20220707

La guipuzcoana Isabel Busto permanecerá al frente de la patronal vasca Confebask hasta el verano de 2023, para convertir en definitiva una decisión que se adoptó como provisional el pasado mes de mayo. Fuentes próximas a la organización empresarial han señalado que ya se da como seguro que Eduardo Zubiaurre, hasta ahora presidente de la patronal, no volverá a asumir el cargo tras haberse retirado en mayo, entonces de una forma temporal, por razones de enfermedad. El consejo general de Confebask, su máximo órgano de decisión, se reunirá el próximo 20 de julio en un encuentro anual que sirve para hacer balance del año anterior. Todo apunta a que será en ese momento cuando se oficializará el cambio en la presidencia que, aseguran, se mantendrá precisamente hasta el próximo verano. La retirada de Eduardo Zubiaurre se produjo tras un periodo de fuertes tensiones entre la patronal vasca y el poder político –en especial el PNV y el Gobierno vasco–, a propósito de un informe elaborado por la asociación Zedarriak. El propio Zubiaurre, que siempre ha hecho gala de una gran independencia al frente de Confebask pese a haber tenido cargos de responsabilidad política en el PNV de Eibar, había respaldado públicamente las conclusiones de ese trabajo. Un informe, suscrito por catorce personalidades del mundo empresarial y académico, que esgrimía como conclusión de síntesis el hecho de que Euskadi ha perdido la posición de liderazgo económico que tuvo en el pasado. Una descripción de la situación del País Vasco que fue considerada por el PNV como una crítica directa a su gestión de la Administración vasca en las últimas décadas.

Las empresas están trasladando a la patronal vizcaína Cebek su preocupación por las «cifras crecientes» de absentismo laboral, por lo que exigen de administraciones e instituciones políticas más «efectivas»: en 2021, en Bizkaia los días de baja fueron un 35% más que en España y un 24% más que en Euskadi. En una publicación de la patronal vizcaína, se recoge que en los últimos diez años (2011-2021) el absentismo se ha incrementado en un 81% y se ha convertido, según las últimas encuestas realizadas entre las empresas, en uno de los cinco primeros elementos de preocupación en todos los sectores de actividad. La organización que dirige Carolina Pérez Toledo sostiene que las altas cifras registradas en Euskadi no se deben a una causa concreta, sino que existen diversas razones. Entre ellas, el hecho de que en los procesos de baja quienes la emiten y quienes abonan su prestación son administraciones distintas, la vasca y la estatal, «en este caso con muy poca conexión entre ellas». También cita que muchos convenios colectivos vascos complementan hasta el 100% del salario de cada trabajador mientras dure el periodo de baja laboral, incluyendo la enfermedad común, y establecen mejoras en la duración de los permisos retribuidos. Junto a ello, apunta la ausencia de «reproche social» al absentismo «injustificado». Ver más en Cebek. 

Euskadi ha contabilizado durante el primer semestre de este año 142 concursos, un 22% menos que en el mismo periodo del año anterior, y 913 disoluciones en el País Vasco, un 3% más, según el estudio sobre Concursos y Disoluciones realizado por Informa D&B. En relación a los concursos, el País Vasco experimentó un "mejor comportamiento" que el de la media nacional donde subieron ligeramente, un 0,3% y las disoluciones aumentaron menos en Euskadi que en el conjunto del Estado (+12%). Construcción y actividades inmobiliarias es el sector que mayor número de ambos tipos de procesos registra en estos seis primeros meses en el Euskadi, con 34 concursos y 215 disoluciones cada uno. Por Territorios, Araba suma 16 concursos y 137 disoluciones, Gipuzkoa 38 y 302 y Bizkaia los 88 y 474 restantes. En junio, los procesos concursales también descendieron en el País Vasco, un 11% para quedar en 24, mientras que los datos para el conjunto del Estado avanzan un 21%.

Pese a que no concretó en qué basaba tan optimistas perspectivas, las palabras del jefe del Ejecutivo autonómico se asociaron con la inyección de 1.200 millones de euros prevista por la multinacional para la planta alavesa si consigue mayor flexibilidad por parte de la plantilla, lo que motivó la expedición del Gobierno vasco a la ciudad germana. Sin llegar a confirmar si esa multimillonaria inversión se materializará o no, Urkullu destacó el «renovado compromiso» de cooperación y diálogo entre su gabinete y la firma automovilística. Acordaron «seguir colaborando para garantizar las inversiones y proyectos futuros», y el lehendakari refrendó su «apoyo e impulso» al plan económico previsto para la fábrica alavesa, «objetivo de mi presencia aquí». Un proyecto «bueno y positivo para todas las partes; para la empresa en general, la planta de Vitoria, los trabajadores directos –5.000– e indirectos –30.000– y también para todas las empresas auxiliares de la compañía», cerca de 600. En una cita que Urkullu, a quien acompañaron la consejera Arantxa Tapia y otros altos cargos de su Gobierno, calificó como «muy productiva», la compañía brindó a la delegación vasca «una presentación que nos hace estar muy esperanzados, siendo conscientes de las circunstancias presentes y teniendo en cuenta los objetivos de futuro». 

El paro recabó un apoyo de más del 85% pese a que no lo secundaba una mayoría sindical. La dirección y el comité se reúnen hoy. Piquetes, máquinas interrumpidas o paradas y manifestaciones volvieron a marcar ayer una nueva jornada de huelga –la primera de las tres convocadas para esta semana– en la factoría de Mercedes-Benz en Júndiz. La convocatoria, desarrollada de forma previa a la cita de hoy entre la empresa y los sindicatos para negociar el convenio, recabó un elevado respaldo de la plantilla que paralizó otra vez la producción. Y eso que la protesta no la apoyaba una mayoría sindical tras desmarcarse UGT, CC OO, PIM y Ekintza el día previo al reconducirse las conversaciones con la empresa. ELA, LAB y ESK, convocantes de la huelga, cifraron el seguimiento en un 95% por parte del personal de producción en el turno de mañana. Destacaron que a las 6.00 había «más piquetes que nunca» en la entrada de la planta. Otras fuentes sindicales apuntaron que el nivel de apoyo no fue tan mayoritario como el de la pasada semana, aunque destacaron que la incidencia fue «muy importante». «La plantilla ha dejado claro que no quiere una sexta noche y que quiere subidas salariales ligadas al IPC, temas en los que no dan ni medio paso para satisfacer la reivindicación», censuró Igor Guevara (ELA), también presidente del comité. 

Hace ya tiempo que las haciendas forales vascas confiaban en el Gobierno central para que pusiese coto a la «excesiva» competencia fiscal de la Comunidad de Madrid, en especial con el atractivo de la exención total en el Impuesto de Patrimonio. Su gozo en un pozo. El Ministerio de Hacienda ha admitido que la anunciada reforma fiscal –que además de esa armonización iba a afrontar otros cambios, como un potencial incremento de la tributación de los hidrocarburos– va a quedar congelada, ante las actuales incertidumbres económicas y la elevada inflación. Y con ello, la pretendida operación que buscaba poner límites a lo que el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, llegó a definir como «‘dumping’ fiscal». En un documento remitido a la Comisión Europea, el Ministerio de Hacienda admite que la armonización de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones ha quedado aparcada y que espera rescatar la iniciativa en el marco de una revisión del sistema de financiación autonómica. Puede traducirse como un brindis al sol, porque la reforma de la financiación de las comunidades de régimen común lleva en barbecho más de una década y nadie es capaz de intuir ahora un escenario de sosiego político para ponerla sobre la mesa.

Tecnalia, el mayor centro tecnológico privado de España, presentó ayer en San Sebastián sus resultados de 2021, ejercicio en el que su facturación creció un 5,63% hasta los 120 millones de euros. La institución se reivindicó como un multiplicador muy efectivo de la inversión en I+D de las empresas que recurren a ella, y aseguró que por cada euro dedicado a esas labores de la mano de Tecnalia las compañías elevan sus ventas en doce y por cada empleo en el centro donostiarra sus clientes mantienen otros seis en Euskadi. Del mismo modo, el presidente y el director general del centro, Alex Belaustegui y Jesús Valero, respectivamente, aseguraron –citando un reciente estudio de la consultora Deloitte– que «por cada euro que las instituciones públicas vascas invierten en Tecnalia, se generan en ese momento 24,32 euros de Producto Interior Bruto (PIB) así como un retorno fiscal vía recaudación adicional de otros 2,96 euros». Eso supondría, con datos de 2021, unos 800 millones aportados al PIB y una recaudación adicional de 98 millones de euros.

La operación se cerró el pasado viernes y, si no surgen contratiempos, permitirá revitalizar en poco más de un año uno de los espacios industriales con más historia del polígono de Gamarra. PK Blue Logistics, un grupo inversor integrado por tres sociedades de proyección internacional, se ha hecho con los 128.000 metros cuadrados que ocupaba la primigenia fábrica de Cegasa, que en 2015 entró en concurso de acreedores como paso previo a su liquidación. Los promotores desarrollarán un parque industrial y logístico aprovechando los mimbres de las históricas instalaciones –la originaria Cegasa nació en 1934 de la mano de Juan Celaya–. Y destinarán más de 50 millones de euros a la adecuación de diferentes espacios que llevan años en situación de abandono. Se trata, en concreto, de cuatro naves (entre las que se incluye un almacén) y un edificio de viviendas. Respecto al primer grupo de inmuebles, se intervendrá en al menos dos rehabilitados de 25.400 y 14.600 metros cuadrados, respectivamente, y en dos de nueva construcción que sumarán una superficie total de 30.000 metros. A ellos habrá que añadir el bloque destinado a oficinas que el grupo Cegasa utilizó en su día como sede corporativa.

Cuatro meses después de que Pedro Sánchez anunciara que el Gobierno iba a impulsar un gran pacto de rentas, el Ejecutivo –representado por ocho ministros comandados por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño– y los agentes sociales volvieron a sentarse ayer para abordar un tema tan controvertido como complejo. Sin embargo, el Gobierno acudió de nuevo sin «una sola propuesta» y sin «explicar lo que entiende que puede ser un pacto de rentas», según le afearon los sindicatos CC OO y UGT, para los que las opciones de acuerdo son las mismas que a principios de año. Es decir, pocas. Calviño mantuvo en su comparecencia posterior a la reunión un gran hermetismo, pero sí desveló que su objetivo es una moderación de las rentas empresariales y salariales hasta 2025. «En este momento es esencial que los márgenes empresariales no se amplíen y los salarios crezcan de manera moderada para evitar la persistencia de la inflación», defendió la vicepresidenta primera. También avanzó que confía en que se pueda incluir en este pacto una nueva subida del salario mínimo, como demandan los sindicatos. Por su parte, Garamendi entiende que «es fundamental hablar de pensiones». Así, señaló que cada punto de subida supone un coste extra de 1.700 millones y, de revalorizarse las prestaciones con el IPC, el gasto adicional para 2023 podría llegar hasta los 17.700 millones. «Todos queremos que los pensionistas cobren y que los salarios suban, pero no queremos que quiebre el sistema». 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) descartó ayer que la situación vaya a derivar en una nueva recesión en España en 2022, por mucho que pueda minar el rebote que está experimentando el PIB tras la caída libre que protagonizó por el coronavirus. Sin embargo, alerta Airef, la economía Europea podría acabar volviendo a contraerse si se produce un gran corte del gas ruso de cara al próximo invierno. Así lo expuso ayer la presidenta de la autoridad fiscal, Cristina Herrero, durante su intervención en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. Herrero aseveró que, “ahora mismo”, la Airef “no contempla” la posibilidad de que el PIB español –que aún no ha recuperado los niveles precrisis- vuelva al terreno negativo. “El crecimiento será importante aún en 2022 por la recuperación de los servicios, la evolución del turismo y el impacto del Plan de Recuperación”, pese a que el impulso de este último se retrasará previsiblemente a los próximos años, detalló. A partir de ahí, matizó Herrero, el principal riesgo en el horizonte es el de que se produzca un gran corte del suministro del gas ruso durante el próximo invierno que “puede llevar a una emergencia energética”, que aunque no tendría a España entre los principales damnificados, sí que golpearía “particularmente a otros países que son nuestros principales socios y nos acabaría afectando”. 

«Tenemos que prepararnos ahora para interrupciones adicionales del suministro de gas o incluso un corte total del suministro de gas ruso», avisó ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, durante su intervención en el Parlamento Europeo. Ya hay 12 países que sufren cortes totales (Bulgaria, Finlandia y Polonia) o parciales (Alemania, Austria, Holanda o Italia, entre otros) y la Comisión prepara un plan energético de emergencia que se dará a conocer a mediados de este mes de julio. Hace unas semanas, el Gobierno alemán tuvo que poner en marcha un plan de emergencia y reactivar centrales de carbón –menos eficiente, más contaminante y totalmente condenado en los objetivos verdes– para contrarrestar el desabastecimiento. En apenas unos días el gigante ruso Gazprom había reducido el envío de gas a través de Nord Stream un 60% (unos 100 millones de metros cúbicos) alegando problemas técnicos. Aseguraban que necesitaban una pieza retenida en Canadá por las sanciones, pero en Alemania se entendió desde el principio como un movimiento político. Y sí se completa el corte, la primera economía europea tendría que enfrentarse a una probable recesión. Era algo que ya se temía, pero por si había alguna duda lo apuntó también ayer el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos. Esto, a su vez, provocaría ese efecto «arrastre» que se llevaría por delante al conjunto de la Eurozona y, por lo tanto, a España.

Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) se mantiene fiel a la hoja de ruta anunciada por la institución pese a las últimas dudas sobre las perspectivas de la economía de la zona euro. El banquero central, en una entrevista en Cope, señaló que los tipos de interés subirán en julio 25 puntos básicos y, si la situación de la inflación persiste o empeora, “será apropiado un incremento de más de 25 puntos básicos” en septiembre. Para Guindos, las decisiones del BCE de subir los tipos y acabar con el programa de compras de deuda son “una medicina amarga que hay que tomar contra la elevada inflación. “No hay alternativa”, aseguró. La postura monetaria no choca con el análisis que hace Guindos de la situación económica, ámbito en el que reconoce que se producirá des-aceleración “importante” y “visible”. Pese a ello, el vicepresidente del BCE destaca que, por el momento, el escenario central del organismo no anticipa una recesión, aunque un corte del gas ruso cambiaría el panorama. Si se produce un embargo total del suministro ruso de gas natural, el banquero central apunta a que Alemania podría entrar en recesión y arrastrar con él al resto de la zona euro.

“Una recesión económica no es inevitable”. Con la inflación disparada y los tipos de interés en rápido ascenso, en Estados Unidos ya nadie parece dudar de que una recesión está a la vuelta de la esquina, salvo Joe Biden. Pero incluso en las palabras del presidente de EEUU se adivina que la balanza se inclina más hacia una crisis que hacia el famoso “aterrizaje suave” que defienden los gobernadores de la Reserva Federal (Fed). También Jerome Powell, al frente del banco central estadounidense, ha matizado su discurso en los últimos días. Hace dos semanas, tras subir los tipos en 75 puntos básicos, el mayor salto desde 1994, reconoció que, aunque no era su objetivo, “existía la posibilidad” de provocar una recesión. La semana pasada endureció aún más su discurso al asegurar que a medida que avanzan los días y la inflación sigue sin dar señales de desaceleración, el riesgo de desatar una crisis es cada vez mayor. Son muchos los factores externos que pesan sobre la economía estadounidense, como el alza del precio de la energía y los alimentos a consecuencia tanto de la guerra en Ucrania como del desajuste en las cadenas de suministro a nivel global. A su favor, el mercado laboral sigue siendo fuerte, con una tasa de paro en el 3,6% se sitúa casi en mínimos históricos y en niveles prepandemia. Al mismo tiempo, se trata de un arma de doble filo.

El pleno de la Eurocámara avaló ayer el acto delegado de la Comisión Europea para calificar como sostenibles la energía nuclear y el gas. La iniciativa, que recibió el apoyo de 328 eurodiputados, 278 votos en contra y 33 abstenciones, dependía del Parlamento europeo para su adopción. Se trataba de una votación decisiva, ya que el rechazo del hemiciclo habría supuesto un mazazo para el Ejecutivo de Ursula von der Leyen, que se habría visto obligado a modificar o descartar definitivamente esta norma. La propuesta que Bruselas presentó el pasado febrero para incluir estas dos energías en su reglamento sobre taxonomía, que cataloga las inversiones verdes en la Unión Europea (UE), suscitó el rechazo de expertos asesores y de países como España, Austria, Dinamarca y Luxemburgo. También de las organizaciones ecologistas, que estiman que la nuclear y el gas no cumplen los requisitos para ser consideradas energías verdes. La gran división que ha provocado la nueva normativa cristalizó en el Parlamento Europeo. Los socialistas europeos, los Verdes y el grupo de la Izquierda se mostraron en su mayoría contrarios al reglamento, mientras que los liberales europeos –grupo político en el que se encuentra el PNV– votaron a favor. El PNV avala una decisión «pragmática y realista». La eurodiputada Izaskun Bilbao dice que mientras llegan las renovables «hay que garantizar el suministro de energía». 

El Gobierno francés hizo pública su intención de nacionalizar al completo Électricité de France (EDF), la mayor eléctrica del país. Aunque el Estado francés ya tiene el 84%, la nacionalización total supone un giro histórico en el proceso de liberalización energética que se ha defendido en las últimas décadas dentro de la UE. El argumento que esgrime Francia para hacerse con todo el capital en EDF es reforzar la independencia energética del país galo, especialmente ahora que la guerra de Rusia contra Ucrania ha provocado una escalada de los precios de la luz y el gas. Es relevante que la nacionalización de EDF en Francia, donde la mayor parte de su energía es nuclear, se anuncie justo el mismo día en el que la nuclear ha sido respaldada por la UE. El 70% de la luz francesa es nuclear con más de 50 reactores nucleares, muchos de ellos ya antiguos y con importantes necesidades de mantenimiento y reforma. La nacionalización de EDF en Francia se suma a la que está promoviendo el Gobierno británico de Boris Johnson con respecto a National Grid, la empresa que organiza los flujos de electricidad y gas de Reino Unido.

«Boris, se acabó la partida». Fue el mensaje, trasmitido por su ministro de «nivelación económica» y estrecho aliado Michael Gove, con el que Boris Johnson arrancó el día más crítico de su vida política. Por la noche, le destituyó. Fuentes de Downing Street declararon a la BBC que Gove era «una serpiente» con la que no se puede contar, por haber filtrado a la prensa la noticia sobre su consejo a Johnson para que dimitiera. Horas antes, en el Parlamento, el premier reiteró su voluntad de «seguir adelante», pese a las más de 30 dimisiones en cascada en su Gobierno y las decenas de cartas de parlamentarios tories pidiendo su relevo. Al regreso de la tortura política a la que fue sometido en Westminster, Johnson tuvo que vérselas en Downing Street con un cónclave de ministros, encabezado por su recién nombrado secretario del Tesoro, Nadhim Zahawi, dispuestos a mostrarle la puerta de salida del número 10, como le ocurrió en noviembre del 1990 a Margaret Thatcher. En el así llamado quit squad o pelotón de dimisión, estaba también el jefe del grupo parlamentario conservador, Chris Heaton-Harris, que comunicó al premier la pérdida total de confianza de sus propios diputados tras las evasivas de los últimos días por su empeño en designar a su aliado Chris Pincher como su número dos en Westminster, a sabiendas de los antecedentes por su conducta sexual (como si no hubiera tenido ya bastante con el Partygate).

El Gobierno alemán aprobó ayer una reforma de la política migratoria que impulsará la regularización de más de 100.000 extranjeros sin permisos de residencia si cumplen ciertos requisitos. La medida afecta a personas en situación irregular que llevan ya años en el país y a las que no se ha deportado a sus países de origen por razones administrativas o humanitarias; se las conoce popularmente como geduldete (tolerados en alemán). “Se trata de un cambio de perspectiva, queremos que las personas bien integradas en Alemania tengan verdaderas oportunidades”, declaró la ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, en una comparecencia en Berlín. El proyecto, que tiene que ser bendecido aún por el Parlamento, abrirá la puerta a la regularización a los que con fecha del 1 de enero de 2022 hayan residido en el país durante cinco años y no hayan cometido delitos o hayan ocultado su identidad para evitar una expulsión. Recibirán un permiso de permanencia provisional de un año en el que deberán cumplir otros requisitos, como la capacidad de mantenerse económicamente y hablar alemán, para optar posteriormente a un permiso de larga duración. El consejo de ministros aprobó, además, facilitar la reagrupación familiar de trabajadores cualificados y simplificar los procedimientos para que los solicitantes de asilo accedan a cursos de integración y del idioma.