20220907

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó ayer su intervención en el Senado para rectificar y anunciar a bombo y platillo que va a dar una solución a la cogeneración, una reivindicación de la gran industria que utiliza esta tecnología para abastecerse de electricidad y calor a partir del gas y que había sido respaldada por el Gobierno vasco y otras comunidades autónomas afectadas. La actividad de las plantas de cogeneración, vitales para el sector papelero y para muchas otras industrias, se había desplomado debido a la escalada del gas y a que el Ejecutivo las había dejado fuera del esquema de apoyo contemplado para los ciclos combinados tras implantar el tope al gas en el mercado eléctrico. «La cogeneración va a quedar cubierta dentro del mecanismo de compensación incluido en la ‘excepción ibérica’», afirmó en respuesta a las presiones recibidas en las últimas semanas y en un intento de demostrar su apoyo a la industria. Euskadi, donde la cogeneración tiene un peso muy importante, había sido una de las más activas en esta reclamación y el Gobierno vasco la incluyó en su plan de contingencia. El problema venía de que el Ejecutivo central fijó compensaciones para los ciclos combinados cuando estableció el tope al gas, de forma que estas instalaciones, en manos de las grandes eléctricas, reciben una indemnización acorde con la cotización diaria del gas, que actualmente supera los 200 euros el MWh. Pero a la cogeneración, propiedad de la gran industria, solo le ofrecía unos 100 euros por MWh para el próximo semestre. «Eso suponía unas pérdidas de 100 euros debido al alza del gas y así no se podía producir. En Portugal se les incluyó desde el primer momento en la ‘excepción ibérica’», explicó Javier Rodríguez, director general de la asociación de cogeneración Acogen, que valoró el giro dado por el presidente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Ejecutivo va a incorporar a las industrias con gran consumo de gas a la excepción ibérica que limita desde el mes de junio el aumento de los precios energéticos en España y Portugal. En concreto, el Ejecutivo “va a aprobar una excepción para las instalaciones de cogeneración de las industrias con gran consumo permitiendo que, de manera temporal, queden cubiertas por el mecanismo ibérico”, explicó Sánchez ayer en el Senado, al inicio de su segundo cara a cara con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Se trata, prosiguió el presidente, de una medida excepcional que ha sido solicitada por la propia industria y de la que se va a beneficiar el 20% del PIB. Este cambio temporal, añadió, aliviará a sectores como el ladrillo, el papelero, el textil o el de los fertilizantes y permitirá que todas estas industrias puedan “seguir operando y manteniendo empleo” en un contexto de fuerte incertidumbre económica, espoleada por las consecuencias de la guerra en Ucrania.

La Comisión Europea evitó ayer respaldar el proyecto del gasoducto MidCat. La iniciativa, que defiende España y que uniría la Península Ibérica con el resto de la Unión Europea, recibió el lunes el rechazo frontal del presidente francés, Emmanuel Macron, quien no considera que resuelva la crisis energética actual. «En este momento no podemos dar una posición específica. Antes, es necesario que los Estados miembros y los promotores avancen en la viabilidad del proyecto», apuntó el portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, Tim McPhie, en rueda de prensa en Bruselas, al tiempo que pidió más datos para poder evaluar la iniciativa. El MidCat fue hace unos años candidato a convertirse en proyecto de interés común europeo, pero España y Francia decidieron paralizar este proceso al considerar que debían avanzar más en su desarrollo. Ahora, el gasoducto «no es considerado como prioritario» para la UE, según McPhie. La infraestructura, en principio, serviría para transportar energías fósiles (gas), por lo que ya no puede optar a recibir fondos europeos a no ser que pueda ser adaptada también para mover hidrógeno. «Todo proyecto transfronterizo necesita la aprobación de los países implicados en el proyecto», concluyó el portavoz europeo. El presidente español, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Olaf Scholz, enviaron la semana pasada una carta a las autoridades francesas para que consideraran el proyecto ante las amenazas de cortes de gas por parte de Rusia. Sin embargo, Macron aseguró el lunes que ya existen dos gasoductos que unen España con Francia y que desde el inicio de la crisis energética funcionan tan solo al 53% de su capacidad.

El sonoro rechazo del presidente francés, Emmanuel Macron, a la conexión de gas por Cataluña, deja a Euskadi como la única vía de enlace de la Penísula Ibérica con Europa. Una situación que revaloriza el valor estratégico de la regasificadora del Puerto de Bilbao, Bahía de Bizkaia Gas, y de la red de distribución vasca que utiliza la denominada conexión del Pirineo, ‘Euskadour’, para llegar a Francia por los puntos de Irún y la localidad navarra de Larrau. Se hacen de esta manera proféticas las palabras que hace diez años pronunció en Bilbao el entonces presidente de Enagás, Antonio Llardén, cuando defendía la inversión en el punto de conexión de Irún para que «el País Vasco sea uno de los nodos más importantes del sistema gasista español». Incluso llegó a aventurar que «tendremos un papel muy importante en el futuro en las interconexiones con Europa». El tráfico del enganche vasconavarro evidencia esa situación. Así, el año pasado el flujo de gas de la conexión de los Pirineos sirvió para traer a España 14.638 GWh hasta julio. En cambio, en estos primeros siete meses de 2022 el saldo es totalmente contrario. Se han enviado al país galo 23.710 GWh, un volumen que, según el IDAE, la agencia del Ministerio de Transición Energética, es el equivalente al consumo de 2,3 millones de hogares en un mes y supone un incremento del 138% respecto al año pasado. La actual capacidad de la conexión pirenaica es de 7,4 bcm (7.000 millones de metros cúbicos) al año, y desde marzo, como confirman fuentes de Enagás, se encuentra a su máximo técnico. Una situación que, con el tubo de Marruecos cerrado, lo convierte en la segunda conexión internacional de España tras el Medgaz que une la Península con Argelia, con una capacidad de 10 bcm. Además, el operador gasista prevé una inversión en la plataforma ‘Euskadour’ para aumentar la potencia de la conexión de Irún en los próximos meses y que sus actuales 2,1 bcm se incrementen hasta los 3,6 bcm, haciendo que el nodo de Pirineos aumente hasta casi los 9 bcm.

El Puerto de Bilbao ha sido el que más gas licuado ha descargado en lo que llevamos de año de las seis regasificadoras con las que cuenta España. Con 38.245 GWh recibidos en las dársenas de Santurtzi, Bahía de Bizkaia Gas se convierte así en una pieza clave para la estrategia vasca de este combustible. De ahí que ayer, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, trasladara presión al Gobierno central señalando a este medio que «puede haber una constructora interesada» en acometer las obras del segundo cargadero de gas del Puerto de Bilbao. Se trata de una iniciativa que el PNV sacó adelante en el último debate sobre el Estado de la Nación. Tapia explicó precisamente que «ahora toca saber cuándo el ministerio va a dar la autorización definitiva». Este punto permitiría dar más fluidez a las descargas recibidas por Bahía de Bizkaia Gas, cuya propiedad comparten Enagás y Lakua al 50% y que ha acogido 37 buques hasta julio.

Las consecuencias de este corte del suministro no han tardado en dejarse notar, en forma de una subida de los precios de los futuros del gas en cuestión de minutos, aunque después retrocedió. Y eso implica una vuelta de tuerca a la inflación que lastrará la capacidad de consumo de los europeos y un aumento de los costes de la industria que obligará a parar numerosas fábricas. La buena noticia es que Europa tiene un plan para hacer frente al corte del suministro, lo que permite acotar este impacto y evitar cortes de calefacción este invierno. Así, la UE se ha afanado durante los últimos meses en llenar sus inventarios de gas de cara al invierno, al tiempo que ha desarrollado un Plan de Ahorro que permitirá reducir el 15% del consumo y ha explorado nuevos proveedores. La mala es que ninguna de estas medidas es gratis, porque implican una fuerte subida de precios o el parón de buena parte de la industria. En primer lugar, Europa ha llenado rápidamente sus almacenes de gas durante la época de buen tiempo, hasta el punto de que la comisaria europea de Energía, Kadri Simons, se felicitaba la semana pasada por haber alcanzado el 80% de la capacidad total dos meses antes de que comience la temporada de mayor consumo, una cifra que debería permitir por sí misma afrontar el consumo básico durante los próximos meses si no hay más problemas. En segundo lugar, a partir de ahora entrará en juego el Plan de Ahorro del Gas, que hasta ahora solo había operado de forma voluntaria. Este Plan conlleva un ajuste del 15% del consumo del gas, una cifra similar al peso de Rusia en el conjunto del mercado, si bien algunos países como España cuentan con objetivos menos ambiciosos. 

 Fue un duelo poco equitativo. Cuando Pedro Sánchez accedió a celebrar el primer gran debate parlamentario del curso político para confrontar con Alberto Núñez Feijóo sobre propuestas para hacer frente a la crisis energética en el Senado, el único foro en el que el jefe de la oposición puede medirse con el presidente del Gobierno, lo hizo sabiendo que dispondría de una ventaja abrumadora: la capacidad para intervenir sin tiempo limitado frente a quince primeros minutos del líder del PP seguidos de una última réplica de otros cinco. Y la aprovechó sin miramiento con el propósito de desproveer al dirigente conservador, a la cabeza en las encuestas, del halo de moderación y solvencia con el que el pasado abril accedió al cargo. Había, antes de la cita, pocas dudas sobre la inviabilidad de un gran acuerdo de país entre los dos grandes partidos, pero el rifirrafe entre los principales líder nacionales terminó de constatarlo pese a su común ejercicio teatral de mano tendida. Cuando Sánchez asumió la semana pasada la propuesta popular de reducir a un 5% el IVA del gas y ayer anunció que se aplicará la excepción ibérica a centrales de cogeneración, como venían pidiendo los conservadores, no lo hizo para atraer a Feijóo a su terreno; la prueba es que desdeñó la felicitación del popular. «Le pido que no se haga tantas ilusiones porque también los relojes parados aciertan dos veces al día», espetó. También cuando el presidente del PP lo retó, en un golpe de efecto, a romper con sus socios y apoyarse en la oposición para agotar la legislatura lo hizo sabiendo que ofrecía un caramelo envenenado. Sánchez ya dejó claro en el debate sobre el estado de la nación de julio, tras las pasadas elecciones andaluzas, que su apuesta para intentar remontar el vuelo y llegar al final de su mandato sería un giro a la izquierda y el refuerzo de sus lazos con Unidas Podemos y el llamado bloque de investidura. 

La reforma de la Ley concursal, que inicialmente el Gobierno aspiraba a tener operativa antes de que el pasado 30 de junio venciera la moratoria concursal aprobada durante la pandemia, entrará en vigor finalmente el próximo lunes 26 de septiembre. La norma, que ha sufrido varios retrasos en su tramitación hasta que fue devuelta por el Senado al Congreso tras ser enmendada, fue publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con una disposición final que detallaba que “entrará en vigor a los veinte días de su publicación”. La modernización de la legislación concursal española era una de las reformas comprometidas por España con Bruselas a cambio de las ayudas del Mecanismo de Recuperación y tiene por objetivo priorizar la fase preconcursal como vía de resolución temprana de los problemas financieros puntuales que puedan sufrir las compañías solventes. El texto busca agilizar las reestructuraciones, exonerar de obligaciones a los deudores de buena fe, mejorar la eficiencia de los procesos de insolvencia y ofrecer instrumentos de segunda oportunidad. Además supone armonizar la regulación española con la comunitaria, trasponiendo una directiva que el país debía haber aprobado antes del pasado 17 de julio. La expectativa estaba puesta en que este nuevo esquema permitiera salir del atolladero temporal en que la pandemia sumió a miles de empresas, si bien su retraso ha terminado por imponer las viejas reglas a muchas de las empresas que habían aprovechado la moratoria para retrasar el procedimiento concursal.

BusinessEurope, la patronal europea de la que forma parte la CEOE, ha remitido una carta a las instituciones comunitarias alertando del riesgo de que los países de la Unión Europea comiencen a impulsar este tipo de nuevos tributos por su impacto en los sectores gravados y en la recuperación económica en general. La misiva, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, está firmada por el director general de BusinessEurope, Markus J. Beyrer, y fue remitida hace una semana al presidente del Eurogrupo, a la presidencia checa del Consejo, así como al comisario europeo de asuntos económicos y a los embajadores representantes permanentes de los Veintisiete. En el texto, la patronal europea traslada que está “preocupada” por “la imposición de medidas fiscales extraordinarias temporales a nivel nacional para compensar el impacto” de la inflación. “Los impuestos sobre las empresas energéticas tras los altos precios del petróleo y el gas, y los bancos, tras la subida de los tipos de interés, están en la agenda política de toda Europa”, concreta, advirtiendo de que ya han comenzado a ser puestas en marcha por diferentes países, siendo caso paradigmático el de España, que actualmente tramita la creación de ambas figuras, aunque la carta no cita al país directamente. BusinessEurope ofrece diferentes argumentos a la hora de cargar contra este tipo de gravámenes. De un lado, la carta alerta de que “un impuesto específico sobre los bancos puede afectar la estabilidad financiera y la capacidad de prestar a las empresas”, y cita las cautelas que el propio Banco Central Europeo ha mostrado en torno a la creación de este tipo de figuras. La patronal europea sostiene que garantizar la estabilidad del sistema financiero es fundamental para facilitar la recuperación económica y el acceso de las compañías a crédito, sin el cual se encontrarían “en desventaja competitiva” frente a sus pares de otros países. De otro lado, argumenta que “los impuestos extraordinarios sobre los beneficios de las empresas de energía” podrían “afectar la capacidad de algunos generadores de electricidad para realizar las inversiones necesarias” y corren “el riesgo de distorsionar el mercado a largo plazo”.

La cadena de suministros de la industria del automóvil vuelve a tensionarse. Si a comienzos de verano la gran mayoría de fabricantes de coches de España señalaban que se había producido una cierta mejora en el abastecimiento de componentes, ese efecto se ha desvanecido en la vuelta de vacaciones. Automovilísticas como Stellantis, Ford o VW han tenido que detener su producción, y Seat, uno de los pocos que no tenía un ERTE activo, ya le ha planteado un ERTE a los sindicatos hasta final de año. En el caso de Seat, de momento la planta funciona con normalidad, sin alteración alguna en sus líneas de producción hasta que no entre en vigor el nuevo ERTE, el cual todavía tiene que negociarse. Este expediente se supone que comenzará a regir desde mitad de septiembre y durará hasta el 23 de diciembre, según las intenciones de la compañía. Durante su vigencia, la línea más afectada será la 2 (donde se hacen el León y el Formentor), que pasará de tres a dos turnos. Además, se suprimirán los fines de semana de septiembre que la compañía tenía estipulados que se iban a trabajar para recuperar producción. En Seat hablan de una situación de “extrema volatilidad” en el suministro de componentes.

Algo más de tres meses después de que Siemens Energy anunciase la presentación de una OPA para intentar hacerse con el 100% de las acciones de Siemens Gamesa, la operación está en pleno proceso burocrático. Han pasado también casi tres meses desde que la CNMV admitiese a trámite el movimiento –sucedió el pasado 16 de junio– e iniciase el estudio del mismo. Su autorización es preceptiva para que comience a correr el reloj y los accionistas de la firma eólica vasca puedan tomar una decisión definitiva. Fuentes de la firma germana apuntan la posibilidad de que la autorización llegue en las próximas semanas, antes de que finalice el mes de septiembre, ya que se descarta que haya problemas que puedan dar al traste con la operación. Siemens Energy ya controla el 67% de las acciones de Gamesa pero ha considerado necesario hacerse con el 100% para salvar la empresa, sumida en una profunda crisis y con pérdidas multimillonarias. Los números rojos acumulados han hecho temer a la multinacional germana que su filial dedicada a la energía eólica podía entrar en dificultades de liquidez si, como intuían, la banca cortaba el grifo de la financiación ante los malos resultados. Tomando el control de la totalidad de las acciones, han defendido los responsables de la firma, ofrecerán al sector financiero un aval adicional, el respaldo del conjunto del grupo, para poder refinanciar su deuda y obtener la financiación que les permita encontrar la salida a su particular crisis.

Punto final a la discriminación histórica que sufrían las empleadas del hogar en España y que recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó que era ilegal. A partir de ahora, este colectivo feminizado tendrá prácticamente los mismo derechos que cualquier otro trabajador por cuenta ajena, comenzará a cotizar por desempleo –aunque tardarán un año en poder cobrar la prestación– y su despido dejará de ser tan rápido, fácil y barato como hasta ahora. El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley que mejora sustancialmente las condiciones laborales de las más de 370.000 mujeres que trabajan en el servicio doméstico (en femenino, pues ellas engrosan el 95% de la afiliación en este sector). Una de las grandes novedades de la nueva norma es que a partir del 1 de octubre será obligatorio cotizar por desempleo y Fogasa (el fondo de garantía salarial que se hace cargo de las indemnizaciones cuando hay insolvencias), tanto para el empleador como para la trabajadora, lo que implicará un mayor esfuerzo contributivo para ambas partes. La nueva cotización por desempleo será del 6,05% de la base reguladora, del que el 5% lo abonará el pagador (las familias) y el 1,05% la empleada. El Gobierno, no obstante, bonificará a las familias el 80% de esta nueva cotización, pero incluso así aquellos que tengan una empleada doméstica a jornada completa y retribuida con el salario mínimo (1.000 euros mensuales por 14 pagas) tendrán que abonar 12 euros más al mes por esta nueva cuota. Este extra rozará los 18 euros mensuales a partir de enero, cuando entre en vigor el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) para afrontar el ‘baby boom’ de pensionistas de los próximos años. Esta subida de las cotizaciones se hará de oficio desde la Seguridad Social, por lo que los hogares no tendrán que realizar ningún papeleo.

Señaló los tres asuntos que le parecen prioritarios: la economía, la crisis energética «causada por la guerra de Putin» y la mejora del Servicio Nacional de Salud. Declaró su orgullo en «asumir esta responsabilidad en un tiempo vital» para el Reino Unido, que tiene, según su líder, «una creencia fundamental en la libertad, en la iniciativa emprendedora y en el juego limpio». Mostró su confianza en que los británicos «capearán el temporal» provocado por las consecuencias de la pandemia y la guerra en Ucrania. Y también en el éxito de su estrategia de bajos impuestos e inversiones en vivienda, escuelas, hospitales, carreteras y banda ancha. La resumió en «trabajo, construcción y crecimiento». «No será sencillo, pero podemos hacerlo», advirtió. El momento económico y político es descrito por la mayoría de comentaristas como extraordinariamente complejo. El Reino Unido padece un estancamiento de la productividad desde hace más de una década, las consecuencia negativas del Brexit, los problemas financieros y logísticos tras el fin de la pandemia y una fuerte dependencia del gas en su sistema energético. Truss tiene reputación como persona impulsiva y propensa a la afirmación grandilocuente. Pero su primer discurso pareció bien medido para tranquilizar a los ciudadanos y a los diputados de su partido sobre su intención de detener la ansiedad generalizada sobre los aumentos del precio de la energía. Aumentarán un 80% en octubre si el Gobierno o el sector no lo evitan.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de la ONU, considera «insostenible» la situación en torno a la central ucraniana de Zaporiyia. Es la principal conclusión del informe de 52 páginas que catorce expertos, encabezados por el argentino Rafael Grossi, entregaron ayer al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras la inspección de las instalaciones que llevaron a cabo la semana pasada. El documento señala la «urgencia» de «tomar medidas provisorias» para evitar una catástrofe, como «el establecimiento de una zona de seguridad nuclear y de protección». Rusia y Ucrania se acusan mutuamente desde hace semanas de llevar a cabo ataques contra las instalaciones de la planta, la más grande de Europa. Ayer mismo, sin ir más lejos, el Ministerio de Defensa del Kremlin responsabilizó a Kiev de haber «disparado quince veces con artillería» contra el entorno de la central. Y la localidad de Energodar, donde se encuentra la planta nuclear, se ha quedado sin suministro de agua y electricidad tras una explosión en la zona, según informó el alcalde, Dimitri Orlov. «El equipo fue testigo de que varios equipos eléctricos en la zona del patio de maniobras estaban dañados debido a los recientes bombardeos y que las reparaciones de algunas de estas instalaciones requerirían mucho tiempo», constata el documento entregado en Viena. «Si bien los bombardeos en curso aún no han desencadenado una emergencia nuclear, continúan representando una amenaza constante para la seguridad con un impacto potencial en funciones críticas que pueden tener consecuencias radiológicas de gran importancia», prosigue.