20230218

La emancipación juvenil es un problema de primer orden. Los vascos se van de casa justo pasada la treintena, cinco años más tarde que la media europea. Ello provoca, según el análisis que hace el Gobierno autonómico, «desajustes en sus proyectos de vida y autonomía», y retrasa «la edad de construcción de familias» y la primera maternidad. De fondo se sitúa la grave crisis demográfica, con una natalidad en mínimos históricos que amenaza la viabilidad del sistema de bienestar. El reto es una prioridad absoluta para las administraciones. Con ello en mente, el lehendakari, Iñigo Urkullu, anunció ayer que el Gobierno vasco destinará 300 euros al mes, durante dos años, para jóvenes de entre 25 y 29 años a partir de 2024 con el objetivo de ayudarles en su proceso de emancipación a la hora de alquilar o comprar piso. En total, un beneficiario podría sumar con esa prestación 7.200 euros. La medida, bautizada como ‘Programa Emanzipa’, estará dirigida a quienes dispongan de una renta inferior a 28.000 euros al año. El apoyo será compatible con ser perceptor de la RGI. A estos efectos, esos 300 euros mensuales computarán como parte de los ingresos de la personas beneficiarias de la RGI. La ayuda anunciada por el lehendakari durante el pleno de control en el Parlamento vasco será también compatible con el programa Gaztelagun de apoyo al alquiler.

Kutxabank ha decidido aplicar de forma unilateral a toda su plantilla una subida salarial del 5,25% –se sumará un 3,75% al 1,5% ya aplicado desde enero– tras varias negociaciones con los sindicatos sin que haya sido posible acercar posturas. La subida, anunciada ayer en un comunicado interno, se produce en vísperas de una convocatoria de huelga en todo el grupo para el próximo día 24. Los sindicatos reclaman consolidar un aumento en el banco vasco superior al que tiene el resto del sector. Aunque la entidad tiene convenio en vigor para este año y también para 2024, en todo el sector de banca se ha generalizado una mejora de condiciones con el objetivo de compensar la inflación. AEB y CECA, las dos patronales bancarias, alcanzaron un acuerdo con los sindicatos y Kutxabank da a entender en su comunicado que incluso ha mejorado esas condiciones, pero ello no ha satisfecho las aspiraciones de la plantilla. Kutxabank firmó un convenio con vigencia entre los años 2021 y 2024 que, básicamente, ligaba los incrementos salariales de cada año a la evolución del IPC pero con un tope anual del 1,5%. Eran momentos en los que nadie podía prever una escalada meteórica de la inflación como la que se ha registrado por la guerra en Ucrania y los precios de la energía. En el comunicado interno dirigido ayer por la dirección del banco a la plantilla, Kutxabank recuerda que propuso ligar las subidas salariales a la evolución de los ratios de productividad y a otras magnitudes económicas de la entidad –algo que, recuerda, los sindicatos rechazaron–, dando a entender que esa fórmula hubiese sido más gratificante para la plantilla que un pacto con referencia en el IPC.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, afirmó ayer que espera que no prosperen los recursos presentados por la banca y las empresas energéticas contra los gravámenes temporales aprobados para ambos sectores, puesto que en caso contrario las instituciones deberán devolver los ingresos obtenidos por esa vía, lo que no sería «bueno», puesto que dichos fondos están destinados a combatir los efectos de la inflación sobre la ciudadanía. En declaraciones en el Parlamento Vasco, Azpiazu evitó pronunciarse sobre las posibilidades de que los recursos contra estos nuevos impuestos sean o no aceptados por los tribunales. «No soy abogado ni suelo acertar cuando hago futurismos», dijo, aunque añadió que esperaba que los recursos «no sigan adelante» y que los gravámenes se mantengan. El consejero recordó que las instituciones vascas –que según las previsiones obtendrán 400 millones de euros extraordinarios en dos años a través de esos impuestos temporales– ya han acordado el reparto de esos ingresos, por lo que confía en que «se puedan hacer realidad». Cabe recordar que los impuestos temporales gravan a importantes empresas vascas como BBVA y Kutxabank, en el caso del sector financiero e Iberdrola y Petronor, en el energético.

Los nuevos impuestos extraordinarios a banca y empresas energéticas han superado su primera prueba ante los tribunales. La Audiencia Nacional rechazó ayer viernes aplicar la suspensión cautelar de los nuevos tributos que había solicitado la compañía Repsol, una de las afectadas por su creación. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional denegó, concretamente, la suspensión cautelar presentada contra la orden ministerial aprobada por Hacienda el pasado 3 de febrero, que suponía la puesta en marcha efectiva de los tributos, y el inicio del cobro de su primer pago anticipado, al establecer los modelos de declaración de los gravámenes temporales a grandes entidades financieras y firmas energéticas. En un auto emitido el viernes, la Sección Séptima del tribunal resolvía así a favor de la Agencia Tributaria la primera petición de medidas cautelares solicitada. El recurso de Repsol reivindicaba congelar los modelos de declaración fiscal 795 y 796 ( para el pago anticipado y la liquidación definitiva del impuesto energético) y los 797 y 798 (equivalentes para el tributo sobre la banca) hasta que el tribunal dictamine si los tributos son lícitos. La Audiencia Nacional entiende que rechazar la suspensión no supone un perjuicio irreparable, puesto que en caso de estimarse finalmente el recurso se trataría de una situación perfectamente reversible mediante la devolución de lo pagado con el abono de los intereses preceptivos, abriéndose a imponer en ese caso las compensaciones necesarias.

La sanidad se está convirtiendo en un dolor de cabeza para los vascos. En apenas medio año, la situación de Osakidetza y de los servicios de salud ha escalado hasta el segundo problema ciudadano. De hecho, la preocupación se ha disparado y alarma a más personas. Si en octubre era la tercera cuestión más mencionada ahora es la segunda. Pero lo más relevante es que si antes esa inquietud afectaba al 20% de la población, ahora esta cifra llega al 35%. Una tendencia que también se ve en los datos referidos a la seguridad, que para un 14% de la población es ya motivo de angustia cuando históricamente siempre ha estado por debajo del 10%. Los datos del último Sociómetro certifican cómo la situación de la sanidad, las listas de espera o los problemas de la atención primaria empiezan a oscurecer la imagen de una de las consideradas joyas de la corona del autogobierno: Osakidetza. La visión crítica que comienzan a tener los ciudadanos vascos de las prestaciones que reciben, además, coincide con los problemas que están apareciendo en otras comunidades. En los últimos meses, las huelgas y conflictos se han ido extendiendo por varias autonomías, con Madrid como principal foco de las protestas. La sensación de que se está produciendo un desgaste de los servicios públicos es general y no solo se circunscribe a Euskadi, pero el estudio del Gobierno vasco demuestra que el País Vasco tampoco es una isla aparte. Más bien todo lo contrario.

Entrevista con Juan María Nin Presidente de ITP Aero. Asegura que se mantienen las conversaciones y no descarta que el Estado se sume como accionista. Se define como «medio vasco por razones matrimoniales». También tiene su trascendencia que estudiase la carrera de Derecho en la Universidad de Deusto y asumiese a finales de septiembre la presidencia de una de las ‘joyas de la corona’ de la industria de Euskadi. El fondo norteamericano Bain, nuevo propietario de ITP Aero –la empresa que tiene su sede en Zamudio y fabrica componentes para motores de aviación–, le ha situado como hombre de confianza. Ha sido vicepresidente y primer ejecutivo de La Caixa, consejero delegado del Banco Sabadell y director general del Banco Santander. Asegura que no existe riesgo alguno de deslocalización de ITP, que más bien al contrario ahora sí que la compañía tiene independencia y que el futuro estará presidido por el crecimiento y la incursión en nuevos negocios. " El accionariado está prefijado en cuanto a pesos. Es conocido que hay un acuerdo con el Gobierno vasco y también que se ha pactado con el Gobierno español que haya otros accionistas nacionales. Esta empresa tienen unas características especiales y no son acuerdos ordinarios...– No le resultarán ajenos los temores que siempre se suscitan cuando hay un cambio de propiedad. Me refiero a la deslocalización de la producción o, más trascendente aún, al centro de decisión.– Pues en este caso le puedo asegurar que sucede todo lo contrario. Mire, hasta ahora había determinadas funciones que la empresa ni siquiera desarrollaba por su cuenta. La auditoría interna, por ejemplo, o la política de cumplimiento, que se controlaban desde Reino Unido, desde Rolls. Hemos contratado gente porque ahora lo tiene que hacer ITP. Con Rolls como dueño el centro de decisión estaba fuera, ahora está en el País Vasco..."

Satisfacción más que justificada la mostrada ayer por el gerente del Kursaal, Iker Goikoetxea, al dar cuenta del balance de la institución durante el pasado ejercicio. Un año en el que el palacio de congresos se movió en niveles próximos a su máximo histórico de facturación, recuperó la actividad prepandemia y logró incluso un récord en la actividad cultural, dejando así atrás las penurias de 2020 y 2021, marcados por la pandemia. El impacto económico en el conjunto del territorio de la institución, en la que el 80% de los guipuzcoanos ha estado alguna vez en su vida, asciende a 50,5 millones, frente a los 18 de un año antes. El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, que acompañaban a Goikoetxea, evidenciaron su satisfacción ante los buenos resultados del Kursaal (propiedad de ambas instituciones). El primero celebró el «año de la recuperación, tras dos ejercicios durísimos» y recordó que «hablamos de un espacio muy querido para los ciudadanos de Gipuzkoa». Al recordar que casi la mitad de los congresos celebrados fueron de carácter internacional, Olano afirmó que «el Kursaal es una antena que nos permite ser vistos y que el mundo nos conozca».

La localidad de Zambrana, en la cuadrilla de Añana, acogerá la primera destilería-biorrefinería de Euskadi que utilizará los restos orgánicos de la vendimia y la uva para producir alcohol sanitario. La empresa Gobea Heritage, S.L. invertirá 25 millones de euros en levantar una planta desde cero en un solar que ahora está abandonado y que antiguamente albergaba la desaparecida Efusa, dedicada a moldes de fundición. En total ocupará unos 30.000 metros cuadrados. El alcalde de Zambrana, Aitor Abecia, alababa la elección de su localidad para albergar esta fábrica «sostenible. Su idea es recoger los desechos que se producen en la vendimia de Rioja Alavesa, pero también los que puedan proceder de las plantaciones de txakoli vascas. Con ello, y mediante procesos naturales, se obtendría la materia prima para producir alcohol sanitario», explicó. «Se convetiría en la primera destilería de este tipo en Euskadi». Abecia justificaba la elección de Zambrana por las buenas comunicaciones con los centros viticultores vascos. Además, para el municipio se trata de una «inversión estratégica que va a generar puestos de trabajo tanto directos como indirectos», añadió. Una de las ventajas de la nueva planta es que no contamina. «Convierte la materia orgánica en alcohol mediante un procedimiento ecológico». La operación se ha tejido con una enorme discrección y los primeros detalles del proyecto se conocieron ayer tras la publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava del convenio urbanístico firmado entre la localidad y la empresa, que cuenta con subvenciones de la Unión Europea. 

El comercio minorista, que salió tan revalorizado de la pandemia, sigue sufriendo un desgaste continuo hasta el punto de que no cesa la tendencia descendente que se inició hace años. Cada vez son más los negocios que se cierran y los que se abren no compensan ni de lejos esa sangría. De hecho, Gipuzkoa ha perdido en los tres últimos años 817 comercios minoristas. Se trata de negocios con nombre y apellidos, emblemáticos muchos de ellos, que han llenado de vida y de actividad las calles, plazas y avenidas de nuestras ciudades, pueblos y barrios y que se van extinguiendo poco a poco. En algunas calles céntricas empieza a predominar cada vez más los escaparates cubiertos con papeles y carteles de ‘se alquila’ o ‘se vende’. Un reclamo que no encuentra contestación en muchos casos. Los últimos datos que ofrece el Informe de Estructura del Observatorio del Comercio de Euskadi, Enfokamer, se refieren al cierre de 2021. Y según este estudio, Gipuzkoa culminó ese ejercicio con 8.076 comercios minoristas, 817 menos que en 2018, cuando había registrados 8.893 establecimientos. Un año más tarde se perdieron algo más de 200, y en 2020 la caída fue más pronunciada al registrarse un descenso de 443. Hay que recordar que fue el primer año de la pandemia, con confinamiento incluido, y que golpeó con fuerza a todos los sectores económicos. 2021 tampoco fue muy halagüeño porque continuó la tendencia descendente, tras perderse otros 162. Y aunque no hay datos de 2022, todo apunta a que seguirá la misma tendencia, según explica la directora de Comercio y Turismo de la Cámara de Gipuzkoa, Amalur Anguiozar.

Euskadi aprovechó el saneamiento de sus cuentas para reforzar sus Presupuestos con el recurso a la deuda a fin de hacer frente a los gastos de sus políticas públicas para afrontar la pandemia y la posterior crisis por la invasión rusa de Ucrania. Así, desde que estalló el covid, el País Vasco ha incrementado su endeudamiento en 2.288 millones de euros hasta alcanzar los 11.265 millones que, según los datos del Banco de España, se acumulaban hasta el pasado mes de septiembre. Supone incrementar su deuda un 25,5% y convertirse, de largo, en la comunidad autónoma que más ha aumentado en porcentaje. La siguiente ha sido Murcia, con un 15,9%, seguida de Valencia con un 11,9%. En el acumulado de toda España, el incremento de la deuda de las administraciones desde la pandemia ha sido del 5,5%. Esta evolución ha hecho que Euskadi pierda la primera posición en España en el ránking de deuda sobre el PIB. Así, en marzo de 2020, el endeudamiento vasco se situaba en un bajísimo 12,2%, mientras que en septiembre pasado se situaba en el 14,6%. En la variación del valor es necesario tener en cuenta que la caída del PIB durante la pandemia influye directamente en el indicador. Pero ahora, el País Vasco está por detrás de Madrid (con una deuda del 13,4% sobre su PIB), Navarra (14%) y Canarias (13,2%). Aún así el dato vasco está dentro de los límites, marcados en la Comisión Mixta del Concierto, en torno al 15%, y muy por debajo del endeudamiento del conjunto de España, de 113,1% del PIB.

El mercado laboral se enfrenta a un cambio de paradigma radical, fruto de la coincidencia en el tiempo de tres transiciones de gran envergadura: la demográfica, la tecnológica y la climática. Para ayudar a Euskadi a abordar este triple desafío, se ha celebrado en Bilbao este jueves y viernes el congreso WORKinLan Summit, clausurado ayer por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y por la catedrática Sara de la Rica, que ha presentado en la cumbre el Libro Blanco del Empleo en Euskadi, elaborado por su equipo de la Fundación Iseak. Su análisis alerta del riesgo de que la tecnología ahonde en la brecha salarial que ya separa a quienes tienen altas competencias digitales y quienes carecen de ellas y ocupan puestos menos cualificados. Entre sus recomendaciones figuran la de reforzar la formación continua y la colaboración público-privada, con objeto de priorizar las políticas positivas para el empleo. El foro, organizado por el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco y la Fundación Iseak, en colaboración con El Correo, ha servido para analizar, junto a un plantel de expertos internacionales, cómo esta revolución de tres cabezas está afectando al mercado laboral y las recetas para abordarla. En el cierre, De la Rica manifestó su deseo de que el Libro Blanco «sirva de punto de partida para la reflexión», mientras que el lehendakari asumió el «compromiso institucional» de utilizar el documento para lograr que «Euskadi tenga mayores tasas de empleo y puestos de trabajo de mayor calidad». 

Las administraciones públicas, que deberían cooperar más con el sector privado para responder de forma más eficiente a las necesidades del mercado laboral. Es la tesis que defiende, Stephanie Stantcheva, profesora de Economía de la Universidad de Harvard, que junto a su compañero Dani Rodrik lidera en el ámbito académico una propuesta sobre cómo crear una sociedad que genere buenos empleos. A su juicio, la intervención pública es decisiva «para animar a las empresas a crear puestos de más calidad» «Estas tienen un papel importante, siempre en coordinación con gobiernos y políticas públicas. No lo puede resolver sólo el sector privado». Ese papel público no debe ceñirse únicamente a la etapa que Stantcheva denomina de «preproducción». Es decir, en la educación y formación que lleva a una persona a adquirir las competencias necesarias para trabajar. Ni tampoco sólo en la de «posproducción»: aquella relacionada con las políticas del bienestar: impuestos, prestaciones por desempleo, ayudas, etc. En un entorno laboral en el que demasiada gente no puede acceder a buenos trabajos es necesario «un acuerdo entre lo público y lo privado, donde haya más coordinación y cooperación, que haya más incentivos para las empresas para que ofrezcan mejores puestos». Todo pasa por «preguntar a las empresas qué trabajadores necesitan y diseñar un programa con ellas», al estilo de los programas de formación sectorial de Estados Unidos.

Buena parte de las economías desarrolladas del planeta comparten un mismo problema: su baja productividad. O, al menos, de un nivel no lo suficientemente elevado como para generar a su vez sueldos más altos. Y no es un problema exclusivo de los trabajadores, sino también de las empresas, que deberían incrementar su desarrollo tecnológico. Sobre todo las pymes, si no quieren ver agrandada la brecha que las separa de otras empresas más grandes y con mayor posibilidad innovar. Es el diagnóstico de Stéphane Carcillo, jefe de la División de Empleo e Ingresos de la Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, además de investigador especializado en economía laboral y políticas de empleo. Carcillo advierte de que durante la pandemia del covid muchas empresas se han dado cuenta de la importancia de digitalizarse. El problema, a su juicio, «es que tanto en la OCDE como en España hacen falta trabajadores con competencias digitales, pero especialmente en los países con alto desempleo». Muy relacionado con este problema está otro: la automatización de los empleos. El 14% de los puestos de trabajo, sostiene, está en riesgo de ser destruido. O, como mínimo, reemplazados por otros de sectores distintos. Los trabajadores más vulnerables son, lógicamente, aquellos con baja cualificación.

El futuro empresarial y laboral de los próximos años está marcado por la incertidumbre, pero ayer los expertos volvieron a arrojar una nueva luz sobre esta realidad desde la tribuna organizada en el WORKinLan Workshop. La cita abordó en su segunda y última jornada varias claves como la necesidad del ‘reskilling’, es decir, la capacitación de los empleados en nuevas competencias, y el aprovechamiento de los trabajadores más experimentados para combatir el llamado ‘invierno demográfico’. «Por primera vez en la Historia de la humanidad hay más personas mayores de 65 años que niños de cinco, y la estimación es que para 2050 los mayores de 50 años se hayan duplicado», reflexionó ayer la responsable de Impacto Social en la BBK, Verónica Urda. Ella condujo la mesa redonda ‘Talento Senior’, que reflexionó sobre la necesidad de mantener en activo a los profesionales de más edad para aprovechar sus capacidades y atender la demanda de trabajadores del mercado. El director general de Bilbao Ekintza, Javier Garcinuño, apostó por la creación de «equipos de trabajo mixto» que combinen a profesionales de más edad con trabajadores jóvenes, y acabar con la política actual que parece rechazar a la mano de obra que supera los 45 años. A su lado, Alberto Bokos, el cofundador de la plataforma 50 que trabaja en ampliar la vida laboral en una sociedad que camina hacia una mayor longevidad, recordó que este cambio de modelo ya se está aplicando en algunos países como Dinamarca que proyectan para su futuro elevar la edad de jubilación a los 74 años. «Es necesario plantear una reflexión porque estamos acostumbrados a la fisonomía antigua de la vida», defendió.

La patronal de la construcción CNC, junto a los sindicatos UGT y CCOO, están a punto de lanzar el primer plan de pensiones colectivo de España que movilizará unos 3.500 millones de euros en los próximos 10 años. Según la organización empresarial presidida por Pedro Fernández, el objetivo inmediato es seleccionar a la gestora encargada de administrar los fondos de los trabajadores que, en teoría, comenzarán a realizar aportaciones al nuevo plan del sector en las nóminas de marzo y de abril. CNC contrató los servicios de la consultora Mercer el año pasado, que ya ha seleccionado a 14 gestoras de ámbito nacional e internacional. La consultora ha establecido un ránking y será en los próximos días cuando se elija la propuesta más competitiva. El plan de pensiones para los trabajadores del sector se acordó en la negociación del convenio colectivo firmado el año pasado. Lo podrán disfrutar un millón de trabajadores del sector, más unos 300.000 autónomos. En la actualidad, patronal y sindicatos, con la supervisión del Ministerio de la Seguridad Social, se encuentran perfilando los detalles del reglamento que dará cobertura al plan. Una comisión de control integrada por las tres partes se encargará de velar por el funcionamiento de la gestora que será independiente de empresas y sindicatos. Fernández destacó ayer la importancia de esta medida pionera en España en un contexto en el que la sostenibilidad económica del sistema público de pensiones está puesta en entredicho.

España ha salido airosa del doble examen sobre la gestión de los fondos europeos al que la habían sometido en los últimos tiempos los hombres de negro de Bruselas. La Comisión Europea anunció el viernes que avala el cuestionado mecanismo español de control y auditoria de las ayudas del programa Next Generation, a la vez que aprueba un tercer pago de fondos al país, de 6.000 millones hasta sumar 37.000, tras dar fe del cumplimiento de una nueva tanda de compromisos. Así, de una parte, Bruselas quiso zanjar la controversia surgida en torno a los problemas de aplicación de los sistemas de auditoría y monitorización de la gestión de las ayudas europeas que se cernía sobre España. El problema de fondo radicaba en el cumplimiento del hito 173 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia comprometido por España a cambio de las ayudas comunitarias, que suponía la implementación de un sistema informático para el seguimiento y control de los fondos que permitiese auditar la ejecución de las inversiones. La medida formó parte del primer paquete de objetivos validados por la Comisión Europea pese a que su desarrollo había quedado pendiente, pero tras constatar la persistencia del incumplimiento Bruselas decidió impulsar una revisión retroactiva del hito en paralelo a la evaluación del nuevo desembolso de los fondos.

La Comisión Europea aprobó este viernes, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, una aportación de 460 millones de euros para ArcelorMittal con el fin de que la empresa descarbonice parcialmente sus procesos de producción de acero. La ayuda contribuirá a la consecución de la estrategia de la UE en materia de hidrógeno y de los objetivos del Pacto Verde Europeo, y también a reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos y a avanzar rápidamente en la transición ecológica en consonancia con el Plan REPowerEU. España notificó a la Comisión la ayuda para apoyar el proyecto de ArcelorMittal destinado a descarbonizar su producción de acero en Gijón, donde explota dos altos hornos que producen metal líquido a partir de una mezcla de mineral de hierro, coque y piedra caliza. La ayuda consistirá en una subvención a la construcción de una planta de reducción directa de hierro que utilizará hidrógeno renovable. Esta nueva planta sustituirá, junto con un nuevo horno de arco eléctrico, al alto horno actual. El gas natural utilizado en la mezcla se eliminará gradualmente de los procesos de producción de acero. En última instancia, la planta funcionará utilizando hidrógeno renovable con gas de síntesis producido a partir de gases metalúrgicos y residuos. Se prevé que la planta comience a funcionar a finales de 2025 y se espera que produzca al año 2,3 millones de toneladas de prerreducidos de hierro con bajas emisiones de carbono. 

Lejos parece que quedaron aquellos días en los que el virus estaba por todas partes. Y no era solo el virus, también la irracional idea de que se podía acabar con él. Un confinamiento tras otro. Niños cuya conciencia solo conocía esa vida de cierres y limitaciones. Muchos bolsillos arruinados. Era un bucle de desdichas bajo una estrategia llamada Covid cero convertida en un eslogan político que caló hondo al principio, pero que después de tres años ya nadie se creía. La burbuja de miedos se fue hinchando hasta que explotó en forma de protestas. Los más jóvenes se plantaron. Y para un régimen que prima ante todo la estabilidad social, eso fue una señal clara de que había que adelantar los planes para levantar el yugo que tenía atado al país más poblado del mundo. China abrió todas sus puertas y dio un giro a su narrativa fatalista. Se acabó el juego del miedo y de que pusieran en cuarentena un bloque de edificios entero porque el vecino del noveno había pasado por la puerta de un supermercado donde se había reportado un caso positivo. Pero antes de volver a la normalidad, el virus, como era de esperar, tenía que golpear a una tierra que era prácticamente virgen en infecciones por Covid. A finales de diciembre y principios de enero, los hospitales estaban saturados y las morgues llenas de cadáveres. Había colas de espera para incinerar a los muertos. Las calles de las grandes urbes se vaciaron. Casi todo el mundo estaba pasando el virus por primera vez.

El canciller federal, Olaf Scholz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, expresaron ayer su convicción de que la guerra será un conflicto largo, pero advirtieron de que apoyarán a Ucrania hasta el final frente a la agresión rusa, al tiempo que hicieron un llamamiento a incrementar el suministro de armas para repeler la actual ofensiva ordenada por el Kremlin. Durante la apertura de la 59 Conferencia de Seguridad de Múnich ambos criticaron duramente a Vladímir Putin y a su política de «neoimperialismo». El jefe del Gobierno alemán defendió su política de «equilibrio entre la mejor ayuda posible para Ucrania y la prevención de una escalada indeseada del conflicto» ante quienes critican sus presuntos retrasos y dudas a la hora de actuar. El curso que ha tomado Occidente conduce por «terreno sin cartografiar», advirtió Scholz, quien comentó que «por primera vez en nuestra historia una potencia nuclear lleva a cabo una guerra ofensiva imperialista en suelo europeo» y no había planes para ese supuesto. Tras destacar que Alemania es ahora el mayor suministrador europeo de armas a Ucrania y que ha acogido a más de un millón de refugiados, Scholz subrayó el alto valor de la unidad en la OTAN. Scholz criticó, sin embargo, la discrepancia entre las vagas promesas y los firmes compromisos a la hora de proporcionar a Ucrania modernos tanques de combate Leopard 2. Alemania no ha conseguido hasta ahora constituir un batallón completo de carros de ese modelo con ayuda de otros países aliados tras aportar una compañía. El canciller federal exigió que cumplan a quienes prometieron ese tanque y dio así rienda suelta a su irritación tras ser criticado por retrasar presuntamente el permiso de su Gobierno al envío, también por naciones amigas que ahora no cumplen con promesas hechas.