20231021

Stellum Capital, la gestora de fondos de la Fundación Artizarra, ultima ya la captación de capital para sus tres grandes vehículos de inversión. La fundación creada por empresarios vascos y navarros espera contar con 200 millones para invertir en compañías vascas a principios de 2024. Esa es la cifra que dio a conocer ayer viernes su presidente, Jon Ander de las Fuentes, en unas jornadas organizadas por Stellum Capital en el museo Artium. El encuentro atrajo a personalidades del mundo empresarial como el presidente de la Cámara de Comercio de Álava, Gregorio Rojo; el director general de SEA-Empresas Alavesas, Juan Ugarte; o el presidente del Alavés, Alfonso Fernández de Trocóniz, entre otros. Desde el Artium, la fundación y el fondo quisieron presentarse ayer a la sociedad alavesa. Precisamente «la presencia de personas con ADN alavés» es lo que pidió Jon Ander de las Fuentes para su fundación. Artizarra nació hace más de un año con vocación de mantener el arraigo y los centros de decisión en Euskadi. Todo ello en una época marcada por las concentraciones empresariales. Recientes están compras como las de Bain Capital e ITP, MásMóvil y Euskaltel o la absorción de Gamesa por parte de Siemens. En el encuentro también intervino el diputado general de Álava, Ramiro González. El máximo responsable del Ejecutivo foral, en línea con otras alocuciones hechas en las últimas semanas, denunció la aparición de una «corriente de opinión, desde mi punto de vista, absolutamente populista que dice que lo único que tenemos que hacer es convertir en públicos y engordar todos los servicios públicos». «Eso es generar pobreza», aseveró González ante los empresarios del territorio. «Sé que no es popular, pero alguien tiene que decirlo con claridad. Le corresponde al diputado general decirlo con claridad», expresó.

El mercado laboral vasco sigue dando muestras de resistencia pese a los signos de ralentización económica derivados, entre otros factores, de una persistente inflación y de las incertidumbres que se ciernen sobre el panorama nacional e internacional. Tanto es así que entre los meses de junio y septiembre pasados Euskadi sumó 4.300 ocupados más, según los datos de la Encuesta de Población en Relación a la Actividad (PRA) dados a conocer ayer por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat). De esta forma, el número total de trabajadores activos se elevó hasta los 975.900, lo que supone un incremento de 8.400 respecto al mismo trimestre del pasado año y la cifra más elevada desde hace casi 15 años. Hay que remontarse hasta el cuarto trimestre de 2008 para ver una cifra similar, cuando había 976.400, aunque el récord –según el servicio estadístico vasco– se marcó en el tercer trimestre de aquel año con 990.900 ocupados. Hay que señalar que estos datos difieren de los de la Seguridad Social, según los cuales este año ya se alcanzaron el millón de cotizantes el pasado mes de mayo. El Eustat señala, además, que incluso de su dato de ocupados vascos, 34.800 (el 3,6%) no están afiliados a la Seguridad Social por pertenecer a mutualidades públicas de funcionarios o por encontrarse en otras situaciones laborales. Lo que en cualquier caso sí se aprecia en las cifras del tercer trimestre es un frenazo en el ritmo de creación de empleo respecto a los 10.800 ocupados que el País Vasco había sumado durante el trimestre anterior, si bien cabe recordar que el verano no suele ser la época más propicia para generar nuevos puestos de trabajo netos en Euskadi, donde el turismo no ‘tira’ del empleo como en otras comunidades autónomas de España.

El mercado laboral parece resistir a los embates de las guerras y la inflación, aunque registra un frenazo importante respecto al segundo trimestre. Así lo demuestran los datos de la Encuesta de la Población en Relación con la Actividad (PRA) del tercer trimestre del año, ofrecidos ayer por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), que revela un alza en el empleo en Gipuzkoa de 300 personas (frente a 2.200 del periodo abril-junio), con el sector Servicios como auténtico motor, mientras la ganancia en toda la comunidad autónoma fue de 4.300 (en el segundo trimestre se crearon 10.800). Bizkaia gana 3.600 ocupados y Álava 400. El moderado crecimiento del empleo en Gipuzkoa ofrece algún matiz, y es que tan solo el sector Servicios gana 2.200 empleos, mientras que la Industria pierde 1.300, la Construcción 500 y el primer sector 200. En Euskadi, la industria ganó 2.500 personas, los servicios 2.100, y la construcción 200. En cambio, en el sector primario la ocupación disminuye en 400 personas. Respecto a las capitales, solo San Sebastián registró números en verde, con 1.400 afiliados. Tanto Bilbao como Vitoria-Gasteiz pierden ocupados. En concreto, 1.700 y 400, respectivamente. El mayor aumento de la ocupación se produjo entre las hombres (3.300 más en todo Euskadi), mientras que entre las mujeres subió en 1.000. Lo que en cualquier caso sí se aprecia es cierto frenazo en el ritmo de creación de empleo respecto a los 2.200 ocupados que Gipuzkoa sumó durante el segundo trimestre si bien cabe recordar que el verano no suele ser la época más propicia para generar nuevos puestos de trabajo netos en Euskadi. En la otra cara de la moneda nos topamos con la tasa de paro, que muestra un comportamiento opuesto al de la ocupación. Tanto Gipuzkoa como Euskadi vieron incrementadas sus tasas de desempleo en una décima, hasta el 6,3% y el 7,5%, respectivamente. El territorio cuenta con 22.000 personas desempleadas y el paro ha subido en 500.

Tabakalera fue el escenario elegido ayer por Elkargi para la quinta edición del Foro Finanza, en el que se puso el foco en la banca y la industria, bajo el título ‘Banca e industria en Euskadi, un binomio inseparable’. Promovido por la propia SGR y con el apoyo de DV y El Correo y el patrocinio de Kutxabank, EY y las tres diputaciones vascas, el evento se convirtió en el punto de encuentro de personas de todos los ámbitos del tejido financiero y empresarial vasco, que escucharon atentamente las mesas redondas planteadas por los organizadores antes de disfrutar de un café y un networking que sirvió para confraternizar entre los asistentes. Dos mesas redondas y una posterior intervención de Eider Mendoza, diputada general de Gipuzkoa, respondieron al interés que suscitó el foro y contribuyeron a continuar divulgando la cultura financiera en el ámbito empresarial. Con el ánimo de ahondar en los entresijos de esa relación entre la banca y la industria subieron al estrado en primer lugar Eduardo Ruiz de Gordejuela, consejero delegado de Kutxabank; Zenón Vázquez, director general de Elkargi; Teresa Madariaga, presidenta de Ingeteam; y Javier Roquero, cofundador y CEO de la firma oiartzuarra Salto Systems. Tal y como expuso Teresa Madariaga, es un claro ejemplo de cómo la banca en Euskadi no solo ha penetrado en el mundo de la industria a través de la financiación, sino también formando parte del accionariado de las empresas. Eduardo Ruiz de Gordejuela incidió en esta cuestión abierta por Madariaga al detallar que «nosotros tenemos una tradición de participación industrial que ha tenido protagonismo como parte de un negocio, pero con unas coordenadas singulares». Y se explicó: «En estos casos se combina el retorno, porque una inversión debe tenerlo, con la búsqueda de un valor económico y social en el que entran también valores como el del arraigo». En esa relación entre ambas partes, «en el medio de la mesa está Elkargi», interpeló Zenón Vázquez. El responsable de Elkargi cree que el binomio banca e industria en Euskadi ha sido exitoso, pero citó como trascendental «que las empresas conozcan las alternativas que existen porque la banca ha cambiado, ha habido una innovación terrible y de igual manera que han innovado nuestras empresas en muchos ámbitos, quizá no lo han hecho tanto en el acercamiento a todas esas variedades económico-financieras». Roquero se retrotrajo a esa época clave de la reconversión industrial, «en la que la banca jugó un papel fundamental». «De aquel tejido industrial que contribuyó a generar bebemos hoy en día», señaló. 

El culebrón del grupo siderúrgico Celsa atisba un nuevo capítulo mientras los fondos acreedores que se han hecho con su propiedad buscan un socio industrial nacional para recibir el visto bueno del Gobierno de España a la operación. Y es que las plantas vascas del consorcio que tenía la familia Rubiralta han recibido del Gobierno vasco 2,1 millones de euros en ayudas desde 2016. El grueso de esa cantidad, un total de 1,3 millones, se inyectó en diferentes programas el año pasado, cuando la deuda ya superaba los 1.300 millones. En 2019 se aprobaron subvenciones por 430.454 euros y entre 2016 y 2018 otras por 430.000 euros. Así lo detalla la consejera de Desarrollo Económico del Ejecutivo autonómico, Arantxa Tapia, en un envío de documentación solicitada por el diputado de Elkarrekin Podemos, David Soto. Celsa tiene en Euskadi plantas en Bizkaia –la fábrica de Nervacero– y las instalaciones en Álava de Laminaciones Arregui. Entre todas emplean a cerca de 400 trabajadores. El grupo que pertenecía a los Rubiralta fue adquirido por sentencia judicial el pasado septiembre por los fondos que compraron la deuda, capitaneados por Deutsche Bank, Anchorage, Capital Group y Attesor Capital. Al tratarse de una compañía considerada estratégica y de actores internacionales, la legislación española establece la necesidad de que el Gobierno central apruebe la operación. El Ministerio de Industria y los fondos adquirientes han llegado a un acuerdo por el que se comprometen a mantener las instalaciones y el empleo y a dar entrada a un socio nacional de carácter industrial con un 20% de las acciones. Todo ello coincide con que en el Parlamento vasco se está tramitando por primera vez la posibilidad de obligar por ley a las empresas que desinviertan en Euskadi a devolver las ayudas públicas recibidas en los últimos diez años. La propuesta surgió de una proposición de ley de Bildu que los dos socios en el Ejecutivo autonómico (PNV y PSE) aceptaron tratar uniéndola a la Ley de Vasca de Subvenciones.

El operador de transporte público sueco Nobina Stockholm ha cerrado un contrato con Solaris, la división de autobuses del grupo CAF, para el suministro de hasta 55 autobuses eléctricos Urbino 15 LE para la capital de Suecia, Estocolmo. Se trata de vehículos de clase II, interurbanos, por lo que podrán operar en las distintas rutas suburbanas de la región. Las entregas de los autobuses están previstas durante el año 2024. Paralelamente, Solaris también suministrará autobuses interurbanos a la ciudad sueca de Kristianstad. La compañía sueca VR Kristianstad ha firmado un contrato para el suministro de 23 autobuses eléctricos de la división de CAF. El pedido comprende 20 autobuses eléctricos Urbino 15 LE y 3 unidades eléctricas Urbino 12, ambos modelos de piso bajo. Se entregarán en julio del próximo año. El importe conjunto de ambos contratos, Nobina y VR Kistianstad, ronda los 45 millones de euros, y consolida la posición de Solaris como «líder europeo en soluciones cero emisiones». La constructora beasaindarra de trenes señala que su división de Solaris pretende expandir su posicionamiento de «liderazgo en cero emisiones a nivel urbano en Europa al segmento de autobuses interurbanos», tanto a través del incremento de su cuota de mercado como con el desarrollo de nuevas plataformas de autobús eléctrico interurbano de 12 metras y 18 metros, en un segmento donde se prevé un importante crecimiento para estos próximos años.

Edinor, una filial del Grupo Petronor creada en abril de 2020, en plena pandemia, comenzó al año siguiente a promover las comunidades energéticas en Euskadi, grupos de autoconsumo que instalan sus placas solares en edificios municipales y de instituciones. Zumarraga fue el primer ayuntamiento en favorecer esta iniciativa en 2021. Ahora, cuenta con 218 socios que producen energía solar y que ahorran una media del 25% en su factura. Los vecinos, comerciantes, locales de hostelería y pequeñas empresas que conforman estas agrupaciones, en su mayoría, deben abonar una entrada de 150 euros y una cuota adicional de nueve mensuales que cubren el préstamo para sufragar la instalación de los paneles y el importe de los seguros. Al undécimo año, este coste se reduce ya a la mitad, y las placas pueden durar al menos otros tres lustros más. Al hacerse cargo de su propia instalación, se va generando una cultura de participación. Aunque estas comunidades no se autoabastecen por completo, adquieren la energía restante a través de una compra conjunta de renovables que les asegura precios más competitivos. El modelo está ya en clara expansión. En Bizkaia son seis los municipios que cuentan con comunidades que se autoabastecen parcialmente. Además de Bilbao (las placas están en el estadio de San Mamés), se han sumado al modelo Derio (en el Seminario), Gernika, Muskiz, Zierbena y Barakaldo. Más de 600 usuarios vizcaínos (entre los que hay instituciones, colegios, familias, y empresas) de un total de 3.000 en los tres territorios se benefician de esta energía de «kilómetro cero». En la localidad fabril se está constituyendo la mayor comunidad energética de Euskadi. Se han instalado 1.320 placas en los tejados de diez edificios. Amaia Del Campo, la alcaldesa de Barakaldo, apuntó ayer en el congreso organizado por Edinor y Orkestra, el Instituto Vasco de Competitividad, que la medida tendrá un impacto similar al efecto de 16.000 árboles capturando CO2 durante 25 años. Unos 300 hogares y pequeñas empresas se han sumado ya al proyecto, aunque la idea es que puedan hacerlo hasta 890, que podrán obtener rebajas en su factura del 25% anual.

El Ayuntamiento de Legutio y el Grupo Otua, propietario de once de las instalaciones de reciclaje de material industrial del polígono de Gojain, ultiman el proyecto para el cerramiento de las plantas que la firma posee en el enclave. Los vecinos del entorno del parque industrial responsabilizan a varias de estas industrias de ser focos de contaminación acústica, vertidos y emisiones de polvo a la atmósfera. Tras varios meses en los que el proyecto de encapsulación chocaba con las normas urbanísticas del municipio, las últimas reuniones entre las partes y un plan de actuación más ágil acercan el inicio de las obras. En noviembre de 2022 se confirmaron 47 irregularidades cometidas por varias de esas empresas. Entonces, el Parlamento vasco decidió crear una mesa de trabajo que ha culminado con la elaboración, por parte de Otua, de un proyecto de cubrición «que ya ha sido validado por el Gobierno vasco» y que ha sido abordado en distintas reuniones. «Los técnicos municipales están analizando algunos matices de tipo urbanístico, como por ejemplo la altura de los muros que será necesario levantar, pero ninguno exige modificar el Plan General de Ordenación», desvelan fuentes del grupo. Una vez que se obtenga el plácet municipal, «pediremos la licencia de obras para comenzar cuanto antes». La idea que barajan en Otua, cuyos portavoces evitan hablar de plazos concretos, es «desarrollar los trabajos en distintas fases, comenzando por las empresas que están más cerca de los núcleos de población y evitar así molestias a los vecinos». El pasado mes de marzo, el grupo empresarial desveló que el coste del encapsulamiento total o parcial de sus once plantas de reciclaje de residuos se situaría en «entre ocho y nueve millones de euros».

El consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, calificó ayer de «ajustado y aceptable» el borrador de impuesto de grandes fortunas que han presentado las diputaciones de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, para su aplicación en Euskadi con un año de retraso a su entrada en vigor en el resto de España. Azpiazu, que respondió en el Parlamento a una pregunta presentada por Elkarrekin Podemos, aseguró que «Euskadi ya tiene una elevada presión fiscal sobre el patrimonio» de los ciudadanos más acaudalados. De ahí que admitiera que la recaudación que puede alcanzarse con la implantación de esta nueva figura tributaria sobre las fortunas –en principio de carácter temporal– va a ser «testimonial», como han apuntado ya algunos informes elaborados por expertos El parlamentario de Elkarrekin Podemos, David Soto, recriminó al consejero que la propuesta de las instituciones vascas sea más laxa que la del Estado, con una escala menos progresiva, que aplica el tipo máximo de gravamen (el 3,5%) a partir de 16 millones de euros. Incluso anticipó que si se mantiene el texto actual su formación no respaldará la iniciativa legislativa en las Juntas Generales. El impuesto aprobado por el Gobierno central, que contó con el respaldo de Podemos en el Congreso, aplica ese tipo marginal desde una cantidad inferior, a partir de 10,6 millones. La recaudación de la Agencia Tributaria tampoco ha sido elevada: apenas 623 millones de euros, cuando se habían presupuestado 1.500 millones. «Se recaudará poco porque en Euskadi ya existe un Impuesto de Patrimonio y a nadie se le escapa que el Impuesto de Solidaridad se aprobó para armonizar a la Comunidad de Madrid», recordó Azpiazu en su intervención parlamentaria. 

Osalan ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para la prevención de los riesgos laborales centrada en el teletrabajo y las tareas asociadas a la era digital y las nuevas tecnologías. En la presentación ayer de esta campaña, la directora general de Osalan, Lourdes Íscar, señaló que la utilización de estas nuevas tecnologías «genera cambios importantes en las condiciones de trabajo». Así,, junto a los riesgos laborales más generales, como la seguridad vial laboral o riesgos ergonómicos o higiénicos, por mencionar algunos, desde Osalan identifican factores de riesgo específicos. Algunos de ellos están vinculados con el uso de las propias plataformas como son hiperconexión, monitorización, invisibilidad, falta de contacto social o la precariedad. Y otros están vinculados y relacionados con la organización del trabajo, como pueden ser el aislamiento, la reputación digital o los algoritmos gestores. A juicio de Osalan, para abordar estos riesgos las empresas deben implementar políticas y programas que promuevan la seguridad y la salud mental de los teletrabajadores. Esto puede incluir iniciativas dirigidas a proporcionar equipos ergonómicos, ofrecer capacitación en seguridad cibernética, promover una comunicación efectiva y fomentar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

La generación verde avanza con paso firme, ajena a las voces más escépticas. En el último año móvil (de mediados de octubre de 2022 hasta ahora), las fuentes renovables han producido más electricidad en la España peninsular que la suma del gas, el carbón y la nuclear. Es la primera vez que sucede, según los datos de Red Eléctrica de España (REE) consultados, lo que convierte a España en el primer gran país europeo en lograr este hito: solo los escandinavos —donde la hidroeléctrica es mayoritaria— y Portugal —que tiene viento, agua y que depende mucho de las importaciones— lo han conseguido antes. La generación peninsular libre de emisiones —es decir, la suma de renovables y atómica— supera ya, por su parte, el 72% en el acumulado de los 12 últimos meses, cifra que se queda a las puertas del 70% si también se tienen en cuenta las islas. Y, de seguir la tendencia, ese umbral también será historia en el conjunto nacional antes de que termine el año. La presidenta del gestor de la red, Beatriz Corredor, ya avanzó en el mes marzo que las renovables terminarían el año por encima del 50% la generación eléctrica española; una cifra que en 2022 se quedó en el 42%. “Es un punto de no retorno, porque la capacidad fotovoltaica instalada va a seguir subiendo en los próximos meses y años”, valora Rafael Salas, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Concuerda Francisco Valverde, de la consultora Menta Energía: “La solar supone gran parte de la evolución, porque hace que suba mucho la generación en los meses de primavera y de verano, reduciendo la necesidad de gas. Fotovoltaica y eólica se complementan muy bien; sin duda, irá a más”, dice. En los últimos tiempos, España ha pasado de ser importador neto de electricidad (sobre todo, de Francia) a exportador. 

Los 13 años de antigüedad media del parque eólico español lo convierten en el más antiguo de Europa y se presentan como una oportunidad a ojos de constructoras y firmas de renovables. Empresas de ambos sectores manejan un informe de Deloitte en el que se identifican 416 parques con posibilidades de repotenciación o remaquinación para elevar la potencia instalada entre 1,5 y 3 veces. Con ello se incorporarían al sistema entre 4 y 15 gigavatios (GW). En la parrilla de salida para acometer las actuaciones de sustitución de turbinas antiguas por otras de mayor potencia o eficiencia destaca Acciona, que, además de ofrecer servicios a terceros, opera instalaciones eólicas en todo el país y fabrica aerogeneradores a través de Nordex. También están presentes en parte de la cadena Vinci y Elecnor, y han tomado posiciones Ferrovial, OHLA, Sacyr y un ramillete de constructoras medianas. Las otras interesadas son las propias operadoras eólicas y los fabricantes de turbinas. Delante de lo que el sector empresarial pinta como una oportunidad, el Gobierno está abierto a contemplar un plan para la renovación tecnológica de las instalaciones, tal y como refleja el borrador del PNIEC 20232030 sometido a consultas. Deloitte elude estimar la cifra de inversión aparejada, ejercicio complicado a la vista de los ahorros de costes que apareja la repotenciación: en trámites burocráticos, conexiones a la red, terrenos, etcétera. Distintas fuentes apuntan a importantes rebajas respecto a los 600.000 euros por megavatio (MW) que se estiman en la actualidad para parques de nueva construcción. Un cálculo conservador sería del 50% sobre la inversión en nueva planta, explica una de las fuentes, lo que ya dejaría una horquilla de 1.200 millones a 4.500 millones de euros de inversión en la obtención de 4 a 15 GW.

Las empresas españolas consiguieron en el primer trimestre del año facturar más que en el mismo periodo de 2022, pero desde entonces sus ingresos por ventas no han parado de caer en comparación con el ejercicio previo y, a día de hoy, el volumen de ingresos acumulados es un 0,4% inferior al del año pasado, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado ayer por el INE. Se trata de un indicador importante y revelador de la evolución de la economía española ya que, según recoge este organismo, «las actividades incluidas en este índice suponen el 48,5% del PIB a precios de mercado» y «si se excluyen las Administraciones Públicas y los Impuestos netos sobre los productos, las actividades incluidas en el ICNE representan el 65,9% del PIB a precios de mercado», con lo que su evolución determina directamente el crecimiento económico del país. La pérdida de negocio se produce en un contexto en el que los precios acumulan casi dos años de fuertes subidas que han obligado a los bancos centrales a intervenir para frenar la inflación aplicando una escalada radical de los tipos de interés para enfriar la economía. Ese enfriamiento es el que están notando las empresas en su caja. La cifra de negocios incluye la facturación de las empresas por las ventas de bienes y servicios suministrados a terceros, entre las que figuran ventas de mercaderías, productos terminados, productos semiterminados, subproductos y residuos, envases y embalajes, prestaciones de servicios, descuentos sobre ventas por pronto pago, devoluciones de ventas y operaciones similares y rappels sobre ventas (descuentos que se hacen a un cliente cuando llega a cierto volumen de compra). Además, el INE monitoriza a la industria, el comercio y el resto de servicios –sectores que mide con estadísticas propias– y se nutre también de datos administrativos y de encuestas elaboradas por otros organismos para la energía eléctrica y el agua.

La banca española engrosa en 1.300 millones de euros la bolsa de créditos dudosos y anticipa un repunte de la morosidad. Según los datos publicados por el Banco de España este viernes, las entidades de crédito que operan en España acumulaban 74.775 millones de euros clasificados como stage 3, o dudosos, lo que supone un 1,8% más que el trimestre anterior. Los supervisores bancarios establecen una clasificación de los préstamos basándose en su calidad de pagos: stage 1 (crédito sano), stage 2 (crédito en vigilancia especial) y stage 3 (créditos dudosos). Se da la circunstancia de que hasta ahora el foco de preocupación del Banco de España y del Banco Central Europeo se centraba en el segundo grupo, ya que después de la pandemia del Covid-19 se había engordado esta cartera y las entidades no habían logrado rebajar el volumen de créditos en alerta. Aunque los préstamos que se incluyen en el segundo escalón todavía no han sufrido ningún impago, los bancos sí han observado un incremento significativo del riesgo desde el momento de la concesión. Se trata del estado previo a que se produzcan deterioros y por ello esa bolsa viene centrando todas las miradas. Sin embargo, en los últimos tres meses se ha producido un cierto trasvase desde los préstamos en vigilancia especial hacia los dudosos. Según las estadísticas actualizadas del Banco de España, a cierre de junio el volumen de créditos en stage 2 se redujo por primera vez en un año hasta los 168.000 millones (-1% respecto al primer trimestre), lo que supone 1.700 millones menos. En todo caso, la cifra total de dudoso representa solo el 2,83% del total de créditos sujetos a algún deterioro.

El mercado automovilístico europeo continúa con su lenta, pero progresiva, recuperación tras el desplome del Covid y la bajada provocada por la falta de microchips. A cierre de los nueve primeros meses, las ventas de automóviles en el conjunto de Europa crecieron un 17%, hasta 9,68 millones de unidades, impulsadas principalmente por los modelos híbridos (+28%) y eléctricos (+47%). Entre enero y el pasado septiembre se matricularon en toda Europa 2,51 millones de coches híbridos, lo que supone situarse como la segunda opción preferida por parte de los clientes europeos, con una de cada cuatro ventas (26%), solo superada por los automóviles de gasolina, que coparon un 36% del mercado, con 3,54 millones de unidades, un 12% de incremento. Los modelos eléctricos, por su parte, también fueron fundamentales al impulsar el crecimiento del mercado europeo en lo que va de ejercicio, ya que sus entregas crecieron un 46,9%, hasta 1,47 millones de unidades y una penetración del 15%, según datos publicados ayer por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (Acea). La tecnología eléctrica superó en volumen a los turismos diésel, que a cierre de septiembre acumulaban unas entregas de 1,19 millones de unidades en Europa, siendo el único segmento en caída, con un descenso del 5%. Los híbridos enchufables, por su parte, mejoraron un 4,8% sus registros comerciales en el continente, hasta 720.731 unidades comercializadas.

El fondo de pensiones australiano IFM, uno de los principales accionistas de Naturgy, aceptó ayer la propuesta del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de analizar potenciales inversiones en España más allá de esta compañía energética, y en concreto, en el sector del hidrógeno y de los semiconductores (chips). Sánchez mantuvo ayer una reunión “positiva”, explicaron desde La Moncloa, con altos ejecutivos del fondo australiano, en la que los representantes de IFM trasladaron su interés en seguir invirtiendo en España. IFM es uno de los cuatro grandes accionistas de Naturgy, con el 14%. Además, se sienta en el consejo del grupo energético. También tiene el 49% del grupo de servicios de suministro y tratamiento de aguas Aqualia y es el dueño del grupo de autopistas Aleática. El encuentro, celebrado en La Moncloa, reunió a Sánchez con el director global de Infraestructuras de IFM, Kyle Mangini, y al responsable del fondo australiano en España, Jaime Siles. Según explicó luego Sánchez en la red X (antigua Twitter) las fortalezas y el crecimiento de la economía del país “aportan confianza a los principales inversores internacionales en España”. “Somos un destino fiable, seguro y atractivo para la inversión”, añadió, junto a su foto en compañía de los directivos de IFM. Fuentes cercanas al fondo australiano indicaron además el carácter “cordial y positivo” de la reunión, en la que IFM ha trasladado su interés en seguir invirtiendo en España, “un mercado interesante y de oportunidades”.

Continúa el peloteo en la guerra comercial y tecnológica entre Washington y Pekín. China, el mayor productor y comerciante de grafito del mundo, anunció ayer que exigirá permisos adicionales para exportar algunos productos relacionados con este mineral, que se utiliza para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y lubricantes para los sectores de maquinaria, petroquímica, defensa y aeroespacial. Si bien el Ministerio de Comercio chino alegó que se trata de un paso “para salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales” y que “no está dirigido contra ningún país en concreto”, el anuncio llega apenas unos días después de que EE UU impusiera nuevas restricciones a la venta de tecnología a empresas chinas, en medio de las crecientes tensiones y el pulso geopolítico entre ambas potencias. A partir del 1 de diciembre, China requerirá una licencia especial para la exportación de tres tipos de grafito “altamente sensibles”, que ya se encontraban temporalmente sujetos a un control, informó la cartera de Comercio y la Administración General de Aduanas a través de un comunicado. Entre los artículos restringidos se incluyen tres tipos de grafito sintético de alta pureza, resistencia y densidad, seis tipos de grafito natural en escamas, y sus derivados. No obstante, el país ha suprimido los controles que pesaban de manera temporal sobre cinco artículos de grafito menos sensibles, pero necesarios en industrias básicas como la siderúrgica, metalúrgica y química. 

Los precios de producción industrial, que recogen el coste de los productos a salida de fábrica, experimentaron en Alemania el pasado mes de septiembre una caída interanual del 14,7%, lo que significa el descenso más acusado desde que se empezaron a recopilar estos datos en 1949. Los precios industriales ya venían de una caída destacable en agosto, del 12,6%. Según la Oficina Federal de Estadística (Destatis), esta evolución se atribuye principalmente a un efecto de base debido al elevadísimo nivel de precios del año pasado, cuando la invasión rusa de Ucrania provocó un aumento de los costes de producción en agosto y septiembre que fue, a su vez, el más alto desde que existen registros. Durante buena parte del año pasado se batieron récords en el coste de los productos a salida de fábrica. El gran culpable de las subidas fue el precio de la energía, que estuvo disparado durante varios meses seguidos. Los precios de producción industrial se consideran un precursor del desarrollo de la inflación, por lo que las cifras registradas entonces indicaban que la subida se iba a trasladar a los bolsillos de los consumidores, como finalmente sucedió. Ahora se espera el efecto contrario, es decir, una mayor moderación de la inflación, que por fin ha empezado a remitir. 

El gigante del comercio electrónico Amazon ha actualizado su política de presencialidad laboral de al menos tres días por semana y ha dado vía libre a los gerentes y directivos de la compañía para apercibir y llegar a despedir a los empleados que no cumplan con ese requerimiento. Según un correo electrónico de uso interno al que ha tenido acceso ‘Insider’, la compañía habría autorizado a los supervisores a reunirse en privado con los trabajadores que no cumplan con esta medida para explicarles que la vuelta a la oficina es parte de sus obligaciones y «va en interés de los clientes, la compañía y la plantilla». En el caso de que el empleado siga sin acudir con la frecuencia exigida deberán volver a reunirse con él para recordarle que no cumplir con la medida sin motivo podría desembocar en acciones disciplinarias, incluido el despido. El requerimiento de tres días presenciales a la semana lo puso sobre la mesa Amazon en febrero pasado y ya afrontó entonces la oposición de parte de los trabajadores de la multinacional. De hecho, más de 30.000 rubricaron un documento de protesta, ya que muchos de ellos fueron contratados durante la pandemia como personal en remoto. En mayo, más de un millar se declararon en huelga para protestar contra esa política de la empresa y en septiembre, el consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, advirtió a quienes no cumplieran con el plan de retorno de que considerasen buscar otro trabajo, ya que sus perspectivas en la compañía eran «sombrías».

Este domingo, 22 de octubre, Argentina celebra la primera vuelta de sus elecciones presidenciales, en las que se perfila con fuerza Javier Milei, un candidato disruptivo de ideas ultraliberales. Milei podría convertirse en presidente del país para el período 2023-2027. Para entender mejor su figura es conveniente conocer el proceso electoral argentino, que consta de tres instancias: Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la primera vuelta y la segunda vuelta o ballottage. La primera instancia, vigente desde 2009, está compuesta por las llamadas elecciones PASO. Tuvieron lugar el 19 de agosto. Estas elecciones abiertas sirven para definir dos cuestiones básicas. Por un lado, qué partidos pueden presentarse en la primera ronda, para lo cual se necesita obtener al menos el 3% de los votos emitidos. Por otro lado, las PASO sirven como ‘elecciones internas’, en las que los partidos con más de un candidato eligen al que los representará en la primera vuelta. Los candidatos y partidos elegidos en las PASO pueden presentarse a la primera vuelta de las elecciones nacionales (segunda fase del proceso, que tendrá lugar este domingo 22 de octubre). Si un candidato obtiene, en la primera vuelta, más del 45% de los votos emitidos, o más del 40%, con una diferencia mayor al 10% respecto al segundo, se convierte automáticamente en presidente. No hay segunda vuelta. Pero si ninguna candidatura consigue imponerse en primera vuelta, las elecciones se dirimen en un balotaje o segunda vuelta. A esta votación se presentan sólo las dos opciones con más apoyos en la primera vuelta. De darse este caso, el balotaje se celebraría el 22 de noviembre. Argentina vive una difícil situación económica y se habla abiertamente de la dolarización total del país

La ayuda internacional no logró llegar ayer a Gaza a través del paso de Rafah, pero Israel sí pudo recibir el avión número 45 con material militar estadounidense de apoyo a su Ejército, confirmó el Ministerio de Defensa. A las puertas de la operación terrestre en la Franja, el apoyo de Washington es absoluto y se extendió también al Mar Rojo, donde un barco de la armada norteamericana interceptó tres misiles lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen cuyo destino podría ser Israel. «Esto muestra las capacidades de defensa de Estados Unidos y su habilidad para construir una imagen de la región», declaró el portavoz del Ejército, Daniel Hagari. Unas 1.000 toneladas de armamento han llegado a Israel en estas dos semanas para «reforzar los planes ofensivos» en una Gaza en la que Tel Aviv ya planea un «día después» sin Hamás. Para ello continúa realizando bombardeos a un ritmo que «no se había visto en décadas», según reconoció el contralmirante Hagari. Tienen como objetivo preparar el terreno para una invasión terrestre. Hasta la fecha, han causado la muerte de, al menos, 4.137 personas en Gaza y han herido a más de 13.000, de acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad de Gaza. Los hutíes conforman un grupo chií respaldado por Irán que controla la mayor parte del territorio yemení desde que estalló la guerra en 2015 y se suman al llamado ‘eje de la resistencia’, donde también están movimientos como Hamás y Hezbolá. La república islámica amenaza con el riesgo de que el conflicto se extienda a la región si Israel no frena sus bombardeos y Washington ha desplegado dos barcos de guerra cerca como medida disuasoria.