20231106

Entrevista con Aitor Urzelai, director de la SPRI. "El termómetro que utilizamos en Spri, es el observatorio de coyuntura industrial, que pone el foco en los 16 clústeres industriales de Euskadi. Es una herramienta con la que tomamos periódicamente el pulso de nuestra industria. Medimos cinco parámetros: cartera de pedidos, facturación, exportaciones, nivel de empleo y actividad en I+D+i. En la última medición, en general, predominaba el optimismo. En unos clústeres más, en otros menos. Siempre dentro de la preocupación de estar viviendo en un clima de incertidumbre. Las exportaciones están empezando a resentirse, pero en cuanto a los datos del PIB, la perspectiva de 2023 es positiva. La actividad industrial se mantiene bien y los niveles de empleo se mantienen de una forma interesante. Como resumen, con lo que hemos pasado, pandemia, guerras, dificultades de cadenas de suministro, inflación, tipos de interés, etc., la industria vasca está demostrando solidez y resiliencia...Para atraer talento, estamos explorando diferentes mercados. Países con un desarrollo económico, industrial y tecnológico avanzado, de tal manera que el talento que podamos incorporar esté curtido. Pero también hay otros criterios, el mismo idioma, por ejemplo, y Latinoamérica es un caladero interesante. Y luego también los estándares de vida. Pero más allá de los países que tengamos identificados, la primera premisa es que seamos capaces de ofrecer proyectos para las personas más allá de idioma, sueldo o estándares de vida...Cuando hablamos de talento hablamos de varias cuestiones; también de generación de talento. Y aquí hablamos sobre todo del sistema educativo y de generar vocaciones. Tenemos un sistema educativo avanzado. En primer lugar, desde el punto de vista de la Universidad, cada vez más alineada con las necesidades de las empresas. Cada vez ofrece formatos más duales. Y luego está el mundo de la FP, que en Euskadi funciona muy bien, es muy flexible, alineado con las necesidades de las empresas y ofrece unas tasas de empleabilidad muy elevadas. Necesitamos que cada vez más personas, chicos y, sobre todo, más chicas, vayan por ramas que sean necesarias por parte de las empresas. Más que de retener talento, me gusta hablar de fidelizarlo". 

 La reunión más importante de pequeñas y mediadas empresas a nivel europeo se celebrará la próxima semana en el Bilbao Exhibition Center. La SME Assembly, el encuentro anual de las pyme europeas, coincidirá además por primera vez con la conferencia Europe Enterprise Network-EEN la red de apoyo de la Comisión Europea a este tipo de compañías. De modo que Euskadi será entre el 15 y 17 noviembre un escaparate de los avances del tejido productivo del viejo continente y las empresas vascas tendrán una plataforma de primer nivel para mostrar sus movimientos en el campo de la innovación y desarrollo tecnológico y, al mismo tiempo, conocer qué está haciendo en otros países. Antes, el lunes 13 y el martes 14, la industria vasca más volcada en la I+D+i coincidirá en el Basque Open Industry (BOI), el encuentro de Spri en el que las empresas comparten experiencias y conocen las últimas novedades en sus nichos de negocio. En esta ocasión, bajo el lema 'Let’s meet in Inovation Land', las más de 1.400 compañías inscritas podrán conocer las tendencias en materias como talento, internacionalización y las transiciones digital, energética y ambiental, los ejes actuales del desarrollo empresarial. Serán cinco días de intensa actividad en el recinto ferial de Barakaldo, de forma presencial y online, dentro de la Semana Europea de la Pyme.  

El presidente de la Cámara de Comercio, José Ignacio Zadaire, es rotundo al hablar del impuesto a las energéticas: «para que la economía crezca hay que hacer atractivo el territorio». Fue nombrado presidente hace ahora un año y acaba de presentar el plan estratégico de la Cámara de Comercio de Bilbao. Una entidad de derecho público pero gestión privada, a la que quiere devolver el protagonismo perdido en las dos últimas décadas. Influir, ofrecer servicios a empresas y autónomos, contribuir a la formación y liderar proyectos vanguardistas son los pilares sobre los que se ha propuesto trabajar. José Ignacio Zudaire sabe que la misión de la Cámara es contribuir al «interés general» y desde esa óptica no rehúye mostrar sus opiniones sobre lo que ha sucedido en torno a la empresa de la que es alto directivo y consejero, Petronor. El anuncio realizado por el grupo Repsol y respaldado por el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, advirtiendo sobre la paralización de inversiones si se perpetúa el impuesto especial a las empresas energéticas es, apunta, «algo sobre lo que hay que reflexionar porque lo fundamental para que la economía crezca es hacer atractivo el territorio». "Hacer atractivo un territorio también es darle seguridad jurídica. Tenemos, asimismo, un entramado industrial muy potente y una red de proveedores. Tenemos una herramienta que es el Concierto Económico que se debe usar de forma inteligente, selectiva, para incentivar la inversión y el desarrollo tecnológico. No estamos mal en materia de conocimiento, de universidades, centros de formación y tampoco estamos mal en centros tecnológicos. Tampoco estamos ya tan mal en innovación y productividad.– ¿Y en el lado negativo?– La conectividad. No estamos bien conectados. Ahí el desarrollo de la infraestructura ferroviaria es clave. Es un debe que arrastramos desde hace 30 años. Hay que avanzar en el mundo de los servicios avanzados. Nos faltan más colegios internacionales para atraer más gente de fuera. Y luego hay un tema que me parece capital y es el de los valores como sociedad. Aquí algo nos está fallando. Tampoco estamos bien en el asunto de la fuga de centros de decisión...Ahora vivimos con demasiada conflictividad, demasiada crispación, quizá demasiadas posiciones egoístas.– ¿Se refiere a la conflictividad laboral?– No solo, social en general. Hemos pasado de tener una autoestima alta, de pensar que aquí hacemos las cosas muy bien, a criticarlo todo y a ponernos pesimistas. Eso tampoco contribuye al atractivo del territorio..."

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Continuación de la entrevista con Jose Ignacio Zudaire. "La Cámara ha decidido que queremos influir para tener un territorio atractivo, apoyar las cosas que suman y desechar las que no suman. Le insisto, ahora ya en el terreno de lo concreto, que la falta de estabilidad regulatoria genera mucha incertidumbre en inversiones que son de muy largo plazo. La Cámara asume que los territorios compiten y si a las incertidumbres normales de cualquier actividad le sumas el riesgo regulatorio no sumas, restas...Es simple. Si en otros territorios hay unas reglas de juego distintas para hacer lo mismo, parece muy difícil justificar que una empresa invierta donde hay más riesgos objetivos. Insisto, las inversiones tienen que tener dos riesgos, el tecnológico y el de mercado, pero no otros adicionales...No es un enfrentamiento ni una amenaza. ¿Acaso las empresas o las cámaras de comercio tenemos que estar callados cuando algo no nos parece correcto o estamos convencidos de que tendrá consecuencias negativas para el interés general? Yo creo que no. No son amenazas, es el deseo legítimo de exponer las cosas con claridad, advertir de las consecuencias que tienen y tratar de que no pasen. Me gusta construir, no destruir. El debate va de decidir cuál es la mejor estrategia fiscal para incentivar la inversión y también la generación de empleo...Lo más honesto es decir lo que piensas en vez de desinvertir en silencio. Es más honesto decirlo, porque también podíamos tomar decisiones, no hacerlas públicas y pasados unos años anunciar que cierras y sorprender a todo el mundo. Es más cómodo estar callado, pero si estuviésemos callados, y me refiero a la Cámara de Comercio, no seríamos un instrumento útil..." 

«Está sobre la mesa». El impuesto a banca y energéticas se ha convertido en una línea roja para el PNV en sus negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Fuentes parlamentarias aseguran con contundencia que el plan de PSOE y Sumar de perpetuar este tributo –que nació con carácter temporal– empuja a la formación vasca a recuperar para la Hacienda autonómica la recaudación del gravamen, una concesión que permitiría al PNV introducir cambios en su diseño que aliviarían el impacto para gigantes como Repsol o Iberdrola, fuertemente ligados al territorio vasco. El Gobierno aprobó el golpe fiscal no como un impuesto, sino como una prestación patrimonial no tributaria. Con esta figura, logró evitar que las empresas afectadas lo recurrieran por doble imposición y, además, dejó la medida fuera del perímetro de ejecución de las Haciendas vascas y navarra. En su momento, el PNV criticó esta anomalía, pero, al tratarse de una medida temporal, la sangre no llegó al río. Ahora que PSOE y Sumar tratan de revalidar el Gobierno de coalición y extender ad aeternum el gravamen, la formación que dirige Andoni Ortuzar ha puesto pie en pared. «Es la primera vez en la historia que un impuesto no lo recaudan las Haciendas vascas porque, aunque no lo llamen impuesto, lo es y es una prioridad resolver esta situación que choca con el Concierto Económico vasco», inciden desde el PNV. La inquietud interna por el efecto negativo del gravamen en las inversiones es palpable y las fuentes ya apuntan a su «reformulación»: «Siempre estuvimos de acuerdo en el fondo, pero no en la forma».

Siemens Gamesa (SG) afronta un mes clave para su futuro con miles de empleos en peligro en España. En primer lugar, su accionista al 100% Siemens Energy (SE) presentará el próximo día 15 y a primera hora de la mañana los resultados de 2023 (cierra el ejercicio al 30 de septiembre). El balance consolidado se verá afectado por las pérdidas de su filial eólica, por lo que SE podría contabilizar unos números rojos superiores a los 4.500 millones de euros. Una cifra barajada por los analistas en varias ocasiones en los últimos días y que no ha sido desmentida desde el grupo alemán. Tras la comunicación a Bolsa, Christian Bruch y Maria Ferraro, director general y directora financiera de SE, respectivamente, explicarán las cifras a los medios de comunicación en el centro Gaszählerwerksttatt de Múnich. El grupo ha optado por este edificio y no por su sede corporativa en Múnich para destacar que la eólica no es su único negocio. La cita pública será en un antiguo taller de contadores de gas. Esta materia prima y la producción de bienes de equipo para el sector eléctrico, además de los servicios anexos, aportan la mayoría de los ingresos SG y son divisiones rentables, pero insuficientes para contrarrestar las pérdidas del SG. Los sindicatos aguardan con más expectación otra cita de este mes. La del día 21, cuando los responsables de SE tendrán un encuentro con los analistas. Aquí podrían producirse novedades en relación con más destrucción de empleo y cierre de plantas. El plan Mistral que puso en marcha Jochen Eickholt, consejero delegado de SG, supuso una reconversión de la empresa eólica con 2.900 despidos, 352 de ellos en España, que parece que no ha sido suficiente.

Adituen arabera, gaur arte eman diren gudek ez dituzte akzioak epe luzera kaltetu. Hemendik aurrera emango direnetan zalantzak daude. Gerra eztandak edo aurreikuspenak akzioak saltzea eragin dezakete eta, era berean, inbestitzaileen ustez seguruagoak diren aktiboetara inbertsioak bideratu. Hala ere, nahiz eta hasieran erreakzio negatibo hori izan epe luzera egoera horri aurre egiteko gaitasuna erakutsi dute merkatuek. Israel eta Palestinaren arteko auzian ere. Gehiago ikusi hemen. 

La mayoría de los autónomos guipuzcoanos podrán dejar de declarar el IVA en 2025 una vez que el Gobierno central implemente una directiva europea que permite a los trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos son inferiores a los 85.000 euros anuales evitar dicho trámite ante Hacienda. En Gipuzkoa afectará a tres de cada cuatro autónomos, lo que supone 49.000 de los 65.356 que hay en la actualidad, según indican desde UPTA-Euskadi, principal asociación vasca de trabajadores por cuenta propia. En Euskadi, quedarán exentos 122.000 de los 163.477 emprendedores que hay a cierre de octubre. La directiva europea entró en vigor en febrero de 2020 y establecía el 1 de enero de 2025 como fecha límite para su transposición a las normativas de cada estado. España, como otros muchos países está apurando los plazos y aunque la Agencia Tributaria trabaja ya para implementar la directiva europea en colaboración con distintas patronales del sector, todo apunta a que la medida no se pondrá en marcha antes de dicha fecha. La responsable de UPTA Euskadi, Silvia Martínez, explica que «todavía no nos hemos sentado a hablar de este tema». Es más, indica que aún no se ha convocado oficialmente la Mesa en la que se abordará esta cuestión a nivel estatal. ¿Pero qué es lo que establece la normativa europea? La nueva directiva pretende ser un balón de oxígeno para los autónomos, ya que les permitirá elegir –siempre a aquellos con ingresos inferiores a 85.000 euros– entre mantener el régimen del IVA actual o acogerse al régimen especial de franquicia, en el que no tienen que incluir este tributo en las facturas emitidas ni tampoco declararlo.

La imparable escalada del precio del aceite de oliva ha impactado de lleno en las conserveras de todo el Cantábrico, desde Galicia hasta Euskadi, hasta ponerlas en serios apuros al ser las empresas que más lo necesitan para elaborar y cubrir sus productos de anchoa, atún y bonito del norte. Y en la actualidad, prácticamente, el conocido, más que nunca, como ‘oro líquido’, se ha convertido en lo más caro de una lata de pescado, muy por encima de las capturas de los marineros. En marzo del año pasado, pagaban el kilo (que es como se mide) a 1,86 euros. Ahora a 4,15, lo que supone un aumento del 123%. Y como consecuencia, aunque tratan de retrasar lo máximo posible que el incremento en los costes de producción recaiga en el consumidor, alertan de que la subida del precio de las conservas resulta irremediable. «Como el coste del aceite varía durante el año, sirva como referente que desde el 2021 se ha triplicado», detalla Ignacio Serrats, director general de Conservas Serrats, establecido industrialmente en Bermeo desde el siglo XIX. Para el sector, la situación es muy complicada, casi insostenible. «Las empresas vascas, que producimos conservas de calidad, tenemos unos márgenes ajustados y si no trasladas la subida vas a pérdidas», reconoció. Para la asociación de fabricantes de Cantabria, (Consesa), tampoco queda otra opción. «El aumento empezará a repercutir en los clientes en breve cuando se renueven los contratos con los distribuidores», señalaron. «No tenemos más remedio, porque en caso contrario, entraremos en pérdidas», asegura su presidente, José Luis Ortiz. «Estamos sufriendo desde hace tiempo, porque entre la guerra de Ucrania, la subida de la luz, los envases y ahora el aceite, nos dan por todos los lados», señalaron desde una de la firmas más conocidas de elaboración artesanal asentada en la costa vizcaína. A ello se sumó que en 2022 tuvieron que lidiar con un bajonazo del 10% en el consumo de sus artículos.

“No vemos mucha presión de los particulares”, reconoció Héctor Grisi, consejero delegado de Santander, en su última conferencia con analistas sobre resultados. No se trata de una opinión aislada, sino compartida por un sector que se resiste a entrar en la guerra por el pasivo para tratar de ensanchar más sus márgenes (todos, excepto Unicaja, superaron hasta septiembre el 10% de rentabilidad sobre capital tangible). “Para el segmento masivo, básicamente no pagamos”, reconoció el martes ante los analistas Onur Genç, consejero delegado de BBVA. Así, la banca pretende sacar el máximo jugo ahora que navega con el viento a favor. Una inyección que se alargará hasta mediados de 2024, ya que queda una parte de la cartera de préstamos por repreciar. Es decir, los ingresos crecerán, y lo harán en principio por encima del encarecimiento del pasivo. “Todavía no hay interés en una remuneración importante de los depósitos”, añadió Jacobo Díaz, director financiero de Bankinter, a los analistas. Por el lado del activo, el Banco de España confirma esta previsión de más ingresos: “Se estima que algo menos de un tercio de las hipotecas a tipo variable tendrán una revisión de 100 puntos básicos o más en su tipo de interés entre junio de 2023 y junio de 2024”, recoge en el último Informe de estabilidad financiera. Con estos ingredientes se explica que el sector prevea que los beneficios sigan creciendo en los próximos meses. 

El comercio minorista lidera la creación de empleo en los últimos doce meses, sumando 152.100 puestos de trabajo respecto al tercer trimestre de 2022 (113.600 de ellos solo entre julio y septiembre). Este avance se debe fundamentalmente a que el consumo privado apenas se ha resentido por la escalada de precios de los últimos años, en buena medida por la creación de empleo, pero también porque los salarios en convenio han ganado algo de poder adquisitivo en estos meses y, en última instancia, porque muchos españoles han tirado de sus ahorros para mantener su nivel de vida. Y a todo esto hay que añadir que el regreso del turismo extranjero en el último año también ha dado un cierto empujón a las ventas de ropa o comida, entre otros. En paralelo al comercio minorista, también la venta de automóviles y el comercio mayorista suman 11.900 y 1.500 nuevos ocupados el último año, respectivamente. Otro sector que se ha beneficiado de la vuelta del turismo internacional y los hábitos previos a la pandemia es la hostelería. Así, los servicios de comidas y bebidas suman 99.500 nuevos ocupados en el último año, quedando en segunda posición en el ránking total, y los servicios de alojamiento crean otros 34.600 puestos de trabajo. Al crecimiento de la hostelería y del comercio hay que sumar también el de otros sectores muy vinculados a ambos, como es el caso del transporte, cuya actividad depende también en buena medida de las ventas minoristas y del turismo. De hecho, el transporte tiene todas sus ramas en positivo: desde el transporte terrestre y por tubería (56.900 ocupados más) y el almacenamiento (23.300) a otras ramas con un menor incremento de plantillas, como es el caso del transporte aéreo (7.600), el marítimo y fluvial (4.500) o las actividades postales (2.400). En tercer lugar, el empleo doméstico vuelve a remontar el vuelo después de varios años en contracción en los que había perdido casi la mitad de sus trabajadores, sumando 64.100 puestos de trabajo, un incremento del 12,6%. Y no es la única rama de los servicios personales en positivo, ya que también han crecido con cierta intensidad las actividades inmobiliarias (23.200 ocupados más), los servicios a edificios y actividades de jardinería (21.300), las actividades de alquiler (8.700), las veterinarias (7.500) y las actividades de creación artísticas y espectáculos (6.700). Sin embargo, hay todavía más ramas del sector servicios orientadas a la empresa al alza, como son los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería (55.400 empleos más), otras actividades profesionales, científicas y técnicas (25.600), las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión (11.500), las actividades auxiliares a los servicios financieros y seguros, las actividades administrativas y de oficina (8.100 en ambos casos), y las relacionadas con el empleo (6.500) o la investigación y el desarrollo (5.900).

El mercado de las telecomunicaciones lleva muy tensionado en España algunos años y las operaciones de los últimos meses –desde la agresiva entrada de Digi en España, pasando por la inminente fusión de Orange y MásMóvil y la reciente venta de Vodafone al fondo británico Zegona– no harán más que empeorar la situación. Por un lado, el negocio de internet para empresas y hogares, del que nuestro país puede presumir de ser uno donde la fibra está más extendida gracias a las inversiones de los últimos años. Por otro, la red de telefonía e internet móvil, donde desde hace quince años las empresas tienen menos margen por la alta competencia tras la llegada de operadores ‘low cost’ y la baja fidelidad de los clientes. «La única forma de conseguir clientes hoy en día es tirar los precios», reconocen fuentes del sector a este periódico. La entrada de MásMóvil en el mercado de las telecomunicaciones móviles en España con precios bajos hizo que el mercado comenzara a competir de esta forma y las grandes marcas se desmembraron en decenas de ellas derivando en una intensa guerra de precios que dura hasta hoy. Y aunque el melón lo abrió MásMóvil, ahora Digi ha tomado el testigo. Esta empresa rumana cuenta ya con una cartera de más de 4 millones de clientes móviles en España tras haberse disparado las portabilidades gracias a sus atractivos precios. Y la situación se puede complicar aún más. «Lamentablemente esta es la baza comercial de los últimos quince años. A corto plazo soy pesimista con el mercado porque Digi es un jugador con una política de ultra bajo coste y Vodafone será ahora más agresivo en precios para ganar clientes», explica Diego Cabezudo, ingeniero de Telecomunicaciones y fundador de Gigas, una tecnológica de servicios ‘cloud’ que hace tres años adquirió al operador portugués ONI.

El acuerdo firmado hace dos semanas por PSOE y Sumar para dar continuidad al Gobierno de coalición promete una reforma fiscal que “asegurará que se alcanza el 15% efectivo de tributación sobre el resultado contable de las grandes empresas en el impuesto de sociedades en los términos acordados a nivel global y en la UE”, según el documento. Con esta medida, aseguró en su momento la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, Hacienda podrá recaudar 10.000 millones de euros adicionales de las grandes multinacionales, una elevada cantidad cuya consecución, sin embargo, descartan de lleno en el departamento que dirige en funciones María Jesús Montero. Los inspectores y técnicos de Hacienda, los altos funcionarios que controlan y gestionan las obligaciones tributarias de las grandes empresas, niegan rotundamente que se pueda lograr un volumen tan alto de ingresos con la medida, por mucho que se busque incidir en los beneficios reales de las empresas. Da la sensación, explica Francisco de la Torre, inspector y autor del libro Y esto, ¿quién lo paga? (Debate, 2023), que para llegar a esta cifra se ha aplicado un tipo del 15% al resultado contable de los grandes grupos y se ha restado la recaudación actual. Una fórmula como mínimo “poco ortodoxa”, añaden varios de los asistentes al último Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado hace unos días en Burgos.

La pandemia del Covid, la tensión entre Estados Unidos y China, la invasión rusa de Ucrania y el nuevo entorno de altos tipos de interés ha situado a muchas compañías europeas en una posición de vulnerabilidad ante la que los gobiernos están tomando medidas intervencionistas cada vez de mayor calado para sostener sus negocios y evitar que sean adquiridas por inversores no deseados. En la primera fase de los confinamientos por el coronavirus, varios estados de la UE, entre ellos el español, reforzaron sus mecanismos de control de las empresas y activos estratégicos, para vigilar potenciales compras hostiles. Pero estos blindajes no han disuadido del todo la llegada de accionistas deseosos de tener influencia en sectores como la energía, las telecomunicaciones, la tecnología o las infraestructuras. Ejemplo de ello ha sido la aparición por sorpresa de Saudi Telecom Company (STC) en el capital de Telefónica, la oferta de KKR por la red de Telecom Italia o el interés del empresario checo Daniel Kretinsky por adquirir activos de la firma gala Atos. En paralelo, la subida de los costes de financiación y las dificultades en las cadenas de suministro globales han creado problemas de viabilidad a gigantes industriales como Siemens Energy, propietario de Gamesa. Todo ello explica la decisión de varios gobiernos de intervenir de forma directa a través del mercado, no solo con la legislación, en varias empresas estratégicas. En España, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) ha admitido que estudia la posibilidad de tomar una participación significativa en el capital de Telefónica. Se trataría de un intento por compensar la irrupción de STC en la operadora, que en septiembre anunció la compra de un 4,9% y la firma de una opción para adquirir otro 5%.

El futuro Ejecutivo de Pedro Sánchez pedirá a Bruselas la prórroga de la excepción ibérica más allá del 31 de diciembre, según fuentes consultadas por este diario. Antes, sin embargo, el Consejo Europeo tendrá que dar su visto bueno —previsiblemente, a finales de ese mes y previo análisis de la Comisión— a la prolongación del marco de medidas de emergencia a raíz de la invasión rusa de Ucrania, en el que se incluye esta medida extraordinaria. Algo que España, que apura los últimos compases de la presidencia rotatoria, apoya con rotundidad. El mecanismo ibérico, también conocido como tope al gas, lleva inactivo desde finales de febrero por una doble combinación de factores: la fuerte bajada del precio de este combustible en el mercado mayorista y, más recientemente, la paulatina subida del umbral de precios del gas a partir del cual entra en vigor. Las autoridades españolas, sin embargo, no quieren renunciar a una herramienta que creen que podría ser muy útil si la cotización vuelve a escalar, en especial tras el nerviosismo desatado por la guerra entre Israel y Hamás. Una posibilidad que no es ni mucho menos segura, pero que, con dos conflictos bélicos abiertos a las puertas de la UE y una creciente dependencia del GNL (el gas que viaja por barco y cuyo comportamiento es mucho más volátil), tampoco nadie se atreve a descartar.

La educación superior es un negocio estable —en las crisis, la población invierte en formarse—, así que la fiebre de abrir universidades continúa, pese al decreto de creación y reconocimiento de centros de 2021 que obliga a las instituciones a cumplir unos requisitos de calidad. En ese escenario, los empresarios y los fondos de inversión prueban suerte en las autonomías por la derecha, más proclives a extender las privadas, según los datos recabados por este diario. Al menos hay nueve proyectos con distinto grado de maduración: dos en Madrid, dos en Andalucía, uno en Baleares, uno en Canarias, dos en Extremadura y otro en Galicia. En 1998 se fundó la última universidad pública en España, la Politécnica de Cartagena, y son 50. A este ritmo de inauguraciones, pronto las privadas —que forman al 20,5% de los alumnos de grado, cuando en 2015 eran el 13,5%— empatarán. Ese 1998 eran 13 centros privados y, ahora, 43. Los gobiernos autonómicos son los que pueden abrir y clausurar una universidad, mientras que el Ministerio de Universidades emite un informe (obligatorio, pero no vinculante) sobre su calidad y, a través de la agencia de evaluación ANECA, autoriza los estudios. Alguna institución privada ya en funcionamiento podría cerrar si en cinco años no cumple el decreto que diseñó Manuel Castells. “El decreto intenta poner un poco de orden en un sistema que tenía el peligro de que le llamásemos universidad a cualquier cosa. Las universidades tienen que cumplir unas condiciones determinadas, también las públicas, con altos porcentajes de precariedad: un porcentaje dedicado a la investigación (5%), número de doctores... Los chiringuitos son ahora más difíciles de hacer”, pronosticó el ministro en funciones, Joan Subirats, en una entrevista en este periódico. Si la Administración fuerza al empresario a que la mitad de tus alumnos sean de grado (para que no se centre en cursos de reciclaje profesional), a ofertar estudios en tres de las cinco áreas de conocimiento o a montar escuelas de doctorado, de entrada, no parece un negocio tan boyante, pero se mueven tantos millones que el interés no decae.

«Cuando las cosas están cerca, calma». Con esta expresión definió ayer el eurodiputado y mano derecha de Puigdemont, Toni Comín, los contactos para cerrar el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez, a cambio de una ley de amnistía que exculpará, entre otros, a colaboradores del expresident durante el 1-O. El Gobierno en funciones quiere cerrar el pacto cuanto antes ante el hervidero de críticas. El líder del PP, por su parte, animó ayer a los críticos del PSOE a rebelarse contra el perdón a los independentistas. El acelerón hace una semana de las negociaciones para la investidura, con la foto del ‘número tres’ del PSOE, Santos Cerdán, con Carles Puigdemont en Bruselas rehabilitando políticamente al expresident fugado desde hace seis años, disparó las expectativas de una investidura exprés. El enfriamiento por el que optaron Puigdemont y los suyos tras la alharaca con la que ERC escenificó su alianza con los socialistas, atribuyéndose la inclusión en la amnistía de los CDR y de Tsunami Democràtic y la condonación de 15.000 millones de la deuda de Cataluña, evidencia que la imagen de Cerdán con Puigdemont no imprimió el lacre al acuerdo sino que representó un peaje. Con las conversaciones reactivadas y el Gobierno en «modo cerrojazo» informativo, en gráfica expresión de un ministro, la investidura sigue siendo posible esta semana. Pero el reloj corre y el ‘no’ al pacto con epicentro en la amnistía suena ya tan estruendoso que apremia a Pedro Sánchez a sellarlo cuanto antes para tratar de minimizar los daños.