20210919

La escalada de la luz es un quebradero de cabeza para todos y especialmente para la industria electrointensiva, aquella para la que la energía supone hasta un 60% de los costes. José Antonio Jainaga conoce bien el problema como presidente de Sidenor, una de las principales compañías vascas del acero, aunque en esta entrevista habla como presidente de la Asociación de Empresas Grandes Consumidoras de Energía (AEGE), que aglutina a las principales compañías españolas de industrias como metalurgia, química, siderurgia y gases industriales. Ponerse en ese papel, que asumió en mayo, le hace mostrarse más comedido de lo habitual, aunque advierte de que si no se frena la subida, habrá cierres en cadena. "Cuando la electricidad supone el 40% de los costes y se multiplica por tres, estás muerto. El impacto es brutal. El ‘pool’ ha pasado de los 45 euros Mwh a rebasar los 180. Los precios están descontrolados y no tenemos visibilidad ni para gestionar el día a día ni para establecer estrategias a largo plazo. Para Sidenor, por ejemplo, que consume 600.000 Mwh al año, supone unos 50 millones extra, entre 4 o 5 millones al mes. – ¿No tienen contratos a largo plazo para amortiguar el golpe?– Ese es uno de los problemas que tenemos en España. No solo hay un diferencial de precios con Francia y Alemania sino que, además, en esos países un porcentaje de entre el 70% y el 80% se cubre con contratos bilaterales o PPAs. En Francia la industria puede acceder a una tarifa de 42 euros ligada a la potencia nuclear, llamada ARENH. Eso da mucha tranquilidad. Aquí los contratos bilaterales no llegan al 30%.– ¿Por qué ocurre eso?– No hay interés en ofrecerlos. Si puedes vender a 180 euros, para qué hacerlo a 40. El caso es que nosotros estamos sometidos al ‘pool’ o al precio de los futuros, que no te permiten comprar más allá de 2024 y a unos precios muy altos. El de 2022 está a 106 euros el Mwh. Estamos absolutamente pillados. Y lo más grave es que pagamos mucho más que nuestros competidores..."

"... La factura de la luz es incomprensible, incluso para los técnicos no especialmente formados en ella. Y eso es así por múltiples razones. La formación de los precios es muy compleja porque el mercado de la electricidad es ciertamente original con una demanda que cambia bruscamente por horas, días y meses en función de cuestiones previsibles como el consumo industrial y otras muy variables como la climatología. Para cubrir la demanda, la producción es diversa. Hay sistemas de generación en los que la clave es la inversión inicial –la nuclear, las hidráulicas y las renovables–-, y su funcionamiento posterior es barato al usar materias primas como el sol, el viento y el agua y sistemas en los que se utilizan materias primas, como el petróleo o el gas, sometidas a fuertes oscilaciones en unos mercados que están completamente internacionalizados. A esa complejidad se une el hecho de que el sector forma un monopolio natural en cuanto al transporte y la distribución – no tiene sentido repetir las infraestructuras–, y un oligopolio cuasi-natural en generación, dado el elevado monto de las inversiones requeridas para generar la electricidad. Además, el sector mueve tanto dinero que siempre ha sentido sobre él la voracidad recaudatoria de Hacienda, que le impuso toda una serie de impuestos elevados. Por último, por razones muy diversas, la tarifa se ha visto penalizada porque hemos decidido cargar sobre ella históricamente una serie de costes que no le corresponden como son los derivados de la moratoria nuclear, el coste del cierre de las minas de carbón o la promoción de tecnologías que es su momento eran convenientes pero no rentables, como las primas concedidas al despegue de las energías renovables. Algunos de esos costes están eliminados, pero no todos..."

"... De momento el impacto en la actividad ha sido limitado, porque los agentes tardan en percibir la amplitud del shock. Pero todo apunta a que, con el tiempo, constatarán una fuerte mordida en su capacidad de compra. Esta podría elevarse a 8.000 millones de euros de pérdida para las familias (en términos anuales), y 12.000 en el caso de las empresas. Además, esta es una estimación en base a supuestos relativamente optimistas que incorporan una reducción del precio de la electricidad del 15% hasta finales de año, fruto de las medidas aprobadas esta semana, y de una hipotética pero poco verosímil contención de los precios en el mercado mayorista. En realidad, el gas podría seguir escalando en línea con las cotizaciones en los mercados de futuros, y así anular el efecto positivo de las medidas gubernamentales. El crecimiento del consumo y de la inversión no tardaría en frenarse. Entre tanto la inflación alcanzaría el 4,5% a finales de año, frente al 3,9% en la hipótesis de moderación de los precios eléctricos. El impacto de una presión incrementada será sustancial en el sector electrointensivo de producción química, fabricación de maquinaria y metales, muebles e industria del papel, y del transporte, entre otros. Estas son actividades hoy por hoy pujantes. Pero su factura eléctrica representa entre el 15% y el 30% del valor añadido, frente a una media del 5%, lo que implica un riesgo importante de cara a la competitividad de sectores cruciales para nuestras exportaciones. En algunos casos, como el corcho y el acero, el encarecimiento de la electricidad podría absorber la mitad del excedente empresarial..."

El lunes, entrada la tarde, los primeros ejecutivos de las compañías eléctricas recibieron la llamada de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. La también ministra para la Transición Ecológica les transmitía que al día siguiente el Consejo de Ministros iba a aprobar, mediante un real decreto ley, un plan de choque para hacer frente a la subida de la luz. Era algo que ya estaba en los círculos más informados, pero faltaba confirmarlo. Ribera no les dio muchos detalles. Solo el enunciado de las medidas, que los técnicos del ministerio han estado preparando desde agosto y que se han acelerado por el imparable aumento de los precios mayoristas. Esa misma noche, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en TVE, concretó algo más. Algunas medidas son temporales, como la reducción del impuesto especial, que se suma a la bajada del IVA y del impuesto de generación; la minoración de los “beneficios extraordinarios” obtenidos por la retribución de la energía no contaminante al precio marcado por el gas (“las empresas podrán soportarlo”, afirmó el presidente), que permitirán reducir los cargos que se cobran en el recibo o la obligación de las compañías dominantes (es decir, las grandes) de hacer subastas entre los independientes. Otras de carácter permanente, como la instauración de un suministro mínimo vital para garantizar que los hogares más vulnerables no se queden sin luz o el control de los desembalses de los pantanos para evitar especulaciones. Las empresas preparan la batalla legal. 

Entrevista con Pablo Hernández de Cos, Gobernador del Banco de España. "Los datos del segundo trimestre fueron algo mejor de lo previsto en nuestro escenario central. Las economías han ganado adaptabilidad...La visión general es positiva, pero es verdad que hay elementos de incertidumbre que si se materializaran podrían poner en riesgo el ritmo de la recuperación. Los cuellos de botella en el suministro de algunos inputs para la industria son uno de esos elementos. Pero creemos que estos problemas son fundamentalmente transitorios; si fueran más persistentes terminarían afectando al crecimiento, especialmente, en aquellas economías con mayor peso de la industria. Es una razón más para seguir siendo prudente y mantener un tono expansivo de la política monetaria y fiscal". "Hay que reconocer que su incremento puede generar efectos indeseados sobre el empleo, en particular en algunos trabajadores vulnerables como los jóvenes, trabajadores poco formados o los de sectores como la agricultura o el servicio doméstico. En todo caso una subida moderada tendrá un impacto moderado. Quizá el primer mensaje debe ser que, ante eventuales nuevos incrementos en el futuro, es fundamental reforzar las políticas activas de empleo que permitan incrementar la productividad y mejorar la empleabilidad de quienes puedan verse negativamente afectados por el aumento. También es relevante tener en cuenta la coyuntura, en la que a pesar de la recuperación en marcha, el PIB y el empleo están claramente por debajo de los niveles prepandemia, especialmente en sectores como los de la hostelería y el comercio, con alta incidencia del SMI. Y muchas empresas ven encarecerse otros factores de producción como decíamos antes. En estas circunstancias, creo que resulta obligado mantener la prudencia..."

Las negociaciones para acordar una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) concluyeron el pasado jueves con un acuerdo a dos bandas entre Gobierno y sindicatos. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha recibido críticas de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y de los sindicatos UGT y CC OO por este paso atrás. Pero Garamendi tenía una posición clara: este no era el momento para una nueva subida porque todavía hay una economía en recuperación, la senda era una imposición política del Gobierno y hay sectores como la agricultura que están muy tocados por los últimos incrementos del salario mínimo. “Este no estaba medido y sus consecuencias asumidas”, señala una fuente de la patronal. El temor que impera, sin embargo, en algunas bancadas del diálogo social es que la negativa de la CEOE a la subida del SMI contamine las negociaciones que se avecinan. Desde su llegada a la presidencia de CEOE a finales de 2018, Garamendi (Getxo, Bizkaia 63 años) ha sorprendido por su capacidad para dialogar y llegar a acuerdos. Sobre todo desde que entró Podemos en el Gobierno. A pesar de la distancia ideológica que le separa de la ministra Yolanda Díaz, su talante y sentido de Estado han facilitado un clima social favorable en medio de la pandemia. Y la organización empresarial que lidera ha recobrado una importancia que no tenía desde hace tiempo. Pero ese ambiente de cordialidad empezó a tensarse a partir de unas declaraciones en TVE en las que se mostró favorable a los indultos a los líderes independentistas catalanes siempre que ayudasen a dejar atrás el conflicto. Las críticas a Garamendi fueron furibundas. Y en parte procedían del Partido Popular. 

En la mesa de la administración vasca hay 270 millones de euros para cubrir pérdidas por covid de empresas y autónomos, pero la mayor parte del dinero va a quedarse sin asignar. Los requisitos para acceder a estas ayudas, que incluyen haber contraído una deuda formal con bancos o proveedores para superar la pandemia, dejan fuera por ejemplo a aquellos pequeños propietarios que sacaron adelante el negocio a través de ahorros propios o de familiares. A apenas dos semanas para que concluya el plazo, las solicitudes en marcha no superan las 5.000 cuando se esperaban más de 35.000 sin que los últimos cambios en la normativa estatal vayan a suponer un revulsivo. El propio consejero vasco de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha llamado la atención sobre las dificultades que tienen muchas pymes para cumplir con los requisitos de acceso a estas ayudas y ha solicitado al Gobierno español su revisión. Se trata de una línea de incentivos activada desde el Ejecutivo de Madrid, aunque gestionada en la CAV, y de ahí que la modificación de requisitos tenga que producirse a nivel estatal. El Ejecutivo vasco reforzó la partida inicial de Madrid, que era de 217 millones, con 50 millones extra que están sin tocar a día de hoy (el plazo se amplió del 30 de julio hasta el próximo 30 de septiembre). "Se diseña una ayuda sin tener en cuenta cuál es el día a día de los autónomos", lamenta Silvia Martínez, de la asociación UPTA-Euskadi.

En un acto sobrio, encorsetado por las restricciones anticovid aunque no exento de emoción, la Diputación alavesa premió al inquilino de Mendizorroza en una recepción en la que ambas entidades evidenciaron –una vez más– su tradicional sintonía. Desde el atril, el presidente albiazul, Alfonso Fernández de Trocóniz, dedicó el homenaje a «la afición», esa que todavía no puede acudir en tropel a su templo del Paseo de Cervantes. En su discurso valoró el esfuerzo del club para crecer, a través de la diversificación, en un entorno más reducido que otros competidores directos. La ampliación de Ibaia, la universidad Euneiz o el proyecto de ámbito científico para Salburua son algunos de los planes estratégicos que buscan un futuro más sólido, subrayó el mandatario. También que de los últimos «100 millones de euros» generados, «25» fueron a las arcas de Hacienda. Apeló a los números de un grupo que, de la mano del Baskonia, ya supera los 500 puestos de trabajo. Pocas empresas en la provincia pueden presumir de semejante volumen. «Es un generador de riqueza y un embajador de Álava», remachó Trocóniz. 

«Las instituciones deben dejarse de grandes proyectos y concentrarse en lo que tenemos». Ahora que tanto cuesta subir la persiana de una nueva tienda, hablan los que con mucho esfuerzo tratan de sostenerla, como el vitoriano Erik Ugalde Urbieta. Segunda generación (junto a su hermano Juantxo) de una familia de comerciantes llegada de Gipuzkoa el pasado siglo, su apellido materno da nombre a la peletería que este curso cumple 60 años en la calle San Prudencio. Justo en la manzana que sufre un duro apagón por la parálisis del proyecto de un promotor privado que atesora locales vacíos. «Pero el centro es mucho más que eso; ahí están Goya, Alfaro, General Álava...». Lo dice en calidad de responsable de promoción económica en la asociación Ensanche XIX, desde donde vecinos y comercios del centro apremian a revitalizar el espacio público, el urbanismo o la actividad comercial del salón de estar de Vitoria. «Hace falta una estrategia integral para todo el barrio».

Una de las pocas partes de la economía que ha salido beneficiada de la crisis del coronavirus ha sido el comercio online. Antes de la pandemia muchas compañías se esforzaban por conseguir crecer en un 1% su cuota de facturación por internet al año, pero la pandemia hizo saltar las estadísticas por los aires y en solo 12 meses el comercio online ha llegado a crecer en torno a un 25%. Casos como El Corte Inglés o las tiendas de Inditex son claros ejemplos de ello. Después de años intentando afianzar poco a poco sus ventas, pedidos y gestión online, en solo un año han ganado un volumen de negocio por internet que nunca se había previsto. En el caso del grupo textil gallego aseguran que el 25% de su facturación ya procederá de las ventas online este mismo año, lo que supone que uno de cada cuatro euros que ingresa Inditex ya viene de internet. Pero este gran cambio no solo se ha dado en las grandes empresa. Aunque el comercio digital era percibido en muchas ocasiones como una «amenaza» para las tiendas de proximidad, la pandemia ha puesto de manifiesto que, con el enfoque adecuado, puede ser «una gran ventaja». Así lo explica el presidente de la Confederación Española del Comercio (CEC), Rafael Torres: «Es una ventaja siempre que se entienda como parte de un proceso de transformación digital, en el que venta online y offline no compiten, sino que se complementan para dar respuesta a las nuevas necesidades de los consumidores», asegura.

Que la Formación Profesional (FP) ya no es la eterna hermana pobre del sistema educativo es evidente desde hace tiempo: ha ganado en la última década más de 300.000 alumnos (un crecimiento del 45%, hasta alcanzar el millón de estudiantes), mientras el resto de las enseñanzas no universitarias perdían 14.500 estudiantes. Pero cuando los fondos de inversión de capital riesgo (aquellos que buscan los nichos de negocio de mayor rentabilidad a corto plazo) vuelven la vista hacia estos estudios, el asunto ya no deja lugar a dudas. En 2018, el fondo español Queka Real Partners adquirió el 51% de la empresa andaluza Medac, una red de 30 centros de FP, por 15 millones de euros, y ahora el fondo estadounidense KKR compra la compañía entera por 200 millones, lo que ha multiplicado su valor por siete en tres años. De hecho, la oferta privada de FP (sin contar la concertada) ha explotado en los últimos años, pasando de ser casi anecdótica en el curso 2009-2010, con 22.000 alumnos en España (el 4% del total) a casi 125.000 (un 15%) en el curso 2019-2020 (último para el que hay cifras desagregadas por redes). Si en la FP de Grado Medio (a la que se accede con el título de enseñanza obligatoria) el aumento ha sido importante, hasta llegar a 32.000 alumnos, es el Grado Superior, para el que hace falta el título de Bachillerato, donde la privada se ha hecho más fuerte: se ha multiplicado por seis su alumnado. En Cataluña acoge al 33% de los estudiantes de esta etapa (colocada en un escalón educativo similar al de los estudios universitarios) y en Madrid, al 41%, porcentajes que ascienden a más de dos tercios si nos fijamos solo en la educación a distancia.

La semana de cuatro días, una de las propuestas laborales recientes de la izquierda española, cobra un papel secundario ante el inusitado protagonismo del teletrabajo en la era del covid. El español ocupado parece preferir el modo remoto que un día libre... con sus implicaciones. Así al menos parece indicarlo el programa piloto que ha abierto Telefónica para su plantilla: una «jornada flexible bonificada» que conlleva una bajada de sueldo a la que muy pocos están dispuestos. Por el momento, se ha animado en torno a un centenar de trabajadores del líder nacional de las telecomunicaciones, según fuentes de la compañía, una cantidad residual para las aproximadamente 18.000 personas que conforman la principal sociedad de Telefónica España: solamente el 0,5%. La reducción de una quinta parte de la jornada, de 40 a 32 horas, supondría proporcionalmente un tijeretazo de sueldo poco atractivo; sin embargo, la empresa ha asumido una bonificación de un 20% de ese 20% de jornada al que se renuncia, de manera que la pérdida de la retribución se frena en un 16%. Desde julio hasta que finalice este mes de septiembre, los trabajadores de la compañía pueden adherirse a este proyecto que arranca en octubre. Hay otras tentativas, aunque contadas. Desigual también ha propuesto una jornada laboral de cuatro días semanales, abierta para los 502 empleados de sus oficinas centrales, algo inaudito en el negocio de la moda. De esos cuatro días de trabajo, uno se desarrollaría a distancia. El recorte de salario se quedaría en torno al 5%, menor que la porción de jornada libre. Si el próximo 7 de octubre dos tercios de la plantilla lo avalaran, el plan se pondría en marcha, aunque algunos representantes sindicales han acusado a la firma de «camuflar como medida de conciliación una reducción salarial».

El último masaje se lo ha dado a Mario Draghi la revista estadounidense ‘Time’ al incluirlo por tercera vez en su lista de las cien personas más influyentes del mundo. Es, además, el único italiano del elenco y forma parte de él por ser capaz de llevar las riendas de su país «con mano hábil» y combinar la «rápida» campaña de vacunación con medidas «necesarias y difíciles para hacer más verde la economía y reducir las desigualdades». Con estas palabras de Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos e incluidas en el último número de ‘Time’, Mario Draghi colecciona un nuevo elogio, a los que tan acostumbrado está desde que se convirtió en primer ministro italiano el pasado mes de febrero. No ha parado desde entonces de alabarle tanto la prensa internacional como la de su propio país, en la que no es fácil hallar voces críticas contra él. Al frente de una amplísima y heterogénea coalición de partidos, estos siete meses le han servido para alargar aún más su figura al hombre que ya se ganó el sobrenombre de ‘SuperMario’ por su determinación a la hora de salvar la moneda única cuando estaba al frente del Banco Central Europeo (BCE). Y eso que no era fácil la tarea que le encomendó el presidente de la República, Sergio Mattarella, cuando estalló la última crisis política italiana el pasado mes de enero: debía unir a las partidos, acelerar la campaña de vacunación y preparar un programa de reformas e inversiones creíble que mandar a Bruselas. Había que aprovechar el programa de ayudas europeo para superar la crisis provocada por la pandemia. No le ha ido nada mal a Draghi en estas tres áreas hasta ahora. 

El confinamiento ha provocado una de las tres mayores caídas de la natalidad del último siglo en Euskadi. Los expertos no dudan en compararla con lo sucedido después de la pandemia mundial de gripe de 1918 y tras el final de la Guerra Civil. Además de mermar la población, ambos acontecimientos redujeron de manera notable el trabajo en las salas de maternidad. Lo del año pasado, sin embargo, es completamente distinto a lo de entonces. La diferencia entre aquellos dos momentos y el actual tiene que ver con la diferente manera de entender la sexualidad ahora y entonces. El sexo, más ligado hoy al placer, estaba hace 80 o 100 años más dirigido hacia la procreación. Por eso, el impacto provocado en la población por la enfermedad y las armas se compensó en pocos años con los nacimientos, según explican los demógrafos Diego Ramiro y Unai Martín Roncero, que analizan en este reportaje la caída de la natalidad en Euskadi durante 2020 junto a la socióloga Garbiñe Henry, el ginecólogo Txanton Martínez Astorquiza, la matrona Elena Palacio Bru y la presidenta de las familias numerosas de Euskadi, Natalia Díez Caballero.

50 días se han cumplido desde que el 30 de julio la quinta ola tocara techo en Euskadi. Aquel día dejó una incidencia acumulada de 873 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta detectada de toda la pandemia. Desde entonces la caída ha sido constante y los indicadores auguran que lo seguirá haciendo, al menos, durante lo que resta de mes. Esa es la previsión que maneja el Gobierno vasco. Y es que la incidencia acumulada sigue bajando –ayer estaba en 133 puntos, cinco menos que el anterior– como también lo hacen los contagios semanales. En los últimos siete días el Departamento de Salud ha notificado 1.292 positivos, un 21% menos que los comunicados en los siete previos. Además, la tasa de positividad se ha consolidado en las últimas jornadas por debajo de un 4%, tal y como recomienda la OMS para hablar de una transmisión del virus controlada. Y el índice reproductor, el conocido como R0, sigue por debajo de 1, lo que significa que la circulación del virus va a seguir menguando. Con estos indicadores, y dada la tendencia existente en el conjunto de España, la quinta ola se puede dar por finiquitada. La duda es saber hasta dónde seguirán bajando los casos. Porque, aunque sí se aprecia una ligera ralentización en el descenso de la curva, la caída se mantiene de forma constante desde hace mes y medio.