20230923

La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, aseguró ayer que los principales problemas de la economía vasca son coyunturales, como consecuencia de la paralización de la demanda en el conjunto de Europa y no estructurales fruto de una mala política de las instituciones públicas. Así lo señaló en el Parlamento vasco, en respuesta a una pregunta del representante de Cs, José Manuel Gil Vegas. Pese a ello, admitió que Euskadi tiene un problema con la sucesión de la propiedad de las empresas familiares porque «si no encuentran una sucesión tienden a la venta», lo que incrementa el riesgo de deslocalización. Tapia indicó la necesidad de facilitar el crecimiento de una estructura financiera en Euskadi que pueda participar de forma activa en la toma de participa- ción en estas empresas. El Ejecutivo ya ha comenzado a dar pasos, como la actuación del Fondo Finkatuz –que tiene participaciones en CAF, Kaiku y ahora en ITP– o la creación del clúster financiero. En este último proyecto el Ejecutivo quiere reunir a entidades financieras, ‘family offices’ y grupos de inversión para desarrollar actuaciones conjuntas. La consejera anunció que espera que este clúster esté en marcha antes de que finalice el año. La pérdida de dinamismo empresarial y de potencia financiera para retener el control de empresas se ha revelado en las últimas décadas como una auténtica debilidad de la economía vasca. En torno a la coyuntura económica, Tapia señaló que las empresas transmiten «incertidumbre», pero también la sensación de que se va a producir una «estabilidad a corto plazo». Así recordó que las exportaciones industriales siguen con un buen tono, pese a la relajación de las energéticas, y que las empresas vascas han puesto en marcha acciones para ampliar su campo de actuación internacional. En un momento en el que la demanda de los principales países europeos se ha relajado –Alemania, Francia y Reino Unido– «han comenzado a intensificar la búsqueda de otros mercados como Estados Unidos y América Latina», concretó.

Entrevista con Idoia Mendia. La vicelehendakari recuerda que la vida es más cara aquí que en otras zonas pero declina fijar una cifra, que dice deben acordar patronales y sindicatos. La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo explica que en la ronda que ha mantenido con los agentes sociales en el inicio del nuevo curso, el último de la legislatura, les ha instado a «acordar un salario mínimo de convenio acorde al coste de la vida de Euskadi», que «es más cara que en otras zonas». Con ello, Idoia Mendia deja patente que los 1.080 euros del SMI estatal son insuficientes, aunque declina hablar de cifras, ya que eso «compete a las patronales y a los sindicatos». " Hemos instado a que se trate de pactar un salario de convenio acorde con el precio de la vida en Euskadi, basándonos en el acuerdo interprofesional de 2017 y al que apeló el Parlamento reclamando al Gobierno Vasco que sea proactivo con los agentes sociales. Desde el Gobierno hemos cogido ese guante. Creemos que las personas, como dicen los empresarios, son la clave del éxito de los proyectos empresariales y para atraer talento. Evidentemente el salario es una parte importante. –¿Ese salario mínimo vasco debería fijarse en los 1.400 euros que piden los sindicatos nacionalistas? –Desde el Gobierno decimos que lo tienen que buscar los agentes sociales por medio de la negociación colectiva en el marco del Acuerdo Interprofesional y que sirviese para todos los convenios. Un salario mínimo de convenio para Euskadi...Ha habido años en los que no se ha hecho tanto hincapié en retener el talento joven. Es un factor importante y en Euskadi estamos despertando ahora a esa realidad: la importancia de las personas, la escasez de trabajadores y también el envejecimiento de los activos y la necesidad de buscar un relevo..."

Una de las iniciativas en las que más se ha involucrado la vicelehendakari ha sido el proyecto piloto para testar la semana laboral de cuatro días sin reducción salarial, que tras negarse Confebask a llevarlo a la Mesa de Diálogo Social se está impulsando desde el Departamento de Trabajo y Empleo. "Ahora estamos sentando las bases del proyecto que busca innovar en el mundo del trabajo. Desde el Gobierno tenemos que acompañar a las empresas para que Euskadi siga siendo un lugar atractivo donde trabajar. Estamos analizando los socios que necesitamos para este proyecto, que tiene que ser científico, para que las conclusiones sean útiles, como se ha anunciado en Alemania y también lo hicieron en Reino Unido, y que sea pegado a la realidad económica de Euskadi... El próximo año veremos ya cuándo será el momento de incorporarlo a las empresas...Es un proyecto a tres años. En 2024 sería demasiado prematuro...Más allá de las patronales, creo que el Gobierno Vasco tiene que ser ambicioso y visionario y adelantarse un poco a los acontecimientos, porque si no ¿cómo construyes la Euskadi del mañana? si tu no lo haces se adelantan otros. Y competimos con tantos territorios. Teniendo la oportunidad de hacerlo tenemos que tirarnos a la piscina y hacer este laboratorio que sirva a la sociedad vasca, que es a quien se debe el Gobierno Vasco. Estoy segura de que los empresarios le van a ver la utilidad al proyecto. Seguro que sacarán aprendizajes y lecciones en el día a día. El lehendakari también lo ve. Es un proyecto de Gobierno..."

España avanzó con más fuerza de la esperada en el segundo trimestre del año, al mejorar el PIB (Producto Interior Bruto) un 0,5% intertrimestral frente al 0,4% estimado hasta ahora. Aunque el crecimiento de la economía muestra cada vez menor dinamismo si se compara con el mismo dato del año anterior. Este martes, el Banco de España apuntaba a esa cifra de crecimiento en primavera y evidenciaba la desaceleración tras el verano. Por ahora, los datos publicados por el INE inciden en el dinamismo de la actividad de la economía, al menos en lo que fue la primera mitad del año. El PIB anual avanzó a un ritmo del 2,2% hasta el segundo trimestre, lo que sitúa a España como una de las grandes economías que mejor comportamiento tiene en 2023 frente a la atonía de otros socios, como Alemania, casi en recesión. Para el conjunto del año, la estimación pasa por un alza del 2,3% del PIB al apuntar hacia un tercer y cuarto trimestre más flojos, que compensarían el buen inicio del año. El consumo de los españoles explica en buena parte el repunte del PIB en el segundo trimestre. La demanda nacional aportó 2,3 puntos porcentuales a la actividad, un punto más que en el trimestre anterior, a pesar de las subidas de tipos de interés que están mermando los presupuestos familiares; y aun con la inflación en máximos, que sigue restando poder adquisitivo a los hogares. También mejoró la inversión de las empresas, con mayor incidencia en la construcción.

El INE revisó ayer al alza la cifra de PIB del segundo trimestre, que creció un 0,5% frente al 0,4% adelantado a finales de julio. Y, de paso, el instituto estadístico reajustó los datos de los trimestres anteriores, ahondando en la cascada de revisiones y correcciones, mayoritariamente al alza, que se han producido en el último año en la Contabilidad Nacional, coincidiendo con el relevo al frente de la presidencia del INE en agosto de 2022, después de que Juan Rodríguez Poo dimitiera como presidente del Instituto tras las críticas del Gobierno a los cálculos de PIB e IPC del organismo. Con este telón de fondo, el INE, ahora bajo la batuta de Elena Manzanero, revisó ayer al alza también el PIB del primer trimestre de este año, hasta el 0,6%, frente al 0,5% apuntado el 28 de julio, y retocó los relativos a los cuatro trimestres de 2022. Así, el PIB ya no se habría contraído un 0,6% entre enero y marzo del año pasado, según la estimación anterior, sino que habría crecido un 0,3%, una desviación de nada menos que nueve décimas. En el segundo trimestre, por contra, habría crecido menos, un 2,5% vs. el 2,8% preliminar, mientras que la economía habría repuntado un 0,5% en el tercer y cuarto trimestres de 2022, en contraste con el 0,4% avanzado previamente en cada uno de esos periodos. El resultado de esta sucesión de ajustes, que en lo que atañe a 2022 eran de prever después de que el INE elevara en tres décimas el crecimiento del ejercicio, hasta el 5,8%, es que, además de adelantar al tercer trimestre de 2022 la recuperación de los niveles prepandemia, tendrá efectos sobre futuras comparativas por la inercia de esos mayores crecimientos del segundo semestre del año pasado y la primera mitad de este. 

Nubes negras se asientan sobre los negocios y las fábricas de Europa. La actividad del sector privado de la zona euro sigue perdiendo fuelle tras una fuerte caída en la demanda de pedidos y el repunte en los costes de producción, tal y como evidencia el Índice PMI elaborado por la firma S&P Global y publicado ayer. El sondeo apunta a que la economía de la zona euro se contraerá en el tercer trimestre de este año y que no volverá a crecer en el corto plazo. Alemania y Francia se erigen como los principales responsables del retroceso, que acerca a la actividad del bloque a los niveles de la pandemia. El índice PMI se elabora a través de encuestas a los gestores de compras de 5.000 compañías de los países del euro, que deben calificar de 0 a 100 la evolución de la actividad con respecto al mes anterior. En esta última edición, la economía de la eurozona firma 47,1 puntos, ligeramente por encima de los 46,7 puntos de agosto, pero aún por debajo de la marca de los 50 que separa el crecimiento de la contracción. El principal problema de negocios y fábricas es la caída en la demanda. Para el sector de los servicios, el retroceso de los pedidos en septiembre fue el más pronunciado desde la covid. Es más, el indicador PMI detalla que si se excluyen los meses afectados por las restricciones, la disminución de los nuevos encargos fue la mayor desde mayo de 2013. Las sucesivas subidas de tipos empiezan a hacer efecto en el consumo, que denota signos de enfriamiento. 

El Consejo Rector de Eroski decidió ayer solicitar a la asamblea general de la cooperativa, que se reunirá de forma extraordinaria el próximo 10 de octubre en Elorrio, la autorización de una emisión de bonos por un importe límite de 600 millones –se hará con tenedores institucionales–. Se trata de un movimiento que venía trabajándose de la mano de los bancos de inversión Deustche Bank y BNP Paribas, y que busca contar con el remanente suficiente para hacer frente a los pagos de deuda establecidos en el plan financiero. Uno, el 31 de julio de 2024, por importe de 503 millones y el segundo, el 31 de julio de 2027, de 200 millones. La amortización de la deuda sigue siendo un elemento central en la estrategia empresarial de Eroski. Como recordó ayer la compañía dirigida por Rosa Carabel, la reducción de su pasivo en los pasados años «ha sido muy notable», algo que le ha permitido «minorar sus niveles de apalancamiento financiero», subrayan. En concreto, durante 2022, redujo su deuda financiera en 44 millones, situándose en 858 a cierre del primer semestre de 2023, sumando una reducción total de la deuda de 2.565 millones desde 2009 (un 75% del total). La marcha del negocio en los últimos años ha permitido consolidar un ebidta (beneficio antes de impuestos) en 2022 de 204 millones, un 15% más que el anterior ejercicio y el más holgado desde 2015 a pesar de una subida de precios que redujo la rentabilidad. Es una de las cartas que ha presentado Eroski a los actuales prestadores –los fondos de Bank of America, Laboral Kutxa, Kutxabank y el ICO– para revisar plazos e importes en la devolución de la deuda.

Las energías renovables –sobre todo fotovoltaica e hidrógeno verde–, los cargadores de vehículo eléctrico, los sistemas de almacenamiento de baterías y el sector naval empujan el negocio del grupo de ingeniería eléctrica y electrónica de potencia Ingeteam. Sus directivos esperan cerrar este año con una facturación de 1.000 millones de euros, rebasando los objetivos de su plan estratégico para 2024. Esta cifra de negocio estará un 18% por encima de los 842,5 millones de 2022, cuando la compañía superó con creces las cifras pre-Covid. El pasado ejercicio, Ingeteam aumentó sus ventas un 25% gracias al tirón del mercado nacional, de Estados Unidos, de Alemania y de Brasil, según sus responsables. En cambio, la rentabilidad no acompañó la buena marcha del negocio y el beneficio se hundió hasta los 0,3 millones de euros, lejos de los 13 millones del año anterior. Desde Ingeteam explican que esta fuerte caída de las ganancias responde al aumento generalizado de todos su costes, desde las materias primas hasta los salarios y los seguros, pasando por el transporte y la energía. El grupo no pudo repercutir estos incrementos en la mayoría de sus contratos, firmados con mucha anterioridad y sin fórmulas de revisión de precios de venta. “Desarrollamos productos muy complejos, con plazos de entrega de meses o incluso años, y sus costes de fabricación variaron significativamente en casi todos nuestros mercados”, indican desde Ingeteam. Además, la quiebra de un cliente en 2022 sumó su impacto negativo a la cuenta de resultados. El resultado de explotación se recortó un 41%, hasta 12,2 millones; y el financiero fue negativo en 8,3. Ingeteam –controlada en un 56% por las familias fundadoras y en la que participa Kutxabank con el 12,8%– ve el futuro inmediato con optimismo. Este año espera recuperar rentabilidad y ganar entre 30 y 40 millones de euros.

El Gobierno vasco ha recibido 4.000 alegaciones al plan sectorial (PTS) de renovables que busca ordenar el territorio fijando los espacios supuestamente idóneos para instalaciones de energía verde. Un buen puñado de ellas llevan el sello de la Diputación de Álava, que ha remitido 120 páginas al Departamento que encabeza Arantxa Tapia. Los informes de seis servicios forales sugieren a Lakua que «excluya» cuatro de las zonas que el Ejecutivo autonómico consideraba aptas para este tipo de proyectos por «los efectos críticos o no asumibles que podrían producirse» sobre su flora y fauna. Son el alto de Cantoblanco, la alineación montañosa alrededor de Valdegovía, el Monte Jaundel (en la ‘muga’ con Treviño) y el espacio desde Urkabustaiz hasta Ayala. Los jefes de Carreteras, Ordenación del Territorio, Urbanismo, Desarrollo Agrario, Montes, Patrimonio Histórico y Sostenibilidad Ambiental plasman sobre papel sus «propuestas de mejora» y, a partir de aquí, será el Ejecutivo autonómico quien definitivamente acepte o rechace dichas alegaciones. Tapia prevé tener listo el dictamen en octubre para iniciar su tramitación en el Parlamento vasco y que entre en vigor antes de que concluya la legislatura. El servicio alavés de Sostenibilidad Ambiental hace un exhaustivo análisis de ocho áreas propuestas por Lakua para colocar molinos y cuatro para placas solares. Tras tener en cuenta la fauna, la flora, la categoría de protección medioambiental y la existencia previa de proyectos, los técnicos de la Diputación concluyen que el emplazamiento de Cantoblanco «no debería formar parte de las zonas de localización seleccionadas del PTS». Algo previsible después de que, como adelantó este periódico, considerasen «no asumibles» los efectos del proyecto de la empresa Euskal Haizie.

«No me voy de Rioja, pero este modelo de 400 millones de botellas, con esa categorización simplista de crianza, reserva y gran reserva, está acabado». Así zanja Telmo Rodríguez (Granja Nuestra Señora de Remelluri, Labastida) las especulaciones que el prescriptor James Suckling despertó en su último informe sobre los bodegueros más destacados del país, en el que aseguraba que Rodríguez iba a renunciar a Rioja, como lo hizo Artadi en su momento: «Fue un día entero de conversación y de cata y supongo que Suckling sacó cosas de contexto», aclara el bodeguero de Labastida. «Yo sigo creyendo en Rioja, aunque tengo claro que el modelo del vino barato, de botellas a tres euros en los lineales, se hunde». «Para mí –continúa–, es muy triste que alguna bodega histórica de Rioja pague a 60 céntimos el kilo de uva, pero, al mismo tiempo, estamos viviendo un momento muy ilusionante en la región vitícola, con gente joven que está mirando a sus raíces, a sus pueblos y a sus mejores viñedos». Rodríguez considera que las grandes bodegas de Rioja se deben dar cuenta de que «somos una oportunidad»: «Prefiero actuar en positivo y empujar para abrir la región al mercado de los grandes vinos finos del mundo». En este sentido, Telmo Rodríguez acaba de vender en avanzada la tercera añada de su vino Yjar (2019), 6.700 botellas entre los negociantes de la Place de Burdeos a un precio de 150 euros: «Era un momento importante por la incertidumbre que sacude al mundo del vino, pero incluso hemos sido capaces de subir el precio».

Los fabricantes de coches y los concesionarios comparten un mismo temor: que la falta de Gobierno y el nuevo escenario de austeridad fiscal en la UE impida que haya una continuidad en las ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos en 2024. El actual Moves III, que fue ampliado en dos ocasiones (nació como un programa de 400 millones provenientes de los fondos europeos en 2021, al que luego se le sumaron 800 millones más), está vigente hasta el próximo 31 de diciembre. A día de hoy, su ampliación no es una prioridad para el Ejecutivo, debido a que los esfuerzos se centran en conseguir una investidura que exige una complicada aritmética parlamentaria. Tanto para Faconauto, asociación que representa a los concesionarios, como para Anfac, que aglutina a los fabricantes de coches, el programa tiene muchas carencias, pero su prioridad es que, al menos, continúe. “Vemos con mucha preocupación que el 31 de diciembre termina el plazo de ejecución del actual plan Moves, y en este escenario político nuestra máxima prioridad es evitar que el plan finalice. Es necesario que las ayudas al vehículo electrificado tengan continuidad más allá de diciembre, sin perjuicio de que a futuro somos conscientes de la necesidad de trabajar con el Gobierno en mejorar su eficiencia. Pero una discontinuidad ahora del plan sería un auténtico desastre”, dice José López-Tafall, director general de Anfac. 

La decepción y el desánimo reina entre los grupos de infraestructuras españoles tras el nuevo cambio de planes del Gobierno, que negocia con la Comisión Europea una revisión del plan de reformas en el que ya no se contempla la implantación de un sistema de pago por uso de las autovías con el objetivo de financiar la conservación y mantenimiento de estas infraestructuras, cuyas necesidades anuales son, al menos, de 2.000 millones de euros. El Ministerio de Transportes fue, durante el mandato de José Luis Ábalos y, parte de Raquel Sánchez, el valedor de este mecanismo de financiación empleado en varios países de la UE. El pasado verano, justo antes de la elecciones generales, el Gobierno enmendó las declaraciones del director general de Tráfico, Pere navarro, desautorizando al alto cargo del Ministerio de Interior. Era el preámbulo del cambio de planteamiento que ya se ha trasladado a Bruselas a la espera de que las autoridades comunitarias acepten la petición. “La colaboración público- privada ha desaparecido en España. Implantar un peaje a través de una euroviñeta gestionada por empresas públicas o privadas es la solución más justa para financiar las carreteras y fomentar medios de transporte más limpio”, aseguran desde la empresas consultadas, que cada vez más optan por invertir en otros países ante la falta de proyectos atractivos en España. “Ya nadie se fija en España”, señalan otras fuentes. “Prueba de ello es el último plan extraordinario de carreteras de Aragón, donde no se ha presentado ninguno de los grandes grupos de infraestructuras españoles y se ha dejado el negocio en manos de grupos foráneos y fondos de inversión”

España recibió entre el primer trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2023 un total de 359.891 personas procedentes de otros países –entre las que figuran españoles retornados–, de las que el 44,5% (un total de 161.591) están inactivas, es decir, ni trabajan ni buscan un empleo; 135.200 están trabajando y 63.100 están en paro, según la Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica publicada ayer. Esto implica que la tasa de actividad de los ciudadanos que residen en España desde hace un año o menos y que antes vivían en otro país se sitúa en el 55,1%, el nivel más bajo de toda la serie del Instituto Nacional de Estadística (INE), que arranca en el año 2010. El máximo en esta tasa se alcanzó en 2016, cuando el 72,5% de los nuevos residentes procedentes del extranjero estaban activos: trabajando o buscando empleo. Este descenso en la tasa de actividad de los recién llegados puede deberse, por un lado, a su media de edad, que no está desglosada por el INE, ya que podría haber aumentado la llegada de menores de 16 años o de mayores de 65, franjas que ya no están en edad de trabajar; pero podría influir también que haya habido un aumento de los desanimados –los que no confían en que vayan a encontrar un empleo y, por ello, no lo busca– o, en este periodo de tiempo en particular, la llegada de refugiados procedentes de Ucrania que son en su mayoría mujeres y niños y, generalmente, han necesitado un periodo de adaptación para aprender el idioma y/o encontrar un empleo. La tasa de paro de los nuevos residentes que vivían hace un año en otro país se sitúa en el 18,3%, siete puntos por encima de la media del país. La Comunidad de Madrid es la región a la que han llegado mayoritariamente los que venían con un empleo o lo han conseguido al llegar (con 36.000 nuevos ocupados en ese periodo procedentes de otro país desde el primer trimestre de 2022), seguida de la Comunidad Valenciana (25.500), Cataluña (16.200) y Andalucía (15.700). Madrid es también la que acumula el mayor número de parados que hasta hacía doce meses vivían en el extranjero (16.900), seguida de Andalucía (11.200) y Cataluña (9.300).

Los piquetes de las fábricas de automóviles de Estados Unidos en huelga se arremolinaron ayer para escuchar al líder de su sindicato, United Auto Workers (UAW). Shawn Fain se dirigió a los trabajadores a través de Facebook para anunciar la extensión a nuevas plantas de producción del paro, que hasta ahora afectaba solo a tres fábricas en una huelga histórica que por primera vez desafía a los tres gigantes del motor de Detroit (Michigan). Fain pidió a los trabajadores de 38 centros de distribución de General Motors y Stellantis de 20 Estados diferentes del país que abandonaran sus puestos. Dejó al margen de los nuevos paros a Ford, argumentando el progreso en las negociaciones del convenio colectivo. A las puertas de la planta de Jeep (Stellantis) en Toledo, Ohio, el anuncio fue recibido en silencio, sin un solo grito ni aplauso entre las decenas de trabajadores en huelga que escuchaban a su líder en torno a un altavoz. “Cerraremos los centros de distribución de piezas hasta que esas dos empresas entren en razón y acudan a la negociación”, dijo Fain en su mensaje, en el que resaltó que la huelga cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. En el caso de Ford, se mantiene en huelga la única planta que paró hasta el momento, en Wayne, a las afueras de Detroit. “Para ser claros, no hemos terminado con Ford. Tenemos graves problemas que resolver, pero queremos reconocer que Ford se toma en serio la posibilidad de llegar a un acuerdo”, dijo el líder sindical.