20250711

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El presidente de la empresa Sidenor, Jose Antonio Jainaga, fue galardonado ayer tarde en San Sebastián con el premio Korta 2025 por su compromiso con el modelo de industria vasca y el arraigo. El premio se otorga en plena operación del consorcio vasco que forman Sidenor, el Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital para financiar, junto al Gobierno central, a la alavesa Talgo. En este sentido, la entrega del galardón que recuerda al presidente de la patronal Adegi asesinado por ETA se convirtió en un alegato en favor del arraigo industrial en Euskadi. La entrega del premio, celebrada en el Palacio Miramar, reconoció el compromiso de Jainaga con el arraigo industrial, la innovación y la creación de empleo en el País Vasco. En su intervención, el lehendakari Imanol Pradales recordó al asesinado Korta, de cuya muerte se cumplirán 25 años el próximo 8 de agosto. Añadió que el galardón distingue a «quienes contribuyen al desarrollo económico y social de Euskadi en el ambito empresarial». En palabras del Pradales, Jainaga representa los valores que inspiran este reconocimiento. «Hoy aplaudimos tu entrega, vocación y compromiso con la industria vasca y con Euskadi», destacó el jefe del Ejecutivo autonómico. POr su parte, en su discurso, la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, aseguró que “para afrontar con éxito estos ‘nuevos tiempos’, necesitamos referentes sólidos como José Jainaga, que nos inspiran con hechos y con visión”. Ver más en Confebask. 

El consorcio público-privado vasco liderado por el empresario José Antonio Jainaga (Sidenor) eleva la presión para que el Gobierno central contribuya en la compra del 29% de Talgo en manos del fondo de inversión Trilantic. El objetivo es llegar el próximo martes a la reunión entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una propuesta de financiación de la operación que permita al consorcio vasco hacerse con el control de una compañía que se considera estratégica para los intereses de la comunidad autónoma. Esa última propuesta, avanzada esta misma semana por el grupo parlamentario vasco en el Congreso de los Diputados, pasa porque País Vasco y el Ejecutivo central, a través de la Sepi, movilicen un préstamo convertible de 150 millones de euros necesarios para refinanciar la deuda del fabricante de trenes, en graves apuros financieros y de capacidad industrial para atender una cartera de pedidos pendientes valorada en unos 4.000 millones de euros. A días de la reunión en el Palacio de La Moncloa, el Gobierno vasco dijo ayer que el consorcio vasco (Sidenor, Gobierno vasco, BBK y Vital) ha movilizado “en un tiempo récord” financiación por 75 millones de euros para afrontar el plan financiero en Talgo, a fin de hacer frente a la refinanciación de la deuda y a la multa impuesta por Renfe de 114 millones de euros por retrasos en la entrega de 30 trenes Avril. Talgo ha elevado este año la deuda a 403 millones, de los que 140 millones vencen este año.

A finales de julio un 55,4% de los trabajadores ya tenía su convenio vigente y los pactos «se siguen negociando». «Tenemos previsto que se firme algún acuerdo importante la semana que viene. La negociación colectiva sigue comportándose de manera razonablemente positiva», apuntó. Sólo durante los primeros cinco meses del año en Euskadi se firmaron convenios que dan cobertura a más de 67.000 personas, con un papel destacado por parte de la hostelería de Bizkaia y de las obras públicas de Álava que han puesto en vigor los acuerdos de 23.000 y 3.000 trabajadores respectivamente. Fruto de estas negociaciones se ha conseguido una subida salarial media del 3,22%.  En cuanto a la jornada laboral media los convenios vigentes rondan actualmente las 1.685 horas anuales, un dato equivalente a las 37 horas semanales con ligeras diferencias en función del ámbito territorial y sectorial. En los acuerdos negociados en Euskadi la media baja hasta las 1.667 horas anuales (36 y media semanales) y en los cerrados para toda España y que incluyen a trabajadores en el País Vasco se incrementa hasta las 1.826 (37 horas y 50 minutos). En un contexto de «hipotético cambio normativo» en el que la jornada máxima anual pasase de las 40 horas semanales a las 37,5, los datos recogidos por el CRL indican que se verían afectados en el País Vasco 133 convenios de sector –33 de ellos sellados en Euskadi y otros 100 en todo el Estado–. Estas 281.828 personas verían reducida su jornada actual en un 2,4%. «Los grandes sectores que tienen su convenio por encima de esas 1.712 horas anuales son las hostelerías, la siderometalurgia de Álava y luego consultorías, ingenierías, seguridad privada y grandes almacenes de los estatales que tienen incidencia aquí», detalló la presidenta del Consejo. En cuanto a la conflictividad laboral, los datos recogidos por el Gobierno vasco muestran que durante el primer trimestre del año se mantuvo un número similar de huelgas. Algo más del 95% de todas las jornadas no trabajadas fueron consecuencia de las movilizaciones convocadas en el sector público, y especialmente fruto de la huelga de la enseñanza pública no universitaria. Este área supuso el 94,3% de todos los paros registrados. Ver informe CRL aquí. 

Iberdrola anunció ayer, tras varios meses de intensas negociaciones, un macroacuerdo con Masdar, el grupo de energías renovables del emirato de Abu Dabi, para coinvertir en el proyecto de eólica marina (offshore) East Anglia Three (EA3) situado en aguas británicas. El acuerdo valora el parque en 5.200 millones de euros y lleva aparejado además la firma de un crédito sindicado con más de una veintena de bancos por valor de 4.000 millones de euros. El acuerdo de Iberdrola y Masdar marca un antes y un después en el mercado mundial de las renovables. Es la mayor operación de este tipo realizada en la década en energía eólica marina a nivel internacional. También constituye la mayor coinversión de Iberdrola hasta la fecha dentro de su modelo de partnerships (incorporación de socios de gran capacidad financiera a proyectos estrella). Los 5.200 millones de euros de valoración del proyecto incluyen los 4.000 millones de euros de financiación obtenidos. Los otros 1.200 millones de euros son recursos propios, o equity, a repartir a partes iguales entre Iberdrola y Masdar. En la práctica, como Iberdrola ha liderado hasta ahora el proyecto y ha asumido todo el desarrollo hasta la fecha, al traspasar el 50% a Masdar, este grupo pagará 600 millones de euros a Iberdrola. No se han cuantificado plusvalías. Ver nota Iberdrola aquí. 

Las eléctricas ya advirtieron de que las conclusiones de la investigación del Gobierno sobre el apagón del 28 de abril, a las que se añadió el informe elaborado por Red Eléctrica, abrían un largo recorrido que pasaría por los tribunales. De momento, ya está en el Tribunal Supremo. Y es que el pasado 30 de mayo, antes de que se hicieran públicas las conclusiones de la investigación del Ministerio de Transición Ecológica, Iberdrola acudió al Supremo. Allí planteó una «explicación normativa», una consulta para que el Alto Tribunal se posicione sobre la validez jurídica en la que apoyó el Gobierno la creación de su comité. La eléctrica considera que «no existe una cobertura legal adecuada» porque ese órgano «se creó para una gestión de crisis sin previa declaración de una situación de interés para la Seguridad Nacional por parte del presidente del Gobierno». Por lo tanto, entiende, sin la «necesaria cobertura jurídica». El 17 de junio, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentó el análisis de millones de datos que terminó por repartir culpas. Por un lado, reconoció deficiencias en el diseño del plan de operación para el 28 de abril, un cometido de Red Eléctrica Española. Pero también responsabilizó a las eléctricas de no mantener sus centros de generación de acuerdo a lo previsto, con un funcionamiento indebido que contribuyó a la caída de la luz y a la no absorción de los picos de tensión que la provocaron.

La Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas (SNCB) decidirá el próximo miércoles 23 de julio si mantiene con la beasaindarra CAF el llamado ‘contrato del siglo’ para construir unos 180 trenes por 1.695 millones, según avanzan medios del país como L‘Echo. Un contrato que podría ampliarse a 600 unidades (3.400 millones) y que en un principio había ganado la empresa de Beasain, pero que se ha paralizado por presiones políticas que piden que se conceda a la francesa Alstom, por tener dos importantes plantas en el país (Charleroi y Brujas). Ese día, según los medios consultados, la SNCB decidirá si mantiene su compromiso con CAF o busca otras salidas, como retomar el concurso de adjudicación o negociar con los candidatos. CAF, que no hace declaraciones a los medios de comunicación en Gipuzkoa sobre esta cuestión, sí ha hablado en medios de Bélgica. Su CEO, Javier Martínez Ojinaga, ha insistido en varios medios que «no se pueden cambiar las reglas de juego en el camino» y defiende que la constructora beasaindarra había ganado la licitación de forma transparente. El directivo de CAF considera «increíble» lo sucedido y recuerda las reglas de la UE y la limpieza del proceso. 

Los trámites para la puesta en marcha de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en Lascaray, la empresa que fabrica los productos LEA, siguen su curso y los 120 empleados se verán afectados por esta medida de crisis durante un máximo de 18 meses. Tras la resolución de la Delegación de Trabajo, este será el periodo máximo durante el que quedarán suspendidos los contratos de los trabajadores, aunque no a todos los empleados de la empresa les afectará de la misma manera pues se irán reintegrando progresivamente a sus puestos dependiendo de sus labores. Y si las obras para la puesta en marcha de las nuevas instalaciones concluyen antes de dicho plazo, la suspensión de los contratos decaerá. La medida, que se aplicará con carácter retroactivo al 21 de junio un día después del siniestro y se extenderá como máximo hasta el 20 de diciembre de 2026, ha sido aceptada por la Inspección de Trabajo, tal y como se esperaba, por causa de fuerza mayor temporal que se aplicará durante años y medio. Pero no todos los trabajadores de entre los 120 que componen la plantilla se verán afectados de la misma manera. Lascaray cuenta con tres secciones y en el área administrativa en muchos casos los empleados se encuentran desarrollando sus labores prácticamente desde el día del incendio. En el área de cosmética, la pretensión es poder restablecer la producción entre finales del próximo mes de septiembre y principios de octubre, por lo que quienes operan en esta sección se irían reincorporando a sus puestos en esas fechas. Lo más complejo está en la sección de oleoquímica, donde el proceso para recuperar la normalidad va a ser mucho más largo y lo que ha motivado que la empresa solicite una duración larga de la suspensión temporal del empleo.

Euskadi, con unos máximos históricos de afiliados a la Seguridad Social que superan el millón de personas, sigue buscando perfiles profesionales. Ocurre con especial incidencia en el sector tecnológico y digital tal y como recoge el estudio realizado por la Fundación Telefónica en su ‘Mapa de Empleo’. Un análisis que arroja la cifra de 1.496 ofertas de empleo abiertas en el País vasco en este área, lo que le coloca como la sexta comunidad autónoma con más demanda de estos perfiles, por detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia. La habilidad que más necesitan las empresas vascas de este campo son las relacionadas con la gestión y computación de servicios en la nube, lo que se conoce como ‘cloud computing’ y la programación en lenguajes como Javascript y Java. Según el trabajo de la Fundación Telefónica, Bizkaia es el territorio donde más empleos se ofertan, un total de 906. Los perfiles más demandados son el de consultor de tecnologías de la información y el desarrollador de software. El especialista en posicionamiento SEO y SEM pierde solicitudes y se encuentra en el último lugar. En Gipuzkoa las necesidades de este tipo de trabajadores ascienden a 370 personas. En cuanto a los puestos más solicitados, están encabezados por los gestores de proyecto digital, técnicos de tecnologías de la información y consultores. La especialización menos solicitada es la de ingeniero de redes. En Álava las ofertas de empleo en este sector se cifran en 200. La especialidad más demandada es la de gestor de proyecto digital, técnico en tecnologías de la información, mientras la de administrador de sistemas es la que menos aparece.

La UPV/EHU y el Departamento de Salud han zanjado la polémica por el grado de Medicina en euskera y han acordado crear 32 nuevas plazas desde septiembre. De esta manera, el próximo curso se ofertará el mismo número de puestos (200) en castellano y en lengua vasca. La controversia surgió cuando la institución académica anunció su intención de ampliar sólo en 16 las plazas de Medicina en euskera. El Gobierno vasco exigía que fueran 40, aprovechando que ese incremento lo financia el Gobierno central. De fondo se sitúa la necesidad urgente de formar médicos que refuercen el sistema de salud. La lógica del departamento que lidera Alberto Martínez es la siguiente: si se amplían las plazas en euskera, estas se llenan sólo con estudiantes vascos –a diferencia de lo que sucede en el grado en castellano, donde muchos alumnos vienen del resto de España– que luego optarán por trabajar en Osakidetza. El problema, a ojos de la Universidad, es que hoy por hoy no está garantizada la calidad de la enseñanza en lengua vasca a partir de 3º de carrera, cuando los alumnos comienzan las prácticas en los hospitales. Tanto por falta de espacio como porque no hay suficientes médicos que quieran ser docentes y además cuenten con el C1 de euskera, requisito indispensable para impartir clase en lengua vasca. De los 2.086 galenos de Osakidetza con C1 o C2, sólo el 25% son profesores.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, criticó ayer la excesiva duración del proceso de opa del BBVA sobre el Sabadell, asegurando que «más de un año» es un plazo demasiado largo desde el punto de vista del supervisor bancario. Señaló que el actual modelo, con múltiples instancias interviniendo en momentos distintos –desde el Gobierno hasta la CNMC o la CNMV– introduce una complejidad que retrasa innecesariamente este tipo de operaciones. «Nosotros ya nos pronunciamos hace un año», insistió en la décima edición del foro Finanza, organizado por Elkargi y El Correo y el patrocinio de la Diputación foral de Bizkaia. La cuestión es que el Banco de España emitió el pasado verano al BCE un informe favorable a autorizar la opa. Una vez recibido el visto bueno de las instituciones europeas, la operación inició un recorrido lleno de obstáculos, que ha desembocado en nuevas exigencias por parte del Gobierno central, incluidas condiciones más estrictas y la prohibición de culminar la fusión durante al menos tres años. Escrivá, que recordó que la decisión final sobre la opa recae en los accionistas del Sabadell, aprovechó su intervención en el auditorio del Guggenheim para instar a una revisión del marco legal que regula estas operaciones, aún circunscritas a un ámbito «estrictamente nacional». A su juicio, esta limitación refleja una de las grandes carencias del sistema financiero europeo. Por ello, defendió la necesidad de avanzar de forma decidida hacia una verdadera unión bancaria que permita el desarrollo de bancos transfronterizos, de mayor tamaño y capacidad, que puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados internacionales.

Las cosas no van bien para la pequeña y mediana empresa. Ese fue el mensaje lanzó ayer Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, durante su intervención en el foro Finanza: detrás del optimismo macroeconómico, hay un tejido productivo que sufre en silencio y que, según advirtió, no puede seguir siendo ignorado. De Miguel, que accedió a la presidencia de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa el pasado mayo, insistió en la necesidad de «cuidar» a unas pymes «asfixiadas» por el exceso de normativa. Ante un auditorio en el que se concentraban los primeros espadas del tejido productivo vasco y una gruesa representación institucional, alertó de una «burocracia asfixiante». «Solo en la Unión Europea, la legislación vigente asciende a 34.281 normas, y cada día se incorporan 3,5 nuevas. Es un volumen normativo que resulta inasumible», denunció, subrayando que esta complejidad regulatoria limita la competitividad, eleva los costes de cumplimiento y frena la capacidad de crecimiento del segmento empresarial que más empleo genera en España. Esta compleja situación llevó a la presidenta de Cepyme a reclamar una profunda revisión del marco legislativo que afecta a las pequeñas y medianas empresas, proponiendo como principio operativo que por cada norma que se dicte, se deroguen al menos otras dos. Es una medida, defendió, que no busca desregular, sino racionalizar un entremado normativo, ya que en muchos casos las microempresas no tienen ni la capacidad técnica ni el asesoramiento jurídico necesario para interpretar el carrusel regulatorio que cada día anuncian los boletines oficiales. La «presión fiscal desproporcionada» es otro de los grandes lastres estructurales que impactan directamente sobre la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas. Según la presidenta de Cepyme, esta carga tributaria excesiva está golpeando de lleno la línea de flotación del tejido empresarial más frágil, contribuyendo al cierre de hasta diez microempresas cada día. De Miguel puso cifras a esa desventaja competitiva: mientras el esfuerzo fiscal que soportan las empresas españolas se sitúa en torno al 37%, la media europea apenas alcanza el 25%.

Era un único punto del día y el consejo de administración de Indra se alargó casi hasta que la noche se hizo en la Península Ibérica. Sobre la mesa de órgano rector una decisión por tomar: la fusión por absorción de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E Group), la empresa familiar del presidente ejecutivo de la cotizada Ángel Escribano. La reunión virtual –según ha podido saber este periódico– se llevó a cabo sin los dos hermanos, Ángel y Javier, debido a un conflicto de intereses –son los propietarios de EM&E y a su vez los segundos máximos accionistas de Indra solo superados por el Estado a través de la SEPI– y con José Vicente de los Mozos, CEO de la cotizada al frente. «Está la cosa muy caliente», señalan fuentes del organismo rector de Indra. A punto de caer el sol en Alcobendas, sede social de la compañía, se conoció que 24 horas antes del consejo de este jueves, una de las consejeras independientes instaladas en el no a la absorción, Ángeles Santamaría, dejaba el cargo. «Ha sido un honor formar parte del Consejo y contribuir al desarrollo de la Sociedad, y deseo expresar mi agradecimiento por la confianza depositada en mí durante estos años», escribía Santamaría en una carta con destino al secretario del consejo de Indra. Santamaría deja su cargo tres meses antes de la expiración de su mandato previsto para el 28 de octubre, a partir del cual se incorporará a Mapfre. Abandona su puesto «por motivos personales», justo el día antes de tomar partido por la adquisicón de EM&E. Durante las últimas semanas se han producido varios encuentros entre los diferentes consejeros para fijar las posturas para llevar a cabo una operación que, según fuentes del mercado, podría rondar los 1.500 millones de euros. Más allá de Santamaría han mostrado su rechazo a la absorción Coloma Armero, Belén Amatriain, consejeras independientes, y Jokin Aperribay, tercer máximo accionista sólo superado por la SEPI y el propio Ángel Escribano a través de EM&E por el riesgo legal de que algún accionista pueda presentar una demanda.

El último año no fue un ejercicio especialmente fructífero para el sector español de la automoción, uno de los pilares fundamentales de la economía española. Frente a un contexto complejo por la transformación hacia los vehículos electrificados, por las tensiones geopolíticas y económicas que afectan la cadena logística o las normas medioambientales europeas, la industria facturó 76.855 millones, es decir, un 2% menos que el ejercicio precedente. Son datos extraídos del informe anual que presentó ayer Anfac, la patronal de los fabricantes. Por contra, la inversión sí que creció un 2,6% hasta los 2.434 millones, manteniendo al sector como uno de los principales inversores industriales del país. Por otra parte, empleó de manera directa a 57.189 personas, unos 1.220 menos que el año pasado. La producción total superó el millón de unidades por primera vez desde 2019, aunque siguen siendo números lejanos a los registrados antes de la pandemia. Con todo, España sigue situándose como el segundo mayor productor europeo y se mantiene dentro del ‘top 10’ mundial, concretamente en novena posición.

Queda poco más de un año para que el mecanismo de recuperación finalice y España solo ha solicitado la mitad del dinero que tiene asignado. Los fondos europeos se acercan al tiempo de descuento con muchos goles por marcar. El salvavidas lanzado en plena pandemia expira en algo más de un año y a España todavía le quedan más de la mitad de las ayudas por pedir, unos 90.000 millones de euros de los 163.000 totales asignados entre ayudas directas y préstamos. La cifra se acerca al gasto anual en sanidad —supone un 5,6% del PIB—, y su desembolso está supeditado al cumplimiento de decenas y decenas de reformas e inversiones. La lista es extensa y variada, y va desde la aprobación de leyes, entre ellas las de movilidad sostenible, transparencia e industria, al pleno despliegue de proyectos industriales estratégicos como el PERTE del chip o la construcción de 20.000 viviendas sociales. La hoja de ruta no solo es densa, también se otean curvas en el engranaje para ponerla en marcha: el Ejecutivo es parlamentariamente débil, la burocracia compromete los plazos de ejecución y existen incógnitas sobre el apetito de la demanda privada, pieza clave en el desarrollo de las inversiones previstas. “Muchas reformas ya están avanzadas, pero tienen que pasar por el Congreso y al Gobierno le está costando aprobar leyes”, apunta Francesc García Donet, asesor del área de fondos europeos de la consultora LLYC. Es el caso de las leyes de industria, de familias y de servicios sociales, todas en tramitación parlamentaria, o de la norma relativa a la movilidad sostenible, atascada desde 2022.

Entre 2008 y 2023, España acumula una caída en el número de nacimientos del 38%, el tercer mayor descenso de los países comunitarios, sólo por detrás de Letonia (41%) y Grecia (40%). De media, la natalidad se ha hundido en la UE un 21,5% en este periodo. La caída de la natalidad no es uniforme en el mapa. El norte se tiñe de rojo, con comunidades autónomas que superan el 45% de descenso entre 2008 y 2023. Cantabria, de hecho, encabeza el desplome de los nacimientos no solo en España, sino entre todas las regiones de la Unión Europea, con hasta un 49%. Le siguen Asturias (45%) y La Rioja (43%), y se cuela Canarias, con un retroceso del 42%, por delante de Castilla y León (41%) y Galicia (40%). En ninguna región crece la natalidad. Baleares y Murcia son las comunidades españolas que experimentan los descensos más moderados, aunque aún alcanzan un 31% y un 34%, respectivamente. En total, 15 comunidades y las dos ciudades autónomas figuran entre las 50 regiones europeas con las mayores caídas de la natalidad entre 2008 y 2023.

La consistente llegada de turistas internacionales a España y la movilidad interna durante los meses estivales hacen prever que el verano de 2025 volverá a arrojar un saldo positivo para el sector. Sin embargo, la moderación del crecimiento de las principales variables se acentuará en la presente campaña, en buena medida afectado por la incertidumbre geopolítica que está generando una desaceleración del volumen de visitantes de algunos países cruciales para los niveles de consumo. Así lo arroja el último informe de perspectivas turísticas presentado por Exceltur en el que se da por descontado un resultado positivo pero también se refleja una fuerte contención del avance de la actividad y las ventas del sector. La Alianza para la Excelencia Turística subraya que los empresarios del sector detectan una moderación del crecimiento de sus ventas para el verano de 2025 hasta el 2,7% para el tercer trimestre, respecto al avance del 4,5% del segundo trimestre y más aún en comparación con los niveles del verano de 2024, cuando el incremento anotado entre julio y septiembre fue del 6,3%, más del doble que el estimado para este ejercicio.

La investigación del caso Cerdán en el Tribunal Supremo avanza con la elaboración de los informes patrimoniales de los ocho investigados, cinco de ellos empresarios de la construcción, por el presunto amaño de obra pública. El magistrado Leopoldo Puente acordó ayer dar trámite a una batería de diligencias reclamadas por los agentes de la Guardia Civil. En concreto, el instructor requiere al Congreso y al PSOE que informen de todas las retribuciones o cantidades abonadas por cualquier concepto al exministro José Luis Ábalos desde los años 2014 hasta 2024. La resolución precisa a las Cortes conocer «todos y cada uno de los pagos realizados, indicando la fecha, método del abono, cuenta bancaria de destino y titularidad de la misma, así como cualquier otro dato que tengan asociadas las referidas retribuciones» al que fuera titular de Transportes entre 2018 y 2021. Igualmente, el juez ordena que se requiera al PSOE para que aporte, además de las cantidades abonadas o transferidas a quien fuera su secretario de Organización hasta junio de 2021, las transmitidas por éste al partido en concepto de donación o por cualquier otro motivo. En este sentido, pide que se informe de todas y cada una de las donaciones que hubiera realizado Ábalos a la formación, indicando la fecha, método de pago, cuenta bancaria de origen, concepto y/o comentario, así como cualquier otro dato que tengan asociadas los referidos abonos.

El Gobierno intenta recomponer la mayoría de la investidura para salir del agujero al que le ha llevado el encarcelamiento por presunta corrupción de Santos Cerdán, ex número tres del PSOE. El entorno del presidente Pedro Sánchez impulsa distintos acuerdos bilaterales con Cataluña y Euskadi, comunidades donde se encuentran partidos clave para la estabilidad en las Cortes. El Gobierno de Salvador Illa se verá el lunes con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para avanzar en el acuerdo para la financiación singular de Cataluña que ERC negocia desde hace un año. El martes, Sánchez recibirá en La Moncloa al lehendakari, Imanol Pradales, en otra reunión bilateral clave, dado que el PNV está visiblemente inquieto con el escándalo de corrupción que afecta al PSOE. La cita tratará de transferencias de pensiones no contributivas, de salvamento marítimo y otras cuestiones que interesan a los nacionalistas vascos. El Gobierno salió muy satisfecho del pleno del miércoles en el Congreso, porque entiende que los socios, pese a las críticas, mantienen el apoyo y nadie está pidiendo elecciones. Pero al Ejecutivo no le basta con superar un pleno en el que no había votaciones, por más que algunos lo hayan vivido como una especie de cuestión de confianza no oficial. 

Las dos potencias nucleares europeas de la OTAN, el Reino Unido y Francia, han decidido dar un paso explícito e histórico para coordinar su capacidad armamentística atómica. La inestabilidad geopolítica actual, la amenaza rusa sobre el continente y las señales desde Washington de que Europa debe comenzar a protegerse por sí misma han empujado a las dos naciones hacia una mayor cooperación y acercamiento. “Como únicas potencias nucleares y como líderes de la OTAN, desempeñamos un papel clave a la hora de preservar la paz y la seguridad de este continente. Hoy [por ayer] hemos actualizado nuestro histórico acuerdo de Lancaster House [de cooperación militar] para proteger a nuestros ciudadanos y nuestro modo de vida”, anunció Starmer en la rueda de prensa conjunta que ponía fin a una visita de Estado de tres días del presidente francés, Emmanuel Macron, al Reino Unido, en la que las instituciones británicas (monarquía y Gobierno) desplegaron toda la pompa necesaria para dejar atrás las turbulencias del Brexit. “Esta mañana hemos firmado la Declaración de Northwood [en referencia a la base militar donde ambos se han reunido], en la que por primera vez manifestamos la voluntad de coordinar nuestra capacidad independiente de disuasión nuclear. Desde hoy, nuestros adversarios sabrán que cualquier amenaza extrema al continente tendrá la respuesta inmediata de nuestras dos naciones”, aseguró el primer ministro británico.

La fecha límite del 9 de julio que impuso Donald Trump para aplicar sus llamados aranceles recíprocos se ha aplazado, aunque no está claro si hasta el 1 de agosto o el 1 de septiembre. Es muy posible que se posponga indefinidamente, a pesar de la insistencia del presidente de lo contrario, de ahí la respuesta optimista de los mercados financieros. Como preguntaba la revista New Yorker en la mejor viñeta de la historia: “¿Qué tal nunca? ¿Nunca te va bien?”. También hemos disfrutado de cierto entretenimiento inocente, ya que Trump ha enviado una de sus cartas de amenaza arancelaria al Rey de Tailandia, aparentemente bajo la creencia de que dicho país tiene una monarquía ejecutiva. Es un caos, obviamente. Pero podría tener algunos efectos útiles. No me atrevería a decir que Trump es bueno para el comercio mundial, pero la torpeza e ineptitud de su campaña arancelaria y el daño que está causando a las perspectivas de crecimiento de EEUU están sirviendo como advertencia para los gobiernos que barajan la idea de hacer algo similar. Aunque pueda parecer improbable que alguien aplique aranceles similares a los de Trump, pocas ideas salen de EEUU que sean demasiado extremas o poco prácticas como para no inspirar a los políticos de otros países. Y bastantes, especialmente Reino Unido, a pesar de su rechazo habitual hacia la política estadounidense, han expresado una extraña admiración por la destructiva campaña de Trump para desmantelar el Estado administrativo estadounidense. El Gobierno de Keir Starmer sigue los pasos de la Administración Trump y ha prometido recurrir a la poción mágica de la inteligencia artificial para intentar curar a la economía británica de sus males persistentes. Pero la política comercial trumpista es tan errónea y se ha ejecutado de forma tan inepta que ni siquiera para Reino Unido ha supuesto un nuevo punto de apoyo...