20231222

La Diputación de Bizkaia valoró ayer de forma muy positiva los efectos que han tenido las «reformas fiscales» que se abordaron en 2014 en el Impuesto de Sociedades y en 2018 en el Impuesto sobre la Renta. En opinión del Ejecutivo foral vizcaíno, según lo ha expresado la diputada de Hacienda, Itxaso Berrojalbiz, en la tributación personal se ha conseguido un aumento de la presión fiscal y un esquema «más justo, progresivo y eficiente». En la vertiente empresarial, indicó, ha permitido un territorio «más competitivo y atractivo para las empresas ya asentadas y para las nuevas inversiones». En ese contexto, Berrojalbiz dio a entender que no se puede hablar de una nueva reforma fiscal en profundidad en el País Vasco de cara a 2024 –«reforma fue lo que se hizo en 2014 y 2018», matizó–, aunque sí de «revisión» y de retoques. Todo apunta a que la Diputación de Bizkaia ha querido dejar sentada su posición en torno al compromiso de revisiones tributarias para 2024 y también marcar algunos límites que pueden ser decisivos. El compromiso de mantener la armonización en el conjunto del País Vasco y la debilidad de los gobiernos forales de Álava y Gipuzkoa –obligados a buscar aliados a izquierda o derecha para sacar adelante cualquier proyecto legislativo– va a hacer extremadamente difícil abordar cambios ambiciosos. Algunos, en opinión de Berrojalbiz, no parecen necesarios. «Dejando a un lado las cotizaciones sociales, sobre las que no tenemos competencia, la presión fiscal ya es equiparable a la europea», indicó para alejar cualquier tentación de aumento sustancial de esta variable. «Sí son necesarios cambios, y haremos muchos cambios, para dar respuesta a cuestiones como la demografía, el problema de la vivienda, la digitalización, la transición energética y las EPSV de empleo», anticipó Berrojalbiz, sin desvelar cuál será su propuesta para actuar en estos campos. «El Impuesto de Sociedades está asentado», puntualizó también para telegrafiar que tampoco en el territorio de la fiscalidad empresarial cabe esperar revoluciones.

La Seguridad Social continuará el próximo año su petición a los trabajadores con los salarios más altos de hacer un esfuerzo adicional en la cotización para poder financiar las pensiones. Un esfuerzo que se mantendrá hasta 2050, según el Real Decreto Ley de la reforma de las pensiones que el Gobierno aprobó el 16 de marzo de este año. Y ese esfuerzo tendrá dos caminos en 2024. El primero es que las bases máximas de cotización crecerán el próximo año un 5% respecto a este año. Por lo tanto, las bases de los salarios más altos crecerán desde los 4.495,50 euros a los 4.720,50 euros al mes. Así figura en la Orden de cotización a la Seguridad Social para el próximo año, que está preparando el Ministerio que dirige Elma Saiz. Bien es verdad que la orden es provisional, hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. Si consigue reunir una mayoría parlamentaria que los apoye, el Gobierno espera que estén vigentes en abril. Pero, mientras tanto, el Ministerio de la Seguridad Social ya está preparando la orden de cotización para el próximo año. En todo caso, el crecimiento del 5% en las bases máximas de cotización se debe a dos razones: la primera es una subida del 3,8% equivalente a la tasa media interanual del Índice de Precios de Consumo de noviembre sobre diciembre de 2022. Es exactamente, el mismo sistema de revalorización de las pensiones. Pero, además, a esa primera cifra hay que sumar 1,2 puntos porcentuales, correspondiente a la cotización de las bases máximas, que estará vigente hasta 2050 como una contribución más de los trabajadores con los salarios más altos para financiar las pensiones. En conjunto, la subida de las bases máximas ascenderá en 2024 supondrá unos ingresos de 590 millones de euros de euros. A partir de 2025, entrará en vigor una “cuota de solidaridad” a la Seguridad Social de todos aquellos trabajadores que tengan ingresos mensuales superiores a las bases máximas. 

Los sindicatos vascos respaldan sin fisuras que los convenios en Euskadi prevalezcan sobre los de ámbito estatal. Así lo confirmó ayer Comisiones Obreras de Euskadi en un comunicado en el que defiende que «el modelo de negociación colectiva de carácter autonómico debe extenderse porque mejora la protección de la clase trabajadora». Del mismo modo, UGT en el País Vasco defiende una «negociación articulada» y la existencia de un «margen de mejora para las condiciones laborales en Euskadi». Ambas centrales recuerdan que las protestas contra la prevalencia de los convenios autonómicos que expresaron el miércoles en un comunicado conjunto, exigiendo al presidente del Gobierno una reunión urgente con patronal y sindicatos, responden más a cuestiones de forma. Y es que, insisten, reformar la estructura de la negociación colectiva «obviando el marco del diálogo social y sin oír a sus legítimos representantes» supone un «quebranto» de ese cauce. El hecho, incluso, es respaldado por la propia patronal de Euskadi, Confebask, que ha venido reconociendo la normalidad de anteponer los acuerdos alcanzados en Euskadi. Así se recoge en uno de los últimos grandes consensos laborales vasco, el Interprofesional del año 2017. Entonces las empresas, ELA, LAB, CC OO y UGT, acordaron respetar este principio de dar prioridad a los convenios autonómicos. Por ello, a juicio de la patronal de Euskadi, la medida acordada entre PSOE y PNV no supone un cambio sustancial sobre el escenario en Euskadi, ni les hace sentirse incómodos. Otra cosa es el matiz en la letra pequeña, que reabre un viejo debate sindical vasco en el que CC OO apostó ayer por avanzar hacia una «negociación colectiva más fuerte, eliminando la atomización de convenios que tenemos». En este sentido, consideró que la prevalencia autonómica ayuda a avanzar en esta senda. UGT coincidió también en este punto rechazando las «dinámicas que prefieren avanzar con convenios de empresa y no más amplios». Además, desde la central alertaron sobre «lagunas» en el texto acordado entre PNV y PSOE. Se trata de buscar una mayor claridad en el texto, explican, para que no haya dudas de interpretación sobre la prevalencia también de los convenios provinciales. Y es que ese es el ámbito en el que se desarrolla la mayoría de la negociación colectiva en Euskadi y son apenas una docena los acuerdos autonómicos que afectan a menos de 50.000 trabajadores del ámbito público.

El Parlamento vasco aprobó ayer la ley que exigirá a las empresas que devuelvan todas las ayudas cobradas en los últimos ocho años si se van o trasladan parte de su producción fuera de Euskadi. Además, las compañías sancionadas, también sus socios, no podrán acceder en los siguientes ocho años a las convocatorias de subvenciones públicas. Solo quedarán excluidas las prestaciones cobradas para impulsar el uso del euskera y las empleadas para la formación de los trabajadores. La votación de la Ley de Subvenciones, tramitada ayer en el macropleno de final de año de la Cámara vasca –aprobó seis leyes–, materializó el acuerdo entre PNV, PSE y Bildu. La coalición abertzale presentó la pasada primavera esta propuesta que las formaciones del Gobierno vasco aceptaron recoger en la norma que regula las subvenciones creando un título específico para evitar deslocalizaciones. El consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo vasco, Pedro Azpiazu, justificó la inclusión del título quinto en la ley «para reforzar el arraigo y dificultar deslocalizaciones empresariales». En este sentido, la parlamentaria de Bildu Leire Pinedo destacó que «no se puede permitir que las empresas trasladen la producción fuera de Euskadi por recortar gastos». La propuesta contó también con el respaldo del PSE y de Elkarrekin Podemos. A partir de ahora pesará una obligación con fuerza de ley para cualquier empresa que se marche de Euskadi, cierre uno de sus centros de fabricación, eche a la mitad de la plantilla o reduzca significativamente su producción. Además, también incurrirá en este supuesto si en el plazo de tres años inmediatos desarrolla en otro lugar diferente al País Vasco la misma actividad. La clave que abre la exigencia del reintegro viene marcada por la declaración de «deslocalización empresarial». Un atributo que corresponderá en exclusiva al Ejecutivo vasco. Solo será un acuerdo del Consejo de Gobierno el que pueda sancionar esa declaración y reclamar las ayudas en el final de un expediente que inicie cualquier departamento del Ejecutivo que haya adjudicado la ayuda. La patronal vasca, Confebask, que compareció en el Parlamento durante la tramitación de la ley, consideró la medida como «injusta y desproporcionada». La directora de su departamento Laboral, Virginia Múgica, apostó por legislar en positivo, desde el fomento, no desde sanciones. Reivindicada por Bildu, la medida fue acordada con los partidos del Gobierno vasco, PNV y PSE

El problema estructural de la elevadísima temporalidad del sector público vasco no solo no se suaviza sino que se cronifica, sin que todavía se noten los efectos de la avalancha de OPE convocadas. La cifra de interinos y eventuales se elevó ligeramente en el último año hasta sumar un total de 64.831 personas, lo que supone un 44% de la plantilla total, integrada por 146.968 trabajadores. Son los datos que arroja la estadística recién publicada por el Eustat, con la radiografía de la administración (incluye Osakidetza, Educación, Gobierno, diputaciones, ayuntamientos...) a 1 de enero de este año. Esa patológica temporalidad del 44%, sin apenas variación respecto al ejercicio anterior, supone mantener la tasa en niveles de récord tras una trayectoria ascendente sin freno desde el 30% de hace una década. Esa proporción es, con diferencia, la más alta de España, y contrasta con el 13,6% que presenta el sector privado, donde la temporalidad ha descendido de forma notable con la reforma laboral. La elevada temporalidad en Euskadi es uno de los argumentos esgrimidos por los sindicatos para convocar dos jornadas de huelga en el sector público, la última la celebrada el pasado martes. Las centrales denuncian que no hay un compromiso del Gobierno vasco para llegar al 8% antes de 2025, tal como se recoge en la denominada ‘ley Iceta’, aprobada por el Ejecutivo central tras el tirón de orejas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No obstante, también hay diferencias entre los sindicatos sobre cómo abordar los procesos de consolidación de los interinos, en asuntos relacionados con la exigencia del euskera. Esta fue una de las razones alegadas por UGT-Euskadi para desmarcarse de las protestas, lideradas por ELA y LAB.

El texto garantiza de manera pionera el derecho subjetivo de los ciudadanos a recibir un tratamiento personalizado para ayudarles a encontrar empleo. En concreto, prevé que todos los parados vascos tengan un profesional de referencia para llevar su caso, que en dos meses realizará un diagnóstico de su situación y en un mes le preparará un plan con formación adecuada para conseguir un trabajo. Para cumplir este objetivo, Mendia prometió «dar la vuelta a Lanbide» y aseguró haber «cumplido» durante la defensa de la ley en el pleno del Parlamento. «Será la puerta por la que entre cualquier persona que busque trabajo o quiera acceder a uno mejor y en donde se le hará un traje a medida, con un diagnóstico y un plan de intervención», recalcó la consejera de Empleo y Trabajo. En su intervención, Mendia recordó que esta ley se aprueba 13 años después de recibir la transferencia de las políticas activas de empleo y tras varios intentos frustrados. «No hay ninguna intención privatizadora, sino un compromiso inequívoco de reforzar el carácter público del servicio de Lanbide», dijo. En esta misma línea, Mendia aseguró que frente a lo apuntado en «algunos foros», la nueva naturaleza jurídica que tendrá el organismo «no escapará de ningún control». En segundo lugar, defendió también que la ley «no cierra la puerta a que las cooperativas entren en el consejo de administración de Lanbide, sino que la abre por primera vez». Es más, señaló que el Gobierno promoverá un acuerdo que lo haga posible entre las organizaciones empresariales representativas. Recordó que antes de remitir este proyecto al Parlamento, se buscó el pacto con las patronales, «pero no podíamos paralizar la ley hasta encontrarlo».Las críticas más aceradas llegaron desde EH Bildu, que se ha opuesto a la ley. El grupo parlamentario la tachó de «limitada» al no contemplar la transferencia de las prestaciones por desempleo y que está muy lejos de las expectativas. Censuró su transformación jurídica, que no se restrinja a las agencias privadas de colocación, que se acepte el veto de Confebask a las cooperativas en el consejo de administración y que no se promuevan los cursos de formación en euskera. 

La nueva ley, que entrará en vigor el curso que viene, mantiene la apuesta por los diferentes modelos lingüísticos, sitúa el euskera como «eje central», pretende que todos los estudiantes acaben la ESO con un nivel de B2 tanto en este idioma como en castellano, busca una «distribución equilibrada» de los alumnos vulnerables y de la «diversidad», obliga a todos los centros que formen parte del «Servicio Vasco de Educación» a reservar plazas para acogerlos, establece una serie de requisitos para que la escuela concertada pueda acceder a fondos públicos y espera crear un nuevo marco normativo «que aborde la situación de la educación en estos momentos y en los tiempos futuros» con el objetivo de construir un sistema educativo con capacidad para establecer «una enseñanza inclusiva y basada en equidad, cohesión social y excelencia». Los modelos lingüísticos y el debate público-privado son los ejes que han monopolizado el debate. 

En la pasada legislatura, entre 2016 y 2020, en la que PNV y PSE-EE gobernaban en coalición pero en minoría, sólo consiguieron aprobar ocho leyes en cuatro años. Este jueves, en los coletazos de un mandato en el que han gozado de una holgada mayoría absoluta, se ratificaron seis normas en cuestión de ocho horas. El Legislativo autonómico vivió una jornada inédita. A escasos meses de las elecciones vascas, el Gobierno de coalición logró sacar adelante la Ley de Empleo, la de Protección de Datos, la de Educación, la de Suelo y Urbanismo, la que regula el Instituto Vasco de Finanzas y la de Subvenciones. Lo hizo, además, con diferentes fórmulas. Algunas, como la de Educación, por ejemplo, gracias solo a la mayoría absoluta que tienen jeltzales y socialistas y tras romperse el pacto que hace un año se calificó de histórico y en el que también estaban EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. Otras, como la de Subvenciones, que busca evitar la deslocalización de la industria, con el apoyo de la coalición soberanista; la de Protección de Datos –en realidad, una adaptación de la legislación autonómica sobre esta materia a la normativa europea y estatal– con el respaldo de Ciudadanos; la de Suelo con el de Elkarrekin Podemos-IU...De la media docena de iniciativas avaladas por el Parlamento, las de más peso político eran la de Educación y la de Empleo. 

La firma de hipotecas en Euskadi se ha hundido un 36%, el peor dato en este mes desde 2013. Las adquisiciones de un crédito para comprar una vivienda registradas han sido 1.333 y dejan un acumulado en el año de 16.345, una caída global del 17,6%, la más acusada en la última década. El mercado ha sufrido el impacto de la subida de tipos de interés que, al llegar al 4,5%, han elevado la cotización del euríbor al 3,70% en octubre, su valor más alto desde 2014. Con un plazo medio para devolver la hipoteca de 23 años, estas se han llegado a encarecer para un crédito medio de 150.000 euros en Euskadi entre 300 y 400 euros al mes. Y es que los tipos de interés medios de estos créditos siguen en escalada hasta alcanzar el 3,32%, el porcentaje más alto registrado desde 2015. El interés medio ha aumentado en 1,18 puntos y ya acumula el séptimo mes consecutivo por encima del 3%. El sector se ha enfriado, sí, pero los datos de los últimos tres meses agravan más las cifras de lo que venían señalando los analistas. Y es que el descenso en la compras se viene ahondando con una caída del 18% en agosto, de un 21% en septiembre y de ese 36% en octubre, llevando la estadística a parámetros que se escapan a lo previsto. Así, el mes pasado Kutxabank preveía en su Estudio sobre el Mercado Hipotecario una caída en la compra de vivienda del 9,7% para este año, casi la mitad del 17,6% que arroja el acumulado de los primeros diez meses del año del Instituto Nacional de Estadística. El dato convierte al País Vasco en la quinta comunidad autónoma con peor comportamiento del mercado inmobiliario. El importe medio de las hipotecas en Euskadi también se ha resentido. Según los datos del mes de octubre, los vascos que solicitaron un crédito para la compra de casa requirieron una media de 146.468 euros. La cantidad es un 11,6% más pequeña que los 165.864 euros de hace un año y la más baja de todo el ejercicio 2023. Aun así, los precios siguen resistiendo y no inician una bajada que descartan los analistas por la falta de oferta acumulada en años anteriores.

El ambicioso campus del vino de Vitoria ha dado su primer gran paso. El Basque Culinary Center, impulsor del proyecto, y las instituciones que lo respaldan (Gobierno vasco, Diputación de Álava y Ayuntamiento de Vitoria) sellaron ayer el acuerdo para levantar el EDA (Edariak eta Ardoa) Drinks & Wine Campus junto a la estación de autobuses de Lakua, tal y como adelantó EL CORREO. La sede, que se levantará en la plaza Euskaltzaindia entre las calles Rafael Alberti y Donostia, tendrá en torno a 4.000 metros cuadrados y su diseño será «singular y emblemático». Es decir, se mantendrá en la línea del resto de edificios vinculados al proyecto a nivel de Euskadi, como el que ya existe en San Sebastián y el que se plantea para Laguardia. A pesar de que aún no hay (o al menos no han trascendido) recreaciones o gráficos de la futura construcción de las sedes alavesas, ambas saldrán como resultado de un concurso internacional, en el que se espera que varios reputados arquitectos compitan por llevarse el encargo de diseñar el inmueble. Lo más probable, visto el antecedente de Miramón, que simboliza objetos de uso cotidiano en el menaje doméstico, es que los inmuebles vinculados al EDA busquen analogías con el vino u otras bebidas. Sea cual sea el resultado final, lo que sí espera lograr el Basque Culinary Center es que su edificio se vincule de forma directa con el proyecto y tenga una clara nota de modernidad. La inversión del proyecto superará los 14 millones de euros. De hecho, sólo la suma de las partidas reservadas para los próximos años por el Gobierno vasco (8,5 millones) y la Diputación de Álava (6 millones) superan esa cantidad. Se trata de la financiación prevista para la adquisición de los terrenos y los trámites para arrancar los trabajos. Es decir, sin contar con la aportación privada ni el papel del Ayuntamiento, que ha contribuido a escoger y poner en servicio la parcela de su titularidad.

El consejo de administración de Kutxabank aprobó ayer el reparto de un dividendo de 231 millones de euros a sus tres fundaciones accionistas y herederas de las antiguas cajas de ahorros de Euskadi: BBK, Kutxa y Vital. Esta cantidad es un anticipo a cuenta del reparto final de los beneficios de este año, que se aprobará de forma definitiva en una junta de accionistas el próximo ejercicio. Todo apunta, además, a que será un año récord de beneficios para el banco que preside Antón Arriola, lo que se traducirá también en un dividendo récord. Como novedad, la entidad informó ayer que ha incorporado a una exauditora de la firma KPMG, María Eugenia Fernández-Villarán, como consejera independiente. El banco ha recordado que con esta entrega de 231 millones la suma del total percibido por BBK, Vital y Kutxa en 2023 asciende a 300 millones de euros, ya que con anterioridad recibieron el dividendo complementario con cargo a los beneficios de 2022. «En los dos últimos años las fundaciones accionistas han percibido más de 623 millones para el desarrollo de sus respectivas obras sociales y actividad inversora», señaló ayer la entidad financiera. Hasta finales del pasado mes de septiembre, la entidad había obtenido un beneficio neto de 385 millones, lo que supone un 53,8% más que en el mismo periodo de 2022. Un aumento principalmente volcado a la mejora del margen de intereses.

El patronato de la Fundación Vital aprobó el pasado miércoles elevar un 32% el sueldo de su presidente. De esta manera, Jon Urresti percibirá 66.000 euros anuales y el acuerdo, además, tiene efectos retroactivos con fecha 1 de enero de 2023, por lo que tendrá que ingresar lo correspondiente a estos últimos doce meses. Diez miembros de la junta votaron a favor de subirle el salario 16.000 euros a Urresti –que lógicamente se ausentó en el momento de tomar la decisión– y los cuatro que fueron propuestos por el PP se mostraron en contra de esta medida. Portavoces de la Fundación Vital matizan que se trata de «un acuerdo novatorio (modificación asumida por las dos partes) de su contrato» tras obtener más responsabilidades en la entidad y después de seis años en los que ha mantenido un salario de 50.000 euros. También recuerdan que anteriores presidentes llegaron a cobrar 75.000 euros. El asunto es que este sociólogo alavés accedió al cargo a finales de 2016 y, entonces, su entorno se encargó de destacar que fuese a recibir sueldo alguno porque iba a compatibilizar la presidencia de la Vital con su cargo dentro de la empresa de encuestas Gizaker, de la que es socio fundador. Además, se procedió a la contratación de un director ejecutivo con un sueldo de 80.000 euros mas variables para cubrir parte de las funciones. Siete meses después, y pese a la contratación de un economista para ese puesto, se presentó una «propuesta de adecuación del contrato» para que Urresti contase con una retribución que se aproximaba a 50.000 euros.

Trabajadores denuncian ante la Justicia que la Seguridad Social de Gipuzkoa no computa las prácticas para la jubilación, como se hace en otros sitios. Un colectivo de afectados, que aglutina por el momento a 128 trabajadores guipuzcoanos cercanos a la jubilación, demanda a la Seguridad Social que tenga en cuenta el tiempo trabajado bajo contrato laboral en prácticas cuando iniciaron sus carreras profesionales, habitualmente tres años, para el cálculo de la pensión. Se sienten agraviados porque indican que esa circunstancia solo se está produciendo en nuestro territorio y ya cuentan con una sentencia del juzgado de Eibar que da la razón a un demandante, aunque está recurrida por la Seguridad Social. Se trata todas ellas de personas que realizaron sus prácticas laborales, con su correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social, entre noviembre de 1984 y el 8 de abril de 1992, ya que a partir de esa fecha si se computa después de que se produjeran unos cambios en la forma de registrar los contratos por parte de la institución. Durante ese tiempo se realizaron en España más de un millón de contratos, según indican desde el colectivo de afectados, pero por el momento la práctica totalidad de las personas a las que se les niega el reconocimiento de ese periodo a efectos de la jubilación son guipuzcoanos. En concreto 127, mientras que el otro es un asturiano, explican, con una problemática similar aunque no igual. Como pauta general han detectado que todos estos afectados tienen el contrato de prácticas en su vida laboral codificado con el número 420, que se aplicaba exclusivamente en nuestro territorio. Un código que a todas luces parece que está siendo determinante a la hora de denegarles el reconocimiento de ese periodo de cotización, ya que apuntan que al menos hasta el momento no han detectado afectados en otros territorios.

La empresa y los sindicatos UGT, CC OO y Sumados Fetico alcanzaron ayer sendos preacuerdos en torno al nuevo convenio colectivo (CEV) y el expediente de regulación de empleo (ERE), dos procesos que las centrales sindicales habían vinculado, con mejoras en las ofertas en distintos ámbitos. Los pactos se han desbloqueado apenas 48 horas después del anuncio del Gobierno sobre la entrada de la SEPI en el capital de la teleco, con un 10%, que convertirá al Estado en primer accionista. Los acuerdos vuelven a convertir a Telefónica en empresa pionera en el ámbito laboral. Ambas partes han alcanzado un principio de acuerdo por el que se reducirá la jornada laboral semanal de 37,5 a 36 horas. De hecho, será la primera gran empresa española en aplicar esta medida. A las 36 horas se llegará durante el convenio, que es de tres años, a razón de media hora por año, desde las 37,5 horas actuales: 37 horas en 2024, 36,5 horas en 2025 y 36 horas en 2026. A lo largo de la negociación, los sindicatos no habían dejado de pedir la denominada jornada de 35 horas, siguiendo la línea marcada en procesos anteriores. En la prórroga del último convenio, Telefónica estableció la denominada jornada semanal flexible bonificada, por la que los empleados trabajan 32 horas a la semana, ocho horas diarias de lunes a jueves. De la reducción de jornada semanal de 5,5 horas, la empresa bonificaba una hora, en torno a un 20%. En el nuevo convenio, se ha mejorado la bonificación hasta el 30% de la reducción consecuente. Este cambio hace más atractiva esta fórmula para los empleados que quieran acogerse. El nuevo acuerdo tiene amplias repercusiones políticas y sociales. Según fuentes del sector, si una empresa como Telefónica puede reducir la jornada laboral, puede presionar a otras compañías para que afronten este escenario. Durante los últimos años, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha abogado por la reducción de la jornada laboral.

BBVA Research advierte de que el recorte de la jornada laboral pactado entre PSOE y Sumar en su acuerdo de coalición y que llevará la jornada máxima legal hasta las 38,5 horas semanales en 2024 y a las 37,5 en 2025, frente a las 40 horas actuales, no será ni mucho menos inocuo para el crecimiento económico ni para el propio mercado laboral. En concreto, el servicio de estudios alerta, en un documento publicado ayer, de que “sin medidas compensatorias que alivien el aumento estimado de los costes laborales” que provocará esa decisión política, “el recorte del tiempo de trabajo restaría en torno a 6 décimas al crecimiento medio anual del PIB durante el próximo bienio (2024 y 2025) y 8 décimas al del empleo”. Esto es, tendría un impacto negativo en el PIB superior a 8.000 millones de euros cada uno de esos dos años, aunque probablemente sus efectos irían más allá en el tiempo. De hecho, el informe calcula otra merma de 0,6 puntos en el tercer año, estimando un notable impacto “a largo plazo”, tanto en el PIB, que se vería lastrado en 2,6 puntos porcentuales, como en el empleo, que mermaría en 3,4 puntos. Por contra, la tasa de paro se elevaría en 2,4 puntos y la retribución por asalariado lo haría en 1,3 puntos. A cambio, la productividad aumentaría en ocho décimas. A partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), BBVA Research resalta que entre el cuarto trimestre de 2022 y el tercero de este año, alrededor de 8 millones de trabajadores tenían una jornada semanal efectiva y pactada superior a las 37,5 horas semanales; esto es, el 53,6% del total de los asalariados. Además, según la entidad, el grueso de los asalariados que trabajan más de 37,5 horas se sitúa en el tramo entre 38,5 horas y las 40, por lo que “buena parte de las repercusiones de la reducción de jornada se concentraría en 2024”, año en el que se materializaría el primer descenso, hasta las 38,5 horas.

Iberdrola ha firmado la mayor línea de crédito de su historia por 5.300 millones de euros con 33 entidades financieras. Los préstamos, que servirán para refinanciar deuda e impulsar nuevas inversiones, están vinculados a la reducción de emisiones y al incremento del porcentaje de mujeres en puestos de relevancia. La operación se ha realizado a precios competitivos, similares a los que consiguió en 2019, y ha sido sobresuscrita en más de un 40%, según han explicado los directivos de Iberdrola, la mayor energética española. La línea de crédito tiene una duración de cinco años, con opción de que pueda extenderse por otros dos años adicionales, y carácter multidivisa. El margen de la operación se ajustará anualmente en función de la consecución de los objetivos de reducción de emisiones de carbono y el incremento del porcentaje de mujeres que ocupan puestos de relevancia en la compañía. Dicho ajuste de margen será a la baja, si se cumplen los objetivos, o al alza, si se incumplen. BBVA ha actuado como coordinador global y banco agente de las operación de refinanciación, y los coordinadores en materia de sostenibilidad han sido BBVA, Santander y Crédit Agricole. Con este acuerdo, más del 96% de las líneas de crédito de Iberdrola tienen carácter sostenible. La compañía ha dicho que esta operación contribuye a “cumplir el compromiso de mantener una liquidez óptima”.

Muchas empresas se quejan de que no encuentran mano de obra, pero las estadísticas oficiales dicen que España está a la cola en este problema (una tasa del 0,9%, frente a la media europea del 2,6%). Algunas patronales, como la de la construcción o la de la hostelería, defiende a ultranza la gravedad de la situación, mientras que los sindicatos consideran que se limita a actividades muy concretas y que lo que faltan son buenas condiciones laborales. El diagnóstico también difiere dentro del Gobierno: durante la pasada legislatura, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones insistía en que había margen de mejora, pero Trabajo hace un análisis parecido al de las centrales. Ambos departamentos se encontraron a medio camino en agosto, cuando certificaron la inclusión de ocupaciones técnicas de la construcción en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura (las profesiones que las compañías pueden contratar en origen en el extranjero). De momento no está funcionando: solo se han firmado 29 contratos en España. El 15 de agosto se publicó en el Boletín Oficial del Estado el nuevo listado. Más allá de los puestos que siempre incluye el catálogo relacionados con la navegación (como maquinistas navales o pilotos de buques mercantes), el Ejecutivo también autorizó que las compañías contraten en origen carpinteros de aluminio, metálico y pvc; montadores de esta carpintería; instaladores electricistas; conductores-operadores de grúa en camión; y de grúa fija y móvil. De ese día de agosto al 30 de noviembre solo ha habido 29 contrataciones para esas siete profesiones, según los datos que el Gobierno facilitó a los sindicatos el lunes. Entonces se celebró una nueva reunión para abordar el catálogo del primer trimestre de 2024, en el que se mantienen estas ocupaciones. Fuentes del Ministerio de Trabajo destacan que aún es pronto para evaluar la eficacia de esta nueva política y que no está provocando efectos negativos. Pero, aunque no lo reconocen oficialmente, en el departamento de Yolanda Díaz se considera que estos números apuntalan su diagnóstico de la situación: creen que si de verdad hubiera un problema grave de vacantes, se habrían producido muchas más contrataciones por esta vía.

Hasta noviembre de este año, el Gobierno ha adjudicado 33.600 millones de euros de los fondos europeos de recuperación en ayudas y licitaciones de obras y servicios, según el cuarto Informe de ejecución del plan de recuperación, presentado ayer por la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Se trata del 90% de todo el dinero recibido hasta ahora de Bruselas, según ha avanzado en la Comisión Mixta del Congreso de los Diputados. Con este dinero se han financiado más de 600.000 proyectos en todo el territorio, más de la mitad de ellos liderados por empresas y centros de investigación. El sector empresarial y los autónomos son los grandes beneficiarios del plan, con más de 17.000 millones de euros para ejecutar sus proyectos, más de un 50% del total. Le siguen las entidades locales, con poco más del 20% (7.200 millones). En una visión global, el informe destaca que se han beneficiado más de 400.000 empresas y autónomos, 5.000 proyectos de investigación y más de 150.000 personas físicas. El Gobierno explica en el informe que todos estos datos reflejan cuál es el impacto directo de los fondos en la economía real. Es decir, son aquellas cantidades que han sido asignadas a proyectos ya aprobados que cuentan con la financiación europea necesaria para su puesta en marcha. Al otro lado, el Partido Popular, que gobierna la mayor parte de comunidades, sostiene que la variable que mejor mostraría el ritmo real de despliegue son los pagos realizados sobre el total de créditos definitivos, puesto que es el único indicador que permite saber la cantidad de dinero que ya está en la calle.

“Este es un gran acuerdo que llega en el momento adecuado, que da la necesaria certidumbre y confianza a los mercados financieros; que da claridad y confianza también a los ciudadanos; y que nos va a permitir seguir avanzando en términos de prosperidad y de crecimiento sostenible, basado en la responsabilidad fiscal pero con políticas contracíclicas que protejan las necesarias inversiones de futuro”, aseguró ayer la vicepresidenta primera del Gobierno española, Nadia Calviño, al anunciar el ansiado pacto sellado por unanimidad entre los Veintisiete para reformar las reglas fiscales europeas. A la espera de ver cómo de equilibrada resulta la ejecución de la fórmula, creada a partir de las exigencias alemanas de ortodoxia y las aportaciones francesas en flexibilidad, la aplicación de la ecuación resultante implica que la Unión Europa exigirá a España un ajuste anual de, al menos, 13.500 millones de euros de deuda pública y otros 7.000 de déficit estructural.

Zegona, la firma financiera británica que ha cerrado la compra de Vodafone España, ha irrumpido en la fusión de Orange y MásMóvil con un movimiento inesperado que puede llegar a desestabilizar la operación: la compañía ha sorprendido a todos exigiendo ahora ser también receptora de remedies, es decir, de las concesiones que deben otorgar las dos compañías que protagonizan la fusión –forzadas por la Comisión Europea– para restaurar los niveles de competencia previos. La compañía se ha dirigido a la Comisión Europea (CE), dentro del proceso conocido como market test, en el que el Ejecutivo comunitario se pone en contacto con los otros grupos interesados o afectados por la fusión, para solicitarles su opinión. En el transcurso de ese procedimiento, Zegona ha pedido a la CE que se produzca una transferencia de una base de clientes desde Orange y MásMóvil a Vodafone, según han señalado fuentes conocedoras del proceso. Fuentes oficiales de Zegona y de Vodafone han declinado hacer comentarios. La exigencia de Zegona se produce en nombre de Vodafone España, aunque todavía no es la dueña oficial de la teleco, puesto que la operación no está aprobada por las autoridades, ni de Competencia ni del Ministerio de Transformación Digital. La petición de Zegona-Vodafone exige que se le trasladen clientes tanto de banda ancha fija (usuarios principalmente de fibra óptica) como clientes de telefonía móvil. 

Un estudio liderado por el Basque Centre for Climate Change (BC3) estima que se reducirán un 7,5% respecto a los niveles de 2022. Las energías renovables marcarán un nuevo récord este 2023 que ya expira. Por primera vez, más de la mitad de la electricidad se ha generado en España con fuentes renovables. El avance de la fotovoltaica y la eólica —y la recuperación en parte de la generación hidroeléctrica— están tras esta marca histórica que, a su vez, ayudará a dejar en mínimos las emisiones de gases de efecto invernadero, los causantes de la crisis climática. Un estudio del Basque Centre for Climate Change (BC3) y el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA) estima que las emisiones de gases de efecto invernadero en España se reducirán un 7,5% respecto a los niveles de 2022. “Tras la fuerte caída de 2020 originada por la pandemia y dos años de repunte, las emisiones recuperan la senda descendente”, explican los autores. La notable caída de las emisiones, resalta el informe, se produce en un año en el que se espera que el PIB nacional aumente por encima del 2%, con lo que se aprecia un claro desacople entre los gases de efecto invernadero y el crecimiento económico. “Con la bajada de este año, las emisiones volverían a situarse por debajo de los niveles de 1990”, en concreto, serían un 5,6% menores que hace 33 años, cuando comienza la serie histórica y uno de los puntos que se suelen tomar como referencia en la lucha contra el cambio climático. “También se situarían por debajo de los niveles de 2020, año en el que las emisiones se redujeron fuertemente por los efectos de la pandemia de la covid”.

El Centro Nacional de Supercomputación, con sede en Barcelona, inauguró ayer el MareNostrum 5, uno de los supercomputadores más avanzados de Europa, que cuenta con un rendimiento de 314 petaflops, lo que equivale a la capacidad de realizar hasta 314.000 billones de cálculos por segundo. Esta potencia de computación es la misma que la que pueden ofrecer 380.000 ordenadores portátiles de gama media-alta. Los cálculos que MareNostrum 5 hace en solo una hora equivalen a lo que a un portátil le llevaría 46 años, «lo que abre inmensas posibilidades» en la investigación científica. El nuevo superordenador está ubicado en una sala con una superficie de 800 metros cuadrados, similar a la de tres pistas de tenis. Su coste, superior a los 200 millones de euros, ha sido financiado por un consorcio en el que se encuentra la Unión Europea (es su mayor inversión científica en nuestro país), España, Portugal y Turquía. Según sus responsables, es una de las máquinas más completas y versátiles del mundo al servicio de la comunidad científica. Su singular arquitectura computacional abre la puerta a «inmensas aplicaciones que permitirán nuevos avances científicos y que ayudarán a resolver desafíos globales», dijo Mateo Valero, director del BSC-CNS. Los campos del conocimiento sobre los que puede actuar son muy diversos, desde el cambio climático, la medicina personalizada, el diseño de ciudades más sostenibles o la investigación en ámbitos tan relevantes como la inteligencia artificial y la simulación numérica. La singular arquitectura de MareNostrum 5 se ha diseñado «para ofrecer a los investigadores la mejor tecnología disponible para buscar respuestas a las grandes preguntas de la ciencia». 

El presidente de Argentina, Javier Milei, puso ayer finalmente en marcha la motosierra que él mismo convirtió en el icono de su campaña electoral. En un anuncio televisado, rodeado por su reducido equipo de ministros, el mandatario anuncio la aprobación del nominado Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que deroga de un plumazo trescientas normas y leyes con el objetivo de desregular la economía y allanar el camino a la privatización de las empresas públicas. “Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia hoy empezamos formalmente el camino de la reconstrucción”, aseguró el ultra libertario Milei durante su discurso a la nación. El DNU contiene 366 artículos encaminados a “destrabar el andamiaje jurídico e institucional opresor” y en su primer artículo declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025”, según publicó ayer la agencia de noticias Télam. El decreto modificará el marco regulatorio de la sanidad y de las obras sociales y eliminará algunas de las leyes que regulan su funcionamiento; ocurrirá lo mismo con el sector de la industria, las empresas farmacéuticas, el sector turístico y los clubes de fútbol, entre otros. Además, el DNU, que será enviado al Congreso para su aprobación en sesión extraordinaria en plenas vacaciones del verano austral, también prevé la derogación de la ley de Abastecimiento, que contempla sanciones a empresas en casos de escasez de determinados productos, así como la derogación de la ley de Góndolas, que obliga a los supermercados a ofrecer un mínimo de productos fabricados por pequeñas empresas.