20231227

El consejero de Transportes ratificó ayer que el objetivo sigue siendo «tener en marcha» el TAV para 2027. Sumen a eso que semanas atrás el propio Iñaki Arriola había puesto sobre la mesa otra previsión: la de que el nuevo acceso ferroviario a Bilbao, el ‘supertúnel’ que conectará Basauri y Abando, no estará listo antes de 2033. Las obras del TAV pueden dividirse en dos bloques. El primero es el trazado entre ciudades. La ejecución de la llamada ‘Y’ vasca avanza sin grandes sobresaltos de un tiempo a esta parte y empieza a verse luz al final del túnel: la previsión es que el ramal guipuzcoano quede finalizado el próximo febrero. En Bizkaia y Álava faltan por culminarse 6 de los 19 tramos en los que se ha dividido el tajo. El que lleva a pensar a los gobiernos central y vasco que la infraestructura no estará lista hasta 2027 es el del ‘nudo’ de Bergara. El segundo bloque son los accesos y las estaciones de Bilbao y Vitoria, de los que aún no existe ni un proyecto definitivo. Cuestionado por los largos plazos que se manejan en un proyecto que, no lo olvidemos, empezó a ejecutarse hace 17 años, Arriola defendió ayer en Radio Euskadi que la del TAV es una obra «complejísima» que ha soportado «muchos cambios», especialmente en lo que concierne a su integración en Abando y la estación vitoriana de Dato. Por eso, vino a decir el consejero, van más retrasadas que el resto de las labores. Bastante más explícito fue hace unos días el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente. «Más rápido no podemos ir», dijo en el Congreso.

La emancipación juvenil es un problema de primer orden. Los vascos se van de casa de sus padres rozando la treintena, tres años más tarde que en el resto de Europa. Según datos del Gobierno vasco, los jóvenes dedican más de la mitad de su salario a pagar las cuotas de la hipoteca o del alquiler de una vivienda en el mercado libre. Con el propósito de rebajar la edad de emancipación, y así atajar la crisis demográfica, el Ejecutivo autonómico aprobó ayer el plan Emantzipa, que contempla una línea de ayudas de 300 euros al mes para jóvenes de 25 a 29 años (ambos incluidos) que quieran comprar o alquilar un piso en el mercado libre. El plazo para solicitar esta prestación abrirá el 20 de febrero, después de que se apruebe definitivamente el decreto, y la podrán recibir hasta tres personas por domicilio, siempre que residan en él de forma permanente. Desde el Gobierno vasco aclaran que, aunque en un principio estaba previsto que la ayuda se redujera conforme aumentara el número de personas que residen en la vivienda, finalmente no será así. La versión definitiva de la norma establece una cuantía fija de 300 euros para todo aquel que reciba esta subvención. Los jóvenes que la soliciten deberán cumplir una serie de requisitos. Para empezar, será obligatorio que la renta anual del solicitante oscile entre los 3.000 y los 28.000 euros. En el caso de que este tribute de manera conjunta, sus ingresos pueden ascender a 34.000. Con el fin de establecer un control, la administración autonómica tendrá en cuenta las ganancias obtenidas durante el año anterior a la fecha de la solicitud y computará «los rendimientos del trabajo, de actividades económicas, del capital mobiliario e inmobiliario, las ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de rentas, así como la suma de las posibles rentas exentas». El tiempo máximo durante el que se podrá disfrutar de esta línea de ayudas es de dos años, aunque quedará sin efecto si en ese tiempo el beneficiario cumple los 30 años o se incumple algún requisito.

El PNV pidió ayer al Gobierno central que active los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) regionales de los fondos europeos. Los jeltzales registraron una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que se debatirá en la sesión plenaria. Esa activación supondrá poner en marcha «la capacidad de gestión» de las comunidades autónomas para que puedan utilizar parte de los fondos europeos y así apoyar a las empresas en los procesos de transformación. A juicio del PNV, existe «un riesgo evidente de que se queden fondos sin ejecutar si la fórmula de gobernanza no varía». El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que en conjunto podrá movilizar en torno a 162.500 millones en el periodo 2021-2026, presenta «debilidades», según los jeltzales, porque «no han contado con las comunidades y eso ha imposibilitado en parte su ejecución». El Grupo Vasco alertó de que el método de gestión centralizado es un «embudo» y que, de los 24.496 millones, quedan por ejecutar 18.141 millones en los próximos tres años. El PNV recalcó que las comunidades son quienes mejor conocen su ecosistema industrial y tecnológico y pueden identificar mejor «proyectos tractores en sectores estratégicos e innovadores para lograr que sean realmente transformadores».

El Tribunal de Cuentas propina un varapalo al Gobierno que se suma a las críticas de otras instituciones sobre la opacidad con los fondos europeos. En su Informe de Fiscalización de las medidas Administración sobre la implantación del Plan de Recuperación y Resiliencia, remitido esta semana a Las Cortes, reclama más transparencia. «No hay datos publicados que permitan tener un conocimiento de los fondos que llegan a los destinatarios finales», asegura el Tribunal de Cuentas, a pesar de los informes de ejecución que presenta en Las Cortes la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, publicados la página web habilitada en Moncloa al efecto. «Los informes de ejecución publicados en la página web para exponer los avances del PRTR proporcionan información en términos excesivamente generales sobre el estado de implementación de las inversiones y reformas, sobre los principales instrumentos de distribución de los fondos del Plan (licitaciones, subvenciones y PERTE), así como sobre la gestión presupuestaria efectuada por el Estado y la asignación de fondos a las comunidades autónomas, lo que no facilita el seguimiento adecuado y completo de los avances en la ejecución del Plan ni permite ofrecer una visión precisa de su grado de cumplimiento», reprocha el organismo fiscalizador. Esta institución –que preside Enriqueta Chicano a propuesta del PSOE– se une así a críticas ya realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el Banco de España sobre la falta de información de la verdadera ejecución de los fondos y su llegada a la economía real. Moncloa se remite a lo que publica en su página web sobre el plan, pero, según el Tribunal de Cuentas, ésta «no proporciona, de forma directa, información sobre el cumplimiento de hitos y objetivos, ni sobre el estado de implementación de las inversiones y reformas, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno».

La economía vasca crece con una velocidad insuficiente para hacer frente al ritmo con que sube el gasto de las pensiones. El inicio de la retirada laboral de la generación del ‘baby boom’ y la reforma del sistema de cotizaciones con su esquema de revalorizaciones está dando síntomas en Euskadi de una tensión para el sostenimiento que se ha agravado más aún desde la pandemia. Y es que en los últimos tres años el PIB vasco ha crecido un 8,21%, hasta los 80.698 millones previstos para este ejercicio y tras digerir el agujero que supuso el confinamiento. En cambio, la nómina de las pensiones contributivas vascas se ha disparado en el mismo plazo de tiempo el 23,3% hasta el alcanzar el techo histórico de 11.841 millones en 2023. A las advertencias del Banco de España y de las instituciones comunitarias se sumaron ayer las cifras del Ministerio de Seguridad Social. Esos 11.841 millones es el montante que resulta de las 14 pagas que con una media de 1.457 euros cobran los pensionistas vascos y que es la más alta de España. Es también un 10,4% más que el año pasado y se debe, principalmente, a la revalorización del 8,5% establecida por el Gobierno central para tratar de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas en plena escalada de la inflación. Pero hay otros factores que hacen saltar las alarmas. Y es que las jubilaciones, que consumieron el 75% del total gastado en Euskadi con 8.961 millones, han incrementado sus titulares en 18.049 personas desde 2019, un 5% más. Es una tasa de crecimiento que multiplica por 1,5 la de los afiliados a la Seguridad Social, que desde diciembre de 2019 ha subido el 3,2% hasta llegar a 1,01 millones de vascos. El récord alcanzado este año no absorbe el incremento de la nómina vasca de las pensiones. El porcentaje que se destinaba hace tres años a los jubilados era mucho menor, un 66% de todo el gasto en estas coberturas.

Unai Rementeria ha abandonado su plaza como funcionario en la sociedad foral Azpiegiturak para convertirse en el nuevo presidente de Elkarkidetza, la entidad de previsión social voluntaria que se ofrece a funcionarios forales y municipales para que complementen sus futuras pensiones. Se trata de un cargo de designación política al que el ex diputado general llega a propuesta del nuevo Gobierno vizcaíno que lidera su sucesora, Elixabete Etxanobe. Tras ocho años al frente de la Diputación y otros dos como portavoz de la institución, Rementeria anunció que no se iba a presentar a la reelección en las elecciones forales celebradas el pasado mes de mayo. Cedió la makila a Etxanobe y abandonó la primera línea política para volver a sus labores como letrado de la administración vizcaína, en el puesto que ocupaba antes de ostentar cargos públicos. Reingresó en Azpiegiturak en septiembre, y apenas un mes después el Consejo de Gobierno del Ejecutivo vizcaíno puso su nombre sobre la mesa para sustituir al frente de Elkarkidetza a Karmelo Sainz de la Maza, exalcalde de Leioa y expresidente de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), que se jubila tras algo más de una década en el cargo. La Diputación destacó el «buen hacer, la plena confianza y la validez» de Rementeria para explicar su elección. Fue la junta directiva de la EPSV la que nombró definitivamente al exdiputado general como nuevo presidente el mes pasado. 

El consejo de administración de Lanbide aprobó ayer la convocatoria de cuatro programas de apoyo al empleo para el año 2024, dotados con 49,5 millones de euros. Estas iniciativas están contempladas en los presupuestos vascos ratificados la pasada semana, por lo que su aprobación persigue que «estén disponibles desde el principio del ejercicio presupuestario». El Consejo ha dado luz verde en sus dos últimas reuniones a la convocatoria dotada con hasta 30 millones procedentes del Fondo Social Europeo. Podrán seleccionarse programas que incluyan itinerarios de inserción para desempleados, medidas para la retención del talento, apoyo inicial y para la consolidación del autoempleo y la creación de empresas, e itinerarios de inserción sociolaboral para personas vulnerables y para jóvenes «más alejados» del mercado laboral. También se ha ratificado destinar 7,5 millones para la realización de acciones formativas de competencias profesionales en nuevos nichos de empleo. Están dirigidas de forma preferente a desempleados para que adquieran y mejoren competencias digitales, al ámbito de los cuidados a las personas, la transición energética-ecológica, así como al de la economía creativa. Además, tendrán consideración prioritaria los parados de larga duración. También se pone en marcha la convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos singulares de inserción e innovación sociolaboral con 7 millones. Finalmente, se ha aprobado la convocatoria de ayudas destinadas a la financiación de acciones formativas con compromiso de contratación para personas desempleadas en general, y de mujeres y hombres en ámbitos masculinizados y feminizados, el programa denominado Morrokotudak. Está dotada con un montante total de 5 millones de euros.

Las grandes empresas están acordando subidas salariales significativas, de hasta dos dígitos a varios años, después de la pandemia y de la escalada de la inflación del último año y medio. Los convenios firmados en 2022 y, sobre todo, los de 2023 implican una notable recuperación del poder adquisitivo. La patronal del gran comercio, Anged, acordó un alza de los salarios del 17% en cuatro años para 260.000 empleados. En los tres mayores bancos (Santander, BBVA y CaixaBank), los sueldos se han incrementado entre un 15% y un 30% desde la pandemia. Mercadona ha subido salarios un 18,7% en tres años, en línea con Inditex. Telefónica, Orange, Vodafone, MásMóvil y Digi han acordado subidas de entre el 3% y el 8% anual. Iberia firmó con sus pilotos un alza del 12% en cuatro ejercicios. Y Repsol elevó un 9,4% la remuneración media de sus empleados en un año. Las grandes empresas han comenzado a compensar a sus trabajadores con subidas salariales significativas tras el parón de la pandemia y la escalada inflacionista que empezó a mediados de 2021. Los nuevos convenios firmados en 2022 y, sobre todo, en 2023 recogen aumentos —algunos de hasta dos dígitos para los próximos ejercicios— impensables hace apenas dos años. 

El sector de la construcción fue el primero en acordar una subida de dos dígitos, en 2022. Entonces, sindicatos y patronal pactaron un alza del 10% hasta 2024, repartida en un 4% para 2022 y un 3% los dos años sucesivos. La mayoría de las grandes empresas, como ACS, Ferrovial, Sacyr, OHLA o FCC, se acogen al acuerdo sectorial para el grueso de la plantilla de cuello azul (los llamados blue collar, que realizan tareas de base) e incluyen ciertas mejoras (ACS, a través de Dragados, ha pactado remuneraciones que suman un alza del 13,5% desde 2021 y hasta el año próximo). Pero la inflación pisa los talones. Solo en lo que se lleva de aplicación del convenio, la inflación ha crecido un 9,4%. La remuneración bruta anual recogida en el acuerdo se establece para 2023 entre los 18.457 euros de la categoría más baja a 21.420 euros para la mayor. Tomando, por ejemplo, los datos que aporta Ferrovial en sus memorias (referidos a 2022), su plantilla suma 2.408 personas en el área básica de construcción con una retribución media de 28.933 euros en España. ACS no ofrece datos segregados por países, y FCC trabaja en sectores muy diversos con una plantilla que solo en España está sujeta a 900 convenios diferentes. La Confederación Nacional de la Construcción recuerda que, más allá de la compensación salarial, su convenio fue el primero en recoger un plan de pensiones sectorial a nivel estatal.

Los vientos de cara a los que se enfrenta la economía no han arredrado a los tres gigantes españoles de la industria de componentes para automóviles, Gestamp, Antolin y Cie Automotive, que cerraron con paso firme los nueve primeros meses y apuntan a finalizar 2023 con resultados económicos históricos. Los tres grupos han mejorado sus resultados económicos en lo que va de año –los últimos datos disponibles son hasta noviembre– y van camino de superar con creces las cifras de 2022, que ya fue un buen año para Gestamp y Cie Automotive, aunque en menor medida para Antolin, que se vio afectado por el impacto sobre su negocio en Rusia de la guerra en Ucrania y por el deterioro en el valor de algunos de sus activos. En el seno de dichas empresas, aunque no lo muestran de puertas afuera, existe un ambiente optimista respecto al cierre de este año, que será récord, pese a las dificultades por las que atraviesa la economía global y el sector del automóvil en concreto. En el caso de Gestamp, la compañía confirmó en su última presentación de resultados trimestrales que logrará subidas de “doble dígito” tanto de facturación como de beneficio bruto de explotación (ebitda), mientras que Cie Automotive mejorará los resultados récord de 2022. Antolin, por su parte, está centrada al 100% en el desarrollo de su plan de transformación GOA, que contempla duplicar ebitda entre 2023 y 2026, hasta 600 millones, y alcanzar para esa fecha una facturación de 6.000 millones. Para este año, la firma burgalesa también estima crecer. En 2022, los tres gigantes de la industria española de componentes para automóviles hicieron frente a retos económicos significativos como la crisis de suministro de microchips, que provocó un desplome de la producción mundial de vehículos, así como la invasión rusa de Ucrania, que ocasionó cortes en la cadena logística. 

Los accidentes de tráfico derivados de fallos en los sistemas de conducción autónomos están suponiendo un escollo en el desarrollo de los coches sin conductor en EE UU, un país en el que ya hay estados que permiten la circulación de vehículos 100% autónomos. Uno de ellos es California, donde una persona fue atropellada el pasado 2 de octubre por un automóvil con conductor que se dio a la fuga. Por el golpe, la víctima quedó en medio de la trayectoria de un taxi sin conductor que, en vez de frenar o esquivarla, la arrastró durante más de seis metros. Este accidente ha supuesto un duro golpe para Cruise, la unidad de vehículos autónomos de General Motors, que ha despedido a nueve altos ejecutivos después de que se descubriera que ocultaron un vídeo clave del siniestro a los reguladores de California, según informó Bloomberg. Este no ha sido el único incidente en el que se ha visto inmerso Cruise, pero sí el que ha obligado a la compañía a suspender su actividad a poco más de un año de obtener el permiso para operar en California. También estaba presente en Texas y Arizona. La situación de Cruise no es una excepción en la industria del automóvil. Tesla, el principal fabricante de coches eléctricos del mundo y que lleva años prometiendo vehículos totalmente autónomos, se vio obligado este mes a llamar a revisión a dos millones de coches, que son prácticamente todos los Tesla que circulan por las carreteras estadounidenses.

El pasado 5 de diciembre, el mercado energético aún estaba digiriendo el acuerdo histórico firmado días antes entre Cepsa y Maersk para construir en Huelva la mayor fábrica de metanol de Europa, con una inversión récord de 1.000 millones, cuando Iberdrola anunció una megaalianza con Masdar, el fondo estatal de Abu Dabi, para coinvertir 15.000 millones en renovables e hidrógeno, todo un hito histórico de Iberdrola en la reconfiguración de sus aliados internacionales. Son solo dos ejemplos de la vorágine de movimientos que se han producido en torno a las energéticas españolas en 2023 y que, sin duda, tendrán sus secuelas en 2024 en una especie de terremoto que está cambiando al completo el mapa empresarial del sector. ¿Hidrógeno, eólicas, fotovoltaicas, coche eléctrico, biometano, combustibles SAF de nueva generación para aviones o autoconsumo solar? ¿Qué está provocando este Big Bang corporativo en el sector energético? En realidad no hay una sola causa, sino una combinación de todas ellas que se podrían resumir en dos palabras: transición ecológica. Este proceso, que ahora lo invade todo, se sabe cómo ha empezado: con la idea comúnmente aceptada de que hay que descarbonizar la economía si queremos salvar el planeta, pero que no se sabe cómo va a acabar. Es aquí donde arranca una carrera desenfrenada de todos contra todos para estar en primera línea y no perder el tren comercial, cuando llegue. Aunque eso signifique intentar colocarse el primero a golpe de codazos o dando pisotones al resto para anticiparse a los movimientos del rival.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió ayer un expediente sancionador contra Repsol por supuesto abuso de posición dominante en el mercado de los carburantes. El organismo considera que la petrolera podría haber «aprovechado su posición de dominio» para encarecer el precio que cobra a sus competidores por adquirir el carburante en el mercado mayorista para poder ofrecer elevados descuentos a sus clientes y «ganar cuota de mercado minorista en detrimento de ciertos competidores». El expediente llega un año después de que la CNMC registrara la sede de Repsol, pero también la de Cepsa y la de BP, tras una demanda presentada por Aesae, la asociación que agrupa a las gasolineras ‘low cost’. En cambio, ahora solo abre expediente a Repsol y deja fuera a las otras dos grandes petroleras del país. La compañía niega las presuntas irregularidades al «rechazar rotundamente» el expediente. «Repsol no tiene una posición de dominio en el mercado de carburantes español y cumple de forma estricta con la regulación en materia de competencia», indica la empresa. Destacan que la compañía ha hecho un «enorme esfuerzo» para ayudar a sus clientes con descuentos tras las subidas de precios derivados de la guerra en Ucrania, y cifran en 500 millones de euros la inversión destinada a descuentos en sus estaciones de servicio. «En definitiva, la CNMC ha abierto un expediente sancionador por una medida dirigida a favorecer a los consumidores», considera Repsol en un comunicado.

El Consejo de Ministros prorrogará hoy hasta el 30 de junio de 2024 la prohibición de despedir trabajadores por las consecuencias del crecimiento del coste de la energía a todas aquellas empresas que reciban ayudas públicas para hacer frente a este problema, según las fuentes gubernamentales consultadas. Así se regulará en el real decreto ley que, previsiblemente, aprobará hoy el Gobierno, para prorrogar parcialmente, y una vez más, la batería de medidas que aprobó por primera vez, en marzo de 2022, el Consejo de Ministros para hacer frente a las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Entre ellas, el crecimiento de la inflación, de los costes energéticos y de los precios de los alimentos. Es verdad que el borrador estaba sujeto ayer a los cambios de última hora entre los diferentes ministerios. En todo caso, las empresas, que reciban ayudas públicas no podrán esgrimir como causa objetiva para el despido de trabajadores el crecimiento de los costes energéticos. Ni tampoco cuando hayan hecho una suspensión de empleo o una reducción de jornada –un ERTE– en los doce meses anteriores al anuncio de la medida y hayan recibido fondos públicos. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa hará que tenga que devolver todas las ayudas recibidas. Con ello el Gobierno mantiene un esquema parecido en el despido al que puso en marcha a raíz de la pandemia del coronavirus de 2020.

El Consejo de Ministros prevé aprobar este miércoles la prórroga de parte de las medidas anticrisis puestas en marcha para combatir los efectos de la fuerte escalada de los precios. Varias de ellas, como la extensión de los descuentos en el IVA de los alimentos, están ya confirmadas. Otras, como la rebaja del IVA energético, seguían debatiéndose ayer. Sin embargo, la negociación entre el PSOE y Sumar se ha visto condicionada principalmente por el detalle de la extensión de los impuestos especiales sobre banca y, sobre todo, energéticas, según confirmaban ayer fuentes de los dos socios de Gobierno. A grandes rasgos, el partido liderado por Pedro Sánchez parece decantarse por introducir pequeños cambios que podrían rebajar la factura de dos figuras que recaudan, en conjunto, unos 2.900 millones de euros al año. La formación de Yolanda Díaz, por su parte, defiende mantenerlas intactas. La fórmula final, al igual que los detalles del conjunto del paquete, serán explicados mañana por el propio Sánchez. Las mayores diferencias de planteamiento en el que es el primer choque de la nueva coalición se dan en el futuro del impuesto energético. De un lado, la parte socialista sostenía en la negociación que se prolongó hasta ayer por la noche que el gravamen ha cumplido su función inicial. Por eso, una vez que la situación ha cambiado y ya no puede hablarse de beneficios extraordinarios, debería amoldarse su diseño para establecer nuevos incentivos a la inversión en renovables con los que animar a las grandes empresas a apostar en transición verde a cambio de rebajar su factura. Fuentes de Sumar rechazaban esta idea y explicaban que este cambio de criterio por parte del PSOE se debe a las presiones de gigantes del Ibex 35 como Repsol, Iberdrola, Endesa o Naturgy. Los socialistas, sin embargo, defendían un “ajuste” del impuesto dadas las diferencias entre el escenario actual y el que había hace un año y medio.

EH Bildu tiene muy claro que su estrategia de ‘normalización’ en la política española para eclipsar su pasado vinculado a la banda terrorista ETA –sigue sin condenar sus asesinatos, una línea roja para los socialistas vascos– pasa por redoblar su perfil social impulsando medidas que beneficien a las clases bajas. Ayer, la coalición abertzale anunció que ha pactado con el Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez extender otro año, hasta 2025, «la prohibición de los desahucios a personas vulnerables». Una medida que se incluirá en el decreto de ayudas anticrisis que en la mañana de hoy pretende aprobar el Consejo de Ministros en su última reunión del año. Este decreto, eso sí, debe ser posteriormente convalidado por el Congreso de los Diputados en el plazo de un mes y es aquí donde Sánchez necesita el apoyo de todos sus socios. Si uno se descuelga, no hay decreto. Es decir, que todas las medidas que negocien EH Bildu, Junts, ERC, Podemos o el PNV deben contar con un plácet unánime, de ahí que cada partido se apreste a ‘vender su libro’ con la aquiescencia de Moncloa. Ya se sabe que en política no vale con hacer, sino con ‘vender’ lo que uno hace. Esta es la clave de todo. Si Bildu ha podido hacer este anuncio, que seguro también pedía Podemos y Esquerra, es porque el presidente del Gobierno ha decidido darle una sustancial cuota de protagonismo al ser el primer grupo que lo hace y logra llevarse el eco mediático. 

Sigue en niveles históricamente bajos, pero ya acumula tres meses consecutivos de subidas hasta cerrar octubre en el 3,6%, según publicó ayer el Banco de España. 15 meses después del inicio de las alzas de tipos de interés marcadas por el BCE afloran los primeros síntomas de flaqueza financiera de familias y empresas, que acusan el repunte de los gastos financieros y la presión de la inflación. Eso sí, el golpe se mitiga con la fortaleza de la economía y el mercado laboral. Este movimiento al alza, aunque sea de forma tímida, se sigue muy de cerca en las altas esferas financieras. Entidades, supervisores y Gobierno monitorizan esta métrica al detalle, ya que se trata de uno de los mejores termómetros de cuando llegan los problemas económicos. De ahí que la pasada semana pactasen la ampliación del Código de Buenas Prácticas para cubrir a más hogares de los estragos del repunte de las cuotas hipotecarias. Sigue muy presente el recuerdo de la Gran Recesión, cuando se dispararon los impagos y los desahucios. Los créditos considerados como dudosos –los que se ha producido al menos un impago del principal o de los intereses en un periodo de más de 90 días– se situaron en los 42.379 millones de euros, casi 300 millones más que un mes antes. Eso sí, si se compara con octubre del año pasado, la situación ha mejorado: entonces la mora cerró el mes en el 3,77% y había 3.662,6 millones de euros más en créditos dudosos.

La economía de la eurozona registrará un crecimiento modesto el año que viene, a pesar de que los salarios aumentarán por encima de la inflación por primera vez en tres años, según una encuesta realizada por Financial Times a economistas. Casi dos tercios de los 48 economistas encuestados por FT creen que la eurozona ya está en recesión. “No creemos que sea una recesión en toda regla, sino que preferimos calificar la situación de estancamiento. Seguimos creyendo que en 2024 habrá una recuperación gradual en lugar de un mayor deterioro”, opina Paul Hollingsworth, economista jefe para Europa de BNP Paribas. La mayoría de los encuestados prevén que la contracción actual sea superficial y de corta duración y que el crecimiento vuelva a ser ligeramente positivo en el primer trimestre de 2024. Sin embargo, prevén que el próximo año el crecimiento será débil y advierten de que los elevados tipos de interés, las posibles turbulencias en el mercado energético y la inestabilidad geopolítica podrían provocar una recesión más profunda. Por término medio, los economistas encuestados prevén que la economía de la eurozona crezca algo más del 0,6% en 2024. La mayoría son más pesimistas que el Banco Central Europeo y el FMI, que prevén que el crecimiento sea del 0,8% y el 1,2% respectivamente. Varios economistas opinan que la elección de Donald Trump como presidente de EEUU por segunda vez y que Ucrania pierda la guerra contra Rusia podrían provocar que la eurozona registrara un crecimiento aún más débil. Vítor Constâncio, ex vicepresidente del BCE, opina que los grandes riesgos para Europa son una “recesión en Alemania o Italia y una victoria de Trump”.

El Brexit se ha convertido en el fantasma que recorre todas las salas del Reino Unido, y no deja de dar sustos a algunos de sus habitantes mientras otros —los políticos, principalmente— juegan a fingir que ya no existe. El Brexit está detrás de una inflación que ha tardado más en bajar que en el resto de Europa, o de una economía lánguida que aún no sabe si avanza o retrocede. Y sobre todo, detrás de un debate emponzoñado sobre la inmigración irregular y del empeño del Gobierno de Rishi Sunak por deportar a toda costa a Ruanda a los recién llegados. Han pasado ya tres años desde aquel 24 de diciembre de 2020 en el que Londres y Bruselas cerraron finalmente un Acuerdo de Comercio y Cooperación (ACC) que evitaba la salida a las bravas del Reino Unido de la Unión Europea. La incertidumbre del nuevo escenario no desapareció con una firma. Más bien al contrario. Casi dos de cada tres exportadores británicos denuncian lo complicado que se ha vuelto comerciar con la Unión Europea.