20231006

Rueda de prensa de Adegi para presentar los resultados de su última encuesta empresarial: tras un buen primer semestre y un previsible estancamiento en el segundo, Adegi prevé que la economía guipuzcoana crecerá entre el 1,5% y el 2% este año, menos que la mitad que el año pasado. Una vez más, el empleo ha tenido y está teniendo un comportamiento excepcional. Gracias en gran medida a la fortaleza mostrada por el empleo desde comienzos de año, que confirman los datos de empleo de septiembre. En Gipuzkoa, en 2023, la creación de empleos asalariados netos, de media anual, superará ampliamente los 4.000 empleos. El 91% de las empresas prevén mantener o aumentar su nivel de empleo. Los elevados costes laborales e incrementos salariales, la dificultad para la contratación de personal cualificado y la preocupación por el abastecimiento y precio de las materias primas, principales preocupaciones de las empresas. La financiación bancaria es una preocupación para el 22% de las empresas, el registro más alto desde enero de 2014. Moderado deterioro de la confianza empresarial. Retrocede hasta el 28% el número de empresas que señalan reactivación, mientras que aumentan hasta el 16% el número de las que señalan recesión. Ligera corrección a la baja de la facturación (- 0,6%) por la evolución bajista en el sector industrial. El nivel de pedidos disminuye un -1,9% en los últimos tres meses respecto al trimestre anterior por la disminución en el sector industrial.

Los máximos responsables de Adegi dieron cuenta ayer de su última Encuesta de Coyuntura realizada al tejido productivo del territorio y que revela, dijeron, «un moderado deterioro de la confianza, de las ventas y de los pedidos». Un escenario, advirtieron, que puede conducir a un «estancamiento» de la economía en la segunda mitad del año. De esta forma, la organización empresarial se une a las muchas voces que alertan de un segundo semestre mucho más complicado. El encarecimiento del precio del dinero, apuntaron, está complicando el acceso a la financiación y poniendo en el alero proyectos de inversión. De hecho, este aspecto, ligado íntimamente con la política monetaria del BCE, se sitúa ya como un dolor de cabeza para el 22% de las empresas de Gipuzkoa, el dato más alto desde enero de 2014. El presidente de Adegi, Eduardo Junkera, junto al director general, José Miguel Ayerza, y el director de Competitividad e Innovación, Patxi Sasigain, matizaron que el empleo sigue siendo el mejor muro de defensa de Gipuzkoa contra el evidente enfriamiento de la economía. Tanto es así que, dijeron, Adegi «mantiene su previsión para la creación de 4.000 nuevos puestos de trabajo este año en el territorio, con un crecimiento del PIB de entre el 1,5% y el 2%». «La falta de personas es una de las principales preocupaciones de las empresas de Gipuzkoa, que piensan a medio y largo plazo y no van a mermar sus plantillas o a prescindir de personas al albur de una situación que esperemos que se resuelva pronto», sentenció Ayerza. «El empleo ha tenido y está teniendo un comportamiento extraordinario, y según nuestra encuesta, el 91% de las empresas prevé mantener o aumentar su nivel de plantilla en los próximos meses», apostilló Junkera, quien recordó que el martes «conocimos que el mes de septiembre ha estado entre los mejores de los últimos 15 años».

El director general de Adegi, José Miguel Ayerza, expresó su confianza en que la hoy «enquistada» inflación pueda regresar a niveles aceptables y con ella la política monetaria. En ese punto, y para que las empresas sigan «apostando como siempre por el futuro», no dudó en «pedir a las administraciones institucionales un adecuado acompañamiento». Mensaje que no es baladí cuando Gipuzkoa, Bizkaia y Álava preparan la que se presenta como una gran reforma fiscal que, han explicado hasta ahora los promotores de la misma (PNV y PSE), no parece tener líneas rojas. «Esperamos que en esa reforma fiscal se promueva la generación de actividad», afirmó Ayerza, quien recordó que son las empresas las que generan riqueza y empleo y las que, en definitiva, aportan los recursos con los que financiar el gasto social y el Estado del Bienestar del que goza el País Vasco. Muy pocas han sido las pistas que los partidos políticos han ofrecido hasta ahora sobre la futura reforma fiscal y su impacto en las empresas. Las únicas señales se han referido a la apuesta por favorecer la transición verde, que conlleva su coste, y por promover de algún modo el emprendimiento.

La propuesta vasca grava los patrimonios por encima de los 3,2 millones con un tipo del 1,5%, mientras que en el régimen común es sobre una riqueza de 3 millones con un gravamen del 1,7%. Las diputaciones forales vascas desvelaron ayer su propuesta para aplicar en Euskadi el impuesto de grandes fortunas en 2023, con un año de retraso sobre su instauración en el conjunto del Estado. Lo que de momento es una propuesta que deberá atravesar un trámite de aprobación en los consejos de gobierno y su posterior tramitación en las respectivas Juntas Generales, dibuja un esquema de tributación de la propiedad significativamente más blando que el aplicado por el Gobierno central. La escala de gravamen pactada por el PNV y el PSE-EE aplica una menor progresividad al valor de las propiedades. Este impuesto grava los patrimonios que tienen un valor neto por encima de los 3 millones de euros –serán 3,2 millones en el caso del País Vasco– y fue aprobado para contrarrestar la estrategia del PP de anular la fiscalidad sobre la propiedad, que se implantó primero en Madrid, más tarde se extendió a Andalucía y de forma parcial a Galicia.

El empleo y el consumo interno que está capitalizando el sector servicios en Euskadi se han convertido en el mejor refugio de la desaceleración industrial que atraviesan países como Alemania, Francia o Italia. Así lo refleja el último dato del Termómetro de la Economía Vasca de septiembre, que asegura que la economía ha remontado 2,6 puntos hasta llegar a los 88,3 de una escala de 150. El movimiento no saca a Euskadi de la zona de crecimiento suave donde está desde febrero de este año, tras iniciar una tendencia descendente a mediados de 2021. Entonces, la economía vasca alcanzó los 145,5 puntos en el Termómetro. Lo más destacado del valor de septiembre es que rompe esa dinámica de caída constante al registrar la mayor subida de este año. En 2023 solo en julio hubo un ligero repunte de un punto, el resto de los meses han sido negativos. Las causas, según ha explicado el departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, residen en el buen comportamiento del empleo que presenta una tasa de paro en Euskadi por debajo del 7%, la más baja desde la crisis inmobiliaria de 2008. Además, según los datos de afiliación a la Seguridad Social, el País Vasco firmó el mejor septiembre en dos décadas con 6.596 cotizantes más y 2.078 parados menos. Este aspecto está siendo una de las claves del tejido económico para aguantar dos años de tensión con las subidas de precios y unos tipos de interés que ya en el 4,5% encarecen la financiación. A pesar de eso, el consumo, el turismo y el sector servicios siguen ayudando a compensar la parada de las exportaciones que acumulan retrocesos desde el segundo trimestre de este año. El cuadro general ha llegado al Gobierno vasco a revisar al alza sus previsiones de crecimiento para este año hasta 1,7%. Ver nota Gobierno Vasco. 

El grupo vasco Sener va a poner en marcha una nueva planta, que tendrá actividad industrial y también servicios de ingeniería, en el Parque Tecnológico de Bizkaia. La actividad de estas nuevas instalaciones están ligadas a la división aeroespacial de Sener, que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. Portavoces de la empresa han indicado que los detalles de la inversión y de todo el proyecto se darán a conocer a finales de este mismo mes, ya que están a punto de comenzar las obras de construcción de esas instalaciones. La compañía está inmersa en estos momentos en el FCAS, el futuro avión europeo de combate y también en varios proyectos de satélites europeos. La iniciativa, además de ser una noticia positiva para la industria vasca, tiene varios elementos destacables. De un lado supone un proyecto ambicioso en un sector de actividad de alta tecnología, con una incidencia directa en la contratación de profesionales de elevada cualificación. Además, con esta inversión Sener recuperará la actividad industrial en Euskadi, que abandonó en 2016 tras su salida del accionariado de la firma aeronáutica ITP. Desde entonces, su plantilla en el País Vasco ha estado centrada en proyectos de ingeniería, pero sin producción industrial. Aunque la actividad en el segmento aeroespacial tiene muchas décadas de antigüedad en el catálogo de actividades de Sener, la compañía dio un salto adicional en 2018 con la adquisición del grupo Tryo. Una empresa que tiene su sede en la localidad madrileña de Arganda y que está especializada en el diseño y fabricación de equipos de telecomunicaciones aeroespaciales. Recientemente, además, ha creado una nueva unidad en Santander para ampliar sus actividades en este campo.

La compañía aeronáutica alavesa Aernnova aspira a ampliar su división de ingeniería y en especial el centro que tiene para esta actividad en el Parque Tecnológico de Bizkaia. Así lo ha señalado la propia compañía en una comunicación a través de las redes sociales, en la que da cuenta de la ubicación de este departamento en un nuevo edificio del parque. En la actualidad en este centro trabajan 60 personas y la empresa ha indicado que las nuevas instalaciones les permitirán crecer en nuevos proyectos.

El superordenador cuántico de IBM estará en funcionamiento en Donostia en el último semestre de 2025. El edificio del centro cuántico Euskadi Quantum Computation Center, el Polo vasco Cuántico, que se está construyendo en el barrio donostiarra de Igara, se prevé terminar para el primer semestre de ese año, y la potente máquina –el sexto ordenador cuántico de IBM que existirá en el mundo y segundo en Europa– estaría instalada para el segundo semestre de 2025. Por lo tanto, el sueño estratégico de convertir a Donostia y Euskadi en una referencia mundial de la moderna computación cuántica está a dos años de ser una realidad completa. Este gran proyecto comportará una inversión global de las administraciones vascas de 120 millones de euros hasta 2028. Una estrategia que busca también situar a Euskadi como verdadera referencia del sur de Europa en la atracción y desarrollo del mejor talento científico. Los organismos integrantes del comité, entre ellos el consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, fueron los encargados de dar cuenta ayer de las novedades, y constatar la buena marcha de los objetivos del Polo vasco en Tecnologías Cuánticas. Bildarratz presidió en la capital guipuzcoana la reunión del Comité Estratégico de Basque Quantum, denominación del proyecto estratégico. También participó la representación de IBM, encabezada por algunos de sus responsables, como el vicepresidente para IBM-Quantum, Jay Gambetta; el director global de IBM Quantum, Mikel Díez; o el director global del programa de centros de innovación cuántica, Josselin Milloz. Junto a ellos se encontraban responsables de las tres diputaciones forales vascas, como la diputada de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos de Gipuzkoa, Ane Insausti. La máquina llegará (desde el punto de vista formal) a través de una licitación de Ikerbasque para la utilización de tecnología cuántica por un importe de 44 millones de euros. 

El Gobierno de España y los fondos acreedores que se han hecho con el control del Grupo Celsa preparan ya la escenificación del acuerdo que les permitirá cerrar la operación. Eso sí, dando entrada a un socio industrial como garantía. Es en ese movimiento donde el Gobierno vasco busca una oportunidad para una compañía de aquí. Según han confirmado fuentes del propio Ejecutivo, «creemos que hay oportunidades y trataremos de que sea un actor vasco». Para el Gabinete Urkullu, que sigue las operaciones en contacto con el Ministerio de Industria, es fundamental esa participación empresarial en el entramado de Celsa porque es la mejor garantía para la actividad. Además, recuerdan, estos fondos compradores de deuda no tienen vocación de permanencia y, en el momento de su salida, será clave la presencia de ese socio. Actualmente el fabricante de hierros corrugados, principalmente para la construcción, tiene tres plantas vascas: la de Nervacero, en Bizkaia, y otras dos en Álava, con un total de 400 empleados. Mientras tanto, el grupo de inversores liderado por Deutsche Bank, SVP y Cross Ocean se comprometió ayer a «preservar la españolidad» de la firma siderúrgica, reafirmando su voluntad de mantener la plantilla y, como novedad, aceptar la entrada de ese socio industrial español. Desde el Ministerio de Industria confirmaron a este medio que «estamos utilizando todos los instrumentos legales porque es imperativo que la empresa permanezca en nuestro país».

Las acciones de ACS retrocedieron ayer en Bolsa un 4%, al mismo tiempo que las del fabricante de trenes CAF cayeron otro 4,9%, un día después de que el Gobierno del Reino Unido decidiese cancelar el tramo de alta velocidad ferroviario proyectado para el centro y norte del país. En concreto, los títulos de la firma presidida por Florentino Pérez cerraron la jornada a un precio de 32,03 euros cada uno, al caer un 3,99%, y los de la empresa con sede en Beasáin (Gipuzkoa) a 27,3 euros, lo que supone una caída del 4,88%. En cualquier caso, ACS, que está presente en el proyecto británico a través de dos contratos, seguirá ejecutándolos con normalidad, ya que se desarrollan en la parte que no se ha cancelado –la que discurrirá entre Londres y Birmingham–. No obstante, se trata de un gran proyecto que había atraído la atención de todas las empresas españolas de infraestructuras, principalmente de ACS, puesto que es la más internacionalizada. En cualquier caso, los títulos de Ferrovial, también presente en el proyecto por medio de un contrato –aunque limitado al 15% de control sobre un consorcio–, solo cayeron en esta jornada un 0,07%. Por su parte, CAF se quedó fuera del proyecto de la alta velocidad británica, si bien el resto de tramos destapaban un alto potencial para la empresa. 

La obra faraónica que permitirá establecer una conexión eléctrica entre Francia y España a través de un cable submarino de más de 300 km por el Golfo de Bizkaia ya está en marcha. Este semana, en la localidad francesa de Seignosse, cerca de Capbreton, se han iniciado las primeras actuaciones tras el visto bueno del Ministerio de la Transición Ecológica de Francia. Y en España se espera dar a finales de mes este mismo paso una vez que, según han confirmado fuentes de Red Eléctrica, se ha obtenido ya la Declaración de Impacto Medioambiental. Las obras se prolongarán hasta 2027 y cuentan con un presupuesto de 2.850 millones que se repartirán España, con un 54%, y Francia con el 46% restante. Además, la Unión Europea aportará otros 800 millones. El cable unirá la localidad gala de Cubnezais con la vizcaína de Gatika y supondrá una serie de contrataciones para compañías vascas que ascenderán a 400 millones de euros. Esta infraestructura es clave para el sistema energético en España que, cuando las fuentes renovables no funcionan, encuentra en Francia un suministro eléctrico fundamental gracias a los reactores nucleares que funcionan allí. La conexión elevaría la potencia actual de envío de 1,7 GW hasta los 5 GW. Este punto de dependencia español es en el que se había apoyado el Gobierno galo para pedir una mayor financiación por parte del sistema ibérico.

Cada estudio, bien sea del Colegio de Registradores de la Propiedad, del Instituto Nacional de Estadística o de los portales inmobiliarios, se salda con un nuevo dato que evidencia el enfriamiento del sector de la vivienda. Ayer fue el Consejo General del Notariado el que constató con su estadística el enfriamiento que atraviesa el sector inmobiliario que, en Euskadi, vio cómo se desplomaban las compras de casas en agosto un 25,6%. Es la bajada más fuerte en lo que llevamos de año, solo por detrás de las registradas en julio (-28%) y en abril (-26%), y supone sumar doce meses con números negativos. Hasta agosto, en lo que llevamos de año, se han vendido 14.334 viviendas, un 19% menos que en el mismo periodo de 2022. A pesar del frenazo, el precio sigue resistiendo y no se muestra sensible al impacto del euríbor, que ha encarecido hasta en 300 euros el coste mensual de una hipoteca de 150.000 euros. Así, el coste de una casa en el País Vasco creció un 3,1% alcanzando los 2.643 euros el metro cuadrado de media. En el conjunto de España, los datos dibujan una línea similar, pero más suavizada tanto en el descenso de compras, como en la evolución del precio. La caída de las adquisiciones es ocho puntos más liviana y se queda en un 17,3%, mientras el coste solo sube un 1,8% dejando el metro cuadrado en los 1.526 euros. Por autonomías, la mayor caída en la venta se registró en Canarias con un descenso del 29,2%, seguida de Navarra (-28,1%) y dejando a Euskadi en tercer lugar.

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, lanzó ayer un reproche a EH Bildu, a la que acusó de no hacer ‘oposición política’ al lehendakari Iñigo Urkullu al primar una estrategia basada en la búsqueda de acuerdos y en la moderación. Desde su punto de vista, la izquierda independentista vasca no ejerce de ‘contrapoder’ porque no desea llevar a cabo esta función «de la que nosotros estamos muy orgullosos como «oposición social y sindical». El mensaje de Lakuntza, que no es del todo nuevo, revela la existencia de una falta de sintonía estratégica entre EH Bildu y ELA. Urkullu centró el pasado miércoles en el Encuentro celebrado en DV su denuncia frente a la apuesta sindical y política por alentar la conflictividad social este otoño para acentuar el desgaste político del PNV. Lakuntza, que en otras ocasiones ya ha criticado la estrategia pactista de EH Bildu en el Parlamento Foral de Navarra y en el Congreso, replicó también el discurso del lehendakari, «que sueña con un país sin oposición». El líder de ELA señaló que Urkullu busca eludir su propia responsabilidad, le reprochó que siga sin aclarar por qué no ha hecho frente al deterioro de los servicios públicos, en especial de Osakidetza, y por qué se niega a abrir un diálogo con los sindicatos. En una entrevista en Radio Euskadi, el líder de ELA también precisó que los propios informes del Gobierno Vasco reconocen ese deterioro de los servicios públicos y el aumento de la pobreza en Euskadi de 2,5 puntos en los últimos dos años. También censuró con dureza la falta de renovación de los convenios en el sector público en los últimos diez años y la elevada tasa de precariedad laboral en el mismo, que situó en 49% frente a la media del 20% en el ámbito privado.

La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, continúa poniendo encima de la mesa su lista de reclamaciones sociales y laborales para conceder el apoyo de sus diputados a Pedro Sánchez en la próxima sesión de investidura. En este caso, además de la tradicional reclamación de su grupo sobre una reducción de la jornada laboral, ha añadido una reflexión sobre la regulación del despido, que no llegó a entrar en la reforma laboral de la pasada legislatura “porque no estaba en el acuerdo de Gobierno”. Ahora, sin embargo, “ha llegado el momento de tocar el despido” y “de que trabajemos menos”. Díaz se pronunció de esta forma tras reunirse en Barcelona con representantes de sindicatos catalanes, ante quienes agradeció el “acompañamiento” de dichas organizaciones y de las patronales a la reforma laboral que fue aprobada a finales de 2021. También criticó la temporalidad en el sector público y reducirla lo considera como objetivo esencial en la próxima legislatura. La líder de Sumar subrayó que en la nueva legislatura el estatuto del becario “tendrá que ver la luz”, después de que el mismo fuera pactado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, sin CEOE, pese a que se demoró la negociación para tratar de que los empresarios pudieran también rubricar la normativa. Eso sí, el estatuto finalmente no fue al Consejo de Ministros por el adelanto electoral y por algunas diferencias en el seno de la coalición, según pudo saber Servimedia por fuentes gubernamentales.

El gobierno va a presentar hoy en Granada a los líderes de la Unión una propuesta de autonomía estratégica. Se trata de fortalecer la posición industrial de Europa y asegurarse la capacidad de producción propia de bienes esenciales tras todas las dificultades sufridas con la pandemia, la Guerra de Ucrania, los conflictos comerciales entre China y Estados Unidos y el plan Biden contra la inflación que entrega miles de millones a sus empresas. El objetivo es, por un lado, no quedarse atrás en parcelas que son juzgadas esenciales en el futuro como la energética, la tecnológica, la sanitaria o la agroalimentaria. Y por otro, mantener el liderazgo europeo del comercio mundial en un entorno en el que se están poniendo en duda las reglas de reciprocidad y en el que, cada vez más, abundan las fricciones comerciales. En este documento, el Gobierno español ha incluido un apartado en el que propone a Europa reforzar la limitación y el seguimiento de las entradas de capitales procedentes de países no afines en empresas, sectores e infraestructuras europeas consideradas estratégicas. Al hilo de esta propuesta es inevitable la conexión con el caso de Telefónica, donde el Gobierno valora la posibilidad de poner condiciones a la entrada de la saudí STC. 

Casi un año después de la aparición de ChatGPT y otras inteligencias artificiales generativas rivales, nadie duda del potencial de esta tecnología ni de los desafíos que plantea. Con este telón de fondo, 18 expertos de grandes corporaciones en España, entre ellas Ferrovial, Santander, Microsoft, Repsol, Orange, Antolin y El Corte Inglés, han puesto en marcha el primer think tank para analizar el impacto de la IA en las empresas. “El avance de la inteligencia artificial, en especial la IA generativa, es una revolución tecnológica similar al PC o a internet, y cambia la forma en que empresas y personas interactúan”, señaló Fernando Polo, presidente del Foro IA, nombre con el que ha sido bautizado el proyecto. Según explicó, el propósito del think tank es impulsar conocimiento y generar información de utilidad para los profesionales que tienen el reto de adoptar la IA en el entorno empresarial. En la iniciativa participan también directivos de Vodafone, Siemens, LG Electronics, Big Onion, Good Rebels, ISDI, Roche, Narrativa, Mutualidad de la Abogacía, Unibail Rodamco Westfield y VoiceMOD. Los impulsores de la iniciativa destacaron que los participantes provienen del sector industrial, tecnológico y de servicios, y que se irán sumando nuevos miembros en calidad de socios en las próximas semanas.

El programa Único Demanda Rural, que subvenciona con fondos europeos la conexión a Internet por satélite a hogares sin conexión de alta velocidad, cumple 100 días con una desigual implementación en el territorio. Mientras que Andalucía, Castilla y León y Comunidad Valenciana concentran la mitad de las altas en este servicio, otras regiones como País Vasco, Navarra, La Rioja y Cantabria no llegan a representar ni el 1%, según datos facilitados por Eurona, la compañía que ha gestionado el 90% de las contrataciones del servicio hasta ahora. En total, la empresa, especializada en la venta de servicios de conectividad por satélite, ha gestionado alrededor de 2.600 contratos hasta la fecha , una cifra que va en línea con las estimaciones que hacía la compañía antes de que la iniciativa entrara en vigor. «Habíamos previsto entre 800 y 1.000 altas al mes, así que estamos en línea», señala en declaraciones a este diario Fernando Ojeda, consejero delegado de Eurona, que también pone en valor que agosto es un mes con una actividad comercial menor, lo que influye a la baja en la cifra de altas hasta ahora. El directivo señala que algunas comunidades como el País Vasco cuentan con pocos hogares que no tengan acceso a conexiones a velocidad ultrarrápida, lo que hace que, pese a tener una elevada población, represente ese porcentaje ínfimo de las solicitudes totales (0,37%). Por el contrario, Andalucía totaliza prácticamente una de cada cinco solicitudes, mientras que Castilla y León llega al 14,53%, pero es una de las comunidades en las que Ojeda ve una mayor posibilidad de crecimiento de las contrataciones, ya que se trata de la región con más hogares sin una conexión de alta velocidad de España. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de las “actuales perspectivas anémicas de crecimiento mundial. En vísperas de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva estimó ayer en un discurso en Abiyán (Costa de Marfil) que los últimos golpes han restado 3,7 billones de dólares (3,5 millones de euros) al crecimiento mundial desde 2020. Y avisó que la recuperación, que sigue en marcha, está siendo “lenta y desigual”. “Las desigualdades dentro y entre países se han incrementado y estamos afrontando una crisis climática existencial”, dijo. La semana que viene el FMI plasmará en sus reuniones, este año en Marrakech, todas las preocupaciones sobre la situación económica global. No obstante, Georgieva adelantó ayer algunos mensajes. El principal, que el mundo todavía está en una fase de recuperación que cada vez se ralentiza más. Después del rebote que siguió al batacazo de la covid, la actividad ha vuelto a la atonía que viene padeciendo desde la crisis de 2008. “El crecimiento ha estado en una senda decreciente durante la última década”, dijo. El mundo, según Georgieva, se ha vuelto propenso a sufrir shocks. Y estos no afectan a todos por igual: EE UU exhibe fortaleza, India está en un buen momento, pero la mayoría de las economías avanzadas están desacelerándose y lidiando con un “crecimiento anémico” y China está por debajo de todas las expectativas. Además, la “fragmentación económica” amenaza con minar las perspectivas de crecimiento.

Las subidas de tipos de interés golpean ya con fuerza la economía global. La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha rebajado de forma drástica su previsión de crecimiento del comercio mundial del 1,7% al 0,8%. Esa tasa está muy por debajo del 3% registrado el año pasado. El organismo con sede en Ginebra atribuye esa caída a varios factores, pero destaca entre ellos que las subidas de los tipos de interés se están dejando notar de forma notable en el sector manufacturero de Estados Unidos y la Unión Europea, a la vez que la inflación sigue incrustada en las principales economías y las esperanzas de una fuerte recuperación en China se están desvaneciendo por las tensiones en los mercados inmobiliarios. Para el año que viene, la institución pronostica un avance de los intercambios del 3,3%. La OMC lleva meses advirtiendo sobre el frenazo en el comercio global, pero sus cálculos apuntan a un deterioro cada vez más fuerte. A pesar de que las principales economías —con excepciones como Alemania— han ido sorteando la recesión, el comercio global se ha resentido por la fuerte ralentización ya en el primer semestre del año. Y ese retroceso ha sido muy amplio, afectando a un gran número de países y de bienes, desde productos manufactureros hasta textiles. “La desaceleración del comercio prevista para 2023 es preocupante, ya que tiene efectos desfavorables para el nivel de vida de la población de todo el mundo”, afirmó la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

Una de las cuestiones más difíciles de explicar en los mercados es por qué suben o bajan los precios, especialmente cuando pocos días antes se trataba de explicar por qué hacían lo contrario. Y más cuando los analistas apostaban por que mantendrían la tendencia y cuando no ha habido ningún cambio sustancial, por el momento, en las condiciones de la oferta ni de la demanda, que justifique el cambio. Eso es lo que puede suceder en el caso del petróleo que, después de subir un 35% entre junio y septiembre, hasta tocar los 97,7 dólares, cuando la mayor parte de los expertos daban por hecho que seguiría escalando por encima del triple dígito, se ha dado la vuelta, retrocediendo catorce dólares en apenas una semana. Y las razones radican precisamente en que los grandes productores, que son quienes habían estado detrás de la subida, han dado señales de que quizá el alza había ido demasiado lejos para lo que podía soportar la economía global, por lo que estarían dispuestos a abrir el grifo del petróleo, lo que a su vez ha espantado en tromba a muchos inversores que habían acudido al calor de lo que presuponían unas ganancias casi seguras. El precio del barril de Brent, de referencia en Europa, había subido en los últimos tres meses impulsado principalmente por el recorte de la producción. Sin embargo, la situación ha dado un vuelco en la última semana, cuando el petróleo ha caído en cierta medida víctima del éxito de la estrategia de los grandes exportadores.La subida de los precios del crudo durante el verano ha sido un elemento más que ha agravado la desaceleración de la economía global y ha dado un impulso añadido a la inflación, lo que ha impedido a los grandes bancos centrales soltar el pedal de las subidas de los tipos de interés, provocando un impacto añadido sobre la demanda interna. Y este frenazo se ha hecho patente de numerosas formas, como es el caso de la muy probable contracción económica de la eurozona en el tercer trimestre. 

Es la crónica de una debacle anunciada. Los argentinos saben que el cierre de 2023, además de la elección del presidente por los próximos cuatro años, incluye la debacle económica. De una u otra manera, la inflación se disparará a niveles mucho más estratosféricos aún y la crisis ganará en virulencia. Una de las batallas hoy pasa por ver quién carga con el hundimiento previsto: si el gobierno peronista actual o el entrante. ¿Sucederá antes o después del 10 de diciembre? Sergio Massa, el ministro de Economía que es el candidato a presidente, ha rebajado en las últimas semanas impuestos en forma masiva y creado un subsidio para los trabajadores informales, los del amplio mundo que cobran «en negro». Pero la debacle ya ha comenzado a cámara lenta, y afecta a los argentinos en muchos órdenes. Uno de ellos es la medicina. «Si no se soluciona la semana próxima habrá consecuencias graves», ha escrito estos días en redes sociales Óscar Mendiz, director de la Fundación Favaloro, el centro de cardiología de referencia en el país. Las draconianas restricciones a las importaciones en un país con reservas negativas en el Banco Central están impidiendo el ingreso de insumos médicos, entre ellos los medios de contraste para realizar cateterismos o angioplastias. Faltan también stents y filtros para hacer diálisis. El próximo presidente será el ultraliberal Javier Milei, la social-liberal Patricia Bullrich o el peronista Massa. Cuando se habla en confianza con asesores de los tres, el panorama es dantesco: no es sólo que nadie se atreva a descartar un fogonazo hiperinflacionario como los de 1989 y 1991, sino que unos cuantos la ven como el camino para comenzar a reconstruir la economía, aun conscientes de las tremendas consecuencias sociales que generaría. Otros temen una confiscación de depósitos, a la que ya se apeló en los 90 y en 2001.

El muro con México, una de las obras más polémicas de Donald Trump, ha ganado nueva vida en la era de Joe Biden. El Departamento de Seguridad Interior informó este miércoles de que el Ejecutivo ha derogado 26 leyes federales en el sur de Texas. Esto permite a Washington construir hasta 32 kilómetros de valla en la región, que se ha visto sobrepasada en las últimas semanas ante el incremento del flujo migratorio. Es la primera vez que el Gobierno demócrata otorga estos permisos, que llegan en un apremiante momento para el presidente, criticado cada vez en más frentes por su gestión de la frontera. La decisión coincide, además, con la visita a México del secretario de Estado, Antony Blinken. El Departamento de Seguridad Interior dio a conocer la decisión del Ejecutivo en su diario oficial. Lo hizo admitiendo los tensos momentos que viven varias comunidades fronterizas de Texas, que han visto el mayor incremento en los cruces ilegales en tres años. “Hay en el presente una necesidad inmediata de construir barreras físicas y caminos en las inmediaciones a la frontera con Estados Unidos para prevenir entradas ilegales”, señala el secretario de Interior, Alejandro Mayorkas, en el documento.

El jefe del Ejecutivo en funciones no ofreció ayer la rueda de prensa prevista junto al primer ministro Rishi Sunak y la presidenta moldava Maia Sandu, según fuentes de la Moncloa, porque el británico no podía participar en ella por problemas de agenda. Sin embargo, a su llegada a la reunión, tras presumir del «peso específico de España» y apelar al Mundial de fútbol de 2030 como «reconocimiento a cómo se están haciendo las cosas en nuestro país» y citar su encuentro con el presidente de Ucrania, sí aceptó y respondió preguntas relativas al ámbito interno. Las respuestas sirvieron para confirmar por primera vez que la amnistía forma parte de las negociaciones de los socialistas con el independentismo para la investidura, pero también que nada está aún cerrado. «Estamos negociando y, cuando tengamos una posición concreta al respecto, después de reunirme con todos los grupos parlamentarios, la fijaremos», dijo. Aun así, añadió: «Cuando el Gobierno de España aprobó los indultos yo tenía confianza en que contribuyera a la estabilidad y a la normalización política en Cataluña. Hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión y que, por tanto, obedeció a un interés general que es el interés por el que debemos, de alguna manera, velar no solo aquellos que tenemos el honor de liderar el país desde el poder ejecutivo sino también todas las fuerzas parlamentarias». Ni Sánchez ni ningún miembro de su equipo ha pronunciado directamente hasta la fecha la palabra amnistía, a pesar de haber dado a entender una y otra vez que están dispuestos a aceptarla. La ambigüedad les permite, por un lado, no pillarse los dedos con los independentistas y, por otro, garantizarse una vía de escape en caso de que las conversaciones, fundamentalmente con Carles Puigdemont y Junts, fracasen.