20230502

Todos los sindicatos sin excepción lanzaron un claro ultimátum a la patronal: «o subidas salariales o conflicto», una advertencia que hace presagiar un otoño caliente. En Euskadi, ELA volvió a reivindicar la huelga como la vía más efectiva para «firmar más y mejores convenios», además de tensionar aún más su choque con LAB.  En Euskadi, el territorio que ya concentra más de la mitad de todas las huelgas del conjunto nacional, el mensaje fue el mismo, aunque con muchos matices por la pelea sindical que se vive en la comunidad. Solo Comisiones Obreras y UGT acudieron unidos a la cita. Además, a la tradicional división entre los sindicatos de corte confederal y los nacionalistas, se sumó en esta ocasión la guerra abierta entre ELA y LAB, que han protagonizado un duro cruce de acusaciones en las últimas semanas. La central que lidera Mitxel Lakuntza, que presume de ser la que más huelgas hace, acusa a LAB de aliarse con CC OO y UGT y facilitar así peores convenios a la patronal mientras que este sindicato asegura que ELA solo busca sacar rédito para la propia organización y no avances para los trabajadores. Por su lado, CC OO y UGT reivindican las conquistas que han logrado tanto en la negociación colectiva vasca como en el diálogo social nacional, con logros como la subida del salario mínimo y las reformas laboral y de pensiones. Pero advierten a las empresas de que habrá conflicto si no hay subidas salariales acordes a la inflación. Con estas diferencias, acrecentadas además por la proximidad de las elecciones, sí hubo unidad a la hora de exigir incrementos de sueldos que eviten la pérdida de poder adquisitivo y también en la advertencia de que se disparará la conflictividad si no hay respuesta por las empresas. Hubo coincidencia, además, en reclamar el refuerzo de los servicios públicos y un nuevo modelo de cuidados.

En un Primero de Mayo, marcado por el contexto electoral, los sindicatos UGT y CC OO lanzaron un claro aviso a la patronal CEOE: si no se sienta a negociar subidas salariales irán a «una movilización general en forma de huelga» en otoño en los sectores donde los convenios colectivos sigan bloqueados «como consecuencia de la avaricia empresarial». Así lo afirmó ayer el secretario general de CC OO, Unai Sordo. No en vano, el lema de la manifestación de este 1 de Mayo fue: ‘Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios’. «Emplazamos a la CEOE a sentarse en una mesa; no a hacer tertulias, sino a negociar. Si no se avienen a negociar la batalla se va trasladar a los convenios colectivos» –hay más de 1.500 sin firmar– «trinchera a trinchera», advirtió el líder de CC OO. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, insistió en que los conflictos «se saben cómo empiezan, pero no cómo terminan. O tenemos un acuerdo o se van a quedar solitos en la mesa porque nosotros vamos a llenar las calles de nuestro país», advirtió a los empresarios. Los sindicatos tienen el apoyo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su reivindicación de subidas salariales. En su participación en la manifestación, Díaz calificó de «indecencia» que empresas que están teniendo «beneficios groseros» no estén subiendo los salarios. Y recordó que hay empresas que han «multiplicado por siete sus beneficios y sus márgenes empresariales frente a las rentas salariales». La ministra subrayó que «el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer: subir el SMI un 47%. Ahora le toca a la patronal cumplir con sus obligaciones. Es imprescindible subir los salarios». Por ello, hizo un llamamiento a la patronal para que «con carácter inmediato e inminente, en mayo, cierre un Acuerdo de Negociación Colectiva». Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, insistió en que «hay que topar las hipotecas e intervenir los precios de los alimentos» y volvió a repetir que las empresas del sector alimenticio tienen «beneficios impresentables». Hasta seis ministros del Ejecutivo participaron en las manifestaciones convocadas por los sindicatos.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aprovechó ayer el último Primero de Mayo de esta legislatura para anunciar una ley que reducirá la jornada laboral. A cuatro semanas de las elecciones autonómicas y municipales y a pocos meses de las elecciones generales, la responsable de Trabajo aseguró que «ha llegado el tiempo de reducir la jornada laboral» y que «en breve» presentará la ley de los usos del tiempo. «Queremos sueldos dignos, más y mejores salarios, pero también queremos tiempo libre, reducir la jornada laboral sin reducir los salarios, colocar el tiempo y los cuidados en el centro de la actividad económica», afirmó Yolanda Díaz en una intervención previa al comienzo de la manifestación del Día del Trabajador convocada por los sindicatos UGT y CC OO y a la que asistieron hasta seis ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. Esta ley de usos del tiempo forma parte del programa de coalición PSOE-Podemos, aunque en él no se habla explícitamente de una reducción de la jornada laboral; algo que en el acto de ayer sí hizo la vicepresidenta segunda. Aunque estaba previsto que se aprobara en 2022, ha pasado el tiempo y ahora apenas le quedan siete meses de legislatura para aprobarla. En su momento, Díaz defendía una jornada flexible para el trabajador y para la empresa. Además, Yolanda Díaz puso en valor la reducción de la temporalidad en el sector privado y recalcó que hay que reducirla también en el sector público. «Ha llegado el tiempo de decir a los trabajadores en la sanidad, en la educación, en la justicia, que tienen derecho a ser estables».

La Ley vasca de Educación, cuyo proyecto fue aprobado la semana pasada, se enfrenta ahora a un doble desafío político en su larga tramitación parlamentaria. El primero, el de preservar una amplia mayoría favorable que blinde la norma de cara al futuro tras las «diferencias» aireadas por el PSE-EE y el desmarque de Elkarrekin Podemos-IU, ambos firmantes del acuerdo de bases del año pasado. Y el segundo, el de lograr su aprobación antes de que termine la actual legislatura. Queda un año para el final del mandato y los plazos aprietan, máxime en un periodo marcado por sucesivas citas electorales. La iniciativa aterrizó en el registro del Parlamento vasco el pasado martes por la mañana, apenas unos minutos después de que fuese aprobada en la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Una rapidez que no suele ser habitual –los servicios jurídicos de Lakua suelen tardar incluso días en remitir el texto al Legislativo– y que denota la prisa por activar cuanto antes la tramitación. No en vano, hay que recordar que el proyecto ya ha vivido varios retrasos. Se habló primero de octubre de 2022, después se pasó a finales de ese mismo año y más tarde se señaló el primer trimestre de 2023. Ninguno de esos objetivos se cumplió. Ahora, una vez llegada a la Cámara, la iniciativa gubernamental encara un proceso que, en condiciones normales, suele tardar alrededor de un año.

El Banco Central Europeo aprobará el jueves, salvo sorpresa, otra subida de los tipos que golpeará de lleno en el bolsillo de millones de hipotecados. El Consejo de Gobierno de la entidad liderada por Christine Lagarde se reunirá para acordar, salvo sorpresa, otra subida de tipos de interés que golpeará de lleno el bolsillo de millones de familias españolas que tienen contratada una hipoteca a tipo variable. Y aquí, poco importa lo que ‘venda’ el presidente del Gobierno. El BCE no entiende de colores políticos, sino de inflación. La duda, según coinciden todos los analistas, no es el qué, sino la letra pequeña de este qué. Es decir, se da por descontada otra subida de los tipos. La incógnita es saber si será de medio punto, como sucedió en la anterior reunión del 16 de marzo, o se levantará el pie apostando por un aumento del 0,25% para seguir ‘endureciendo’ la economía pero sin ahogarla. El porqué de esta nueva subida se enmarca en el mandato fundacional del Banco Central Europeo. Su misión es clara: la inflación debe estar por debajo pero muy cerca del 2%, y en marzo, cerró en el 6,9%. «La inflación es un monstruo al que tenemos que golpear para mantenerla en el 2%. Y haremos todo lo que sea necesario», advirtió Lagarde en una reciente entrevista. «El BCE no tiene un techo, sino un objetivo del 2%. No puedo decir hasta dónde subirán. Sé que serán superiores a los actuales y que debemos seguir trabajando porque no podemos cantar victoria. Estamos haciendo progresos, pero aún nos queda trabajo por hacer», advirtió la presidenta.

Se acerca una nueva reunión del Banco Central Europeo (BCE) y, en el mercado, inversores y expertos deshojan la margarita para tratar de adivinar cuál será la intensidad de la esperada subida de los tipos de interés. Konstantin Veit, especialista en tipos de interés en Europa de Pimco, es uno de ellos y anticipa, más allá del incremento previsto para este jueves, que la institución podría verse forzada a ir más lejos de lo esperado en cuanto a endurecimiento monetario. "Creemos que el BCE va a subir los tipos de interés en 25 puntos básicos en esta reunión, con opciones reales de una subida de 50 puntos básicos...La magnitud de la subida dependerá de la fortaleza de los datos en el periodo previo a la reunión del BCE, que se conocen ya cuando los banqueros centrales han entrado en período de black out y no pueden dar nuevas pistas al mercado. Los más importantes son la publicación del PIB adelantado del primer trimestre, las cifras preliminares de inflación de abril, la encuesta sobre préstamos bancarios y los datos de oferta monetaria de marzo...Algunos miembros del Consejo de Gobierno sostienen que la transmisión puede ser más débil que en el pasado debido a los cambios estructurales de la economía y a la fortaleza del mercado laboral. Si esto es así, es probable que el BCE opte por actuar con mayor contundencia...Existen muchos riesgos, como las dudas sobre el estado de la economía mundial, la guerra de Rusia contra Ucrania y la geopolítica en general, o sobre el impacto del endurecimiento monetario hasta la fecha, por mencionar algunos. Aunque la zona euro ha mostrado resistencia, la economía se encuentra actualmente en una senda de crecimiento más modesta que antes de la pandemia..."

La inflación puede haber tocado techo. Los gigantes del consumo anticipan un punto de inflexión al registrar en el inicio de 2023 una moderación generalizada de precios por primera vez en dos años. “Creemos que se ha alcanzado el mayor ritmo de inflación, pero no los precios más altos”, señaló Unilever el pasado febrero, coincidiendo con su presentación de resultados de 2022, y los datos del primer trimestre de 2023 presentados esta semana por los gigantes del gran consumo parecen indicar que su predicción era correcta y se ha llegado a un punto de inflexión en la espiral inflacionista. Coca-Cola, P&G, Unilever, Nestlé, PepsiCo, Danone, General Mills y Heineken han mostrado en sus cuentas del primer trimestre de 2023 una moderación de sus alzas de precios, lo que supone que sus tarifas siguen subiendo, pero por primera vez en los últimos dos años lo hacen –de forma generalizada– a un ritmo inferior al del trimestre anterior, lo que adelanta que la inflación podría haber tocado ya techo.

El Gobierno de España prevé que los impuestos que gravan a las personas y a las empresas vayan ganando peso poco a poco en el producto interior bruto frente a las figuras que actúan sobre el consumo de bienes y servicios. Las cifras se encuentran en la actualización del Programa de Estabilidad que el Ministerio de Economía remitió el pasado viernes a la Comisión Europea. El documento recoge en sus proyecciones presupuestarias un claro cambio de tendencia en la fiscalidad española, con un alza de los ingresos tributarios totales que se explica, principalmente, por el aumento de la tributación directa. Los impuestos directos gravan la renta de las personas físicas y jurídicas, así como el patrimonio y las transmisiones patrimoniales onerosas, entre otros. Las figuras más importantes de este grupo, que en 2022 recaudaron en total 164.569 millones de euros en España, son el IRPF y los impuestos sobre sociedades, sobre el patrimonio y sobre las sucesiones y las donaciones, entre otros. Con estas cifras, su peso sobre el PIB se situó en el 12,4% en 2022. Los impuestos indirectos, por su parte, gravan el consumo de bienes y servicios, siendo su máximo exponente el impuesto sobre el valor añadido (IVA). También son representativos los impuestos especiales, que se aplican a determinados productos que se consideran perjudiciales para la salud o el medio ambiente, como el alcohol, el tabaco o los carburantes. Todos ellos ingresaron algo menos que los directos durante el pasado ejercicio: 160.156 millones de euros, un 12,1% del PIB.

La falta de mano de obra se está convirtiendo en uno de los principales problemas para la industria, y sobre todo para sus pymes. Existía antes de la pandemia y el problema se ha recrudecido después. La Cámara de Comercio Alemana para España (con fuerte implantación industrial) señala como el segundo mayor riesgo para este año la escasez de mano de obra cualificada. Y la asociación de industrias Amec aflora un dato revelador: un 93,5% de sus asociados admite tener problemas para atraer y retener talento. Su director general, Joan Tristany, afirmaba hace unos días: “Es una situación similar a la que se produjo en 2002 y entonces se resolvió a través de la contratación en origen”, en referencia a la fórmula con la que el Gobierno fijaba los contingentes de trabajadores extranjeros que podían llegar a España con un empleo asegurado. El sector secundario es una anomalía en el mercado de trabajo: se encuentra casi en pleno empleo, con una tasa de paro del 5,4%, frente al 13,2% del conjunto. “Electromecánicos, soldadores, carretilleros, técnicos de calidad, de electrónica... en todo lo que tiene que ver con las familias industriales de la Formación Profesional hay mucha dificultad, hay más demanda que de ingenieros”, señala Rocío Millán, directora de selección de Adecco. “No se genera la oferta suficiente de trabajadores y las empresas están intercambiando cromos, son las mismas personas, que van cambiando de empresa”, señala sobre una batalla con efectos evidentes: se negocian mejores condiciones laborales, que acaban dejando las condiciones del convenio del sector muy atrás. 

La Administración, los servicios públicos, el comercio, la hostelería y la industria impulsan el empleo en un trimestre marcado por la reactivación en términos generales y la debacle de la agricultura por la sequía. En concreto, la Administración Pública y Defensa es la rama de actividad que lidera la creación de empleo en el último año, sumando 66.100 puestos de trabajo en el primer trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto es, uno de cada seis empleos creados en los últimos doce meses. Sin embargo, para darse cuenta de la verdadera importancia del Estado en la creación de empleo en el arranque del año hay que sumar también otras actividades que, aunque no sean totalmente públicas, sí dependen en un elevado grado de la contratación por parte de las Administraciones. Es el caso de la educación (que suma otros 37.600 empleos más), las actividades sanitarias (30.400), los servicios sociales sin incluir alojamiento (16.500) o la asistencia en residencias (1.700). Entre todos ellos suman 152.300 empleos más, lo que da una idea del peso del sector público en la reactivación del mercado laboral del primer trimestre. En segundo lugar, el comercio es el segundo gran nicho de empleo, con una gran fortaleza en todas sus ramas. En tercer lugar, dentro de los grandes núcleos de creación de empleo, surge la hostelería y los subsectores más vinculados al turismo. En cuarta posición, y aunque no tengan ninguna de sus ramas entre los primeros puestos, hay que destacar la fortaleza de la contratación en el sector industrial, una vez alejados los peores temores que apuntaban a una fuerte escasez de gas tras el coste del suministro ruso. Asimismo, hay numerosas ramas del sector servicios que han ganado empleo en el último año, como es el caso de la programación y la consultoría informáticas. 

Otra vez en fin de semana, de noche y con mediación estatal. Y casi sin hacer ruido para evitar que los clientes acudieran ayer lunes en masa a las sucursales para sacar sus ahorros de una entidad a punto de caer en el precipicio. E UU ha conseguido que sea finalmente JP Morgan, el mayor banco del país, el encargado de hacerse con los activos de First Republic Bank, una entidad californiana de tamaño medio que sufría graves problemas de confianza desde la crisis financiera de marzo cuando se tuvo que salvar de la quiebra a otras dos entidades, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank. En solo dos meses, la primera economía mundial ha visto como tres de sus bancos medianos –ninguno de ellos tiene carácter sistémico– han caído, cada uno por las características de su estructura y modelo de negocio, aunque en todos los casos han encendido las alarmas del sistema bancario estadounidense. En el caso del First Republic Bank, en las últimas semanas han sido dos los grupos financieros interesados en hacerse con sus activos. Interesados desde un punto de vista amplio del término, ya que han sido las autoridades norteamericanas las que han instado a que alguno comprara la entidad para evitar una crisis que extendiera al resto del sistema una onda expansiva que no se había vuelto a ver desde la quiebra de Lehman Brothers (término maldito para el mundo financiero) allá por septiembre de 2008.

La histórica competencia entre Estados Unidos y Europa en los terrenos geopolítico y económico se ha trasladado ahora a la carrera por la electrificación del transporte y, en concreto, al campo de las gigafactorías de baterías para vehículos eléctricos. Un punto clave para el desarrollo de la movilidad eléctrica es poder contar con un suministro cercano y fiable de baterías, el corazón del coche eléctrico, por lo que muchos países se están posicionando para ser un destino atractivo para recibir las gigafactorías de producción de baterías y las inversiones que aparejan. La lucha será dura para Europa en este campo, puesto que muchas compañías se están viendo atraídas por la lluvia de millones que vendrá de la mano de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), impulsada por el presidente estadounidense, Joe Biden, y que maneja un presupuesto de 369.000 millones de dólares (335.500 millones de euros al cambio actual) que se repartirá en incentivos fiscales y en ayudas vinculadas con políticas medioambientales. En Europa, también hay muchas empresas que están tomando posiciones para instalar sus gigafactorías –solo Volkswagen contará con seis de estos centros en Europa para 2030–, pero la comparativa con las subvenciones que se darán en Estados Unidos desnivela el equilibrio entre estos dos grandes mercados. Un caso similar sucede en España, donde compañías como BYD, Envision, Tata Motors o Inobat están analizando las ayudas públicas que recibirían en caso de instalar gigafactorías. Un reciente estudio de T&E apunta que el 79% de la producción en España de baterías de ión de litio corre el riesgo de retrasarse, reducirse o cancelarse con motivo de la Ley IRA de Estados Unidos. La cifra española es superior a la europea, donde el 68% las inversiones en este campo podría verse afectado.

Indra Air Traffic debutó ayer formalmente en sociedad en Kansas (EEUU). Se trata de la mayor apuesta hasta el momento de la compañía española en suelo estadounidense, donde a partir de ahora no solo tendrá actividad comercial, sino que contará con un centro propio de producción. Además de los directivos de Indra, acudieron ayer a la presentación el senador Jerry Moran, la congresista Sharice L. Davids, el subsecretario de comercio de Kansas, Paul Hughes, y el alcalde de Overland Park, Curt Skoog, entre otras autoridades. La compañía española adquirió a finales del año pasado Selex ES (filial del grupo italiano de defensa Leonardo), desembarcando así en el sector del tráfico aéreo de EEUU. Ahora, da un paso más con el lanzamiento formal de su filial Indra Air Traffic. De esta forma, ha pasado a convertirse en suministrador de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), el Ejército del Aire (US Air Force) y la Armada (US Navy), entre otros clientes, reforzando así su posición como líder global de ATM, particularmente en el segmento de sistemas de ayuda a la navegación.

Giorgia Meloni se siente cómoda seis meses después de empezar a gobernar. O al menos eso parece. Los sondeos, aunque ha perdido algún punto, no son malos. Y la oposición sigue tratando de buscar un rumbo que le permita recibir legítimamente ese nombre. De modo que la primera ministra puede concederse desafíos retóricos y simbólicos como el del pasado 25 de abril, cuando se apuntó al revisionismo histórico el día de la Liberación de Italia. O el de echarle un pulso a los sindicatos en pleno Primero de Mayo, día de los trabajadores, convocando un Consejo de Ministros para aprobar por decreto una reforma laboral parcial sin el consenso de las partes implicadas y liquidar la renta ciudadana que instauró el Gobierno del Movimiento 5 Estrellas. “El Primero de Mayo no pertenece en exclusiva a la izquierda. Yo también he dado respuestas”, lanzó antes de consensuarlas. “Es un acto de arrogancia”, le contestó Maurizio Landini, líder del CGIL (Confederación General Italiana del Trabajo), principal sindicato del país.

La tecnología evoluciona hoy a tal velocidad que prácticamente cada día la ciencia plantea un nuevo debate ético. El último llegó ayer procedente de Estados Unidos. Un grupo científico ha desarrollado un descodificador del lenguaje no invasivo, capaz de leer y adelantarse a los pensamientos del paciente. El artilugio está concebido para facilitar la vida a los pacientes de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), que en un momento determinado de su enfermedad se ven incapaces de comunicarse a través del lenguaje hablado. El dispositivo consiste en una interfaz entre el cerebro y un ordenador, que reconstruye frases completas a partir de imágenes de resonancia magnética funcional. Es, por lo visto, una máquina capaz de leer y registrar pensamientos y, lo de verdad peligroso, hacerlo al margen de la voluntad del paciente. En la actualidad ya existen descodificadores de voz para pacientes de ELA. Son menos sofisticados y requieren una intervención quirúrgica complicada de neurocirugía para su implantación. Un equipo de la Universidad de Texas (EE UU) ha diseñado uno que reconstruye el lenguaje de forma continua a partir de patrones cerebrales obtenidos con resonancia magnética funcional. Los autores del estudio registraron datos de tres participantes mientras escuchaban 16 horas de historias para entrenar al equipo sobre la forma de mapear la actividad cerebral. El descodificador diseñado no solo es capaz de capturar el significado de las nuevas historias en el cerebro de los participantes, sino de intervenir en él. El sistema, entrenado con el habla percibida, predice además el significado de una historia imaginada. El profesor de Bioética de la Universidad de Granada David Rodríguez-Arias lo tiene claro: «Pueden descodificar la mente de personas sin articular palabra, hasta el punto de determinar si se están contando el cuento de ‘Caperucita Roja’ o ‘Los tres cerditos’».