20220920

Los representantes sindicales de CC OO, UGT y LAB en el Metal alavés alcanzaron ayer un principio de acuerdo con la patronal alavesa SEA sobre el nuevo convenio colectivo del sector, que pone fin a cinco años sin marco regulador efectivo. Las tres centrales suman la mayoría suficiente para dar eficacia general a este compromiso rechazado, en principio, por ELA. El acuerdo tendría una validez de cuatro años, desde el 1 de enero de este 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025. Contempla que el salario mínimo en el sector pase a ser de 20.445 euros (frente a los 17.480 actuales). También se procedería a la actualización de las tablas a 31 de diciembre de 2021, del 2% para los salarios inferiores a 18.000 euros y del 1,5% para el resto. La subida para el presente ejercicio sería de un 6,5%; para el año que viene, un 3%; en 2024, un 2,5% y para 2025, un 2%. Más de un 15% en el acumulado total. Además se fija una cláusula de revisión salarial para el final de la vigencia del convenio, «y si la inflación acumulada en el periodo de los 4 años supera el incremento aplicado en el mismo, la diferencia se aplicará a las tablas con efectos de 1 de enero de 2026», explicó UGT. Este preacuerdo, que debe ser ratificado ahora por los trabajadores, llegó a tan solo 24 horas de que se iniciaran las tres jornadas de huelga anunciadas por los sindicatos para el miércoles, jueves y viernes de esta semana.

 Los proyectos de inversión del grupo Repsol para los próximos años serán sometidos a revisión y, previsiblemente, a un recorte de dimensiones por el momento desconocidas. La aplicación del nuevo impuesto a las compañías energéticas –impulsado desde el Gobierno español y ahora también desde la Comisión Europea–, puede tener un impacto trascendental sobre los recursos generados por la multinacional española. Según ha podido conocer El Correo de fuentes solventes, Repsol estudia ya la congelación de un conjunto de inversiones, entre las que se encuentran algunas que debía ejecutar su filial vasca, Petronor. En concreto, pende ya de un fino hilo el proyecto de construcción en el Puerto de Bilbao de una planta experimental de fabricación de combustibles sintéticos, en la que se iban a invertir un total de 100 millones de euros en una primera fase. La instalación, de la que el lehendakari Urkullu colocó la primera piedra a finales del pasado mes de mayo, debía entrar en funcionamiento a mediados de 2024. El beneficio de una empresa siempre tiene dos destinos: remunerar a los accionistas –lo que se denomina dividendo– y financiar nuevas inversiones o la tesorería, lo que se conoce como reservas. Repsol puede resultar especialmente castigada ante la nueva tasa que trata de obtener fondos para compensar las ayudas a la reducción de precios de la energía. La Comisión Europea ya ha definido que estarán gravados con un 33% los beneficios que sean calificados como ‘extraordinarios’ y va a considerar como tales los que superen el 20% de la media de ganancias del periodo de 2019 a 2021. En esos años Repsol acumula un resultado negativo de 4.606 millones de euros –fruto de la devaluación de sus activos y de la caída del consumo provocada por la pandemia–, tras cosechar 7.105 millones de pérdidas entre 2019 y 2020 y un beneficio de 2.499 en 2021.

146.758 furgonetas. Esa es la nueva proyección que Mercedes-Benz Vitoria se ha marcado para este año. Muchas, con el primer golpe de vista. Pero menos de las que pretendía –y así lo había anunciado públicamente– cuando arrancó este 2022. Exactamente, tiene que digerir un recorte de 11.442 unidades. Y con él, un golpe de realidad. Asume que las cuentas hace tiempo que ya no le salían. Por las nueve jornadas de huelga concentradas en apenas un mes, en pleno pulso sindical por el convenio. Y por esos problemas recurrentes en el suministro de semiconductores que no descarta vayan a más. Resultado: Mercedes-Vitoria, la mayor planta de Euskadi, con 5.000 empleos directos, un impacto en más de 30.000 indirectos y que aporta el 5% del PIB vasco, renuncia a lanzar las 158.219 Vito y Clase V con las que pretendía marcar un récord histórico de producción. Un movimiento esperado a la baja que ayer comunicaba formalmente a los sindicatos, en una reunión de suministros en la que también presentó un calendario con más jornadas de trabajo y turnos más prolongados para conseguir materializar el nuevo objetivo. La dirección de la automovilística confirmaba así que el personal de los tres sectores productivos (Montaje Bruto, Pintura y Montaje Final) trabajará todos los sábados de octubre (los días 1, 8, 15, 22 y 29). Y lo previsible es que haya un suma y sigue. Porque fuentes consultadas por este periódico ya aventuraban ayer la activación de «todos los sábados hasta que acabe el año»; hasta el 22 de diciembre, cuando se cerraría la producción anual.

Un total de 54 empresas han acudido a una segunda convocatoria de ayudas del Gobierno vasco con la que pretende inyectar siete millones de euros para las compañías más afectadas por el incremento del precio del gas. Se trata de industrias que tienen en un uso intensivo de este combustible la condición básica para poder operar y que hasta el pasado 31 de agosto han podido solicitar este recurso que les permite recibir 400.000 euros. Estos siete millones que, según confirman fuentes del Ente Vasco de la Energía (EVE) están pendientes de resolución para su abono por parte del departamento de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, se suman a los ocho millones que se concedieron a las pocas semanas de la invasión rusa de Ucrania. En aquel momento se movilizaron con fondos del Gobierno central y llegaron a una treintena de empresas, en una coyuntura especialmente complicado en la que el gas se elevó por encima de los 300 euros/MWh. Esta segunda convocatoria fue impulsada por el Gobierno vasco, ya con sus propios recursos. Y de las 54 solicitudes, 44 corresponden a las condiciones fijadas que hacen referencia sobre todo a los sectores de actividad más comprometidos: siderurgia, cementeras y químicas. Así que en total se inyectarán 15 millones de euros a un total de 77 empresas. Aun así, los pagos no alcanzan a cubrir el incremento de gastos. Y es que en septiembre del pasado año, el precio del gas para uso industrial que viene referenciado por el mercado holandés –conocido como TTF– estaba en 75 euros/Mwh. Ayer, cerró la cotización a 187,79 euros. Supone un incremento del 150%, pero en determinados momentos ha llegado a estar a 345 euros. Es decir, que su coste se ha llegado a cuadruplicar. Un hecho especialmente grave para las industrias intensivas en gas, como gran parte de la siderurgia, las cementeras, las papeleras o las químicas.

En las últimas semanas, la Comisión Europea, además de varias empresas, en mayor o menor medida, han pedido abandonar TTF como mercado de referencia para el precio del gas. Se trata de una solución compleja para un mercado y un sistema que también lo son. Porque, de momento, es en Holanda donde se decide cuánto cuesta el gas. TTF son las siglas de Title Transfer Facility, el índice holandés que sirve para fijar el precio del gas. Por motivos históricos, pero también por su ubicación –la puerta de entrada al norte de Europa–, ha marcado tradicionalmente el precio de este combustible del continente. Y lo ha hecho incluso el gas no pasaba físicamente por el puerto de Rotterdam. Es decir, si un comprador español adquiere gas de, por ejemplo, Nigeria, lo hace generalmente en base a ese índice a pesar de que el buque ni se acerque a las costas del país. Es más, TTF ha llegado a marcar el precio incluso cuando la indexación se hacía en base a otros valores, como el Brent, porque la mera existencia y trajín del mercado suponía una alternativa: un trader podía ofertar el gas –adquirido, por ejemplo, al precio del petróleo, pongamos que 18 euros por megavatio hora– muy cercano al que marcaba TTF en ese momento (digamos que 25 euros) porque, si el comprador no lo aceptaba, lo único que tenía que hacer era enviar el barco a la regasificadora holandesa y venderlo ahí a esa cantidad. De ahí que el precio en España y el de Holanda estuviesen correlacionados; se pagaba el coste de oportunidad de mover el buque. «TTF, al final, es como una lonja muy activa», ilustra Javier Revuelta, senior principal de la consultora Afry. «Es un mercado que se acepta en Europa como el más representativo del valor del gas y, al ser tan líquido, se piensa que siempre se podrá o comprar a última hora o vender a última hora».

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reunió con Endesa para analizar la viabilidad de la central térmica de As Pontes, en Galicia. Según anunció el Ministerio, se ha aprobado el cierre de dos de sus cuatro grupos, mientras que el de los otros dos se autorizará «condicionalmente», en función de las necesidades eléctricas del país. En el mes de julio el Gobierno había encargado un informe a Red Eléctrica con alternativas al gas ruso para asegurar el suministro energético y esta central era una de las que se debía estudiar. El cierre definitivo dependerá de la recuperación de la cogeneración y del plan de contingencia. Así, el desmantelamiento seguirá en gran medida como estaba previsto, pues desde 2020 estaba autorizado el cierre de los cuatro grupos –cada uno de ellos es capaz de aportar 350 MW– de esta central de carbón, pero se ha optado por actuar con cautela con los grupos que aún funcionan. Los dos inoperativos ya pueden empezar a ser desmantelados. «Este segundo informe de REE contempla escenarios no previstos anteriormente», apunta el Ministerio en una nota de prensa. En concreto, además de las repercusiones de la guerra, entraron en juego la sequía y la ola de calor (con las que bajó la producción de hidráulica, eólica y fotovoltaica), además de una reducción de la cogeneración (no entró en el tope al gas) y una mayor exportación eléctrica a Francia.

La competencia fiscal, lejos de rebajarse, arrecia. Las haciendas forales vascas tienen desde hoy una nueva vía de agua y esta puede ser incluso más peligrosa que el efecto de atracción que generaba Madrid con su ‘gratis total’ en el Impuesto de Patrimonio y una deducción amplia en Sucesiones. El presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, anunció ayer –precisamente en una conferencia en Madrid– la decisión del Gobierno de esta comunidad de aplicar una rebaja significativa de la presión fiscal, que tendrá su fórmula estrella en la supresión del Impuesto de Patrimonio. Moreno anticipó que la medida la adoptará hoy su gabinete mediante un decreto ley y, gracias a la mayoría absoluta del PP, su convalidación parlamentaria saldrá adelante sin problemas. Andalucía se suma así a la oferta de baja presión fiscal para los contribuyentes de rentas y ahorros más elevados que tan buenos resultados le ha dado a la comunidad de Madrid en la atracción de profesionales de élite, así como en el aumento de su peso relativo en el PIB nacional. Moreno apuntó ayer en Madrid un cierto hartazgo por la continua fuga de contribuyentes que sufría Andalucía, y precisamente en dirección a la capital de España, para indicar que «en 2019, diez de los veinte principales contribuyentes se marcharon». Desde hace ya algunos años, además, Málaga se ha convertido en un atractivo polo de localización de nuevas empresas tecnológicas, con una oferta de conexiones aéreas imbatible. Andalucía renunciará así a 95 millones de euros anuales, que es lo que recaudaba por Patrimonio hasta ahora, pero el presidente se mostró confiado en que la medida permitirá elevar los ingresos por la atracción de nuevos contribuyentes que abonarán su IRPF. El conjunto de rebajas fiscales anunciadas por Moreno se elevan a 360 millones de euros, ya que también va a deflactar la tarifa autonómica del IRPF en un 4,3%, para evitar el aumento de presión fiscal que se genera con la inflación.

Gipuzkoa mantiene su política sobre esta figura, que en los últimos años ha visto crecer el número de contribuyentes y ha mantenido estable la recaudación. De hecho, desde el ejercicio 2015 y según datos aportados por el departamento foral pilotado por Jokin Perona, el Impuesto de Patrimonio ha elevado en 1.099 el número de pagadores en el territorio, donde los ingresos obtenidos por el mismo se sitúan (con datos de 2021, los últimos oficiales) en 68,6 millones de euros, por encima de los 65,8 del ejercicio precedente. Esta ‘fotografía’ fiscal empaña el mensaje de que el impuesto de Patrimonio ahuyenta a las rentas más altas, defendido por Díaz Ayuso, Moreno y también por el corpus empresarial vasco con Confebask al frente. Ayer, tras el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, realizado por cierto en un desayuno informativo en la capital de España, el propio Jokin Perona explicó a este periódico que «el movimiento andaluz no nos cambia el escenario». A lo que añadió que Gipuzkoa sigue manteniendo su idea de «no suprimir» ese impuesto, que para la Diputación es «uno más entre los que tenemos en nuestro sistema fiscal». El Impuesto de Patrimonio viene creciendo en pagadores desde 2015, cuando los números sufrieron un ligero descenso respecto a los de 2014, que resultó un año excepcional con 8.055 contribuyentes aunque con ‘solo’ 59 millones recaudados.

El B Accelerator Tower (BAT), el centro internacional de emprendimiento con el que las instituciones pretenden «revolucionar» el tejido empresarial vasco, se ha quedado pequeño nada más echar a andar. Las instalaciones ubicadas en la icónica Torre Bizkaia fueron inauguradas oficialmente ayer con un 80% de ocupación, una cifra que supera las expectativas más optimistas de la Diputación, principal promotor del proyecto. Tal es la satisfacción que el Gobierno foral ya piensa en la ampliación. Porque espacio disponible hay de sobra en el rascacielos de la Gran Vía. El diputado general anunció casi inmediatamente después de decretar el inicio de la actividad con una simbólica cuenta atrás que su Ejecutivo ya ha iniciado los trámites para extender las dependencias del BAT. Era una posibilidad que estaba sobre la mesa, pero en ningún caso se preveía que la segunda fase de la implantación fuera activada tan rápidamente. Según desveló Unai Rementeria, la idea es empezar a habilitar el año que viene cuatro nuevas plantas de oficinas. Se añadirán a las cuatro actuales, en las que trabajan ya 69 corporaciones y startups y medio centenar de agentes tecnológicos y académicos. La inauguración de la Torre Bizkaia tiene un claro aroma de cambio de era. Durante décadas el rascacielos fue, con sus 21 plantas y 88 metros de altura, un emblema del poderío financiero de Bilbao, y ahora lo será del I+D y los sectores emergentes. Unai Rementeria: «Estos proyectos le dan a uno fuerzas para seguir». 

«El mercado laboral resiste de una forma sorprendente el actual contexto de incertidumbre. No vemos ninguna afectación significativa sobre la creación de empleo a pesar de la que está lloviendo». El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, presentó ayer con estos mensajes los datos de afiliación de mitad de septiembre, que según los cálculos del departamento cerrará con unos 40.000 cotizantes más (60.000 en términos desestacionalizados) en el conjunto de España, lo que supone el doble de los incrementos que se venían registrando antes de la pandemia. No hay estimaciones por comunidades, con lo que no se sabe qué espera el ministerio para Euskadi. Lo que sí se apunta en la estadística es el dato de afiliados a 15 de septiembre, que suma 980.162 cotizantes. Si se toma esta cifra de referencia, hay un incremento respecto a los 969.294 de media de agosto. No obstante, la media de los quince primeros días se sitúa en 967.740 afiliados, lo que implica una caída de 1.554. En definitiva, no habrá más remedio que aguardar a los datos finales para extraer una conclusión. En general septiembre suele ser un mes positivo para el empleo en el País Vasco, principalmente por la recuperación del sector de educación. Los despidos en este ámbito, para no abonar las vacaciones, son uno de los principales motivos del bajón de afiliación en verano, que este año se ha saldado con una pérdida de casi 18.000 cotizantes entre julio y agosto, desde el récord histórico de 987.181 de junio.

Agosto fue un mal mes para el empleo en Gipuzkoa, como suele ser habitual, aunque este año registró una caída intensa, y septiembre sigue por el mismo camino, según los datos adelantados ayer por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. En concreto, hasta el día 15 de este mes nuestro territorio pierde una media de 2.337 cotizantes a la Seguridad Social en relación a agosto, hasta quedarse con un total de 323.922 afiliados. De confirmarse esta tendencia hasta final de mes, se sumaría a los 4.882 empleos que se perdieron en agosto, y que supuso que se destruyeran prácticamente todos los que se crearon desde febrero. Cabe recordar que tras la caída de afiliación registrada en enero, Gipuzkoa llevaba desde febrero seis meses seguidos de aumentos de afiliación, con una ganancia de 6.029 cotizantes, sin que aparentemente le afectara la guerra de Ucrania. De hecho, la cifra de cotizantes creció en julio cuando en el resto de Euskadi y también el conjunto del Estado se anotó ya un descenso. Pero agosto devolvió las aguas a su cauce habitual, ya que es un mes en el que se pierden cotizantes, entre otros por la enseñanza privada y la cancelación de muchos contratos del ámbito de servicios en los últimos días. Por su parte, septiembre es un mes voluble, pero en general suele seguir la tendencia de agosto, por lo que toca esperar a octubre para ver si se vuelve a la recuperación de la cifra de cotizantes.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, aseguró ayer que el episodio inflacionista “va a ser más intenso y duradero”, al tiempo que las perspectivas de crecimiento económico en el área del euro se siguen moderando. También ha defendido la “necesidad de un compromiso firme con la consolidación presupuestaria”, así como la puesta en marcha de un pacto de rentas entre empresas y trabajadores ante la merma de renta nacional. “La política fiscal puede jugar un papel en este contexto, pero uno distinto al que jugó en la crisis de la pandemia. Ya no se trata de un impulso fiscal generalizado. Aumentaría todavía más las presiones inflacionistas y el Banco Central Europeo tendría que acabar reaccionando de una manera mucho más agresiva”, afirmó Cos. El gobernador también ha resaltado que, como consecuencia de la respuesta europea de la crisis de 2008, “tenemos los fondos europeos” que pueden ser un arma “muy importante” para diseñar políticas de oferta que aumenten la competitividad de la economía española a través de las flexibilización de los mercados de bienes y servicios, de trabajo o de la formación de los trabajadores.

La tendencia del mercado de la vivienda en la zona euro desde 2013 es de un estable crecimiento del precio. Un entorno de tipos bajos y, por tanto, de tasas hipotecarias bajas, ha ayudado, en parte, a sostener en los últimos años la subida del metro cuadrado. Pero el escenario que dibuja la deteriorada situación económica puede provocar un cambio radical del statu quo en el corto y medio plazo que dibuja un mercado inmobiliario de características opuestas al que hay en estos momentos. Así lo asegura el Banco Central Europeo que, en un informe publicado ayer, establece una relación directa, para el total de la zona euro, entre el incremento de las tasas hipotecarias y el desarrollo tanto de los precios como de la inversión inmobiliaria, entendida no sólo como la inversión institucional, sino también como la compra por parte de particulares. En otras palabras, los tipos tendrán una influencia directa en las operaciones de compraventa de vivienda, que en el caso español ha alcanzado un gran dinamismo en la primera mitad del año, hasta tal punto que ha marcado máximos en 15 años. Además, si el efecto en precios y operaciones se produce en un entorno como el actual, de tipos de interés bajos, con un euribor que hasta hace unos meses estaba en negativo, este es aún mayor: en este contexto, los precios descenderían un 9%, mientras que la inversión cedería un 15%, ambos en un plazo de dos años. En el caso de la inversión, ni siquiera el Covid provocó una caída similar. En el momento más bajo, durante el verano de 2020, su caída fue del 14%.

La batalla contra la inflación continúa. La Reserva Federal de Estados Unidos se dispone a subir los tipos de interés por quinta vez consecutiva este año en la reunión de política monetaria que se celebra entre hoy y mañana. Con ello, los dejará en el nivel más alto desde 2008, cuando empezaba la Gran Recesión. Desde entonces, los estadounidenses no conocen lo que son tipos de interés oficiales por encima del 2,5%. Ahora, van a situarse por encima del 3%. El banco central de Estados Unidos trata de combatir una inflación que se ha disparado y amenaza con enquistarse en la economía. La mayoría de analistas e inversores aún esperan que la subida sea de 0,75 puntos, para dejarlos en una banda del 3% al 3,5%, pero hay quienes temen incluso que la subida sea de un punto, algo que no ocurre desde principios de los ochenta, cuando al frente de la Reserva Federal estaba Paul Volcker, que se mostró inflexible para domar los precios, descontrolados por las crisis del petróleo y una política contemporizadora de su antecesor.

El ciclo del transporte de contenedores parece haber tocado techo. La congestión portuaria en todo el mundo sigue siendo alta, lo que ha hecho subir los precios y ha contribuido a los beneficios, con puertos como Felixstowe, en Reino Unido, afectados por las huelgas. Sin embargo, las tarifas de los fletes han bajado aproximadamente un tercio y la rentabilidad se reducirá el próximo año, según los analistas. Por si fuera poco, en muchos países occidentales se teme que la inflación se dispare y que se produzca una recesión. ¿Cómo reaccionará y se adaptará una industria acostumbrada a los ciclos de auge y caída? ¿Han aprovechado las empresas de transporte de contenedores los buenos tiempos para prepararse? Las empresas de transporte de contenedores son los principales agentes de la globalización, al transportar mercancías desde zapatos hasta alimentos a través de los océanos, especialmente desde Asia hasta los consumidores de Europa y Estados Unidos. Tras la primera ola del Covid en 2020, tanto los grupos de transporte de contenedores como las empresas de bienes de consumo se vieron sorprendidos por el fuerte repunte del gasto.

“Situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales”. Fue una de las frases más repetidas durante la pandemia y ahora ha visto renovada –y reforzada– su vigencia por la guerra en Ucrania, la crisis energética y la subida exponencial de los costes y los precios, que han situado a Europa al borde de una nueva recesión. La Comisión Europea, en el pasado adalid del libre comercio y de la libre competencia, ha sufrido una metamorfosis en los últimos años, forzada por los acontecimientos y los cambios geopolíticos, viéndose inoculada por el virus de las tentaciones proteccionistas e intervencionistas. Así, durante el Covid ha permitido las ayudas de Estado al tejido empresarial, incluida la nacionalización de compañías en graves apuros, y acaba de anunciar su mayor intervención en el mercado energético, buscando fórmulas para topar el precio del gas y promoviendo un impuesto a petroleras y gasistas con el que aspira a recaudar 25.000 millones en toda la UE, un paso insólito en la historia del bloque comunitario. Su giro hacia una Europa que busca y defiende su autosuficiencia y su soberanía industrial se ve ampliado ahora con la presentación ayer del nuevo Instrumento de Emergencia del Mercado Único, una herramienta que, con el argumento de proteger el mercado único frente a las crisis de suministros, busca dotar al Ejecutivo comunitario de extensos poderes para actuar sobre el mercado e incluso intervenir en la actividad productiva de las empresas en situaciones de emergencia y escasez.

Todo apunta a que el actual presidente de CEOE, Antonio Garamendi, podría dar un paso adelante en su reelección y ser candidato en las elecciones a la patronal, cuyo proceso de inicia mañana. El miércoles se fijará la fecha para la convocatoria de la asamblea general electoral que marcará las fechas para la presentación de los candidatos. Sin embargo, tal y como señalan fuentes consultadas por este diario, los estatutos de esta organización marcan plazos concretos y hasta entonces no se puede afirmar nada. Los estatutos de la patronal recogen que con una anticipación de al menos 40 días naturales de la fecha en que se vayan a llevar a cabo las elecciones presidenciales, se comunicará a cada organización miembro de pleno derecho la composición inicial de la asamblea general. Una vez realizado este proceso, 20 días antes de la votación, será el plazo para convocar la asamblea general electoral. Esta fecha de la asamblea electoral y que se conocerá mañana miércoles, es la que fijará la presentación de los avales y las candidaturas. En concreto, los nuevos candidatos podrán presentarse hasta 15 días antes de la elección, previa presentación de los avales. De confirmarse la presentación de Garamendi a su reelección, como todo parece apuntar, debería limar una serie de asperezas que mantiene a nivel interno como consecuencia de su escasa belicosidad a la hora de aprobarse la reforma laboral.

La cuarta edición de los Premios Expansión Start Up ya está en marcha. Desde hoy y hasta el próximo 24 de octubre estará abierto el plazo de presentación de candidaturas de unos galardones que buscan reconocer e impulsar la trayectoria de las mejores empresas emergentes del país. En un contexto de incertidumbre por la guerra de Ucrania y de temor a una nueva recesión, los premios constituyen un escaparate inmejorable para ganar visibilidad y posicionarse mejor ante los inversores, tras un segundo trimestre del año caracterizado por el enfriamiento de la actividad inversora. Los galardones están abiertos a todas las empresas constituidas o en trámites de constitución en España con menos de 42 meses de antigüedad y que puedan considerarse pymes según la legislación comunitaria. Esto es: compañías de menos de 250 empleados y una facturación que no supere los 50 millones anuales. También deben acreditar algún componente innovador en su modelo de negocio, no necesariamente tecnológico. Este año, el jurado contará con figuras clave del ecosistema de innovación español como Miguel Vicente, presidente de Tech Barcelona; Marta Martínez, responsable de emprendimiento, transformación y personas de la Confederación Empresarial de Bizkaia (Cebek); Javier Jiménez, director general de Lanzadera, o Garbiñe Henry, directora de innovación y emprendimiento de Deusto Emprende.

Cientos de miles de británicos, jefes de Estado y de Gobierno de los cinco continentes y su familia despidieron ayer a Isabel II, en una jornada que puso punto final a una era isabelina del Reino Unido, en la que la monarca favoreció la estabilidad del país durante siete décadas de grandes transformaciones. Era también el final de los ritos fúnebres que se han extendido durante diez días a raíz del fallecimiento de la soberana el pasado día 8 en el castillo de Balmoral. Westminster Hall, el más antiguo salón del edificio que aloja al Parlamento, cerró sus puertas a primera hora de la mañana a los peregrinos que, desde el pasado miércoles, avanzaban en una larga cola para honrar el catafalco con el féretro de la fallecida. La procesión civil había sido el gran foco de los actos fúnebres desde su muerte súbita en la mansión escocesa. Antes de que el féretro fuese transportado a la vecina abadía, la extensa familia de la reina, los monarcas europeos y presidentes como el estadounidense Joe Biden, el francés Emmanuel Macron o el brasileño Jair Bolsonaro ya ocupaban sus asientos. Les acompañaban jefes de las fuerzas armadas, exprimeros ministros y doscientos británicos galardonados por la Corona por su trabajo durante la pandemia. Los 2.000 invitados asistieron a un funeral típico de los servicios religiosos solemnes de la Iglesia de Inglaterra.