20230914

Artículo del secretario general de Cebek, Francisco J. Azpiazu: "Hemos comenzado el curso económico y social en Euskadi y seguimos con la misma música y letra que hemos conocido en los últimos años por parte de algunos sindicatos: el recurso inmediato al conflicto y la confrontación como prioridad en la acción propia y diferenciada del sindicalismo vasco. No hay matices ni términos medios: ‘O aceptas mis propuestas o no hay paz social en las empresas y en la sociedad en la que vivimos y trabajamos’, porque nada es suficiente y porque, a su entender, las empresas tienen demasiados beneficios...esta estrategia nace de una premisa falsa, y es que, supuestamente, «siendo Euskadi un país precario donde ni las empresas ni las administraciones públicas contribuyen suficientemente al bienestar de la ciudadanía, a la mejora de sus condiciones laborales y a sus políticas de bienestar», no queda otra salida que la lucha y la confrontación...En Euskadi, nuestras administraciones destinan el 76% de sus ingresos públicos a políticas sociales con un consenso general mayoritario que las empresas compartimos. Asimismo, contamos con las mejores condiciones salariales y de jornada de todo el Estado con diferencia. Los mejores convenios colectivos, sectoriales y de empresa, son vascos. Tres de cada cuatro trabajadores/as vascos/as (78%) cuentan con un contrato indefinido y el 84% tiene un contrato a tiempo completo; contamos con las jornadas laborales más cortas del Estado, de lejos; el coste laboral por trabajador/a y mes en el País Vasco en 2023 es de 3.334,10 euros, 400 euros por encima de la media estatal; los salarios acordados en los convenios negociados este año por Cebek en Bizkaia cuentan con un incremento medio del 5% , sin contar las cláusulas de actualización firmadas, un punto más que la media del Estado. Nuestras empresas han recibido reconocimientos por toda Europa por sus modelos de gestión avanzada, donde la participación de las personas en el proyecto empresarial es un eje relevante. Las desigualdades y la brecha de género están muy por debajo de la media europea y la población en riesgo de pobreza y exclusión social es claramente menor que en nuestro entorno. A pesar de todo, continúa desde hace años una estrategia sindical de negar estas evidencias a través de una espiral de huelgas, reivindicaciones y exigencias donde el punto de partida es la crítica a un «país precario». Unido a esto, existe una pretensión de determinados sindicatos vascos de deslegitimar a la empresa y a los/as empresarios/as como soportes fundamentales del bienestar que vivimos, que es una especificidad que no vemos en otros entornos estatales y europeos. Esta beligerancia y esta agresividad sorprenden y se traducen en un número extraordinario de huelgas y horas perdidas por huelgas que suponen en ambos casos más del 50% del total del Estado...Las empresas vascas han demostrado siempre un claro compromiso con nuestro entorno a la hora de invertir, crecer, crear y mantener empleo y bienestar. Contamos hoy con unas tasas de empleo récord y esto es gracias a este compromiso y a la buena gestión de las empresas..."

La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha trasladado su apoyo a los pactos «que garanticen incrementos salariales» en los encuentros que ha venido manteniendo en los últimos días con los agentes sociales. Su área inició el curso político reuniéndose con los principales sindicatos (ELA, LAB, CC OO y UGT), además de con la patronal vasca Confebask, e incidió en la «necesidad de invertir» en los trabajadores desde el máximo respecto a la negociación colectiva. Mendia expuso ayer las conclusiones de estos encuentros en la presentación del Plan de Empleo de Sestao, donde repasó la evolución del empleo desde el inicio de la legislatura, un periodo durante el que se ha conseguido reducir la tasa de paro en casi tres puntos y superar la barrera del millón de personas afiliadas a la Seguridad Social en el primer semestre del año. Mendia puso además en valor la reducción de la temporalidad, ya que de media la cuarta parte de los nuevos contratos son indefinidos, y defendió que estas mejoras son «un logro conjunto» de las políticas públicas para proteger a las empresas y a los trabajadores.

Los colegios oficiales de ingenieros industriales de los tres territorios vascos, junto a Navarra, han elaborado un estudio que sitúa el salario medio de la profesión en 62.911 euros, lo que representa un 4,25% más que el año pasado, cuando era de 60.341 euros. Por territorios, Bizkaia registra la media más alta, con 67.321 euros, frente a los 64.910 de Gipuzkoa y los 60.216 de Álava. En Navarra, la cuantía se queda en 55.880. El salario de un ingeniero varía enormemente en función de su experiencia. Los profesionales recién licenciados reciben de media algo más de 32.000 euros, que se elevan según suman años de carrera y llegan, en promedio, a superar los 81.000 cuando atesoran dos o más décadas. Resulta reseñable la alta masculinización de un sector en el que las mujeres apenas son un 17%. Alex Abancens, gerente del Colegio de Gipuzkoa, resalta que la ingeniería industrial «es una de las profesiones que más salidas profesionales tiene, debido a su carácter especialista y multidisciplinar». «El estudio pone en valor la buena salud de la profesión, pues el 84% esta satisfecho con su empleo, el 73% se siente valorado y el 71% está satisfecho con su salario», añade. El sector principal en el que trabajan es la industria (52,8%), seguido de la ingeniería (19,1%), y casi un tercio son personal directivo.

La industria 4.0, la gestión del dato, el almacenamiento de la información o el desarrollo de tecnologías y programación son un elemento clave para la actividad empresarial. Pero además representan ya una industria en sí misma que bajo el nombre de economía digital supone en Euskadi un 16,4% de su PIB. Traducido a euros, son más de 11.760 millones de volumen de negocio que convierten al País Vasco en la tercera autonomía de España en la que más pesa este sector en su economía, solo por detrás de Madrid, donde representa un 23,7% de su PIB, y Cataluña, el 16,7%. Así lo refleja un estudio presentado ayer en Málaga sobre la aportación de la economía digital al conjunto de la actividad en España, elaborado la Fundación Cotec. La entidad presidida por la donostiarra y exministra de Ciencia e Innovación en 2008, Cristina Garmendia, destacó además que en los últimos diez años el salto de este sector en Euskadi ha sido del 87%. Un incremento que supone elevar su cifra de negocio en 5.470 millones pasando de un 9,8% del PIB vasco en 2011 a un 16,4% en 2021. Es el segundo mayor crecimiento registrado en España, solo superado por Madrid. Las cifras actuales son equiparables al volumen de facturación de la automoción, si bien es cierto, como recuerda el informe ‘La Economía Digital en España’, que se trata de una «generación de valor transversal que se reparte en diferentes sectores de actividad». En esa capilarización, la mitad de la aportación de la economía digital reside en información y telecomunicaciones (19%), el área de las actividades profesionales (18%) y la administración pública (14%). Los ámbitos menos digitalizados son la agricultura, la pesca, además de la industria de la madera, el papel o las artes gráficas, la construcción o la hostelería. El desarrollo de la industria digital también se ha dejado sentir en el mercado laboral vasco. Y es que el sector de la informática y las telecomunicaciones es uno de los que más ha crecido en el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Actualmente, 26.435 personas, un 12% más que hace diez años. Además, según el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), el sector tecnológico ha crecido en la última década un 32% en el número de empresas con 2.763 compañías que han elevado su facturación un 37% hasta superar los 5.000 millones.

El avance de la revolución digital en la sociedad es tan palpable y común que es fácil perder la perspectiva de los grandes movimientos estructurales que se suceden día a día. Las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA), el internet de las cosas o la ciberseguridad, son algunos de los campos que ponen de manifiesto el cambio en las reglas de juego en negocios tan dispares como el sector agrario o el de las finanzas. “[Desde Europa] debemos saber que estamos en tierra de nadie”, explicó el catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València y director de estudios financieros de Funcas Santiago Carbó. La región es, mayormente, demandante de los servicios y productos tecnológicos que se producen en los grandes polos de EE UU y China. “En Europa teníamos un buen sector fintech que se fue con el Brexit [Londres]. Otros países tienen hubs interesantes, pero sin la escala de los otros bloques. Y la geoestrategia internacional está pasando por esto”, afirmó. España sigue la estela europea, aunque con avances significativos en su posición dentro del club comunitario. Carbó comentó que los indicadores de digitalización españoles elaborados por la Comisión Europea mostraban que, desde una posición rezagada, España estaba en un proceso de alcanzar la media europea. “Y no solo con la pandemia, que aceleró el proceso de digitalización, en general se ha producido una mejora”, apuntó. No obstante, existe una gran brecha entre bloques en lo que a potencial se refiere. El talento con la capacidad de emplear estas tecnologías en auge se encuentra, principalmente, en Asia en lugar de en la UE. 

Si la semana pasada era la fábrica vasca de baterías, Basquevolt, la que se adjudicó 15 millones de euros de los fondos europeos, ayer el Ministerio de Industria publicó la concesión de 16,5 millones para otro de los actores vascos de la automoción, Gestamp. El fabricante de componentes y chasis para vehículos logra así un empujón para su proyecto de ‘battery box’, el alojamiento para las baterías en los automóviles en el que trabaja. Esta segunda convocatoria del PERTE (proyecto estratégico) del coche eléctrico busca dar salida a 837 millones que se quedaron sin adjudicar en su primera edición. La adjudicación de las ayudas se está resolviendo según llegaron las solicitudes, una vez comprobado que cumplen los requisitos. Industria publicó ayer la adjudicación de 21,5 millones, de los que 16,5 son para Gestamp y su inversión en diferentes plantas que se ubican cerca de las fábricas de vehículos. Entre ellas destaca la de Álava, en Arasur, que opera con la denominación Global Laser Araba y con participación del Gobierno vasco. Se trata de un proyecto para el ensamblado del ‘battery box’ en el que la compañía trabaja para la fábrica de Mercedes en Vitoria. Esta propuesta recibirá 4 millones de euros. Asimismo, Gestamp ha obtenido otros 7,5 millones para su proyecto en Cataluña y 5 para el de Valencia. En esta comunidad se establecerá la factoría de baterías de Volkswagen en Sagunto, una iniciativa de la que Gestamp es socio. El resto de los 21,5 millones adjudicados han ido a Renault (3,4) y Beecycle Reusse & Recycling (1,6), para su planta de reciclaje de baterías en Navarra.

La UPV/EHU quiere ahondar en su papel como institución tractora de la sociedad. Prueba de ello es el ambicioso objetivo de crear cada año al menos quince spin-off, es decir, empresas surgidas en el seno de la universidad y que luego vuelan solas. Un reto que se sitúa en línea con el Plan Universitario 2023-2026, aprobado a finales del curso pasado. La colaboración con las empresas es estratégica. Muestra de ello es, por ejemplo, que la universidad cuenta ya con once titulaciones de grado duales, en los que los alumnos combinan la formación teórica en clase con prácticas en empresas. La rectora, Eva Ferreira, defendió la importancia y el papel de la escuela pública en el actual contexto social y político durante su intervención en el acto de inauguración del curso académico, que tuvo lugar en el aula magna de la Facultad de Letras del campus de Álava. «Las preguntas son cada vez más complejas y tendremos más éxito si aprovechamos bien las alianzas. Esa es la imagen de la UPV como agente vertebrador de la red», subrayó. La institución, defendió, es el mejor antídoto frente «la ignorancia» que deja a quienes la padecen en manos de los «populismos» que «cuestionan» los consensos científicos.

El número de estudiantes sigue creciendo en España con el aumento de su prestigio y sus envidiables tasas de inserción laboral.  La FP ha dejado de ser la hermana fea de la educación, entre otros motivos por unas tasas de inserción laboral que ya quisieran muchos universitarios. Además, ha crecido gracias al enfoque práctico y la apuesta de las administraciones por unas enseñanzas caras porque requieren en algunos casos una fuerte inversión tecnológica. Por cuarto año consecutivo, el número de alumnos de todos los grados de FP (169.829) superará este curso en la Comunidad de Madrid al de bachillerato (107.759), un adelanto que ya se había producido antes en España. En Salesianos Atocha, algunos de los nuevos estudiantes de grado superior de FP que ocupan sus asientos en el salón de actos no han llegado aún a los 18 años y ya han recibido ofertas de empleo por parte de las empresas donde hicieron sus prácticas como parte de sus cursos de FP de grado medio. “Cuesta mantenerse al día con el avance tecnológico”, afirma un director. 

La Hacienda foral de Gipuzkoa aborda ya un debate para pedir al Estado que el territorio tenga «capacidad de decisión en la gestión» del IVA, uno de los impuestos más importantes y que supone «un tercio» de la recaudación. La iniciativa se da en un momento en el que los ingresos por este tributo han vivido un ‘boom’ este año por la inflación. Los responsables forales aspiran a poder decidir sobre la determinación de los distintos tipos de IVA. Transcurridos siete meses del anuncio de PNV y PSE-EE de reabrir el melón de la reforma fiscal, ambos partidos apenas han movido ficha, condicionados por las elecciones municipales y generales que han marcado el año político. No obstante, en Gipuzkoa, una vez confirmado que jeltzales y socialistas seguirán al frente de la Diputación, se ha abierto una reflexión que pasa por reclamar al Gobierno español que el territorio guipuzcoano tenga «capacidad de decisión en la normativa» de uno de los impuestos más importantes, el del IVA, según fuentes forales solventes. El debate, que ya ha llegado a la mesa de la Hacienda foral, parte de la premisa de que el IVA, el tributo que grava indirectamente el consumo y la prestación de servicios, supone «un tercio» de la recaudación de Gipuzkoa. A ello añade que el hecho de que el territorio, al igual que Bizkaia, Álava y Navarra, tenga Hacienda propia, son razones suficientes para abrir «un debate interesante» con el Estado y tener voz en decisiones de gestión como la reciente rebaja del IVA de los alimentos básicos decretada por el Gobierno central a principios de este año.

La disparatada inflación y la escalada de las hipotecas –el BCE decide hoy si suben más– han provocado el desplome del mercado inmobiliario. La venta de viviendas en Bizkaia ha caído casi un 20%, según datos del Gobierno vasco, y eso a pesar de la contención de los precios, que han bajado una media del 1,6%. El estudio contabiliza 2.646 operaciones en el citado trimestre con una caída de compraventas del 16% en Bilbao, un 15% en Getxo y un 11% en Barakaldo. Fuera de los grandes municipios, en aquellos en los que se realizaron al menos medio centenar de adquisiciones durante el trimestre, también hay peores resultados en Portugalete, Sestao, Durango, Basauri y Galdakao. Solo crecen las cifras en Erandio. Todo esto ocurre pese a que el precio medio de las viviendas en Bizkaia ha decrecido hasta situarse en los 2.815 euros por metro cuadrado. El de las nuevas construcciones ha caído un 10,4% (3.244 euros/m²) mientras que el de la usada se ha elevado un 2,7% (2.757 euros/m²). El territorio ocupa la quinta posición en el ranking nacional. Pese a la leve bajada, solo resulta más caro comprarse una casa en Gipuzkoa, Madrid, Baleares y Barcelona. Pese a la fluctuación, la del coste por metro cuadrado suele ser una clasificación bastante esclarecedora de lo que cuesta hacerse con una casa en Bizkaia. 

Las ventas en el sector del comercio en Euskadi han descendido un 3% interanual en el segundo trimestre de 2023, según los datos del Instituto Vasco de Estadística, Eustat. En relación al trimestre anterior, el primero del año, las ventas han descendido un 1,5% en el segundo trimestre de 2023. Por subsectores, la evolución interanual de las ventas ha sido positiva tanto en venta y reparación de vehículos de motor, con un crecimiento del 3 %, como en el comercio al por menor, donde las ventas han sido un 1,1 % superiores a las del segundo trimestre del año anterior. En cambio, en el comercio al por mayor las ventas han bajado un 6,9 % respecto a las del segundo trimestre del año 2022. En relación al trimestre anterior se ha producido un retroceso tanto en venta y reparación de vehículos de motor como en el comercio al por mayor, con descensos intertrimestrales del 2 % y del 1,9 %, respectivamente. En el subsector de comercio al por menor, en cambio, las ventas han ascendido un 0,5 % en relación al trimestre precedente.

Inditex sigue empeñado en batir récords trimestre tras trimestre. El grupo textil finalizó el primer semestre del año –de febrero a julio– con una facturación de 16.851 millones de euros, un 13,5% más, a pesar de comparar con un periodo que ya fue récord para la compañía que preside Marta Ortega y dirige Óscar García Maceiras. La cifra, que ascendió un 16,6% sin contar el impacto negativo de los tipos de cambio, supone batir en más de 200 millones las previsiones de los analistas y vuelve a mostrar el potencial del dueño de Zara para seguir creciendo y ganando cuota. De hecho, enlaza ya 10 trimestres consecutivos creciendo a doble dígito. Inditex destacó ayer que su evolución fue “muy satisfactoria tanto en tienda como online” y que su crecimiento se produjo en todas las áreas geográficas y en todos los mercados. “La permanente apuesta por la creatividad, la calidad del producto y la experiencia del cliente, así como el avance decidido en sostenibilidad, conforman una estrategia que lleva a nuestro modelo de negocio a un nivel superior”, afirmó Óscar García Maceiras, CEO de Inditex. Zara volvió a ser el gran motor de la compañía, con unas ventas de 12.362 millones, un 13,1% más, aunque no fue la enseña que más creció. Oysho lo hizo un 18,3%, hasta 346 millones, y Stradivarius avanzó un 17,7%, alcanzando unas ventas de 1.075 millones. Por su parte, Massimo Dutti, la marca más perjudicada en 2022 por el cierre de la actividad en Rusia, avanzó un 16,8%, hasta 842 millones.

El coche más vendido en España en agosto fue el modelo ZS de MS, marca británica con casi 100 años de historia que desde 2007 es de capital chino. Es una de las protagonistas del fuerte despegue que están protagonizando los vehículos eléctricos fabricados en el tigre asiático y que, según la Comisión Europea, no es casual. Su atractivo entre los consumidores se debe a los bajos precios, posibles gracias a ayudas de estado “ilegales” a los fabricantes y una fiscalidad muy reducida, en palabras de su presidenta, Ursula von der Leyen. Por esta razón, ayer anunció la apertura de una investigación, lo que supone que, en clave comunitaria, la guerra comercial que mantienen las diferentes potencias y bloques sube un peldaño más. Así lo dijo en el debate sobre el estado de la UE, que tuvo lugar en la sede de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia). Es el último de la legislatura, por lo que sirvió también para hacer balance de un mandato atípico, marcado por la batalla contra el Covid-19 y la agresión rusa sobre Ucrania. Además del refuerzo del proyecto comunitario, ambas crisis dejan como legado que lo que en principio era una guerra comercial ha dado paso a una batalla de subsidios. A las medidas proteccionistas chinas, se suman las que a finales de 2022 puso en marcha la Casa Blanca para reactivar a la industria estadounidense, y que tensaron la relación entre Estados Unidos y la UE. Después de que los 27 arremetieran duramente contra la política económica adoptada desde el otro lado del Atlántico, ahora la UE mira al Pacífico. Su objetivo es muy claro: defender el libre mercado en un sector clave para transformar la agenda social, ambiental y económica de la UE: la descarbonización de la movilidad.

China se convertirá este año en el mayor exportador mundial de automóviles, superando a Japón. Este hito marcará el fin de décadas de dominio de los grupos europeos, estadounidenses, japoneses y surcoreanos. Sin embargo, el ascenso mundial de China se debe a los profundos problemas estructurales de la industria automovilística nacional, que amenazan con afectar a los mercados mundiales. El desajuste entre la producción de las fábricas chinas y la demanda local se ha visto provocado en parte por las previsiones erróneas de los ejecutivos de la industria sobre tres tendencias clave: el rápido declive de las ventas de coches con motor de combustión interna, la popularidad de los vehículos eléctricos (VE) y la menor necesidad de vehículos de propiedad privada a medida que crece la movilidad compartida entre una población china cada vez más urbanizada. El resultado ha sido un “exceso de capacidad masivo” en el número de vehículos producidos en las fábricas de todo el país, según Bill Russo, ex responsable de Chrysler en China y fundador de la consultora Automobility. “Tenemos un excedente de 25 millones de unidades que no se utilizan”, explica. Años de política industrial favorable y de inversión del sector privado han impulsado la competitividad de China en el sector. 

La industria automovilística está enfrascada en la transformación eléctrica, y algunos fabricantes ya han puesto fecha final a la producción de coches de combustión. No es el caso de BMW, que prefiere pensar el futuro de los motores de gasolina y diésel como un “aterrizaje lento”, y no como un final abrupto. Así lo expresó ayer el presidente del Consejo de Administración de la firma alemana, Olivier Zipse, en un encuentro con EL PAÍS y otros medios de comunicación, en el que presentó la estrategia para la próxima generación de vehículos de la marca. Zipse defendió ayer una coexistencia entre los modelos eléctricos de batería con su apuesta por modelos que funcionen con pila de hidrógeno, y reclamó una regulación “razonable” en Europa. En su primera visita a España, Zipse —que asumió el cargo de presidente del Consejo de Administración de BMW en 2019 después de toda una carrera desarrollada en la firma alemana— visitó al Rey Felipe VI en La Zarzuela, se reunió con el presidente del Real Madrid y celebró el encuentro con medios de comunicación en el Teatro Real. Zipse destacó ayer que el mercado español está en buena forma. El grupo BMW (que incluye los modelos de esta marca, los de Mini y los de Rolls Royce) vendió 2,4 millones de vehículos en 2022 en todo el mundo —algo más de 30.600 matriculados en España, según los datos de Anfac—.

El Gobierno inició con el automóvil las convocatorias de los Perte y ahora le toca el turno al de descarbonización industrial, que abrirá su ventanilla a mediados de octubre con la primera línea de ayudas que cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de euros. Ésta será la primera de las cuatro líneas de las que estará compuesto este Perte que ayudará a reducir el impacto medioambiental de la industria nacional. Esta primera parte se dividirá en 500 millones de euros para subvenciones de euros y otros 500 millones para préstamos. En total, el programa de la descarbonización industrial cuenta con un presupuesto de 3.100 millones, que incluye los 450 millones anunciados el pasado mes de abril por el Gobierno para el proyecto de hidrógeno circular de ArcelorMittal en Asturias y también recoge 2.720 millones (1.700 millones en préstamos y 1.020 millones en transferencias directas) procedentes de la adenda al Plan de Recuperación que se está negociando en Bruselas y de la que se espera recibir próximamente el visto bueno comunitario. Esta iniciativa, que se convierte en el Perte con mayor dotación presupuestaria, nace con el objetivo de que los proyectos vinculados generen alrededor de 8.000 puestos de trabajo en España. Hasta el momento más de cien empresas han mostrado su intención de presentar iniciativas, que podrían movilizar más de 11.000 millones de euros de inversión privada.

En lo que va de septiembre, las dudas sobre la situación económica se han multiplicado: los precios siguen sin dar muestras claras de contención y la actividad económica ya ofrece síntomas de ralentización, sobre todo en países como la locomotora europea, Alemania. Así las cosas, el Banco Central Europeo (BCE) debe tomar hoy una decisión trascendental: ofrecer un mensaje de rotundidad frente a la inflación con una nueva subida de tipos hasta el 4,5%. O esperar a su siguiente reunión de antes de fin de año. O control de precios o actividad económica. Desde la anterior reunión del BCE, a finales de julio, en la que optó por elevar el precio del dinero hasta el 4,25% actual, la tasa de inflación europea se ha mantenido estable en el 5,3%. La subyacente (que excluye energía y alimentos no elaborados) también muestra ese estancamiento tras las vertiginosas subidas anteriores. Pero no acaban de bajar del 5% ni se aproximan al objetivo del 2%. Pero al mismo tiempo, el BCE ya cuenta con las primeras alertas de frenazo económico. La Comisión Europea prevé ahora un crecimiento de solo el 0,8% este año y del 1,4% en 2024 (frente al 1% y el 1,17% respectivamente previstos en primavera). Las cifras son a la baja entre otras razones por la ralentización en Alemania, que se contraerá un 0,4% este año. Una parte de los analistas anticipan que en el encuentro del comité de dirección del BCE, que hoy tendrá lugar en Fráncfort, se decidirá la que será la décima subida consecutiva de sus tipos de interés en poco más de 14 meses, desde que en julio del año pasado se encontraban en el 0%.

“La política fiscal ha desempeñado un papel central cuando los gobiernos buscaron proteger a los hogares y las empresas del impacto de los niveles de inflación más elevados de la década”, concluye la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe anual sobre las reformas tributarias acometidas, cuya edición de 2023 fue publicada ayer. El documento desgrana tanto las rebajas impositivas como las subidas fiscales aprobadas por cada Gobierno. De entre los 75 países analizados en general , y los de la Unión Europea en particular, España destaca como el Estado que mayor artillería impositiva ha generado para hacer frente a la crisis inflacionista, siendo uno de los pocos que ha creado gravámenes extraordinarios tanto a banca como al conjunto de energéticas y uno de los tres únicos que han puesto en marcha nuevos tributos a la riqueza. “Para financiar las medidas de apoyo gubernamental relacionadas con la crisis energética y la inflación persistentemente elevada, España introdujo un impuesto de solidaridad temporal nacional para las personas de alto patrimonio neto para los años 2022 y 2023”, destaca la OCDE, recordando que el tributo extraordinario grava del 1,7% al 3,5% las fortunas desde tres millones de euros (dejando libres 700.000 euros del valor de la residencia) de forma complementario al tradicional Impuesto de Patrimonio, cuyo pago es deducible. El informe destaca que el número de reformas sobre la imposición patrimonial en toda la OCDE ha ido ganando peso en los últimos años y se duplicó en 2022 frente a 2021. Con todo, detalla, solo han optado por crear nuevos impuestos específicos sobre la riqueza para financiar las medidas desplegadas ante la inflación España, Colombia (del 0,5% al 1% sobre fortunas desde 642.000 dólares, obviando 107.000 del valor de la vivienda habitual) y Chile (2% sobre bienes de lujo, como yates, automóviles y helicópteros).

El sistema educativo español y, por extensión, el vasco, afrontan el gran reto de la caída de la natalidad. Esta semana el Eustat ha publicado los datos relativos al primer trimestre, y los datos son claros. El País Vasco registró una nueva caída en los nacimientos: 3.113 niños, en torno a 120 menos que en 2022. Hace diez años, en 2013, la cifra fue de 4.530. Según las previsiones del Gobierno vasco, Euskadi tendrá 65.000 alumnos menos en 2030, lo que obligará a cerrar 4.200 aulas. Estas son las cifras. ¿Qué hacer? El ‘think tank’ especializado EsadeEcPol publica hoy un documento con propuestas concretas. El estudio, dirigido por Lucas Gortazar y Jorge Galindo, parte de una hipótesis. Si el número de niños baja y el gasto público en educación se mantiene. ¿Por qué no aprovechar ese excedente para mejorar el sistema? La medida más polémica es el cierre de colegios pequeños, que son muy deficitarios y contribuyen a la «inequidad» de la red. Los autores citan un estudio de 2019 que evidencia que en los colegios del País Vasco con entre 50 y 100 alumnos (muy pequeños) el gasto medio es de 8.558 euros; en los centros con más de 400, el gasto es de 3.972. «Mantener el actual mapa escolar es seguir invirtiendo en una red escolar más ineficiente y menos equitativa», aseguran. Se trata de una medida que requeriría de una Administración «valiente». «Podemos hacerlo ya, comunicándolo a las partes y anticiparnos al desplome demográfico. O podemos no hacer nada, esperar y hacerlo mal, cuando esos colegios mueran por la falta de niños», expone. Un escenario que, además, tendría una derivada que ya se vio en el proceso de matrícula de este curso: «una guerra escolar» por captar alumnado. Es verdad que la realidad vasca es distinta a la del resto de España. Euskadi «está mejor» en términos de equidad, escolarización en etapas no obligatorias (Infantil y Bachillerato o FP), y las ratios en la red pública ya son bajas. Pero «tiene mucho que mejorar en términos de calidad» (las últimas evaluaciones arrojan malos resultados de nuestros estudiantes) y en la «carrera docente», considera Gortazar.