20230418

El número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social se situó en marzo en 57.708. Esto supone 74 más que en febrero, pero 152 menos respecto al mismo mes del año pasado. Este descenso interanual del número de compañías en Euskadi (-0’3%) contrasta con el crecimiento que se ha registrado en el Estado en el último año (+0’7%). Además, Euskadi también sale perdiendo en comparación con lo sucedido desde que arrancó la pandemia. Con respecto a febrero de 2020, en la CAV hay registradas todavía 1.185 empresas menos que entonces, esto es, un -2%, mientras que en el Estado se computa una caída muy inferior, de apenas el -0,1%, y están ya cerca de recuperar el número de empresas previo al covid. Estas cifras pueden leerse en el último newsletter de Confebask sobre evolución del tejido empresarial en Euskadi, en el que también se destaca que el número de autónomos se incrementó el pasado mes en Euskadi en 225 personas, en línea con lo habitual para un mes de marzo, quedando el total de autónomos situado en 168.069. Ver más en Confebask. Ver newsletter aquí. 

Desde febrero de 2020, justo antes del estallido de la pandemia, Euskadi ha perdido en total 1.185 empresas. Así lo recoge el informe elaborado por la patronal vasca, Confebask, que sin embargo advierte de un ligero incremento en el número de las compañías inscritas en la Seguridad Social durante el último mes. De esta manera, entre febrero y marzo pasados el total de firmas en el País Vasco ha crecido en 74, pese a que la variación interanual, respecto a marzo del año pasado, arroja un balance negativo con una caída de un 0,3%. Así, según el informe difundido ayer por la patronal vasca, la cifra total de empresas que hay registradas en la Seguridad Social se ha reducido en 152 durante los últimos doce meses. En total, el balance alcanza las 55.708 sociedades. Este dato supone que aún se está un 2% por debajo de hace tres años, justo antes de declararse la pandemia de covid, cuando había 56.893 firmas, 1.185 menos que ahora. En el conjunto de España hay inscritas 1.322.734 empresas, un 0,5% más que hace un año y solo un 0,1% menos que al inicio de la pandemia. Confebask destaca en su informe que desde febrero de 2022 la cifra de las compañías vascas ha descendido el 3,3% en Álava, con 316 empresas menos; el 1,7% en Bizkaia, con 545 compañías desaparecidas; y el 0,9% en Gipuzkoa, donde el total de empresas que se han perdido llega hasta las 188. En cuanto a los sectores, en marzo creció el número de sociedades en industria y servicios, mientras que se redujo en construcción. 

La ciberdelincuencia «crece de manera exponencial, también en Gipuzkoa», afirma Koldo Peciña, el director general del Centro de Ciberseguridad Industrial del territorio (Ziur), quien revela que el año pasado los ciberataques al mundo industrial «desbancaron por primera vez a las finanzas y los seguros de su tradicional primer puesto como el sector más atacado». «Llevamos tres años en los que este tipo de incidentes no paran de crecer», asegura. Y pone cifras a ese mensaje. Según el último Informe de Ciberinteligencia Industrial de Ziur –que hace referencia a datos globales pero que Peciña extrapola «sin problemas» a Gipuzkoa y al conjunto de Euskadi–, el 24,8% de los ataques de los ciberdelincuentes afectan ya a la industria manufacturera, por encima del 18,9% que eligió como objetivo una entidad financiera o una compañía de seguros. Los profesionales liberales y los servicios ocupan el tercer puesto de la clasificación (14,6%), por encima de la energía (10,7%), el comercio (8,7%) , la educación (7,3%) o la sanidad, con un 5,8%. «La industria es un sector estratégico de la actividad socioeconómica de cualquier país por su implicación en la generación de empleo y riqueza; por ello, proteger la infraestructura industrial es esencial para garantizar la estabilidad de un país. Los cibercriminales no son ajenos a esta realidad, lo que explica en buena medida el aumento de ciberataques contra el sector durante los últimos años», señala el documento de Ziur. Según Peciña, entre las principales amenazas cibernéticas a las que se enfrentan las empresas industriales destacan los ataques mediante ‘ransomware’ (cifrado de datos exigiendo un rescate económico por los mismos), el ‘phishing’ (la suplantación de identidad para lograr un beneficio económico), la ingeniería social o la explotación de vulnerabilidades de software y hardware. «Durante el último año se ha podido comprobar cómo los ciberataques a la industria y a las infraestructuras críticas se han convertido en una verdadera arma de guerra, jugando un papel notable en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania», añade.

El Departamento vasco de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes lleva más de un año esperando a que la ley estatal de Vivienda complete su tramitación en el Congreso para disponer de nuevas herramientas como la declaración de zonas tensionadas o la limitación del precio de los alquileres y, en paralelo, ha elaborado una propuesta sobre fiscalidad para promover que los propietarios de viviendas en alquiler rebajen las rentas que cobran a los inquilinos. El planteamiento de Vivienda propone aumentar la bonificación por alquiler de vivienda desde el 20% actual al 60% siempre que la renta se vincule «a los precios medios de la Estadística del Mercado del Alquiler (EMAL) y al futuro índice de precios». La bonificación fiscal podría alcanzar el 80% en las zonas que se declaren tensionadas. El Departamento de Vivienda, encabezado por el socialista Iñaki Arriola, ha actualizado una propuesta sobre fiscalidad para limitar los precios del alquiler que ya presentó a las diputaciones en 2019, aunque la llegada de la pandemia del Covid a principios de 2020 la dejó guardada en un cajón. El documento, tras ser puesto al día por Vivienda, está siendo analizado ahora por el Departamento de Hacienda, de tal forma que la propuesta final que llegue a las diputaciones –las instituciones competentes en materia de fiscalidad– sea consensuada en el seno del Gobierno Vasco, ya que Hacienda está en manos del PNV.

De cada 100 euros que entran en un hogar vasco, 36,8 se dedican a la vivienda y los gastos de abastecimiento en energía o agua que necesita. El dato, último recogido por el INE en la encuesta de Gasto Medio por Hogar, convierte a Euskadi en la comunidad autónoma en la que más esfuerzo se exige a sus ciudadanos para comprar o alquilar casa. En estas circunstancias, la dinámica hace cada vez más difícil la opción de la compra para determinadas rentas, mientras que el alquiler sigue disparado por la falta de oferta y hace que esta alternativa tampoco sea solución. Entre los demandantes de vivienda registrados en Etxebide, en el Gobierno vasco, ya son un 78%, 59.965 personas, los que piden un alquiler y no la adquisición de una VPO. Es una demanda a la que no dan abasto los 26.000 inmuebles que conforman el parque de alquiler protegido en Euskadi y que, dicho sea de paso, ya están ocupados. No es suficiente ser la autonomía con mayor número de viviendas en este régimen por habitante. Y es que el País Vasco aglutina el 16% del conjunto de España y es la comunidad con mayor cifra absoluta de pisos de ‘alquiler asequible’, solo por detrás de Andalucía, con 49.700. De los 60.000 solicitantes que están a la espera de un ‘alquiler asequible’ en Euskadi, 28.300 reciben una ayuda para pagar su vivienda en el mercado libre (25.000 la prestación económica o complementaria de vivienda y 3.300 la subvención para la emancipación de jóvenes del programa Gaztelagun). Para el departamento de Vivienda del Ejecutivo, las causas son claras, una «escasa oferta de vivienda libre que hace que la demanda se canalice hacia los pisos de segunda mano, generando tensiones con unos niveles de precios medios que nos sitúan como la comunidad autónoma más cara».

El informe de la nueva estrategia de Sareb que llega hoy al Consejo de Ministros ha puesto al banco malo en primera línea política y electoral. En realidad, lo que escuchará el Ejecutivo en su reunión semanal es cómo la entidad, desde que hace un año pasó a tener mayoría de capital público, ha reorientado su actividad para cumplir con el nuevo mandato social que se le encomendó en enero de 2022. El resultado de ese giro es la posibilidad de añadir 50.000 viviendas al parque público español, como anunció el domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque no se trata ni mucho de menos de una incorporación inmediata o de una cifra cerrada. Y buena parte de esas incorporaciones dependerán de que las comunidades autónomas y los ayuntamientos den el paso de comprar o acceder a cesiones de inmuebles para uso social. En la foto que ha presentado el Gobierno, las 50.000 viviendas se desglosarán en tres grandes bloques. El más nutrido son 21.000 pisos que se destinan para transferirlos a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Se trata de inmuebles “que potencialmente pueden tener ese uso social”, según el Ministerio de Asuntos Económicos, del que depende el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB, a través del cual el Estado posee el 50,14% de la Sareb). Fuentes de esta última precisan que estas 21.000 unidades son las que, dentro del total de casi 47.000 casas con licencia de primera ocupación que tiene el banco malo, se considera que están listas para vender, pero no “no se ofrecen en exclusiva” a las Administraciones públicas, según las mismas fuentes. Por tanto, su incorporación dependería del interés que despierten en comunidades y consistorios, que hasta la fecha no han mostrado mucho.

El PNV se descuelga de una de las iniciativas estrella de la legislatura nacional. 72 horas después de que PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu hicieran público un acuerdo sobre la ley de vivienda, los jeltzales rompieron ayer su silencio para poner en cuestión un texto que, si bien dicen desconocer, contemplaría una «invasión» de las competencias autonómicas. Un terreno en el que no están dispuestos a transigir y en el que censuran que la coalición de Arnaldo Otegi sí haya cedido: «Si te defines como soberanista, lo bueno es defender tus competencias». Desde su origen, la ley de vivienda ha sido una de las iniciativas del Gobierno de Pedro Sánchez con las que menos sintonía ha demostrado el partido de Andoni Ortuzar. Es más, presentó una enmienda a la totalidad (al igual que PP, Ciudadanos, Junts y PDeCAT) cuando el texto remitido por el Consejo de Ministros llegó al Congreso. Ya por aquel entonces, en febrero del año pasado, incidían en las posibles invasiones competenciales. Y ahora, una vez cerrado el acuerdo con otros de los miembros de la mayoría de investidura, los nacionalistas no observan cambios sustanciales. «Hasta ahora el Estado no ha tenido competencias en vivienda y el Tribunal Constitucional le ha dado un palo cada vez que lo ha intentado», señaló Aitor Esteban en una entrevista en Radio Euskadi. 

Todas las partes coinciden en señalar algo del mercado del alquiler, desde los inquilinos hasta los arrendatarios, pasando por los promotores e incluso el propio gobierno: aquí hay un problema. Los precios se disparan y cabe actuar, ¿pero de qué manera? ¿Ha lugar para políticas de corte intervencionista, como la que perfila el Ejecutivo en la inminente Ley de Vivienda, o lo que hay que hacer es impulsar la oferta de vivienda en alquiler a través de la iniciativa público-privada, como insisten los players inmobiliarios? Sea como sea, la solución planteada por el Gobierno no satisface a los propietarios de vivienda, que se están movilizando contra la ley. La Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa), califica de “oportunidad perdida” la ley, que podría enderezar las principales fallas del mercado inmobiliario. No obstante, critican desde la asociación, no se ha “tenido en cuenta las opiniones de todos los involucrados, de aquellos que conocen de primera mano el mercado y el sector”, además del hecho de que, pudiendo haberse “guiado más por criterios técnicos” ha tomado otros derroteros, los “políticos-ideológicos”. Yendo al contenido de la ley, sobre el apartado de la limitación de los precios del alquiler Asipa asegura que es “cortoplacista y contraproducente, que no resuelve el verdadero problema de fondo del alquiler en España: la falta de oferta. Cortoplacista porque va a generar que se retire vivienda del mercado y contraproducente porque eso hará que se encarezcan en el medio y largo plazo. Perjudica a todos, especialmente a los jóvenes y aquellas familias que tengan mayores problemas de acceso a la vivienda”.

La Ley de Vivienda, de la que se anunció un acuerdo entre el Gobierno y sus socios parlamentarios el viernes, tiene entre sus principales objetivos evitar que los precios del alquiler continúen disparándose, con el asentamiento definitivo de una medida que en principio era temporal: la limitación a las subidas de precio del 2% a lo largo de este año, del 3% el que viene, y con la definición de un nuevo índice que rija las limitaciones a partir de 2025. Sin embargo, puede tener el efecto contrario al esperado en el plano del arrendamiento. De hecho, lejos aún de ser aprobado, ya está dejando huellas en el mercado: “La ley, que no termina de convencer, genera incertidumbre”, señala José Montalvo, profesor de la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Esta incertidumbre por los numerosos vaivenes legislativos es uno de los ingredientes que explican algunas tendencias que están ocurriendo en el mercado inmobiliario español. Una de ellas, en concreto, es que la oferta se está contrayendo a marchas forzadas, puesto que hay una falta clara de incentivos para ser casero. Según el mismo portal inmobiliario, en el primer trimestre el stock, que es como se conoce la oferta de vivienda en alquiler, disminuyó un 5% interanual. Podría parecer una caída suave, pero hay que tener en cuenta el contexto: en el mismo periodo del año pasado, el descenso había sido del 37%. Es decir, la caída con la que el mercado inicia el año es la puntilla de la preocupante situación de escasez que se produjo el pasado año.

El mercado laboral va viento en popa ajeno a la crisis de los precios y a la guerra de Ucrania, lo que está permitiendo que España avance con paso firme camino de superar por primera vez en la historia los 20,6 millones de afiliados. La desaceleración que se detectó a final de año y el pasado enero se ha transformado en un dinamismo que sorprende al propio Gobierno, que ayer publicó el avance de los datos récord que ha registrado la Seguridad Social en la primera quincena de abril. El sistema tocó máximos el pasado día 13, jueves, cuando se situó en los 20.587.475 cotizantes, lo que contrasta con cómo terminó enero, cuando a duras penas mantenía los 20 millones de ocupados, según la estadística elaborada por el Ministerio de Seguridad Social. A partir de entonces comenzó una fuerte remontada y la Semana Santa ha animado aún más el mercado de trabajo, con una ocupación récord: entre el 31 de marzo y el 14 de abril se crearon prácticamente 230.000 empleos. Hay que tener en cuenta, no obstante, que esto son cifras diarias, no las medias del periodo, y que además en la segunda quincena de abril ya no impactará el efecto de las vacaciones de Semana Santa. Así, previsiblemente se ralentizará ligeramente la creación final de empleo en este mes, que según reconoce el ministerio dejará una variación de afiliación media algo inferior a la de marzo, que fue récord total.

Un nutrido grupo de aerolíneas, fabricantes de combustibles, gestores aeroportuarios y representantes del ámbito académico y del Tercer Sector han constituido la denominada Alianza para la Sostenibilidad del Transporte Aéreo. Su principal misión es “encontrar la mejor ruta para la transición del sector aéreo con una triple perspectiva: medioambiental, económica y social”, según el presidente ALA (Asociación de Líneas Aéreas), Javier Gándara. La presentación se realizó en las instalaciones de Airbus en Getafe (Madrid). Lo trascendente del acto de ayer no fue tanto la comunicación de algún avance concreto en la obtención, por ejemplo, de combustibles alternativos (SAF, por sus siglas en inglés), sino ahondar en el mensaje de que el sector está comprometido con llegar a 2050 con emisiones netas cero, lo que requiere, en primer término, que todos los miembros de la cadena de la industria remen en la misma dirección. De hecho, el pasado 25 de enero once instituciones se unieron para fomentar el hidrógeno verde en la aviación. Este es uno de los combustibles que supuestamente deberían contribuir, en un futuro que todavía no se divisa, a la descarbonización de la aviación, uno de los que ha crecido a más velocidad en las últimas décadas, sobre los que más se centra la atención sobre su responsabilidad en las emisiones y el que más complicado tiene prescindir del combustible tradicional. Solo Iberia tuvo que provisionar el pasado ejercicio 93 millones por los derechos de emisión de dióxido de carbono. El acuerdo arranca tras la firma de su constitución por el Consejo Rector, formado por ALA, Airbus, Aena, AESA, Air Europa, Air Nostrum, la Asociación de Operadores Petrolíferos, Binter, Boeing, CEOE, Ecodes Ecología y Desarrollo, Enaire, Exolum, IATA, Iberia, Senasa, Tedae, Transport & Environment, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Vueling. 

El ecosistema que forman en la actualidad las empresas españolas dedicadas a la industria de la microelectrónica necesitará formar a un promedio de entre 600 y 700 nuevos profesionales al año para poder dar respuesta al incremento de trabajo que va a promover el Perte chip, una vez se encuentre plenamente operativo. Así lo anunció ayer el presidente de la patronal de la industria digital Ametic, Pedro Mier, quien presentó esta propuesta formativa acompañada del primer Mapeo del ecosistema español de microelectrónica, un estudio elaborado por esta organización en el que por primera vez se trata de identificar cuántas empresas componen el sector de la microelectrónica en España. Tal y como explicó Mier, “era fundamental comenzar por saber quiénes somos y cómo elaborar una estrategia que fortalezca ese ecosistema en un horizonte temporal de unos seis años”. El estudio ha identificado “a casi un centenar de actores nacionales, de los que el 60% señala al talento como el mayor obstáculo para la innovación del sector. Tras el talento, la incertidumbre del plazo de retorno de la inversión y la dificultad para obtener ayudas públicas son los otros dos obstáculos más repetidos por más de la mitad de las entidades que han participado en el análisis”. En cuanto a la dotación económica que debería destinarse para conseguir la formación de ese volumen de profesionales al año, el presidente de Ametic explicó que la propuesta, en cuya elaboración han participado directamente 22 universidades, supondría un coste estimado de 145,6 millones de euros, frente a los 80 millones de dotación inicial dedicados a la formación en el Perte chip, y puede adaptarse tanto a un escenario en el que finalmente se acabe instalando una fábrica de microchips en España como otro en el que no.

La reforma de las pensiones aprobada recientemente está «muy lejos» de garantizar la sostenibilidad del sistema y devolverlo al equilibrio. Así lo afirma con rotundidad la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que vuelve a la carga contra la ley diseñada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con un nuevo análisis publicado ayer más completo en el que cuantifica los efectos de las distintas medidas. Su veredicto es claro: esta segunda fase de iniciativas generará «en el mejor de los casos» un ahorro neto equivalente al 0,39% del PIB en 2050. «La norma reduce el desequilibrio esperado del sistema durante los próximos años, pero solo de forma modesta», denuncia el nuevo estudio realizado por este centro de estudios. Concretamente, las medidas aprobadas –que pueden sufrir modificaciones al tramitarse como proyecto de ley– implicarán un gasto del 0,51% del PIB y un ahorro del 0,90% en 2050, lo que llevaría a que el ahorro neto por el conjunto de las medidas fuera solo del 0,39% del PIB. Así, el sistema tendrá que pagar un extra de más de 2.320 millones ya este año por la subida adicional de las pensiones mínimas y la mejora del complemento de brecha de género, que se elevará un 10% en los dos próximos años, supondrá otros 94 millones adicionales.

Hoteles, turoperadores, aerolíneas o agencias de viajes disfrutan de la recuperación explosiva del turismo tras el final de la pandemia. Muchos de ellos han recuperado los niveles de facturación pre-Covid gracias a la fuerte subida de tarifas aplicadas desde el verano de 2021, que no ha afectado a la llegada de viajeros por el denominado turismo de revancha (la respuesta a consumir sin límites de los viajeros tras dos años de pandemia), pero sí lo ha hecho en la estancia media. Los turistas están dispuestos a viajar y gastar más dinero, pero pasando menos días de vacaciones. Un esquema que seguirá siendo beneficioso para las empresas mientras que los turistas no pongan límites a viajes y gastos, como sucede en la actualidad, pero que puede dejar de serlo en el caso de que opten por empezar a recortar su presupuesto para viajes, lo que limitaría sus ingresos. Lo que sí que está dañando ya la rentabilidad de las compañías turísticas es el incremento de costes ligado al episodio hiperinflacionista que arrancó hace un año. José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, que engloba a 30 de las mayores empresas del sector, entre ellas Amadeus, Iberostar, Iberia, Meliá o Renfe, destaca la divergencia que existe entre los ingresos y los beneficios de las empresas turísticas en esta fase de recuperación como consecuencia del alza de costes. “La mejora de ingresos no se ha trasladado en una mejora de resultados, por el fuerte aumento de los costes tanto energéticos como de suministros y, en menor medida, de los laborales. De hecho, el aumento de los precios (un 15,8% por encima de 2019) se sitúa por debajo del incremento de los costes medios (un 32,8% para la energía, un 10,4% para los costes laborales y un 18,1% más para alimentos y bebidas)”, recalca.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, aconsejó ayer, en un artículo publicado en la web de la operadora, hacer una pausa en el desarrollo exponencial de las capacidades de los sistemas de inteligencia artificial generativa (AGI, por sus siglas en inglés), exponiendo, en concreto, los peligros de modelos imperfectos “pero inquietantemente poderosos como ChatGPT”. Sobre la AGI, Pallete explica que “no podemos dejar que campe a sus anchas. No todo lo que la tecnología es capaz de hacer es bueno o socialmente aceptable”. Para el ejecutivo “una AGI descontrolada o con afán de poder es un riesgo existencial”. Para el ejecutivo “la velocidad de aprendizaje de los actuales modelos de inteligencia artificial ha aumentado en un factor de 100 millones de veces en los últimos 10 años, tal y como recuerda Financial Times en un reciente artículo sobre el desarrollo de la IA We must slow down de the race to Go-like AI. En el artículo, publicado en FT el pasado jueves y que ha tenido un fuerte impacto en la comunidad tecnológica, Ian Hogharth, un experto en IA e inversor en proyectos relacionados con ella, traza un preocupante panorama de los peligros potenciales del actual crecimiento exponencial de capacidad de los sistemas de IA, sobre todo de los que buscan crear una inteligencia artificial con capacidades parecidas a Dios o “divinas” (God-like AI) que, en su opinión “traería riesgos significativos para el futuro de la raza humana”.

Los precios energéticos caen, y abaratan lo que pagan los consumidores por llenar el depósito del coche o utilizar la lavadora, el turismo empuja casi como antes de la pandemia, y los fondos europeos se ejecutan más velozmente, pero la inflación persiste, las subidas de tipos de interés elevan la factura en intereses de hogares, empresas e instituciones públicas, y las turbulencias financieras amenazan con restringir el crédito, clave para alimentar la inversión, la compra de viviendas y la actividad en general. El centro de análisis Funcas dibujó ayer un tira y afloja entre las fuerzas expansivas y contractivas de la economía. Si no hay sorpresas, estima que la balanza se decantará este año y el próximo a favor de las primeras, aunque la tendencia ha sufrido cambios a mejor y peor desde su última revisión hace tres meses: el PIB español aumentará un 1,5% en 2023, cinco décimas más de lo que preveía, y prolongará la subida un 1,4% en 2024, cuatro décimas por debajo de lo que esperaba. En un escenario tan volátil y cambiante como el actual, el ejercicio de hacer previsiones se ha vuelto arriesgado. Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, reconoció que se han producido eventos inesperados en el último trimestre. “Nos ha sorprendido por su vigor la desescalada de los precios energéticos. Especialmente del gas, que había sido el que más se había encarecido”. Ver nota Funcas. 

China está empezando a atacar los intereses occidentales en el país tras cinco años de crecientes restricciones comerciales y tecnológicas encabezadas por Estados Unidos bajo las presidencias de Donald Trump y Joe Biden. En los últimos dos meses, las autoridades chinas han impuesto nuevas sanciones a las empresas estadounidenses de armamento Lockheed Martin y Raytheon, han abierto una investigación sobre el fabricante estadounidense de chips Micron, han realizado una redada en la empresa estadounidense de due diligence Mintz y han arrestado a personal local, detenido a un alto ejecutivo del grupo japonés Astellas Pharma e impuesto una multa récord a la firma londinense Deloitte. Según un estudio del Ministerio de Comercio, la administración del presidente Xi Jinping está considerando restringir el acceso de Occidente a materiales y tecnologías esenciales para la industria automovilística mundial. La respuesta a lo que Pekín ha descrito como un “bloqueo tecnológico” liderado por EEUU revela la estrategia de Xi de centrarse en industrias y empresas con poco riesgo de dañar los propios intereses de China. “China no ha abandonado su estrategia de contención para pasar a una nueva posición de represalias de amplio alcance, pero va a seleccionar quirúrgicamente empresas para demostrar su frustración”, señala Paul Haenle, exasesor para China de los presidentes estadounidenses George W. Bush y Barack Obama.

El presidente francés, Emmanuel Macron, trató ayer de pasar la página de la impopular reforma de las pensiones con un discurso a la nación en hora de máxima audiencia. El mandatario se marcó un plazo de cien días para calmar los ánimos en el país y relanzar su presidencia tras tres meses de crisis política y social. En su intervención reconoció que el proyecto, que eleva la edad de jubilación de los 62 años actuales a 64 de manera progresiva, no ha sido aceptado por la mayoría de sus compatriotas, lo que lamentó. Pero insistió en que era necesario «para garantizar la jubilación de todos y para producir más riqueza» para Francia. Macron aseguró que ha escuchado «la ira» de los franceses pese a que los sindicatos y la izquierda le acusan de no atender a las protestas. «Nadie, y yo menos que nadie, puede permanecer sordo a esta reivindicación de justicia social y de renovación de nuestra vida democrática», dijo en un discurso previamente grabado. Aunque no hizo grandes anuncios, el presidente trató de fijar las grandes orientaciones de su Gobierno para los próximos meses y, en ese sentido, compartió que el trabajo, la justicia y el orden republicano y el progreso para vivir mejor serán sus prioridades. «Nos hacen falta menos leyes, menos burocracia, más libertad de acción, de experimentación, de poder, de iniciativa a escala de nuestras vidas», dijo el mandatario, quien anunció, entre otras cosas, «un nuevo pacto de la vida en el trabajo». 

El Plan Estratégico de Osakidetza 2023-2025 presentado ayer contempla crear un centro de salud «virtual» para atender «en diferido» a los pacientes. El escenario de la salud y la atención sanitaria es complejo y está sometido a cambios continuos. Por ello la innovación y la investigación son cruciales para garantizar una prestación sanitaria de calidad en la actualidad y en el futuro. Para hacer frente a esa transformación digital Osakidetza está estudiando la creación de un centro de salud «virtual» que preste «atención en diferido» a la ciudadanía que así lo solicite. Así lo avanzó ayer la subdirectora de Calidad, Maribel Romo, en la comisión de Salud del Parlamento Vasco, donde compareció para dar cuenta de las principales líneas maestras del nuevo Plan Estratégico junto a la consejera, Gotzone Sagardui, y la directora general del Servicio Vasco de Salud, Rosa Pérez. El texto que fue presentado ayer ante la Cámara, una hoja de ruta con poca concreción y falta de detalles en la que se recogen 33 objetivos, 116 acciones y 44 planes específicos a cumplir en el periodo 2023-2025, contempla entre una de sus líneas a seguir la relacionada con «promover y desarrollar nuevos servicios digitales orientados a usuarios, ciudadanía, pacientes y profesionales». Dentro de este apartado, Salud valora la creación de un centro de salud «virtual» como «nueva manera de relacionarse» con los pacientes y que tendrá un funcionamiento similar a la actual Osasun Eskola que está disponible en la propia página web del Departamento de Salud.