Más de la mitad de las empresas que en Euskadi acudieron a esta vía de financiación –se estiman un total de más de 35.000 créditos– han retrasado el inicio de la devolución de estas cantidades acogiéndose a las facilidades que los gobiernos central y vasco han ofrecido. Es el 56,5% del total de la deuda viva, por lo que 3.219 millones todavía no obligan a comenzar el abono de las cuotas correspondientes. Los préstamos respaldados por Elkargi han contando con más facilidad para esta medida de alivio y es que un 86% han retrasado el inicio de los pagos. En el caso del ICO, el porcentaje es mucho menor, un 55%, según informa el Banco de España. Se trata por tanto de unas cantidades que todavía no afloran problemas de mora en los bancos, que siguen presentando unos ratios más que solventes de en torno al 4%. Los problemas pueden comenzar a darse ahora sobre los 2.464 millones que las empresas vascas deben empezar a devolver justo cuando la economía pasa por un momento de desaceleración, subida de costes energéticos y, según las previsiones del Gobierno vasco, estancamiento en el crecimiento durante los próximos dos trimestres. Desde el Ejecutivo destacan que el incremento de costes ha limado unas cuentas de resultados que son las que deben aportar el pago de las cuotas. Responsables de Elkargi explican que la situación no presenta problemas en el pago de estos préstamos. La entidad realizó la pasada primavera un «profundo análisis de la calidad de esos préstamos» sin que se vieran situaciones preocupantes. Aunque la patronal alavesa, SEA-Empresas Alavesas, advirtió ya antes del verano de que, según una encuesta, hasta un 30% las empresas reconocían preocupación para afrontar estos pagos. Las entidades financieras tampoco se muestran preocupadas por el momento, pero reconocen que el periodo de mora puede ocultar problemas.
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Viernes 9 de diciembre de 2022
Núm 1312/2022
Año XXXV
Las empresas vascas afrontan el pago de más de 5.600 millones de créditos-covid (El Correo)
Un fondo de EE UU, dispuesto a llevar la OPA sobre Siemens Gamesa a los tribunales (El Correo)
El fondo de inversión norteamericano Fourworld Capital (FWC) ha anunciado que recurrirá ante los tribunales españoles la OPA lanzada por Siemens Energy sobre la empresa vasca Siemens Gamesa, de la que controla el 68% del capital y aspira a tener el 100%. La decisión, han argumentado los responsables del fondo, está basada en la idea de que el precio ofertado por la multinacional germana «no es equitativo» y no refleja por tanto el valor real de la firma eólica. Siemens Energy anunció el pasado mes de mayo su decisión de ofertar 18,05 euros por cada título de Siemens Gamesa. El pasado 7 de noviembre la operación fue autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sin reparo alguno tanto al precio ofertado como al anuncio ya anticipado de que la sociedad saldrá de Bolsa en las próximas semanas. El plazo de aceptación de la OPA finalizará el próximo martes, 13 de diciembre. FWC posee un 0,7% del capital de Siemens Gamesa –algo más de 4,8 millones de acciones–, lo que supone 87,2 millones de euros al precio ofertado por Siemens Energy. Sin embargo, FWC ya ha anunciado que no venderá sus opciones y que tratará de defender sus argumentos en los tribunales. Lo cierto es que la CNMV, a la que se dirigió antes del verano en un intento de que paralizase la operación, no ha dado respaldo a sus argumentos. El fondo estima que Siemens Gamesa atraviesa un problema coyuntural fruto de los problemas logísticos y del alza de materias primas, pero que su futuro es mucho más prometedor de lo que refleja la oferta ligada a la OPA.
Rioja Alavesa pierde músculo exportador por el desplome de las ventas en Reino Unido (El Correo Araba)
Las bodegas de Rioja Alavesa, como todas las adscritas a la denominación, se encontraron tras el verano en una suerte de repliegue exportador por el desplome de ventas al otro lado del Canal de la Mancha. Su principal mercado internacional (supone en torno al 30%) arrastró cuatro puntos a la baja la cuenta general de expediciones al exterior. ¿El motivo? Reino Unido compró un 15% menos de vino respecto al pasado año –aún en pandemia–, según datos a octubre de la propia Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja. Y eso sin que Reino Unido haya incrementado su tasa impositiva sobre el alcohol, que es lo previsible de cara a 2023. «Está claro que el consumidor, en ese escenario, tiende por un lado a tener menor poder de compra y, por otro, a planificar la compra para consumir de manera más selectiva», explica Javier Ruiz de Galarreta, presidente de la asociación de exportadores de Rioja Alavesa. Hay otra variable que se suma a la ecuación negativa con Reino Unido y que algunas bodegas constatan como «válida», aunque sea a medias: el ‘acopio’ preBrexit por temor a un colapso en las entradas de importaciones desde la Unión Europea. Pero, se insiste, válida a medias. Porque, en general, se asume que el problema radica en la flojera de la economía británica. Araex circunscribe la «importante» bajada en las exportaciones al periodo julio-septiembre, con especial afectación para aquellas marcas que trabajan con el mercado británico, por supuesto con Rusia y Ucrania, pero también con Polonia, China o Canadá. Y aunque el Gobierno vasco aún no dispone de estadística en tiempo real y ‘particularizada’ para Rioja Alavesa, lo cierto es que el primer semestre del año ya se cerró con una caída del 15% en las exportaciones de caldos alaveses en términos de volumen, hasta los 11,4 millones de litros. No tanto en ingresos porque el precio medio subió un 17%, alcanzado los 6,71 euros por litro. Estos datos perderán fuelle con la actualización final.
Ardoaraba se despide con «un balance positivo, el público ha vuelto» (El Correo Araba)
«El público ha vuelto a Ardoaraba», resume Patricia García, gerente de ‘Gasteiz On’, asociación organizadora de la cita enogastronómica alavesa que se ha recuperado tras dos años de pandemia y ha contado con el patrocinio de El Correo. Esta edición cerró ayer su programa en el palacio de Villa Suso con ‘Summum’, una actividad «dedicada a los caldos más excelentes, internacionales e innovadores». Y, por eso, aunque todavía es pronto para tener los registros de asistentes, con el bullicio que se ha visto en las carpas estos días –la feria se inició el pasado sábado– se puede ofrecer un balance que, en todo caso, es «positivo». «Parece que no va a haber sorpresas. Tenemos que sentarnos y analizar todas las encuestas, pero la sensación es que estamos en cifras similares a 2019», apunta García. Hace dos años, 86.698 personas brindaron en Ardoaraba. Entre ellos, el 72% eran vitorianos, un porcentaje que en 2018 aumentó hasta el 78%. Con un vistazo a las inscripciones de este ejercicio, esto no parece haber cambiado. «Para los gasteiztarras que se quedan en la ciudad todo el puente, la feria es un motivo para salir a la calle», explica la gerente, después de ratificar que la mayor parte del público ha venido, de nuevo, de Vitoria. No obstante, «también ha habido un volumen importante de turistas, de Madrid, Málaga, Barcelona o Burgos y, por supuesto, del resto de Euskadi».
El precio de la gasolina y el diésel da un respiro antes de la Navidad (Diario Vasco)
El precio de la gasolina alcanzó ayer en el territorio los 1,68 euros/litro, y el diésel los 1,84 euros/litro, unas cifras que los bastidores de las diferentes estaciones de servicio no reflejaban desde la primera semana de marzo (1,67 euros/litro), cuando las disrupciones de la guerra en Ucrania todavía no habían hecho mella en los precios de los carburantes y el Gobierno Sánchez aún no había implantado la bonificación de los 20 céntimos. Según los datos de la página web especializada en recoger el precio medio de todos los territorios, el litro de gasolina 95 en Gipuzkoa alcanzó ayer los 1,68 euros frente a los 1,726 del pasado jueves 1 de diciembre, lo que supone una rebaja de 0,16 céntimos. Estas cifras se traducen en tener que desembolsar 2,3 euros menos por llenar el tanque del vehículo con 50 litros (sin el descuento de veinte céntimos por litro, lo que puede abaratar la factura en 10 euros más). En el caso de diésel – con un precio medio ayer de 1,84 euros–, el descenso en el coste respecto al inicio de mes ha sido más tímido respecto al de la gasolina, de apenas 0,054 céntimos, por lo que el usuario debe abonar 2,7 euros menos. Conviene, no obstante, retrotraerse un año atrás –sin crisis energética de por medio– para conocer cuánto se han encarecido los carburantes en Gipuzkoa.
El embargo al crudo ruso provoca un atasco de petroleros en el Bósforo (El Correo, Expansión)
El Bósforo es uno de los estrechos más transitados del mundo y estos días presenta una inusual imagen con más de una veintena de petroleros y cargueros a la espera de luz verde para cruzar. El embargo de la Unión Europea al petróleo ruso, en vigor desde el lunes, tuvo como primera consecuencia la decisión turca de no permitir el tránsito de barcos sin seguro. La medida de presión adoptada por Bruselas, además de marcar un tope de precio de venta de 80 dólares por barril, prohíbe a los Estados de la UE, del G7 y Australia prestar cualquier tipo de servicio a los petroleros que transportan crudo ruso. Una prohibición que se extiende a los seguros y hay que tener en cuenta que el 90% de la carga marítima mundial la aseguran compañías de los países del G7. El Bósforo primero y Dardanelos después, son dos estrechos que los barcos procedentes de Rusia deben cruzar sí o sí. Turquía les exige un seguro porque, según fuentes citadas por la agencia oficial Anadolu, «la mayor parte de compañías internacionales han dejado de dar cobertura a los rusos». Estas mismas fuentes recordaron que se trata de un tipo de embarcaciones muy especiales que si sufren un accidente los daños ocasionados pueden llegar a suponer miles de millones de dólares.
Airbus advierte contra una fuga a EE UU de firmas aeroespaciales por el coste de la energía (Cinco Días)
El director ejecutivo de Airbus SE, Guillaume Faury, advirtió ayer que los proveedores aeroespaciales europeos están comenzando a mudarse a los Estados Unidos para escapar de los crecientes costes de la energía e instó a los Gobiernos a proporcionar exenciones fiscales para detener el flujo. Algunas compañías alemanas, por ejemplo en el sector químico, ya han decidido reubicarse, mientras que en Francia hay más de una actitud de “esperar y ver” que podría traducirse finalmente en salidas de empresas a principios del próximo año, alertó Faury en París. “Un cierto número de compañías más pequeñas y dependientes de la energía ya no pueden hacer que la ecuación funcione”, explicó el alto ejecutivo del fabricante aeronáutico en una conferencia de prensa en su papel de jefe del lobby aeroespacial francés Gifas. “Deben decidir si cierran las operaciones o se mueven donde los precios de la energía son más bajos”. La Ley de Reducción de la Inflación del presidente Joe Biden ha enfurecido a la Unión Europea, que defiende que viola las reglas de subsidios de la Organización Mundial del Comercio y está sopesando si emitir una queja formal o crear un programa similar. El presidente francés, Emmanuel Macron, organizó el mes pasado una cena con los principales líderes empresariales europeos para instarlos a invertir en casa. Faury dijo que la ley estadounidense es “muy favorable” hacia los proveedores de la aviación, que también se sienten atraídos por los subsidios para programas de energía libre de carbono, incluido el hidrógeno verde, un área en la que Airbus es particularmente activa. La UE, por el contrario, “tiene buenas intenciones”, pero su marco regulatorio es demasiado restrictivo y complejo, “con muchos más impuestos, muchas más barreras y muchas más reglas”. “Hay muchos sectores industriales que están mirando a Estados Unidos como el nuevo lugar para hacer inversiones, y esto me preocupa mucho”.
Del fracaso del MidCat al nacimiento del BarMar (El Mundo)
De completarse el gasoducto que debe unir España y Francia –a través de Barcelona y Marsella– por el Mediterráneo, ya sea bajo el nombre BarMar o H2Med, dará forma por fin a una tercera conexión con el país galo que lleva sin concretarse más de una década. Entre medias, ha cambiado por completo el panorama energético y gasístico mundial y también el papel que debe desempeñar España en él. Pero el futuro a medio y largo plazo plantea ya un escenario en el que es gas es sustituido por alternativas más verdes. La primera conexión europea cumplirá 30 años en 2023 y llega, precisamente, a Francia. Se trata del gasoducto Larrau-Calahorra, que años después pasó a gestionarse conjuntamente, a través de VIP Pirineos, con el gasoducto de Irún. Éste se terminó en 2010 y recientemente aumentó su capacidad de bombeo. Mientras, Midcat se encontró con problemas casi desde sus inicios. Las obras comenzaron en el año 2010, pero se frenaron en 2011 a la altura de Hostalric, en Girona. Deberían haber terminado en 2015, pero nunca se completaron y en 2019 se paralizaron definitivamente. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la francesa Commission de régulation de l’énergie (CRE) coincidieron en que el proyecto «no cumple con las necesidades del mercado y carece de madurez suficiente para ser considerado en una asignación de costes transfronteriza». Midcat como tal moría entonces, aunque más adelante hubo planes para resucitar esta tercera conexión. El Gobierno, que anteriormente se había opuesto al gasoducto, le daba un nuevo enfoque como red también preparada para mover hidrógeno verde y reanimaba la idea, que aparecía incluso en el plan estratégico de Enagás.
Crecimiento económico: La realidad estructural frente al espejismo coyuntural (Expansión)
En las últimas semanas, parece haberse instalado entre muchos analistas la sensación de que la economía se está comportando mejor de lo esperado y que podría llegar a evitarse cerrar algún trimestre con caída del PIB, especialmente en el caso español. Ojalá fuese así. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado para no confundir elementos que pueden transmitirnos un falso espejismo coyuntural sobre la economía en el corto plazo y hemos de ver todos los datos en el contexto estructural de un horizonte más amplio, analizando expectativas empresariales, así como la futura evolución de la renta disponible y del poder adquisitivo de las familias, en un entorno de una inflación que seguirá elevada durante un tiempo considerable –especialmente la subyacente– y de un encarecimiento de la financiación para todos los agentes económicos que han de hacer disminuir el consumo y la producción, especialmente cuando el sostenimiento artificial de la economía vía gasto público tenga que moderarse ante el retorno de las reglas fiscales. En la economía española, aunque los datos de contabilidad nacional trimestral hayan supuesto una amortiguación de la desaceleración en el tercer trimestre de este año con resistencia del consumo algo mayor en el cuarto trimestre, no hay que perder la perspectiva: la desaceleración de la economía es clara. La tendencia sigue siendo negativa, suavizada, pero negativa para el cuarto trimestre, aunque sea ligeramente. Pese a la mejoría del PMI de servicios, que, no obstante, sigue en contracción, y de algún otro dato, no hay que perder de vista los riesgos para la economía nacional, como un empeoramiento de la economía exterior, la inflación y la subida de tipos.
La deuda española mantiene el tipo pese al fin del paraguas del BCE (El País)
Los mercados financieros mantienen intacta su confianza en la economía española pese a las amenazas de tormenta. Los inversores acuden con apetito a cada una de las emisiones de deuda del Tesoro Público. En el mercado secundario los títulos de deuda española también generan cierta seguridad. Prueba de ello es que el bono español a 10 años ofrece un rendimiento del 2,8% y la prima de riesgo —la confianza de los inversores hacia un país— se mantiene en el entorno de los 100 puntos básicos, a pesar de que el BCE ha suspendido las compras de deuda. Esa cota está muy lejos de los casi 600 puntos que llegó a acariciar hace una década. El pasado julio, el BCE puso fin al programa de compras netas de deuda, aunque mantiene la opción de refinanciar los vencimientos con reinversiones flexibles. El efecto real es que sigue haciendo compras en términos brutos. Sin embargo, en los últimos cuatro meses los funcionarios de Fráncfort no han comprado ningún título de deuda española, ni han cubierto las reinversiones. “El BCE ha reducido su exposición sobre la deuda pública española y la prima de riesgo se ha mantenido estable”, remarcan fuentes del Tesoro. “Eso es una señal muy positiva”, abundan. Los responsables del Tesoro Público respiran aliviados tras haber conseguido su objetivo.
Los inspectores de Trabajo convocan tres días de huelga por primera vez en la historia (El Correo)
Tras meses de avisos, los inspectores de Trabajo convocarán su primera huelga en la historia antes de que termine el año para denunciar que las ministras de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y Trabajo, Yolanda Díaz, les han dejado «en el olvido». Se tratará de tres paros de 24 horas a los que están llamados todos los empleados del organismo de todos los centros nacionales, desde la escala más baja hasta el nivel superior, y ya sean funcionarios o personal laboral, fijos o interinos. La primera huelga de 24 horas tendrá lugar el próximo 21 de diciembre, pero se repetirá el 25 de enero y el 22 de febrero si la situación de precariedad que denuncian no cambia, según un comunicado enviado ayer a los medios por los cincos sindicatos convocantes: CC OO, CIG, SITSS, SISLASS y USESS. Otras cuatro organizaciones de trabajadores, entre las que se incluyen UGT y CSIF, esperarán a final de año para decidir si se suman a estos paros. Los sindicatos acusan al Gobierno de no cumplir «nada de lo acordado» en el pacto firmado con ellos en la mesa de negociación hace año y medio, en el que se configuraba un nuevo modelo de inspección y se recogían «las medidas capaces de paliar los numerosos problemas que afectan a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y cuya intensidad crece día a día».
Los trabajadores del BCE amenazan con ir a la huelga (El País)
El Banco Central Europeo (BCE) lleva tiempo siguiendo de cerca las negociaciones salariales entre sindicatos y patronales para que una abrupta subida de sueldos en el conjunto dela zona euro no ponga contra las cuerdas su lucha contra la inflación. Pero sus trabajadores parecen no estar de acuerdo con esa tesis. La institución que preside Christine Lagarde está viviendo intramuros una batalla por los incrementos salariales de 2023. Los trabajadores del Eurobanco amenazan con protestas, e incluso con una huelga, si la actualización de los sueldos no les protege de la galopante inflación que sufren los países de la moneda única, del 10%. Y por ahora, el BCE les ofrece un aumento de poco más del 4%. La autoridad monetaria lleva meses advirtiendo sobre los llamados efectos de segunda ronda si empresas y trabajadores quieren recuperar toda la pérdida de poder adquisitivo que supone el alza de precios. Hasta ahora, el BCE no los apreciaba. Ahora empieza a verlos. Lo han advertido la propia Lagarde y su economista jefe, Philip Lane, pese a que el sistema ideado por el Banco Central de Irlanda —desarrollado por los investigadores Pawel Adrjan y Reanmonn Lydon— indica que los sueldos han crecido un 5,1% en la zona euro en el último año, la mitad que los precios. Los trabajadores del BCE, cuya plantilla es de unas 4.000 personas, opinan lo contrario que Lagarde y Lane. Es más, los sindicatos creen que lo que ocurra dentro de la institución tendrá efectos en el diálogo social europeo y en los salarios del continente que, opinan, se han visto erosionados por el hachazo a la indexación y los límites impuestos a la negociación colectiva a golpe de reformas laborales, en no pocas ocasiones alentadas por Fráncfort. Y de ahí las movilizaciones.
Los titulados universitarios ganan un 80% más (Cinco Días)
El nivel de estudios y las competencias adquiridas influyen directamente en las oportunidades económicas y laborales de las personas. De hecho, las personas con estudios superiores (formación profesional superior y universitarios) tienen un 21,4% más de probabilidades de encontrar empleo y sus salarios son, de media, un 71,9% más elevados que los de quienes solo cuentan con educación primaria, según la monografía De los estudios a las competencias: condicionantes y resultados del capital humano en España, elaborada por la Fundación BBVA y el Ivie. Sin embargo, las oportunidades educativas son muy desiguales en España. El análisis destaca que el acceso a los sucesivos niveles de enseñanza está condicionado por la situación económica de la familia, el nivel de estudios de los progenitores o el tipo de ocupación en el que estén empleados. Además, revela que el peso del gasto público español en educación sobre el PIB es de los más bajos de la Unión Europea. Se sitúa en el 4,1%, solo por delante de Croacia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Grecia y Rumanía. Muy lejos, en cambio, del de países como Suecia (7,1%), Dinamarca (6,4%), Bélgica (6,3%) o Finlandia (6,1%) y por debajo del promedio europeo (4,7%). Incluso para quienes cuentan con estudios superiores, el mercado de trabajo en España es menos favorable que en los países vecinos, ya que el peso de las ocupaciones cualificadas está por debajo de la media europea (35,1%, frente 41,6%) y solo por delante de Bulgaria, Grecia y Rumanía. Todo esto, advierte la monografía, contribuye a que la tasa de abandono temprano en España sea la segunda más alta de toda la UE, alcanzando el 13,3%, solo por detrás de Rumanía y muy lejos de la media, situada en el 9,7%.
Los trabajadores retrasan su jubilación para sortear las penalizaciones de Escrivá (El Correo)
La reforma de las pensiones que entró en vigor el pasado enero comienza a dar sus frutos: los trabajadores que acceden a la jubilación están retrasando, aunque sea unos pocos meses, su retiro. O lo que es lo mismo: están manteniéndose un poquito más tiempo en el mercado laboral. Este siempre ha sido el fin último del nuevo esquema de coeficientes reductores que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, diseñó e incluyó en esta primera fase de la reforma aprobada a finales de 2021 y que, a la vista de los primeros datos disponibles, se está logrando. Las jubilaciones anticipadas han caído más de un 7% a lo largo de este año, mientras que han aumentado un 5% aquellos ocupados que deciden libremente retrasar su edad de retiro, lo que ha permitido elevar la edad real de jubilación de los españoles a máximos históricos y roza ya los 65 años, uno más que una década atrás. Concretamente se sitúa en los 64,8 meses tras incrementarse en 2022 el doble que en 2021, según las cifras que se incluyen en el informe Económico Financiero de la Seguridad Social que acompaña a los Presupuestos Generales para 2023. Entre enero y julio pasados se jubilaron de forma anticipada, es decir, antes de la edad legal –situada actualmente en 66 años y dos meses o 65 para los que tienen largas carreras de cotización)–, un total de 67.581 trabajadores, lo que supone un 7,6% menos que en el mismo periodo de 2020. Gracias a este fuerte recorte, que prácticamente triplica a la caída que ha registrado en términos generales cualquier modalidad de retiro (este año ha habido un 2,58% menos altas de jubilación), por primera vez al menos desde hace más de una década son ya menos de un 37% los trabajadores que pasan a ser pensionistas antes de tiempo.
Air Europa pierde la batalla por un ERTE de 3.000 trabajadores (Cinco Días)
La Audiencia Nacional no ve motivos que justifiquen la prórroga de un ERTE por causa de fuerza mayor después de marzo de 2022, cuando el Gobierno puso fin a las ayudas públicas durante la pandemia. La Sala de lo Social ha tumbado el recurso de Air Europa contra la decisión del Ministerio de Trabajo de no extender el despido colectivo temporal aprobado tras la declaración del estado de alarma, y que hubiese afectado a unos 3.000 trabajadores. El tribunal asegura que en dichas fechas ya no existían las mismas circunstancias excepcionales que permitieron acogerse a este mecanismo sufragado por las arcas públicas, dado que las limitaciones de tráfico aéreo existentes y las restricciones sobre los viajeros eran las mismas para todo el sector. La resolución judicial se da a conocer en un momento clave para Air Europa, pendiente de ver cómo se resuelve su futuro ante las difíciles negociaciones de su venta al Grupo IAG.
Las aerolíneas pugnan por el biocombustible (Cinco Días)
Las compañías se quejan de una cuesta empinada hacia la neutralidad en carbono en 2050 por la falta de soluciones a corto plazo que sustituyan al queroseno, tal y como advirtieron el miércoles las aerolíneas de la alianza europea A4E. Pero todas ellas mueven ficha para afrontar el mandato de la descarbonización. El objeto de deseo es el combustible sostenible para la aviación (SAF por sus siglas en inglés), cuya escasez ha desatado una fiebre de alianzas y pedidos pese a los altos precios (entre tres y seis veces más caro que el queroseno). La iniciativa Refuel Aviation, diseñada en Bruselas, obliga a un uso mínimo del 2% de SAF mezclado con queroseno en 2025; un 5% en 2030, y la cota sube al 63% en 2050. Los actuales motores de las aeronaves permiten mezclas al 50%, aunque Airbus ya ha volado en pruebas con aviones al 100%. El SAF recorta un 80% las emisiones en comparación con el actual fuel. Ante esta oportunidad, petroleras como BP, Total, Shell, Repsol o Cepsa, se adaptan, y se avista una inversión millonaria en capacidad de refino de biocombustible en EE UU, Brasil, Panamá, Australia, Reino Unido, Italia, Portugal o en España. Hasta ahora se han operado unos 450.000 vuelos comerciales con algo de SAF en los depósitos, según estimaciones de IATA. Las mayores aerolíneas han firmado más de 40 pactos con suministradores en este 2022.
Una alianza industrial pide vetar los camiones de combustión desde 2035 (El País)
Una alianza de 44 empresas y asociaciones industriales ha remitido una carta a la Comisión Europea en la que pide que las autoridades comunitarias prohíban la venta de camiones de mercancías con motores de combustión interna para 2035, según ha informado la asociación Climate Group en un comunicado. Las empresas firmantes —entre las que se encuentran Unilever, Orsted, Siemens, Pepsico, Henkel, Maersk, DFDS o Novo Nordisk— consideran que el límite para 2035 es “factible” y “necesario” para sustituir por completo la flota de camiones de la Unión Europea con el objetivo de que el bloque comunitario alcance la neutralidad climática en 2050. Los camiones solo representan el 2% de los vehículos que circulan por las carreteras, pero son responsables de más de una cuarta parte de las emisiones de CO2 del transporte por carretera de la Unión Europea. Estos vehículos pesados también son una de las mayores fuentes de contaminación por el llamado material particulado (PM) y óxidos de nitrógeno (NOx), que se estima son responsables de unas 350.000 muertes prematuras al año en la UE, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. La coalición también ha propuesto a Bruselas que permita una exención adicional de cinco años, hasta 2040, para la venta de ciertas categorías de vehículos especializados, como los camiones de construcción.
Kutxabank valora el riesgo climático de sus hipotecas (Expansión)
La sostenibilidad está ganando peso a pasos agigantados en la gestión y en la operativa de los bancos españoles. Por propio convencimiento, pero sobre todo empujados por el duro escrutinio del BCE, que se ha tomado este tema mucho más en serio que la Reserva Federal de Estados Unidos. El punto de inflexión lo marcó el test de estrés climático realizado este año por el BCE, cuyos resultados se publicaron en julio (de manera agregada, no individual). El objetivo de la prueba era calcular el coste de una transición desordenada a una economía baja en carbono. Nadie suspendió ni aprobó porque estaba concebido como una mera prueba de aprendizaje, pero el ejercicio ha multiplicado las acciones de los bancos para ser más escrupulosos a la hora de calcular los riesgos. Aunque solo sea para desmontar ciertas asunciones que hizo el BCE en sus modelos, que adjudicaban un alto riesgo de sequía a todo el territorio español e identificaba a Gipuzkoa como la provincia con mayor probabilidad de inundaciones. Por encargo de Kutxabank, Accenture ha calculado el riesgo de inundaciones de todas las viviendas y locales que respaldan la cartera hipotecaria del banco en España. Para ello, la consultora geolocalizó en el mapa las 370.000 viviendas y locales que tiene Kutxabank en garantía de hipotecas. A partir de ahí, midió el riesgo de inundaciones de cada zona en función de la pluviosidad, la calidad del suelo, el caudal habitual de los ríos que pasan por la zona, los desniveles de terreno, si hay diques y canalizaciones adecuadas, etcétera. Con esa información, Accenture concluyó que solo el 1% de los pisos y locales hipotecados ubicados en Guipúzcoa, el gran caladero de negocio de Kutxabank, tienen alto riesgo de verse afectado por una inundación, pese a la alta pluviosidad de la zona. Kutxabank planea encargar un estudio similar para categorizar el riesgo de sequía y de incendios en aquellos territorios donde están la mayoría de sus garantías hipotecarias.
BBVA se convierte en el banco español con menos riesgo (Expansión)
BBVA ha recuperado la confianza de los inversores, que empiezan a creer que el banco será capaz de rentabilizar su apuesta turca y que han visto que la solvencia de la entidad no se ha visto perjudicada por la opa. La travesía por el desierto ha sido larga para el banco. La crisis bélica se unió a la oferta de compra sobre Garanti para elevar el capital en la filial turca hasta formar una tormenta que estalló de lleno sobre los seguros de protección frente a impagos (CDS o credit default swaps) del banco presidido por Carlos Torres. Los CDS son el instrumento que los inversores utilizan para valorar el riesgo de los bancos en el mercado de renta fija y son más caros cuanto peor es la posición de la entidad sobre la que se contratan. Los de BBVA se dispararon como reflejo de las dudas por el aumento de la exposición a una Turquía en plena caída libre macroeconómica. En el peor momento tras el anuncio del lanzamiento de la opa sobre los minoritarios, llegaron a costar 107 puntos básicos, por encima de los de Santander e incluso de los de CaixaBank, en una tendencia que continuó durante meses.
ACS, Acciona y Ferrovial conquistan Australia con 30.000 millones de negocio (Expansión)
Australia ha ocupado en poco tiempo un lugar estratégico en la agenda de ACS, Acciona y Ferrovial, los tres mayores contratistas españoles que han encontrado en el gigante de Oceanía una plataforma de crecimiento de varios miles de millones de euros. La cartera de negocio de las tres multinacionales españolas alcanza los 30.000 millones de euros en Australia, casi tres veces más que todo el mercado de obra pública español en 2021 por cifra de contratación. ACS es, con diferencia, el mayor contratista español en Australia, aunque en los tres últimos años Acciona ha ido ganando cuota de mercado y ya figura entre las diez mayores constructoras del país. ACS, a través de Cimic, lidera el mercado de obra pública con una cartera de negocio de 17.500 millones de euros hasta septiembre de este año, lo que representa un aumento del 7% respecto a 2021. Cimic, que abandonó la Bolsa australiana este verano en una opa en la que ACS invirtió 1.500 millones de euros, domina la obra pública en proyectos de transportes, pero también encabeza el ránking en trabajos relacionados con la ingeniería industrial y la minería. La progresión de Acciona en Australia ha sido exponencial. En 2020, tras la adquisición de un lote de contratos del grupo Lend Lease por 100 millones de euros, la constructora de la familia Entrecanales alcanzó una cartera en infraestructuras de 2.470 millones de euros. Según los últimos datos disponibles, la carga de trabajo de la división (engloba los negocios de construcción y agua) alcanzó 8.000 millones de euros, casi tres veces más en solo dos años. Si se incorpora la actividad de energía, la cartera total de la empresa española supera los 10.500 millones.
Biden golpea más fuerte en la ‘guerra de los microchips’ (El Mundo)
EEUU fortalece su posición en el crucial mercado de los semiconductores. «La fabricación estadounidense está de vuelta, amigos», presumía el presidente norteamericano Joe Biden el martes pasado junto a ejecutivos como Tim Cook, el CEO de Apple. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el principal fabricante de chips del mundo (y una compañía indispensable para comercializar el iPhone), se instala en EEUU con una inversión de 12.000 millones de dólares en Phoenix (Arizona), el primer paso de una inversión total de 40.000 millones de dólares hasta 2026. Los 600.000 microchips anuales que EEUU prevé manufacturar gracias a este desembarco descargan la dependencia de ese país con respecto a Oriente, una constante en la Administración demócrata como ya lo fue antes en la arancelaria legislatura de Donald Trump. Este mismo año, se ha puesto en marcha la Ley Chips for America, que prevé 52.000 millones de dólares para esta industria; se ha vetado la exportación de productos estadounidenses del sector de los semiconductores a China; y, con TSMC, parece corroborarse la capacidad de atraer compañías extranjeras. Los anuncios de inversión se suceden: desde Intel, en Ohio, hasta la también estadounidense Micron en Nueva York, pasando por la surcoreana Samsung en Texas. Occidente reacciona ante los incentivos que se vienen ofreciendo en Asia y que han contribuido a que ese continente produzca ya en torno al 80% de los semiconductores del mundo. Actualmente Taiwán y Corea del Sur superarían cada uno el 20% de cuota, con China y Japón un escalón por debajo (en torno al 15%), seguidos por EEUU (alrededor del 12%) y Europa (cerca del 10%). El Viejo Continente se ha marcado la meta de duplicar su cuota actual hasta el 20% en 2030, y ampara con fondos NextGen distintas iniciativas surgidas en sus estados miembro, como el PERTE Chip español.