20230521

Entrevista con Jose Ramón Fernández de Barrena Presidente de Uvesco. "Es una inflación de costes. El precio de las cosas aparece en la estantería, pero el origen está detrás. Son los proveedores los que nos repercuten esos costes. El origen está en el encarecimiento de las materias primas, la guerra de Ucrania, la energía y su impacto en el transporte...No veo una bajada de los precios, quizá una subida no tan intensa como hasta ahora. Al menos durante este año. Los proveedores no te transmiten una bajada de precios... A corto plazo, al menos, no lo veo. Lo que no vamos a tener es una inflación de dos dígitos. Los precios suben en toda Europa, incluso la inflación española es inferior a la media. Es algo global...Tengo clarísimo que el sector de la gran distribución no se está forrando. Hay que entender cómo funciona la cadena de valor y cómo se crean los precios. Nosotros somos la cara visible, el último eslabón. La repercusión de los costes de los proveedores en los precios, al alza o a la baja, es automática. Como una bajada de IVA baja el precio de venta al público al instante. Nosotros tratamos de jugar con las promociones para abaratar los productos; es ahí donde podemos hacer un esfuerzo. En los frescos, con oscilaciones muy importantes, tratamos de no repercutirlo todo...– ¿Es posible limitar por real decreto el precio del pan o el aceite? ¿Qué piensa el sector cuando escucha esos mensajes?– No sé lo que dirán los juristas. Yo creo que no es bueno. La intervención del sector privado por el público no es buena. Si me dices un producto en concreto, habrá que ver su cadena de valor y ver si es legal. ¿Con carácter general? Al final acaba perdiendo el más débil de la cadena. Nosotros. Eso de topar los precios es muy peligroso. El mayor tope lo hacemos nosotros. – ¿Qué le sugiere la idea de crear una cadena de supermercados públicos?– (Sonríe) Me recuerda a aquellos economatos que compramos en su día y que eran deficitarios. Estamos decenas de cadenas compitiendo diariamente para ser eficientes y poner el menor precio al público posible. Si son capaces de generar esa eficiencia y ser más baratos... Me sorprendería. Es probable que acabáramos con otra empresa pública deficitaria que habría que sostener con los impuestos de todos..."

Entrevista con Francisco Carranza Consejero delegado de Basquevolt. La primera fábrica de baterías del País Vasco comenzará la búsqueda de clientes en 2024 y un año después planea tener 200 empleados. Las instalaciones están pobladas ya por 70 personas, investigadores y personal con experiencia en otras gigafactorías de Francia, Seúl, Tokio o Los Ángeles. Basquevolt prepara, además, una nueva ampliación de capital para incorporar a socios que sumen fuerzas a los gobiernos central y vasco, Iberdrola, CIE y Enagás. "Lo primero es tener la línea de prototipado, que estará a final de este año. Será un hito industrial muy importante porque nos permitirá fabricar las celdas de batería a tamaño real y con las características definitivas para enviar las primeras muestras...Después de la planta de prototipado, la que terminaremos este año, el siguiente paso es hacer otro edificio para desarrollar ese mismo proceso de un modo industrial, será al final de 2025...Estamos preparando una nueva ampliación de capital a la que acudirá el Gobierno vasco y para la que estamos buscando a nuevos socios, inversores industriales y con experiencia en el sector...Tenemos que dejar de invertir en la economía china. Eso solo nos lleva a aumentar la dependencia y no resuelve el problema de la tecnología de las baterías. La tecnología china es vieja, es como invertir en cámaras Kodak en vez de en digitales. Teniendo actores como Basquevolt, es necesario impulsar propuestas que sí resuelvan los problemas de las baterías en duración, recarga o eficiencia para afrontar la electrificación de la industria del vehículo..."

56.000 vascos han capitalizado el paro en la última década para montar un negocio. Se trata de una opción que permite cobrar por adelantado y de una sola vez toda la prestación pendiente –o una parte– para desarrollar un proyecto empresarial. También es una vía a la que se puede recurrir para tomar una participación en cooperativas o sociedades laborales ya existentes, lo que supone un importante impulso para el relevo generacional en estas firmas. Según los datos del servicio estatal de empleo (SEPE), el año pasado 3.376 vascos capitalizaron el paro y obtuvieron de media una cantidad de 8.432 euros correspondientes a 251 días de prestación. La cifra de personas que se acogieron a esta fórmula se sitúa en línea con la de los dos años anteriores, pero es muy inferior a la ejercicios pasados. Así, en los años 2013 y 2014, cuando el paro estaba disparado por la crisis financiera, los vascos que optaron por esta vía rondaron los 8.000. A medida que ha mejorado el mercado laboral el número ha caído aunque en la última década las personas que han capitalizado el paro suman 56.000. «El perfil más habitual es el de alguien que encuentra dificultades para encontrar trabajo y decide poner un negocio como forma de autoempleo. No es tanto por una vocación emprendedora», explica Javier Garcinuño, director general de Bilbao Ekintza, organismo dependiente del Ayuntamiento de Bilbao dedicado a apoyar el desarrollo económico. Según precisa, la media de edad de quienes les piden asesoramiento para optar por este camino ronda los 40 años y es significativo el incremento de mujeres inmigrantes. Hay diversas formas de capitalizar el paro. «Se puede pedir toda la prestación pendiente o solo una parte. También se puede dejar un remanente para ir pagando las cuotas de autónomos», apunta Garcinuño, que estima en una media de 20.000 euros la cifra que se suele obtener. De las 3.376 personas que capitalizaron el paro el año pasado, la mayoría –1.955– se pusieron como autónomos, mientras que 1.204 pasaron a formar parte de una cooperativa, 86 en sociedades laborales y 131 en entidades mercantiles. Aunque la opción más habitual ahora es la de constituirse en autónomo. 

El sistema educativo vasco vive la «tormenta perfecta». La ola del desplome de la natalidad ya ha llegado a los colegios y se nota con fuerza en los cursos iniciales. A la par, el Gobierno autonómico ha introducido relevantes cambios en el proceso de admisión de los estudiantes para reducir paulatinamente la segregación del alumnado vulnerable y evitar su concentración en ‘centros-guetto’. Y por último, el Ejecutivo acaba de aprobar el proyecto de ley de Educación, que aspira a transformar por completo el actual panorama. Son demasiados frentes abiertos. Tanto cambio en tan poco tiempo provoca, inevitablemente, tensiones. Este periódico se ha puesto en contacto con más de una decena de centros concertados de Bizkaia para conocer de primera mano las sensaciones de sus equipos directivos. Y para muestra, un botón: la mayoría sólo accede a hablar bajo condición de anonimato. El momento es delicado y nadie quiere provocar ruido. Todos los centros han tenido que reservar plazas para alumnos vulnerables. En los colegios consultados, la cifra varía entre dos y una docena. Una queja extendida es que Educación ha calculado el porcentaje de estas plazas sobre las solicitudes recibidas durante la prematrícula y no sobre la capacidad del colegio para acoger escolares de 2 años, por lo que en prácticamente todos los casos han tenido que rechazar a familias que querían inscribir a sus hijos. Y esas plazas se han quedado vacías «porque no hay vulnerables y la consejería de Jokin Bildarratz tampoco los ha derivado».

Entrevista con José Luis Sukia, de Ikastolen Elkartea. «Habrá dificultades por la caída de la natalidad, pero es una oportunidad para mejorar la atención al alumnado y ponerlo en el centro», afirma. Los cambios introducidos por Educación en el proceso de matriculación han provocado un profundo malestar entre los agentes educativos. Quien lo ha denunciado de manera más explícita ha sido Ikastolen Elkartea, la red de ikastolas que agrupa a más de 80 centros en Euskadi. José Luis Sukia es su secretario general. "El Departamento ha sido valiente, se ha atrevido con algo que nadie había hecho hasta ahora. Pero sí creo que está un poco obcecado y no admite que ha hecho mal algunas cosas. Si tenemos un problema grave, que lo tenemos, vamos a ayudarnos entre todos...El punto de partida es que todos los centros concertados cobramos cuotas porque no hay una financiación suficiente por parte de la Administración de los gastos educativos. No pedimos que la ley diga exactamente cómo se va a hacer, sino que se forme un grupo de trabajo para estudiar cuáles son los costes reales efectivos y poder establecer un calendario con los esfuerzos que tiene que hacer la Administración. Y ahí tenemos que estar absolutamente todos los agentes educativos... Es evidente que va a haber que cerrar aulas y que habrá centros que lo pasarán mal. Pero creemos que hay oportunidades para poner en el centro al alumnado. Se puede aprovechar para mejorar la calidad, la atención al alumno. – ¿Prevén el cierre de centros? – No, pero sí habrá dificultades. Por nuestra naturaleza, es difícil fusionar dos ikastolas. Pero quizá se pueda experimentar con nuevos modelos de gestión con otros centros. Jamás diremos que nuestro modelo es el mejor. Creemos en él pero hay cosas de otros modelos educativos que también son buenas. Bueno, vamos a hacer cosas juntos. Sabiendo que no es fácil, pero eso no significa que sea imposible". 

El dinero negro ha dejado de dominar la picaresca vida de una buena parte de los españoles, acostumbrados a dejar de lado la economía regularizada. Y aunque posiblemente este cambio de actitud y de mentalidad se haya logrado a la fuerza, la cara ‘b’ tiene un peso menor en el conjunto de la actividad diaria del que tenía hace apenas tres años, cuando la pandemia irrumpió en la vida diaria. A la fuerza, porque entre las razones que explican el registro de muchas transacciones económicas (emisión de facturas con IVA, contratos ligados a jornadas reales de trabajo, etc.) que antes no dejaban huella se encuentra la posibilidad de acceder a medidas públicas de protección clave para cualquier ciudadano y que antes eran inexistentes, como los ERTE. Precisamente en la aplicación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo que acogieron a más de 3,5 millones de trabajadores en el peor momento del coronavirus se ve respaldado el Ministerio de Economía para apuntalar este florecimiento de la actividad de los españoles. Porque empresarios y trabajadores saben que, si no tienen los papeles en regla, no podrán acceder a este tipo de protección pública si vienen mal dadas en el futuro. El Ejecutivo así lo apuntaba en el Plan Presupuestario 2023 remitido a la Comisión Europea a finales del año pasado: «Los mayores niveles de empleo ligados al afloramiento podrían generar mayores ingresos por cotizaciones sociales de aproximadamente 0,2 puntos de PIB». Es decir, que una parte del crecimiento económico se debe a un mayor protagonismo de la economía registrada frente a la oculta.

Aunque las empresas están obligadas por ley a desarrollar políticas internas que impidan dirigirse a un empleado fuera de su hora, la realidad es que la mayoría de ellas siguen sin establecerlas. Una anomalía que ha llevado a que las sanciones por vulnerar el tiempo de trabajo se hayan multiplicado en los últimos años: en 2022, la Inspección de Trabajo interpuso multas por valor de 13,7 millones, el doble que antes de la covid. Un estudio de Adecco concluye que el 59% de ellos sigue mirando su correo electrónico aunque termine de trabajar, y que lo hace, de media, cuatro días a la semana. Una sobrecarga que ha aupado el aumento de los días de baja por trastornos mentales o del comportamiento, que entre 2015-2021 creció en un 15,42%. “Me he quejado a mis jefes y les ha dado igual, porque son ellos los que promueven esa conducta. Si estoy en mi día de descanso, deben respetarlo. Desafortunadamente, los que he tenido estaban casados con la empresa y para ellos toda su vida giraba en torno al trabajo. No sé cómo pueden vivir así”, lamenta M. A., que ha realizado tareas de reclutamiento de personal en varias compañías. Hay, dice, una brecha generacional que sustenta este tipo de comportamientos. “Muchas personas, en puestos altos, consideran el trabajo como lo que da sentido a su vida y prefieren que todo gire en torno a él”, cree. El derecho a la desconexión digital se incorporó al Estatuto de los Trabajadores en 2015, quedó encuadrado en la Ley de Protección de Datos Personales y de garantía de los derechos digitales de 2018; y se reforzó, dos años después, en 2021, con la ley de trabajo a distancia. Una coraza legal que ha envuelto el derecho universal “al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas” —reconocido por la ONU en 1948—, cuya vulneración en España está tipificada con sanciones de entre 751 y 7.500 euros.

Entrevista con Timothy Besley, Profesor de la London School of Economics. Besley ha ganado el Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA por sus estudios sobre las relaciones entre política y economía. "Cada vez que hay una crisis, ya sea financiera o sanitaria, como en el caso de la pandemia, la UE lucha para organizar algún tipo de plan, pero no tiene poder fiscal. Siempre depende de los recursos que sus miembros proporcionen. Los Estados han crecido y se han vuelto efectivos y poderosos cuando han recaudado impuestos como un instrumento central de su poder, porque con ellos puedes construir ejércitos, brindar atención médica, pensiones y otras cosas. A comienzos del siglo XX, el Gobierno de EE UU apenas recaudaba impuestos, y el de la renta incluso era inconstitucional. EE UU nunca hubiera llegado a donde ha llegado si no hubiera cambiado el equilibrio de poder entre los Estados y el Gobierno federal...La mayoría de la gente dice estar a favor de gastar más en atención médica, en infraestructuras y en educación, y algunos ahora dicen que quieren más gasto en Defensa debido a lo que está pasando en Ucrania. Pero para eso tienes que aumentar los ingresos fiscales. Y no vivimos en un mundo donde parezca fácil hacerlo, o cuando menos no es popular políticamente. Institucionalmente puede ser aún más difícil si hay mucha competencia fiscal. Ese es otro gran problema para la UE. Nunca ha abordado adecuadamente la cuestión en su propio seno, donde tiene dos paraísos fiscales, Irlanda y Luxemburgo...Podemos tener lo que se conoce como una carrera hacia el abismo. Todos están tratando de reducir los impuestos y, al mismo tiempo, todos quieren gastar más. En Europa tuvimos dos grandes dividendos de paz. El posterior a la II Guerra Mundial, cuando muchos países se desmilitarizaron y nació el Servicio Nacional de Salud británico gracias a que no teníamos que construir tantos tanques. Y el del final de la Guerra Fría, cuando pensábamos que no necesitaríamos tanto ejército. Ahora vamos en la dirección opuesta. Parece que en los próximos 10 años vamos a tener que gastar más en defensa, lo que significa que gastaremos menos en salud y educación, a menos que la gente esté seriamente dispuesta a pagar más impuestos o pague indirectamente esos servicios. Probablemente habrá cada vez más discusión sobre el cobro de servicios que son ahora gratuitos..."

"El peor momento del brote inflacionario ha quedado atrás, pero es probable que el reflujo sea a la vez lento y con altibajos. La energía se ha convertido en un factor de deflación, fruto de la vuelta al equilibrio en los mercados en torno a precios más asequibles —si bien todavía por encima de los niveles promedio de años anteriores—. Ni el anuncio por parte de los países productores de petróleo de un recorte de la producción ni la reactivación de la economía china han alterado ese equilibrio de manera significativa. Otro shock de oferta —el que proviene del súbito encarecimiento de los alimentos y de la cesta de la compra— se muestra más persistente. Pero podríamos estar alcanzando un punto de inflexión gracias a la moderación de los costes de producción del sector: los precios pagados por los agricultores han descendido más de un 5% desde los máximos del otoño (una tendencia aún más acusada en el resto de Europa). La dramática situación de sequía va a dificultar la desescalada, pero las condiciones climatológicas están siendo menos desfavorables en otros países de nuestro entorno, como avala la fuerte desaceleración de los precios de importación de los productos agrícolas. En todo caso, el IPC de alimentos apenas subió un 0,26% en abril, cinco veces menos que la media de los seis meses precedentes. La mejora también se percibe en los bienes industriales no energéticos, los más beneficiados por el abaratamiento de la energía y la suavización de los cuellos de botella en los suministros. Además, la competencia internacional actúa como dique de contención sobre los precios industriales. Los servicios, sin embargo, se han convertido en el principal propulsor de la inflación..."

Ciento veintiocho mil millones de euros es lo que suma la cartera de obras de las grandes multinacionales españolas cotizadas: ACS, Ferrovial, Acciona, Sacyr, OHLA, FCC y el Grupo San José. Sus ventas agregadas ascendieron el año pasado a los 72.292 millones, 12.000 millones más que en 2021. Si a sus contratos para el futuro le añadimos lo que van a ingresar por las concesiones de autopistas, aeropuertos o infraestructuras de agua o energía que ya poseen, la cifra desborda los 200.000 millones, casi el PIB de Cataluña. La marcha de Ferrovial a Países Bajos puso de manifiesto que España es un pequeño rincón en la cuenta de resultados de estas multinacionales. Ya lo era antes de la pandemia, pero ahora, además, muchos países, como Estados Unidos o Canadá, están gastando dinero con entusiasmo gracias a generosos planes de estímulo públicos. La construcción se ha vuelto incluso un arma geopolítica: prueba de ello es el programa Build Back Better World que el G-7 lanzó en 2021 para satisfacer las necesidades de infraestructuras en los países de ingresos medios y bajos, que fue una especie de copia del plan chino Belt and Road de 2013 por el que el país asiático se ha lanzado a financiar obra pública en Latinoamérica y África. La Administración estadounidense impulsó en 2022 la Ley de Infraestructura, que continúa los planes de Donald Trump para una industria del cemento made in America. Hasta el momento, las inversiones anunciadas por el presidente Joe Biden se cifran en 220.000 millones de dólares en 32.000 proyectos de 50 Estados. Volviendo a España, de las cotizadas presentes en el Ibex, ACS, la más grande, ya consigue fuera el 90% de sus ingresos; Ferrovial, el 84%, y Sacyr, el 67%. Y si bien sus beneficios retrocedieron en 2022 —en muchos casos, debido a los ingresos extraordinarios del año anterior—, lo cierto es que las ganancias llegaron a la nada despreciable cifra de 5.300 millones de euros, la mayoría logradas gracias al maná de la obra civil internacional, según los cálculos extraídos de la información pública que estas compañías depositan en la CNMV.

En su escaso cuarto de siglo de historia, el Banco Central Europeo (BCE) ha tenido más vidas que muchas instituciones centenarias. Su nacimiento fue tanto un experimento como un milagro y quizás el acto de mayor arrojo e insensatez en las últimas décadas de expansión del mal llamado proyecto europeo. Ha tenido héroes (Draghi) y villanos (el malparado Trichet), ha vivido crisis financieras, resoluciones bancarias y episodios inflacionarios no vistos en una generación. Pasó de ser un instrumento para la estabilidad de los precios a la herramienta única para la estabilidad financiera, convirtiéndose por el camino en una de las organizaciones más poderosas e influyentes del continente. Pasó de ser un órgano aburrido y técnico, a un destino goloso para políticos de todos los partidos y el ancla al que agarrarse ante la falta de voluntad de los gobiernos para hacer lo que prometían y no cumplían. Y ahora, cuestionado y con una enorme presión, llega a sus bodas de plata con los ojos de Europa de nuevo en su sede central tras una batería de subidas consecutivas de tipos que están haciendo la vida diaria más complicada para millones de personas. El próximo miércoles, el canciller alemán, Olaf Scholtz, los presidentes de la Comisión, el Consejo Europeo y la Eurocámara, todos los ex presidentes vivos de la casa y líderes continentales se verán las caras en Fráncfort para celebrar los 25 años del BCE, el organismo que quizás mejor resuma las enormes contradicciones de la integración europea. En 1988, cuando la Comunidad Europea encargó a Jacques Delors la dirección de un comité de sabios para que elaborara una propuesta sobre unión monetaria europea, la idea de un banco central común era una quimera.

Ucrania reconoció ayer que Bajmut atravesaba por una situación «crítica», con combates «muy duros», aunque argumentó que sus tropas «siguen luchando» en contra de la versión del jefe del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, quien se arrogó la conquista definitiva del enclave. No es la primera vez que el líder paramilitar anuncia una victoria en la batalla más larga y sangrienta de todas las llevadas a cabo desde el comienzo de la invasión, pero en esta ocasión Kiev también se mostró inusualmente sombría y admitió que sólo mantenía algunas defensas en uno de los flancos de entrada a la urbe devastada. «Hay fuertes batallas en Bajmut. La situación es crítica», declaró la viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Malya, quien informó que sus tropas se concentraban anoche en el control de «ciertas instalaciones industriales y de infraestructura de esta zona y el sector privado». Las fotografías más recientes muestran que todo el lugar sin excepción se ha convertido en un auténtico infierno en el que difícilmente quedan edificios reconocibles, mucho menos en pie. Especialmente espeluznante resulta una imagen nocturna captada por un dron donde se observa una sucesión de incendios en medio de columnas de humo cuajadas de chispas y brasas. Algunos de esos fuegos tienen carácter defensivo. El horror ha llegado a tal extremo que los militares de uno u otro bando los provocan para que los francotiradores rivales no puedan ocupar posiciones entre las ruinas de los inmuebles. Las tropas pueden verse las caras. 

La obligación legal de proporcionar alojamiento a los recién llegados convierte la ciudad de los rascacielos en imán de quienes cruzan la frontera. Solo la semana pasada la ciudad de los rascacielos recibió a más de 4.300 solicitantes de asilo político, los únicos a los que los guardias de seguridad del Hotel Roosevelt dejan cruzar el cordón de seguridad con el que han devuelto la vida al coloso abandonado. Desde que el año pasado el gobernador de Texas, Gregg Abott, empezó a fletar inmigrantes ‘gratis’ a ciudades santuario gobernadas por el Partido Demócrata, Nueva York ha recibido la friolera de 67.000 personas que ha ido colocando en tiendas de campaña, pabellones deportivos, colegios, albergues y hoteles. Según el alcalde, el 40% de las plazas hoteleras de la ciudad están ocupadas por inmigrantes, aunque bien es cierto que las cuentas no cuadran. La ciudad tiene 130.000 plazas hoteleras pero solo 41.500 emigrantes bajo su custodia. El contrato es provechoso para los hoteleros a los que el Ayuntamiento paga por el hotel completo a tiempo indefinido. Mientras el presidente de Brooklyn, Antonio Reynoso, pidió esta semana a sus colegas en conferencia de prensa que sean «líderes en generosidad, amabilidad y aceptación», el alcalde Eric Adams tiene motivos para quejarse: la generosidad costará a las arcas públicas 4.300 millones de dólares hasta junio del año que viene, según la adjunta del alcalde para Servicios Humanos y de Salud, Anne Williams-Isom. A semejante agujero en una ciudad que ha perdido 12.400 millones de dólares netos en ingresos anuales debido al éxodo de la pandemia, según Bloomberg, el Gobierno federal solo contribuirá con el 37%. Ahí es donde empieza el cisma entre el alcalde de Nueva York y el presidente Joe Biden. «Nueva York no debería cargar con el peso de un problema nacional», se quejó el alcalde esta semana en una entrevista con la cadena Fox, en la que repitió una de las acusaciones que más ha molestado en la Casa Blanca: «El presidente le ha fallado a nuestra ciudad».