20250712

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El polígono industrial de Eskuzaitzeta, en Donostia, vive un momento decisivo. Concebido como una de las grandes apuestas para atraer actividad empresarial a Gipuzkoa, su consolidación avanza en paralelo a una realidad más compleja: el interés por instalarse se mantiene, pero muchas empresas aplazan sus movimientos ante un panorama económico global marcado por la incertidumbre. Las decisiones de inversión se enfrían, los calendarios se dilatan y la cautela se impone. La fragmentación geopolítica, los conflictos en Ucrania y Oriente Medio y la política imprevisible de Donald Trump empiezan a condicionar también los planes empresariales en suelo vasco. «Estamos notando una ralentización en las tomas de decisiones. Todo el mundo está esperando un poco a ver cómo transcurren los acontecimientos a nivel global, porque al final todo afecta aquí», explica Ander Betzuen, director comercial de Sprilur, sociedad pública del Gobierno Vasco que gestiona este desarrollo. «Las empresas no han perdido el interés, pero están aplazando movimientos a la espera de un contexto más estable», añade el responsable de Sprilur. A día de hoy, unas 18 empresas y otras entidades están ya implantadas en Eskuzaitzeta, entre ellas firmas destacadas como Cidetec Energy Storage, Otis Mobility, Dascher, BioTech Foods o la Fundación contra el cambio climático de la Diputación Naturklima. A ellas se suman otras dos compañías que han adquirido suelo y se encuentran ahora en fase de diseño o construcción. De hecho, Tecnalia puso el 8 de julio la primera piedra de su nuevo edificio de Eskuzaitzeta para la movilidad sostenible e inteligente, que formará parte del Polo Mubil. El polígono acoge también infraestructuras relevantes como la nueva prisión o las instalaciones deportivas de Zubieta. Precisamente, uno de los proyectos estrella es Mubil, el corazón del Polo de Movilidad Inteligente y Sostenible de Gipuzkoa.

Más allá del número de empresas instaladas, enfriamiento inversor o del calendario de obras, desde la sociedad pública Sprilur —encargada de gestionar Eskuzaitzeta— se pone el foco en un fenómeno que explica parte del interés que despierta este desarrollo: muchas compañías industriales buscan reubicarse no solo por espacio, sino por estrategia. «Son empresas que en su localización actual no tienen margen para crecer y aquí encuentran la oportunidad de escalar y centralizar oficinas y producción», explica Ander Betzuen, director comercial de Sprilur. Esa posibilidad de crecimiento ordenado, con suelo disponible y bien conectado, se ha convertido en un factor decisivo para un perfil de empresa muy concreto: compañías con un componente tecnológico creciente que necesitan estabilidad para planificar a medio y largo plazo. «La ubicación es importante, pero también lo es la capacidad de desarrollar un proyecto completo en un entorno pensado para ello», señala Betzuen. Aunque reconoce que el contexto internacional ha enfriado algunos movimientos, el responsable de Sprilur insiste en que «no es un problema de falta de interés», sino de cautela temporal. A su juicio, el repliegue inversor responde a la necesidad de contar con un «horizonte despejado» antes de acometer decisiones de calado. Aun así, anima a las empresas a no quedarse paralizadas: algunas parcelas ya están reservadas y, en su opinión, «avanzar en el proceso, aunque la decisión se tome más adelante, permite mantener opciones abiertas». Betzuen defiende además que Eskuzaitzeta no es un caso aislado, sino un modelo replicable que puede ayudar a resolver una carencia estructural del tejido económico vasco. «Nos falta suelo industrial, y si queremos mantener nuestra competitividad, hay que poner más oferta encima de la mesa», afirma.

Las últimas 48 horas han registrado un avance determinante para la operación Talgo. Tras el puñetazo encima de la mesa que dio el grupo del PNV en el Congreso el pasado martes acusando al Gobierno de España de «obstaculizar» el futuro del fabricante, el cariz ha cambiado radicalmente. En los últimos dos días se han acelerado los contactos entre los ejecutivos central y vasco. Las llamadas y las comunicaciones han fluido a través de unos canales que han registrado una actividad muy intensa que hace prever una solución en las próximas horas. Así, el Ministerio de Transportes se ha unido al consorcio vasco –formado por Gobierno autonómico, el industrial José Antonio Jainaga y las fundaciones BBK y Vital– para presionar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) en la formulación del crédito que necesita Talgo. Se insiste en que se trabaje la vía de la última propuesta que divide en dos partes –una para Lakua, otra para Madrid– el préstamo convertible de 150 millones que reclama el ‘pool’ bancario, liderado por BBVA y Caixabank, para sostener financieramente la deuda de la empresa, que supera los 400 millones de euros y que se ve agravada por la multa de Renfe de 116 millones por los retrasos en los trenes Avril. La presión se acumula en el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que rechazó el pasado martes la financiación de 75 millones público-privados que diseñó el Gobierno vasco con el consorcio para sumar a los otros 75 millones de la Sepi. Tras los trabajos de estos dos últimos días, el optimismo en las partes es creciente hasta el punto de que avanzan que puede ser cuestión de horas lo que quede para el acuerdo.

«Cada día que pasa, es un día perdido para Talgo». Así lo explicó este jueves el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, precisamente en la entrega del premio Korta al industrial José Antonio Jainaga. Una frase que resume bien el estado de una compañía que lleva sometida a la incertidumbre de un cambio de dueños durante más de dos años. En ese tiempo, el Gobierno de España ha bloqueado dos intentos de compra –el húngaro de Magyar Vagon y el polaco de Pesa– y han pasado ya nueve meses desde que el presidente de Sidenor comunicara a la CNMV su intención de controlar la compañía. Mientras tanto, la actividad de Talgo se ha ido a un segundo plano, ahogada por una cartera de encargos que superan ya los 6.000 millones. De esos, 1.400 corresponden al pedido de la renfe alemana, Deutsche Bahn, de 79 trenes. Un primer tramo de 23 unidades deberían entregarse el mes que viene tras acumular varios retrasos. Pero ese escenario se complica y amenaza la activación de un nuevo régimen de sanciones. De hecho, según confirman fuentes conocedoras de los contactos, hay negociaciones abiertas para renunciar a parte de ese encargo. Una decisión que ya ha afectado a muchos de los proveedores de Talgo, que han recibido una anulación de pedidos. De todos modos, las perspectivas de crecimiento del sector siguen siendo muy halagüeñas. Así, el fabricante anunció el pasado mes de mayo la firma de un megacontrato de 2.400 millones para 65 trenes del operador ‘low cost’ europeo Flix Train.

Las empresas vascas dedicadas a la construcción de autobuses eléctricos urbanos siguen electrificando la movilidad europea. Tanto CAF (a través de su filial Solaris) como el Grupo Irizar (mediante Irizar e-mobility) están aprovechando el viento de cola que empuja al sector debido al impulso de la Unión Europea por descarbonizar el transporte público de sus ciudades, tal y como establecen sus objetivos energéticos a largo plazo. Y en ese empuje por teñir de verde la movilidad y dejar atrás fuentes más contaminantes, tanto el pasado año como lo que llevamos de curso están siendo periodos especialmente fructíferos para las dos compañías guipuzcoanas, que están experimentando un crecimiento notable en los pedidos que proceden de las distintas regiones comunitarias al calor de los fondos europeos que llegan a los distintos consistorios del continente. En el caso de CAF Solaris (que produce principalmente en Polonia), la cifra de autobuses suministrados creció un 5% en 2024 hasta llegar a los 1.525. Un 83% de estos fueron de cero o bajas emisiones. La compañía está llenando su cartera de pedidos mediante contratos de gran envergadura firmados recientemente. Uno de ellos para suministrar 170 buses eléctricos para Suecia, y el último de ellos, el anunciado el 30 de junio para proveer de 270 buses eléctricos articulados a Alemania, por un valor superior a los 220 millones. Por su parte, el Grupo Irizar se adelantó a sus competidores y en 2011 tomó la decisión de crear el área de negocio dedicada a la electromovilidad para comenzar a construir autobuses 100% eléctricos con destino a Europa. En 2016, el grupo creó Irizar e-mobility, una empresa encargada de ofrecer soluciones de electromovilidad para ciudades, incluyendo vehículos, sistemas de carga, tracción y almacenamiento de energía. Desde entonces los pedidos también han crecido de manera muy notable.

Desde que comenzó el año, el número de vascos que han solicitado las ayudas del Plan Moves se eleva a 2.099, según los últimos datos disponibles del Ente Vasco de la Energía (EVE), con el objetivo de financiar tanto la adquisición de un vehículo electrificado como la instalación de puntos de recarga. El organismo, que gestiona un programa que volvió a reactivarse el pasado 25 de junio tras varios meses en ‘stand by’ –a causa de la caída de la ley ómnibus en el Congreso de los Diputados– cuenta con un presupuesto de 14,9 millones de euros, una cantidad que proviene de los fondos europeos, transferidos directamente a los gobiernos estatales para que estos últimos los traspasen a las comunidades autónomas. Hasta la fecha, de la suma total de solicitudes, 1.352 corresponden a vehículos (con ayudas de hasta 7.000 euros en el caso de que se achatarre uno antiguo), mientras que otras 747 se dirigen a los puntos de recarga, cuya instalación puede ser subvencionada por el programa hasta en un 70%. En cuanto a la motorización de los vehículos adquiridos por los vascos, el 56% son eléctricos puros, mientras que los híbridos enchufables han supuesto un 43%. El programa tiene carácter retroactivo para la ciudadanía y es aplicable para compras de vehículos realizadas desde el 1 de enero de 2025. En total, y dependiendo de la tipología de vehículos, se prevé apoyar la adquisición de cerca de 2.000 vehículos electrificados, tanto eléctricos puros como híbridos enchufables, y 1.000 puntos de recarga. De esta forma, se estima un ahorro de emisiones de unas 30.000 toneladas de dióxido de carbono en la vida útil de los vehículos subvencionados.

Las dos nuevas rutas entrarán en funcionamiento el próximo 1 de noviembre, coincidiendo con el arranque de la temporada de invierno en la aviación comercial, y contarán con cuatro frecuencias semanales cada una; los lunes, jueves, viernes y domingos, según detalló ayer la compañía. Es más, este nuevo puente aéreo con Barajas y El Prat permitirá volar desde allí a destinos como Atenas, Génova, Verona, Salónica, Hamburgo, Stuttgart o Düsseldorf. El acuerdo en Foronda es de un año prorrogable a dos. La firma ‘low cost’ fundada por los creadores de Vueling ha resultado la adjudicataria por 5,3 millones de euros (IVA incluido) del concurso público impulsado por el ente interinstitucional que integran el Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación de Álava, la Cámara de Comercio y el Gobierno vasco. Según la resolución hecha pública ayer por VIA, Volotea obtuvo la mayor puntuación superando a Air Nostrum, que también concurrió a la licitación. Para Ramiro González, diputado general de Araba, «el próximo hito es llegar a los 500.000 viajeros y hoy estamos mucho más cerca de lograrlo». 

El grupo de ingeniería Sener disparó su beneficio un 142% el pasado ejercicio, hasta alcanzar los 61,9 millones de euros. Se trata de un resultado “razonable”, según los responsables del grupo de ingeniería, que tuvo unas ventas de 700 millones, un 32% más. La empresa explica que la rentabilidad de su negocio es cíclica y la evolución de su beneficio no sigue una senda “normalizada” ya que varía según los proyectos. En 2024, el área de movilidad volvió a aportar el grueso de las ganancias –así como de las ventas– de Sener; seguida a distancia de aeroespacial y defensa, infraestructuras avanzadas (centros de datos), y energía. En cambio, el segmento de renovables volvió a tener un impacto negativo. De hecho, Sener ha decidido “discontinuar” esta actividad, que inició en 2019 y que nunca ha sido un negocio estable y en pleno funcionamiento. Sus directivos consideran que el mundo de las renovables tiene hoy en día un perfil de riesgo y de oportunidad “que no resulta suficientemente atractivo”.

Artículo de Ana Andueza, presidenta de la asociación Professional Women Network, PWN. "Estamos asistiendo a una grave polarización del discurso en materia de igualdad, con sectores y empresas retrocediendo a marchas forzadas en sus políticas de igualdad y diversidad (el famoso acrónimo DEI: Diversidad, Equidad e Igualdad), ante el avance del contra-movimiento woke, (woke enfatiza la lucha contra las injusticias sociales, en particular en lo relacionado con la comunidad LGTBI, la discriminación racial y la igualdad de género). El excesivo foco en generar argumentos contra las políticas de igualdad limita un análisis sosegado de la realidad y, en cierta manera, nos impide cuestionarnos por qué la mujer sigue sin ocupar posiciones de liderazgo, y por qué está ocurriendo lo que McKinsey ha denominado la ‘gran renuncia’ de mujeres en puestos directivos. A pesar de haber alcanzado posiciones de liderazgo en las empresas, un porcentaje alarmantemente alto de mujeres están decidiendo abandonar sus compañías. Adiós, hasta aquí he llegado. Un estudio de McKinsey realizado en 2023, basado en encuestas a más de 27.000 personas y 270 líderes senior, revela que, por cada mujer que asciende a niveles directivos, dos deciden renunciar. Y no lo hacen por falta de capacidad o preparación para asumir roles de responsabilidad, sino por razones vinculadas a una cultura empresarial donde los roles de género aún les impiden desempeñarse en igualdad de condiciones con sus homólogos masculinos. Entre las principales razones de esta renuncia destacan: 1. Microagresiones y sesgos inconscientes...2. Desigualdad y falta de reconocimiento del trabajo extra...3. Sobrecarga y agotamiento laboral...4. Falta de flexibilidad laboral...Esta cuestión no es exclusiva para las mujeres, las generaciones más jóvenes valoran altamente las culturas flexibles y empáticas, por lo que el riesgo es aún mayor, con un amplio grupo de jóvenes profesionales a los y las que el liderazgo, en estas condiciones, no les motiva. El año pasado, se superó el récord de dimisiones, con más de 10.000 personas que alegaron agotamiento para dejar su trabajo. Esta ‘gran renuncia’ en puestos de dirección es una señal de alerta. Requiere una respuesta rápida y decidida..."

La incorporación de EM&E de Indra –se desconoce bajo qué formula empresarial se llevará a cabo– es esencial para que la cotizada pueda crecer en la rama militar, especialmente en la producción de productos de munición guiada, sistemas contradrón y mecanismos de detección terrestre. «No entendemos la rapidez con la que se ha hecho todo», repiten. «Se ha conseguido parar», advierten. Por el momento, la operación empresarial ha quedado postergada hasta que una comisión independiente, que contará con la ayuda del despacho de Garrigues, analice los pormenores de la absorción y si conlleva algún conflicto de interés. «Esta compra tiene mucha repercusión y hay que hacerlo todo bien», resumen. Los planes iniciales de la empresa pública pasan por formalizar la adquisición en el último trimestre del año, pero sin desvelar pistas sobre el importe. Fuentes del mercado estiman que la empresa familiar, especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de equipamiento y soluciones de Defensa, podría alcanzar un valor próximo a los 1.300 millones de euros en caso de fusión, cuantía que se podría abonar con un modelo mixto, con el pago repartido en efectivo y en acciones de la multinacional española.

Esta semana, la industria española del satélite está de celebración. Hisdesat y Airbus firmaron finalmente la construcción de los dos nuevos satélites Paz 2, uno de los programas más esperados por el sector y que acumulaba cierto retraso, pero que movilizará más de 1.000 millones de euros para ponerlos en órbita en 2031. La industria española está de enhorabuena porque aportará un 65% del satélite radar para defensa y seguridad y también lo está Raquel González, CEO de Airbus Space Systems Spain, ya que la compañía recibe un nuevo proyecto que es signo de que Europa se vuelve a tomar en serio el espacio, aunque eso sí, si quiere ser ambiciosa, la directiva asegura en una entrevista que hace falta más, incluso una macrofusión que cambiaría el panorama empresarial del sector [y donde la posible fusión Airbus y Thales acapara las conversaciones]. "El contexto geopolítico nos está mostrando la necesidad de inversión en nuestra seguridad, en nuestra defensa. Como Europa hemos recibido en los últimos años una serie de llamadas de atención para justamente prestar mucho más foco y poder mantener y defender esos valores europeos que se han puesto en riesgo. Invertir en defensa, invertir en seguridad es invertir en bienestar y en nuestra prosperidad económica. Lo que decimos es que esta tecnología y estas imágenes van a dar bienestar a toda la ciudadanía en cosas como la prevención de catástrofes...El sector espacial es estratégico. Dentro de la OTAN es uno de los pilares, el quinto dominio, que ya se ha establecido de forma formal como prioridad. De alguna forma, tiene un foco súper relevante y antes la parte espacial estaba mucho más desacoplada. Eso quiere decir que se está intentando impulsar a nivel europeo de forma mucho más potente. La Ley del Espacio es súper necesaria. España también está trabajando en una ley a nivel nacional, que luego tiene que estar coordinada con Europa..."

El mercado inmobiliario español sigue en plena escalada, una tendencia que se intensifica en el segmento de nueva construcción. El precio medio de la vivienda nueva ha alcanzado los 3.151 euros/m2 en el segundo trimestre, registrando así un nuevo máximo histórico. Además, el ritmo de encarecimiento se ha acelerado hasta el 7,5% interanual en este periodo, según el último informe de Sociedad de Tasación. Como referencia, el precio de este tipo de vivienda registraba un crecimiento interanual del 4,3% en junio de 2024. Con estas cifras, una vivienda tipo de obra nueva, con una superficie de 100 metros cuadrados, alcanzaría de media en España los 315.100 euros, un nivel récord y 22.100 euros más caro que hace doce meses. Bilbao y Donostia marcan récord histórico tras unas subidas del 6'6% y el 6'7%, hasta los 3.373 y 4.673 euros por metro cuadrado respectivamente. La capital guipuzcoana se mantiene como la tercera más cara en vivienda nueva tras Madrid y Barcelona. Por su parte, Vitoria sube un 5'8%, hasta los 2.634 euros por metro cuadrado. 

Los conflictos en otros países como Níger y el aumento de la demanda reducirán la oferta. La gestión de los residuos radiactivos –que tiene unos costes milmillonarios y que en España ha abierto una guerra judicial de las compañías eléctricas contra el Estado– es uno de los hándicaps de la nuclear frente a las renovables. Pero también lo es el aprovisionamiento del combustible que emplean los reactores, porque el uranio procede en muchos casos de puntos calientes en la geopolítica internacional. Enusa, empresa pública, se encarga en España de garantizar el abastecimiento para las cinco centrales que hay en activo. Debido a la invasión rusa de Ucrania, su trabajo se está enfocando en la “búsqueda de otras fuentes alternativas para garantizar el suministro”, según admite la empresa en su última memoria anual, que acaba de publicar. España importa todo el uranio enriquecido y alrededor de 40% procede de Rusia, según los datos que ofreció el presidente Pedro Sánchez en una sesión parlamentaria el 7 de mayo centrada en el apagón masivo del 28 de abril. El corte del suministro en la Península desembocó en un recrudecimiento del debate en España sobre la continuidad de la energía nuclear. Pero uno de los puntos que en muchas ocasiones se soslayan es el del uranio y su procedencia. El uranio ruso llega a través de la empresa Tenex, y Enusa admite que hay riesgo de que todo lo comprometido no acabe en España. 

El crecimiento de la demanda mundial de petróleo se frenará este año a su nivel más bajo desde 2009, con la excepción del año 2020 a causa de la pandemia de Covid, mientras que la oferta de crudo seguirá aumentando, a pesar de un mercado «aparentemente sobreabastecido», según señala la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su boletín mensual de julio. La agencia estima que la demanda mundial de petróleo aumentará este año en 700.000 barriles al día, su nivel más bajo desde 2009, con la excepción del año 2020, mientras que para 2026 proyecta un crecimiento del consumo de 720.000 barriles diarios. En este sentido, destaca que el crecimiento anual del consumo de crudo a nivel mundial se redujo desde 1,1 mb/d durante el primer trimestre de 2025 a solo 550.000 barriles diarios. Por contra, la producción de crudo en junio aumentó en 950.000 barriles al día, alcanzando los 105,6 mb/d, lo que representa un aumento sustancial de casi 3 millones de barriles diarios respecto a los niveles de un año antes. El informe detalla que «en un contexto de un mercado aparentemente sobreabastecido», el pasado 5 de julio, la alianza OPEP+ anunció un aumento gradual de los objetivos de producción para agosto, superando las expectativas y revirtiendo efectivamente el 80% de los recortes voluntarios de producción de 2,2 mb/d vigentes desde 2023.

La comisión bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat catalana que se celebrará este lunes para oficializar el acuerdo de financiación singular para Cataluña ha terminado por soliviantar a parte del socialismo, encabezado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que el viernes clamaba contra un pacto que tildó de “saqueo” y de “trato de privilegio”. La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Economía y número dos del PSOE, María Jesús Montero, trató de apaciguar a las regiones bajo gobiernos propios y ajenos asegurando que no habrá ningún “agravio territorial”. La financiación singular para Cataluña, que comporta la cesión de la gestión, liquidación, recaudación e inspección del 100% de impuestos a la Generalitat, a cambio del pago de una suerte de cupo al Estado por sus servicios y de una cuota de solidaridad al resto de territorios, fue acordada hace ahora un año entre PSC y ERC a cambio de los votos de Esquerra para investir presidente autonómico al socialista Salvador Illa. El pacto obligaba a aterrizar estos compromisos en el primer semestre de 2025 lo que, tras una quincena de prórroga, se hará este lunes. Lo que se firma, en todo caso, será un marco general que para el traspaso efectivo de impuestos a la Agencia Tributaria catalana, requerirá varios cambios legislativos de calado que requieren de una incierta mayoría parlamentaria, tal y como recuerda Gestha, la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda. El paso de este lunes, sin embargo, ha levantado ampollas entre las propias filas socialistas que parece claro que no sanaron en el Congreso Federal del PSOE de la pasada semana. Para Page, el barón más crítico, el cupo catalán es un “trato de privilegio consecuencia de un chantaje y de una permanente escalada de cesiones”, algo “muy grave” porque vulnera el principio de igualdad “sagrado para la izquierda”.

El estallido del ‘caso Cerdán’ ya pasa factura al PSOE y le castiga duramente en las encuestas. Según el barómetro del CIS correspondiente a julio, los socialistas se desplomarían 7,3 puntos respecto al estudio anterior. Pese al batacazo, se mantendrían como primera fuerza en unas eventuales elecciones generales con el 27% de los votos, ya que aún gozan de una ligera distancia de medio punto con el PP, que obtendría el 26,5% de los apoyos. Los de Alberto Núñez Feijóo bajan ocho décimas respecto a junio pero recortan la ventaja que les sacaban los socialistas en 6,5 puntos. El gran beneficiado del sondeo es Vox. El partido de Santiago Abascal crece 5,7 puntos y se eleva hasta el 18,9% de los apoyos. Sumar también crece, en su caso ocho décimas, hasta el 7,8%. Una cifra que le permite seguir sacando distancia a Podemos, su rival dentro del espacio político de la izquierda y con el que aspira aún a alcanzar un acuerdo de unidad para los siguientes comicios. Los morados obtendrían el 4,4% de las papeletas (0,2 puntos más), seguidos de Se Acabó la Fiesta, que cosecha el 1,7% de los votos. Respecto a la política de alianzas, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz sumarían el 34,8% de los votos (el 39,2% si se añade a Podemos, actualmente en «oposición frontal» al Ejecutivo), mientras que la suma de PP y Vox, que los primeros descartan, como ha insistido durante esta semana su nuevo secretario general, Miguel Tellado, obtendría un 45,4% de los apoyos totales.

Bruselas propondrá un impuesto a las grandes empresas que operan en Europa como parte de un esfuerzo por crear nuevas corrientes de financiación independiente para el presupuesto común de la UE, de más de un billón de euros. El denominado como recurso corporativo para Europa, esbozado en un borrador de la Comisión Europea al que ha tenido acceso Financial Times, se dará a conocer la próxima semana, pero necesita el apoyo unánime de los Estados miembros para entrar en vigor. El impuesto anual se aplicaría a todas las empresas con una facturación superior a 50 millones de euros, una vez descontados los subsidios e impuestos. Según el borrador, todas las grandes empresas que operen en Europa estarían sujetas a este impuesto, independientemente de dónde tengan su sede. Además, se aplicaría un “sistema de tramos” para exigir mayores contribuciones a los grupos con mayores ingresos netos. Otras medidas para recaudar ingresos, que se darán a conocer la próxima semana, incluyen la participación de la UE en los aumentos de los impuestos especiales al tabaco, un cargo por residuos electrónicos no reciclados y una tarifa de gestión para los paquetes de comercio electrónico de larga distancia –un impuesto que afectaría principalmente a las importaciones desde China–.

Los responsables de la Comisión Europea y los Estados miembros esperan resignados al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los gravámenes que impondrá a los productos importados desde la Unión Europea. La esperanza es que esos aranceles se ajusten a lo que han intentado negociar las dos partes durante las últimas semanas, pero la realidad es que conforme han ido pasando los días el optimismo se ha ido diluyendo. Mientras, Bruselas sigue sin variar su estrategia: negociación intensa y ni una sola declaración grandilocuente que pueda dar pie a una escalada cuando al frente de Estados Unidos hay un presidente que ha desplegado una política tan errática. Trump ha dado a entender que el tributo básico a aplicar de forma general se situará entre el 15% y el 20%, con excepciones para las bebidas alcohólicas, sin estar claro si ahí entraría el vino. Entre la paciencia y la resignación. Es el estado de ánimo más extendido en Bruselas, tanto entre la Comisión Europea como entre los Estados miembros, a la espera de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envíe la carta que anunció hace cuatro días y en la que supuestamente va a detallar los aranceles que impondrá a los productos importados desde la UE. La esperanza es que esos aranceles se ajusten a lo que han negociado las dos partes en las últimas semanas, pero conforme pasan los días el optimismo se va diluyendo.

El gran guiñol de los aranceles de Donald Trump continuó el jueves por la noche (hora de Washington y Ottawa) con un giro de guion inesperado: el anuncio-bomba de que el presidente de Estados Unidos había enviado una carta, otra, por la que comunicaba a Canadá, socio comercial preferente, su amenaza de imponer un gravamen del 35% a ciertos productos. También, de que este entrará en vigor el 1 de agosto. No figuraba en las previsiones un anuncio de esas características, por lo que la publicación en Truth, red social de Trump, de la misiva dirigida al primer ministro canadiense, Mark Carney, sembró una vez más el caos y el desconcierto en la relación bilateral. Esta se adentró en una nueva fase de la guerra comercial declarada por el presidente de Estados Unidos desde su regreso por segunda vez a la Casa Blanca. Son casi seis meses ya, en los que ha desplegado una agresiva, errática e impredecible política económica. La carta —que cabe interpretar como una medida de presión en plena negociación de un nuevo acuerdo comercial entre ambos países, ahora en riesgo— no especifica si ese 35% afectará o no a los productos protegidos por el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), que el propio Trump firmó durante su primera Administración y que ha amagado con romper varias veces desde su vuelta al poder. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a The Wall Street Journal que el nuevo arancel se aplicará solo a bienes no incluidos en ese acuerdo, sujetos ahora a un 25%, pero también añadió que todo puede modificarse tan rápido como cambie de idea Trump.

El Gobierno de Donald Trump estrecha el círculo sobre Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Desde su vuelta al poder el 20 de enero, el presidente de Estados Unidos ha multiplicado las críticas y los insultos al hombre que él mismo nominó en su primer mandato. Le ha reprochado «no enterarse de nada», «reaccionar siempre tarde», ser «idiota y estúpido», «más terco que una mula» y de sufrir los síntomas del «síndrome de trastorno de Trump» por su negativa a bajar inmediatamente los tipos de interés. La Casa Blanca quiere que relaje la política monetaria, e incluso le ha marcado claramente el objetivo, al modo de la Turquía de Erdogan: un 1%. Pero como Powell, con los tipos aún por encima del 4%, no sólo no atiende a las exigencias, manteniéndose fiel a la independencia de la institución, sino que está señalando en público las consecuencias para los precios, el crecimiento y el empleo de las anárquicas y cambiantes políticas económicas del presidente, el Ejecutivo ha pasado de hacer todo lo posible a lanzarse con lo impensable para sacarlo del cargo. «Lo insulto de todas las maneras posibles para que haga algo», dijo Trump el 19 de junio desconcertado por la impasibilidad de Powell. «Lo hago de todas las maneras posibles. Soy desagradable. Soy amable. Nada funciona», confesó sin problemas ante las cámaras. Por eso los mensajes, coordinados, han escalado estas semanas, apuntando a posibles sucesores, hablando ya de nombramientos este mismo año, aunque la presidencia de Powell no termina hasta 2026. Y ahora, en un salto sin precedentes, llegan las amenazas nada veladas. Acusando al chairman de una posible responsabilidad sobre un presunto mal uso de fondos públicos para la renovación de las instalaciones de la Fed.