20231004

Michelin-Vitoria comunicó ayer al comité de empresa que dejará de producir 2.000 toneladas de neumáticos hasta fin de año. La medida afectará a 1.500 trabajadores de una treintena de turnos, sobre todo en fines de semana, festivos y el puente de la Constitución. La empresa justifica la decisión en la «significativa» caída en la cartera pedidos, pero también tiene que ver con «la pérdida de la confianza del grupo en la planta alavesa». «Se necesita compromiso y eso es algo que no ha sucedido aquí». No habrá actividad los fines de semana en los turnos de noche y mañana, tampoco los festivos ni durante el puente de la Constitución. En total, se dejarán de producir 2.000 toneladas de neumáticos. La decisión resulta especialmente preocupante por cuanto una de las razones aducidas por la dirección de la multinacional francesa tiene que ver con «la pérdida de la confianza del grupo en la planta alavesa», según han confirmado tanto fuentes sindicales como de la propia firma. La decisión se produce a pocas horas de que la plantilla vote una posible salida del comité intercentros. ELA y LAB apoyan una salida que a su entender permitiría negociar algunas mejoras para la plantilla de Vitoria. Quienes no son favorables a dejar de estar presentes son UGT y CC OO. Por su parte, desde la dirección aseguran que «Michelin apuesta por un modelo de relaciones laborales con la persona en el centro, pero se necesita el compromiso de todas las partes. Una fábrica que no apuesta por ese modelo a todos los niveles pierde la confianza del grupo». Así de tajantes se mostraron ayer desde la multinacional francesa tras el anuncio de un nuevo reajuste en la producción en su factoría alavesa, la mayor de cuantas hay en España. Desde la firma sitúan la caída del volumen de pedidos como la principal razón para adoptar la medida, pero confirman que el clima de tensión que se ha vivido en el durante este año no ayuda.

El paro ha caído en Euskadi en casi 2.000 personas durante el mes de septiembre, y 5.000 menos que hace un año. Por su parte, el empleo, medido en afiliación a la Seguridad Social, ha subido en casi 8.500 con respecto al mes anterior, hasta un total de cerca de 995.000, lo que supone 19.000 más que hace un año. Además, tanto la reducción del paro como la creación de empleo se da en todos los sectores, excepto en construcción, en donde se mantiene el número de trabajadores. Ante estas cifras dadas a conocer hoy, el responsable de Economía de Confebask, Pablo Martín, ha asegurado en declaraciones a diferentes medios de comunicación que “son datos positivos que confirman que en lo que va de año se mantiene la fortaleza del mercado laboral en  Euskadi". Martín cree que las cifras avalan que esa pujanza “se está prolongando en el tiempo, si bien es razonable pensar que el ritmo de creación de empleo y de reducción del paro sea un poquito más moderado en la parte final del año, si se tiene en cuenta que la economía está en una fase de una cierta desaceleración". En este sentido, el responsable de Economía de Confebask, ha apuntado que “un crecimiento económico menos intenso debería traducirse también en un crecimiento menos intenso del empleo. Por lo tanto, en los últimos meses del año, esa pujanza del mercado laboral en Euskadi debería ser un poquito menor de la que se ha dado hasta ahora”. Ver más en Confebask 

Los datos de septiembre suponen un respiro después de la destrucción de empleo en verano, un fenómeno habitual pero no por ello menos preocupante. Entre julio y agosto se perdieron casi 16.500 empleos en Euskadi debido a las vacaciones de verano, que paraliza sectores como la educación y la hostelería vinculada al curso escolar. Son justo estas actividades las que tiraron el empleo el mes pasado. Hostelería sumó más de 3.600 cotizantes, actividades administrativas más de 1.600 y educación cerca de 1.500. Como buena parte de estos trabajadores tienen contrato fijo discontinuo, este fue el régimen que más creció: los trabajadores que estuvieron cobrando el paro durante la temporada estival (aunque no se contabilicen como parados) han vuelto ahora a sus puestos y a cotizar. En concreto, los fijos discontinuos sumaron 10.300 afiliados, también creció algo el número de cotizantes indefinidos y bajó el de temporales. Tras este empujón del empleo la cifra de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social en Euskadi acabó septiembre en 994.992, todavía lejos de la cota del millón que se superó por primera vez en mayo. En cuanto al paro, el número de desempleados queda en 106.725, con lo que se mantiene en mínimos desde 2008. «En septiembre confluyen el descenso del paro e incremento histórico de las afiliaciones. A pesar de las incertidumbres, a pesar del reto demográfico y también a pesar de las dificultades que nos trasladan las empresas para atraer el personal con el perfil que buscan, estamos sabiendo encontrar el camino que ofrece oportunidades y la conexión entre oferta y demanda», señaló el viceconsejero de Empleo, Alfonso Gurpegui.

El mercado laboral sigue dando síntomas de agotamiento. Después de unos datos muy buenos entre enero y mayo, el ritmo de creación de empleo se sigue ralentizando de forma muy significativa. En concreto, en septiembre apenas se generaron 18.295 puestos de trabajo respecto al mes anterior, lo que supone un 37,5% menos que en el mismo mes del año pasado y el peor dato desde 2019. Aunque esta cifra podría pasar relativamente desapercibida, ya que al fin y al cabo es todavía positiva, a lo largo de la temporada estival se han acumulado varios meses particularmente malos para el mercado laboral. Con ello, entre mayo y septiembre se han destruido 90.604 puestos de trabajo, lo que supone uno de los peores veranos para el empleo de las últimas dos décadas, en un periodo que suele ser neutro o ligeramente positivo en este aspecto. En septiembre se generaron 18.295 puestos de trabajo con respecto al mes anterior, hasta los 20.724.796 afiliados a la Seguridad Social, de acuerdo con los datos que publicó ayer el Ministerio de Seguridad Social, unas cifras que se quedan por detrás de los avances de los tres años anteriores y que no bastan para compensar las fuerte pérdidas de agosto (cuando el mercado laboral se dejó 185.385 puestos de trabajo) ni tampoco los débiles datos de los dos meses anteriores, ambos muy por debajo de la media. Además, también las cifras del paro, publicadas por el Ministerio de Trabajo, apuntan a las dificultades del mercado laboral, ya que el último mes el número de desempleados creció en 19.768 personas, lo que no solo supone el peor dato para este mes desde 2018, sino también una decepción para el consenso de analistas, que preveían un descenso de 12.200 desempleados. Con ello, el número de parados se sitúa en 2.722.468 personas.

Las operaciones suman este año 82 millones sobre un activo que según CBRE escasea y resta competitividad al País Vasco por sus altos precios.  En los últimos años la llegada de los fondos internacionales ha elevado las operaciones hasta casi triplicarlas desde 2019. Antes de la pandemia la inversión en estos activos ascendía a 31 millones y este año, solo hasta septiembre, se han contabilizado operaciones por 82 millones de euros. Así se desprende del informe sobre el ‘Mercado Industrial & Logístico’ de la consultora inmobiliaria especializada en el sector CBRE. Es el valor de los 135.929 metros cuadrados que han cambiado de manos (82.800 en Álava, 30.079 en Gipuzkoa y 23.850 en Bizkaia). Según explicó ayer el director del área Industrial y Logística de la compañía, Enrique Cuevas, el problema sigue siendo la «alta demanda insatisfecha» que reclama más de 50.000 metros cuadrados que no encuentra. El responsable de la zona Norte de CBRE, Juanjo López Corral, señaló que «no hay suelo y los precios se encarecen hasta el punto de que ese coste hace perder competitividad a Euskadi en beneficio de Burgos, Aragón o Madrid». Por eso pidió a las instituciones más agilidad para habilitar suelo. En ese caldo de cultivo y desde la llegada de la planta de Amazon a Trapagaran (Bizkaia), el aterrizaje de los fondos de inversión ha sido constante con agentes como BentalGreen, VGP, Panattoni, Angelo Gordon o WP Carey. La principal intervención en 2023 ha sido en Gipuzkoa con 42 millones de euros. Son los que ha obtenido Supermercados BM por la venta de su planta de frío de Irún, en una operación habitual en el sector por la que se busca liquidez con la venta de un activo propio que seguirá ocupando en régimen de alquiler a largo plazo. Gipuzkoa es precisamente el territorio vasco donde menos suelo disponible hay. 

El suelo industrial es un bien escaso en Euskadi. Buena muestra de ello son las demandas que la patronal, SEA Empresas de Álava, y la propia Diputación han hecho al Plan General de Vitoria para que sea más flexible con la creación de estas parcelas, especialmente las de gran tamaño. A esta situación se añade el problema que está suponiendo el retraso de la llegada de los fondos europeos para proyectos como el de la nueva fábrica de Mercedes. La automoción además, atraviesa en Europa ciertas incertidumbres como la caída en la venta de unidades que han llevado a flexibilizar los plazos de muchas inversiones. Así, la multinacional alemana, que realizará una apuesta de 1.200 de millones en su factoría vitoriana, anunció antes de verano que retrasaría la fabricación del nuevo vehículo totalmente electrificado a 2026. Según explicó ayer el director de la zona Norte de CBRE, Juanjo López del Corral, la situación mantiene en Vitoria 112.000 mertos cuadrados «bloqueados» a la espera de la activación de los plazos y la fabricación del nuevo vehículo del programa ‘Van.EA’. Se trata de espacios que está comercializando la consultora de suelo industrial en tres zonas alrededor de Vitoria: Los terrenos de la antigua Daewoo (con 20.000 metros cuadrados condicionados), donde estaba la planta de Cegasa (con afección a 70.000 metros cuadrados) y muchas de las parcelas que en Júndiz ha promocionado el fondo Panattoni, donde estarían afectados 22.000 metros cuadrados. Tal y como explicó el director de suelos industriales y logísticos de la firma, Enrique Cuevas, son espacios a los que optan muchas de las empresas proveedores de Mercedes que están a la espera de conocer al detalle las fechas y las necesidades que les planteará Mercedes para resolver su demanda de espacio. «Hasta entonces, está todo a la espera y sin ocupar».

La firma vasca Dominion ha puesto en marcha un proyecto con el que pretende apoyar iniciativas empresariales y también el desarrollo del talento profesional con un modelo novedoso. En una página web creada para lanzar el proyecto BQUO, la compañía explica que su objetivo es actuar como acelerador de empresas, dar un impulso a profesionales con talento y facilitar ayudas financieras. «Para personas inconformistas y valientes», apunta Dominion en su web, en la que ya ha lanzado la primera convocatoria de proyectos cuyo plazo finaliza el próximo 19 de octubre. Se buscan iniciativas de creación de empresas en áreas tecnológicas y de sostenibilidad procedentes de alguno de los 35 países en los que tiene presencia la firma vasca. El ‘campus’, sin embargo, se ubicará en su cuartel general en Bilbao, donde los promotores de los proyectos recibirán el respaldo del equipo directivo de Dominion. Los 100 principales directivos de la empresa serán quienes actúen como motores para impulsar esas iniciativas. Dominion también aclara que además de proyectos busca profesionales individuales que estén dispuestos a «implicarse en retos que proponga la compañía». Una vía para descubrir e incentivar el talento no solo en su vertiente más técnica sino también en habilidades de gestión.

BBVA Research rebaja tres décimas sus previsiones de crecimiento del PIB para 2024, hasta el 1,8%, y señala que el enfriamiento de la economía ya habría comenzado a producirse de forma muy abrupta este verano. De hecho, para el tercer trimestre del año, el servicio de estudios del banco prevé un crecimiento del 0,2% respecto al trimestre anterior, tres décimas menos que entre abril y junio, y espera que este ritmo débil se extienda también al cuarto trimestre del año. Este frenazo se observa perfectamente en las cifras de empleo, que se ha frenado a partir de junio. Así, el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social ha pasado “de 76.000 nuevos cotizantes en promedio por mes entre enero y mayo a 15.000 entre junio y agosto, descontado el componente estacional”. Una desaceleración que “ha sido de particular importancia en aquellos sectores ligados al turismo y al gasto público”. Sin embargo, las cifras para el conjunto del año actual son bastante positivas, debido al empuje de los dos primeros trimestres. Al contrario que en otros países, “para España no revisamos a la baja el crecimiento de 2023, pero 2024 es otra historia”, señaló el economista jefe del Grupo BBVA y director de BBVA Research, Jorge Sicilia, durante la rueda de prensa para presentar un nuevo informe Situación España. Un ajuste que Sicilia achaca a la evolución de la productividad por hora trabajada y por trabajador, la subida de los tipos de interés, el alza del precio del petróleo y la desaceleración de Europa. De hecho, el gran elemento a la baja el próximo año será el sector exterior, para donde BBVA pronostica un deterioro muy significativo. 

En un contexto en el que el ámbito europeo –el caladero principal de las empresas del territorio– está pleno de incertidumbres y demuestra un evidente estancamiento económico, son las ventas interiores, las realizadas en España, las que están devolviendo a la vida a las empresas guipuzcoanas. Así se desprende del último informe sobre este capítulo elaborado por el departamento de Hacienda de la Diputación foral, publicado ayer, que revela al tiempo que la exportación, tradicional motor de Gipuzkoa, ha perdido impulso hasta mostrar un comportamiento plano. Todo ello, además, con la industria un tanto tocada. El documento revela que, tras cuatro meses consecutivos de caídas de distinta intensidad en las ventas totales de las empresas del territorio (del 9% de abril al 2,4% de julio), ha sido el mes de agosto el que, por fin, ha roto la tendencia a la baja. Y lo ha hecho con un repunte interanual del 1,9%. Ahora bien, ¿cómo ha sido esa vuelta a la vida? ¿Qué es lo que ha impulsado la actividad? Los números de Hacienda señalan que han sido las compras desde España las únicas que han animado a las empresas, al crecer un 4,8% interanual. Las exportaciones, sin embargo, cayeron un 3,2% respecto a las registradas en agosto de 2022. Ese nuevo paso atrás del sector exterior (motor de la economía guipuzcoana) es ya el quinto consecutivo. 

El Gobierno Vasco aplicará, como se preveía, el acuerdo alcanzado la semana pasada por Ejecutivo central y sindicatos, y subirá un 0,5% el sueldo a los funcionarios y trabajadores del sector público que dependen de los entes y empresas de la administración autonómica, como ya avanzó este periódico el pasado viernes. Un incremento aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de los martes y que se aplicará con efecto retroactivos a todo este año y que se suma al 2,5% que ya había aplicado el Ejecutivo autonómico en línea con lo marcado en los Presupuestos Generales del Estado. De este aumento se beneficiarán también los funcionarios vascos que trabajan en la administración del Estado en Euskadi y en diputaciones y ayuntamientos, hasta sumar un total de 150.000 empleados beneficiados. Todo ello, en puertas de una huelga, dentro de tres semanas, convocada por todos los sindicatos vascos, salvo UGT, para reclamar mejoras salariales que eviten pérdida de poder adquisitivo por la inflación y en demanda de una negociación en Euskadi, y no en Madrid, de todo lo relacionado con la función pública vasca. El incremento total de este ejercicio aprobado ayer por el Gobierno de Iñigo Urkullu supone un alza en total del 3% y afecta a los 115.000 trabajadores de la función pública, Osakidetza, Educación, EITB, la Ertzaintza o el resto de sociedades públicas. Traducido a las cuentas de gasto del Ejecutivo autonómico supone un aumento de la partida de personal de 20,7 millones de euros. 

Los sindicatos volvieron a insistir en la necesidad de reformar la indemnización por despido, de encontrar una fórmula que proteja mejor a los trabajadores, un debate que los jefes patronales dan por cerrado. “Este es un capítulo pendiente para futuras negociaciones. Estoy seguro de que las empresas no quieren amparar despidos injustificados que no responden a razones objetivas. Lo tenemos que abordar”, comentó Álvarez. La posición que viene manifestando su sindicato es que el actual sistema de indemnización por días trabajados no resulta disuasorio, especialmente cuando la relación laboral ha sido corta. Este debate ha tomado fuerza desde que España ratificó al completo la Carta Social Europea. Este texto legal, que supera a la normativa nacional, introduce un cambio que permite a los jueces establecer indemnizaciones que superen esos 33 días, ya que reconoce “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Sordo aseguró que España “se debe replantear su modelo de despido, para que sea la última opción para la empresa”. El líder de CC OO indicó que una posibilidad podría ser establecer una indemnización mínima, que resulte independiente de la antigüedad para evitar ese tipo de rescisiones. La patronal, sin embargo, ni siquiera observa este tema como un objeto de debate. “Llegamos a un acuerdo de reforma laboral, donde hay temas que se acuerdan y otros que no se hablan porque están dentro del acuerdo. Por tanto, no tenemos más que decir”, contestó Garamendi a la pregunta de un estudiante.

Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, patronal de la pequeña y mediana empresa, pidió al Gobierno que “no instrumentalice el diálogo social”, que no utilice a los empresarios y a los sindicatos para sacar provecho político. Cuerva, que también es vicepresidente de CEOE, recalcó ayer una reclamación que suele hacerle a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo: “Nunca, nunca debiera ocurrir que se instrumentalice el diálogo social. Siempre sale perjudicado en el momento en el que algún Gobierno instrumentaliza la concertación”. Además, Cuerva protestó por la costumbre del actual Ejecutivo de elaborar normas que afectan a las empresas y trabajadores, sin consultarlas con los agentes sociales. Por ejemplo, con las últimas regulaciones que afectan al despido. Cuando Díaz obligó a las empresas que quieran hacer un despido colectivo a preavisar a la autoridad laboral con seis meses de anticipación. O aumentó el papel de la Inspección de Trabajo en el mismo. Cuerva participó esta mañana en una jornada sobre el diálogo social junto al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y a los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez. La jornada fue organizada por el Colegio de Economistas de Madrid. Sobre el intervencionismo del Gobierno, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, se quejó de que el Ejecutivo suba todos los años el salario mínimo interprofesional, pero no deje a las empresas que repercutan esa subida en los concursos públicos. Por ejemplo, en sectores como la limpieza, la construcción o los servicios auxiliares a la administración. En estos momentos, el SMI es de 1.080 euros mensuales, y 15.120 anuales. Garamendi añadió que una subida de esta renta como las que se han hecho en los últimos años, “rompería absolutamente todos los convenios colectivos que tenemos porque influiría en todas las bandas salariales. Es nuestra opinión”, concluyó.

Fatih Birol (Ankara, 65 años) se convirtió en el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), un organismo vinculado a la OCDE, en septiembre de 2015, mes y medio antes de que se firmara el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático. Limpiar de gases de efecto invernadero el sector energético —lo que supone descarbonizar desde la generación de electricidad al transporte y la industria— es el único camino para mantener el calentamiento dentro de los límites de seguridad. El Acuerdo de París establece que ese umbral está en lograr que el calentamiento global (que ya está en 1,1˚ Celsius respecto a los niveles preindustriales) se quede por debajo de los 2˚ y, en la medida de lo posible, de los 1,5˚. Desde 2015, el discurso de la AIE se ha ido endureciendo en favor de las renovables y en detrimento de los combustibles fósiles, los principales responsables de la crisis climática. " Lo que estamos viendo es que las energías solar y eólica ya están dominando el juego. Este año, de todas las centrales eléctricas construidas en el mundo, más del 80% son de energías renovables. Y ese dato no viene solo de Europa, viene también de China, India, América Latina, Estados Unidos... Es un gran movimiento. Por lo tanto, es factible triplicar la capacidad renovable en los próximos siete años...El 40% del potencial de radiación para energía solar global se encuentra en África, pero la cantidad de energía solar generada hoy en este continente es la mitad de la producida en Países Bajos. Hay una gran brecha ahí, pero la energía solar crecerá mucho...Creo que no podemos alcanzar el objetivo de 1,5˚ con el consumo actual de petróleo, carbón y gas. En 2050, podrá haber algo de petróleo todavía, podrá haber algo de gas, pero debería ser un consumo mucho menor de lo que tenemos hoy...Incluso en ausencia de nuevas políticas climáticas, invertir en nuevas exploraciones de petróleo y gas puede ser un negocio arriesgado; arriesgado para el cambio climático y arriesgado para los inversores si quieren obtener un rendimiento porque la demanda no será alta..."

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) vuelve a poner sobre la mesa un asunto espinoso: la fiscalidad de los carburantes. En su último informe sobre reformas económicas Going for growth 2023 (Caminando hacia el crecimiento), publicado ayer, recomienda a España subir los impuestos que gravan los combustibles “para reflejar mejor las emisiones de CO2”. La medida debería ir acompañada de un esquema redistributivo para compensar a los hogares más vulnerables, que en proporción sobre su renta sufrirán más el incremento. No es ni la primera vez que el organismo multilateral aconseja a España revisar al alza su tributación medioambiental. Ya antes de la pandemia, la institución animó en varias ocasiones a Madrid a elevar los impuestos verdes y en particular a equiparar la fiscalidad del diésel a la de la gasolina, una cuestión que aún no ha logrado abordarse. Los motivos de la sugerencia son diversos y no se limitan a la dimensión recaudatoria, puesto que la aportación de los impuestos verdes a los ingresos públicos está por debajo del 2% del PIB y de la media europea. Para la OCDE, una subida reflejaría mejor el coste medioambiental de las emisiones dañinas, contribuiría a reducirlas y financiaría la transición ecológica. La OCDE no es la única voz que ha instado a España a subir los impuestos verdes. El FMI considera que hay margen para elevarlos. 

La directiva de envases que ultima Europa –Packaging and Packing Waste Regulation (PPWR)– ha encencido de nuevo la chispa histórica entre dos materiales indispensables para el consumo, el plástico y el cartón. La Comisión Europea presentó la propuesta en noviembre del año pasado para revisar la normativa actual relativa a los envases y residuos de envases con el objetivo de fijar directrices en materia de economía circular. En concreto, para prevenir la producción de residuos de envases y fomentar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización. Aunque de momento no tiene fecha de aplicación, se votará por parte del Parlamento el próximo 24 de octubre dentro de la Comisión de Medio Ambiente (ENVI). El problema es que la directiva marca unos objetivos diferentes en cuanto a reciclaje y reutilización. La UE pretende que todos los envases sean 100% reciclables para 2030. Esto ha generado, a juicio del sector del cartón, una desigualdad de oportunidades ya que mientras el plástico se reutiliza el cartón no; en cambio, cuenta con un alto índice de reciclabilidad. Esto derivará, dicen, en un aumento del uso de plásticos para reemplazar los envases de papel, lo que contradice los objetivos del Pacto Verde. Según la Federación Europea de Fabricantes de Cartón Ondulado (Fefco) se calcula que para alcanzar el objetivo de reutilización del 90% para 2040, se generaría la necesidad de generar hasta 8.100 millones de nuevas cajas de plástico que pesarían 12 millones de toneladas y se necesitarían 16.000 ml de agua para lavar sólo la mitad de ellas para su reutilización. “Las soluciones reutilizables generarían mayores emisiones de CO2 que el papel y el cartón. En paralelo, estaríamos hablando de más transporte, mayores emisiones de CO2 y un consecuente aumento de costes”, destaca Ignacio Sevillano, CEO de Smurfit Kappa España, Portugal y Marruecos.

El Gobierno ha aprovechado la adenda de ampliación del Plan de Recuperación ligado a las ayudas europeas para introducir varias decenas de modificaciones en la redacción del texto original que permitan alargar los plazos y relajar el grado de exigencia de los compromisos que desbloquean los fondos. La solicitud, que de momento ha recibido el aval de la Comisión europea y que el resto de países comunitarios tienen cuatro semanas para evaluar, no solo amplía por tanto en 94.000 millones de euros la asignación para España (hasta los 163.000 millones) sino que facilitaría al país su cobro y amplía los plazos para gastarlos. Para empezar, la adenda modifica el calendario de desembolso de los fondos europeos básicamente para retrasarlo todo seis meses. La medida permite al país neutralizar la demora en la que había incurrido con la convocatoria de Elecciones Generales anticipadas el 23 de julio, que supuso la disolución de las Cortes y dejó en el limbo parlamentario varias de las medidas comprometidas a cambio del cuarto desembolso de ayudas europeas. Hasta la fecha, España ha recibido un anticipo de 9.000 millones y tres pagos ligados a objetivos por 28.000 millones. A partir de ahí, el plan inicial preveía un cuarto pago de 10.000 millones por las medidas del primer semestre de 2023 y un quinto de 7.000 por los avances de esta segunda parte del año. En su lugar, la adenda fija un único cobro de 10.000 millones a final de este ejercicio, desplaza el quinto pago a 2024 y retrasa los grandes desembolsos hasta 2025. España gana tiempo así para tratar de formar Gobierno, tras los ajustados resultados del 23-J -o incluso ante una repetición electoral en enero de 2024-, mientras que se facilita cumplir las medidas pendientes ligadas al cuarto pago.

La Comisión Europea ha encontrado una interpretación del reglamento para poder abrir un poco la mano. Según la legislación de la UE sobre el mecanismo de recuperación, estos recursos tienen que salir del Estado hacia una empresa que los ejecute. Así que se interpreta que el dinero puede entregarse a una compañía, aunque sea pública, con el compromiso firmado de que esta se hará cargo de la ejecución. Bastaría así con dar los fondos antes de 2026 a las empresas públicas, y estas tendrían luego más tiempo para que se ejecuten más allá de ese año. Es decir, el Gobierno podrá utilizar a las compañías públicas como una vía para alargar la vida del fondo de recuperación, financiado con 160.000 millones en fondos europeos, la mitad en subvenciones no reembolsables, la otra mitad en créditos con carencias de 10 años y a los tipos a los que se financia en el mercado la propia Comisión Europea. Según fuentes del Gobierno, estas entidades empresariales deberán cumplir con unas condiciones estrictas: tener el balance saneado, avanzar en los proyectos, haber asignado todos los recursos a los adjudicatarios y deberán tener una parte ejecutada para cuando Europa haga el desembolso. Es una fórmula que se utilizará además con todos los países, señalan estas fuentes. Sobre el papel la inversión se completa porque se ha transferido a la entidad con un fin muy detallado. Y la empresa pública firmará un acuerdo de implementación, por el cual tendrá que asegurarse de que se lleva a cabo el proyecto. 

Sorpaso en el Ibex. Inditex, que es con diferencia la cotizada que más vale en Bolsa, 109.000 millones de euros, es desde ayer también la firma que más pondera en el índice de referencia de la Bolsa española, (el 13,75%) tras ganarle el terreno a Iberdrola (el 13,21%). No ocurría algo así desde octubre de 2021. Inditex tiene un free float (capital libre en el mercado que determina el peso en el índice) del 60% de su capitalización, frente al 100% de Iberdrola, que vale en el mercado cerca de 65.000 millones. Pero la firma textil vive un año fulgurante en Bolsa que ha llevado su cotización a marcar récord en septiembre en 36,19 euros (ajustado por dividendos), por lo que ha logrado el trono por ponderación del índice. La textil sube un 40,72% desde enero y enfila su mejor año en Bolsa desde 2019, cuando se anotó el 45,29%. Por el contrario, la eléctrica se deja el 9,5%, tras desmoronarse más del 18% desde su máximo del 4 de julio. La dueña de Zara cerró ayer en 34,90 euros, lo que significa que se dispara más del 1.000% desde su debut en Bolsa en 2021, según Bloomberg que ajusta el pago de dividendos. Pese a esta escalada, aún tiene recorrido alcista para muchas firmas de inversión. El consenso de analistas fija su objetivo en los 38,7 euros, de media, mientras que Bank of America, Kepler Chevreaux, Bestinver Securites y Bernstein le dan alas hasta los 40-43,5 euros, entre un 14% y un 24,5% más arriba del cierre de ayer.

Telefónica España se dispone a cerrar más de un centenar de edificios por todo el país con el fin de recortar costes. La compañía ha presentado un programa de racionalización de instalaciones que afectaría a un total de 108 centros de trabajo en base a criterios de eficiencia, organización y reducción de la dispersión. Está previsto que el plan inmobiliario diseñado por la operadora se ejecute entre los años 2023 y 2024. Telefónica España ha lanzado un amplio plan para aligerar su cartera inmobiliaria. Así, la compañía ha presentado en la comisión interempresas de operaciones red y TI (ORTI) un programa de racionalización de edificios que afectaría a un total de 108 centros de trabajo en base a criterios de eficiencia, organización y reducción de la dispersión. La división de operaciones ha sido, históricamente, el corazón de la compañía, clave en los despliegues y gestión de las redes. En los últimos años ha sido decisiva en la implantación de la fibra óptica y el 5G. El plan inmobiliario diseñado por Telefónica se ejecutará entre los años 2023 y 2024.

Movistar arrasa a sus rivales en el despliegue de las redes más rápidas y capaces del 5G, las que se despliegan sobre la banda de 3,5 GHz, que es la que va a ser la responsable de canalizar la mayor parte del tráfico que se curse sobre esta nueva tecnología. En el tercer trimestre del año, hasta el 30 de septiembre, la red de Telefónica ha crecido en 623 nuevas estaciones base de 3,5 GHz, mientras que Orange ha sumado en el mismo periodo 97 y Vodafone ha desplegado 81. Eso supone que Telefónica es la responsable del 78% de las 801 nuevas antenas de 3,5 GHz colocadas en el tercer trimestre frente al 12% de Orange y el 10% de Vodafone. En el acumulado desde enero hasta finales de septiembre, el saldo de nuevas torres desplegadas en esta tecnología es de 2.568 para Telefónica, 576 para Orange y 656 para Vodafone. De esta forma, del total de 3.800 nuevos emplazamientos con 3,5 GHz que se han instalado entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, Telefónica ha desplegado el 67,6%, frente al 15,1% de Orange y el 17,3% de Vodafone. Hay que tener en cuenta que Orange era, a finales de diciembre de 2022, la empresa que más antenas de 3,5 GHz tenía desplegadas (1.162, por sólo 687 de Telefónica y 534 de Vodafone), por lo que, al tomar datos acumulados al final del tercer trimestre, la ventaja inicial de Orange le permite atenuar un poco las diferencias. Así a final del tercer trimestre el dato global es de 3.255 antenas de 3,5 GHz para Telefónica, por 1.738 para Orange y 1.190 para Vodafone, según los datos de la web antenas móviles. La otra operadora que tiene frecuencias en esta banda, que es MásMóvil, que mantiene una red testimonial en 3,5 GHz, no sólo no ha incrementado ningún emplazamiento de 3,5 GHz, sino que ha desmontado alrededor de una veintena, pasando de 130 en junio –una menos que en trimestre anterior– a contar con 120.

El fabricante automovilístico Ford ha conseguido algo inédito: será la primera compañía en comercializar vehículos que se conducen sin manos en carretera en España. Así lo informó ayer la empresa estadounidense, que señaló que esto será posible gracias a la inclusión del sistema Ford BlueCruise, que permite “una conducción sin manos, con la vista en la carretera”, en sus Mustang Mach-E. No se trata de una autonomía total, pero es un avance en la conducción autónoma que podrá usarse en “determinados tramos de la red de autovías y autopistas españolas”. España se transforma así en el tercer país europeo en el que Ford consigue este permiso, después de Alemania y Reino Unido. “Ford BlueCruise ayuda a hacer que la conducción por autopista y autovía sea más fácil y agradable, lo que supone que, hasta la fecha, los clientes ya hayan recorrido más de 160 millones de kilómetros utilizando BlueCruise en EE UU y Canadá”, explicó Ford en un comunicado. Los propietarios de un Mustang Mach-E (la versión eléctrica del icónico modelo) podrán usar esta tecnología mediante suscripción y tiene un periodo de prueba gratuito de 90 días para que el cliente se familiarice con ella. 

Tras una dura negociación que ha durado meses y que no pudo resolverse hasta el último minuto, PNV y PSE-EE cerraron ayer ‘in extremis’ el acuerdo de mayor trascendencia política de la legislatura. Los socios de gobierno enterraron sus discrepancias sobre la Ley de Educación y registraron una batería de enmiendas conjuntas al proyecto que, entre otras cuestiones, blinda por escrito la vigencia de los modelos lingüísticos en la enseñanza. El pacto permite acelerar la tramitación para ratificar la norma en el Parlamento vasco «antes de fin de año», pero a su vez reduce el margen para lograr el respaldo de EH Bildu a una iniciativa que pretende perdurar durante décadas. Hace ya cinco meses que el consejero Jokin Bildarratz lanzó el proyecto de ley, un compromiso reflejado en el programa de gobierno bipartito que se vio apuntalado por un acuerdo «histórico» firmado en abril de 2022 entre PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU. Su traslación al texto articulado, en cambio, se saldó con el desmarque de los morados y, lo que resultó más grave en términos políticos, con los socialistas aireando públicamente sus «diferencias» pese a haber dado su aval en el Consejo de Gobierno para «no obstaculizar» su tramitación. Eran varias las discrepancias, pero una destacaba por encima del resto: el sistema lingüístico.

La futura ley blindará los modelos actuales (A, B y D) pero obligará a todos los centros a garantizar que los alumnos finalizan la educación obligatoria con un B2 tanto en euskera como en castellano, además de un B1 de inglés. Para ello, cada colegio elaborará su propio proyecto lingüístico, atendiendo a las características sociolingüísticas de su entorno y del alumnado. EH Bildu quiere introducir sistemas de evaluación internos y externos para garantizar que los objetivos se cumplen. PNV y PSE proponen definir, en un plazo de dos años, «las características del marco común del sistema plurilingüe». Se establecen una serie de requisitos para poder ser considerado centro de interés social, lo que conlleva poder prestar el Servicio Público Vasco de Educación y, por tanto, acceder a fondos públicos. Entre ellos se sitúa «priorizar» el euskera en el recinto escolar, tanto dentro como fuera de las aulas, y la laicidad. Bildu propone recoger en la ley que el incumplimiento de estas obligaciones «conllevará la extinción del concierto». Los colegios concertados «no pueden cobrar cuota alguna por la impartición» de enseñanzas obligatorias. Para ello, se someterán a auditorías periódicas.

Pedro Sánchez aceptó ayer «con ilusión» el encargo del Rey para acudir como candidato al segundo intento de investidura de la legislatura. Una vez fracasada la tentativa de Alberto Núñez Feijóo, el líder del PSOE no tiene aún atados los votos suficientes en el Congreso para ser reelegido presidente pero mantiene intacta su aspiración de formar una coalición «progresista» con Sumar. Para conseguirlo, deberá primero solventar la cuestión catalana, el precio que van a suponer los votos de los diputados de Junts y Esquerra. En una comparecencia en Moncloa posterior a su reunión con Felipe VI en la Zarzuela –a diferencia de Feijóo, que compareció en la Cámara baja cuando fue designado candidato–, Sánchez evitó pronunciar la palabra amnistía, pero apuntó claramente hacia ella al decir que «hacer política implica generosidad» para superar el procés. Al mismo tiempo, rechazó de forma clara y contundente la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Es evidente que la amnistía se ha convertido en una palabra tabú en La Moncloa, todo pese a que Sánchez empieza a abonar el terreno para su aprobación y ya asume explícitamente que cualquier acuerdo que se alcance en la negociación «será transparente, tendrá que ser refrendado por las Cortes y, además, se tendrá que pronunciar el Tribunal Constitucional». Es decir, una cronología de la sucesión de hechos que esperan: que la tendrá que aprobar el Congreso por mayoría absoluta, y que el PP recurrirá al Constitucional, que dictaminará sobre ella.