20230220

La construcción vive un momento de auge en Euskadi por la nueva obra y la rehabilitación de viviendas antiguas pero tiene un serio problema en un horizonte muy próximo. El sector estima que cada año necesitará incorporar a unos 5.700 nuevos trabajadores y en este momento el sistema vasco de Formación Profesional apenas si titula a 400 cada curso. Por razones diversas, algunas derivadas de la fuerte crisis que sufrió esta actividad a partir de 4008, solo se cubre algo más de la mitad de la oferta de plazas en la Formación Profesional. Ello puede conducir a recurrir a la inmigración y a contratar en origen. Este ámbito empresarial es el que mejor escapa al enfriamiento económico y el que mayor empleo viene generando. Su capacidad de incorporar profesionales a la obra se fija en 3.500 personas anuales en los próximos años. En cambio, del sistema vasco de Formación Profesional solamente saldrán este año 197 titulados dibujando un descuadre de cifras que evidencia un problema que todavía puede agravarse. Y es que en el departamento de Educación del Gobierno vasco confirman que de las 796 plazas ofrecidas en ciclos de Construcción solo se han demandado 467, el 58,6%. La falta de trabajadores en el sector es una cuestión, por lo tanto, que amenaza al crecimiento de la construcción y se convierte, según explica el director general de Jaureguizar-Urbas, Miguel Salaberri, «en un quebradero de cabeza para las compañías antes, incluso, que el coste de las materias primas». Mientras tanto, las previsiones del Gabinete Urkullu para este año fijan que el sector crecerá un 2,7% frente al 0,2% de la industria o la caída del 4,7% que se prevé para el sector primario. Traducido en cifras, 211 millones más hasta alcanzar los 8.014 millones que se prevé que sume la construcción al PIB vasco en este 2023. Las bases de esta evolución están, según explican los analistas, en el mercado inmobiliario, que a pesar del frenazo en los dos últimos meses en la compra de viviendas tiene margen de crecimiento porque sigue faltando oferta. Además, hay que añadir las reformas y rehabilitaciones de edificios para mejorar la eficiencia de las viviendas que empiezan a beneficiarse de la llegada de los fondos europeos.

El viceconsejero de Formación Profesional, Jorge Arévalo, explica que se pueden «aumentar los grupos y las plazas sin problemas. Es más, si hicieran falta 100 más estarían en un mismo curso». La cuestión, señala Arévalo, es que «no hay demanda». De las 796 plazas ofertadas, solo 329, el 58,6% están ocupadas. El viceconsejero explica que los contactos con el sector son «constantes», pero la cuestión no parece fácil de solventar. Sobre la construcción sigue pesando la crisis de la burbuja inmobiliaria que provocó muchos despidos. Además, las condiciones del trabajo no lo hacen atractivo. En este sentido, Arévalo plantea a las empresas la necesidad de «ajustar su oferta» para poder incorporar trabajadores mejorando las condiciones y la reputación como empleadores. Y ello porque «si no se avanza en esa dirección tendremos un problemón». El responsable de la FP en Euskadi recuerda también que, aunque las tablas salariales son buenas, muchas veces algunas empresas retribuyen en el escalafón más bajo tareas superiores. La directora del único centro de FP dedicado a la construcción en Bizkaia, Irene Delgado, explica que los grados medios de la FP Dual –aquella que compagina los estudios con el trabajo en las empresas– no termina de funcionar. En esas disciplinas, señala, está siendo más eficaz la formación que se desarrolla con Lanbide con los certificados profesionales, aunque «son personas más vulnerables e inmigrantes que muchas veces no tienen papeles y, por lo tanto, dificultades para firmar contratos». Delgado explica que, en cambio, en los grados superiores, como el de encargado de obra, la modalidad de formación Dual sí presenta mejores perspectivas e interés para participar por parte de las empresas.

El Ministerio de Transportes galo acaba de publicar un informe en el que actualiza sus planes ferroviarios y fija la inauguración del tramo de alta velocidad Burdeos-Dax no antes de 2042. Para la extensión desde Las Landas hasta Hendaya se contempla la misma fecha en el documento de más de 100 páginas redactado el pasado diciembre pero dado a conocer la semana pasada. El horizonte temporal se presenta descorazonador pese a que Francia decidió en 2021 acelerar las obras del trazado del TGV (la alta velocidad gala) que unirá Burdeos y Toulouse. El Gobierno firmó un acuerdo con las 24 colectividades que atravesará el tren para cofinanciar la obra –el 20% de la operación la asumirá la UE– y aseguró que tendría lista la infraestructura para 2032. La revisión retrasa ahora la inauguración siete años por el «escenario presupuestario» generado por la crisis y el retraso que acumulan los trámites administrativos previos. La obra es importante para Euskadi porque a medio camino entre Burdeos y Toulouse el tren se bifurcará hacia el sur. En Dax los trabajos empezarán para 2037, según lo previsto. El Elíseo nunca ha ocultado que lo que le preocupa realmente son sus conexiones internas, pero es que no poner fecha a la extensión hasta España contraviene las reclamaciones de Bruselas que señala el Eje Madrid-Vitoria-Dax-París como «estratégico». El argumento que plantea el Gobierno galo es que la red ferroviaria que llega actualmente hasta Biriatou es de ancho UIC, el que necesitan los AVE para poder circular. Además tiene en marcha un plan de mejoras que arrancó en 2019 y se va a prolongar durante una década. El problema es que el trazado padece un alto grado de «degradación» difícilmente subsanable con parches. Baste un ejemplo: el TGV tarda ahora mismo más tiempo en recorrer los 200 kilómetros que separan Irún y Burdeos que los más de 500 que conectan Burdeos y París.

Un crucero es una pequeña ciudad flotante. A bordo hay duchas, piscinas, vestuarios, restaurantes, joyerías, salas de entretenimiento, boleras... Todos esos servicios consumen una cantidad ingente de energía. Se calcula que un buque de este tipo demanda tanta electricidad como un municipio de 5.000 habitantes. Como Urduliz, por ejemplo. En la mayoría de los casos, el fluido eléctrico se genera mediante unos potentes motores diésel. En otros casos se utiliza el gas como fuente de alimentación. En ambos casos, la quema de combustibles fósiles provoca unas emisiones al medio ambiente importantes. Un reciente estudio ha calculado que estos barcos de pasajeros son responsables del 3% de los gases contaminantes que hay en la atmósfera de Barcelona. Uno de los retos de las navieras y de los puertos europeos pasa porque los cruceros puedan apagar sus motores y conectarse a la red eléctrica de la ciudad donde amarran. Es algo así como lo que sucede en las áreas de autocaravanas. En estas instalaciones, cuando llega un vehículo de este tipo, puede enchufarse a todos los servicios del camping, con lo que su estancia resulta mucho más sostenible al no tener que tirar de motor. En el caso de los barcos, esto permite reducir a cero sus emisiones (principalmente CO2, nitrógeno y dióxido de azufre) mientras están en puerto ya que todos esos servicios (bares, tiendas, la luz de los camarotes...) se surten de la red de suministro ordinaria. «Es una mejora medioambiental muy importante, porque no solo se deja de contaminar con el humo de las chimeneas sino que también se eliminan el ruido y las vibraciones», explica Carlos Alzaga, director de la Autoridad Portuaria de Bilbao. La infraestructura vizcaína acaba de dar el pistoletazo de salida a un ambicioso plan para llevar esas tomas eléctricas a los muelles de Zierbena, Santurtzi y Getxo. El objetivo es surtir tanto a los cruceros como a los ferrys y los buques de mercancías.

En pleno debate sobre la reforma fiscal para compatibilizar el Impuesto de Solidaridad de las grandes Fortunas –impulsado por el Gobierno central y conocido como Impuesto a los Ricos– con Patrimonio, la Hacienda de Gipuzkoa obtuvo el año pasado ingresos por primera vez de dos nuevos nuevos tributos. Se trata del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y sobre Determinados Servicios Digitales, más conocidos como tasa Tobin y tasa Google. Las arcas forales recaudaron –no tienen capacidad normativa al tratarse de un impuesto indirecto– durante el pasado ejercicio un total de 41,5 millones de euros con estos dos impuestos. Se trata de una cifra totalmente testimonial (un 0,7%) sobre el total ingresado por la Hacienda del territorio en 2022, que alcanzó la cifra récord de 5.598 millones. Pero, ¿qué es lo que realmente gravan estos dos nuevos impuestos? La tasa Tobin grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de cotizadas –afecta a 56 compañías– cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros, y en ningún caso tiene en cuenta la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. Por otro lado, encontramos la tasa Google, que grava con un 3% a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

CAF, Prosegur, Aedas, Applus, Amrest y Zardoya Otis dejarán de estar sujetas a la tasa Tobin este año y volverá a estar incluida Faes Farma. Las cotizadas afectadas por la ‘tasa Tobin’ serán 52 en 2023, según la lista que ha colgado la Agencia Tributaria (AEAT), que recoge las empresas españolas con una capitalización (valor) bursátil superior a 1.000 millones de euros el 1 de diciembre. De esta forma, se caen seis y entra una respecto a 2022. Se trata de alteraciones por capitalización en un impuesto que entró en vigor recogiendo el año de la pandemia y que reúne en 2023 a Inditex, Iberdrola, Santander, BBVA, CaixaBank, Naturgy, Cellnex, Amadeus, EDP Renovables, Telefónica, Repsol, Ferrovial y Endesa en los primeros puestos, y que cierran Mediaset, Línea Directa, Metrovacesa, Faes Farma, Meliá y Cementos Molins.

 El talento es un bien escaso en un mundo cada vez más tecnológico que requiere un elevado número de perfiles cualificados, y conseguirlos se antoja una tarea titánica para las empresas. En este contexto ha nacido la startup Bibagu, que desde Donostia propone una alternativa innovadora que incorpora a la tradicional consultoría elementos más avanzados como el análisis de datos y las herramientas tecnológicas para avanzar tanto en la captación como en la retención de este talento. La idea ha captado la atención de Lanzadera, la aceleradora de startups creada por el propietario de Mercadona, Juan Roig, que junto con otras 119 la ha elegido entre los 1.500 proyectos candidatos para impulsar su desarrollo. Un importante respaldo para una empresa que inició su andadura a finales de 2021 de la mano de David Larrinaga e Iñigo Matesanz con la colaboración de un tercer socio. “Queríamos promover equipos motivados y productivos convencidos de que así se incrementaría el rendimiento de la empresa y podría captar y fidelizar su talento”, explica Larrinaga e incide en el carácter diferencial de esta iniciativa, dado que no se limita a ejercer la función de consultoría, sino que incorpora herramientas tecnológicas para conocer con más detalle el clima laboral y analizar los datos recibidos para establecer pautas de mejora. 

La primera ola de calor golpeó en primavera, luego llegaron las tormentas secas, la calima, algún pedrisco, noches tropicales en pleno noviembre y episodios de lluvia para la estadística insuficientes. Esas temperaturas por encima de lo normal y un déficit de precipitaciones nos descuadraron a todos e hicieron un daño considerable al agro alavés el pasado año. Resultado: cultivos sedientos o que se frustraron antes de brotar, tierras agrietadas y desplomes de hasta el 50% en la producción de alguno de los cultivos. Las advertencias (ya recurrentes) del cambio climático. Aunque «nosotros hablamos más de nueva realidad climática. No sabemos si es un cambio o no, pero sí es una realidad que los eventos extremos se repiten cada vez con menor cadencia», puntualiza Mari Luz Cano, directora territorial de Agroseguro, la entidad que gestiona los seguros agrarios por cuenta y en nombre de las entidades aseguradoras. Esa evidencia –la irregularidad climática– es la que ha empujado a un nuevo máximo histórico la cifra del capital cubierto en Álava. En 2022 se cuantificó en 135 millones de euros, un 4% más que en 2021 (130,2 millones). Y subiendo. Porque la escalada es constante los últimos seis años. «Es una tendencia general, a nivel nacional, se van sumando récords de capitales contratados y, del mismo modo, también récords de indemnizaciones». En el conjunto del Estado se alcanzaron los 769 millones de euros; la cifra más alta en cuatro décadas. En Álava el foco hay que ponerlo en sus tres tipos de cultivo más relevantes. El primero, los herbáceos (cereales, leguminosas, etcétera). Supusieron un total de 228.000 toneladas y 53 millones de capital asegurado. El viñedo, 71.400 toneladas (52 millones de euros) es el segundo con mayor peso en el mapa del sector primario del territorio. Y el tercero, las hortalizas, que aportaron a la suma total 43.500 toneladas y 9,5 millones.

Jan Eeckhout lleva años observando el mercado laboral. En su libro ‘La paradoja del beneficio. Cómo las empresas exitosas amenazan la economía’ (Taurus, 2022) analiza las nuevas realidades en el «mercado de las superestrellas», donde un selecto grupo de profesionales se lleva todo el beneficio. El pasado viernes abrió la última jornada del WORKinLan en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Articulista y profesor de Investigación y Estudios Avanzados en la Universidad Pompeu Fabra (UPF), ha ejercido su labor docente en la Universidad de Pensilvania, la University College de Londres, Princeton y Nueva York. "El éxito gigantesco de algunas compañías es una derrota para la economía porque elimina la competencia...La clave es entender por qué estas empresas son como son, y que aunque de un lado de la vitrina dan una imagen de economía potente y sana, la realidad es otra. Serán unas 400 o 500 globalmente y generan unos enormes beneficios, pero no lo hacen porque desarrollen una innovación, sino simplemente porque no tienen competencia. Lo que está ocurriendo además es que desaparece ese dinamismo que había anteriormente, cuando surgían un montón de ‘startups’ en Silicon Valley con tecnologías muy valiosas y que prometían mucho...Es importante entender que hay un círculo vicioso entre el poder económico y el poder político. Cuando tienes poder de mercado generas más beneficio y con él puedes influenciar en las decisiones de los políticos. Incluso cuando surge una legislación, pueden utilizar un ejército de abogados para evitarla. Todo eso genera una dificultad para arreglarlo. Es uno de los retos más grandes actualmente... Las grandes empresas no tienen depredador natural, que sería lo positivo para el consumidor y para la economía. Si tenemos unos lobos en el bosque, alrededor de la ciudad, y no existe ningún depredador, se van a poder reproducir y dominar la zona. Lo mismo ha ocurrido con estas empresas que van a tomar el control del ecosistema. Cuando anticipan una bajada de la demanda o de los ingresos, por el motivo que sea, reducen costes como pueden estar haciendo algunas ahora, pero sus beneficios no van a bajar mucho..."

La asociación de las grandes eléctricas, Aelec, que el jueves anunció que recurrirá ante la Audiencia Nacional la orden ministerial que desarrolla el nuevo impuesto que grava los ingresos de las energéticas el 1,2%, prepara una denuncia ante la Comisión Europea contra un supuesto tributo que, en realidad, es una prestación patrimonial pública de carácter solidario (de esta manera, no se produce una doble imposición). Aelec (antigua Unesa) está analizando los argumentos jurídicos de un escrito en cuya redacción participa el despacho de Garrigues, según fuentes empresariales. La decisión de la asociación eléctrica se considera una maniobra política, pues la denuncia no tendrá consecuencias judiciales, de hecho, la Comisión no está obligada a responderla, una obligación que sí tiene de tratarse de una ayuda pública. Según las mismas fuentes, ya se habría presentado algún escrito de alguna de pequeña empresa afectada. El tributo grava, durante dos años, los ingresos en España y que no procedan de actividades reguladas, de los considerados por la CNMC operadores principales (los que tienen una cuota superior al 10% en su segmento), así como aquellas que facturen más de 1.000 millones en un año. Los recursos contra una medida del Gobierno amparada en el reglamento de la UE que permite detraer para el fisco parte de los beneficios extraordinarios de las energéticas derivados de los altos precios por la guerra de Ucrania están en marcha.

El Gobierno ha pisado el acelerador en su plan de desmantelamiento de la energía atómica en España. El Ministerio de Transición Ecológica está completando ya los últimos trámites legales para la aprobación del nuevo plan nacional nuclear, que supondrá el achatarramiento de todas las centrales nucleares y el enterramiento definitivo de los residuos. Será el adiós final a la energía nuclear en España, tras más de sesenta años de historia. La primera central nuclear que se instaló en España fue la de José Cabrera, en Zorita, Guadalajara. Ocurrió durante el régimen de Franco. Los primeros trabajos para su construcción, que se inició en 1965, se remontan a 1962. Desde entonces, España ha ido lanzando sucesivos planes nacionales nucleares. Técnicamente se han conocido como Planes Generales de Residuos Radiactivos. En ellos se establecen las coordenadas básicas a nivel nacional sobre cómo operar las centrales nucleares, a qué coste y qué hacer con los residuos, entre otros aspectos. La nueva hoja de ruta nuclear en España se denomina 7º Plan General de Residuos Radiactivos. Sustituye al 6º Plan, que fue aprobado en 2006. Es decir, han pasado 17 años entre un plan y otro. Nunca había transcurrido tanto tiempo. El 5º Plan fue aprobado en 1999. Es decir, entre el 5º y el 6ª hubo apenas siete años. La nueva hoja de ruta de España es sin duda la más ambiciosa. No solo por su duración, ya que establece el camino a seguir hasta el año 2100. También por lo que representa estratégicamente: el punto final a la energía nuclear en España. Ese fin será, además, irreversible.

En los altos despachos europeos se abre paso la tesis de que este nuevo statu quo —más caro, mucho más complejo y más dañino para el medio ambiente, pero también más seguro para el suministro— ha llegado para quedarse. Los Veintisiete se han visto obligados a darle la vuelta por completo a sus fuentes de aprovisionamiento en tiempo récord. De tener un suministro directo casi a la puerta de casa, ha pasado a tener que ir a buscarlo a países como EE UU, Qatar o Nigeria. Tres letras —GNL: gas natural licuado— han hecho posible esa reconfiguración: casi el 40% del gas que consumió la UE fue de este tipo —el que llega por barco en estado congelado—, un 60% más que un año antes. “Es una tendencia que continuará”, confirma Xi Nan, vicepresidenta sénior de la consultora especializada Rystad Energy. “El GNL era y sigue siendo el único modo de sustituir a Gazprom”, completa Emmanuel Dubois-Pelerin, director senior de la firma de calificación de riesgos S&P. Durante decenios, enfatiza, la gasista rusa “no solo fue la mayor fuente de gas para Europa sino también la única con flexibilidad a muy corto plazo”. Por ejemplo, de un mes a otro en un invierno frío. Incluso si la guerra termina pronto, las opciones de Rusia de recuperar su posición hegemónica de primer proveedor europeo de gas son mínimas, por no decir inexistentes. El sabotaje al gasoducto Nord Stream, otrora el principal canal de entrada del combustible ruso en la UE, aunque costoso, es reparable. Los lazos diplomáticos y comerciales entre el gigante y euroasiático, no tanto: la mayoría de analistas considera que, incluso si cae el régimen de Vladímir Putin, esa preeminencia rusa es historia. Por los gasoductos transita apenas la sexta parte del gas que en 2019, justo antes de la pandemia y, sobre todo, antes de la invasión de Ucrania. 

La Administración Pública lideró la creación de empleo en 2022, seguida a mucha distancia de la hostelería, ciertas áreas de la construcción, el transporte, la informática y el comercio. La economía se encuentra sumida en un duro frenazo en casi todos sus frentes, debido a que la inflación ha golpeado la demanda interna y encarecido la producción industrial y agraria y las exportaciones, mientras que la subida de tipos necesaria para contenerla está laminando las nuevas inversiones. Todo ello ha pasado factura al mercado laboral, que comenzó 2022 con la creación de casi 900.000 puestos de trabajo respecto al año anterior y lo terminó con un incremento bastante más moderado, de 279.000 empleos, en el cuarto trimestre del año, de acuerdo con la última Encuesta de Población Activa publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, a pesar de esta intensa ralentización, el mercado laboral sigue creando empleo (si bien, buena parte de el dentro del sector público) y todavía cuenta con 43 motores de la ocupación que suman, entre todos, 708.300 puestos de trabajo. Sin embargo, el mercado laboral está partido por la mitad y por cada sector en positivo hay otro en negativo. Y estos últimos pierden, en total, 429.100 trabajadores el último año.

"...Toda alza coercitiva de un salario equivale a un nuevo impuesto a cargo del empresario vulnerando el principio básico de que el salario viene dictado por la productividad marginal del último trabajador contratado, porque nadie en su sano juicio contratará un nuevo recurso que le aporte pérdidas marginales y recorte el beneficio bruto del que disponía antes de dicha contratación. Un viraje forzado en las condiciones salariales de dos millones de trabajadores nos conduce al recurrente tema de si estas subidas comportan o no una pérdida neta de empleo...Señalemos que, lamentablemente, la literatura económica conviene en señalar la inexistencia de un efecto único de los salarios mínimos sobre el empleo. En cualquier caso, sí existe consenso en que los aumentos del SMI serán bienvenidos siempre que las economías en que se produzcan registren aumentos de productividad y las tasas de empleo sean elevadas. Lo cual nos lleva al tema central del debate: realizar alguna conjetura de cómo afectará concretamente al empleo en España la elevación decretada del SMI. La tesis podría ser la siguiente: en una economía en crecimiento cercano al pleno empleo el efecto neto se adivina nulo, ya que una demanda pujante invitará a las empresas eficientes a soportar la subida con cargo a sus beneficios, a compensarla a través de un traslado de costes a los consumidores o incluso a aumentar su capacidad productiva mediante la contratación de trabajadores despedidos. Lo contrario ocurriría en épocas de recesión económica o de estancamiento, donde el efecto neto sería de aumento del desempleo y contribución a la desaceleración económica. Adivinar cuál es la elasticidad de nuestra economía a las subidas del SMI no es tarea sencilla..."

Los españoles siguen sin recuperar los niveles de consumo registrados antes de la Gran Recesión. Medido en términos individuales y una vez restada la inflación, sigue estando un 25% por debajo de las cotas de 2007, según un estudio, al que ha tenido acceso EL PAÍS, elaborado por el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y la Fundación BBVA con datos hasta 2021. Si se toman las cifras todavía provisionales del INE, con un crecimiento en 2022 del 4% del consumo real, es decir, descontando también la evolución del IPC, y un incremento de la población del 0,4% hasta mediados de año, el consumo medio de los españoles todavía dista de recobrar las cantidades que se gastaban hace 16 años. En 2007, un español gastaba 22.800 euros al año en euros constantes de 2016 y, por tanto, restada la inflación. Desde entonces su consumo fue cayendo con la recesión, hasta que en 2014 tocó suelo: 17.200 euros, un 24,7% menos. El paro, la reducción de salarios en algunos colectivos y la incertidumbre económica explican este hundimiento. A partir de ahí la cifra fue recuperándose. Pero muy lentamente. Desde luego no con la fuerza que había caído entre 2007 y 2014. Tras cinco años de mejoras muy graduales, en 2019 el desembolso por habitante solo alcanzó los 18.400 euros. 

La compraventa de vivienda en España ha comenzado ya a perder fuelle tras dos años alcanzando cotas inusualmente elevadas. Sin embargo, y a la espera de si la tendencia de moderación se estabiliza, las comunidades autónomas pueden presumir de los ingresos fiscales cosechados en 2021 y 2022, dos años de vacas gordas en el mercado inmobiliario. Según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, publicados el pasado viernes, la recaudación de las regiones cerró el año 2021 con cifras récord en los impuestos sobre transmisiones patrimoniales (ITP) y actos jurídicos documentados (AJD), los tributos que gravan las transmisiones de casas. En total, las autonomías ingresaron por esta partida unos 10.800 millones de euros, un 43% anual más. En 2022, se espera que la recaudación sea mayor, de unos 11.500 millones de euros. En el año 2021, la compraventa de vivienda alcanzó las 566.000 operaciones, un avance de casi el 35% respecto a 2020 y el mayor volumen hasta entonces en términos absolutos desde el ejercicio 2007, antes del estallido de la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria. En consecuencia, los ingresos fiscales derivados de estas operaciones se situaron en cifras inéditas en más de una década en la práctica totalidad de las regiones.