20230722

El mercado laboral sigue dejando datos muy positivos pese a la ralentización económica. En el segundo trimestre del año el paro descendió en Euskadi 1,3 puntos hasta el 7,4%, la tasa más baja desde 2008, antes del estallido de la crisis financiera. Así lo recoge la Encuesta de Población en Relación a la Actividad (PRA) elaborada por el Eustat y publicada ayer. Este descenso de la tasa de paro se debe a que el número de desempleados cayó en 14.500 personas en la pasada primavera respecto al primer trimestre. La cifra total de desempleados quedó en 77.600 de acuerdo con la encuesta del Eustat. En cuanto a la ocupación, se generaron 10.800 empleos en el segundo trimestre, más que en el mismo periodo del año pasado, pero menos que en ejercicios anteriores. El número total de trabajadores se elevó a 971.600, sin llegar al récord histórico a diferencia de lo que marca la estadística de la Seguridad Social. El hecho de que el número de parados se reduzca más que el empleo creado se explica por la pérdida de población activa derivada de las jubilaciones. Así, entre abril y junio las personas en edad de trabajar en Euskadi descendieron en 3.700, una prueba más del acelerado envejecimiento de la población. Pero quizás el aspecto más negativo de los datos conocidos ayer es la destrucción de empleo en la industria. Fue el único sector con descenso en el número de ocupados, 800 en concreto hasta quedar en 192.100. El resto de actividades registró crecimiento en la ocupación, con el sector primario a la cabeza al anotarse un alza del 6,1%, Le siguieron la construcción, con un incremento del 4,6% (2.500 personas) y los servicios, con un aumento del 1,2% (8.600 trabajadores).

El coste laboral en Euskadi alcanzó el año pasado los 39.624 euros por trabajador y año, la segunda cifra más alta de todas las comunidades autónomas solo por detrás de Madrid (40.131 euros). A pesar de ello los costes laborales en Euskadi apenas subieron el año pasado un 2,5 %, por debajo de la media estatal del 4,1 %. Solo Murcia (+1,2 %) tuvo un menor crecimiento de los costes laborales, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por comunidades autónomas los costes laborales más elevados en 2022 se dieron además de en Madrid y en Euskadi, en Catalunya (36.739 euros) y Navarra (36.617). En el lado contrario se situaron Extremadura (27.430 euros), Canarias (28.722) y Murcia (29.961). Los mayores incrementos de estos costes se dieron en Canarias (+10,8 %), Illes Balears (+9,3 %) y La Rioja (+5,3 %). El menor encarecimiento se dio, además de en Murcia y el País Vasco, en Asturias (+2,6 %) y Galicia (+3,1). El coste laboral incluye el coste salarial -donde entran salario base, complementos, horas extraordinarias y otros pagos- y otros costes, que incluyen fundamentalmente las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social.

Cuando faltan solo unas horas para las elecciones, la bajada del paro constatada ayer por el Eustat sirvió a los socios del Gobierno vasco, PNV y PSE, para sacar pecho. Mientras la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo atribuía la fortaleza del mercado laboral a las políticas públicas de los ejecutivos central y autonómico, el responsable de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, avanzó otra nueva revisión al alza de las previsiones económicas. Apenas ha pasado un mes desde que el Gobierno vasco mejoró su pronóstico de crecimiento para este año, del 1,5% al 1,6%. Por lo que sugirió ayer Azpiazu en su cuenta de Twitter habrá un nuevo incremento en septiembre, antes de que en octubre se concrete el proyecto de ley de Presupuestos para el próximo ejercicio, para el que se estima una expansión del PIB del 2,1%. El consejero justificó este anuncio en los datos de la PRA, con un paro que ha caído al 7,4%, la tasa más baja desde 2008. «El mercado de trabajo mantiene una gran fortaleza y un altísimo nivel de resiliencia», apuntó, y recordó que el número de ocupados creció en 10.800 en el trimestre. Señaló, asimismo, la mejora en la calidad del empleo, con 51.500 asalariados indefinidos más que hace un año. La resistencia del empleo es una de las causas de que la economía esté evolucionando mejor de lo esperado, a pesar de factores en contra como las subidas de los tipos de interés o el frenazo en potencias europeas como la alemana. «La economía se mantiene fuerte pese a las profecías que vaticinaban nuestra entrada en recesión», destacó Azpiazu.

Tubacex ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio neto de 20 millones de euros, cifra que supone más que duplicar el conseguido en el mismo periodo del pasado ejercicio, consolidando así la senda de recuperación de su actividad que inició hace dos años. Es el octavo trimestre consecutivo de mejoría en su cuenta de resultados, aseguró ayer la compañía alavesa fabricante de tubos inoxidables sin soldadura. El beneficio de estos seis meses es equivalente al que logró en todo el año 2022. Aunque la empresa ha alertado de una ligera relajación de la demanda de tubos en la segunda mitad del año, en línea con lo que pronostica el conjunto de la industria europea, las cifras del primer semestre han marcado un récord histórico de ventas. El aumento de los tipos de interés ha puesto en revisión muchos proyectos industriales en el mundo, de ahí que se viva en estos momentos una fase de mayor incertidumbre. Ver nota Tubacex. 

La compañía vasca Cie Automotive, dedicada a la fabricación de componentes de automoción, ha cerrado el primer semestre del año con una facturación de 2.011 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 8% en comparación con el mismo periodo de 2022. El beneficio para este mismo periodo ha sido de 178,3 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 11,2%. Unas cifras que la compañía no ha dudado en calificar como «un nuevo hito», en un momento en el que la industria del automóvil atraviesa una gran incertidumbre y se ha visto muy impactada por los aumentos de costes de materias primas y también por la ruptura de la cadena de suministro de algunos componentes, especialmente los ligados a la electrónica. La amplia presencia internacional de la compañía, con una fuerte implantación en Latinoamérica, Este de Europa y Asia, le ha permitido mantener una senda de crecimiento. «Estos magníficos datos permiten aventurar que 2023 será otro año lleno de buenas noticias para la compañía y para todos sus grupos de interés, gracias al trabajo desarrollado por un magnífico equipo humano en circunstancias adversas, con un mercado bajo en volúmenes y altamente inflacionario», advirtió Jesús María Herrera, consejero delegado de la compañía. Junto a ello, también se felicitó de que los buenos resultados hayan estado acompañados de una fuerte generación de caja que permiten a Cie «mejorar mes a mes los ratios de endeudamiento y mantener una sólida posición financiera». 

La serie muestra ya cuatro meses consecutivos con un descenso en la firma de créditos vivienda y evidencia un cambio provocado por la subida del euríbor que cotiza al 4%. La tendencia se ha ido intensificando desde que comenzara a acusarse en noviembre pasado, cuando las subidas de los tipos de interés empezaron a notarse de modo más general. En el País Vasco se firmaron en el mes de mayo un total de 1.746 hipotecas para la adquisición de una vivienda con un importe medio de 165.032 euros. Unos datos que siguen evidenciando que el precio de las casas aguanta, a pesar de la caída de la demanda. Según explican los analistas, el encarecimiento del crédito ha frenado muchas operaciones, pero también pesa el efecto comparativo. Y es que el año pasado en Euskadi se registró un ‘boom’ en la compra de viviendas con más de 21.000 pólizas suscritas. La salida de la pandemia impulsó este mercado que supusieron la cifra más alta desde 2008. La subida de precios general y los sucesivos encarecimientos de la letra mensual que pagar al banco, que en Euskadi se ha traducido en más de 300 euros para una hipoteca tipo de 150.000 euros, son otra de las cuestiones que frena la demanda en un movimiento que se hace tendencia y que solo el tiempo señalará si también es estructural. En el conjunto de España la compra de vivienda bajó también, aunque algo menos que el País Vasco, un 24% respecto al mes de mayo de 2022. 

La compra de viviendas se está reduciendo en los últimos meses con las subidas de tipos de interés y en consecuencia del euríbor pero son cada vez más quienes adquieren una vivienda al contado, es decir, con sus ahorros, sin tener que recurrir a una hipoteca. En concreto, en Euskadi, prácticamente un tercio de quienes adquieren un piso lo hacen ya de esta manera, lo que comúnmente se llama a tocateja. Y es que en mayo el 31,2% de los que compraron una vivienda en Euskadi la abonaron al contado, según los datos del Consejo General del Notariado, lo que supone 2,3 puntos más que un año antes, cuando ese porcentaje se quedaba en el 28,9%. Una proporción, en todo caso, que es menor que en el conjunto del Estado, donde son más de la mitad los compradores que pagan sin recurrir a un préstamo hipotecario. En concreto, el 56,3% del total cuando un año antes lo hacía el 49,3%.

El colectivo ‘Lurraren defentsan, Euskal Herria Bizirik’ informó ayer de que se se ha producido una «amplia respuesta social» al Plan Territorial Sectorial de las Energías Renovables (PTS EERR) planteado por el Gobierno Vasco, un documento que señala los lugares susceptibles de acoger (si alguien los quisiera promover) proyectos eólicos, solares y de energía marina en Euskadi y, sobre todo, aquellos que por su especial protección no podrán hacerlo. La plataforma subrayó que «miles de personas han suscrito la alegación popular difundida durante las últimas semanas en muchas localidades». Además, añadió, «numerosos ayuntamientos, grupos de defensa de la naturaleza, asociaciones y sindicatos agrarios, colectivos sociales y vecinos directamente afectados han elaborado documentos de alegaciones más extensos en los que se exponen las irregularidades detectadas en la tramitación del Plan». En total, apuntó, se habrían presentado 4.000 alegaciones. A juicio de ‘Lurraren defentsan, Euskal Herria Bizirik’, las alegaciones cargan contra «la desconsideración del PTS de aspectos relevantes relativos al impacto ambiental, así como los conflictos que este Plan genera con los objetivos establecidos en las Directrices de Ordenacion del Territorio, los planeamientos municipales y los Planes Territoriales Parciales comarcales con respecto a la protección del medio natural». «La preservación de los corredores ecológicos o la biodiversidad», añadió, también se verían comprometidos.

La futura planta logística de Dachser aterrizará en Júndiz tras una inversión total de 40 millones de euros. Lo hará «a finales de 2024» en la antigua parcela de URSSA. Hasta entonces, la multinacional alemana realizará diversos estudios sobre el terreno y proyectará su futura plataforma, que aspira a reforzar el mayor polígono industrial de Euskadi como máximo referente logístico. El proyecto, muy avanzado sobre el papel, generará cerca de medio centenar de empleos. La planta logística desembarcará en una de las mayores parcelas de Júndiz, con cerca de 130.000 metros cuadrados de superficie. Se trata de uno de esos terrenos XXL tan demandados por las grandes compañías para crear en Vitoria su gran centro de operaciones. El módulo en el que operará la empresa de transportes contará con 25.000 metros cuadrados, donde desplegará una plataforma de ‘crossdocking’. Se trata de una fórmula que fomenta la entrada y salida inmediata de las mercancías, sin necesidad de almacenarlas de forma temporal en las naves. Después de que la multinacional se hiciera con los terrenos por 8 millones de euros el pasado mayo, la operación se firmó ayer de forma definitiva ayer con el asesoramiento de las consultoras inmobiliarias Imexcie y Azet Consulting. El desembolso en la adquisición de los terrenos está incluido en la inversión total, por lo que la puesta en marcha de la nueva plataforma y la contratación de los empleados se traducirá en 32 millones de euros. Según fuentes de cercanas a la operación, la llegada de Dachser a los antiguos terrenos de URSSA supone colmatar el «último gran espacio» del polígono industrial. Al menos, en lo que se refiere a terrenos de ese tamaño (es el segundo del polígono en metros).

Mikel Galparsoro es el encargado de una de las panaderías más reconocidas de Donostia. Sin embargo, hacer estos buenos panes, que se sirven en restaurantes de tres estrellas, no trae consigo el reconocimiento ni la promoción que se merece. «No existe ningún tipo de promoción sobre oficios como la panadería aquí». Una promoción que sí se da en otros ámbitos, ya que «cuando hablamos de Euskadi pensamos que somos el centro del mundo porque tenemos una industria extraordinaria, pero es que la formación profesional para estos sectores es muy buena. Sin embargo, para la panadería no pasa igual, no se promociona», se lamenta Galparsoro a la hora de explicar la dificultad del sector para lograr mano de obra. Una ayuda que, a su juicio, ayudaría a que muchas personas entendiesen el oficio de panadero como una oportunidad de negocio interesante, como ocurre cerca de Euskadi. «Yo vivo en Hendaia, y yo veo lo que se hace en Francia; los franceses tienen una formación profesional que se extiende a todo tipo de sectores, entre ellos, el de la panadería. Por ejemplo, allí, estudiar para ser panadero es algo habitual, y es una formación que dura 5 años». Una formación que permite desarrollar no solo buenos profesionales sino «profesionales con motivación». En este sentido, «la cultura aquí se basa en valorar trabajos como el de ingeniero pero no se valora lo suficiente el trabajo de las panaderías». Una cultura que, a diferencia del otro lado de la muga en el que para ser reconocido panadero hay que tener la titulación además de cumplir con unos procesos artesanos, no permite aquí desarrollar el sector. «Debemos compararnos con los mejores si queremos progresar», concluye Galparsoro.

Pedro Sánchez ya prometió en 2018, concretamente el 17 de julio, mes y medio después de ser investido presidente tras prosperar la moción de censura a Mariano Rajoy, que aprobaría un Estatuto del Becario para dignificarlos. Hacía entonces seis años de la reforma laboral de 2012 que dio alas a la flexibilización (y precarización) de muchos de estas relaciones laborales. «En los próximos meses, el Gobierno va a poner en marcha un plan de choque para crear empleo juvenil, en el que se revisarán y promoverán los contratos de relevo y de prácticas, se pondrán en pie nuevos instrumentos de políticas activas de empleo para los jóvenes, se desarrollará una nueva regulación de las prácticas laborales y de los programas de los becarios, se creará el Estatuto del Becario y se eliminarán las prácticas extracurriculares», prometió Sánchez en el Congreso, desatando los aplausos de su bancada. El Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI nunca llegó a ver la luz, ni tampoco ha salido adelante el Estatuto del Becario, a pesar de que el Ministerio de Yolanda Díaz lo ha negociado durante el último año, llegando a un acuerdo in extremis el mes pasado con los sindicatos, pero con la oposición de la CEOE y, lo más determinante, de la comunidad universitaria. La Asociación Crue, formada por 76 universidades –50 públicas y 26 privadas– se ha mostrado en contra durante todo el proceso de negociación por considerar al Estatuto «una amenaza para el modelo de prácticas vigente» y por considerar que las prácticas académicas han de ser reguladas por el mundo académico.

La patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) alertó ayer al Gobierno de que, en los últimos meses, ha detectado una desaceleración de la facturación empresarial. Desaceleración que puede ser más acusada en el segundo semestre del año, que ya ha comenzado, como consecuencia de la subida de los tipos de interés, del endurecimiento de la política monetaria que está llevando a cabo el Banco Central Europeo. En un informe sobre la actividad del sector, la confederación empresarial, que forma parte de CEOE, alerta de que está perdiendo fuerza el repunte de la actividad económica que se registró tras la profunda crisis del coronavirus, que tuvo lugar en 2020, y cuyos efectos se extendieron hasta 2021. “Las cifras de negocio empresarial han pasado de reflejar una falsa bonanza que era resultado de su normalización, después de la complicadísima situación vivida durante 2020 y 2021, a apuntar una acusada desaceleración que resulta acorde con un importante freno que viene registrando la economía desde la segunda mitad de 2022”, dijo ayer la organización que preside Gerardo Cuerva, que también es uno de los vicepresidentes de CEOE. Por lo tanto, Cepyme ve con preocupación la caída que por segundo mes consecutivo registra el índice general de cifra de negocios empresarial, que presentó en mayo una variación anual del –2,7%, en tasa desestacionalizada, y del –2,5%, en tasa original. Es importante reseñar que hasta el Gobierno y el Banco de España han subrayado recientemente que, por fin, la economía ha vuelto a recuperar el nivel del producto interior bruto de antes de la pandemia. El PIB cayó un 10,8% en 2020.

El balance económico de la legislatura de Pedro Sánchez ha sido irregular, incluso teniendo en cuenta las duras circunstancias en las que ha tenido lugar. El PIB ha tardado tres años y medio en recuperar las cifras previas al estallido de la pandemia, siendo uno de los países europeos más rezagados, mientras que la deuda pública se disparaba a uno de los ritmos más elevados de los países desarrollados. La parte positiva es que durante estos años el empleo ha crecido con fuerza y que ahora la economía española está creciendo a un ritmo más intenso que el resto de los países europeos. Si la crisis de 2008 se caracterizó por una intensa pérdida de empleo, la originada por la pandemia y la guerra en Ucrania será recordada como la de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, dejando en un segundo plano todo lo demás. En primer lugar, el PIB habría recuperado en el primer trimestre del año el volumen de actividad, de acuerdo con los últimos cálculos del Instituto Nacional de Estadística, pero lo ha hecho mucho más tarde que la mayor parte de las economías desarrolladas. De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos “salió de la crisis” ya el segundo trimestre de 2021, y desde entonces ha crecido cerca de un 5%, mientras que la Unión Europea lo hizo tres meses después, si bien el avance desde entonces ha sido algo más moderado, incluyendo una recesión en la eurozona en los dos últimos trimestres. En cambio, España sufrió un deterioro mucho más profundo y prolongado que la media, debido a que las restricciones sanitarias en España fueron más intensas que entre sus socios, afectaron a más sectores y se extendieron durante más tiempo, sumado todo ello con el elevado peso del turismo, muy afectado por el Covid. Es cierto que, a partir de ahora, la actividad crece a un mayor ritmo que en el resto de los países comunitarios, pero todavía le queda mucho camino por recorrer hasta recuperar las cifras del resto de economías. 

Por primera vez desde que hay registros consolidados la edad media de acceso a la jubilación en España alcanza los 65 años, según los datos de la Seguridad Social para el periodo enero-junio de 2023. Así, la edad media de acceso a la jubilación y la edad legal (si se cumplen los requisitos de cotización) al fin convergen, un aspecto que el Gobierno considera clave para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Los datos de 2023, correspondientes al primer semestre, consolidan una tendencia que se acentúa a nivel anual desde 2018. Entonces la edad media se situaba en 64,2 años, ocho décimas menos que ahora. En los seis años anteriores, desde 2012, este registro se elevó en solo dos décimas. Las estadísticas de la Seguridad Social empiezan en 2005, cuando la media era de 63,6 años. No hay que confundir la edad media de acceso a la jubilación con la edad legal de retiro, establecida en 65 años en 2023 para quienes han trabajado al menos 37 años y nueve meses. Si todos los trabajadores se jubilasen entonces, habría una correspondencia perfecta entre estos dos conceptos, pero no es así. Hay muchos empleados que se jubilan de forma anticipada, que arrastran la edad media hacia atrás, y otros que no cumplen los requisitos de cotización o lo hacen de forma demorada, que empujan la media hacia delante. Según los últimos datos, hasta junio de 2023 hubo 13.223 jubilaciones demoradas, un 8,1% del total, en torno a tres puntos más que en años anteriores. Es un 45% más que en el mismo periodo de 2019. A esto se suma la caída en las jubilaciones anticipadas, que hoy son el 36,9% de las altas iniciales y en 2016 eran el 44,5%.

VidaCaixa, BBVA, Caser, Santander e Ibercaja serán las cinco entidades que se ocuparán de gestionar los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, la nueva figura con la que el Gobierno pretende impulsar el ahorro previsión entre las empresas y que contará con comisiones más baratas para los trabajadores que los planes individuales de empleo. Las cinco gestoras han sido las elegidas por la Seguridad Social en un proceso de licitación en el que se han valorado las ofertas en función de la mejor relación calidad-precio, según recoge la documentación remitida al Portal de Contratación del Estado este viernes. Fuera han quedado las también aspirantes Nationale-Nederlanden y Mapfre. La mayor puntuación ha sido para VidaCaixa, mientras que Ibercaja ha logrado la menor puntuación entre las cinco adjudicatarias. VidaCaixa, Santander e Ibercaja ya tenían casi garantizado un puesto entre las gestoras elegidas a partir de las ofertas presentadas. BBVA y Caser también han resultado elegidas después de haber tenido que presentar un informe en el que explicar que sus ofertas con precios anormalmente bajos no dañan la calidad. 

España necesitará pedir más tiempo a la Unión Europea para ejecutar las inversiones ligadas a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia debido al retraso que lleva en la realización y gestión de proyectos, según la agencia S&P Global, que proporciona análisis y calificaciones a los mercados financieros. La agencia señala que España solo había ejecutado 7.700 millones de euros a finales de 2022 de los 77.200 millones que le corresponden. «España ha experimentado un importante retraso en la absorción de los fondos y en la realización de las inversiones previstas», explica S&P Global, por lo que la fecha límite de finales del ejercicio 2026 para desplegar todos los fondos «está en riesgo». Por ello, añade, a menos que pueda acelerarse la ejecución de los fondos en España (también en Italia) en los próximos doce meses «es probable que el Gobierno pida una ampliación del plazo». No obstante, S&P confía en que Bruselas será «flexible en la ejecución del plazo si los países se ajustan a su riguroso enfoque en cuanto a los aspectos cualitativos de los proyectos». Varios factores explican, según los autores del informe, los importantes retrasos en la ejecución de las subvenciones: una capacidad administrativa reducida y cargas más complejas para administrar los fondos públicos, como la supervisión y el control anticorrupción. También la subida de la inflación ha tenido su impacto en la gestión. Y aunque se resuelvan los cuellos de botella y aumenten las tasas de absorción de fondos, ve «en riesgo» que se pueda cumplir la fecha límite de 2026.

La banca española cuenta con un exceso de liquidez del 71% por encima de los requisitos mínimos que exige el Banco Central Europeo y que retrasan la remuneración de los depósitos. En los últimos meses, las entidades han estado en el punto de mira por la escasa oferta para retribuir el ahorro de los clientes pese a la continua subida de tipos por parte del supervisor. La política monetaria ha llevado al precio de dinero a escalar desde el 0% al 4% en apenas un año, encareciendo el crédito de forma general y aumentando los ingresos de la banca. Pero las entidades españolas no han realizado movimientos para remunerar los depósitos, a diferencia de la banca europea, argumentando que existe un exceso de liquidez en el sistema. Según los datos que ofrece el BCE, la banca española es la que cuenta con mayor exceso de fondos, medido como la ratio de cobertura de liquidez (LCR) de entre los países del entorno económico con el 171% (el mínimo que pide la normativa es contar con el 100%), que suponen unos 274.000 millones de euros. Se trata de un nivel por encima de sistemas financieros comparables como el alemán (153%), el de Países Bajos (150%) o el de Francia (148%), y de la propia media europea (161%). Así, los bancos explican que cuando estas reservas se vayan drenando, los bancos comenzarán a remunerar los depósitos. 

España es el segundo fabricante europeo de vehículos y está dentro del top 10 mundial, gracias a la gran implantación industrial por parte del sector en el territorio nacional, con una docena de plantas de producción de vehículos y más de 2,2 millones de unidades fabricadas en 2022, aunque aún lejos de los máximos históricos de cerca de tres millones de unidades. No obstante, a pesar de la diversidad de fábricas y modelos que se ensamblan en España, la actividad está muy polarizada tanto hacia las motorizaciones diésel y de gasolina, que representan el 80% del total, como en dos grandes grupos automovilísticos: Stellantis y Volkswagen. Ambos concentraron dos de cada tres vehículos made in Spain (69%) en el primer semestre del año. Stellantis opera tres factorías en España, situadas en Vigo, Zaragoza (Figueruelas) y Madrid, y es en la actualidad el principal productor de vehículos en territorio español. A cierre de la primera mitad del año, estos tres centros alcanzaron un volumen industrial de 517.335 vehículos, lo que representó el 39,3% del total en España, que fue de 1,31 millones de unidades al finalizar junio. El grupo Volkswagen, por su parte, cuenta con dos fábricas en territorio español. La de mayor tamaño es la de su filial española Seat en Martorell (Barcelona), mientras que la otra es la de Landaben (Navarra). Juntas coparon casi un tercio de la fabricación nacional de vehículos en el primer semestre (29,7%), con una cifra de unas 392.000 unidades. De esta forma, la sólida posición de Stellantis y Volkswagen en España hace que el resto de los fabricantes con presencia industrial en el país –Renault, Ford, Mercedes-Benz o Iveco- se repartiesen los más de 400.000 vehículos restantes que se ensamblaron entre enero y junio.

Es uno de los temores de un mapa energético dominado por renovables. Un exceso de energía en ciertas franjas del día que el sistema sea incapaz de digerir. En España esta situación se produce cada vez con más frecuencia y ya ha derivado en un frente legal entre algunos promotores verdes y la empresa semipública Redeia (antes Red Eléctrica) que, en su condición de operador del sistema eléctrico, es la responsable de mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda de electricidad, lo que supone obligar a los generadores a apagar sus parques cuando se prevén episodios de sobreoferta. Han sido las termosolares las primeras en lanzarse a la vía judicial. Según fuentes legales consultadas, varios promotores dueños de instalaciones de esta tecnología han emprendido acciones legales contra Redeia y la CNMC, en calidad de codemandada, en la Audiencia Nacional. Alegan que el protocolo que sigue la empresa que preside Beatriz Corredor a la hora de decretar los paros perjudica a la termosolar frente a otras renovables, y reclaman responsabilidad patrimonial por el impacto que causan estos frenazos reiterados. La termosolar es una tecnología gestionable, dado que su energía no se tiene que consumir al momento, como ocurre con la fotovoltaica o la eólica. La instalación masiva de renovables, principalmente solar, está desacoplando cada vez más a menudo la la oferta y la demanda en las horas de luz. El pasado mayo, por ejemplo, hubo días en los que el exceso de electricidad se prolongó durante más de ocho horas seguidas. La previsión es que esto vaya a más mientras no se resuelva el problema del almacenamiento a gran escala, que aún no es económica ni técnicamente viable. España se dirige a pasos agigantados hacia un escenario de más fotovoltaica. El último plan de energía (Pniec) del Gobierno dispara un 95% el objetivo de despliegue de placas solares para 2030 frente al plan anterior. Esto supone cuadruplicar el parque actual fotovoltaico del país.