20230420

La Mesa de Diálogo Social – que reúne a Confebask, Gobierno Vasco y organizaciones sindicales – ha celebrado esta mañana una reunión de su pleno para acordar oficialmente el plan de trabajo previsto y las materias a las que se va a dar prioridad en los próximos ejercicios. En su turno de intervención, la presidenta de Confebask, Isabel Busto, ha valorado positivamente los acuerdos alcanzados. “En primer lugar, me gustaría destacar la constitución de un nuevo Grupo de Trabajo para abordar el Reto Demográfico. Desde hace ya tiempo, venimos advirtiendo de que las empresas en Euskadi tienen serias y crecientes dificultades para encontrar personas suficientes y con el perfil profesional necesario. Necesitamos una estrategia de país...En segundo lugar – continúa Isabel Busto -, también valoramos como algo positivo trabajar en la búsqueda de un Acuerdo de bases sobre la orientación en el ámbito educativo. Así, mejoraremos la alineación del sistema educativo con las necesidades de empleo que van a tener el sector público y privado en el futuro..." Asimismo, la presidenta de Confebask ha considerado relevante la continuidad de los trabajos del Grupo Técnico sobre Incapacidad Temporal y ha querido agradecer su trabajo destacando que “gracias al rigor e implicación con la que se está trabajando, se están obteniendo datos e información inéditos...Y, por último, la presidenta de Confebask también ha destacado el compromiso de la MDS por un futuro Pacto de país por los cuidados. “En definitiva nuestra valoración de los acuerdos en la MDS que hoy les presentamos es que seguimos comprometidos con el impulso decidido del Diálogo Social en Euskadi, con medidas concretas y un ambicioso plan de trabajo”. Ver más en Confebask. Intervención de Isabel Busto en rueda de prensa. 

El colectivo de mayores de 45 o 50 años copa la mitad de la tasa de paro en Euskadi, unas 60.000 personas, y el llamado ‘edadismo’ se ha convertido en un problema del mercado laboral. Pese a su experiencia, quienes pierden su empleo o están en el paro, tienen menos posibilidades de encontrar trabajo que los jóvenes. Frente a ello, Gobierno Vasco, los sindicatos CCOO y UGT, y la patronal Confebask acordaron ayer, en el seno de la Mesa de Diálogo Social el impulso de un programa de contratación de mayores de 50 años, complementando las medidas ya existentes para quienes superan los 45 años. La cuestión del reto demográfico fue una de las claves del encuentro de ese organismo ayer miércoles en Vitoria, presidido por la consejera de Trabajo y vicelehendakari, la socialista Idoia Mendia. Se acercaron posturas para la gestión de la edad en las empresas y la participación de los agentes sociales en el diseño de programas y acciones dirigidas a incrementar las tasas de ocupación de las personas trabajadoras de más de 50 años. A su vez, se acordó la creación de un nuevo grupo de trabajo específico sobre el reto demográfico desde la perspectiva del empleo y las relaciones laborales. El programa para mayores de 50 seguirá el modelo de otros para jóvenes, dotado con subvenciones y vinculado a la recualificación. A la espera de concretar los planes, Gobierno Vasco y empresarios están de acuerdo en ayudar a un sector de edad penalizado. Confebask confía así también en paliar en parte la falta de determinados profesionales en varios sectores.

La mesa de diálogo social vasca ha dado un paso adelante con el acuerdo alcanzado para impulsar un nuevo pacto de país por los cuidados en Euskadi. El Gobierno Vasco, los sindicatos CC OO y UGT y Confesbak acordaron ayer elevar una propuesta de declaración conjunta del grupo de trabajo de Políticas Sociales, liderado por la viceconsejera Lide Amilibia, a la mesa de diálogo social. Entre otras cosas, se pactó trabajar para reducir la «desigual distribución entre mujeres y hombres de los trabajos de cuidado» o la profesionalización de estos. Mediante este documento, las partes se comprometen a «contribuir a sentar las bases para la mejora continua de la atención específica a las personas que necesitan cuidados mediante servicios de calidad, reconociendo la existencia de elementos, entre los que se incluyen factores inherentes al mundo del trabajo y de las relaciones laborales, que están llamados a incidir de manera significativa en la creación de un modelo de intervención cada vez más eficiente y más justo». Los agentes de la mesa de diálogo social coinciden en que la creación de un empleo de calidad en este sector constituye «un objetivo irrenunciable» de la política de empleo, «a la par que un elemento básico de un modelo de atención y cuidados cada vez más justo y también de mayor calidad y más eficiente».

No son pocos quienes se quejan de un aspecto que, si no quiebra, sí daña la seguridad jurídica: se trata de la profusión de normas legales que se generan cada año y su complejidad regulatoria. España vive desde el inicio de la actual etapa democrática una época extensa de creciente incremento en la creación de normas desde todos los ámbitos administrativos (estatal, autonómico y local), y se encamina hacia el medio millón de leyes aprobadas. Una investigación publicada recientemente por el Banco de España sobre Los efectos económicos sectoriales de la complejidad normativa: datos de España ha desvelado que desde el inicio de la actual etapa democrática hasta la actualidad (1979-2022) se han aprobado en el país, por parte de todas las administraciones públicas un total de 414.272 leyes de todo tipo. Un abultado número, que para los autores de este estudio –Juan S. Mora-Sanguinetti (Banco de España); Javier Quintana (Banco de España); Isabel Soler (European University Institute), y Rok Spruk (Universidad de Ljubljan)– encarna lo que denominan complejidad regulatoria. Esta medición de dicha complejidad también implica la legibilidad de estas normas y el número de enlaces de referencia. Así, estos expertos arrancan con una afirmación de partida que consiste en confirmar que “a lo largo del tiempo, todas las medidas que evalúan la complejidad regulatoria han ido aumentando de la mano: el volumen de normativas ha crecido, al tiempo que la legibilidad de los textos ha disminuido y los enlaces de referencia (necesarios para su comprensión) también han aumentado”. Las principales conclusiones indican que “una mayor complejidad normativa tiene un efecto negativo sobre la tasa de empleo y el mismo efecto dañino sobre el valor añadido”. 

La Agencia Tributaria esta cuestionando y revisando, de manera muy significativa, las deducciones por I+D+i ya aplicadas por las empresas. Es algo que llevan haciendo casi una década, pero que desde finales del pasado año cuenta, además, con el apoyo de numerosas sentencias judiciales que corroboran las correcciones y posibles sanciones impuestas por Hacienda. Y eso no sólo afecta a entre 3.000 y 3.500 millones de euros en inversiones dentro del sector tecnológico, sino que también está provocando ya las primeras deslocalizaciones de compañías afectadas aduciendo falta de claridad normativa y seguridad jurídica. «Una gran tecnológica ya se ha deslocalizado, concretamente a Francia, y para este centro ya ha contratado a más de 1.000 ingenieros» de un tercer país, explica Javier Saldaña, director de innovación de Ayming, al tiempo que denuncia la «inseguridad jurídica» que se ha generado en España así como la falta de incentivos fiscales. Este periódico ya informó de que las sentencias favorables a Hacienda se estaban comenzado a acumular, y ahora está llegando la respuesta de las compañías. «Además, otras seis grandes tecnológicas están trabajando en planes de deslocalización», ahondan desde la mencionada consultoría especializada en tecnología y fiscalidad, que está en contacto directo con las compañías afectadas por los fallos judiciales y la actividad de Hacienda.

Un profundo cambio educativo, desde la base, desde los colegios, pero que afecte también al resto de niveles y en especial a la universidad. Esta es, en opinión del presidente del Círculo de Empresarios Vasco, José Galíndez, la clave fundamental para propiciar un aumento de vocaciones empresariales en Euskadi. Galíndez, que no ahorró críticas a la distancia con la que la universidad –en general, sin nombrar a ninguna en concreto– contempla desde la atalaya académica el mundo de la empresa, lanzó ayer este reto precisamente en un ambiente universitario. Lo hizo en el transcurso de una conferencia, invitado por la Alumni de la Deusto Business School. Galíndez abogó por un acercamiento y cambios importantes en el modelo de educación desde las edades más tempranas. Así, mencionó la necesidad de que los colegios se abran a la posibilidad de que sus alumnos puedan conocer la realidad de las empresas, su misión, lo que sucede en su interior y puedan escuchar de primera mano las experiencias de los empresarios que las han puesto en marcha o dirigen. También reclamó una «educación en valores», que en este ámbito debería centrarse en poner en valor la trayectoria y las características personales de muchos empresarios que han sido referentes en la historia reciente. El presidente del Círculo transmitió la idea de que la universidad debe formar «con la máxima calidad», pero entendiendo que una parte de ese componente tiene que ver con «ser sensibles a las necesidades reales de las empresas».

Adegi introdujo ayer una pequeña mejora en su propuesta para el convenio del Metal de Gipuzkoa, que regula las condiciones de más de 30.000 trabajadores, pero que los sindicatos siguen considerando insuficiente con lo que por ahora no se atisba un posible acuerdo. La patronal guipuzcoana plantea una subida del 5% para este año en tablas y del IPC más 0,7% para el siguiente con el objetivo de compensar la inflación de 2022 (5,7%). Esta es la novedad que ha introducido. Para 2025 y 2026 mantiene el IPC. Para los que cobran por encima de tablas; es decir, en salarios reales, tampoco ha variado su anterior oferta, el 80%. Además, ha aceptado que las empresas con más de 50 trabajadores deberán presentar –si así lo solicita la representación de los trabajadores– para negociar un plan para la normalización e impulso del euskera. Un punto éste que ELA valora de forma positiva. La central nacionalista, que tiene el 47,75% de representación en el sector, califica de «avance la nueva propuesta en tablas», pero ve «insuficiente» la de los salarios reales. También critica, al igual que LAB, CC OO y UGT, que no plantee una reducción de jornada. LAB indica que la patronal «no da pasos reales en la negociación» y hace un llamamiento a la mesa intersindical para «volver «a poner en marcha movilizaciones y huelgas conjuntas».

El control de los horarios en la hostelería de Gipuzkoa se va a reforzar y los bares del territorio serán los primeros de todo el Estado en obligar a fichar a sus trabajadores con un registro telemático para garantizar que se cumplan las jornadas legales. Así se recoge en el nuevo convenio colectivo que se firmará mañana tras el preacuerdo alcanzado este pasado miércoles entre ELA, que cuenta con el 55% de representación en el sector, y la Asociación de Hostelería Gipuzkoa, para renovar un pacto que llevaba sin revisarse desde 2010 y que decayó en 2012. El nuevo convenio colectivo tendrá vigencia hasta 2026 e incluye subidas salariales superiores al IPC. No obstante, uno de los puntos que más destacan en este nuevo convenio –el primero de hostelería en España que recogerá este aspecto– hace referencia al registro de jornada para «frenar el abuso que se ha venido produciendo en relación a la prolongación de las jornadas», señala ELA. En este sentido, explica el sindicato, se establece la obligatoriedad de registrar las jornadas realizadas mediante un sistema de fichaje telemático que será obligatorio para las empresas de cinco o más personas. Así, tal y como confirma el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, a este periódico, Gipuzkoa se convertirá en la primera provincia del Estado en tener un convenio sectorial de hostelería que recoge el control horario de sus trabajadores.

La consultora madrileña FE Energy confirmó ayer que, en representación de una empresa promotora cuya identidad optó por preservar, se ha dirigido a «varios ayuntamientos» de Gipuzkoa y de Navarra con la intención de abrir «una vía de comunicación» ante «un posible proyecto» de energía eólica en la zona. Los responsables de Fe Energy insistieron en que aún «no hay ningún proyecto concreto ni ninguna solicitud formal realizada» ante administración alguna. «Es solo un posible interés y la intención de poder hablar con los ayuntamientos de algo que aún está a años luz de ser nada concreto», añadieron. FE Energy, perteneciente a la Asociación Empresarial Eólica (AEE), afirma contar con «un portfolio de proyectos eólicos concentrados en las comunidades de Galicia y Castilla y León, con una cartera de más de 500 MW». La navarra Fundación Sustrai Erakuntza salió ayer a la palestra para denunciar que un promotor sin identificar tiene intención de desarrollar «un parque eólico de hasta 100 MW» en «el triángulo que forman Goizueta, Arano y Hernani».

Un edificio inspirado en el patrimonio original de la bodega, de estructura ligera hecha de madera procedente de bosques locales. Esa será la seña de identidad del emblema arquitectónico que Bodegas Faustino, en Oion, ha encargado al prestigioso arquitecto británico Norman Foster y que se ha presentado este miércoles en Madrid. Un espacio para visitantes que se convierte en el elemento central del ambicioso proyecto en el que se invertirán en torno a 15 millones de euros y que culminará en otoño del próximo año, coincidiendo con la vendimia. «Este es un proyecto sobre la experiencia del visitante. No se trata solo de la creación de un edificio nuevo. Permite que el invitado pueda imbuirse con los viñedos», ha definido el octogenario artista, que atesora el premio Pritzker de arquitectura. El proyecto que ha salido de su estudio de Londres (Foster+Partners) se denomina 'Energía Plus'. El edificio central consume solo el 20% de la energía que genera y el resto alimenta a las restantes instalaciones de Bodegas Faustino. «Todo ello a través de la integración de tecnologías innovadoras en todas las instalaciones, con lo que conseguimos que Bodegas Faustino sea 100% autosostenible energéticamente hablando», ha subrayado Foster.

La planta de Mercedes Vitoria vuelve a las suspensiones de jornadas de trabajo por los problemas que se vienen sucediendo desde hace semanas ante el exceso de 'stock' en los mercados en los que opera la multinacional y los problemas de logística. Esto último justifica la parada que la factoría alavesa ha programado para el próximo jueves día 27 de abril, víspera de la festividad de San Prudencio. Ese día figuraba en el calendario como activable y, de hecho, fue activado para proseguir con la producción, pero «no se va a trabajar el turno de tarde y noche», se ha planteado a los trabajadores tras la reunión mantenida este mismo miércoles con la empresa. También se ha decidido no activar ningún sábado del próximo mes de mayo, aunque sí el día 29. «Se suspende la producción con cargo a bolsa en los turnos de tarde y noche del día 27 de abril, en los sectores productivos de Montaje Bruto, Pintura y Montaje Final. Estará afectado todo el personal directo, indirecto y coaligados a los mismos, con la excepción de aquellas personas que sean requeridas para llevar a cabo tareas de necesaria realización», se asegura en la comunicación que se ha trasladado a los trabajadores.

La cifra de negocios de la industria vivió en Euskadi su mayor incremento de toda España el pasado mes de febrero. De esta manera, en el País Vasco se disparó un 28,1%, frente a la media del 8,8% en el resto del país. El dato facilitado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala la evolución de la demanda en las ramas industriales con la excepción de la construcción, muestra un incremento en lo que va de año del 20,7% para el País Vasco, casi el doble del 10,6% que señala el informe para España. Por su parte, el sector servicios vivió en Euskadi un incremento del 9,1%, también por encima de la cifra a nivel nacional, donde fue del 7,7%. En contraste, los precios de la industria facilitados ayer por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, alertan de una caída del 2,1% en marzo respecto al febrero anterior. El dato interanual, por su parte, mantiene un incremento del 0,7%. El descenso tiene su origen en la caída acentuada de la energía eléctrica, el gas y el vapor, que pierden el 13,9% en un mes y el 17,6% respecto a marzo de 2022. En menor medida, la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos se redujo el 2,1% y las coquerías y refino de petróleo el 1,7%. Por contra, crece la fabricación de material de transporte el 4% en el último mes, y un 6,9% en el último año.

Construcciones Urrutia, la empresa que paralizó las obras de la quinta torre de Garellano por el encarecimiento de los costes, ha suspendido ahora los trabajos en un bloque de 36 viviendas en el bilbaíno barrio de Santutxu y ha «ralentizado» el ritmo de edificación de un bloque de 81 pisos en Santurtzi. El problema que ha surgido en los tres tajos es similar: la empresa alega que la subida de precio de las materias primas, la inflación y los efectos del estallido de la guerra en Ucrania convierten estas operaciones en inviables a nivel económico y exige más dinero para seguir con los trabajos. Lo que puede ser distinto es el desenlace de este entuerto. La compañía de origen alavés, adquirida hace dos años por el grupo madrileño Urbas, abandonó de manera definitiva la construcción de la torre de Garellano, llamado a ser el rascacielos residencial más alto de Euskadi. Lo hizo después de que los cooperativistas de los futuros 166 pisos rechazasen cualquier modificación de las condiciones que fueron pactadas en 2021 y exigieron su salida inmediata de la obra con el objetivo de contratar lo antes posible a otra compañía. Pero en los casos de Santutxu y Santurtzi la firma espera alcanzar pronto un acuerdo con los promotores, según explicaron a este diario fuentes autorizadas de Construcciones Urrutia.

La deflactación del IRPF aplicada en este 2023 «está abierta a revisarse» y se «ha fijado en un 2% porque se ha estimado que la inflación subyacente llegue al 3%». Las palabras pronunciadas en octubre por el consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, siguen muy latentes porque los precios siguen sin dar tregua. El objetivo, como avanzó el lehendakari en julio, era ayudar a los vascos «a tener más dinero en su bolsillo» con el que hacer frente a la subida de precios. Pues, cumplido el primer trimestre del año, los precios siguen rompiendo registros. Si bien el IPC, por el efecto base de comparación, modera sus subidas, el índice subyacente –más estructural al excluir los precios más cambiantes de la energía y los alimentos frescos– está en los mayores registros de la serie histórica, por encima del 7%. Fue este indicador el que señaló el propio Urkullu en el último pleno de política general para anunciar una deflactación mayor de la prevista del IRPF. Se trata de un mecanismo por el que se ajustan los tramos de renta para que el porcentaje a pagar contemple el aumento del coste de la vida. En resumidas cuentas, si con 1.200 euros, por ejemplo, no se pueden comprar las mismas cosas que hace un año, no parece justo que sí se paguen los mismos impuestos. El caso es que los precios siguen escalando y la recaudación de las diputaciones sigue en máximos. Hasta marzo, se ha incrementado un 11,6%, 403 millones más que el año pasado, y muy por encima del 5% previsto para el conjunto de este 2023.

El Banco de España rebajó ayer la potencia del escudo social pactado por el Gobierno y el sector financiero para auxiliar a los hogares vulnerables o en riesgo de serlo a causa de su deuda hipotecaria y la subida de los tipos de interés. Si a finales del año pasado el Ejecutivo y las entidades cerraron un acuerdo que preveía beneficiar a un millón de familias endeudadas, el supervisor calcula ahora que esta red podrá proteger a hasta unos 550.000 hogares en el caso de que los tipos se incrementen en 50 puntos básicos más (hasta el 4%, desde el 3,5% actual). Sin embargo, si se toman los datos históricos de adhesión a este tipo de protocolos, la institución cree que finalmente se beneficiarán de estas medidas solo cerca de 200.000 familias, según recoge en su último Informe de Estabilidad Financiera. El organismo que preside Pablo Hernández de Cos hace una aproximación a la capacidad de ayuda que tendría la reforma del Código de Buenas Prácticas en la situación actual. Este ya estaba en vigor desde 2012 y se actualizó el pasado diciembre para que contemplara más ayudas ante casos como los actuales de subidas de tipos de interés.

Si continúa la subida de los tipos de interés, las hipotecas estrangularán las economías de otros 400.000 hogares españoles. La proyección la hizo ayer el Banco de España, que contabiliza más de un millón de familias en situación vulnerable por los créditos que deben afrontar, que llegan a absorber el 40% de sus ingresos. El Banco de España rebaja las expectativas del Gobierno con el nuevo plan de ayudas pactado con la banca para los hipotecados que en el último año se han visto duramente golpeados por la escalada del euríbor. El organismo supervisor calcula que los potenciales beneficiarios de este código temporal rondarán los 550.000, prácticamente la mitad del millón que el Ejecutivo manejaba en sus primeras estimaciones. Es más, basándose en la experiencia histórica, estiman que en realidad apenas 200.000 hogares recibirían finalmente las ayudas. El Banco de España recuerda además que existen 75.000 hipotecas que pueden recibir ayudas con el protocolo vigente desde 2012, también por debajo del potencial de 200.000 beneficiarios. Pero Ángel Estrada, director general de Estabilidad, Regulación y Supervisión financiera del organismo, matiza que «las cifras de ambos códigos no se pueden sumar, pues hay familias que cumplirían los requisitos para acogerse a los dos».

La fiscalidad de las multinacionales está a punto de protagonizar una revolución global que afectará a más de 100 grupos españoles. La aplicación del nuevo tipo mínimo internacional del 15% en la imposición societaria impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que la Unión Europea prevé comenzar a aplicar en 2024, afectará concretamente a 126 grupos, aquellos con un volumen de negocio superior a los 750 millones de euros, según los datos de cierre de 2020 publicados ayer por la Agencia Tributaria. Del total, el 41% de esas multinacionales tributa por debajo del nuevo umbral global lo que elevará su factura fiscal a partir del próximo año. El universo de empresas afectadas por el nuevo tipo mínimo global queda identificado en el informe anual País por país, en el que la Agencia Tributaria explota el modelo 231 de declaración fiscal global para cumplir con la iniciativa BEPS (siglas en inglés de Plan de acción contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios). El resultado permite desnudar la tributación global de los grupos multinacionales con una cifra neta de negocios consolidada a nivel mundial de al menos 750 millones, los mismos que quedarán sometidos al nuevo tipo mínimo del 15%. El informe publicado ayer, correspondiente al ejercicio 2020 y por tanto fuertemente marcado por el impacto que tuvo la irrupción de la pandemia de Covid, revela que en España hay 126 grandes multinacionales con matriz española (un 1,6% más que el año anterior). Bajo sus alas se agrupan un total de 14.854 filiales, un tercio de las cuales tiene domicilio fiscal en España, donde se sitúan 4.906 de sus empresas, y 9.948 implantadas en el extranjero.

La CNMC ha aprovechado el nuevo proyecto de orden del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) sobre el uso del dominio público radioeléctrico, que está elaborando el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y que establecerá una ampliación de los límites de espectro para las telecos, para posicionarse en la fusión de Orange y MásMóvil. En su informe sobre la orden, señala que, con los cambios que se introducen, la nueva operadora tendría que deshacerse de menos frecuencias que con la normativa actual. Eso sí, la CNMC afirma que el incremento de límites debería estar vinculado a la imposición de una obligación de acceso mayorista. Según la CNMC, la modificación de los límites de espectro en el momento en que la fusión Orange-MásMóvil está siendo analizada por las autoridades de competencia (Comisión Europea) puede tener efectos que limiten el análisis, y en particular, las posibles obligaciones que pudieran ser exigibles a la entidad resultante en caso de que la operación fuera autorizada.

El mayor inversor privado del mundo destaca a España como destino de inversión. Larry Fink, fundador y consejero delegado de BlackRock, considera que “España es una gran oportunidad de inversión”. El primer ejecutivo de la mayor gestora del mundo, con más de nueve billones de dólares en activos invertidos, ha destacado el potencial inversor en el mercado español durante un encuentro el pasado martes en Madrid con inversores y empresas españolas. “Somos muy optimistas con España y vamos a mantener nuestra apuesta por las empresas españolas”. Larry Fink asistió al evento de inversiones que BlackRock organiza cada año en España, el BlackRock Iberia Investment Day. El ejecutivo, que solamente ha estado un día en Europa (vino y volvió de Estados Unidos en el mismo día), no visitaba España desde principios de 2019, cuando asistió al mismo evento. Después, a causa de la pandemia, Fink anuló muchos de sus compromisos internacionales, como su asistencia a este evento, que ha reanudado ahora. El martes comentó que cree que el teletrabajo se va a terminar. Al evento asistieron alrededor de 200 personas, entre las que se encontraban clientes de BlackRock, como grandes inversores españoles, gestoras de fondos de inversión nacionales y representantes de algunas de las mayores empresas del país y también de Portugal, de las que BlackRock es accionista significativo. En paralelo al evento, y durante su estancia en Madrid, Larry Fink mantuvo reuniones privadas con altos ejecutivos de algunas de las compañías españolas de las que es accionista para conocer de primera mano sus planes estratégicos.

Abril va camino de convertirse en el mes más seco en España desde que existen registros, en 1961. En los primeros 16 días del mes se han recogido de media cinco litros de lluvia por metro cuadrado, cuando el promedio hasta esa fecha es de 32 litros. Las previsiones apuntan a lluvias escasas en lo que queda de mes. En algunos puntos del país, como Teruel o Tomelloso (Ciudad Real) ya cuentan 125 días sin lluvias significativas; en Madrid son 42 días. Por otro lado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un episodio de calor extremo la semana próxima, con temperaturas por encima de los 30 grados, no solo en el sur de la Península, sino en el centro e incluso el norte. De lunes a miércoles, los termómetros estarán entre cinco y diez grados por encima de lo habitual en estas fechas. El dicho: “En abril, aguas mil” es este año un mal chiste. En los primeros 16 días se han recogido de media en España cinco litros de lluvia por metro cuadrado, una cifra que Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), califica de “extraordinariamente baja” para dicho periodo, ya que supone tan solo el 15% del promedio hasta esa fecha, 32 litros.

La casualidad ha querido que el apagado de los últimos reactores atómicos en Alemania coincida exactamente con la apertura de uno nuevo, el primero en más de 15 años en toda la UE, en otro socio muy expuesto a la energía rusa: Finlandia. Los países encarnan a la perfección las dos visiones sobre una fuente de electricidad que es, también, origen inagotable de controversia: nuclear sí o nuclear no. El calendario no ha podido ser más caprichoso. Casi 12 años después de que el Gobierno de Angela Merkel tomase la decisión de dejar atrás la energía atómica —a raíz del accidente de Fukushima—, el sábado se desconectaban de la red y pasaban a mejor vida Isar 2 (Baviera), Neckarwestheim 2 (BadenWürtemberg) y Emsland (Baja Sajonia). Unas horas después, ya de madrugada, se inauguraba a 2.000 kilómetros al norte el mayor reactor del continente: Olkiluoto 3; 1,6 gigavatios (GW) de potencia; y capaz de suministrar por sí solo la séptima parte de la demanda eléctrica finlandesa. La puesta en marcha del reactor finlandés ha sido de todo menos un camino de rosas. Tanto por la demora —su construcción empezó en 2005 y debería haber concluido en 2009— como por los sobrecostes —la factura final rondará los 11.000 millones de euros, tres veces más de lo estimado—. Sin embargo, el giro político en el país nórdico, con el regreso al poder de los conservadores, augura nuevos proyectos: la atómica, a tenor de lo que deslizaba durante la campaña electoral el favorito para convertirse en primer ministro, Petteri Orpo, debería ser “la piedra angular de la política energética” finlandesa.