20250330

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, cree que la presión social y laboral va a obligar a los gobiernos a repensar la transición energética. Sobre el fin del motor de combustión, está convencido de que irá más allá de 2035 y denuncia que «se han tomado decisiones catastróficas». Por otra parte, lamenta el mensaje «injusto» que la reforma fiscal vasca lanza hacia la gran empresa. "...Creo en las instituciones y en los gobiernos y cuando no estoy de acuerdo con algo no soy de ir criticándolo por las trastiendas. Prefiero ser leal y transparente. Creo que incluso quienes lo promovieron entendieron nuestra posición y además han visto que se movilizaba la inversión en el sector energético...Hay que admitir que Junts actuó con valentía porque de lo contrario iba a salir beneficiado quien no invirtiese en España o no apostase por el empleo industrial e importase los carburantes por los puertos de Barcelona, Bilbao o Algeciras. Ellos no iban a pagar el impuesto. Hay que darse cuenta de que en los últimos quince años, de las 106 refinerías que había en Europa, han cerrado ya 26. En su demagogia y su populismo había quien apoyaba a quienes no crean empleos industriales y también quienes se dieron cuenta de la realidad. Hay que reconocerle a Junts, al PNV, al PP y a Vox que vieron el peligro y hay que agradecerles su posición. Nos jugábamos la industria frente al populismo...Hay decisiones que hemos adoptado que son catastróficas. No, no va a suceder, no se va a prohibir el motor de combustión, pero el daño que estamos haciendo a la industria de automoción es enorme y si se cambia el rumbo en 2030 el daño que habremos hecho también será enorme. Nuestra joya en ese sector hace quince años era el motor de combustión. ¿Dónde está ahora, qué hemos hecho en el camino? Se ha apostado con absoluta miopía por una tecnología unívoca, la movilidad eléctrica, que es parte de la solución pero no es la solución. La clase política está tomando decisiones sobre las tecnologías sin ningún fundamento científico. Claro que hay que hacer una transición energética, eso nadie lo duda, pero debe ser inteligente. Hoy, un motor de combustión con un combustible renovable tiene menos emisiones en su ciclo de vida que un vehículo eléctrico...¿Retardista? Alguien tiene que explicarle a los trabajadores del sector del automóvil por qué está en juego su empleo. Necesitamos centrarnos más en los datos, en las matemáticas, medir las emisiones de CO2 en todo el ciclo de vida de cada cosa..."

Continuación de la entrevista con Josu Jon Imaz. "El de los hidrocarburos es un sector en transformación pero pujante. Petronor ha invertido 1.900 millones de euros en 14 años. ¿Cuántas empresas en Euskadi han invertido tanto? De no haberlo hecho estaríamos pensando en su desaparición. En estos 14 años Francia ha pasado de 12 refinerías a 6; en Italia de 14 a 7, mientras Petronor sigue funcionando y compitiendo. Ahora tenemos un proyecto de futuro con los combustibles sintéticos, que es uno de los dos únicos proyectos que existen en Europa con esta tecnología. Y este año anunciaremos inversiones importantes en producción de hidrógeno. – La reforma fiscal que se ha anunciado en Euskadi, al menos el relato que la ha rodeado, supone demonizar a la gran empresa. – Y es un mensaje injusto. Los territorios compiten para atraer inversión y talento. Y competir significa que en una mesa, en otra parte del mundo, gente responsable que gestiona el fondo de pensiones de, por ejemplo, los maestros de Ontario, tiene que elegirte por tus buenas condiciones de competitividad. Tenemos que priorizar la competitividad. Y esto va mas allá de una norma foral...Por ejemplo, hay que valorizar el papel del empresario, porque ETA nos ha hecho mucho daño. Hay que poner todas las políticas públicas en la tarea de superar esto. Hay que apostar por el empresario, por la gente que asume riesgos e invierte y obtiene un beneficio legítimo...Está bien la letra pequeña, pero los mensajes que se lanzan son muy importantes. Y aquí hay algunos que no han sido adecuados. No podemos decir que penalizamos a una empresa por ser más grande. ¿Queremos que las empresas crezcan o no? Además hay un concepto nocivo que es el del beneficio extraordinario. ¿Qué queremos, empresas planas que no quieran ganar más que el año anterior porque las penalizamos, que no crezcan y creen empleo o no se internacionalicen? Creo que no era ese el camino… pues no mandemos esas señales". 

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha criticado que "Confebask parece no entender que todos y todas pagamos impuestos y que son necesarios los recursos también para mantener las empresas aquí, financiar el fondo 'Finkatuz' y evitar el desarraigo de Talgo", en relación al reciente acuerdo en materia fiscal alcanzado entre PSE, PNV y Podemos, que, ha dicho, "ha dejado fuera de juego al PP y EH Bildu". El máximo dirigente del PSE-EE ha censurado que "los que más tienen no entienden que tienen que poner un poco más, para poder tener recursos públicos y garantizar un empleo estable y de calidad". "Los millones que ponen las instituciones no vienen del aire, sino que salen del bolsillo de todos y todas", ha añadido. "Los impuestos son necesarios para crear un clima económico favorable, mantener la cohesión social, contar con un transporte limpio, tener las infraestructuras adecuadas, crear empleo, cuidar a nuestros mayores y de nuestros jóvenes, para progresar juntos", ha promulgado sobre la revisión fiscal. Andueza ha incidido en que se trata de "una reforma fiscal progresista, que identifica a una mayoría social, apuesta por mantener unos servicios públicos de calidad y da respuesta a necesidades como la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres, el empleo digno, la demanda de una vivienda más barata, el emprendimiento o la protección del medio ambiente", dentro de una modificación fiscal que "favorece una mayor progresividad, pensando en la mayoría". "Esta es la reforma fiscal que quería el Partido Socialista y con la que se identifica una mayoría social de este país, ya que está pensada para el conjunto de la ciudadanía vasca", ha destacado.

Entrevista con Loli García, secretaria general de CCOO Euskadi. "Nosotros no vamos a cejar en el intento. No es la primera vez que Confebask da un portazo a alguna iniciativa de este tipo, pero en todo caso Confebask está actuando con una irresponsabilidad total y brutal, porque dentro de sus competencias y de sus funciones la materia que pretendíamos abordar es de las más básicas y no sentarse siquiera a abrir un espacio de negociación es una irresponsabilidad brutal. Igual hay que empezar a plantear para qué sirve la patronal en este país, ¿no? No sé muy bien para qué necesitamos una patronal así, más allá de para que estén todo el día llorando por todas las esquinas...Cerrando esta vía, Confebask lo que está haciendo es abrir vías al conflicto. Nosotros vamos a reclamarle que tiene que sentarse y esto lo haremos en todos los sitios habidos y por haber. Nos va a tocar pelear en cada sector una vez que se sigan abriendo los convenios...El Gobierno vasco no puede seguir manteniendo la misma actitud con la patronal que la que tenía antes de esto. Tiene que ponerlo en entredicho, la negativa de Confebask a sentarse a negociar siendo una de sus principales funciones tiene que pasarle factura...

"No puede ser que la saturación de la red eléctrica en Euskadi cortocircuite proyectos de inversión". El mensaje de hace unos días del lehendakari, Imanol Pradales, sonó a urgencia, una voz de alarma que ha sido muy bien recibida en el sector industrial, preocupado en los últimos años por el cuello de botella que están generando las actuales redes eléctricas en la transición energética. Pradales fue directo y señaló al Gobierno español, de quienes todos están esperando un movimiento que está tardando: el cambio regulatorio que permita la inversión necesaria para su ampliación. "Debe implicarse para aumentar la capacidad de la red eléctrica vasca. Debe hacerlo desbloqueando las capacidades que hoy están latentes; es decir, activando los megavatios ya disponibles e invirtiendo decididamente en las redes de transporte y distribución con mayor potencia", apuntó Pradales. El diagnóstico está hecho: hay un cambio de ciclo, entramos en la era de la electrificación y esto tiene reflejo en las solicitudes de conexión a la red eléctrica por parte de las industrias. En los últimos años, en Euskadi, el número de peticiones de conexión se ha multiplicado por ocho y la potencia que demanda cada conexión lo ha hecho por tres. "El reto es de tal magnitud que la demanda de conexión reciente equivale al histórico de capacidad conectada", explica Javier Arriola, director de la Región Norte de i-DE, la empresa de distribución de Iberdrola.

El director general del cluster de la energía, Jose Ignacio Hormaeche, espera que el Gobierno español actúe pronto porque hace falta multiplicar por tres la inversión anual en redes. "Desde hace dos o tres años, muchas industrias que quieren descarbonizar sus consumos y cambiar a la electricidad están aumentando las peticiones de aumento de potencia. Y esto está generando un cuello de botella en la adjudicación porque la red actual no puede dar respuesta. El dato que quizá más nos llama la atención es que, en los últimos dos años, ha habido peticiones de incremento del 20% sobre la potencia actualmente contratada...Hace falta una mayor inversión. Se necesita reforzar las redes físicamente, es decir, más red, más cables de alta tensión, más subestaciones, y también redoblar el esfuerzo en la digitalización de esa red. Hace falta un volumen de inversión muy superior al que se está haciendo...El Gobierno de España, que es el que tiene la competencia, marcó hace unos años un techo de inversión que pueden hacer las empresas eléctricas, tanto en transporte como en distribución. Por lo tanto, las empresas, aunque tengan la capacidad financiera, tengan los planes y los proyectos para hacerlo, no pueden sobrepasar ese límite. Es el primer obstáculo. Y el segundo tiene que ver con lo que llamamos el regulador, que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Las empresas eléctricas, distribuidoras fundamentalmente, están pidiendo un retorno de la inversión para cubrir los costes...Nos jugamos mantener o incluso incrementar ese PIB industrial que tenemos. Para que la industria siga en Euskadi y siga siendo competitiva a la vez que se descarboniza necesita tener acceso a la red. La futura consolidación y crecimiento de la actividad industrial en Euskadi está condicionada a que nuestras redes eléctricas estén suficientemente dimensionadas. Un factor de competencia para retener y para atraer industria va a ser la capacidad de conexión a la red. Un país, para atraer industria, tiene que ser atractivo y cada mes que no se actúa causa incertidumbre. Nos jugamos que las empresas vean que en otros lugares los tiempos de acceso a esa electricidad son más cortos que aquí y se vayan..."

Enagás avanza en sus planes para el desarrollo de la red troncal que distribuirá el hidrógeno verde generado en España y que se conectará con Europa para su exportación. Uno de los ramales de esos grandes hidroductos transcurrirá paralelo a la costa cantábrica cruzando Euskadi, donde, además, contempla un gran almacén. Se trata de un elemento «facilitador» para mantener el flujo del conducto de combustible y que tendrá una capacidad de 240 GWh y un coste previsto de 590 millones de euros. La fase de desarrollo abre ahora, según explican fuentes de Enagás a EL CORREO, la realización de los estudios de ingeniería para la red troncal y el sistema de almacenamiento. Unas tareas para las que el operador recibió el mes pasado 75,8 millones debido a que todo el proyecto ha sido considerado como de Interés Común (PCI) por la Comisión Europea. Así, toda la red recibirá 2.000 millones de Bruselas en los próximos años para avanzar en un recorrido de 2.600 kilómetros que atravesará 13 comunidades autónomas. La estructura se distribuye en el Eje 1 (cornisa cantábrica, valle del Ebro y la conexión Castellón-Murcia) y el Eje 2 (que une por la Vía de la Plata Puertollano y Gijón). Una infraestructura que conectará con Portugal a través de la conexión CelZa y con Francia por el H2MED. En lo referido al eje del cantábrico que afecta a Euskadi, en los próximos 18 meses se desarrollarán, junto a los estudios para perfilar el trazado y la ubicación del depósito, los contactos de Enagás con el Gobierno vasco y las entidades locales. El objetivo es agilizar las tramitaciones y la obtención de autorizaciones así como «involucrar con transparencia a la sociedad civil y consolidar la legitimidad social». La meta es 2027, cuando el plan fija el arranque de las inversiones para que la infraestructura comience a ser una realidad en 2030. Las inversiones para ese proyecto ascienden a 4.670 millones para la red en España y otros 2.135 para las conexiones internacionales.

Con 395 empresas asociadas y casi 26.000 trabajadores, la Fundación San Prudencio es uno de los mejores termómetros de la economía alavesa. Y su gerente, Esther Unceta-Barrenechea, no esconde que hace frío: «Cuando hay incertidumbre, la gente quiere que le pille con los bolsillos lo más llenos posible». Augura un descenso del gasto de los alaveses y, aunque reconoce que los jóvenes deberían cobrar mejor, les pide que sean «corresponsables» con sus empresas. Advierte de que la crisis del absentismo «va a ir a más» y pide más esfuerzos a Osakidetza para atender las bajas. "La Fundación es un punto de encuentro entre las empresas y los trabajadores. Tratamos de mejorar su calidad de vida poniendo a disposición de las empresas una serie de herramientas de forma mancomunada. Pymes y micropymes consiguen acceso a servicios de alto nivel y calidad que ellas individualmente no podrían. El buque insignia de la Fundación a día de hoy es la salud laboral –la física y la mental–, que es en lo que más estamos trabajando en los últimos años. Más si cabe después de la pandemia. Nosotros lanzamos el proyecto de PsicoLan, que puso en primer plano este asunto...En Álava estamos con la tormenta perfecta. Tenemos la población más envejecida de Europa, la menor tasa de natalidad, una media de edad en las empresas altísima... Tenemos un problema de retención de talento. Y a todo esto se suma la incertidumbre mundial: la guerra de aranceles, la guerra de Ucrania, Trump, Putin... El dinero es muy miedoso. Dentro de poco veremos en prensa cómo los niveles de ahorro empiezan a subir y se deja de gastar. Cuando hay incertidumbre, la gente quiere que le pille con los bolsillos lo más llenos posible...Las empresas tenemos que trabajar ahí para retener ese talento. Atraer a los jóvenes. Que les parezcamos interesantes. Cuidar la salud es importante. Supongo que se pueden hacer más cosas con el salario o los planes de promoción interna. Nosotros no podemos intervenir en eso, pero sí podemos dar ese marco de cuidados que una empresa debe ofrecer a sus trabajadores. ¿Considera, como el presidente de Kutxabank, que hay que pagar mejor a nuestros jóvenes?- Sí, probablemente las empresas tienen que esforzarse un poco más para retribuirles. Pero también tiene que haber un mayor compromiso por su parte. Hay jóvenes con mucho talento y ganas de trabajar que merecerían tener un salario mejor. Pero hay otros que no están haciendo honor al salario que se les paga. Se puede hacer un esfuerzo mayor, pero también los jóvenes tienen que ser más corresponsables con las necesidades de su empresa. Para la empresa es importante que pueda rentabilizar las inversiones que hace en su capital humano.- Antón Arriola también dijo hace unos días que el euskera es un «factor limitante» para atraer talento. ¿Está de acuerdo?- Lo que puedo decir aquí es alguna cuestión que he oído de grandes empresas. Hay algunas que tienen dificultades para atraer talento de fuera porque no hay colegios internacionales donde sus hijos puedan estudiar en inglés o alemán. Pero no creo que afecte a la pyme de forma generalizada. Quizás en la gran empresa es relevante, pero no en las pymes...Los datos de absentismo son terroríficos. Se han duplicado en los últimos años. Pero es que el problema va a ir a más. La curva es muy ascendente. Y eso es un problema de competitividad para las empresas y de salud para los trabajadores. Tiene que haber una dinamización desde las administraciones. No digo que las empresas no tengan que comprometerse, pero están en esa línea, preocupadas y quieren hacer cosas...2

La Fundación Novia Salcedo y el departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco han puesto en marcha una nueva edición de su programa ‘Reactivate’ para facilitar a los jóvenes el acceso a las empresas vascas. En esta ocasión se ofertan 146 becas remuneradas con una duración máxima de cinco meses y una dotación bruta de entre 869 y 1.200 euros mensuales, en función de si se hacen 25 horas semanales, que es el mínimo establecido, o el máximo de 35 horas. Este programa de ayudas, con el que el Ejecutivo autonómico y Novia Salcedo buscan «facilitar la inserción y la reactivación del empleo juvenil en Euskadi», está abierto a jóvenes entre 16 y 29 años. Estos deben estar en situación de desempleo o mejora de empleo, registrarse en Lanbide y tener estudios de grado universitario, ciclos formativos de FP o certificados de profesionalidad. Las becas se repartirán de forma equitativa entre los tres territorios –50% Bizkaia, 30% Gipuzkoa y 20% Álava– y las empresas asumen el compromiso de designar a una persona tutora que supervisará el correcto desarrollo de la práctica. La dotación está financiada en su totalidad si la compañía que se adhiere al programa es nueva y en un 80% si repite. A esta beca se le aplica una retención del 2% del IRPF y la cotización de la seguridad social vigente.

Josep Sánchez Llibre (Vilassar de Mar, Barcelona, 75 años) es presidente de Foment del Treball y vicepresidente de la CEOE desde 2018. "La fiscalidad en España es un campo de minas que atenta contra la productividad y la competitividad. La fiscalidad que supera el 50% es confiscatoria. Reclamamos que se suprima el impuesto sobre el patrimonio o que se ponga un tope a donaciones y sucesiones. Es mentira que el de patrimonio es un impuesto que solo lo pagan los ricos, porque lo paga la mayoría de la sociedad. Una reforma fiscal ahora parece que no es posible, pero si no somos capaces de convencer al PSOE de que aplique medidas que vayan en la buena dirección, quién sabe si algunas no las podría recoger Junts o el PNV, con el apoyo del PP...La reducción horaria a través de un proyecto de ley es una bomba de relojería para la economía española y para las empresas en general. Tal y como la ha planteado el Gobierno, condicionado por Sumar y Podemos, tiene un efecto negativo en el tejido productivo. Foment del Treball nunca ha estado en contra de reducir las jornada, si es dentro de la negociación entre empresarios y trabajadores. Pero estamos en total desacuerdo con que se implemente por ley. Ningún país de Europa va en esa dirección. Se tiene que buscar la flexiseguridad para implementar tramos horarios en cada sector, en función de lo que acuerden los empresarios con los trabajadores y los sindicatos. Las 37,5 horas es un grave error que obedece a un capricho electoral de Yolanda Díaz, pero a la práctica va a suponer una reducción de la productividad y una inflación del 8% de los costes en salarios...El discurso de Foment es humanista. Es importante no solo incrementar el salario mínimo interprofesional, sino todos los salarios. Las rentas del trabajo son más importantes que las rentas del capital. La economía va relativamente bien, pero la renta bruta individual está bastante por debajo de la media europea. La única manera de subir los salarios es incrementar la productividad. Al trabajador no le interesa trabajar menos para ganar lo mismo, sino trabajar lo mismo y ganar más..."

Han pasado dos meses desde que el decreto ómnibus que el Gobierno aprobó a finales de 2024 decayera en el Congreso de los Diputados ante la falta de apoyo de sus socios. El Ejecutivo consiguió enmendar en parte la sonada derrota parlamentaria gracias a un acuerdo con Junts. Un pacto que repescó solo una parte de las medidas aprobadas y dejó fuera otras con las que muchas empresas y particulares contaban y cuya ausencia en el Boletín Oficial del Estado empieza a causar estragos en varios sectores. El impacto se produce en áreas que son a menudo señaladas como estratégicas por el Ejecutivo como la industria pesada y el automóvil, que encadena tres meses sin ayudas a la compra del vehículo eléctrico, así como al sector de la vivienda y las empresas que atravesaron dificultades por el Covid o, más inmediatamente, con la Dana. El discurso del Ejecutivo no ha variado un ápice desde entonces. «Se trabaja para aprobar estas medidas tan pronto como sea posible», dicen todos y cada uno de los miembros del Gobierno cuando se les pregunta sobre este nuevo decreto económico, ahora en segundo plano de las prioridades económicas en pleno pulso arancelario y escalada de futura inversión en defensa. Una de las medidas que decayó con el decreto fue la extensión un año más de los descuentos por el acceso a la red a la industria electrointensiva, aquella para la que los costes de la factura eléctrica supone un volumen muy relevante en su producción. Este programa de ayudas permite a estas compañías ahorrarse un 80% de los peajes de acceso a la red de transporte y distribución de electricidad, lo que genera unos ahorros a lo largo del año cifrados en 180 millones.

Los riesgos geopolíticos proyectan consecuencias a lo largo y ancho del atlas. Tres minas extremeñas actualmente no explotadas lo evidencian, al haber entrado en la lista de proyectos estratégicos para la independencia de la UE. Tales son las paradojas del anunciado declive de la globalización, que una serie de decisiones tomadas en Pekín, Moscú, Washington y Bruselas tienen a Lalo, un vecino de 44 años de la pequeña población extremeña de Torrefresneda (Badajoz), ilusionado. La mina en la que trabaja haciendo labores de mantenimiento, que lleva parada dos años —ERE mediante—, ha sido designada como “estratégica” por la Comisión Europea. Dicho en otras palabras, Bruselas la considera fundamental para acabar con la dependencia exterior en materiales estratégicos, tan peligrosa en estos tiempos de transformación del orden mundial. En toda la Unión hay 47 proyectos que alcanzan esa condición. Siete están en España y, de las cinco minas (presentes o futuras) en el país, tres son extremeñas. Las explotaciones son la de Aguablanca, en la localidad de Monesterio (Badajoz), que pretende la reapertura de una mina de níquel, cobre y cobalto, entre otros, que lleva parada desde 2016; el proyecto de extracción de litio de la compañía Lithium Iberia en Cañaveral (Cáceres); y el del grupo P6 Metals de Iberian Resources Spain en Almoharín (Cáceres) para extraer wolframio. En este último trabaja Gonzalo Moreno, Lalo, uno de los pocos empleados que siguen en la mina desde que esta ejecutase un ERE en noviembre de 2023 y parase la producción. Hasta su cierre, era la única mina activa de toda la comunidad. Aunque cada uno de los proyectos tiene sus particularidades, todos tienen un punto en común: que, hoy, no se extrae ni un gramo de esos materiales tan preciados y urgentes para la autonomía europea. Los tres están aún pendientes de recibir las autorizaciones administrativas pertinentes y por delante tienen un trecho más o menos largo hasta estar operativas. 

Aragón, que recibirá 44.000 millones en inversiones, debe traducirlas en crecimiento y buscar un equilibrio en el consumo de recursos. Así son los megaproyectos que han convertido a esta región en la primera de España por captación de inversiones en 2024, con 40.000 millones de euros comprometidos. Una cuantía que se ha situado en 44.000 millones en los primeros meses de este año, según el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón (PP), y que supone un hito histórico. No hay más que comparar esas cifras (que se desembolsarán en varios años) con el conjunto de la riqueza que genera la autonomía: 46.673 millones de euros en 2023, el último dato del INE. “Aragón vive un momento espectacular que no debemos desaprovechar”, apoya su antecesor, Javier Lambán (PSOE). Gigantes empresariales como Amazon, Microsoft, Blackstone o Stellantis pretenden hacer de este territorio, de apenas 1,3 millones de habitantes, una de sus piezas clave para la economía del futuro: aquella que habla de monumentales centros de datos para almacenar la información digital y de gigafactorías de baterías para alimentar los coches eléctricos. En esta misión han puesto el foco igualmente otras empresas nacionales como Azora o Box2bit. Y algunas más planean grandes plantas de hidrógeno verde o de reciclado de baterías con las que potenciar la descarbonización, como el fondo danés CIP o las españolas Alkeymia o Refinasol. Todo empezó gracias a la energía renovable, que se convirtió en motor de desarrollo de la comunidad después del impulso logístico (con Inditex a la cabeza), en un territorio donde agricultura y ganadería (amén de la fábrica de coches de Stellantis y las industrias agroalimentaria, papelera y química) eran centrales en la economía. En parques eólicos la región contaba en 2024 con 5.700 megavatios de potencia instalada, siendo la segunda autonomía del país por generación (17% del total), por detrás de Castilla y León. Y desde 2019 es la que más crece, según Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica. Se ha multiplicado por 2,44 y hoy tiene proyectos en tramitación por 7.714 Mw.

Desde Bangkok hasta Johanesburgo y São Paulo, las calles están cada vez más llenas de coches compactos, crossovers y SUV baratos fabricados por empresas como Great Wall Motor, BYD, Chery y SAIC. La Administración de Trump protege a los tres grandes fabricantes de Estados Unidos (General Motors, Ford y Stellantis) de los rivales chinos con las nuevas barreras comerciales, y Canadá y la Unión Europea aplican aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en el país asiático. Mientras, los compradores de los mercados emergentes han recibido con los brazos abiertos los automóviles y camiones chinos, lo que supone una nueva amenaza para los fabricantes mundiales, ávidos de crecimiento. Oscar Mabuela, diseñador web de 29 años residente en Sudáfrica, es el tipo de cliente que los ejecutivos del sector automovilístico en ciudades lejanas como Detroit, Tokio y Wolfsburgo han codiciado durante mucho tiempo. Al buscar un coche nuevo este año consideró un Volkswagen Polo Hatchback, uno de los vehículos más vendidos del país, pero se echó atrás por miedo a ser víctima de un secuestro o robo. En su lugar, compró un SUV Haval Jolion Super Luxury de gasolina de un modelo reciente de Great Wall por 350.000 rands (19.300 dólares). Un Jolion nuevo de 1.5 litros parte de 25.000 dólares, inferior a los 27.500 de un VW Polo 1.0 equivalente. “La tecnología que en marcas conocidas son extras aquí lo tengo de serie”, explica Mabuela. No es el único que ha tomado esta decisión. Compradores como él han ayudado a los fabricantes de automóviles chinos a ganar cuota de mercado a una velocidad asombrosa. 

Hace una semana, el Gobierno francés vendía a los ciudadanos un producto de inversión impensable hace tres años: un fondo en el que los ciudadanos, a partir de 500 euros, podrán convertirse directamente en accionistas de las empresas que fabrican armas de guerra. Aunque los detalles están por definir, el hecho de hacer un llamamiento a los compatriotas para que inviertan en Defensa da una idea de cuál va a ser una de las prioridades en materia económica en los próximos años de Francia, potencia nuclear y uno de los países europeos que más ha defendido el rearme frente a la amenaza rusa. París quiere duplicar su gasto militar, hoy de 50.000 millones de euros, para que llegue a 100.000 millones en 2030. Esto en un contexto económico no muy favorable, con un PIB que crece tímidamente y un déficit disparado. La idea, además, es hacerlo sin subir impuestos ni debilitar el generoso modelo social francés, que se come el 65% del gasto presupuestario. Este ardor guerrero llega en un momento en el que Europa busca cómo pagar un rearme no visto en décadas. “Francia afronta dos retos. Uno es cómo va a financiar este ambicioso gasto en defensa con dinero público teniendo en cuenta las tensiones presupuestarias que ya tiene. El otro desafío es cómo inyectar inversión suficiente al sector privado para que las empresas que producen armas adecuen la oferta a la demanda exigida”, explica Tomasz Michalski, economista de la escuela de negocios HEC en París. El presidente francés, Emmanuel Macron, ya dijo en 2022 que el país entraba “en una economía de guerra”. 

En el territorio fronterizo entre las provincias de Sumi y de Kursk, entre Ucrania y Rusia, las copas de muchos árboles tienen telarañas gigantes de finos cables, parecidos a los hilos de pescar. En esta zona se está librando una de las batallas más cruentas de la guerra y es donde Rusia ha introducido con mayor fuerza tecnología que ha revolucionado la táctica militar este 2025: el uso masivo de drones bomba conectados al piloto mediante un cable de fibra óptica. Esta tecnología impide que la conexión de los aparatos sea interrumpida por dispositivos de lo que se conoce como “guerra electrónica”, es decir, con señales disruptivas de radiofrecuencia. En ambos bandos, multitud de vehículos y barreras de defensa incorporan estas antenas, que emiten señales de radiofrecuencia que cortan la conexión remota entre el piloto y el dron. La fibra óptica es inmune a esto. Su funcionamiento es ingenioso y sencillo: el dron lleva incorporado un carrete con el cable, que puede ser de 5 kilómetros a 25 kilómetros de longitud. Si durante el vuelo el cable se enreda en un obstáculo, como árboles, el vehículo continúa volando porque el carrete no deja de soltar cable, y este continúa conectado al piloto. Rusia empezó a incorporar estos drones de forma experimental hace un año, pero no ha sido hasta el pasado diciembre que el uso ha pasado a ser masivo. Ucrania se puso las pilas poco después, pero su nivel de producción sigue estando por detrás del enemigo. Su presencia se detecta en toda la línea de frente, pero ha sido sobre todo en Kursk donde está teniendo un papel fundamental para casi expulsar a las tropas ucranias de esta provincia rusa.

La Administración de Trump vive su propio escándalo terminado en gate e intenta minimizar su alcance. Es el Signalgate, el caso de las conversaciones de los altos cargos de la seguridad nacional en un grupo de la aplicación de mensajería Signal en el que se incluyó por error a un prominente periodista progresista —el director de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg— y donde trataron, pese al riesgo de filtración, los planes para bombardear posiciones de la guerrilla de los hutíes en Yemen el 15 de marzo. En el chat, creado por el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, estaban todos los pesos pesados de la Administración: el vicepresidente, J. D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la directora nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, entre otros. El caso pone de manifiesto la escasa experiencia en sus cargos del equipo de seguridad del republicano. “Estaba completamente convencido de que era una tomadura de pelo”, ha contado Goldberg al podcast del digital The Bulwark sobre su reacción al recibir la invitación enviada por error por Waltz para unirse al grupo. El chat era auténtico. Ante los ojos atónitos del reportero se iban revelando detalles que abren una ventana sobre cómo funcionan, interactúan y piensan los responsables de la seguridad nacional de Trump. Unos altos cargos escogidos no por su experiencia en el área —escasa o inexistente, en la gran mayoría de los casos—, sino sobre todo por su lealtad inquebrantable hacia el republicano y la disposición a ejecutar sus órdenes sin ningún tipo de reparo. Si además son fotogénicos, mejor.