20230415

Euskadi registró en febrero la mayor caída en creación de empresas de toda España tras descender un 6,6% respecto al mismo mes del año pasado. En total se formaron 299 sociedades mercantiles. Por contra, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de disoluciones se mantuvo sin variaciones al desaparecer 138. Sin embargo, en el conjunto de España se marcó el peor registro de un mes de febrero desde 1995. En concreto, aumentaron un 11,2% hasta las 2.704 disoluciones. El dato vasco de creación de empresas contrasta con la media española, que vio crecer su cifra en un 9,9%. Además del País Vasco, únicamente Galicia registró un descenso en el número de creación de empresas, en su caso con una bajada de medio punto, tras constituirse 378 nuevas sociedades. El mayor porcentaje se dio en Navarra, con un 68,1% al crearse 116 firmas. En cuanto a las disoluciones, la media española creció el citado 11,2%, teniendo de nuevo en Navarra el dato más alto, un 666,7%, que en este caso representa la pérdida de 184 empresas. Únicamente una de las 299 empresas formadas en Euskadi en febrero fue sociedad anónima, con un capital de 300.000 euros, mientras que el resto fueron sociedades limitadas cuya inversión inicial conjunta alcanzó los 24,8 millones de euros. También se contabilizaron 127 sociedades mercantiles que ampliaron su capital, incorporando más de 154 millones de euros. Las disoluciones de empresas registradas en Euskadi respondieron mayoritariamente a decisiones voluntarias. El 85,5% de las 138 que se dieron optaron por esta solución, mientras que 10 casos fueron debidos a fusiones y en otros 17 se debió a diferentes causas.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, afirmó ayer que la semana laboral de cuatro días puede «parecer bien» a algunas empresas por cómo tienen organizado el tiempo de trabajo, pero advirtió que es un error político plantear esta iniciativa para ganar votos. «Respeto profundo a la libertad de las empresas, que tomen las decisiones que tengan que tomar, pero si lo que se pretende o lo que se plantea o se piensa desde la política o la Administración es que esto es buena idea porque da más votos, creo que se equivocan». En declaraciones a TVE, el dirigente empresarial recordó que la organización del tiempo de trabajo corresponde al diálogo social bipartito de cada empresa con sus trabajadores o de los sectores en los convenios colectivos. «Esa negociación colectiva es la que funciona», subrayó. Por otra parte, tras participar en un acto público, el presidente de la CEOE aseguró que siguen trabajando con los sindicatos para tratar de alcanzar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). «El planteamiento de discreción es fundamental. La voluntad de todas las partes es intentar llegar a un acuerdo que sería bueno. Nosotros, desde luego, lo estamos intentando», dijo.

Viñedos de Álava recibió un jarro de agua fría a sus aspiraciones de empezar a comercializar vino con su etiqueta propia ya con uva de esta próxima vendimia. El auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que suspende de forma cautelar la autorización temporal que el Gobierno vasco le había concedido para comercializar botellas en España, ha desbaratado su hoja de ruta para los próximos meses. Con todo, el nuevo consejo regulador de Rioja Alavesa no ha «perdido todas las esperanzas». Hasta la última gota. Según confirmó ayer su presidente, Emilio Aguillo, Viñedos de Álava ya ha presentado recurso «en tiempo y forma» al pronunciamiento del Superior. Pese al revés en los tribunales, el grupo de cinco pequeños bodegueros de Rioja Alavesa (son Solar de Ayala, El Mozo Wines, Frías del Val, Laukote y Maisulan) asegura mantener intacta su «ilusión» de poder comercializar su vino con un etiquetado con la Denominación de Origen Protegida (DOP) Arabako Mahastiak/ Viñedos de Álava. Su presidente, muy crítico con el auto judicial, recuerda que el pronunciamiento del TSJPV que deja sin efecto la protección nacional transitoria que le concedió el departamento Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, solo entra en la forma y que al fondo del asunto, la creación de una nueva denominación, todavía le queda un largo recorrido judicial, que se podría alargar meses o incluso un año. Y será Europa quien tenga la última palabra. 

Después de atar en corto su permanencia en Arteche, el Gobierno vasco sigue sumando participaciones en empresas. La última, la entrada en el accionariado de Veltium, una startup de Vitoria que busca revolucionar el mercado de los cargadores para coches eléctricos. Según ha podido saber este periódico, la firma alavesa acaba de cerrar una ronda de financiación en la que ha conseguido 1,5 millones de euros. La energética Capital Energy, que tiene proyectados siete parques eólicos en Euskadi –es el mayor promotor de estas infraestructuras en la comunidad autónoma– ha desembolsado 800.000 euros para acceder a la empresa y el Gobierno vasco ha puesto sobre la mesa 700.000. Fuentes del Ejecutivo autonómico detallan que la inversión de Lakua le hará dueña del 4,66% de la empresa, mientras que la propiedad de Capital Energy será de un 5,33%. La entrada de ambos accionistas se da a través de sus fondos de capital riesgo. En el caso de Capital Energy, se hace con Quantum; en el del Gobierno, con la SPRI. La alianza busca potenciar un sector que se antoja clave tanto para la automoción eléctrica –necesitada de una infraestructura que permita recargar los coches en tiempos competitivos– como para el sector de las renovables, que sabe de la importancia de este sector como cliente futuro de la producción de los parques eólicos y fotovoltaicos.

Leche y aceite un 31% más caros que hace un año. Huevos, legumbres, verduras y patatas, en torno a un 25%. Y la carne registra un encarecimiento medio superior al 10%. Esa es la huella de escalada de los precios para los hogares vascos, que en estos momentos pagan casi un 18% más que hace doce meses por la cesta básica de la compra. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado esta mañana lo que constatan las familias todos los días en las tiendas y supermercados. La alimentación continúa en una espiral inflacionista inmune a cualquier intento de contenerla. Ni la rebaja del IVA en un buen puñado de productos de primera necesidad ha logrado frenar los precios y, aunque el IPC general está bajando por el menor empuje de la energía, la luz roja sigue encendida en un capítulo tan sensible como los alimentos.  Llenar el frigorífico, que supone algo más de un 16% del gasto mensual de las familias, es cada día más complicado, porque salvo la leche, los derivados lácteos, el pescado y la carne de ovino, el tronco central de la cesta de la alimentación no levanta el pie del acelerador desde hace más de un año. En algunos casos a causa en gran medida por la invasión de Ucrania, pero la tendencia de encarecimiento general de los precios es anterior. 

Cuando se cumple un año del impacto en los precios de la guerra en Ucrania, que arrancó a finales de febrero de 2022, la cesta de la compra sigue por las nubes y aunque el IPC se estabiliza a la baja en Euskadi en el 3,3% (al mismo nivel que en el conjunto del Estado), los precios de la alimentación mantienen un incremento general del 15,7% en la comunidad. Un alza porcentual que supone de media para los hogares de Gipuzkoa desembolsar al año más de 800 euros en la cesta de la compra (alimentos y bebidas no alcohólicas), según los cálculos de este periódico. El gasto medio por hogar a finales de 2021, cuando ya la inflación iba para arriba pero sin el agravante del conflicto bélico, era en el territorio guipuzcoano de 5.659 euros al año, según el último informe del Eustat publicado en junio de 2022. El precio de los alimentos está subiendo de media interanual en el País Vasco por encima del 15% desde finales del pasado año, según los datos mensuales del INE. De hecho la subida interanual de este marzo, del 15,7%, es la más alta de la historia, batiendo la plusmarca del 15,5% del pasado febrero. La comparativa interanual no afloja y el freno que trató de poner el Gobierno central a principios de año bajando el IVA a ciertos alimentos no ha servido para rebajar la factura de alimentos básicos como aceite, huevos o legumbres. En enero se aprobó la reducción del IVA de, entre otros, esos tres productos.

Aunque el IPC general ha moderado de forma significativa su ritmo de crecimiento, en buena parte debido al efecto base comparativo con el año pasado, cuando la invasión de Ucrania disparó la factura energética y con ella la tasa de inflación, el precio de los alimentos sigue sin dar tregua al depauperado bolsillo de los hogares, para los que la cesta de la compra representa el segundo mayor capítulo de gasto por detrás de los gastos relacionados con la vivienda (alquiler, hipoteca, suministros...). Así, mientras que la inflación general se frenó en marzo hasta el 3,3% interanual por el abaratamiento de la energía y los combustibles, como confirmó ayer el INE, reduciéndose 2,7 puntos respecto a febrero, el coste de los alimentos se disparó otro 16,5%, dos décimas menos que el mes anterior, pero aun así en zona de máximos históricos y el quíntuple que el IPC global. Un nuevo mazazo para las familias, que encadenan doce meses consecutivos de subidas de doble dígito en los alimentos y para las que hacer la compra se ha convertido en una cuesta de enero permanente, obligándolas a detraer consumo de otros bienes duraderos o de ocio. Y ello a pesar de la rebaja o supresión del IVA que entró en vigor a principios de año para determinados alimentos básicos y que se ha revelado ineficaz para contener la escalada de los precios. De hecho, el coste de los alimentos volvió a aumentar en tasa mensual (un 1,1% respecto a febrero), con algunos de esos productos de primera necesidad subiendo por encima del 30% pese al IVA recortado. La organización de consumidores Facua denunció ayer que cuatro de cada diez productos afectados por la rebaja se han encarecido desde que entró en vigor la medida, dato que, junto a la abrupta subida del conjunto de los precios, dio alas a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para reanudar su presión sobre los grandes distribuidores, a los que instó a que “den un paso adelante y empiecen a bajar los precios”. 

Una larga sequía, que ya dura cinco años, está provocando una crisis sin precedentes en el sector agrario. Y el principal efecto de esta sequía, más allá del incremento de costes para los agricultores, es el notable encarecimiento del precio de los alimentos, acentuando así la escalada inflacionista. En marzo, el último mes con datos, los alimentos se encarecieron un 16,5% respecto al mismo mes del año pasado, según confirmó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). El sector, que reclama una política equitativa de reparto del agua, argumenta que los costes de producción se han incrementado desde enero de 2021 un 46%, mientras que el precio de los alimentos en este periodo ha subido menos de la mitad. Desde la patronal del sector de gran consumo, Aecoc, indican que las empresas que forman parte de la cadena agroalimentaria “están haciendo los máximos esfuerzos para contener el impacto del mayor incremento de costes de las últimas décadas y no trasladarlo totalmente al precio final de los alimentos”. En febrero, el Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos, que indica cuánto se multiplica el precio de origen de los productos hasta que llega al consumidor, fue del 3,66, el valor más bajo de los últimos cinco años. La sequía asfixia ya al 60% del campo español y produce pérdidas irreversibles en más 3,5 millones de hectáreas de cereales de secano, según un informe de la organización agraria COAG de este jueves. Se dan casi por perdidas las cosechas de trigos y cebadas en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, y en las zonas más áridas de Aragón, Cataluña y Castilla y León.

Las transacciones de vivienda podrían reducirse este año alrededor del 30%, según las estimaciones realizadas por el BBVA Research. El centro de investigación y análisis económico de la entidad financiera plantea unas previsiones basadas en el menor crecimiento económico, tanto a nivel nacional como extranjero, la subida de tipos de interés y la reducción de los ahorros acumulados por las familias durante el periodo de la pandemia. En base a los resultados reflejados en el ‘Observatorio Inmobiliario’, las ventas se situarán en niveles similares al promedio anual de 2015 a 2019, es decir, ligeramente por encima de las 500.000. Además, tendrán su mayor incidencia en la vivienda usada. El informe apunta que la demanda de vivienda caerá especialmente durante los próximos trimestres en el segmento de segunda residencia. También lo hará en las demandas por parte de los extranjeros, debido a la desaceleración del crecimiento en los principales países de Europa. Así, los datos anticipan una reducción del 9% para este año en la firma de visados de vivienda nueva, debido a los incrementos del coste de financiación, el aumento en salarios, la falta de mano de obra cualificada, el elevado precio de algunos insumos, el deterioro de expectativas en la demanda y la incertidumbre regulatoria. El impacto se vería limitado, eso sí, por la escasez de vivienda nueva. El precio seguirá prácticamente constante a lo largo del año, si bien en términos reales la corrección quedaría en 3,9%.

Los precios de la vivienda seguirán tensionados en los próximos años por la escasez de oferta, de acuerdo con las previsiones de BBVA Research, que achaca esta debilidad a la caída de los nuevos visados, alentada a su vez por la incertidumbre regulatoria, y a la falta de stock para edificación residencial. En su último Observatorio Inmobiliario, referido al primer semestre del año y publicado ayer, el servicio de estudios de BBVA señala que la demanda de vivienda se ha desplomado por la ralentización económica y por las subidas de tipos de interés, hasta el punto de que prevé que la compraventa de viviendas se hunda un 28,4% este año, quedando ligeramente por encima del medio millón de unidades, pero se recuperará el próximo año. En cambio, los visados para nueva obra, se anotarán una caída del 9% debido a la subida de tipos de interés después de estar varios años aletargados, lo que apunta a que “la escasez de vivienda nueva persistirá y podría alentar una recuperación más visible en 2024”, explica el informe. Hay varios elementos que señalan a la contracción de la actividad constructora en los próximos meses. En primer lugar, la caída de los visados indica que “la iniciación de viviendas se reducirá en el bienio en curso”, quedando un 6,5% por debajo de las cifras de 2022, en promedio. Y esto supone un gran problema para el acceso a la vivienda si se tiene en cuenta que el año pasado hubo menos de 0,6 nuevos visados por cada nuevo hogar y que este déficit no es algo nuevo. 

Tras más de un año de estancamiento en el trámite parlamentario por las diferencias entre los socios de Gobierno, un pacto con ERC y Bildu da luz verde a una nueva ley de vivienda con medidas intervencionistas sobre el mercado. La previsión es que durante el mes de mayo se culmine la tramitación con su aprobación en el Congreso y el Senado, antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, cumpliendo así el objetivo del Gobierno de coalición de tener en la actual legislatura una nueva ley de vivienda con diversas medidas que intervendrán el mercado y que ya han provocado las críticas del sector. Una de las principales novedades del acuerdo anunciado ayer y que había supuesto uno de los mayores puntos de fricción entre el PSOE y el resto de socios son los topes a las subidas de los alquileres en el momento de su renovación, que se aplicarán a cualquier alquiler, tanto para viviendas de grandes tenedores como de pequeños propietarios, y tanto si están en zonas tensionadas como si no. La nueva ley eliminará el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos. En su lugar, durante 2023 se aplicará el límite del 2% en vigor, mientras que en 2024 será del 3% y de 2025 en adelante se creará un nuevo índice, aún pendiente de formular –tarea que deberá realizar el Instituto Nacional de Estadística (INE) antes de finalizar 2024–, “más estable e inferior a la evolución del IPC”. Por otro lado, al margen de los topes, se establece también una prórroga extraordinaria de un año en los contratos de alquiler en caso de situaciones acreditadas de vulnerabilidad social. Además, el nuevo acuerdo amplía la definición de zonas tensionadas que el Gobierno había incluido en el proyecto inicial. Esta definición es importante para que municipios y comunidades autónomas puedan declarar estas zonas, cuya unidad mínima será el distrito censal, en las que se podrán aplicar otras medidas más restrictivas. La declaración de zona tensionada permitirá regular y topar todos los alquileres, ya sean propiedad de grandes tenedores o de pequeños propietarios, tanto para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos. 

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cargó contra el acuerdo del Gobierno con ERC y Bildu para la ley de vivienda anunciado ayer y que incluye un tope permanente a la subida de los alquileres en toda España. “Intervenir en el mercado puede conllevar una disminución de la oferta de alquiler y un incremento de los precios como consecuencia de la disminución de los pisos porque los propietarios no están dispuestos a ponerlos a disposición de los ciudadanos”, afirmó a preguntas de los periodistas en un acto de precampaña en San Sebastián. Además, el líder del principal partido de la oposición censuró que sean ERC y Bildu quienes “impongan” el contenido del texto por la “debilidad” del Ejecutivo. “Nos sorprende que los políticos independentistas señalen la política de vivienda del conjunto de España cuando ellos pretenden no formar parte de la nación. La política de vivienda la marcan quienes no quieren formar parte de España y que no representan más que a un porcentaje muy pequeño de la población española”, aseveró el dirigente popular, que no quiso entrar a valorar si derogará o no la norma de llegar a La Moncloa tras las elecciones generales previstas para final de año.

Los planes de pensiones de particulares encajan un rendimiento negativo del 3,9% en los doce últimos meses del año. Los productos de renta fija a corto plazo obtienen los menores recortes, con unos números rojos del 1,3%, mientras que los planes de pensiones garantizados ceden un 5,6%, aunque éstos no repercuten este resultado a los partícipes, ya que tienen una rentabilidad asegurada al vencimiento. Los fondos de pensiones de renta variable se anota un recorte medio del 2,3%. Por horizonte temporal, los planes de pensiones tenían en el tercer mes del año una rentabilidad media anual del 2,5% a 26 años; del 2,7% para aquellos planes a diez años y del 2,2% para los de 15 años. Pese a esta evolución, el patrimonio de estos productos se elevó en 509 millones de euros, un 0,6%, en marzo, hasta los 82.553 millones, gracias al efecto mercado, que hizo que se revalorizaran las carteras por el alza de los mercados financieros, según Inverco. “A pesar de la elevada volatilidad financiera en los mercados a mediados de marzo pasado, las bolsas se encaminaron a un comportamiento mucho más positivo a finales de mes, eliminando de esta manera el ajuste experimentado en febrero gracias a la rentabilidad adicional aportada a finales de trimestre”, explica Inverco.

La denominada plataforma de agraviados de Geroa ha convocado una asamblea «reivindicativa» para el próximo jueves en el centro cultura Bastero de Andoain. En ella, analizará la situación actual de su demanda a la EPSV (Entidad de Previsión Social Voluntaria), de que exista la posibilidad de cobrar de una sola vez, en el momento de la jubilación, el dinero que tienen acumulado, en vez de en renta mensual, como fijan los estatutos de Geroa. El colectivo de críticos aprovechará la cita para animar a participar en la manifestación del sábado 6 de mayo en San Sebastián. Una marcha a la que se ha adherido la formación política Podemos, en vísperas del arranque de la campaña electoral a las municipales y forales. Entre los asuntos a analizar se encuentra la intención del Gobierno Vasco, desvelada por este periódico, de priorizar por ley que 165.000 socios de EPSV de empleo cobren en renta mensual, dejando como «excepcional» el ingreso en una sola vez. Una medida que afectaría a Geroa, Elkarkidetza y Lagun Aro. Los estatutos de Geroa fijan que a partir de una determinada cantidad (que ronda los 41.000 euros) la prestación se ha de cobrar siempre con un pago al mes. También se analizará la última sentencia del TSJPV que tumba las pretensiones de la plataforma y confirma un fallo de un juzgado de Eibar que sentenciaba que la EPSV informó bien a los demandantes de las condiciones del rescate.

Lorca JVCo, la matriz británica de MásMóvil, valora las siete principales marcas del grupo en más de 415 millones de euros, según indica la compañía en su memoria anual de 2022. De ellas, Yoigo es la principal marca del grupo, con una valoración superior a 162 millones de euros. A continuación, se sitúa MásMóvil, con 108 millones de euros, y Euskaltel, con algo más de 59 millones. Pepephone, por su parte, se valora en 33,7 millones, por 32 millones de R (Galicia), 15,9 millones de la asturiana Telecable y 3,4 millones de Ahí+. La compañía explica que el importe recuperable de las marcas se determina con base a los cálculos del valor en uso. Estos cálculos utilizan proyecciones de flujo de efectivo del plan de negocios aprobado para un periodo de cinco años. Posteriormente, los flujos de efectivo se extrapolan usando las tasas de crecimiento aplicables al sector en el que opera el grupo. La posible reducción del número de marcas es una de las cuestiones que se ha comentado en el sector ante la fusión de MásMóvil y Orange, actualmente en proceso de revisión en profundidad por parte de la Comisión Europea. Los responsables de MásMóvil consideran que su estrategia multimarca ha funcionado bien, y ha funcionado bien a la hora de registrar buenos resultados en la portabilidad. La compañía no tiene planes de eliminar ninguna de sus marcas principales, si bien no se descartaría algún cambio en las marcas del segmento étnico.

Las aerolíneas han comenzado una carrera para renovar y ampliar sus flotas con el objetivo de capturar la demanda, en fase consolidada de recuperación tras la pandemia, y de reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Los cinco principales grupos europeos suman pedidos firmes o tienen pendientes de entregar 838 unidades, frente a las 659 encargadas un año atrás. A esta cifra se añaden las opciones, que en grupos como IAG llegan a las 246 aeronaves y en Lufthansa, a las 58. IAG (192 aviones en pedidos firmes), Air France-KLM (178) y easyJet (118) han elevado entre un 40% y un 105% sus encargos, según los datos al cierre de sus últimos ejercicios fiscales, en comparación con el año precedente. En los dos primeros casos, Airbus, el fabricante europeo, concentra dos tercios de los pedidos, frente a Boeing, el norteamericano, con el resto. easyJet trabaja solo con Airbus. Lufthansa, por su parte, se mantiene estable, con 174 unidades (no incluye los alquilados) hasta 2030, y espera recibir este año unos 30, dentro de su estrategia de simplificar el número de modelos y de reducción de emisiones. La tendencia es general en el mundo. La consultora Cirium espera que este año se vendan 1.540 aviones en todo el planeta, casi un 10% más que en 2019 y un 24% más que en 2022. Frente al liderazgo de Oriente, con un peso del 39% antes de la pandemia en las entregas, Norteamérica (33%) y Europa (27%) tomarán la delantera. De hecho, el mayor incremento interanual recaerá en el Viejo Continente (+33%). La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (Iata) espera que China e India vuelvan a tomar la delantera cuando las restricciones se hayan superado. 

Repsol y Cepsa, las dos grandes petroleras en España, se han enzarzado en las últimas semanas en una guerra sin cuartel por los combustibles del futuro, o e-fuels, una gama de carburantes más ecológicos que los tradicionales derivados del petróleo y que, de ser una mera promesa tecnológica, han pasado a convertirse en el gran El Dorado comercial del sector. El marcaje entre las dos petroleras es prácticamente diario. En cuanto una de ellas anuncia un proyecto o una alianza con otro grupo, la otra le replica con otro plan y otro acuerdo. Por ejemplo, Cepsa anunció ayer que ha sellado una alianza con Bio-Oils, filial del gigante asiático Apical, para producir biocombustibles en España en lo que será “la mayor planta del Sur de Europa”. Apical es el mayor exportador de aceite de palma de Indonesia y el mayor productor de biocombustibles de este país y de China, con cuatro refinerías. Pertenece al hólding RGE (Royal Golden Eagle), controlado por el magnate Sukanto Tanoto, uno de los hombres más ricos de Asia. Según la revista Forbes, está entre las mil personas más acaudaladas del planeta y entre las 50 personas más ricas de Indonesia, con una fortuna de más de 3.000 millones de dólares. Poco después de hacer su anuncio, Repsol, que ya tiene alianzas con gigantes como Aramco, respondió con otro acuerdo con la Comunidad de Madrid para recoger aceites usados en esta región que le sirvan de materia prima para reelaborar nuevos combustibles.

Medio siglo de protestas ha dado por fin sus frutos. Con la desconexión de la red y la clausura hoy de las tres últimas centrales atómicas alemanas, el movimiento ecologista y antinuclear más relevante de Europa ha alcanzado por fin su objetivo en este país. Mientras otros socios de la UE como Francia, Polonia o Finlandia proyectan y construyen nuevas plantas de este tipo, el Gobierno de Berlín ha decidido cerrar un polémico capítulo energético para apostar plenamente por las renovables. «La medida es irreversible», ha afirmado tajantemente esta semana el vicecanciller federal y ministro de Economía, Robert Habeck, líder verde cuyo partido ha luchado desde su entrada en 1983 en el Bundestag, el Parlamento, por el fin de una tecnología para la producción de electricidad que consideraba de alto riesgo. Los accidentes en las plantas de Harrisburg en 1979, Chernóbil en 1986 y Fukushima en 2011 han demostrado en el pasado la peligrosidad de esa fuente de energía. La decisión de renunciar a la energía nuclear en Alemania viene de lejos. Ya en 2000 el Ejecutivo de coalición de socialdemócratas y verdes que presidió el canciller federal Gerhard Schröder acordó el cierre de todas las plantas atómicas para 2020. Sin embargo, la alianza de conservadores y liberales en el segundo mandato de Angela Merkel decidió en 2010 prorrogar catorce años el funcionamiento de las centrales más modernas. El acuerdo no duró mucho. Cuatro días después del siniestro de Fukushima y alarmada por sus consecuencias, Merkel echaba marcha atrás y dictaba el fin de la energía nuclear en el país por etapas hasta el fin del pasado año.

El Consejo Constitucional francés validó ayer el contenido esencial de la reforma de las pensiones impulsada por el presidente, Emmanuel Macron, que eleva la edad de jubilación de los 62 años actuales a los 64 y que es uno de los proyectos estrella del Ejecutivo. Su decisión volvió a incendiar las calles en todo el país, con protestas y enfrentamientos entre policías y manifestantes. Los nueve ‘sabios’ que componen este órgano, eso sí, rechazaron algunos mecanismos introducidos en esta ley para compensar el cambio, entre ellos, los llamados ‘índice senior’ –una fórmula para obligar a las grandes empresas a publicar el número de empleados mayores de 55 en plantilla– y ‘CDI senior’ –un contrato indefinido para los trabajadores más longevos–. «El Consejo Constitucional ha juzgado, tanto sobre el fondo como sobre el procedimiento, la reforma conforme a nuestra Constitución. El texto llega al fin de su proceso democrático», reaccionó la primera ministra, Élisabeth Borne, a través de Twitter. «Esta noche –por la de ayer– no hay ni vencedor ni vencido», aseguró. El Gobierno francés considera que con este proyecto, que podría entrar en vigor a finales de año, el sistema nacional de pensiones estará «en equilibrio en 2030» y mostró su voluntad de continuar el diálogo con los actores sociales. La decisión del Constitucional, sin embargo, provocó que miles de personas protestaran en marchas espontáneas en toda Francia.