20230913

Ambas variables –alimentos y combustibles– constituyen ahora mismo el talón de Aquiles para la inflación en España, cuyo dato definitivo de agosto ha sido de un aumento del 2,6% en la tasa general interanual (tres décimas más que la que había en julio) y del 6,1% para la subyacente (una décima menos que la anterior), según los datos detallados ofrecidos ayer por el INE. Los registros de Estadística confirman la escalada del precio del aceite de oliva, que solo en el mes de agosto experimentó un incremento del 8,7%, lo que le llevó a una subida acumulada del 52,5% respecto a lo que costaba hace 12 meses, su mayor incremento interanual en 20 años. Los productores de aceite ya alertaron de que las sequías consecutivas de las últimas dos campañas de la aceituna han ido elevando el precio del aceite en los últimos meses. El ministro de Agricultura, Luis Planas, había afirmado que solo una época de lluvias generosas podría aliviar en alguna medida esta situación, aunque ayer señaló que persistirán los precios altos para el aceite de oliva puesto que la próxima campaña, si bien será de un mayor volumen, no llegará a ser «significativa». No obstante, se ha mostrado confiado en que el precio del aceite «sea inferior al actual» en los próximos meses. En cuanto al conjunto de la cesta de la compra, aunque su tasa interanual cedió ligeramente en agosto hasta el 10,5% (frente al 10,8% de julio), su coste lleva al alza casi año y medio de forma relevante, siempre por encima de los dos dígitos. En Euskadi la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) registró en agosto un aumento idéntico al vivido en el conjunto de España, del 0,5%, mientras que la tasa interanual marcó una décima más, un 2,7%. Se trata del quinto mes en el que el País Vasco supera el dato nacional. El acumulado de los primeros ocho meses del año alcanza el 3,4%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Al analizar las cifras propias del País Vasco, los sectores más inflacionistas el pasado mes fueron los de transporte (subieron un 2,7%); ocio y cultura (1,1%); alimentos y bebidas no alcohólicas (0,4%); y el ámbito de otros (3%).

Aunque la vicepresidenta económica y candidata a la presidencia del BEI, Nadia Calviño, se apresuró ayer a celebrar que en agosto “la inflación se mantuvo por debajo del 3% y se moderó la de los alimentos”, lo cierto es que la cesta de la compra sigue sin dar tregua a los hogares. El precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas se disparó otro 10,5% interanual, tres décimas menos que en julio, pero del todo insuficiente para aliviar a las maltrechas economías domésticas que, además de afrontar el súbito encarecimiento de la financiación y de las hipotecas, encadenan 17 meses con alzas de doble dígito en la alimentación. Una lluvia gruesa en la que, además, diluvia sobre mojado, ya que las subidas de precios son acumulativas y los alimentos aglutinan un alza próxima al 27% desde marzo de 2021, cuando la reapertura de la economía tras lo peor del Covid provocó desajustes entre oferta y demanda, tensiones en las cadenas globales de suministro y presiones crecientes sobre los precios de bienes y servicios. De aquellos polvos vienen estos lodos, notablemente empeorados por la invasión rusa de Ucrania, cuyos efectos sobre los precios, por la vía una crisis energética sin precedentes, han obligado al BCE a emplearse a fondo para controlar el incendio inflacionario, con éxito relativo, como evidencia un IPC subyacente que en el caso de España sigue atrincherado por encima del 6% (el 6,1% en agosto, una décima menos que en julio), evidenciando el fuerte impacto estructural de las subidas de precios en el conjunto de la economía. En agosto, unos 35 alimentos, muchos de ellos de primera necesidad, siguieron encareciéndose a doble dígito, cuadruplicando la inflación general, con algunos que incluso la multiplicaron por veinte. Como el aceite de oliva, que en agosto lideró el ránking con un alza del 52,5% por culpa de la sequía, que ha menguado las cosechas, reducido la oferta y, junto al elevado coste de los fertilizantes y de la energía, ha disparado su precio. 

Entre el 20% y el 30% de las emisiones de CO2 que se producen en Euskadi son originadas por la industria. Reducir ese peso es el objetivo del programa de ayuda a la descarbonización que aprobó ayer el Consejo de Gobierno con una dotación de 10 millones de euros. La nueva línea busca financiar todas las inversiones que grandes, medianas y pequeñas empresas industriales afronten para comprar equipos, maquinarias o realizar labores que reduzcan el consumo de energía o la emisión de CO2 en sus procesos de producción. Las compañías podrán recibir hasta 1,5 millones para desarrollar acciones con una inversión superior a 100.000 euros solicitando la ayuda antes del 20 de octubre. Este programa, según explicó la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, «tiene vocación de mantenerse en el tiempo porque el objetivo es lograr en Euskadi el objetivo de neutralidad en emisiones para 2050». Tapia destacó además que desde 2005 el esfuerzo de este sector industrial ha permitido reducir sus emisiones en más de un 40%. Además, el Ejecutivo vasco dio luz verde también a la ejecución de las ayudas Hazitek, dirigidas a proyectos de I+D. En total, son 93,4 millones en este programa anual del Ejecutivo que para la consejera del ramo es «estratégico para mantener la inversión en I+D en Euskadi que, entre el esfuerzo público y privado, asciende a un 2,32% del PIB vasco, por encima de la media europea, situada en el 2,2%. Se financiarán un total de 750 solicitudes que, según Tapia, demuestran que «a pesar de las dificultades, la apuesta inversora de las empresas vascas se mantiene». 

Aviso a navegantes al sector financiero de Euskadi el lanzado ayer por el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, quien aplaudió el movimiento realizado estos días por Laboral Kutxa, que ha decidido «normalizar» y «homogeneizar» su política de retribución del ahorro de sus clientes a través de depósitos, elevando la remuneración de esos productos al 2,25% a partir de 3.000 euros para los clientes con vinculación (aquellos que tienen domiciliados en la entidad su nómina y dos recibos). La voz del gabinete de Iñigo Urkullu –que en las últimas semanas ha afeado al sector bancario el no acompasar la subida de los tipos de interés con una mejor retribución de los depósitos– aseguró que el paso dado por la cooperativa de crédito es «bienvenido». «Otras entidades deberían continuar ese camino», sentenció. Cabe recordar que en el ámbito estatal Caixabank y Bankinter abrieron la espita antes. Zupiria recordó que este es un asunto que preocupa al Ejecutivo, que, reconoció, tiene un «escaso margen competencial». Así, explicó que el consejero de Comercio, Turismo y Consumo, ya se ha expresado con claridad recientemente. Y es que Javier Hurtado llegó a señalar que esa falta de remuneración de los depósitos cuando el margen de intereses de la banca no deja de crecer, es una situación «anómala». El consejero fue aún más lejos y expresó sus dudas sobre una eventual «colusión táctica» entre las entidades para mantener congelados los intereses que abonan a los clientes por ese tipo de productos de ahorro». Puede ser legal pero no es aceptable», dijo. Zupiria. 

Una de las novedades del proyecto de decreto que prepara el Gobierno vasco para regular las ESPV ha encontrado el rechazo de los principales bancos de Euskadi. Se trata de la rebaja de las comisiones que estos pueden cobrar por la gestión de estos planes de pensiones. El borrador publicado en mayo plantea un recorte en los denominados ‘gastos de administración’ que supondrá para los principales bancos reducir en unos 30 millones los 175 que ingresan cada año por la gestión del patrimonio de las EPSV. Los tres principales bancos en la gestión de EPSV en el País Vasco (Kutxabank, BBVA y Laboral Kutxa) han presentado alegaciones al proyecto a través de la Federación de ESPV de Euskadi. Su demanda al departamento de Economía y Hacienda que dirige Pedro Azpiazu es que dé marcha atrás y mantenga esas comisiones de administración parejas a las del conjunto de España. Esas comisiones se calculan aplicando un porcentaje sobre el capital ahorrado por los clientes. Actualmente son de un 0,9% para lo invertido en planes de renta fija, que la nueva regulación del Gobierno vasco mantiene mientras que las EPSV plantean elevarla al 1%; en el caso de los planes invertidos en renta mixta, las comisiones en vigor son de un máximo del 1,5%, pero el Ejecutivo autonómico quiere reducirlas al 1,30% y las entidades pretenden dejarlas en el 1,45%; y en los planes de renta variable se establece actualmente un tope del 1,6%, que el Gabinete Urkullu quiere rebajar al 1,5% y que las EPSV reclaman dejar esa comisión como está. Desde la dirección financiera del Ejecutivo vasco, en su memoria anual sobre las EPSV recuerdan que «unos gastos de gestión mayores tienen un efecto negativo importante en el capital acumulado a largo plazo». De cualquier manera, la última palabra queda en manos del Gobierno autonómico, que puede atender o rechazar las alegaciones presentadas por las entidades. Además se espera que su decisión sea inminente.

El fondo norteamericano Bain ha reiterado su deseo de desplegar su plan estratégico en la empresa vasca ITP y descarta una salida acelerada de su accionariado. Algunos rumores habían apuntado a la posibilidad de una operación especulativa de corto plazo, con una salida a Bolsa de la compañía aeronáutica a finales de 2024 o principios de 2025. Sin embargo, fuentes cercanas a Bain señalaron ayer que esta opción no se contempla «ni se ha discutido ni está sobre la mesa». Algunos rumores del mercado financiero apuntaban a que el fondo, que tomó el control de ITP el pasado mes de septiembre, estaría sopesando ya una operación especulativa de corto plazo, con una colocación de la sociedad en Bolsa a finales del próximo año. Así lo indicaba ayer el diario Expansión, citando fuentes del mercado, que justificaban el nuevo rumbo de la compañía ante la revalorización que han experimentado las empresas del área de defensa. La invasión de Ucrania ha llevado a los estados occidentales a repensar su estrategia de contención del gasto militar, al tiempo que el lanzamiento del nuevo programa de avión europeo de combate FCAS incrementará de forma sustancial la cartera de pedidos de ITP en los próximos años. Una coyuntura que, junto a la recuperación progresiva del mercado de aviación civil, puede provocar movimientos no previstos hasta ahora en la industria aeronáutica. En ese escenario, Bain apenas hubiese permanecido dos años –o dos y medio a lo sumo– en el accionariado de ITP, recortando así los periodos habituales de inversión de los fondos, que normalmente contemplan un control de cuatro o cinco años para desplegar su plan estratégico, aumentar el valor de la empresa y venderla a nuevos propietarios.

El nuevo curso comienza con buenas noticias para el fabricante de trenes y autobuses CAF. Su filial polaca Solaris se ha adjudicado el suministro de 220 autobuses de hidrógeno para Bolonia y Venecia, en Italia; y para Colonia, en Alemania. El volumen conjunto de estos pedidos asciende a 150 millones de euros y aumentará previsiblemente en el futuro, ya que los contratos incluyen eventuales ampliaciones de los pedidos. La compañía de Beasain (Gipuzkoa) confía en que el interés de los países europeos por la movilidad cero emisiones refuerce en los próximos años el negocio de Solaris, que es líder en autobuses de hidrógeno en el Viejo Continente, con 300 vehículos ya fabricados o en cartera para ocho países. La cuota de Solaris en este mercado europeo ronda el 60%, De los nuevos contratos, la filial de CAF fabricará 127 autobuses con pila de combustible de hidrógeno para el operador municipal de Bolonia Tper, con posibilidad de ampliación en otros 140 vehículos. Los autobuses serán del modelo Urbino de 12 metros y tendrán una pila de combustible de 70 kW que obtendrá el hidrógeno de cinco tanques colocados en el techo.

El sector de la máquina-herramienta vela armas para la que es la gran feria mundial del sector, la EMO de Hannover, que se celebrará entre los próximos días 18 y 23. Como es costumbre, dado el peso de las empresas del territorio en el sector en España, Gipuzkoa tendrá una nutrida representación. En concreto, serán 21 las firmas guipuzcoanas allí presentes, que expondrán sus novedades en sendos stands, que ocuparán 3.126 metros cuadrados. Las vascas serán 36, con una superficie expositiva de 4.300 metros. Está previsto que EMO Hannover acoja a más de 120.000 visitantes de todo el mundo en una superficie expositiva neta que superará los 140.000 metros o, lo que es lo mismo, cuatro veces la BIEMH de Bilbao. Bajo el lema ‘Innovate Manufacturing’, la feria exhibirá todo el espectro de las tecnologías de fabricación, claves en la competitividad industrial, recordó ayer el clúster AFM. Además, está prevista la presentación de una nueva área de exposición independiente sobre internet de las cosas, con soluciones informáticas de todo tipo, desde análisis de datos, gestión de datos a gemelos digitales a mantenimiento predictivo y ciberseguridad. La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, y la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, visitarán la feria.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, acompañado de la secretaria general de Acción Exterior, Marian Elorza, viajará en octubre Japón en una visita oficial enmarcada en el programa anual de actividades ‘Euskadi-Japón 2023’ y que tiene como objetivo dar visibilidad e intensificar las relaciones entre ambos territorios y promocionar en el país nipón el sello ‘Euskadi Basque Country’. Además de diversos encuentros en el ámbito institucional, el lehendakari participará, junto a la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, en el ‘Business Leader Summit’ para conocer proyectos de éxito de empresas vascas del sector energético, eólico e hidrógeno, que en esos días participarán en varias ferias allí programadas. Asimismo, Urkullu acudirá, junto al consejero de Turismo, Javier Hurtado, a una jornada de promoción y comercialización turística de Euskadi que reunirá a una docena de operadores turísticos del País Vasco. Según explicó ayer el portavoz del Gobierno de Vitoria, Bingen Zupiria, serán 40 las empresas vascas, industriales y del sector turístico que se desplazarán en este viaje oficial. La ‘Basque Week’ se celebrará entre el 14 y 19 de octubre en la ciudad de Toshima, situada en el centro de Tokyo Metropolitano, y contará con distintos espacios y contenidos.

Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, incorporará a 14 inspectores para destinarlos a una unidad de control dedicada a detectar posibles fraudes en el pago de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Estos profesionales ya habían trabajado para este organismo público en el pasado y ahora el Gobierno vasco los contrata de nuevo con el fin de crear con ellos un equipo específico para identificar estas irregularidades. A este grupo se sumarán otros cinco inspectores que ya realizan esta función en Lanbide. Las incorporaciones fueron aprobadas en la sesión del Consejo de Gobierno celebrada ayer en Lakua «y dan respuesta a una de las necesidades derivadas de la Ley del Sistema de Garantía de Ingresos y para la Inclusión aprobada por el Parlamento autonómico», según indicaron ayer desde el Ejecutivo de Urkullu. En los últimos años el Ejecutivo ha detectado una gran cantidad de pagos indebidos a perceptores de la RGI. Solo el pasado año el Departamento de Empleo y Trabajo contabilizó el abono erróneo de 30,7 millones de euros, casi un 10% de los 302 que otorgó este sistema a lo largo de todo el ejercicio. En 2021 la cantidad fue aún mayor: 34,4 millones. Por pagos indebidos el Gobierno vasco no se refiere a casos de fraude en el cobro de estas ayudas sociales, sino a mensualidades en las que Lanbide acabó aportando más dinero del que debía al no ser informado a tiempo de que las condiciones socioeconómicas del perceptor habían cambiado. En 2021 la Ertzaintza detectó 267 estafas en el cobro de estos subsidios. Entre ellos el de una trama que defraudó un millón de euros a Lanbide.

Euskadi destina 1.007,2 euros al año por habitante en servicios sociales, un presupuesto que dobla la media estatal (462,7 euros) y sitúa al País Vasco como la comunidad «más destacada» en cuanto a la relevancia económica de los servicios sociales. Según los resultados del último informe de la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales, Euskadi mantiene otro año más la «excelencia» en el apartado de reconocimiento de derechos, si bien obtiene la calificación de «medio» en el índice IDEC, que mide el desarrollo de los servicios sociales, con una puntuación de un 5,98, lejos del 7,95 obtenido en 2020, aunque unas décimas superior al 5,93 de 2021. Los servicios más destacados en Euskadi en relación con la medida del conjunto del Estado son las Rentas Mínimas de Inserción, La teleasistencia es uno de los fuertes de Euskadi, con una cobertura del 12,1% frente al 9,99% de la media estatal. A nivel del Estado, tras el Covid los expertos ven un «estancamiento» y hasta «retroceso» en los servicios sociales que «en el País Vasco perciben el 52,3% de las personas bajo el umbral de la pobreza, mientras que la media estatal es del 7,7%», se lee en el informe. La teleasistencia es otro de los puntos que destaca la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales, «con una cobertura del 12,1% frente al 9,9% de la media estatal», así como las plazas de alojamiento para personas sin hogar, «con 194,6 plazas por cada 100.000 habitantes» –la media estatal es de 41,2–.

El 17,2% de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años ni se están formando ni están trabajando, lo que popularmente se conoce como ‘ninis’. Este porcentaje supera en 2,5 puntos porcentuales el promedio de los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es del 14,7% de los jóvenes de esa edad, algo superior al de la Unión Europea (13,7%). España se encuentra entre los países con más ‘ninis’, aunque no llega a los valores de Italia (24,1%), Brasil (24,4%), Chile (26,1%) o Colombia (28,7%). Por el contrario, Países Bajos, Noruega, Suecia, Alemania e Irlanda presentan una situación muy diferente, con proporciones que están por debajo del 10%. Del 17,2% de ‘ninis’ españoles, el 55% al menos se dedica a la búsqueda de empleo, pero el resto no tiene ningún interés en hacerlo o en formarse y se mantiene inactivo. Así lo recoge el informe ‘Education at a glance 2023’ que la OCDE prepara cada año con los indicadores educativos de 2022 de las principales economías del mundo, y que ayer dio a conocer el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Para la OCDE, se trata de un grupo de población que «preocupa de manera especial» porque a largo plazo se enfrentarán a menores tasas de empleo y salarios más bajos que quienes con su edad permanecieron en el sistema educativo o se formaron profesionalmente. Por ello considera un «desafío especialmente importante» reducir las tasas de ‘ninis’, y reconoce el avance de España que en relación con el año 2021 ha reducido el porcentaje de ninis en dos puntos (del 19% al 17%).

La escuela española no rinde lo que debería ni parece incentivar a profesores y alumnos. Los niños son escolarizados muy pronto en Infantil y después, en Primaria y en la ESO, tienen más horas de clase que en otros países, pero todo ese tiempo adicional en las aulas paradójicamente no se refleja después en los resultados académicos, que son peores que la media. Los docentes no son recompensados si se esfuerzan y hay 1,4 millones de jóvenes que dan sus primeros pasos en el mundo laboral con una cualificación por debajo de la requerida por el mercado porque huyeron del instituto en cuanto pudieron. Ésta es la radiografía que hizo ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su macroinforme anual Panorama de la Educación, un trabajo que nos pone a la cabeza de ninis (el 17% de los jóvenes ni estudia ni trabaja, sólo superados por Italia) y también nos saca los colores por ser el país de la UE con mayor proporción de jóvenes poco formados: SIN BACHILLERATO. El 27% de la población española de 25 a 34 años (el 32% de los chicos y el 21% de las chicas) no tiene ni el Bachillerato ni la FP de Grado Medio. Dejaron de estudiar al terminar la enseñanza obligatoria, a los 16 años, y después no han vuelto a formarse. Este 27% se traduce en 1,4 millones de jóvenes, según las cifras del INE, que son carne de cañón para el desempleo porque estos estudios son los «mínimos» que se deben adquirir para tener «una participación exitosa en el mercado laboral», según la OCDE. Ya no es sólo que esta proporción duplique la media (14%) de los países desarrollados, sino que el resto de niveles formativos también están descompensados. Porque en España hay más jóvenes con estudios superiores (universidad y FP Superior): el 50% frente al 47% de la OCDE. Pero, a cambio, hay menos con formación media (Bachillerato y FP de Grado Medio). 

En España, las personas con titulaciones superiores ganan un 55% más que las que no estudiaron más allá de la segunda etapa de Secundaria (principalmente Bachillerato y FP de Grado Medio), según recoge el estudio ‘Panorama de la Educación 2023. Indicadores de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)’, publicado este martes por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Pero no sólo los salarios son mayores si se poseen estudios superiores. También aumenta en un 20% las posibilidades de encontrar empleo para el colectivo de entre 25 y 34 años. En el caso de los titulados en FP de Grado Superior, casi el 83% trabaja a los 3 o 4 años de la graduación, una cifra que no se alcanza antes de los 5 años en el caso de los graduados universitarios. Por otro lado, el informe pone de manifiesto que la tasa de escolarización de la población entre 15 y 19 años se sitúa en el 87,9%, 6,1 puntos porcentuales más que hace una década.

El aeropuerto de Bilbao sigue acumulando récords de tráfico de pasajeros. Según datos de Aena, Loiu acaba de vivir su mejor agosto de la historia con 664.039 viajeros, un 16,1% más que durante el mismo periodo el año pasado. En cuanto al tipo de tráfico, el nacional creció un 1,3% frente a agosto de 2022, hasta 363.579 pasajeros. Los viajeros internacionales aumentó un 40,8%, con un volumen total de 299.580 viajeros. También el aeropuerto de Hondarribia sigue rompiendo récords. En agosto ha vuelto a alcanzar un nuevo hito al lograr los mejores datos para un mes de agosto, tras sumar 49.332 pasajeros. Se trata de la segunda mayor cifra mensual de su historia, solo superada por los 52.218 viajeros del pasado julio, que fue un récord absoluto. Lo que convierte a este verano en el mejor de largo de la historia del aeródromo guipuzcoano y permite aspirar a que este 2023 se convierta en el mejor año de toda la trayectoria de esta infraestructura. Y en cuanto al alavés de Foronda, firma el mejor agosto en pasajeros en tres décadas y vuela hacia otro año récord. El notable incremento de vuelos especialmente durante el verano está propulsando los datos de viajeros a cotas inéditas en mucho tiempo. El aeropuerto vitoriano acaba de cerrar un mes de agosto de récord, al contabilizar 37.039 viajeros. Supone el dato mensual más elevado en 30 años y uno de los mejores de toda la serie histórica.

Coordinar la oferta y la demanda para ser un referente en la industria de los combustibles alternativos de la aviación (SAF). Es la iniciativa que ha lanzado el Gobierno de Reino Unido con la intención de, no más allá de 2026, introducir un mecanismo de precios del que están pendientes en países como España productores como Cepsa y Repsol y aerolíneas como Iberia y Vueling ante el reto que tienen por delante. El plan consiste en un “mecanismo seguro de precios para apoyar la industria de producción de SAF, incrementar su consumo y dar a los productores mayor seguridad sobre los beneficios que pueden obtener al producir SAF”, apunta el Ministerio de Transporte británico (DfT, por sus siglas en inglés). Los pasos serán los siguientes. Ahora se lanza un periodo de consultas con productores, aerolíneas y otros actores hasta el primer semestre del año que viene. Las propuestas se analizarán y el Gobierno dará una respuesta a mediados de 2025. En paralelo, se impulsará un proceso legislativo de uno o dos años (si fuera necesario) y se modificará la Ley de Energía. La puesta en marcha del mecanismo podría llegar a finales de 2026. Reino Unido se ha propuesto llegar a 2030 siendo neutro en emisiones de dióxido de carbono y la aviación es uno de los sectores que más difícil tienen su descarbonización. La principal solución hoy son los combustibles alternativos, que emiten hasta un 80% menos y no necesitan modificar los motores. Existen dos problemas importantes: pueden costar entre tres y seis veces más que el queroseno habitual y su producción es muy escasa. Las compañías confían en que una fabricación a mayor escala ayude a reducir su precio y a limitar el impacto que ello tendría sobre el precio de los billetes.

Los operadores ferroviarios Renfe, Ouigo e Iryo, los mayores consumidores de energía de España, podrán convertirse este mismo año en generadores de energía renovable destinada, principalmente, a autoconsumo. Adif ultima una norma para que los tres rivales en la alta velocidad puedan construir sus propias plantas renovables y conectarlas a las subestaciones de la red ferroviaria. Renfe es el operador español con planes de producción de energía renovable más avanzados con el objetivo, en una primera fase, de instalar hasta 400 megavatios (MW) fotovoltaicos. Ouigo, la marca de bajo coste de la francesa SNCF, aún no tiene una estrategia definida en los corredores españoles, pero su matriz acaba de lanzar un plan en Francia para ser totalmente independiente energéticamente en 2050 con una inversión prevista para instalar hasta 1.000 MW. Lo mismo ocurre con Iryo, el grupo participado por Trenitalia (Ferrovie dello Stato) que en 2022 lanzó un plan en Italia para llegar a 2.000 MW para autoconsumo valorado en unos 1.600 millones de euros. “Estamos analizando el potencial que tiene la producción energética para el autoconsumo a nivel tanto económico como regulatorio. De momento, estamos pendientes de que Adif publique la normativa y la información de detalle en la declaración de red, pendiente de aprobación por parte de su consejo”, indican desde la empresa dirigida por Simone Gorini. Según las fuentes consultadas, el plan propuesto por Adif ya ha recibido el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). La estrategia se basa en permitir que las empresas ferroviarias puedan conectar a las subestaciones de Adif (ubicadas en diferentes puntos de la red) las instalaciones energéticas que promuevan (generadoras de energía verde) y, de esta manera, compensar sus consumos con la electricidad generada.

Los detalles de la compra del 9,9% de Telefónica por Saudi Telecom Company (STC) siguen aflorando. El grupo árabe ha firmado un acuerdo de “gestión de riesgos” con Morgan Stanley, el banco de inversión a través del cual ha adquirido la participación, para que en el caso de que la operación se frustre por cualquier circunstancia, como un veto del Gobierno o la caída de la cotización, sea la firma financiera la que se haga cargo de ese 9,9% del capital de acuerdo a unas condiciones previamente pactadas. Así consta en el documento remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por Morgan Stanley en la noche del lunes 11, en el que la entidad financiera admite un acuerdo con el fondo soberano saudí, Public Investment Fund (PIF), propietario del 64% de la operadora STC, para la “gestión del riesgo” de la operación por la que el operador saudí toma el 9,9% de Telefónica a través del banco. El punto 10 del formulario y bajo la etiqueta de “Información adicional”, señala: “La operación establecida en el apartado descrito como opción de put/call sobre el 9,9% del capital social del emisor se relaciona con la gestión del riesgo de la posición en el marco de una operación financiera sobre las mismas acciones a las que se refiere a notificación realizada por el fondo de inversión público respecto del emisor el 8 de septiembre y no implica ninguna participación incremental/adicional”. Este tipo de acuerdos son habituales cuando un inversor utiliza a un intermediario financiero para tomar una participación. 

La tormenta ‘Daniel’ que el domingo y el lunes descargó lluvias de récord sobre el país norteafricano se cebó sobre Trípoli donde ayer ya se habían recuperado más de un millar de cadáveres. En todo el Estado se calcula que el mortífero temporal se ha cobrado al menos 5.200 vidas. Cerca de 10.000 personas se hallan en paradero desconocido y, en vista de la destrucción causada, con barrios enteros bajo el agua o arrastrados al mar, la esperanza de encontrarlas a salvo son mínimas. Una «crisis devastadora», resumía ayer la Media Luna Roja en un desesperado «llamamiento a la comunidad internacional». La tormenta, que ha obligado a activar el estado de emergencia nacional y el toque de queda en las localidades más golpeadas, es la misma que hace una semana castigó a Grecia, Turquía y Bulgaria, con una treintena de fallecidos tras unas precipitaciones históricas. También en Libia cayó un auténtico diluvio. El Centro Nacional de Meteorología registró en la estación de Al Baida, en el noreste, cerca del área asolada, 414 litros por metro cuadrado en 24 horas –entre las 8.00 horas del domingo y las 8.00 del lunes– frente a los 240 de media anual, y en Jabal Al-Akhdar (un área conocida como Montaña Verde, a cuyos pies se sitúa Derna) no veían llover tanto desde hacía cuatro décadas. «Es la primera vez que estamos expuestos a este tipo de condiciones climáticas», reconoció Ahmed al-Mismari, portavoz del Ejército Nacional libio, la fuerza militar que domina en la zona. La costa, a orillas del Mediterráneo, se llevó la peor parte de un temporal que ayer por la tarde se había adentrado en el vecino Egipto.