20231212

 El Gobierno vasco ha encontrado ahora el respaldo total de la patronal vasca, Confebask, en su empeño por conseguir la transferencia de una parte de los fondos de recuperación concedidos por la Unión Europea. Juntos, Ejecutivo y empresarios, han decidido aliarse para que esa transferencia de fondos tenga un peso adicional, después de tres años de clamar por ese objetivo sin éxito alguno frente al Gobierno de Pedro Sánchez. El Departamento de Economía y Hacienda y los empresarios han cuantificado en 1.047 millones de euros el montante sobre el que demandan un traspaso, tras criticar la gestión que se ha llevado hasta ahora desde el Gobierno central en torno a los proyectos estratégicos. El consejero Pedro Azpiazu y la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, comparecieron ayer para hacer público el respaldo empresarial a esa vieja exigencia del Gobierno vasco. El respaldo de los empresarios, señaló el consejero, «puede permitir ahora que se tengan en cuenta los argumentos y el Gobierno central acepte que se puedan formular PERTE regionales». También la presidenta de la organización empresarial, Tamara Yagüe, remarcó la idea de que «una gestión más cercana puede permitir que sea más eficaz». Yagüe, además, no ahorró críticas al trabajo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha realizado con esta lluvia de millones procedente de la Unión Europea y que se diseñó para relanzar y transformar la economía tras la pandemia. «La agilidad y los criterios que se están usando no están siendo muy satisfactorios», dijo. Ver más en Confebask. 

"El acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno vasco y la patronal Confebask para exigir el traspaso de los fondos europeos es una iniciativa oportuna. Primero, porque esto de los acuerdos entre los poderes públicos y los empresarios debería ser algo más frecuente. Nos ahorraríamos muchos disgustos. Segundo, porque es evidente que los fondos europeos son una ayuda extraordinaria, que no se repetirá en años y hay que aprovecharlos bien. Tercero, porque los datos conocidos hasta la fecha muestran una lentitud exasperante en su materialización por parte de la administración central, lo que puede dar al traste y anular los objetivos perseguidos. Cuarto, porque la administración vasca ha demostrado en el pasado una mayor agilidad en la gestión de los trámites de ayudas. Y quinto, porque la cercanía entre el órgano gestor y el beneficiario permite un mejor conocimiento de su necesidad y un control más preciso de su buen fin. Pero hay un límite. Una cosa es que las ayudas se concedan ‘desde cerca’, lo cual es bueno, y otra distinta que se den sin tener una visión global y de conjunto. De lo contrario, y si cada autonomía mira solo a sus conveniencias y planes, podemos terminar poniendo una fábrica de baterías en cada pueblo y un eletrolizador en cada barrio. Las ayudas europeas tienen un fin claro que es la modernización del equipamiento productivo y la consiguiente mejora de la productividad del sistema. Todo ello dentro de un conjunto coherente..."

La vizcaína Mecaner y la alavesa Glavista, dos empresas históricas del sector de automoción vasco, se encuentran en proceso de cierre, lo que dejará en la calle a 144 y 240 trabajadores, respectivamente. Sus comités acudieron ayer al Parlamento vasco para pedir ayuda con objeto de poner freno a las decisiones de deslocalización tomadas por sus propietarias, la multinacional Stellantis en el primer caso y el fondo de capital riesgo suizo Parter Capital, que a su vez adquirió la compañía al grupo Guardian. La empresa de troqueles Mecaner, fundada en 1961 en las instalaciones de Mecánica de la Peña en Urduliz, recibió el anuncio de cierre el 1 de septiembre. Su plantilla, integrada por 144 personas, asegura que la compañía es «viable» y que lo único que busca Stellantis –propietaria de marcas como Peugeot, Citröen o Fiat– «es aumentar sus márgenes con el traslado de la producción a países de bajo coste». El comité de Mecaner, que ya ha mantenido contactos con el Departamento de Industria del Gobierno vasco, ha pedido la toma de una participación pública o ayuda para encontrar inversores. El caso de Glavista, fabricante de parabrisas en Llodio, es similar. El fondo de inversión suizo Parter Capital lo compró a Guardian en 2020, pero en primavera presentó preconcurso de acreedores. En junio se encendió la esperanza con la oferta de la empresa industrial Amine, liderada por un exdirectivo de la firma, pero se retiró ante la negativa de Guardian a vender los terrenos. «Ha quedado claro que la venta al fondo buitre por un euro solo fue una maniobra para realizar un cierre encubierto», aseguró el comité, que también pide la entrada del Gobierno vasco.

La planta de ciclo combinado Bahía Bizkaia Electricidad (BBE), ubicada en el Puerto de Bilbao, cambia de manos. La comercializadora independiente suiza Gunvor ha comprado su 75% a British Petroleum (BP), con lo que se convertirá en el nuevo socio del Ente Vasco de la Energía (EVE), que conserva su 25%. La operación, de la que no ha trascendido el precio, es trascendental para la planta vasca de generación de electricidad a partir del gas ya que BP estuvo presente en su capital desde su fundación en 2003. La inversión de 640 millones la compartieron entonces, a partes iguales, la petrolera británica, el Gobierno vasco, Iberdrola y Repsol. Pero los dos grandes grupos energéticos vendieron su participación con el paso del tiempo y al final se quedó BP con el 75% y el EVE con el 25%. Ahora se produce un nuevo giro en la propiedad. BP ha enmarcado la salida de la planta vasca en su estrategia de reducir emisiones y reorientar sus inversiones en España hacia áreas relacionadas con el vehículo eléctrico. «Esta decisión refleja la estrategia de BP de transformarse desde una compañía internacional de petróleo (IOC, por sus siglas en inglés) a una de Energía (IEC, por sus siglas en inglés) que aspira a ser cero emisiones netas en 2050 o antes», apuntó Andrés Guevara, responsable de BP en España, en el comunicado publicado ayer. «Seguimos comprometidos con esta transformación en España (...) a medida que reorientamos nuestras inversiones hacia motores de crecimiento de transición como la carga de vehículos eléctricos, la bioenergía, la energía renovable y el hidrógeno», añadió en la nota. Para Gunvor, con sede en Suiza y dedicada al refino y comercio de combustibles, es la primera compra de una central eléctrica.

"A menudo nos encontramos con noticias alarmistas sobre los avances de las tecnologías exponenciales y, en especial, las referidas a la Inteligencia Artificial. Como ya sucedió en disrupciones anteriores, muchos alertan sobre el riesgo de la automatización y hacen sus previsiones sobre el impacto que esto puede tener en la pérdida de millones de empleos. Sin embargo, la situación que encontramos en las empresas es muy diferente, con un entorno altamente competitivo y grandes dificultades en lo que respecta a la atracción y retención de talento...Se produce una profunda reflexión sobre lo que buscamos en un puesto de trabajo que, sumado a la incorporación de la Generación Z al mercado laboral, ha transformado completamente la relación de las empresas con su talento. Hablamos de relaciones casi más propias del mundo del M&A, las operaciones de fusión y adquisición de empresas, en las que ambas partes son igualmente exigentes, fijan sus condiciones y se produce una negociación de tú a tú para llegar a un acuerdo...En este nuevo paradigma se prioriza el desempeño frente al horario, la visión disruptiva frente a los procesos establecidos y las redes de conocimiento y las estructuras horizontales, donde la cooperación y la competición coexisten, frente a los antiguos entornos jerarquizados...Pero de nada nos va a servir centrar nuestros esfuerzos en la atracción de talento si no la acompañamos de un liderazgo efectivo, capaz de desarrollar precisamente esas capacidades o ‘soft skills’ donde realmente reside el valor humano, insustituible por ninguna otra inteligencia. Necesitamos líderes capaces de inspirar a sus equipos, trasladar la cultura de la compañía y fomentar un entorno donde las personas puedan crecer, equivocarse y desarrollarse. Perfiles capaces de aportar una mirada poliédrica y que, a la vez, entiendan la complejidad de la gestión de una empresa, donde todos los conocimientos (técnico, legal, financiero...) deben integrarse. Formación y conocimiento; experiencia y experimentación. Los sistemas educativos también se van adaptando poco a poco a este nuevo paradigma, pero no será suficiente. En este camino, las empresas convencidas de que tienen que hacer las cosas de forma diferente deben cultivar este talento ofreciendo un entorno vivencial donde se entrenen las capacidades de gestión empresarial y el emprendimiento...Cuando las empresas hablamos de la necesidad de talento, no nos engañemos: no necesitamos mano de obra, sino ponernos manos a la obra". 

La Unión Europea (UE) retrasa el debate sobre la creación de la Macrorregión del Arco Atlántico, de la que formaría parte Euskadi junto a Asturias, Galicia, Navarra y Aquitania, y que agruparía a Portugal, España, Francia e Irlanda. La iniciativa, que se iba a discutir a nivel de ministros en el Consejo de Asuntos Generales de hoy en Bruselas, finalmente ha sido retirada del orden del día al considerar que «no estaba lo suficientemente madura», según fuentes diplomáticas consultadas por este periódico. «Hace falta más trabajo para que todas las partes implicadas estén alineadas para hacer avanzar esta cuestión». Aunque el trabajo en la capital comunitaria continúa a nivel técnico, la decisión retrasa la constitución de este proyecto impulsado por el Gobierno vasco y que tiene como objetivo que las regiones atlánticas no se queden fuera de las inversiones comunitarias. La ambición de Euskadi es que la iniciativa madure a nivel europeo y que la Macrorregión Atlántica obtenga el mismo estatus que las macrorregiones ya reconocidas: la Báltica, la Alpina, la del Danubio y la Adriático-Jónica. El lehendakari, Iñigo Urkullu, también ha reclamado en numerosas ocasiones «un esfuerzo compartido y responsable» de los gobiernos regionales y el Ejecutivo español para reivindicar el Corredor Atlántico ferroviario y las interconexiones eléctricas y energéticas de la región.

La distribución de productos no perecederos de Eroski se vio afectada ayer en Euskadi y la zona norte como consecuencia de la huelga convocada por ELA y LAB en la plataforma logística de Elorrio en demanda de una mejora de las condiciones laborales. El paro ha sido convocado para toda la semana por el comité de empresa, que está compuesto por seis miembros de ELA y tres de LAB, y al mismo estaban llamados los 130 trabajadores por cuenta ajena de Cecosa, que gestiona el principal almacén de la cadena de distribución del Grupo Mondragon. Es la única plataforma que distribuye productos no perecederos a los puntos de venta de Eroski tanto en el País Vasco, como Navarra, Burgos y La Rioja. Según las centrales convocantes, el paro fue secundado por la totalidad de los empleados por cuenta ajena, mientras Eroski reduce la cifra al 80%. Cabe recordar que además de los trabajadores por cuenta ajena la plantilla total se eleva a 400 o 450, según los picos de actividad, y que el resto son cooperativistas. ELA denuncia las condiciones laborales de la plantilla por cuenta ajena, ya que señala que muchos de ellos «son racializados, prestan servicio bajo el amparo de un convenio estatal, cobrando cerca del Salario Mínimo Interprofesional, sin pluses que compensen su trabajo nocturno, festivo o rotativo». Los trabajadores reclaman la dignificación de sus condiciones de trabajo con la aplicación del convenio del comercio de alimentación de Bizkaia, la aplicación de medidas efectivas en salud y prevención laboral y descansos remunerados, así como la organización de un calendario anual que acabe con los cambios arbitrarios y la flexibilidad unilateral. ELA explica que en mayo de este año la plantilla decidió organizarse y, por primera vez, se llevaron a cabo unas elecciones sindicales. Después de varias reuniones con la empresa para tratar «las pésimas condiciones de la plantilla, y tras no obtener mejora alguna, el comité convocó seis días de huelga, del 11 al 16 de diciembre.

El primer día de huelga de los cinco que hay convocados hasta final de semana terminó ayer como empezó: con las espadas en alto. Patronales y sindicatos mantienen posturas muy alejadas en la negociación para actualizar el convenio de los trabajadores de los centros educativos de iniciativa social. Son unos 200 colegios concertados en Euskadi en los que trabajan 9.000 profesionales y que escolarizan a 130.000 alumnos. La jornada dejó también la habitual guerra de datos; mientras los sindicatos cifraron el seguimiento en un 70%, la patronal lo redujo al 22%. Bizkaia fue el territorio donde más se notaron los paros. El convenio es trienal y lleva caducado desde 2021. Desde entonces han tenido lugar catorce reuniones entre las dos patronales implicadas (Kristau Eskola y AiceIzea) y los sindicatos (ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT) sin que se haya logrado llegar a ningún acuerdo. Las dos partes se acusan mutuamente de bloquear la situación. Las centrales critican no haber recibido ninguna «propuesta de contenidos»; las patronales, a su vez, acusan a los trabajadores de no tener una «actitud propositiva», y de haber adoptado una «postura infranqueable», «siendo la movilización y el llamamiento a la huelga prácticamente el único movimiento certero» que han realizado. De hecho, los trabajadores amenazan con más días de huelga en enero si no hay avances. Y, sin embargo, ambos están de acuerdo en un punto fundamental: el mantenimiento de los puestos de trabajo y la «sostenibilidad» de los colegios. Los centros escolares serán –están siendo– los primeros en notar el impacto de la caída de la natalidad, «una realidad que ineludiblemente se impondrá a todos los centros», en palabras de Kristau Eskola. Un estudio del departamento de Educación prevé el cierre de 4.200 aulas a lo largo de la próxima década por la pérdida de más de 65.000 estudiantes. Un escenario que algunos consideran una oportunidad para mejorar la atención a los alumnos, pero que plantea no pocas incógnitas. Éste es el contexto de fondo en el que se desarrollan las negociaciones.

Las presiones por las subidas salariales, junto con el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social, la moderación de las horas trabajadas y la falta de determinados perfiles profesionales, han llevado a que los costes laborales se disparen a un ritmo del 5,7% anual, lo que supone la mayor subida de los últimos 20 años, si se excluyen las turbulencias derivadas de la pandemia. Un incremento salarial que, además, habría provocado una intensa pérdida de competitividad respecto a los países de la eurozona. El coste laboral total por hora trabajada creció un 5,7% en el tercer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2022, de acuerdo con los datos corregidos de efectos estacionales y de calendario que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas cifras duplican con creces el promedio de los 22 años anteriores que recoge el INE y suponen el mayor dato desde el primer trimestre de 2003, exceptuando las cifras del segundo trimestre de 2020, cuando los costes por hora trabajada se dispararon un 8,2% anual, no por efecto de las subidas salariales sino por la caída de las horas trabajadas sin que se produjera un recorte de sueldo equivalente, ya que los ERTE implicaban que las empresas tenían que remunerar parcialmente las horas no trabajadas. El origen de esta fuerte subida de costes laborales radica en las mayores reivindicaciones salariales derivadas de la inflación en los años pasados, que todavía supone una notable pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. A eso hay que sumar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta los 1.080 euros al mes en catorce pagas. 

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, propuso ayer a los sindicatos y a los empresarios una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 4% para 2024. Con esta idea, la cuantía subiría desde los 1.080 euros a los 1.123,2 euros al mes. En términos anuales, el SMI subiría desde los 15.120 a los 15.722 euros, en catorce pagas. El SMI afecta ya a alrededor de dos millones de trabajadores. Con su planteamiento, Trabajo se acerca más a las patronales CEOE y Cepyme que a los sindicatos CCOO y UGT. La propuesta inicial de los empresarios es la siguiente: una subida para 2024 y 2025 del 3% en cada año. Más una cláusula adicional de hasta el 1%, en el caso de que, al final del ejercicio, la inflación supere el incremento inicial del 3%. Los sindicatos reivindican una subida del SMI del 5%, para 2024, con la idea de llegar a los 1.200 euros mensuales al final de la legislatura. Además, el Ministerio de Trabajo ha asumido la tesis de la patronal, con la que sí están de acuerdo CCOO y UGT, de trasladar la subida del SMI a los contratos públicos. Bien es verdad que aquí depende de lo que digan los Ministerios de Hacienda y de Economía. Con esta propuesta, CEOE y Cepyme quieren que las empresas puedan cargar a los precios que ponen en los concursos públicos los incrementos que tienen de los costes laborales por culpa del SMI. Sobre todo, las compañías con mano de obra intensiva, como las de limpieza, logística, seguridad, la construcción o la hostelería. Todas ellas trabajan con mucha frecuencia con las administraciones públicas.

La morosidad de las pequeñas empresas les genera un gasto financiero asociado que las lastra en términos de crecimiento. Además, este gasto se ha acrecentado a pasos agigantados en el último año. Así lo atestigua el Observatorio de Morosidad de Cepyme, difundido ayer, que se suma también a una fuerte subida del esfuerzo de la deuda en periodo de pago: entre las dos, sumaron un esfuerzo necesario para financiar la deuda comercial de 2.700 millones de euros en el tercer trimestre del año, más del doble que los 1.341 millones de euros del mismo periodo del año pasado y también la cantidad más alta desde junio de 2009, contextualizada por “la elevada inflación unida a los altos tipos de interés”, según la organización. Como explica el informe, esta situación “detrae recursos para la inversión, el aumento de plantilla y la ganancia de productividad de las pymes”. En paralelo al incremento del esfuerzo financiero necesario para afrontar sus deudas se ha producido otra subida, en este caso en el periodo medio de pago. Después de haber experimentado cuatro descensos interanuales en los últimos trimestres, ahora vuelve a repuntar y se sitúa en los 82 días. Es una cifra preocupante, dado que el plazo máximo legal para hacer frente a los pagos debidos es de 60 días. La organización empresarial se apoya en datos como este para pedir un panorama menos perjudicial para las pequeñas y medianas empresas, en un país en el que el tamaño de las empresas es uno de los más pequeños de Europa, una situación que lastra la economía del país.

Orange y MásMóvil, las dos telecos en proceso de fusión, han alcanzado un acuerdo con Digi, la operadora rumana que ocupa el quinto puesto en España, para los remedies, es decir, las concesiones que los dos promotores de la fusión deben otorgar a un tercero –obligados por la Comisión Europea (CE)– para restaurar los niveles de competencia previos. Las tres partes han llegado ya a un acuerdo definitivo, denominado long form en la jerga comunitaria, que es la versión final del acuerdo no vinculante (conocido como term sheet) al que llegaron hace unas semanas. Aún quedan algunos flecos, pero la firma podría producirse en las próximas horas. De esa forma, a partir de hoy se pondría de nuevo en marcha el reloj, es decir, los plazos para la aprobación y Bruselas convocará el market test, para conocer la opinión de los otros operadores del sector. El acuerdo de remedies entre Orange-MásMóvil y Digi engloba dos aspectos: un pacto mayorista para que Digi use la red móvil de Orange en condiciones preferentes y un acuerdo para que Digi adquiera frecuencias radioeléctricas de las que se deben desprender Orange y MásMóvil, al superar el límite máximo que puede acaparar un sólo operador. Mientras, MásMóvil se encuentra un paso más cerca de dar carpetazo definitivo a su aventura portuguesa. En septiembre de 2022, la compañía acordó con Vodafone la venta de Carbonitel, su filial en el país, pero la operación apenas ha registrado avances en más de un año de investigación por parte de la autoridad de competencia portuguesa. 

Nueva reunión en torno al expediente de regulación de empleo (ERE) de Telefónica, con críticas de los sindicatos mayoritarios (UGT, CC OO y Sumados-Fetico). En las dos sesiones celebradas ayer (mañana y tarde), los sindicatos y la empresa se enzarzaron sobre la voluntariedad del ERE en tramitación. UGT rechazó el cambio de paradigma respecto a los procesos anteriores que ha introducido la empresa al abrir la posibilidad de aprobar salidas forzosas en el citado ERE que afecta a Telefónica de España, Móviles y Soluciones, y que puede alcanzar a un máximo de 5.124 empleados, según la teleco. En un comunicado, el sindicato se opuso ayer a cualquier modelo que no persiga la voluntariedad. Por su parte, la compañía reconoció en la reunión celebrada por la tarde que el análisis de empleabilidad de la memoria del plan “no se ha hecho por número de personas y año de nacimiento, sino “por excedentes funcionales”. UGT justificó que los números no cuadraban con las personas nacidas en el año 1968 y anteriores con el número de excedentes funcionales propuestos, tras el cambio de criterio aplicado por la teleco. Uno de los motivos argumentados por la empresa para poner en marcha el ajuste se centra en el cambio digital derivado de la implantación de la fibra óptica y el apagado del cobre. Del análisis de la memoria justificativa, UGT no puso en duda el entorno macroeconómico y sectorial de las telecos en que se encuentra la compañía. De hecho, señaló que ha denunciado en numerosas ocasiones los efectos negativos que la regulación europea de las telecomunicaciones y la elevada presión competitiva existente en el país. “Sin embargo, no compartimos la visión de que todos los factores sean externos, inevitables o no imputables a decisiones tomadas a lo largo de los últimos años”, señalaron.

Santander Pensiones ha firmado un acuerdo con ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos) para lanzar un plan de pensiones simplificado para este colectivo. Es la tercera entidad con la que esta asociación se alía –tras VidaCaixa, filial de CaixaBank, y Mapfre–, para ofrecer a sus afiliados este tipo de productos, destinados a acumular ahorro de cara a la jubilación. “El objetivo es ampliar poco a poco estos acuerdos con otras entidades para poder ofrecer más alternativas”, afirma Celia Ferreo, vicepresidenta de ATA. Añade que desde la asociación están “detectando mucho movimiento de traspasos desde los planes de pensiones individuales hacia los nuevos planes de pensiones simplificados”. Estos trasvases, que no son posibles a la inversa, se deben en buena medida a la fiscalidad, que tras la reforma de estos productos es más beneficiosa para los nuevos productos en detrimento de los anteriores, explican en ATA. Los trabajadores autónomos pueden reducir su base imponible con aportaciones totales de hasta 5.750 euros anuales, frente a los 1.500 euros de uno individual. Las cantidades traspasadas de un plan a otro no tienen efecto fiscal, pero sí las nuevas aportaciones que se realicen. La asociación quiere alejarse de la perspectiva comercial que pueda generar una guerra entre las entidades por la captación de clientes.

La primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el Gobierno convoca en año y medio –pese a que debe haber dos anuales– afloró ayer tensiones regionales que marcarán la legislatura. Aunque Hacienda trató de apaciguar los ánimos ofreciendo una financiación autonómica récord para 2024 y suavizando sus objetivos de déficit, los consejeros regionales del PP en bloque, secundados por el socialista de Castilla-La Mancha, cargaron contra la negociación bilateral entre el Gobierno central y Cataluña, cuya consejera ni siquiera acudió a la cita, y exigieron abordar ya la reforma del caducado sistema de financiación autonómico. El objetivo formal de la reunión era trasladar a las comunidades autónomas la senda de consolidación presupuestaria dibujada por el Gobierno para el ejercicio 2024, en el que se reactivarán las reglas fiscales y para el que España ha comprometido rebajar la deuda al 106% y el déficit al límite comunitario del 3%. Bajo este objetivo, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicó a las comunidades que el margen de déficit en el que podrán incurrir en 2024 aumenta en unos 1.300 millones. En concreto, la senda fiscal que el Consejo de Ministros aprobará hoy supone que las regiones podrán incurrir en 1 décima de PIB de déficit, en lugar de exigirles el equilibrio presupuestario previsto en el Programa de Estabilidad; los ayuntamientos podrán optar al déficit 0, en vez de aportar 2 décimas de superávit, y la Administración Central absorberá ese esfuerzo limitando su déficit a 2,7 puntos. La propuesta fue aprobada con el apoyo de solo dos comunidades, la abstención de Navarra, la ausencia de los consejeros catalán y vasco, y el voto en contra del resto de comunidades y ciudades autónomas, gracias a la mayoría de la que goza el Ministerio.

El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el envío al Congreso de la Ley de Representación Paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión, una de las medidas estrella del Gobierno en la anterior legislatura que quedó en suspensión tras la convocatoria de elecciones generales. La norma obligará a las grandes empresas a alcanzar un mínimo del 40% de presencia femenina en sus consejos de administración. Una obligación que para las empresas del Ibex será de obligado cumplimiento a partir del 30 de junio de 2024. La norma, por tanto, deberá en esa fecha haber realizado ya su trámite parlamentario y ser aprobada definitivamente. El incumplimiento podría acarrear sanciones. El Gobierno aún debe desvelar el régimen sancionador, pero ha anticipado que incumplir la cuota mínima supondrá una infracción grave y no sólo acarreará “multas importantes”, sino que además podría desembocar en la “suspensión de cotización de la empresa incumplidora”. La CNMV será la encargada de velar por el cumplimiento de la representación paritaria. En conjunto, cuatro de cada diez asientos en los consejos del Ibex ya están ocupados por mujeres, por lo que el índice selectivo cumpliría la normativa. De hecho, de los 442 consejeros que tienen actualmente las 35 compañías, 176 son puestos con representación femenina. Pero, por desglose, sólo 21 empresas cumplen. BBVA, CaixaBank, Enagás, Repsol y Santander ya tenían un 40% de cuota femenina. Un porcentaje que han alcanzado este año ACS (que subió del 26,6% al 40% con la incorporación en marzo de Lourdes Fraguas y Lourdes Máiz como vocales independientes) y ArcelorMittal (nombró en mayo a Patricia Barbizet, también independiente). Otras compañías del Ibex han superado el 40% y avanzan hacia la paridad real. Endesa tiene el 41,6%; y Rovi e Iberdrola, el 42,8%.

Según las normas, concebidas en junio de 2022 y aplicadas en diciembre del año pasado, los países no pertenecientes al G7, como India y China, podrían seguir comprando crudo ruso, pero tendrían que pagar menos de 60 dólares por barril si quisieran utilizar buques o servicios comerciales o de seguros registrados en el G7 para transportar el petróleo. Los miembros del G7 son EEUU, Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Canadá. Las medidas se diseñaron para mantener el petróleo ruso en el mercado internacional y socavar al mismo tiempo la capacidad del Kremlin para financiar su guerra en Ucrania. Juntas han redibujado el mapa energético mundial. Los flujos de petróleo ruso hacia Europa, antes su mayor mercado de exportación, se han reducido a un goteo. En su lugar, millones de barriles se envían cada día desde los puertos occidentales rusos del Mar Báltico y el Mar Negro en un tortuoso viaje hacia nuevos compradores, principalmente en India, China y Turquía. Pero aunque el embargo de la UE ha conseguido cortar la mayoría de los suministros al bloque, los funcionarios occidentales han reconocido que 12 meses después prácticamente nada del crudo ruso que fluye a los nuevos compradores se vende por debajo de 60 dólares el barril. “En el primer trimestre, el tope funcionó bien; en el segundo, Rusia empezó a encontrar formas de eludirlo; en el tercero, el tope apenas se aplicó; y ahora, en el cuarto, el tope definitivamente no se cumple”, afirma Maximilian Hess, fundador del grupo de riesgo político Enmetena Advisory. La violación casi universal del tope de precios ha sido posible por las deficiencias en su aplicación, pero también por el éxito de Rusia en la construcción de una red de buques, como el Astro Sculptor, para transportar su petróleo, fuera del alcance del G7. “El mercado mundial del crudo, que había llegado a ser muy eficiente y consistente a nivel mundial, se está bifurcando ahora en dos polos, uno de los cuales es la flota en la sombra y el otro son los buenos”. 

La presidencia de la COP28, la cumbre del clima que se celebra en Dubái, presentó una propuesta de acuerdo que plantea “reducir” progresivamente el uso y consumo de combustibles fósiles. Esta alusión a la reducción y no la eliminación despertó las críticas de ministros presentes en la cumbre y de grupos ecologistas, que piden más ambición. La Unión Europea rechazó que el borrador no fije una senda clara para la eliminación progresiva de las energías contaminantes en el corto y el medio plazo. António Guterres, secretario general de la ONU, llamó a los negociadores a alcanzar “un consenso sobre la necesidad de eliminar gradualmente los combustibles fósiles”. La presidencia, en manos de Emiratos Árabes Unidos como anfitrión, plantea además “eliminar gradualmente los subsidios ineficientes” a derivados del petróleo, el gas y el carbón. Y recoge el objetivo de triplicar la capacidad de las energías renovables. La propuesta tiene que ser ahora estudiada por los casi 200 países que se reúnen en Dubái, donde las negociaciones están siendo duras y las posiciones realmente enfrentadas.

La Mesa Política de EH Bildu propuso ayer que el director de Programas de la coalición, Pello Otxandiano (Otxandio, 1983), sea el candidato a lehendakari en las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo año y cuya fecha está aún por decidir. Ingeniero de Telecomunicaciones, procede del núcleo duro de Sortu y se ha convertido en uno de los ideólogos del giro de timón de la coalición en materias como la industria, la energía o la educación. Con este movimiento, anunciado por el coordinador general de la coalición, Arnaldo Otegi, y que ahora tendrá que ser ratificado por las bases, EH Bildu redobla su estrategia de normalización institucional, apostando por un perfil joven, pragmático y menos vinculado al pasado de justificación de la violencia terrorista de la sigla. Esta es, de hecho, una de las principales causas que llevó a Otegi a echarse a un lado y no liderar la plancha abertzale. Eso sí, a sus 65 años, está decidido a seguir al frente de la coalición otro mandato más y aspira a la reelección en el congreso adelantado al próximo septiembre. EH Bildu rompe así los pronósticos, que apuntaban a una mujer para reforzar la vertiente feminista y a un perfil muy ligado a los movimientos sociales y no tanto a la disciplina partidista para competir directamente con Podemos e intentar así consumar el anhelado ‘sorpasso’ al PNV. De hecho, hace solo unos meses destacados miembros de EH Bildu reconocían en privado que «en este momento histórico» sus bases «no entenderían que no pusiéramos a una mujer».

El PNV ha apostado por una profunda renovación de sus listas de cara a las elecciones del año que viene, unas candidaturas que se concretarán en enero pero en las que no irá uno de los principales referentes jeltzales durante las últimas tres décadas. Joseba Egibar ha renunciado a seguir en el Parlamento. No será el único que no repita. Tampoco lo harán Iñigo Iturrate ni otros dirigentes que se presentaron en 2020, como Leixuri Arrizabalaga y Josu Erkoreka, que fueron ‘número uno’ y ‘dos’ por Bizkaia respectivamente. Se suman al adiós de Iñigo Urkullu. La composición de las candidaturas fue remitida este lunes por el Euzkadi buru batzar a sus bases. A partir de ahora se abre un proceso que culminará el 27 de enero con su aprobación definitiva en una Asamblea Nacional Extraordinaria. El listado desvelado ahora está ordenado por orden alfabético para no dar pistas sobre las preferencias del EBB y para no condicionar a los afiliados. Pero sí ofrece algunas señales. La marcha de Egibar supondrá la despedida de todo un referente del parlamentarismo vasco. Es, junto con el representante del PP Carmelo Barrio, el político que lleva más tiempo en el Legislativo autonómico, desde febrero de 1991. Entró cuando José Antonio Ardanza era lehendakari. Su discurso soberanista ha sido una de las principales marcas de la casa. La salida del que ha sido ‘tótem’ del partido en Gipuzkoa no supone, en todo caso, el fin del ‘egibarismo’. De hecho, en la plancha sigue María Eugenia Arrizabalaga –uno de los principales apoyos de Egibar y que fue segunda por este territorio hace cuatro años– y entra Markel Olano.

El ministerio francés de Educación va a lanzar un experimento a gran escala sobre el uso obligatorio del uniforme escolar en los colegios e institutos públicos galos antes de decidir si lo generaliza a nivel nacional. La medida tiene un triple objetivo: luchar contra la desigualdad social y el acoso escolar en los centros de enseñanza y fomentar la laicidad. El experimento comenzará en septiembre de 2024 en aquellas localidades que se hayan ofrecido voluntarias, aunque en los centros más motivados podrían arrancar ya esta misma primavera. El número de colegios que participarán será, en una primera fase, limitado, ya que la medida estará en parte financiada por el Estado. Tourcoing, Niza, Reims y Perpiñán serán las primeras localidades en probar el uniforme obligatorio en Francia. Los alumnos de las escuelas e institutos que participen en esta iniciativa recibirán cinco polos, dos jerseys y dos pantalones al inicio del curso escolar, aunque algunas localidades podrán decidir utilizar solo una parte del uniforme, por ejemplo, el polo y el jersey, pero no el pantalón. Algunas escuelas o institutos podrían también optar por llevar un escudo en el uniforme si así lo desean. El kit completo costará unos 200 euros, pero las familias no tendrán inicialmente que pagar nada, ya que se espera que el Estado pague una mitad y la otra corra a cargo del ayuntamiento, el departamento o la región voluntaria, reveló la cadena FranceInfo antes del anuncio oficial del ministerio de Educación. «El uso del uniforme en la escuela es una piedra en el edificio quizá, para una vuelta a los valores, al orden y al respeto en los centros escolares», deseó Arnaud Robinet, alcalde de Reims, localidad que comenzará en septiembre a aplicar esta medida.