20230930

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, cree que ELA busca un país "asentado, principalmente sobre funcionarios",  con una economía subsidiada y dependiente de los recursos públicos", mientras "demoniza al sector privado". A su juicio, esta central sindical "esconde bajo supuestas reivindicaciones laborales una apuesta por un cambio de sistema político y del modelo social". En el marco del encuentro Forum Europa-Tribuna Euskadi celebrado en Bilbao, Urkullu ha recordado, tras ser cuestionado por la alta conflictividad social en
Euskadi, que los salarios públicos y privados, la renta disponible y las pensiones en Euskadi son las "más elevadas del Estado". En concreto, ha indicado que los salarios medios son un 15% superior a la media de los del Estado y, aunque Euskadi representa el 5% de la población estatal, en el País Vasco "se convocan  más del 50% de las huelgas y algunos se enorgullecen de ello". "Pero no solamente se enorgullecen, sino que además han publicado que su objetivo es el de la huelga. Y no es algo que yo me invente en contra de quien lo ha dicho, sino que lo han dicho. Y lo hacen además, principalmente, en el sector público", ha indicado, para señalar que también la representación empresarial y la economía productiva "sufren las consecuencias" porque "intentan emular en la iniciativa privada la conflictividad en el ámbito público". Según ha indicado, esta central sindical defiende "un país que se asiente principalmente sobre funcionarios", mientras "demoniza al sector privado" y propone una "economía subsidiada y dependiente de los recursos públicos". "Y yo me pregunto: ¿quién gana en esta situación?, la sociedad vasca desde luego no. Si no gana la sociedad vasca, ¿quién gana?, ¿qué objetivos se persiguen?", ha señalado.

El pasado martes, el Comité Ejecutivo de SEA Empresas Alavesas celebraba su primera reunión del curso advirtiendo de que el incremento de costes puede generar un “enfriamiento de la inversión” y de que “se vislumbra una ralentización de la economía”, ya que la Eurozona “está mostrando signos de una preocupante debilidad progresiva, lo que podría impactar en la evolución de la economía española y alavesa en el último cuatrimestre del año”. Ayer, una nueva entrega del Observatorio Coyuntura Económica Empresarial de SEA ha puesto datos a esta previsión poco optimista para los próximos meses: siete de cada empresas del territorio consideran que la situación actual del mercado es de estancamiento o recesión. El dato no es baladí: se ha incrementado nueve puntos desde anterior edición del Observatorio, en febrero. Esta evolución negativa deriva, fundamentalmente, de la disminución de la cartera de pedidos: solo una de cada cuatro empresas consultadas para la elaboración de este informe dice tener una cartera de pedidos alta, cuando hace siete meses eran el 33%. Y es que el 20% de las firmas constata que sus exportaciones han empeorado respecto a hace un año, teniendo en cuenta –recuerda SEA– que el mercado exterior “ha sido en los últimos años el área que aportaba mayor estabilidad a las ventas alavesas”. Ver informe completo en SEA

Euskadi sigue encabezando el ránking nacional de absentismo. En el segundo trimestre del año el porcentaje de horas de trabajo perdidas se situó en el 8,4%, frente al 6,7% nacional, según el informe publicado ayer por Adecco con datos del Instituto Nacional de Estadística. Cabe destacar que en este periodo la tasa más alta se dio en el sector servicios, que superó a la industria y la construcción. Conviene recordar, una vez más, que el absentismo no son faltas injustificadas al trabajo, sino que incluye las bajas por enfermedad que, de hecho, son su principal causa. Es más, el alto porcentaje de horas perdidas por Incapacidad Temporal (IT) en Euskadi es lo que motiva en gran medida que esta comunidad encabece este ránking. Su tasa alcanza el 6,5% frente al 5,2% nacional, lo que refleja claramente que los trabajadores vascos registran más bajas que el resto. También hay más ausencias injustificadas, aunque su incidencia es menor. Euskadi lleva años como líder de absentismo, con un récord histórico el pasado ejercicio, cuando cada trabajador faltó al trabajo una media de 21 días. Los empresarios hace tiempo que reclaman medidas y finalmente consiguieron que el asunto se analice en el marco del diálogo social, donde se está tratando de identificar las causas y poner soluciones. «Es un tema que nos preocupa mucho porque afecta de forma muy negativa a la productividad», ha dicho en múltiples ocasiones la presidenta de la patronal vizcaína Cebek, Carolina Pérez Toledo. Los sindicatos, sin embargo, lo ven de otra manera. «En Euskadi, donde hay más derechos laborales, es razonable que la gente sea más exigente con la salud en el trabajo y si eso se traduce en mayor nivel de absentismo, es una buena noticia», dijo en una entrevista con este periódico el secretario general de CC OO, Unai Sordo.

El presidente de Kutxabank, Antón Arriola, cree que hay una corriente de «rechazo populista» contra la banca y pide a «determinados políticos que no demonicen a bancos y empresas». Durante un encuentro de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) celebrado en Bilbao, Arriola reivindicó que se haga «pedagogía» de la «fundamental función social» que tanto el sector financiero como el empresarial tienen para la creación de riqueza y empleo. En su intervención, el presidente del banco vasco también señaló que la reclamación para mejorar la remuneración de los depósitos de los clientes se hace «mucho desde el nivel político, porque es algo que suena bien». En este sentido, Arriola, además de apuntar que las remuneraciones «ya están subiendo», afirmó que en el caso de Kutxabank «creemos que tenemos contentos a nuestros clientes» porque «tenemos una paleta de productos que satisfacen sus necesidades». Y recordó que «se habla mucho de que los depósitos se remuneran menos que en Europa, pero de lo que no se habla tanto es de que los préstamos hipotecarios o para empresas también son mucho más baratos que los europeos. Peor sería que remuneráramos más, pero también exigiéramos más por el activo», dijo.

La actual presidenta del Consejo Económico y Social vasco (CES), Emilia Málaga, relevará a Tomás Arrieta al frente del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) vasco tras su jubilación. Arrieta, un profesional con gran reconocimiento entre los agentes sociales, se retira tras cumplir 65 años y pasar más de dos décadas en el organismo laboral, los últimos 15 años como su presidente. Su sustituta ha sido acogida con consenso absoluto entre las partes. Málaga, sindicalista de UGT, se convertirá en la primera mujer en liderar la institución, como ya fue la primera en ponerse a la cabeza del CES, organismo que preside desde 2019 tras ejercer de secretaria general desde 2015. La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha propuesto su nombramiento al lehendakari tras consultarlo con los agentes sociales integrantes del CRL, un órgano de encuentro permanente entre las organizaciones empresariales y sindicales del que no forma parte ELA, la mayor central vasca. A pesar de que las presidencias en el CRL se renuevan cada cinco años, Arrieta ha estado en el cargo desde 2008, cuando le nombró el exlehendakari Ibarretxe. Se ha mantenido en el puesto, por tanto, con varios gobiernos. A ello ha ayudado su perfil de excelente mediador, siempre impulsando acuerdos en el complejo mundo de las relaciones laborales vascas, la comunidad con más huelgas de España.

El País Vasco redujo su deuda pública en casi dos puntos porcentuales sobre su Producto Interior Bruto (PIB) en el último año. Es lo que supone restar del debe del Gobierno vasco 480 millones de euros, tal y como recoge el Banco de España en las estadísticas publicadas ayer informando del último dato recogido a 30 de junio. Así, el total de la deuda de las administraciones públicas vascas ascendía en el primer semestre de 2023 a 10.916 millones de euros, lo que equivale al 13% del PIB y convierte a Euskadi en la autonomía más saneada de España. Una posición que recupera después de cuatro años al perderla en 2019. El momento no puede ser más oportuno, porque la determinación de Bruselas es volver en 2024 a la disciplina fiscal que reduce al máximo el recurso al déficit. La media de las comunidades autónomas se ubica más de diez puntos por encima, en el 23,2% de su PIB. Al País Vasco, le siguen Navarra con un 13,3% y Madrid con un 13,7%. En el otro extremo se sitúan Valencia (43,5%), Cataluña (32,4%) y Castilla La Mancha y Murcia, ambas con un 32,1%. El conjunto del Estado, que suma las deudas de las autonomías, la del Gobierno central, ayuntamientos y Seguridad Social acumula 1,56 billones de euros, que suponen el 111,2% de la producción de la economía nacional. La cifra supone un nuevo récord histórico como consecuencia de un aumento de 33.358 millones en el segundo trimestre. Lo positivo es que la evolución de la economía nacional, que ha crecido por encima del 2% en el primer semestre, ha permitido amortiguar el impacto de la deuda sobre el PIB reduciéndolo a ese 111,2%. 

Hoy concluye el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en el que está inmersa la plantilla de Glavista en Llodio. Una firma que cuenta con 240 trabajadores que se dedican a la fabricación de parabrisas. La empresa se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado mes de enero. La situación está bloqueada desde hace meses ante la negativa de Guardian a vender los terrenos sobre los que se sitúa la planta al objeto de garantizar su viabilidad. Una condición imprescindible, según el grupo al que se le adjudicó la firma en el proceso concursal. Con el final anunciado del ERTE, la plantilla se enfrenta a los despidos porque «el administrador concursal ha comunicado a este comité su intención de presentar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE)», señala ELA, central mayoritaria en la empresa. La presentación del ERE en el juzgado abrirá un periodo de consultas de treinta días en el que «las partes implicadas negociarán las condiciones». El comité de empresa se ha comprometido a convocar una asamblea en cuanto se conozcan los pormenores del auto judicial. De momento, «hemos solicitado al administrador concursal que no amplíe el ERTE, lo que nos llevaría, a partir de mañana, a estar ‘trabajando’, congelando de esta manera el consumo del desempleo». En estas circunstancias, dejarán de cobrar el paro, pero aspiran a contar con un ingreso del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) correspondiente al mes de julio «que, junto a los dos meses de desempleo que nos quedan por cobrar, ayuden a sobrellevar estos últimos dos o tres meses de sufrimiento», explican. De forma paralela, han solicitado al administrador concursal que se abonen algunas nóminas en cuanto se obtenga liquidez.

La mayor estabilidad del euríbor en verano, con la caída del indicador en agosto –la primera en año y medio– se ha quedado en un espejismo. Y es que la nueva subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) hasta el 4,5% ha provocado que el índice al que se referencian la mayoría de las hipotecas en España haya vuelto a rebasar el 4,22% en varias jornadas de septiembre, dejando la media mensual en el 4,145%, frente al 4,073% del mes anterior y de nuevo en zona de máximos de 2008. Los bancos centrales ya han dejado entrever que el momento de frenar las subidas de los tipos de interés ha llegado. Pero su mensaje es claro para el mercado: aunque las alzas terminen, las tasas de referencia se mantendrán en niveles altos durante un largo periodo de tiempo. Así que el mercado descuenta ya que el euríbor podría seguir subiendo en los próximos meses, aunque con un tope que estaría en ese 4,5% en el que se encuentran los tipos oficiales. «Prevemos que el euríbor a doce meses se situará en el 4,10% en diciembre de 2023, para aflojar posteriormente hasta el 3,90% en 2024 y 3,40% en 2025», indican desde el departamento de análisis de Bankinter. De momento, el repunte del indicador en septiembre implicará un nuevo quebradero de cabeza para los hipotecados a tipo variable, que hace justo un año lidiaban con un euríbor al 2,233%. 

Las familias empiezan a tomar precauciones ante la incertidumbre económica, con tipos de interés cada vez más altos y un aumento de las hipotecas que no saben cuándo acabará. Ante esta coyuntura, los hogares han ahorrado entre abril y junio un 11,7% de su renta disponible bruta, según los datos publicados el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto es: casi 12 de cada 100 euros que ganan. La cifra, que ya elimina los efectos estacionales y de calendario, supone la mayor tasa de ahorro si se excluyen las primaveras de 2020 y 2021, cuando fue la pandemia, y la de 2012, el año del rescate financiero a España. Y aunque supone una mínima caída de 0,2 puntos respecto al trimestre anterior, confirma la tendencia ascendente que se viene observando desde finales del año pasado. “Todo apunta a que las familias españolas empiezan a entender que la situación se están enardeciendo”, explica Manuel Alejandro Hidalgo, economista y profesor de la Universidad Pablo de Olavide. En efecto, antes de la crisis sanitaria, las familias apenas destinaban alrededor del 8% de su renta disponible al ahorro. De hecho, en 2018 la cifra cayó a mínimos históricos, hasta los 5 euros por cada 100 que ganaban. Y al igual que ocurre ahora, esta cifra estaba muy vinculada a la confianza en la economía nacional y a la compra de vivienda. Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, explica que en un entorno de creación de empleo y con tipos muy bajos, las familias tienden a ahorrar menos. En cambio, la tasa aumenta siempre en momentos de incertidumbre. Un ejemplo claro fue la crisis financiera de 2009, cuando se dispararon las amortizaciones de hipotecas y el ahorro alcanzó el 13,4%.

La inflación se está frenando a pasos agigantados en la eurozona, hasta el punto de que las alzas de precios se han moderado al 4,3%, nueve décimas menos que el mes anterior, de acuerdo con los datos publicados ayer por la oficina estadística europea, Eurostat. Este ajuste, que sitúa el avance de los precios en tasas algo inferiores a la mitad de las cifras en las que se registraban el año pasado, se debe fundamentalmente al descenso de los precios de la energía y a la moderación generalizada del resto de bienes y servicios. Sin embargo, el ajuste no ha sido nada homogéneo, ya que Alemania experimenta un ajuste de más de dos puntos y Países Bajos entra incluso en negativo mientras que España se acelera por tercer mes consecutivo. Con ello, la economía nacional prácticamente deja de ganar competitividad frente al resto de países de la moneda única. El índice de precios de consumo en la eurozona subió un 4,3% en septiembre frente al mismo mes del año anterior, lo que supone una ralentización de nueve décimas respecto al mes anterior y el menor dato en casi dos años, desde octubre de 2021, cuando los problemas inflacionarios se debían únicamente a la incipiente subida de los precios de la electricidad, a los cuellos de botella en la cadena de suministros y al fuerte aumento del consumo provocado por la demanda embalsada una vez retiradas buena parte de las restricciones sanitarias. Ahora, en cambio, la tendencia es a la baja ya que a lo largo de los últimos once meses la inflación se ha ido moderando progresivamente, de forma casi ininterrumpida, a raíz de la subida de los tipos de interés, la ralentización del consumo y el frenazo de la actividad económica en Europa, si bien las mejoras salariales y su repercusión sobre los precios de venta habrían tirado al alza en cierta medida del indicador.

El Club de Exportadores ha vuelto a reivindicar la necesidad de que España cuente con más empresas que vendan al exterior en cantidades significativas. Los datos son más que elocuentes: según las cifras oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio, en el periodo enero-julio de 2023, los 25 principales exportadores aglutinaron el 24,9% de las ventas exteriores, 1,1 puntos más que en el mismo periodo del año anterior. Además, los 1.000 principales exportadores concentraron el 67,2% de las exportaciones. Para el Club de Exportadores e Inversores, este proceso de concentración es disfuncional y, según Antonio Bonet, presidente del Club, “es preciso y urgente ampliar la base de empresas españolas que exportan en cantidades significativas”.

El mercado automovilístico español está viviendo un auténtico tsunami de marcas y modelos chinos que vienen a competir con los fabricantes de coches tradicionales europeos, japoneses y estadounidenses. A día de hoy, las firmas de ese país que han desembarcado con más fuerza en España han sido BYD, que terminará 2023 con cinco modelos a la venta, y MG, que ofrece siete coches. Pero no son las únicas. En total, se espera que entre los modelos que ya se venden en España y los que aún restan por venir, el mercado nacional cuente en 2025 con una oferta de en torno a 40 modelos de marcas chinas o de capital chino (Polestar, por ejemplo, reparte su propiedad entre la china Geely y la sueca Volvo, pero esta última también está controlada por Geely). La que más vehículos pondrá a la venta en España es MG, que además de los siete ya mencionados, prevé lanzar otros diez coches más, de los cuales la mayoría llegarán en 2024, año en el que se cumplirá el centenario de la firma. Esta marca nació en Reino Unido, pero en 2007 fue adquirida por el grupo chino SAIC Motor, que la reintrodujo en España en 2021. MG asegura que planea estar entre las cinco marcas más vendidas del mercado español en un plazo de dos a tres años. De momento, la automovilística ha conseguido algo inédito, que su MG ZS de gasolina fuese el más vendido en España en agosto (a falta de los datos definitivos, apunta a serlo también en septiembre). Es la primera marca china en lograrlo en España. 

Europa, China y Estados Unidos están librando una batalla global por situarse en una posición ventajosa en la carrera por la movilidad eléctrica. Sin embargo, China parte con ventaja, puesto que empezó antes a prepararse y además cuenta con un fuerte apoyo por parte de su Gobierno. En Europa, todavía siguen mandando en cuanto a volúmenes de ventas las marcas locales como las alemanas y las francesas, y también otras con un amplio bagaje en la región como las japonesas o las surcoreanas, pero las firmas del gigante asiático vienen pisando fuerte y no paran de aumentar mes a mes su presencia en el mercado. Es especialmente significativa la fortaleza de las nuevas marcas chinas en materia de movilidad eléctrica, ya que ofrecen una tecnología avanzada y buenos niveles de calidad a unos precios que son casi imposibles de alcanzar para los fabricantes tradicionales. Esto ha hecho que las marcas chinas hayan multiplicado por más de nueve su presencia en el mercado europeo de automóviles eléctricos en los últimos cuatro años. Así, las marcas chinas coparon el 3,7% de las matriculaciones de coches eléctricos en la UE el año pasado, una cifra aún baja, aunque la evolución experimentada en los últimos años hace pensar que seguirá creciendo próximamente. La cuota de eléctricos de las enseñas chinas ha pasado del 0,4% en 2019 al 1,4% en 2020, al 1,7% en 2021 y se duplicó en 2022, hasta el 3,7%.

A partir de mañana, domingo 1 de octubre, los trabajadores a tiempo parcial conseguirán una de las reivindicaciones más importantes de este colectivo, que está en torno 2,5 millones: una jornada laboral, cualquiera que sea el horario efectivo de trabajo, equivaldrá a un día de cotización a la Seguridad Social, como ocurre con los trabajadores a tiempo completo. Esta es una de las medidas más importantes que reguló el Real Decreto Ley sobre la última parte de la reforma de las pensiones, que aprobó el Consejo de Ministros del 16 de marzo. La mejora de las condiciones de los trabajadores a tiempo parcial para acceder y mejorar la pensión no estaba entre las grandes cuestiones de la reforma de las prestaciones anunciadas por el Gobierno, pero sí estaba integrada entre las 56 páginas del Real Decreto Ley. La norma, pactada con los sindicatos, modifica los artículos 247 y 248 de la Ley General de la Seguridad Social. Incluso es extraño que el Ejecutivo no haya explicado también esta modificación de la Ley General de la Seguridad Social cuando beneficia a 2,5 millones de trabajadores. Sin embargo, la exposición de motivos del Real Decreto explica con claridad la mejora de los empleados a tiempo parcial, en el acceso y en la cuantía de la pensión. “Se equipara el trabajo a tiempo parcial con el de tiempo completo a efectos del cómputo de los períodos cotizados para el reconocimiento de todas las pensiones”. Es decir , “de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia”. Supervivencia es como se conoce a las de viudedad.

El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, considera “inviable” que la UE vaya a poder implantar un precio mínimo de los billetes como propone Francia porque “impediría viajar a los más pobres” en favor de los ricos. El máximo directivo de la aerolínea irlandesa considera que la propuesta, que ha partido del ministro francés de Transportes, Clément Beaune, y es apoyada por Estados como Bélgica o Países Bajos, es un intento de proteger las rutas de Air France. “Creo que es inviable y es la tontería habitual de los franceses que consiste en decir lo que conviene a los franceses. Hace poco ya propusieron algo similar pidiendo que se limitaran los viajes en avión que se pudieran realizar por tren, pero sorprendentemente desde el punto de vista medioambiental excluyeron los vuelos de conexión de la propia Air France”, ironiza. El directivo defiende que la propuesta parte de una base falsa “y es que los viajes en avión son discrecionales porque no lo son”. “El transporte aéreo es imprescindible para trayectos de más de 500 kilómetros. ¿Por qué las personas con bajos ingresos no tienen derecho a viajar dentro de la UE para ver a sus hijos que estudian en universidades de otro país o para trabajar en otras partes?”. El máximo responsable de la mayor aerolínea de Europa por número de pasajeros cree en cambio que el sector debe reducir sus emisiones de carbono a cero neto aumentando el uso de combustibles sostenibles y volando con aviones más eficientes y menos ruidosos.

Francia, embarcada en un programa nuclear que debe desembocar en la construcción de un mínimo de seis nuevos reactores, promueve una alianza global para desarrollar esta fuente energía. Una veintena de ministros de la UE y de aliados como Reino Unido, EE UU, Canadá, Japón y Corea del Sur, han defendido esta semana en París que, sin más reactores atómicos, será imposible alcanzar los objetivos de reducción de emisiones. Y han reclamado financiación pública internacional para desarrollar este sector industrial cuestionado tras el accidente de Fukushima en 2011, y al que potencias económicas como Alemania han renunciado. Con sus palabras en la conferencia, titulada Nuevas hojas de ruta hacia lo nuclear, el comisario europeo del Mercado Interior, el francés Thierry Breton, dio a entender que Bruselas apoya la renuclearización. Pocos días antes, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se había mostrado abierta a abrir la mano de las ayudas públicas al sector. En el comunicado final de la reunión, los países piden a bancos multinacionales de desarrollo, instituciones financieras y organizaciones que “consideren financiar la energía nuclear” y que, a la hora de determinar las inversiones limpias, la “clasifiquen” junto a “otras fuentes de energía de bajas o nulas emisiones”. “Para descarbonizar necesitamos electricidad: mucha”, dijo Breton. El comisario dejó claro que para ello “se necesita intervención pública” y llamó al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a “considerar su apoyo a los proyectos de energía nuclear”. 

Estados Unidos se prepara para un inminente cierre del Gobierno este fin de semana ante el bloqueo político que se vive en el Capitolio, después de que ayer a última hora el ala más conservadora del Partido Republicano votara en contra de una propuesta de su propio grupo para aplazar el cierre de la Administración hasta el próximo mes. Aunque las negociaciones continuaban al cierre de esta edición, la ventana para alcanzar un acuerdo es cada vez más pequeña y el país se prepara para enviar a casa, suspendidos de empleo y sueldo, a casi dos millones de funcionarios cuyas nóminas no podrá pagar el Gobierno federal hasta que no reciba autorización por parte del Congreso de EEUU. El Senado tiene su propia propuesta para prorrogar los presupuestos 45 días, mientras que la Cámara de Representantes valoró ayer una medida similar, pero con una moratoria de 30 días. Sin embargo, el ala más conservadora no quiere parches y exige importantes recortes del gasto público, más allá de los que ya se negociaron a finales de mayo cuando se pactó elevar el techo de deuda del país. Sobre la mesa, quedaba ayer la posibilidad de que el republicano Kevin McCarthy, portavoz de la Cámara de Representantes, utilice en el último minuto los votos de la bancada demócrata para sortear el bloqueo de su propio partido y evitar el cierre de la Administración. Sin embargo, eso supondría enfrentarse a los suyos y perder su apoyo para seguir al frente de la Cámara como portavoz. Pero si no logra encontrar una solución y el Gobierno cierra, se enfrenta al mismo problema.

Alberto Núñez Feijóo no será presidente del Gobierno esta legislatura. Hacia muchas semanas que no había ninguna duda pero el Congreso lo certificó ayer de manera definitiva en la segunda y última votación del debate de investidura celebrado esta semana. La decisión de la Cámara abre ahora, hasta el 27 de noviembre, un tiempo en el que se dirimirá si Pedro Sánchez revalida en el cargo, como es su propósito pese a las dificultades de articular una mayoría en la que el partido de Carles Puigdemont desempeña un papel clave, o si España vuelve a ir a elecciones el 14 de enero. La última jornada del debate vino precedida del acuerdo alcanzado la víspera por Junts y ERC, en el Parlamento de Cataluña, para supeditar su apoyo a Sánchez a que adquiera un compromiso «para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum». Un acuerdo al que el PSOE y el PSC se vieron impelidos a contestar el mismo jueves por la noche con un inusual comunicado para subrayar, aun con palabras un tanto ambiguas, que no aceptarán propuestas que profundicen en la «ruptura y la discordia». La cámara autonómica ratificó ayer mismo el pacto soberanista. Pero los socialistas no ven en ese episodio razones para tirar la toalla ni para dar por truncadas sus posibilidades de gobernar. La percepción en el núcleo duro del Ejecutivo en funciones es que el órdago lanzado por los dos principales fuerzas independentistas de Cataluña no es tan severo como parece. 

El independentismo puso a funcionar ayer su frente común para arrancar a Pedro Sánchez la negociación de un referéndum en la vigente legislatura. ERC y Junts lograron que el Parlament aprobara la resolución conjunta en la que advierten al presidente en funciones que no será ungido si no se compromete antes a discutir la celebración de una votación sobre la autodeterminación de Cataluña. La Cámara catalana certificó el precio de la investidura. La iniciativa salió adelante con los votos de las dos principales fuerzas separatistas y la abstención de la CUP. Ciudadanos se negó a votar el texto al considerarlo inconstitucional y el PP, Vox, los comunes y el PSC se opusieron a su aprobación. Además de rechazar la resolución que urge al PSOE a «comprometerse a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum», Salvador Illa advirtió al secesionismo que insistir en la reclamación del referéndum puede conducir a la repetición electoral. «Queremos ser claros: nosotros no daremos ni un solo paso por el camino de la ruptura y la división», avisó Illa, en la línea de lo manifestado el jueves junto al PSOE a través de un comunicado conjunto.