratación de préstamos hipotecarios. En el País Vasco se redujeron un 12,8%, hasta los 1.629, con una cuantía promedio de 165.458 euros, lo que representa un 20% menos que en febrero del año pasado. En todo caso, el descenso de las hipotecas en Euskadi es mucho menor al sufrido en el conjunto de España, donde la reducción llegó hasta el 23,5%. Únicamente en La Rioja (-5,8%) y en Asturias (-7,9%) hubo una menor caída de préstamos. De hecho, esta última comunidad autónoma fue la única en la que aumentaron el número de operaciones de compraventa de viviendas, que subieron un 1,5%. Los datos recogidos por la estadística del Notariado reflejan además que el País Vasco es la comunidad donde hay un mayor porcentaje de compraventas financiadas por préstamos hipotecarios, el 70%, por delante del 60,4% de Madrid. Además, en Euskadi el promedio de la financiación cubre dos tercios del coste total (66,6%). En este caso está ligeramente por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 70,8%. 

José Luis García Donoso (Hornachos, Badajoz 1979) llegó hace dos años a la dirección general de Global Energy Services (GSE), firma dedicada a la provisión de soluciones de ingeniería, construcción y mantenimiento de energías renovables. La compañía proveedora de soluciones de energía renovable duplicó su facturación el año pasado y se prepara para el aumento de demanda. "A principios de año hubo una liberación importante de declaraciones de impacto ambiental de muchos proyectos, y eso conlleva que ahora venga una demanda muy alta. La reflexión conjunta es que hay por delante un gran volumen de trabajo que hasta ahora no habíamos tenido. Vamos a tener que priorizar los proyectos estratégicos. Por lo demás, el mercado está más estable que lo conocido recientemente...Hay un plan de puesta en servicio de instalaciones y tratamos de seguirlo. Es un plan ambicioso y se están haciendo esfuerzos para llegar al objetivo. El ritmo de construcción ahora es mayor al que teníamos y las personas para gestionarlo son limitadas, por lo que hay un cierto estrés por llegar a alcanzar el número de megavatios marcado de aquí a dos años...La demanda es mucho mayor a la que conocíamos hasta ahora. Aquí lo hemos confiado a equipos de personas muy preparadas, gracias a que tenemos una trayectoria muy larga. Un equipo muy rodado nos acota mucho el riesgo, aunque nuestro crecimiento no sea exponencial. También ocurre lo mismo en las cadenas de suministro, que tienen que crecer. La parte de panel fotovoltaico ha aumentado mucho su capacidad de producción y ahí no se prevé mucho estrés, pero en el resto de equipos es generalizado. Esto nos va a obligar a incorporar proveedores que hasta ahora no conocíamos..."

Entrevista con Mikel Díez Parra, director de Innovación de IBM. Este ingeniero bilbaíno, clave en la llegada del ordenador cuántico al País Vasco, subraya la creciente importancia de esta tecnología y los cambios que traerá. El ‘System One’ que llegará a San Sebastián es una de las seis computadoras de este tipo que la firma tecnológica estadounidense tiene en todo el mundo. «Queremos que Euskadi sea un referente a nivel europeo y mundial». "En el País Vasco se dan una serie de convergencias que lo convierten en un lugar idóneo. Primero, es una región de alto potencial en investigación, con talento y altas capacidades. Segundo, hay una importante comunidad científica, que incluye a las universidades y centros tecnológicos. Y, tercero, existe un conglomerado industrial muy sólido y potente con empresas de primer orden internacional. A todo ello hay que sumar que el Gobierno vasco y las diputaciones tenían estrategias definidas donde la computación cuántica era un factor competitivo. Si sumas todo esto, Euskadi está a nivel de Japón, Corea o Canadá. El objetivo es que sea un referente a nivel europeo y mundial...La computación cuántica trata de resolver problemas que hasta ahora no se podían abordar. Fundamentalmente son tres grandes áreas: la simulación de sistemas moleculares –cómo se comporta la molécula de cafeína o cómo se doblan las proteínas–, el reconocimiento de patrones y grandes cantidades de datos y lo que llamamos optimización. Este último se refiere, por ejemplo, a buscar las mejores rutas para flotas de cientos de barcos que están en diferentes puntos, con diversas condiciones meteorológicas, tarea que ni el ordenador actual más potente podría hacer. El ‘System One’ se dedicará a programas de investigación científica para sectores tan relevantes como la movilidad, la salud o las finanzas. También las empresas podrán aprovecharse de su capacidad. Y desde ya, porque hasta que se instale, pueden acceder a nuestras redes..."

Los alumnos que realizan la Formación Profesional Básica tendrán, una vez finalizados con éxito sus estudios, una doble titulación. La correspondiente a la de la rama de FP que hayan cursado y, a partir de este curso, el de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Una doble certificación que les permitirá poder continuar sus estudios hacia donde deseen y acceder a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias, cosa que hasta ahora no podían hacer sin sacarse ese segundo título. Esta es una de las novedades que ha incluido la reforma educativa (Lomloe) que se ha introducido este curso y que desde el Departamento vasco de Educación se acoge con satisfacción. Se trata de una manera de ampliar las perspectivas de formación de aquellos jóvenes que no terminaron los estudios obligatorios que culminan con los cuatro cursos de Secundaria a la edad de 16 años. La consecución del título de graduado en ESO, que antiguamente se denominaba ‘graduado escolar’, además del propio de FP Básica supone que no se cierre ninguna puerta de futuro a los miles de jóvenes que en Euskadi optan por estos estudios. Así, quien, por el motivo que sea, haya elegido la opción de la FP Básica podrá o bien continuar los estudios por la oferta académica de la propia FP a través de los Grados Medios para luego continuar por un Grado Superior, o bien reengancharse a estudios de Bachiller para desarrollar su futuro hacia estudios universitarios. Además, los centros de FP han acogido con alivio otro cambio: el que las personas en situación irregular que acrediten haber cursado dos años en sus aulas y tengan oportunidad de acceder a un contrato laboral obtengan de manera inmediata el permiso de residencia. Estará recogido en el futuro Real Decreto de Ordenación de FP. Conseguirá poner fin a la espiral en la que personas formadas a través de la FP, en su mayoría jóvenes «sin papeles», a las que llaman las empresas necesitadas de trabajadores, ven que no pueden ser contratadas por no tener el permiso de residencia. Y a su vez, no pueden tener el permiso de residencia porque no tienen un contrato.

El 20% de las mujeres mayores de 26 años acceden a ciclos de FP de ramas técnicas; Aitziber Ugarte es uno de esos ejemplos. Decidió estudiar grado superior en mecatrónica industrial tras haber trabajado en hostelería e industria. Quería dar un cambio a su vida tras divorciarse y eligió un ciclo Steam en el centro Miguel Altuna de Bergara. «Con estos estudios busco mejorar mi calidad de vida, tener mis fines de semana y más tiempo para mis tres hijos», cuenta. Reconoce que con 18 años no hubiera elegido esa rama. «Soy miedosa, entonces estoy convencida de que no me hubiera atrevido», explica. «Mi aita me animó mucho, me dijo: ‘mira dónde vivimos y cuánta industria hay a nuestro alrededor’. Aquí estoy, convencida y animada». Ella forma parte del 20% de mujeres mayores de 26 años que deciden apostar por los estudios de ramas profesionales técnicas, frente al 11,6% que optan por ciclos no Steama partir de esa edad. Además el 45,8% de ellas tomó la decisión mientras estaba trabajando. Por debajo de los 26 años, los porcentajes de elección de estudios son bastante parecidos. Estos son algunos de los datos que se extraen de una encuesta realizada entre más de 3.300 mujeres estudiantes de 54 centros públicos de Formación Profesional de Gipuzkoa y Navarra han participado activamente en el proyecto de investigación, ‘Somos las FP. Futuras Profesionales’ y que busca identificar las barreras sentidas por las jóvenes en su acceso a las ramas técnicas de estos estudios.

El comité de empresa de Volkswagen Navarra afirmó el jueves que «no ha habido ningún cambio» respecto al proyecto para la instalación de una fábrica de ensamblaje de baterías dentro de la factoría de Landaben (Navarra) y ha destacado que «sigue sin contar con financiación». Así lo indicó el presidente del comité de empresa, Alfredo Morales, en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press, tras mantener un encuentro con la dirección de la empresa ante las informaciones de que Volkswagen Navarra trabaja en una planta de ensamblaje de baterías para el coche eléctrico que se ubicaría en las instalaciones de la fábrica. Morales recordó que hace una semana la dirección informó al comité de empresa de que la fábrica de baterías «era un proyecto necesario, atractivo para Volkswagen Navarra, pero que no contaba con financiación en la actualidad». También señaló que la dirección les «ha confirmado que no ha habido ningún cambio, que todo sigue igual, que sigue ratificando que el proyecto es muy necesario» para la planta pero que «sigue sin contar con financiación» necesaria.

De Madrid a Amsterdam. Así lo decidieron ayer los accionistas de Ferrovial en una Junta General en la que no escatimaron duras críticas al Gobierno por sus «interferencias». La decisión supone un duro varapalo para Sánchez, al haberse convertido una operación empresarial en un desafío político. La constructora recibió también el respaldo de la Bolsa cotizando en máximos de tres años. Nunca una junta de Ferrovial había centrado tantas miradas del poder empresarial y político como la que ayer celebró la compañía, porque en ella se decidía –y finalmente se aprobó– el cambio de sede social de España a Países Bajos. Tras semanas de polémicas con el Gobierno, los accionistas de la constructora dieron su apoyo al traslado. Y lo hicieron de forma abrumadora, con un 95,5% de votos favorables, y también con duros reproches al Ejecutivo por la presión ejercida durante los últimos días, y hasta con ovaciones cerradas al presidente de la compañía, Rafael del Pino. En poco más de dos horas, los propietarios de Ferrovial decidieron un cambio de rumbo que llevará su sede social a Ámsterdam tras autorizar la fusión de la firma española con su filial holandesa, que ahora será la matriz del grupo. Solo un 7,7% de los accionistas que acudieron (la junta tuvo un quórum del 77,8%) votó en contra. Entre ellos, Leopoldo del Pino –hermano del presidente–, quien con un 6,4% de la propiedad ya había anunciado su negativa. A Ferrovial todavía le queda por superar una traba más. En el próximo mes, esos accionistas que votaron en contra del traslado pueden ejercer su derecho de separación.

Ferrovial también ha dejado su huella en Euskadi en las últimas décadas, participando en algunas de las obras más importantes de la comunidad autónoma, entre las que sobresalen dos: la autopista A-8 que une Behobia con Bilbao y que vertebra el País Vasco, o el propio museo Guggenheim de la capital vizcaína, un icono de Euskadi a nivel mundial. La multinacional recoge en su pagina web muchos de todos estos trabajos. Sobre la autopista A-8 resalta que «marcó un hito en la ingeniería civil española» en los años setenta y que «significó un antes y un después en la historia de Ferrovial, que acometía por primera vez un proyecto de construcción de una infraestructura de transporte de esas dimensiones», con más de cien kilómetros. Sobre el museo Guggenheim, inaugurado en 1997 e icono de la Euskadi contemporánea, la empresa señala que la construcción de la pinacoteca bilbaína es uno de sus trabajos más «emblemáticos». La firma de los Del Pino recuerda que «llevamos a cabo la construcción del proyecto que incluyó, entre otras actividades, las obras de hormigón, estructura metálica, revestimientos interiores, instalaciones y urbanización». La gestora de infraestructuras protagonista de la polémica también dejó su sello en otros edificios del País Vasco como el Hotel-Museo Marqués de Riscal en Rioja Alavesa, también proyecto del arquitecto suizo Frank Gehry, padre a su vez del Guggenheim. Asimismo, Ferrovial trabajó en obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) como las complicadas tareas de tratamiento de tierras de excavación del túnel de Albertia, ubicado entre Legutio (Araba) y Eskoriatza. Ferrovial también construyó estaciones y vías de Metro Bilbao, y participó en la ampliación del Puerto de Bilbao en Santurtzi, donde construyó el espigón central de 1 kilómetro y 200 000 metros cuadrados.

A pesar de que desde el Ministerio de Asuntos Económicos se transmitió ayer su respeto a la decisión adoptada por los accionistas de Ferrovial, que aprobaron el traslado de su sede social de Madrid a Amsterdam, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó de «inaceptable» la determinación adoptada por la junta de la compañía constructora. «La inaceptable decisión de Ferrovial de cambiar su sede a Amsterdam ha generado indignación en nuestro país», escribió Díaz en su cuenta de ‘Twitter’ horas después de la junta. La titular de Trabajo aseguró que el Gobierno seguirá defendiendo el interés general e instó a las empresas a que «tienen que comprometerse con su país y la mejor forma es avanzar en democracia económica». El Ejecutivo, a través de varios de sus ministros, se había empleado también ayer a fondo hasta momentos antes del inicio de la junta para evitar que la propuesta del consejo de administración fuera aprobada. Así, el día comenzaba con las declaraciones del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien tachó la mudanza de «extraña» y de ir «a contracorriente» a la vista de que España es el país de la Unión Europea con mejores perspectivas económicas. Bolaños añadió como argumento que España está en cifras récord de inversión extranjera.

El Gobierno –a través del Ministerio de Industria– ha destinado 9,65 millones de euros con cargo al presupuesto de la Fundación Escuela de Organización Industrial. Podrán beneficiarse de estas ayudas públicas las empresas de hasta 250 trabajadores que tengan un volumen de negocio inferior a 50 millones de euros al año o cuyo balance general anual no supere los 43 millones, que no formen parte del sector público y que se dediquen a la confección de prendas de vestir, a la industria de papel, textil, de la alimentación, química, del tabaco, industria del cuero y calzado, fabricación de muebles, metalurgia, fabricación de vehículos a motor, actividades de envasado y empaquetado, de reparación de maquinarias, al procesado o conservación de alimentos, a las artes gráficas, a los productos farmacéuticos, informáticos, electrónicos…Para ello, tendrán que recortar al menos un 10% la jornada laboral de como mínimo un 30% de su plantilla en el caso de que sean empresas de hasta 20 trabajadores y del 25% si son pymes con más empleados durante un plazo de dos años. En cualquier caso, las empresas que apliquen la reducción de horario a más trabajadores sumarán más puntos así como si apuestan por una reducción de jornada mayor al 10%. Eso sí, solo podrá afectar a los empleados que tengan un contrato indefinido y estén a tiempo completo. En Euskadi, la consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, impulsará finalmente un proyecto piloto para implantar la semana laboral de cuatro días desde su propio departamento y al margen de la Mesa de Diálogo Social vasca, tras el rechazo frontal de la patronal Confebask a tratar la iniciativa en ese foro. Con el apoyo explícito de CC OO y UGT de Euskadi, y habiendo constatado que «hay empresas interesadas en participar», la consejería de Mendia diseñará este año un programa piloto para poder ponerlo en marcha a lo largo del próximo ejercicio.

España encadena seis meses liderando el desempleo de los países industrializados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y se colocó en febrero en el 12,8%, según los últimos datos publicados ayer por la organización. Pese a situarse un 0,5% por encima de sus niveles de hace un año y ser, junto a Portugal y solo superado por Finlandia, uno de los países que más empleo creó de los países industrializados, la diferencia de España con respecto a su tasa mínima histórica, alcanzada en mayo de 2007 (7,9%), es la más alta de toda la OCDE con 4,9 puntos porcentuales. La diferencia sitúa a España un punto porcentual por encima del segundo país que más camino debe recorrer para alcanzar sus niveles mínimos, Grecia, y casi dos puntos por encima de Luxemburgo, el tercer país que mayor porcentaje de paro le separa de su suelo, aunque en este caso la tasa actual de desempleo del país del Benelux es del 4,8% y su mínimo se situó en el 1,8% en mayo de 2001. Según los datos utilizados por la OCDE, la población que participa en el mercado laboral español cayó una décima, hasta el 74%, en el cuarto trimestre del año pasado y se sitúa todavía seis décimas por debajo de su máximo desde que hay registros y que se alcanzó en el segundo trimestre de 2015, en el que se llegó al 74,6%. Para el conjunto de la Unión Europea la tasa de participación de la población activa entre 15 y 65 años ha marcado máximo de la serie tras alcanzar una participación del 74,7% de la población en el mercado de trabajo.

El Gobierno de Pedro Sánchez y los sindicatos mantienen un idilio aparentemente a prueba de bombas, crisis y turbulencias. Ni la pandemia del Covid, ni el subidón de la factura energética o de los precios de la cesta de la compra han logrado quebrar esa buena sintonía, que se ha plasmado en el apoyo de las principales organizaciones sindicales a su reforma laboral, a los sucesivos incrementos del SMI o a la controvertida segunda pata de la reforma de las pensiones. Ese romance, que discurre en paralelo a una suerte de demonización de los empresarios desde las esferas gubernamentales, contrasta con el trato sindical dispensado a los gobiernos de Rajoy, que afrontó dos huelgas generales en 2012 y que en 2017 sufrió cuatro jornadas de protestas porque el precio de la luz alcanzó los 87 euros el megavatio hora, a años luz de los históricos 545 euros registrados el año pasado, durante lo peor de la crisis energética. A pesar de ello, la paz social ha reinado –y reina– en la era Sánchez. Una paz que, más allá de coincidencias ideológicas, se ha visto abonada en los últimos años a golpe de generosas subvenciones. El Ministerio de Trabajo, que encabeza Yolanda Díaz, publicó ayer en el BOE el extracto de la convocatoria para 2023 de la concesión de subvenciones a los sindicatos, que contempla un presupuesto de hasta 17 millones de euros este año. Es la misma cuantía que en 2022, pero 3,1 millones más que en 2021 (un incremento del 24,7%) y prácticamente el doble que en 2020, cuando la dotación máxima ascendía a 8,88 millones de euros. Esto es, en los últimos tres años, el Gobierno de Pedro Sánchez habrá irrigado con 47,8 millones de euros a las organizaciones sindicales frente a los 26,6 millones del trienio anterior, casi un 80% más, subida que se ha producido en plena crisis del Covid, de fuerte escalada de los precios energéticos y de consumo y de galopante pérdida de poder adquisitivo de las familias. 

Todas las miradas se posaban sobre la industria europea hace un año, con el precio del gas natural en máximos históricos. ¿Sería capaz de resistir una embestida sin precedentes o se hundiría en una espiral de cierres, deslocalizaciones y despidos? 12 meses después, la respuesta es mixta: hubo suspensiones de empleo y parones de actividad, pero el zarpazo no ha sido, ni de lejos, tan mortífero como se temía. Los acontecimientos esconden, además, una paradoja: el consumo de gas natural se ha hundido en el sector secundario, incluso más de lo previsto, pero la producción industrial ha resistido muchísimo mejor de lo esperado. “Es un desacoplamiento verdaderamente extraño”, admite Thierry Bros, analista energético y profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales de Science Po (París). “Ha sido una gran sorpresa para mí, que tanto la producción como el PIB no hayan sufrido un golpe tan grande pese a la fuerte caída en el consumo de gas”. En febrero, el índice de producción industrial creció un 2% en comparación anual, según los datos publicados ayer por la agencia estadística comunitaria Eurostat. La demanda sectorial de gas, por el contrario, acumula una caída del 15% frente a la media del periodo 2019-2021, de acuerdo con el centro estudios bruselense Bruegel. Quienes siguen el día a día del sector empiezan a lanzar las primeras hipótesis sobre lo sucedido: una sustitución del gas por combustibles más contaminantes, como el fueolóleo, el diésel o incluso el carbón; un esfuerzo adicional en eficiencia; una mayor importación de bienes intermedios, con la industria europea concentrando todos sus esfuerzos en los segmentos que aportan más valor añadido; e incluso una electrificación acelerada de los segmentos en los que es posible.

Las dudas sobre el impacto de la aplicación de inteligencia artificial creada por la empresa OpenAI, ChatGPT, ha llegado a España. Tras las sospechas que ha despertado en los gobiernos de Italia, Estados Unidos y China, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) anunció ayer que “ha iniciado de oficio actuaciones previas de investigación a la empresa estadounidense por un posible incumplimiento de la normativa”, según recoge un comunicado de la entidad estatal. Las sospechas son que la plataforma podría recoger de forma ilegal datos de los usuarios, de las conversaciones que mantienen con la máquina para entrenar los algoritmos y de la información de pago de sus abonados, además de presentar vulnerabilidades en su protección y carecer de filtro eficaz para verificar que la utilizan solo mayores de 13 años. Según informó la AEPD, la iniciativa surgió la semana pasada, cuando la agencia solicitó al Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB, por sus siglas en inglés) “que se incluyera el servicio ChatGPT como tema a abordar en su reunión plenaria”. El organismo español considera “que los tratamientos globales que pueden tener un importante impacto sobre los derechos de las personas requieren de acciones armonizadas y coordinadas a nivel europeo en aplicación del Reglamento General de Protección de Datos”. La propuesta ha sido recogida por el EDPB, del que forma parte la agencia española, en la reunión que celebraron ayer y se decidió crear un grupo de trabajo para la cooperación y el intercambio de información entre las entidades que forman parte del Comité Europeo de Protección de Datos. De esta forma, la investigación española no será singular e individual, sino que formará parte de la que emprendan el resto de las entidades responsables de la protección de datos.