20231007

Los altos tipos de interés han encarecido el precio dinero tanto para particulares como para el tejido productivo, por lo que superar baches en negocios u otro tipo de actividades es más difícil. Así lo constata el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que recoge que en el segundo trimestre de este año se han disparado los concursos de acredores en Euskadi nada menos que un 119,3% respecto al mismo periodo de 2022. Además, parten de cifras respetables. De 140 concursos entre abril y junio de 2022 a 307 en el segundo trimestre del ejercicio, según los registros de los juzgados de lo Mercantil y de Primera Instancia e Instrucción. Esta es una de las principales conclusiones del estudio conocido ayer bajo el nombre ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’. Las cifras vascas son más altas que las del conjunto del Estado, donde tampoco son precisamente buenas. El informe constata que en el conjunto de España los concursos presentados experimentaron un aumento interanual del 107,1% al alcanzar la cifra de 12.006. Por comunidades, el mayor número se registró en Cataluña, donde los 4.074 concursos presentados supusieron un 33,9% del total estatal.

 Un acuerdo entre Administración y agentes sociales que blinde las condiciones de trabajo de los vascos más allá de las pautas que marca la normativa laboral del Estado. Esa es la apuesta del Gobierno Vasco en un momento delicado en el que la economía vasca sigue generando empleo pero en el que la incertidumbre proyecta algunas sombras. La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, anunció ayer la promoción de un Pacto Social por el Empleo para “garantizar el empleo digno en condiciones de igualdad, e impulsar una actividad económica competitiva, sostenible y responsable”. Mendia, en respuesta a una pregunta del PSE-EE en el pleno de control de este viernes en el Parlamento Vasco, afirmó que este acuerdo pretende ser “una base sólida sobre la que seguir construyendo en la próxima década el trabajo decente”. Un guiño a los jóvenes que se van a sumar los próximos años al mercado laboral. La consejera, que se refirió a la conmemoración hoy sábado de la Jornada Mundial del Trabajo Decente a iniciativa de la Confederación Sindical Internacional, afirmó que su departamento “ha cumplido con todos los objetivos” que se planteó en esta materia desde el punto normativo y planificador. Un apartado en el que más allá de la normativa vigente el Ejecutivo vasco tiene que engrasar las relaciones laborales entre empresarios y sindicatos. 

La consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, afirmó ayer que Euskadi avanza “en la buena dirección” en esta materia, pero matizó que “no podemos conformarnos”. Tapia tomó parte en una jornada en Bilbao organizada por el Partido Demócrata Europeo (PDE) en colaboración con Sabino Arana Fundazioa para analizar la transformación de la política energética europea en los últimos años y los principales desafíos para alcanzar la sostenibilidad y la autosuficiencia. En la jornada, además de los expertos, tomaron parte representantes de la industria y la empresa vascas. La consejera destacó que Euskadi es un territorio comprometido con el desarrollo sostenible y los objetivos climáticos acordados internacionalmente y aseguró que “estamos en la buena senda para lograr ser un territorio neutro en carbono y resiliente a los efectos del cambio climático para 2050”. Tras afirmar que “el paradigma ha cambiado” y que “Euskadi también está cambiando”, elogió las “actuaciones con resultados” que la CAV está registrando en las distintas parcelas de la sostenibilidad medioambiental de la economía, pero puntualizó que “no podemos conformarnos”. Así, subrayó la necesidad de “aumentar la ambición y acelerar el ritmo” de la descarbonización.

La propuesta presentada por las diputaciones para trasladar a Euskadi el impuesto a las grandes fortunas se atasca en la casilla de salida. Y es que su tramitación evidencia la falta de mayoría de los gobiernos de la coalición de PNV y PSE en Gipuzkoa y Álava. Lo que se intuía como una dificultad para la gestión de la legislatura, especialmente en cuestiones fiscales, se ha hecho realidad en el arranque del curso político, antes incluso que la aprobación de los primeros presupuestos. Tanto EH Bildu, como el PP y Podemos, aunque sea por causas distintas, rechazan de plano la redacción del anteproyecto. El texto consensuado por jeltzales y socialistas solo tiene mayoría en Bizkaia, al contrario de Gipuzkoa y Álava, donde necesitan el apoyo de un tercer partido. Para las formaciones de izquierda el problema son las condiciones más benevolentes que fija el texto para los grandes patrimonios en Euskadi respecto a la normativa del Estado. Aunque está previsto que solo afecte a medio millar de vascos, es una «cuestión de pedagogía política», explican desde la coalición soberanista. El Gobierno de Pedro Sánchez respondió a las autonomías del PP, que eliminaban el Impuesto de Patrimonio, con este tributo temporal de ‘Solidaridad a las Grandes Fortunas’ para los ejercicios 2022 y 2023. La necesidad de transferir la nueva figura a Euskadi provocó la falta de aplicación en 2022. Y, para que pueda entrar en vigor este año, ha de aprobarse antes del 31 de diciembre. Las diferencias de la propuesta de las diputaciones pueden hacer que el titular de 15 millones se ahorre unos 100.000 euros en impuestos si paga en el País Vasco. Y es que el tipo mínimo aplicable a partir de los 3,2 millones sería en Euskadi del 1,5%, frente al 1,7% en el Estado. Además, el tipo marginal (3,5%) se aplica en territorio común a partir de 10,7 millones, mientras que la propuesta vasca no lo fija hasta los 16 millones.

La falta de tiempo y la complejidad de las mayorías en las Juntas Generales –en Álava y Gipuzkoa, el PNV y el PSE requieren del apoyo de al menos dos junteros de la oposición para la mayoría absoluta– han retrasado la reforma fiscal pendiente en Euskadi desde 2020 al año que viene. Pero no es incompatible con la actualización de los nuevos impuestos como el que grava el uso de plástico, el de las transacciones financieras –conocido como tasa Tobin– o el de las operaciones ‘online’ –tasa Google–. Son tres figuras que derivan de la regulación de la Agencia Tributaria del Estado, pero que se aplican en Euskadi y generarán este año unos ingresos de más de 100 millones de euros. Una cantidad que no es baladí, ya que equivale al 16% del presupuesto de gestión propia con el que cuenta, por ejemplo, la Diputación de Álava. Hasta el mes de agosto, estos impuestos han reportado ya 70 millones que aparecen como partidas nuevas en la comparativa con la recaudación del año pasado. Las cifras, eso sí, son bastante inferiores a lo que se calculó cuando se transfirieron en la Comisión Mixta del Concierto. Y es que se estimaron en 222 millones de euros solamente para las tasas Tobin y Google. Hasta este momento, con 50,6 millones de euros, el más cuantioso es el de las operaciones financieras. El impuesto establece un gravamen del 0,2% en toda compra de acciones de una empresa que tenga una capitalización bursátil por encima de los 1.000 millones. En el caso de las compañías cotizadas vascas, afecta a casi la mitad de ellas: Iberdrola, BBVA, Vidrala, CiE Automotive, Gestamp y Faes Farma. Los responsables de retener estos importes serán los corredores de bolsa o los servicios de renta variable de los bancos que son quienes pagan a Hacienda, tras el correspondiente cargo al cliente. En el caso del plástico su entrada en vigor antes de verano ha llevado a las haciendas vascas a contabilizar la compra o fabricación de envases de un solo uso por empresas en un volumen de 14 millones de kilos, lo que les ha reportado unos ingresos de 6,13 millones de euros. Es el resultado de pagar la tasa de 0,45 euros por cada kilo adquirido o producido en este material y que debe quedar recogido en un cuaderno de contabilidad que las compañías han tenido que habilitar este año. El último de los nuevos impuesto activados contempla una tasa por dejar residuos en los vertederos.

Los 200 trabajadores de la empresa CAF de Beasain que trabajaban en las tres naves afectadas por una contaminación accidental de amianto a finales de agosto podrán regresar a sus puestos de trabajo el próximo lunes 16 de octubre, una vez que las últimas mediciones realizadas bajo supervisión de Osalan han constatado que ya no hay ni rastro de esa sustancia altamente peligrosa. La compañía constructora de trenes y ferrocarriles ha tomado la decisión de reabrir las puertas de esos tres recintos tras asegurarse «al cien por cien», tras varias mediciones, de que las naves están ya totalmente limpias, precisan desde la empresa. CAF ha realizado los trabajos de desinfección con el objetivo de garantizar al cien por cien la salud de los trabajadores y hasta asegurarse que el nivel de amianto era de «cero». Así las cosas, ya se puede trabajar desde este lunes en esos centros, aunque primero la firma goierritarra quiere volver a instalar y poner a punto todo el material y maquinaria necesaria para volver a la actividad con normalidad mes y medio después del incidente. El hecho de que la semana que viene haya un puente festivo, al caer en jueves el 12 de octubre, recomienda preparar bien el regreso y fijarlo finalmente en el lunes 16, señalan desde CAF. Desde la empresa señalaron desde el primer momento, en todo caso, que la contaminación fue «leve», mientras que desde el comité de trabajadores denunciaron la «preocupante» situación y cifraron en diez el número de operarios afectados. 

La hostelería de Gipuzkoa necesita cocineros con compromiso y dice que «eso de que se meten 14 horas son historias». Iker Moreno (San Sebastián, 1990) lleva más de diez años como cocinero tras cursar el grado en el Basque Culinary Center, lo que le sirvió de trampolín para pasar por las cocinas de dos estrellas Michelin (Martín Berasategui y el Abadía Retuerta de Andoni Luis Aduriz) y una terna de bares y restaurantes de Donostia como el Le Comidare, el Txuleta y la Bodega Donostiarra. En la actualidad trabaja en el Kapadokia de la Parte Vieja. San Sebastián y los tres territorios vascos son bien conocidos por su tremendo arraigo con la gastronomía. Por ello, sorprende, cuanto menos, que bares y restaurantes tengan muchas dificultades para encontrar un cocinero que elabore y prepare su oferta culinaria. Los hosteleros del territorio –que el pasado mes de mayo crearon un nuevo convenio en el que también se encuentran los camareros– se enfrentan en la actualidad a diferentes retos para la contratación de personal para su cocina. La fuga de cocineros así como de camareros durante la pandemia –con los bares y restaurantes cerrados a cal y canto– a otros sectores como el comercio, transferir la subida de costes a los precios, y la necesidad de encontrar a profesionales formados y con compromiso son los principales problemas estructurales que denuncian los afectados y la patronal guipuzcoana del sector.

Dos de los grandes conflictos que se han propagado entre los clientes bancarios en general, y los mayores de 65 años en particular, han acaparado más del 40% de las reclamaciones recibidas en el Banco de España durante el año pasado. De los algo más de 34.100 expedientes registrados por el supervisor en 2022, casi 10.400 corresponden a operaciones presuntamente fraudulentas en los pagos por tarjeta o internet; y más de 3.700, a los conflictos en la comisión de mantenimiento de las cuentas corrientes. Los problemas asociados a esta cuota o tarifa se han convertido en un quebradero de cabeza para la banca a tenor de las reclamaciones recibidas por el Banco de España durante el año pasado, y cuyo número se ha disparado un 62% en comparación con el ejercicio anterior. El origen de este conflicto entre el banco y el cliente se debe al incremento, o directamente la aplicación, de las comisiones anuales sobre las cuentas corrientes, una práctica que hasta hace poco tiempo se encontraba desaparecida o, en su caso, se bonificaba directamente por parte del banco sin generar ningún tipo de problema. Pero el mantenimiento de los tipos de interés al 0% desde 2014 hasta bien entrado el 2022 y la necesidad de generar más recursos para la entidad a través de las comisiones ha resucitado la tarifa. El informe del Servicio de Reclamaciones de 2022 apunta, además, que en la mayoría de los casos presentados se ha llegado a la fase final del procedimiento. Es decir, que la entidad reclamada se había mantenido en sus trece hasta que ha llegado la resolución del supervisor. En la mayor parte de los casos, el Banco de España se ha decantado a favor del cliente tras analizar el contrato suscrito.

Acelerón de los concursos, es decir, de los procedimientos judiciales en los que un deudor no puede cumplir con sus obligaciones. En el segundo trimestre del año se presentaron 12.006 procedimientos en los juzgados de lo mercantil. Se trata de un 107,1% más que en el mismo periodo del año pasado, un incremento interanual “importantísimo” según el organismo que publica los datos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La cifra más llamativa es la de concursos de particulares, que sumaron 9.279 (un 77,3% del total). Esto supone un incremento del 217% respecto al mismo periodo de 2022. Sin embargo, los concursos de autónomos (-11,9%) retroceden y los de empresas (+1,2%) se estancan. Los concursos acumulan varios trimestres al alza, impulsados por los de particulares. Son personas endeudadas que no pueden hacer frente a los créditos comprometidos. Hace un año se presentaron 2.927 concursos de particulares. En el último cuarto de 2022 ya eran 6.472, casi 3.000 menos que en el registro difundido ayer. La dinámica alcista de este valor empezó en el tercer trimestre de 2021, cuando se presentaron 2.196. Entonces, la inflación empezaba a repuntar (5,1% en octubre de 2021), pero el gran acelerón de los precios llegó meses después, ya en 2022 (los precios crecieron un 8,4%) coincidiendo con la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania. En 2022 los salarios reales retrocedieron un 5,3% en España, entre las mayores contracciones sufridas por países de la OCDE. Martí Batllori, coordinador de la subcomisión de Derecho Mercantil y Concursal del Consejo de la Abogacía, cree que la inflación puede desempeñar un papel relevante en el aumento de estos concursos, pero cree que hay otro factor más decisivo: el cambio normativo de 2022. 

Portugal ha anunciado que, el próximo 31 de marzo, pondrá fin al régimen especial para residentes no habituales, que ofrece unas condiciones fiscales muy atractivas a los extranjeros que se mudan al país y que en los últimos años ha provocado un importante movimiento de españoles hacia ese país. Con su desaparición, los residentes en España que estuviesen pensando mudarse y acogerse a este beneficio ya no lo podrán hacer, pero en los despachos de abogados están identificando una inquietud mayor incluso que ésta y que también está directamente vinculada con el mencionado régimen: la Agencia Tributaria está intensificando el control y las sanciones sobre los españoles que ya se han ido. «La preocupación no es tanto por la muy próxima eliminación del régimen especial en Portugal sino por la reacción de la Agencia Tributaria sobre los que ya se han ido allí, negando que efectivamente sean residentes en Portugal. Incluso aunque el Ministerio de Hacienda portugués así lo considere, tengan casa allí e incluso voten allí», explica Javier Gómez Taboada, socio tributario del despacho Maio.

Roland Busch tiene un problema familiar para muchos jefes de empresa alemanes. El CEO de Siemens dirige un conglomerado de 107.000 millones con una baja valoración. Pero las soluciones se complican por las relaciones cada vez más delicadas de Europa con el mayor socio comercial de Alemania: China. Siemens cotiza a unos tres cuartos de lo que valen sus activos, según Barclays. En las últimas décadas, las acciones de la segunda mayor empresa alemana por valor de mercado han tenido un rendimiento sistemáticamente inferior al del MSCI World Industrials. Para detener la descomposición, Busch necesita que su negocio principal funcione como un motor y deshacerse de un negocio ferroviario de escaso margen. Las crecientes tensiones geopolíticas con Pekín complican ambas cosas. China ha sido el mayor socio comercial de Alemania durante siete años consecutivos: en 2022 las exportaciones e importaciones entre ambos ascendieron a 299.000 millones de euros. El Reino Medio es el mayor cliente del puerto de Hamburgo y cuenta con el conglomerado naviero chino Cosco como accionista de una de sus terminales. Un tercio de las empresas alemanas importan de China materiales críticos como litio y tierras raras. Las crecientes tensiones entre Bruselas y Pekín están enturbiando esta relación. En julio, Alemania animó a sus empresas a aflojar sus lazos, advirtiéndoles de que el Gobierno no rescataría a las corporaciones afectadas por las crisis comerciales. Esto inquieta a empresas como Siemens, Volkswagen y Basf. Mientras que casi la mitad de los ingresos de Siemens proceden de EMEA (Europa, Oriente Próximo y África), el 13% proviene de China, una cifra similar a la de Basf. En todo caso, el detalle de las ventas subestima la dependencia de Busch de la segunda mayor economía. 

Rusia suaviza sustancialmente su veto a la exportación de diésel poco más de dos semanas después de que adoptase esta drástica medida bajo el argumento de paliar su propio desabastecimiento. El Ejecutivo anunció ayer que las petroleras podrán enviar el combustible a los puertos para su venta en el exterior siempre y cuando “el fabricante suministre al mercado interno al menos el 50% del diésel producido”. La medida supone un importante alivio sobre los precios en el resto del mundo y, particularmente, en la UE: aunque desde principios de año no puede importar directamente carburantes rusos, cualquier movimiento que trastocase el mercado global tenía una afectación particularmente grande en los Veintisiete, grandes compradores. Rusia se había visto inmerso en una crisis energética en los últimos tiempos por el desplome del rublo, y el encarecimiento del barril, causado en gran medida por su propia política de restricción de los bombeos de forma coordinada con Arabia Saudí. Según el Kremlin, en este contexto, sus petroleras —exprimidas al máximo para financiar la invasión de Ucrania— habían preferido vender fuera más caro. El campo ruso denunciaba desde primavera que las próximas cosechas peligraban debido a la escasez de combustible. Vladímir Putin ordenó tomar medidas a su Gobierno, y este prohibió la exportación de gasolina y diésel el 21 de septiembre. Según sus cálculos, los precios de la venta al por mayor se han reducido ya en 81 regiones del país, y el viceprimer ministro Alexánder Novak ha instruido a las empresas a trasladar su abaratamiento a los consumidores. Las cotizaciones internas de la gasolina y del diésel ha caído desde entonces un 16% y un 21%, respectivamente.

El gigante Exxon quiere ser aún más grande. En una época de precios del petróleo altos y de beneficios récord, la mayor petrolera privada del mundo quiere ser aún más grande. La firma estadounidense negocia la compra de Pioneer Natural Resources, otro gigante, en este caso especializado en el shale oil, el petróleo de esquisto, en una operación que estaría valorada en unos 60.000 millones de dólares (unos 57.000 millones de euros). Las negociaciones, adelantadas por The Wall Street Journal, podrían desembocar en la mayor operación corporativa del año y la mayor compra de Exxon en más dos décadas, desde que se fusionó con Mobil en 1999. Exxon, con una capitalización bursátil de 436.000 millones de dólares, logró en 2022 el mayor beneficio de su historia: 55.740 millones de dólares. La actual empresa es fruto de la fusión en 1999 de Exxon y Mobil, herederas de dos de las 34 compañías en que se rompió el monopolio de la legendaria Standard Oil de John Rockefeller por una decisión del Tribunal Supremo de 1911. Pioneer, por su parte, fue fundada en 1997 por Scott Sheffield, que ha estado el frente de la misma durante más de 20 años y está cerca de jubilarse. Sheffield y Pioneer son los grandes protagonistas del auge del petróleo de esquisto en Estados Unidos y la compañía que fundó se ha convertido en el mayor productor de petróleo de Texas y el auge de la fracturación hidráulica para la extracción de petróleo ha permitido a Estados Unidos convertirse en el mayor productor del mundo. 

El endurecimiento de las condiciones financieras no termina de pasar factura al robusto mercado laboral estadounidense, dispuesto a desafiar todas las previsiones. La creación de empleo se disparó por sorpresa en septiembre, un mes en el que se crearon 336.000 empleos no agrícolas, según los datos de la encuesta a empresas publicados ayer por la Oficina de Estadísticas Laborales. Las tasa de paro, que se mide con otra encuesta a los hogares, se situó en el 3,8%, la misma cifra de agosto. El mercado laboral sigue demostrando una gran fortaleza y Estados Unidos encadena 33 meses consecutivos de generación de empleo. Los economistas esperaban una creación de empleo de 170.000 puestos en septiembre, por debajo de los 187.000 estimados inicialmente para el mes de agosto. La cifra real, por tanto, es el doble de lo que se esperaba y la creación de empleo más intensa desde enero. Pero es que además la Oficina de Estadísticas Laborales ha revisado con fuerza al alza los datos de julio y agosto. Suma 79.000 empleos más creados en julio, hasta 236.000, y 40.000 en agosto, hasta 227.000. La tasa de paro se mantiene por debajo del 4% desde diciembre de 2021, una racha no vista desde los años sesenta. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha saludado los datos de empleo. Defiende la tesis de que su política económica (Bidenomics) está funcionando, aunque no termina de convencer a los electores, más preocupados por los precios y los tipos de interés.

“El esfuerzo ha merecido la pena; el nombre de la ciudad va a estar vinculado a una declaración muy importantes para el presente y el futuro de Europa. Estamos hablando del inicio del debate, de lo que hemos llamado la agenda estratégica de lo que va a ser la Europa del futuro”, subrayó el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al término de la Cumbre europea de Granada de la que ha sido anfitrión. Se trata, explicó, del primer paso para integrar a nuevos países la Unión Europea, reforzar la competitividad de su mercado interior y su autonomía energética y económica como respuesta al complejo marco geopolítico actual. Esos son los grandes bloques que conforman la llamada Declaración de Granada, firmada por los Veintisiete a costa de eliminar del documento toda mención a la inmigración. “Afrontar el enorme reto de ampliar la Unión Europea”, admitió Sánchez, pasa por “adaptar las políticas europeas, podemos pensar en la PAC [Política Agraria Común], en los fondos de cohesión, en lo que tiene que ver con la movilidad de los ciudadanos en una Europa con más de 30 Estados miembros”, ilustró Sánchez. Lo cierto es que, si bien la decisión aumentaría el tamaño del mercado único y lo reforzaría, el reverso de la moneda incluye la reducción de los fondos comunitarios a repartir entre los actuales socios, lo que promete ser motivo de controversia.

El desbloqueo del pacto de Migración y Asilo el pasado miércoles hacía presagiar que el debate sobre este asunto en la cumbre informal de líderes europeos en Granada se llevaría a cabo en un ambiente calmado y que esta cuestión quedaría apartada a un segundo plano. Nada más lejos de la realidad. Polonia y Hungría mostraron ayer su enfado ante la adopción del reglamento migratorio –que salió adelante con sus votos en contra– y vetaron cualquier mención a este desafío en la declaración final de los Veintisiete. El párrafo en cuestión se publicó, finalmente, en un texto del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El documento conjunto incluye, por su parte, referencias a otros retos de los Veintisiete de cara al futuro, como su ampliación y la autonomía estratégica. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, dijo que como «responsable de la seguridad de Polonia, rechazo oficialmente todo el párrafo de las conclusiones de la cumbre sobre migración». Tanto Varsovia como Budapest votaron en contra de la herramienta de gestión de crisis, que establece medidas de solidaridad en caso de que un país reciba una oleada de llegadas irregulares. El dirigente húngaro, Viktor Orbán, aseguró que el visto bueno al mecanismo sin estos dos Estados es «una violación legal» por parte de Bruselas y hace que «sea imposible lograr un compromiso sobre migración hoy y en los próximos años».

Estudiantes e investigadores, entre ellos premios Nobel, se citan en el Passion for Knowledge de Donostia, que echa el telón este fin de semana. Frente a la entrada del teatro aguardan 174 alumnos y 55 profesores de 44 centros de Secundaria y Bachillerato. Son los convocados a un encuentro en el que el premio nobel de Química JeanMarie Lehn, el de Medicina Jack Szostak y la química María Vallet Regí, premio Jaime I, responderán a las preguntas de los estudiantes. Hay muchas cuestiones, así que es necesario elegirlas por sorteo. La primera le toca al instituto de Zumaia y va dirigida a los tres protagonistas del encuentro. «¿Cuál ha sido la decisión más importante que han tomado en su vida profesional?». Abre el fuego Szostak. «He pasado de pregunta en pregunta toda mi vida. Me he centrado en estudiar lo que me parecía interesante en cada momento», contesta. «Mi primera decisión fue no dejar la carrera, porque tuve en muchos momentos esa tentación», dice Vallet Regí. «Yo empecé a estudiar filosofía, pero en la universidad vi que en la filosofía no hay forma de comprobar lo que es correcto y por eso me fui a la química, porque sentía que tenía el control», explica Lehn. Las preguntas se suceden. También las respuestas. «Cuando descubres algo que nadie ha visto antes, la sensación es maravillosa. Eso es algo que te ofrece la ciencia», dice Szostak. «La primera vez que llegas a algo nuevo es un subidón tremendo. Descubrir cosas nuevas es lo mejor que te puede pasar», corrobora Vallet Regí.