20250710

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Los problemas ligados al mercado laboral son, ligeramente por delante de la vivienda, los más importantes de Euskadi, en opinión del 37% de los jóvenes vascos. Sin embargo, a nivel personal, de forma mayoritaria están satisfechos con su situación laboral. Siete de cada diez consideran que es buena, aunque, a la hora de hablar de salario, solo el 22% está «muy satisfecho». De hecho, el 32% tiene problemas para llegar a fin de mes y cuatro de cada diez se autoenmarcan en la clase social media-baja. Los datos los recoge el informe ‘Retratos de Juventud’, análisis que cada año publica el Observatorio Vasco de la Juventud en base a encuestas a residentes en el País Vasco de entre 18 y 30 años. La estabilidad (39%) y el horario (34%) son algunos de los ámbitos de su trabajo con los que están más contentos. «Euskadi es un país competitivo y referente en muchos sectores económicos y sociales. Para mantener ese liderazgo y sobre todo para hacer frente al reto demográfico, es importante que las personas jóvenes vean mejorados sus salarios», subrayó la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, que hizo ayer hincapié en que «hay que apelar al diálogo social sin líneas rojas para conseguir grandes acuerdos». Ocho de cada diez creen, en todo caso, que la situación económica es buena o muy buena, cuando hace diez años no llegaban a cuatro de cada diez. Los jóvenes puntúan su situación personal con un 7,2 sobre 10, muy superior a la valoración que hacen de Euskadi (6,2) y de España (5,2). Ver informe completo aquí. 

El Gobierno vasco activó en tiempo récord un plan financiero para prestar con recursos público-privados otros 75 millones a Talgo. Así lo señalan fuentes conocedoras de los contactos, que describen la medida como una fórmula para compartir al 50% con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) el crédito de 150 millones que requiere el fabricante de trenes para afrontar la refinanciación de una deuda que supera los 400 millones y que está agravada por la sanción de Renfe de 116 millones tras los retrasos en los trenes Avril. Esa fue la respuesta que el Ejecutivo de Pradales puso encima de la mesa ante las exigencias de la Sepi para cerrar el esquema financiero de Talgo. El organismo del Ministerio de Hacienda veía problemas legales en asumir en solitario la totalidad del préstamo y planteó esta alternativa, pero la participación pública en el crédito vasco tampoco convence a la Sepi por el riesgo de que pudiera entenderse como una ayuda de Estado. En la misma línea interpreta el efecto que puede provocar la diferencia en los tipos de interés, ya que el de la Sepi rondaba el 5% y el vasco el 7%. Un revés que provocó este martes que el PNV reclamara al Gobierno central «que deje de obstaculizar la operación» y le señalara como responsable si se truncaba la entrada de Jainaga en la compañía. La tramitación de ese préstamo convertible está poniendo a prueba las voluntades políticas generando en la parte vasca una sensación del «más dificil todavía» que genera hartazgo. La prolongación de los plazos, que en el mejor de los casos dejará para octubre la entrada de Jainaga en la empresa, afecta también a la marcha de la compañía, que sigue ahogada por los pedidos y sus vencimientos. Aunque el desgaste de las negociaciones pasa factura, las partes mantienen la confianza en llegar a una solución definitiva. Es el «optimismo» que mantiene el Gobierno vasco y en el que coinciden fuentes del entorno de Moncloa consultadas.

La incertidumbre que generan las amenazas arancelarias está afectando a Tubacex. Así lo reconoció esta semana su consejero delegado, Josu Imaz, en una reunión mantenida con analistas. Aunque Tubacex no sufre directamente la imposición de barreras comerciales en su negocio con Estados Unidos –donde cuenta con varias instalaciones productivas–, el sector sí se está contagiando por la incertidumbre. Lo que está llevando a posponer inversiones, especialmente en el sector del gas y el petróleo, lo que impacta directamente en el negocio de la compañía. Así lo recoge el analista de Renta 4, César Sánchez-Grande, que destaca que «ese entorno con menor demanda rebaja nuestras previsiones y empañará ligeramente un positivo 2025 ». Aun así, recuerda que la puesta en marcha de la planta de Abu Dabi compensará el impacto y contribuirá a mantener unos «resultados muy positivos». Desde la empresa también señalan que la propuesta fiscal presentada en Estados Unidos y el impulso al gas y la energía nuclear abren mercados importantes para Tubacex. A pesar de todo el mensaje no cayó bien en los mercados en los que la acción de Tubacex cerró ayer la sesión con 3,76 euros, con unas pérdidas del 5,76% que llegaron a alcanzar el 8% en las dos primeras horas de cotización. La situación de dificultad es global; de hecho Tubos Reunidos acaba de anunciar un ERTE sobre 848 trabajadores por la caída de pedidos.

El congreso anual de Mondragon ratificó ayer la buena salud del grupo cooperativo pese a la incertidumbre que se cierne sobre la economía por la guerra comercial y los aranceles del presidente de EE UU, Donald Trump. La cita encabezada en Vitoria por el presidente, Pello Rodríguez Zabaleta, no solo confirmó los buenos resultados de 2024 avanzados en febrero, sino que permitió adelantar que los cinco primeros meses de este ejercicio caminan por la misma senda «positiva», pese a las citadas dificultades del contexto global, en el que también juega el conglomerado con sede en Arrasate. Así, Mondragon Corporación alcanzó unas ventas de 11.213 millones el año pasado, según expuso su presidente, que cumple un año al frente del conglomerado tras relevar a Iñigo Ucín. Un incremento del 1,6% respecto al año anterior. Ello permitió a Pello Rodríguez Zabaleta sacar pecho y defender que «el ejercicio 2024 ha vuelto a demostrar la solidez y resiliencia de nuestro modelo cooperativo. En un entorno global marcado por la inestabilidad y la incertidumbre». Era, además, el segundo año desde la salida de la corporación de dos de sus principales empresas, Ulma y Orona, y se repite un balance satisfactorio para la firma. Grupo Mondragon crece también en empleo, con una plantilla de 70.085 personas y sus resultados agregados (beneficios) ascienden a 632 millones. Por último, las inversiones realizadas en 2024 llegaron a 376 millones y los recursos destinados a acciones de impacto social establecieron una nueva marca: más de 50 millones de euros destinados a un millar de entidades.  Además, adelantó que 2025 ha tenido un arranque bueno, con una evolución en los primeros cinco meses que «sigue siendo positiva», con unas ventas similares a las del año anterior y la generación de 636 nuevos empleos.

En el congreso celebrado en el Palacio Europa de Vitoria, la presidenta del cónclave, Leire Mugerza, realizó los descargos de gestión de la Comisión Permanente y del Consejo General. En lo que respecta a la evolución por áreas de negocio, en Distribución las ventas fueron de 6.193 millones de euros y unos resultados de 90,6 millones, con un Eroski que «consolida su etapa de solidez y crecimiento». Por su parte, en el área de Finanzas destacan el comportamiento de Laboral Kutxa, líder de su sector en términos de solvencia y con unos resultados de 275 millones de euros. Asimismo, Grupo Mondragon subrayó la positiva evolución de LagunAro EPSV en 2024. Con un avance significativo en la parte final del año, la rentabilidad de su cartera de inversiones fue del 7,94% y su fondo patrimonial asciende a 7.473 millones de euros. En el área Industrial, las cooperativas industriales de Mondragon cerraron 2024 con una facturación agregada de 5.020 millones, una plantilla media de 26.714 personas y unos resultados netos agregados de 267 millones de euros. Un año más, se confirma la proyección internacional de los negocios industriales con unas ventas en los mercados exteriores que representan el 73% con 104 implantaciones productivas en el extranjero en las que emplean a 9.512 personas.

CAF hizo público ayer el cierre de dos contratos en Francia por un valor superior a los 300 millones de euros. El pedido se basa en el suministro de 38 tranvías Urbos a la ciudad de Grenoble y el envío de 14 trenes regionales Coradia para la región de Borgoña-Franco Condado. El contrato con Grenoble se ha firmado entre el sindicato mixto de movilidad de la ciudad y CAF para que los tranvías de la empresa vasca vayan sustituyendo, de manera gradual y a partir de 2028, los tranvías que se encuentran en funcionamiento en esta ciudad de los Alpes franceses. La adjudicación de los 38 vehículos tiene opción de ampliarse con 9 tranvías Urbos adicionales y asienta las bases de la compañía ferroviaria en Francia (que ya cuenta con presencia en ciudades como Marsella o Montpellier). Según ha señalado la empresa en un comunicado, estos transportes serán fabricados en la planta que CAF tiene en Bagnères-de-Bigorre y tendrán capacidad para 281 pasajeros. El otro contrato, por el que la compañía suministrará 14 trenes regionales Coradia, deriva de los contratos vigentes entre CAF y Alstom (empresa que suministra parte de los equipos que CAF necesita en la planta de Reichshoffen, ubicada en Alsacia). Ver nota de CAF aquí. 

El Gobierno Vasco e Iberdrola han sellado una alianza estratégica para impulsar la tecnología cuántica en el sector. Este acuerdo, hecho público ayer, se enmarca en la estrategia Basque Quantum (BasQ) y permitirá a la empresa eléctrica tener acceso al superordenador IBM Quantum System Two, cuya instalación en un edificio de la zona de Lorea, en Donostia, está prevista a finales de este año. Ver nota Iberdrola aquí. 

Las precipitaciones más abundantes de lo normal y las temperaturas por encima de la media han generado «el caldo de cultivo perfecto» para que el hongo mildiu se haya convertido en una auténtica pesadilla para Rioja Alavesa. Este viejo conocido de la comarca tiñe las hojas, debilita las plantas y reduce la producción de uva, lo que está afectando a «casi la totalidad» de las explotaciones de la comarca. El Servicio de Viticultura y Enología de la Diputación reconoce en un informe que tendrá «una incidencia destacable que condicionará la producción y la vendimia este 2025». Los técnicos vaticinan que tendrá un «notable impacto económico» para un sector que ya vive una situación «compleja» vive pendiente de la amenaza de los aranceles de Trump. Los primeros focos del hongo se empezaron a detectar en mayo, pero la realización de tratamientos resultó «casi imposible» en algunas fincas por la humedad del terreno como consecuencia de las fuertes precipitaciones. «A principios de junio, las condiciones meteorológicas permitieron la generalización del proceso y en algunos casos se habían realizado ya en esas fechas cuatro tratamientos fitosanitarios, llegando a finales de junio con ocho manos aplicadas en muchos casos», explica el informe fechado anteayer martes. «Por este motivo, se puede afirmar que el nivel de afección por mildiu generará un notable impacto económico esta campaña, acrecentando una situación de por sí compleja para el sector vitivinícola de Rioja Alavesa», consideran los técnicos forales.

Ser estudiante de posgrado y pagar 55 euros al mes por vivir en Bilbao es posible, aunque parezca casi una utopía. Cada curso, 45 alumnos de máster y doctorado del campus de Bizkaia de la UPV/EHU participan en el programa ‘Jóvenes Solidarios’, que oferta alquileres a precios simbólicos en colaboración con el servicio de Viviendas Municipales del Ayuntamiento. A cambio, durante cuatro horas semanales participan –fuera del horario académico– en proyectos comunitarios de apoyo a colectivos vulnerables en los barrios de Otxarkoaga y Bilbao la Vieja, que es donde se ubican los pisos en los que residirán durante todo un curso académico. El plazo de inscripción para participar en el codiciado programa se abrió el 23 de junio y seguirá admitiendo solicitudes hasta el día 20 de este mes. Aquellos que accedan a estas viviendas dispondrán de una habitación individual un piso de tres o cuatro habitaciones, a compartir entre otros estudiantes que participen en el proyecto, acondicionados con cocina y mobiliario básico. La condición básica: tener un compromiso firme de colaboración en los proyectos sociales y fomentar la convivencia. «Buscamos a gente con implicación social y trayectoria en programas de voluntariado, más allá de ese interés en un alquiler muy por debajo del precio de mercado», explica Israel Alonso, director del Colegio Mayor Unamuno y responsable de alojamiento social del campus de Bizkaia.

El consenso con el que Teresa García-Milà (Barcelona, 70 años) ha llegado a la presidencia del Cercle d’Economia —ha sido la única candidatura para suceder a Jaume Guardiola— implica que la clase empresarial y la sociedad civil y académica interesada en la economía en Cataluña está unida. También en los temas clave, que García-Milà tiene claros: apuesta por la normalización política, necesidad de una reforma del sistema de financiación, foco en las infraestructuras y la vivienda, y rechazo a la opa del BBVA al Banco Sabadell. El reto de esta catedrática de Economía en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) es que las reivindicaciones de este think tank lleguen a los oídos adecuados. "- La semana que viene la comisión bilateral Estado-Generalitat tratará sobre el modelo de financiación. ¿Cómo se debe reformar? -La propuesta del Cercle es que sea un modelo federal. Que haya responsabilidad tanto en ingresos como en gastos. El modelo que hay ahora no funciona. La propuesta es un modelo en el que se compartan las bases fiscales de los diferentes niveles de gobierno, y que sobre estas bases cada uno haga su diseño fiscal y su recaudación. Sobre esta estructura puedes construir el modelo de solidaridad. Es similar al canadiense. No todas las comunidades están preparadas para recaudar, puede haber flexibilidad en este punto. Pero lo importante es que la estructura, las responsabilidades y la solidaridad estén bien definidas y sean transparentes...- ¿Qué piensa sobre la reducción de la jornada laboral, un tema en el que Junts es clave?-En este tema el Cercle no se ha posicionado, pero yo sí tengo una opinión crítica. Pienso que forzar esta reducción a las pequeñas y medianas empresas es problemático. Las grandes empresas ya tiene una jornada cercana a las 37,5 horas. Pero en las pymes se pueden crear distorsiones importantes..."

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) disminuye la probabilidad de trabajar un 12%, reduce en 0,6 días mensuales el trabajo en promedio y el incentivo al empleo, que permite compatibilizar trabajo y prestación, no corrige estos problemas. Son algunas de las conclusiones a las que ha llegado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que analiza cada año la primera prestación estatal para personas vulnerables. El diagnóstico de 2025, cuando se cumplen cinco años en vigor de la medida, dedica un amplio apartado al efecto del IMV en la participación laboral de los beneficiarios, un asunto que no había abordado en los análisis previos. Fuentes de la Seguridad Social consideran que este estudio del incentivo al empleo es “temprana” porque solo se dispone de cifras del primer año de aplicación (2023) y que “sería conveniente esperar a contar con más datos”. “Son resultados que no nos sorprenden”, dijo en rueda de prensa la presidenta, Cristina Herrero. “La literatura académica ya señala que las prestaciones de último recurso pueden afectar a la oferta de trabajo, al elevar el salario mínimo por el que una persona está dispuesta a aceptar un empleo”, explicó. Esa circunstancia conecta con los efectos positivos sobre el empleo que Herrero identifica en el IMV, pese a los problemas anteriores.

El Gobierno también permitirá a las víctimas de una fractura grave reincorporarse al trabajo a media jornada durante un máximo de 30 días. Además de otorgar más poder a las mutuas para que tengan más capacidad para dar altas (también en los procesos que se alarguen más de un año), la medida estrella de esta reforma que abandera la propia ministra Elma Saiz son las bautizadas como ‘altas progresivas’, es decir, permitir a los trabajadores una incorporación paulatina a la actividad y no de golpe; más concretamente a media jornada. Pero para ello los trabajadores deberán cumplir ciertos requisitos, como que lleven un mínimo de 180 días en situación de baja o que tengan un contrato a tiempo completo o bien a tiempo parcial pero con una jornada equivalente, al menos, al 80% de la jornada ordinaria. Así consta en el borrador de anteproyecto de ley de reforma de la prestación por incapacidad temporal. Podrán beneficiarse de estas altas progresivas tanto los trabajadores por cuenta ajena como autónomos. Las empresas pagarán la mitad del salario del trabajador y la Seguridad Social abonará el 50% de la prestación. 

La paciencia de la Comisión Europea en relación a la opa de BBVA sobre Sabadell se ha acabado. Bruselas ultima la apertura de un procedimiento de infracción a España por las condiciones adicionales impuestas por el Gobierno a la operación. La Comisión actuará tras valorar que estas restricciones vulneran la libre circulación de capitales recogida fundamentalmente en los artículos 63 a 66 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Según señalan fuentes comunitarias conocedoras del proceso, la intención es abrir el procedimiento “antes del parón veraniego” y no conciben un escenario en el que esto no ocurra. El Consejo de Ministros dio su autorización a la operación el pasado 24 de junio, pero impide a BBVA proceder a la fusión de los dos bancos durante los próximos tres años, con posibilidad de ampliar esa restricción por dos ejercicios más. Se trata de una posibilidad contemplada en la Ley de Defensa de la Competencia de 2007 y que en el Gobierno entienden que les da potestad para ir más allá de las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con el objetivo de velar por el interés general. Pero Bruselas no opina lo mismo. En la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales (FISMA, por sus siglas en inglés), se considera que España puede estar estirando demasiado el concepto del interés general.

El plan privado de carreteras que la ministra de Fomento socialista, Magdalena Álvarez, lanzó en 2006 toca a su fin y el proceso de reversión de los activos al Estado está generando una creciente división entre el Gobierno y los inversores que participan en las sociedades concesionarias encargadas de la gestión de estas carreteras. Se trata de 1.000 kilómetros de autovías de primera generación repartidos en diez contratos de concesión que pasarán a gestión pública en diciembre del año que viene tras 19 años en manos de empresas privadas. El Gobierno ha pedido a las concesionarias que devuelvan los activos con unos estándares de calidad considerados excesivos por las empresas. Calculan que cumplir con las exigencias del Ministerio de Óscar Puente supondría un sobrecoste de hasta 500 millones de euros en el peor de los casos, lo que equivaldría a situar el negocio al borde de la suspensión de pagos. “Estamos esperando el informe del Ministerio sobre el plan de reversión y las actuaciones sobre las carreteras, pero con la información que ya disponemos nos enfrentamos a un coste inaceptable”, aseguran desde una de las concesionarias que ya está trabajando con un despacho de abogados para defender sus intereses.

“Vengo a rendir cuentas, a dar explicaciones, a asumir mi responsabilidad, pero sobre todo vengo a proponer medidas para que algo así no vuelva a suceder”, aseveró ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al comparecer ante el Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados sobre el presunto caso de corrupción que afecta a su partido. Sánchez aseguró que ha sopesado dimitir, pero que opta por no “tirar la toalla” porque es un “político limpio” que lidera “un partido ejemplar”, y presentó una batería de medidas contra la corrupción que buscaba apaciguar a sus socios parlamentarios y salvar la legislatura. En un tono más crítico que nunca, sus aliados tradicionales le concedieron algo más de oxígeno, pero advirtieron de que si la corrupción escala le dejarán caer. “Es evidente que me equivoqué al confiar en José Luis Ábalos y Santos Cerdán”, dijo Sánchez sobre la investigación por cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obras abierta a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE. Sánchez aseguró sufrir una “honda decepción” con ellos y consigo mismo, por haberles elegido, y pidió “disculpas”. “Yo mismo me he planteado la dimisión, para mí y para mi familia sería lo más fácil”, llegó a manifestar Sánchez, pero luego concluyó que “tirar la toalla no es nunca una opción”. “No tengo ningún miedo a las elecciones, pero se tienen que convocar cuando tocan”, dijo, anticipando que busca agotar la legislatura en 2027. “Estoy aquí para recuperar la confianza de los grupos parlamentarios que apoyan el impulso que el Gobierno de coalición progresista hace de sus tareas ejecutivas, para despejar las dudas que pueden tener legítimamente los ciudadanos que sigan esta comparecencia, contando todo lo que sé y dando cuenta de lo que vamos a hacer para superar esta crisis”, expuso Sánchez. Acto seguido, el presidente propuso al Parlamento un Plan estatal de lucha contra la corrupción, dotado de 15 medidas que incluyen crear una agencia de vigilancia pública, usar inteligencia artificial para combatir el fraude, endurecer las penas para los corruptos, crear listas negras de empresas corruptoras o proteger a los denunciantes. 

Entre ese coro de voces tan heterogéneas y medianamente sincronizadas destacó el solo que entonó el PNV, el único que se salió de la partitura común al pasar a advertir al mandatario socialista de que su confianza va «camino de la UCI». A diferencia del resto de socios parlamentarios, que de una u otra forma aportaron a Sánchez un balón de oxígeno, los jeltzales quisieron exhibir perfil propio y hacer ver que la intervención del presidente fue poco menos que un cierre en falso y, además, tardío. Maribel Vaquero protagonizó una de las intervenciones más duras de la jornada al acusarle de soslayar su «responsabilidad ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’» con Cerdán y con su predecesor como secretario de Organización del PSOE, el exministro José Luis Ábalos: «Ha perdido la oportunidad de disipar dudas y de encapsular la crisis». La portavoz nacionalista le afeó que no respondiera a cuestiones clave como los motivos que le llevaron a destituir a Ábalos o en qué momento conoció las irregularidades de Cerdán. Y le avisó de que si no logra «perimetrar las actividades delictivas» para garantizar que no han afectado directamente al Gobierno o al PSOE y «armar una mayoría en torno a una propuesta», sólo le quedarán tres alternativas: una cuestión de confianza, opción «arriesgada» si no hace lo anterior; dimitir y dejar paso a otro candidato; o directamente convocar elecciones. Es la primera vez que el PNV verbaliza ‘motu proprio’ pasos tan extremos. Sánchez, en su réplica a Vaquero, admitió que la opción de renunciar se le pasó por la cabeza tras conocerse la existencia de la presunta trama corrupta, pero que decidió continuar y «asumir responsabilidades con medidas contundentes». Algunas de ellas las presentó ayer en el Congreso dentro de un plan estatal contra la corrupción, una iniciativa que el PNV se compromete a «estudiar detenidamente» pero de la que recela: «Esto no va sólo de más leyes y controles. La legislación no puede servir para sembrar la duda sobre todos los demás como tinta de chipirón y para tapar sus vergüenzas», le recriminó la portavoz jeltzale, instándole a reparar unas «goteras» que corresponden a «su tejado», no a «todo el vecindario».

La inestabilidad institucional en la que se ha instalado España en las últimas semanas tras el estallido de los casos de corrupción que cercan al actual Gobierno constituye un catalizador de incertidumbre para los principales determinantes de la actividad económica. Más aún en un momento en el que las previsiones macroeconómicas muestran cierta pérdida de impulso de los aires de cola que han jalonado el buen desempeño de los últimos años y en el que la constante amenaza de la guerra arancelaria acentúa toda sintomatología negativa. En su reciente revisión de proyecciones el Banco de España ya rebajó el crecimiento estimado para este año al 2,4% del PIB y espera que esta desaceleración se mantendrá en los dos próximos ejercicios (1,8% en 2026 y 1,7% en 2027). Pero especialmente sensible en el contexto de inestabilidad institucional es el indicador de la inversión. En el primer trimestre del año ya experimentó una fuerte pérdida de ritmo al crecer un 1,1% (2,4 puntos porcentuales menos que en el trimestre precedente) aunque, con los indicadores adelantados, el supervisor prevé una mejoría en los meses siguientes. Precisamente, es esta fragilidad de las inversiones la que puede estar en juego si se enquista la situación de inestabilidad, tal y como advierten los economistas y empresarios consultados después de que hace escasos días un análisis de S&P Global sobre el pulso de la economía nacional recogiera la crisis política interna como uno de los principales riesgos para las perspectivas económicas. “La incertidumbre política ha surgido como un posible factor adverso”, señalaban sus analistas.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, salió ayer en defensa de la clase empresarial ante los intentos de trasladar sobre estos la culpa de los casos de corrupción que han estallado en la cúpula del PSOE en las últimas semanas, bajo una presunta red de cobro de comisiones. Pide el máximo representante patronal no despositar “toda la culpa” sobre las empresas porque los que gestionan las normas “son muy responsables también de que las cosas pasen o no pasen”. “El corruptor es el que tiene el poder, y el que tiene el poder es el que lo gestiona. Hay canales, hay concursos, hay cosas que están, y hay unas normas. Yo creo que los que gestionan esas normas son muy responsables también de que las cosas pasen o no pasen”, aseveró en declaraciones a los medios durante un encuentro empresarial. Apuntaba Garamendi en el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba en el Congreso su pliego de medidas anticorrupción, que los responsables deben cumplir y responder ante lo que han hecho, “pero no se puede responder culpando de todo a las empresas porque si no, “cerramos el país”. “¿Es que cerramos todos los partidos políticos? Ya no pueden trabajar. ¿Cerramos el Parlamento? ¿Cerramos las instituciones que han hecho esos concursos? Es decir, no me vale tampoco que ahora queramos trasladar toda la culpa a las empresas”, insistía. El presidente de la CEOE pedía “erradicar” la corrupción porque desde el punto de vista empresarial es “dumping en estado puro”. Y aunque Garamendi indicó en ese momento que desconocía las medidas anunciadas por Sánchez, sí valoró positivamente que se hayan puesto sobre la mesa. Insistió, no en vano, en que la gente debe “asumir su responsabilidad”. 

Connect Europe, la principal asociación de operadores de telecomunicaciones de la UE, ha exigido a la Comisión Europea que derogue o simplifique el “mosaico” de los 34 conjuntos de obligaciones regulatorias que afectan a todo el recorrido de la relación comercial con sus usuarios, desde la adquisición del cliente hasta la prestación del servicio y, en última instancia, la desconexión. Para ello, pide que se eliminen directivas como las de la privacidad electrónica, y se armonicen otras como las que se refieren a los derechos de los abonados o la itinerancia de datos. Así consta en el informe Una agenda de simplificación para las telecomunicaciones europeas, elaborado con la consultora Arthur D. Little. La asociación —conocida hasta 2024 como ETNO y que está integrada por operadores como Telefónica, Deutsche Telekom, Orange, BT o Telecom Italia, entre otros— propone en el informe una agenda clara y viable destinada a simplificar la regulación de las telecomunicaciones, garantizar la igualdad de condiciones y avanzar hacia un mercado europeo verdaderamente unificado. De los 34 bloques de regulación, Arthur D. Little identifica al menos 12 obligaciones que se solapan entre las leyes sectoriales y las generales de consumo, y 16 obligaciones se clasifican como especialmente estrictas y específicas del sector de las telecomunicaciones. Esto genera, a su juicio, tres desafíos principales: exceso de regulación, condiciones de competencias desiguales y fragmentación del mercado. 

La rocambolesca andanada arancelaria a la que Trump viene sometiendo al mundo desde que hace tres meses decidió dinamitar la arquitectura multilateral del comercio internacional atraviesa esta semana sus jornadas más inverosímiles. Sin ningún rastro de los «90 acuerdos en 90 días» que prometió entonces –solo ha cerrado pactos con el Reino Unido y Vietnam–, el presidente de Estados Unidos se ha volcado estos días en remitir cartas a sus socios para notificarles las barreras aduaneras que entrarán en vigor el 1 de agosto si no acceden a priorizar las importaciones estadounidenses en su mercado. A cuentagotas y sin previo aviso, ayer fue el turno de países tan dispares como Iraq, Argelia o Moldavia, que deberán abonar tasas entre el 20% y el 30%. Todos tenían escaso peso en el comercio bilateral con EE UU, hasta que se hizo pública la misiva enviada a Brasil, donde se le comunican aranceles que alcanzan el 50%. Bruselas observa estos movimientos con cautela, consciente de que cualquier paso en falso puede dinamitar meses de negociaciones transatlánticas. Aunque Trump anunció el martes que la Comisión Europea recibiría «en un par de días» una de sus cartas arancelarias, el portavoz de Comercio, Olof Gill, aseguró que no espera ninguna misiva desde Washington. El Ejecutivo comunitario se aferra así a la posibilidad de alcanzar una «solución negociada» durante los próximos días.

Los negociadores de la UE se acercan a un acuerdo comercial con Donald Trump que consolidaría aranceles más altos que los concedidos a Reino Unido, un dividendo del Brexit que ha enfadado a algunas capitales europeas. Bruselas está dispuesta a firmar un acuerdo “marco” temporal que fije los aranceles “recíprocos” del presidente estadounidense en el 10% mientras continúan las conversaciones, igualando el impuesto básico aplicado a Reino Unido. Pero la UE no espera lograr el mismo acceso al mercado estadounidense que el acero, los automóviles y otros productos británicos sujetos a aranceles sectoriales, según seis diplomáticos al corriente de la cuestión. Trump, que defendió la decisión de Reino Unido en 2016 de abandonar el bloque, también exige aranceles del 17% a los productos agroalimentarios de la UE. “El acuerdo con Reino Unido fue mejor que esto”, señala un diplomático. “Es una sorpresa dado el tiempo que hemos negociado”. Cuando Londres alcanzó el primer acuerdo en mayo, los diplomáticos y funcionarios de la UE dejaron claro que creían que Londres se había lanzado a llegar a un acuerdo y había firmado términos desventajosos. Bruselas confiaba en que su mayor peso económico, como mayor bloque comercial del mundo, le daría con el tiempo influencia sobre la Casa Blanca. Pero ha dudado en tomar represalias contra las medidas estadounidenses.

El mandatario estadounidense sigue agitando el tablero de juego de la política comercial y los mercados. El último capítulo de su onda expansiva arancelaria recayó ayer en el cobre al anunciar una tasa del 50% sobre las importaciones de este metal a Estados Unidos, similar al que ya tienen el acero y el aluminio. Un gravamen, superior a la que esperaban las firmas de análisis, que disparó a máximos históricos la cotización del metal industrial en la Bolsa de Nueva York, Comex. “Hoy nos ocupamos del cobre”, apuntó Donald Trump en un nuevo pulso antes de que finalice la tregua extendida hasta el próximo 1 de agosto y sus socios comerciales respondan a las cartas enviadas en las que se establecen las tasas futuras, que el dirigente ha amenazado con publicar a través de su red social Truth. La respuesta directa se vio en la negociación de futuros del cobre en Nueva York, que el martes se dispararon un 13,2%, hasta los 5,69 dólares por libra [equivalente a 0,454 kilos], en la que es su mayor subida diaria desde 1969. Ayer los futuros en EE UU corrigieron cerca del 4% y en Londres se dejaron un 1,8%. La amenaza arancelaria sobrevolaba ya al metal industrial desde el pasado mes de febrero, cuando Trump adelantó que era “hora de que el cobre vuelva a casa” y deslizó la posibilidad de imponer gravámenes tras una investigación bajo la denominada Sección 232. Una advertencia que derivó en que durante los últimos meses inversores, mineras y empresas especializadas en el metal precioso hayan enviado volúmenes récord de cobre a EE UU para tratar de sortear la aplicación de la tasa que, según reconoció el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, podría estar en vigor a finales de julio o comienzos de agosto, y que provocó que la cotización del cobre en Nueva York tenga un comportamiento muy distinto a la de Londres en este tiempo.

Cuando Donald Trump fue metiendo varias marchas en su guerra arancelaria contra China a principios de este año, calentándose tanto que llegó a subir los gravámenes hasta el 145%, muchas empresas chinas se movieron rápido para sortear el muro comercial levantado por el republicano. La estrategia pasaba por seguir enviando enormes volúmenes de bienes a Estados Unidos, pero hacerlo a través de países del Sudeste Asiático menos golpeados por los aranceles, como era el caso de Vietnam e Indonesia. Los últimos datos públicos de aduanas desvelan que las exportaciones directas de China a EEUU se desplomaron en mayo un 43% interanual. En cambio, las exportaciones totales del gigante asiático aumentaron un 4,8% durante el mismo período, con una notable subida de un 15% en el comercio con los países de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) y un 12% con los compradores de la Unión Europea. «Las empresas chinas fueron muy rápidas al redirigir a puertos de transbordo las mercancías de origen chino con destino a los mercados occidentales, así como explotar nuevos mercados de Asia Central y África», asegura un exportador de Yiwu, uno de los principales centros comerciales del sur de China y hogar del mercado de productos básicos más grande del mundo. Las autoridades locales han informado que, en los primeros cinco meses de 2025, las exportaciones desde Yiwu aumentaron un 23,7%.

Nvidia juega en una liga propia. La multinacional con sede en Santa Clara, emblema de la nueva era industrial de California, es una máquina de romper récords: fue la primera empresa de chips en alcanzar el billón de dólares en Bolsa y ahora logra el hito de los 4 billones. Lo hace, además, tras encadenar ocho trimestres consecutivos de crecimiento en sus ventas. Los ingresos de Nvidia superaron los 44.000 millones en el primer trimestre fiscal de 2025, un 69% más que hace un año. Con todo, ha sabido resistir un periodo marcado por la volatilidad. A comienzos de año, la irrupción de DeepSeek –un modelo de IA chino mucho más barato– desató el pánico. El miedo a un frenazo en la inversión tecnológica espantó a los inversores, que borraron casi 600.000 millones de dólares de su valor en Bolsa en una sola sesión (un récord más para la lista). Pero ahora el gran fabricante de chips saborea la revancha.

Cuando parece que Rusia ya no puede lanzar un ataque mayor sobre Ucrania, Moscú encuentra la forma de marcar un nuevo récord. El de la madrugada de ayer se interpreta como la respuesta del jefe del Kremlin, Vladímir Putin, al anuncio del presidente Donald Trump de que Estados Unidos reanudará los envíos de armamento a Kiev y a la amenaza de imponer sanciones contra la Federación Rusa: lanzó 741 drones y misiles contra diferentes localidades ucranianas. A diferencia de otras noches trágicas, los rusos pusieron su principal diana sobre Lutsk, en el extremo occidental del país, cerca de la frontera con Polonia. «Se produjo un estruendo. Oíamos perfectamente el zumbido de los drones Shahed. Pensé que, si escucho el sonido del dron, quiere decir que ha pasado y que seguimos vivos», contó una residente, Yaroslava Savosh-Davydova, al diario ‘Kyiv Independent’. «Casi todo lo que se disparó tenía como objetivo Lutsk», añadió en Telegram el gobernador de la región de Volyn, Ivan Rudnytskyi, quien contabilizó al menos 50 drones y 5 misiles lanzados contra esta ciudad de poco más de 200.000 habitantes. «Ha sido el ataque más masivo que hemos sufrido aquí desde el inicio de la invasión a gran escala», afirmó el alcalde.