20221108

El pleno del consejo vasco de FP, presidido por el consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, ha dado luz verde al 6º Plan Vasco de Formación Profesional con el acuerdo de los agentes sociales involucrados, entre ellos Confebask, que ha participado activamente en su redacción. En declaraciones posteriores a su aprobación, el director general de Confebask, Eduardo Aretxaga, ha destacado que “se trata de un documento que va a guiar a la FP de Euskadi durante estos próximos 3 años y va a dar continuidad a lo construido en los cinco anteriores planes. En ese sentido, es importante que la FP de Euskadi siga colaborando y dando respuesta a las necesidades de las empresas vascas, especialmente a las pymes, en materia de talento, formación continua o innovación”. “Asimismo- prosigue Eduardo Aretxaga -, también es importante hacerla aún más atractiva para la juventud vasca y especialmente para las chicas en la rama industrial. Para ello es clave avanzar en la configuración de una orientación educativa que nos ayude a lograrlo. La FP supone el 60% de la demanda de nuevas incorporaciones de la empresa privada en Euskadi y el reto demográfico junto a la falta de personas nos va a obligar a mantener nuestra formación profesional como un referente en todo el Estado. Por último – concluye el director general de Confebask- me gustaría destacar que este 6º plan apuesta por avanzar en la colaboración FP+Universidad”. Ver más en Confebask

La Formación Profesional en Euskadi afronta una etapa de profunda transformación. El Consejo Vasco de FP aprobó ayer el VI Plan de Formación Profesional, el documento que fija la estrategia a seguir en los próximos tres años en esta alternativa de estudios superiores, cada vez más demandada y con un excelente encaje laboral. La digitalización de los centros, la creación de itinerarios formativos que permitan adaptarse a las nuevas necesidades sociales, la mejora de la empleabilidad y la consolidación del sistema dual entre los ciclos superiores y los grados universitarios son algunos de los pilares que rigen la nueva hoja de ruta, en la que Educación invertirá 513 millones de euros. Según afirmó el consejero Jokin Bildarratz, «el 60% de las necesidades de las empresas vascas se cubren a través de la FP» y el propósito es que esta opción formativa se mantenga como una referencia en Europa, con unos datos de empleabilidad que van a más. El viceconsejero de FP, Jorge Arévalo, reveló que los alumnos que encuentran trabajo en los ciclos generales superan el 88%, porcentaje que sube al 93% en el sistema dual –combinación de estudios y prácticas remuneradas–. Cifras importantes, pero con las que el Gobierno vasco dice no conformarse. Principalmente, porque las necesidades de la sociedad son cambiantes y es preciso adaptarse para no quedarse atrás.

Grupo Auxiliar Metalúrgico Sociedad Anónima, el nombre que dio lugar a las siglas de Gamesa en el año 1976, vislumbra el final de su andadura una vez que el regulador de la Bolsa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), diera ayer luz verde a la OPA de exclusión de Siemens Energy sobre Siemens Gamesa. Se trata de un proceso por el que la matriz alemana de la constructora de molinos pretende hacerse con el control total de la firma con sede en Zamudio para abandonar la cotización en los mercados y, como señalan fuentes de la empresa, «cumplir el objetivo de una integración plena». Esta «integración plena», según recoge el folleto publicado ayer, anuncia una reestructuración societaria que, una vez concluida con éxito la OPA, analizará «la integración jurídica de Siemens Gamesa y de Siemens Energy». Supondría un paso más allá de un escenario en el que el 100% de las acciones de una firma estuvieran en manos de la otra. Así, la compañía vasca se integraría en la matriz germana con el fin de «simplificar la estructura organizativa del grupo». Todo esto es otro hito dentro del Plan Mistral, con el que la sociedad alemana pretende ordenar lo que desde la fusión con Gamesa en 2017 no ha sido más que, en muchos casos, una duplicidad de estructuras. Un planteamiento que ha desbaratado lo que parecía un próspero matrimonio que hacía confiar en un venturoso futuro gracias a la aportación de Gamesa, uno de los líderes en la eólica terrestre, y la de Siemens Energy, compañía con una posición prominente en el desarrollo de los aerogeneradores para al mar. Sobre el papel, unas sinergias perfectas que, cinco años después, no han funcionado y que, en los nueve primeros meses de este ejercicio, arrojan unos números rojos de 1.226 millones de euros. A los que sumar otros 1.500 millones de los dos años anteriores (918 en 2020 y 627 en 2021). ¿Las causas? La subida de las materias primas, el coste de los transportes, los problemas en la plataforma 5.X y una «estructura sobredimensionada» en la parte administrativa, tal y como explicó el nuevo consejero delegado de la entidad, Jochen Eickholt.

El folleto de opa de Siemens Energy (SE) sobre su participada Siemens Gamesa (SG) tiene ecos de un nuevo ajuste, tanto en la capacidad industrial como en la estructura de la plantilla. El grupo alemán estudia la posibilidad de más despidos sobre los anunciados hasta ahora. Los recortes alcanzarán al consejo de administración y al equipo directivo. Desde SE reiteran en el folleto que SG necesita una “simplificación”, tanto de estructuras de negocio como de equipos de gestión. En la práctica, todas las órdenes partirán de la sede de Siemens Energy en la ciudad alemana de Múnich. La corporación quiere “evitar duplicidades” y “unificar los procesos” para “una mejor eficiencia”. No han terminado los recortes en el fabricante de turbinas, que ha sufrido ya cuatro procesos de ajuste desde la fusión en 2017 de los activos eólicos de Siemens y de Gamesa. En la nueva etapa también cambiarán las relaciones con los proveedores, que se centralizarán en una sola dirección de compras, tanto para SG como para SE. Un modelo que desde la multinacional alemana consideran más óptimo para hacer frente a los bloqueos que suele registrar la cadena de suministros, tanto en este como en otros sectores.

Las ventas mundiales de vehículos y un control de gastos energéticos empujan unos resultados históricos de la cotizada vasca. Un tercer trimestre excepcional y ajeno a la desaceleración económica en el sector de la automoción ha dado una marcha más al buen ritmo que venía registrando este año el fabricante vasco de componentes Gestamp. Así, sus beneficios netos hasta septiembre escalaron hasta los 183 millones de euros, un 82% más que los 101 millones del pasado año. La compañía presidida por Francisco Riberas ha recibido el impulso de una importante subida en las ventas del último trimestre, que casi han duplicado las del mismo periodo del ejercicio pasado, con 2.827 millones de euros. En el global de los nueve primeros meses del año, el incremento de la facturación ha sido del 30%, situando el total en 7.697 millones frente a los 5.879 de 2021. Un control de los costes energéticos, gracias a iniciativas de autoconsumo o contratos a precio fijo en la modalidad de ‘PPAs’, han hecho posible también estas cifras, que elevan asimismo el ebitda (beneficio antes de impuestos) hasta los 847 millones de euros. Es un 20% más que el año pasado. El propio Riberas explicó en la presentación del balance que las cifras «siguen reflejando el éxito de nuestra estrategia», aunque no escondió que, «de cara al futuro, las condiciones del mercado siguen siendo difíciles debido a las elevadas presiones inflacionistas, la subida de los tipos de interés y los desafíos geopolíticos mundiales». Y es que las cifras no recogen los datos a partir de octubre, cuando el sector ha empezado a acusar de un modo más grave la desaceleración económica.

Euskadi está en el grupo de países ‘innovadores fuertes’ en 2022 y supera la media de la UE en un 10%, según los datos facilitados por el Instituto Vasco de Estadística. El índice de referencia, el EIS 2022, mide la capacidad de las economías para llevar a cabo actividades de innovación y el desarrollo de estas. En el País Vasco, que destaca en los bloques de ‘condiciones marco’ e ‘inversiones’, dicho índice es 0,597 frente al 0,542 de los Veintisiete. El dato de España es 0,481, que le clasifica como ‘innovador moderado’.

La economía vasca encadena ocho meses de "suave desaceleración" debido fundamentalmente al "menor empuje de las exportaciones y una cierta debilidad en el consumo privado", dos factores que han "contrarrestado" el ligero repunte de la inversión. Así lo refleja el "Termómetro Económico" mensual que publica el Departamento vasco de Economía y Hacienda correspondiente al mes de octubre y que analiza un centenar de indicadores. Este estudio también indica que "no hay variación en el ritmo del sector público" y que todos los sectores económicos "van perdiendo intensidad a medida que pasan los meses". Con estos datos la puntuación de la situación económica de octubre baja a 117,2 puntos sobre 150, lo que indica que a pesar de la desaceleración sigue en una situación de "crecimiento sólido" (entre 100 y 150 puntos), aunque ya son ocho meses encadenando descensos en la puntuación del termómetro. Ver termómetro Gobierno Vasco. 

En pleno debate sobre cómo trasladar los precios a los salarios en los convenios, ELA denunció ayer que el sueldo medio vasco ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo acumulada de 14.000 euros desde 2008 al subir menor que la inflación. Es una de las conclusiones de un estudio que presentó el secretario general, Mitxel Lakuntza, quien advirtió de que los salarios más bajos son los más afectados. A su juicio, esta evolución responde a una «ofensiva de la patronal para maximizar beneficios, que cuenta con la cobertura de los gobiernos de Urkullu y Chivite». El informe, titulado ‘Evolución salarial en Hego Euskal Herria: empobrecimiento y precariedad’, utiliza los datos de la Diputación Foral de Gipuzkoa porque, según apuntó Lakuntza, lo primero a denunciar es el «oscurantismo» en este asunto de Bizkaia y Álava, «que se niegan a dar los datos y luego hablan de transparencia». Pues bien, de acuerdo con la Hacienda guipuzcoana, el sueldo medio ha pasado de 23.950 euros en 2008, año del estallido de la crisis financiera, hasta los 25.898 euros en 2020, última estadística disponible. El aumento en los doce años es del 8,1% frente a un alza del IPC del 12,3%. En consecuencia, se han perdido 4,2 puntos de poder adquisitivo.

Entrevista con Lide Amilibia Viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno vasco. «Con la pandemia vimos que en las residencias había cuestiones que podían ser mejoradas. Esperamos que el nuevo decreto se apruebe el primer trimestre de 2023». El Gobierno Vasco ha lanzado una nueva herramienta, ‘Behatuz’, que entre otras cosas busca acercar los servicios sociales a la ciudadanía. «Hay que normalizar acudir a las trabajadoras sociales como cuando vamos al médico». " El decreto de residencias actual es de 2019. Con la pandemia nos dimos cuenta de que había cuestiones que podían ser mejoradas y nos comprometimos a revisarlo y adecuarlo a la nueva situación, para evitar algunas circunstancias que se han podido dar durante la pandemia. La atención a las personas en residencias en Euskadi ha sido correcta, pero eso no quita que hayamos aprendido y queramos modificar el decreto de residencias. Cuestiones como unidades convivenciales, la necesidad de sectorizar las residencias o la ampliación de las habitaciones individuales se van a incluir en la norma para una mayor personalización de los cuidados. Esperamos poder tener el texto aprobado el primer trimestre de 2023... Euskadi tiene una tasa de natalidad muy baja. Estamos trabajando en cómo ayudamos a las familias a que puedan tener el número de hijos que quieran. El 52% de las familias nos dicen que les hubiera gustado tener más hijos. Nosotros buscamos acompañarles. ¿Cómo? Con la ayuda de 200 euros al mes hasta los 3 años que entra en vigor en enero. Los primeros mil días de los bebés son trascendentales en su bienestar. Queremos ayudar con esa nueva prestación a estas familias para que puedan llevar adelante esa crianza..."

Orona modificó en abril sus estatutos para suavizar la mayoría necesaria con el fin de facilitar la salida del Grupo Mondragon. El mundo cooperativo vasco vive estos días un episodio trascendente y en cierto modo inédito, aunque haya precedentes similares, como es la eventual salida de la Corporación Mondragon al compás de dos empresas del calado y el peso de Orona y Ulma. Ambas, cuyos consejos rectores han tomado esa decisión que ahora someterán a la votación a sus socios, suponen entre un 35% y un 50% de la Mondragon industrial, según los parámetros que se analicen. En todo caso, representan buena parte del peso del grupo en Gipuzkoa. El distanciamiento del Grupo de la cooperativa de Hernani, desvelado en exclusiva por este periódico, ha levantado no pocas ampollas y aún más dudas entre los socios de la compañía en su cuartel general de Galarreta, que no terminan de entender «las prisas» que inundan el proceso y que solo se atreven a comentar desde la más absoluta de las confidencialidades. «Nadie quiere hablar, la gente teme represalias o malas reacciones», aseguran algunos. La ‘fuga’ de Orona del Grupo Mondragon será ahora bastante más sencilla que hace muy poco tiempo. Y es que la empresa de soluciones de movilidad y elevación modificó el pasado 8 de abril sus estatutos (con el voto favorable de sus socios) para, en definitiva, dulcificar las mayorías necesarias para llevar adelante operaciones corporativas y movimientos de gran importancia, como la propia salida de la Corporación. La asamblea de socios de Orona para votar la salida de Mondragon se celebrará el viernes 16 de diciembre. 

No está claro que esta vez el seguimiento vaya a ser tan amplio. En Euskadi, desde luego, hay muchas dudas. Para empezar, el sindicato Hiru (700 asociados), que apoyó aquella protesta, no ha decidido aún si avala la actual. Ni siquiera ha puesto fecha para que sus afiliados se pronuncien. En el Puerto de Bilbao, donde el primer paro se enquistó y bloqueó la terminal durante 22 días, tampoco hay unidad esta vez. El sábado hubo una votación entre los afiliados de Plataforma, pero gran parte de los 700 autónomos que mueven los contenedores en la dársena se han desmarcado al entender que las empresas están cumpliendo las condiciones pactadas en su día. La Asociación TransportBilbao del Puerto, con 215 miembros, rechaza la convocatoria. Las patronales del transporte están en contra, como ocurrió en la otra ocasión. «Desde el primer paro se han aprobado leyes para poner solución a los problemas, como el traslado obligatorio del alza de costes en las tarifas o la prohibición de realizar la carga y descarga. Las herramientas están en nuestras manos», señaló a este periódico Sonia García, la presidenta de la Asociación Empresarial de Transportes de Bizkaia (Asetrabi).

Salvo sorpresa de última hora, la madrugada del domingo 13 al lunes 14 marcará el inicio de un nuevo paro nacional indefinido en el sector del transporte por carretera, con resonancias de una huelga similar convocada el pasado mes de marzo. Como principal punto en común está su instigadora, la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, organización que agrupa a autónomos y pymes que no cuenta con el apoyo mayoritario del sector, pero también su motivación: el parón de hace casi ocho meses fue para exigir, entre otras medidas, la prohibición de trabajar a pérdidas. Si bien la Ley de Cadena del Transporte, aprobada por el Congreso en agosto, recoge que “el precio y los gastos relacionados con el transporte deberán cubrir el total de costes efectivos individuales incurridos o asumidos por el porteador para su prestación”, desde la Plataforma argumentan que no se está cumpliendo. De prolongarse tanto como lo hizo la anterior, que se extendió por 20 días, podría haber otros puntos en común, como el desabastecimiento de ciertos productos en los lineales de supermercado (en marzo fue la leche o el aceite, tanto por la huelga como por el conflicto en Ucrania) y en comercios de todo tipo o incluso el cese temporal de la producción en el caso de algunas empresas, como se vieron abocadas a hacer por entonces Danone, Calvo o Cuétara, incapaces de seguir produciendo por falta de materias primas y también de hacer llegar a los supermercados sus productos ya terminados. Una situación que puede ser más grave ahora, a las puertas de dos campañas clave para el consumo en España: el Black Friday, que ha disparado la logística del ecommerce, y la época navideña, de grandes compras. “Siete meses después, no se respeta el precio de coste a los transportistas, que cada vez pagamos más”, denunció ayer el portavoz de la Plataforma, Manuel Hernández. Sus demandas buscan garantizar el trabajo “a unos precios que permitan hacer a sus empresas viables” y que los beneficios “realmente lleguen a quien tiene el coste y no se lo queden los intermediarios, como está pasando desde los últimos 20 años". 

Tras la tregua del petróleo durante los últimos meses, cuando llegó a caer hasta los 84 dólares por barril como resultado de la ralentización económica global y las subidas de tipos generalizadas, el crudo ha vuelto a dispararse hasta rozar los 100 dólares, debido al fuerte recorte de producción de los grandes exportadores para compensar el descenso de la demanda. Y, aunque el mundo ya se enfrentó a una situación similar entre 2011 y 2014, cuando el precio del Brent, de referencia en Europa, se situó de forma continuada en el triple dígito, ahora la situación es muy diferente, porque ni la economía global está creciendo intensamente, como sucedía entonces, ni la política monetaria está apoyando este avance, ni el dólar estaba tan fuerte como en la actualidad, ni los cuellos de botella en los productos derivados estaban tensando enormemente los precios de los productos refinados. De hecho, para darse una idea de la magnitud de la crisis actual, basta decir que, aunque el petróleo todavía está por debajo de los niveles de hace una década, el gasóleo ya alcanza de media los 1,97 euros por litro (antes de la bonificación fiscal del Gobierno) aunque en un elevado número de estaciones de servicio supera los 2 euros, más de 60 céntimos por encima de lo que marcaba el surtidor hace diez años, esto es, un alza del 44%. Y, aunque la escalada de la gasolina ha sido algo menor, también es muy significativo que cueste hoy 1,76 euros por litro, 38 céntimos más que hace 10 años. ¿A qué se deben ambas subidas, tanto la del petróleo como el incremento adicional de los carburantes? En primer lugar, los precios del petróleo se han visto tensionados por la caída del suministro ruso y las sanciones occidentales a Moscú. Y, aunque la ralentización de la demanda mundial haya conseguido frenar esta subida, los problemas de la oferta han vuelto a presionar los precios al alza. 

Los tres informes, a los que ha tenido acceso El País, estudian los efectos derivados de la subida de 164 euros de hace tres años y han sido elaborados por la Universidad de Alcalá, la Universidad Complutense de Madrid, y la Fundación ISEAK. Mientras que los dos primeros son algo más esquemáticos, el tercero —que firma la organización que dirige la economista Sara de la Rica— lleva a cabo un análisis algo más minucioso a la hora de determinar los impactos positivos del alza, como en su evaluación en los efectos que esta produjo en el empleo. Tomando como referencia los datos de 2018, el estudio de ISEAK concluye que un 9% de la población asalariada (unos 3,2 millones de personas) se benefició de la subida del SMI, y que tuvo un mayor impacto en el colectivo de mujeres trabajadoras (56,8%). Además, resuelve que este incremento cumplió con el objetivo de “comprimir la distribución salarial” y que la medida tuvo un efecto más positivo entre los empleados más jóvenes y los extranjeros. Este documento concluye, a partir del estudio de la evolución del número de trabajadores afectados por la subida del SMI durante 2019 y los que no lo fueron, que, al final de la curva, existían más probabilidades de mantenerse en el empleo sin una reducción de la intensidad laboral (que hubieran visto recortada su jornada) entre los que no habían sido impactados por la subida del SMI (76,5%), que entre los que sí (73,7%). “Se puede concluir que el impacto es nulo o muy pequeño en los primeros meses tras el aumento del SMI —las diferencias apenas llegan a sobrepasar un punto porcentual—; sin embargo, un año después existe un ligero impacto negativo en el empleo de 2,8 puntos porcentuales”.

El diálogo social que tantos frutos ha dado en la legislatura para forjar todo tipo de acuerdos tendrá una participación mínima o testimonial en la recta final de la reforma de las pensiones cuya tramitación ultima el Ministerio de Seguridad Social. A diferencia de la negociación y acuerdo en el verano del año pasado con sindicatos y empresarios para cuestiones como la revalorización de las pensiones, la segunda parte de la reforma deberá ser discutida sin apenas margen para aportaciones por parte de los agentes sociales. El plan incluye medidas como la ampliación del cómputo de años para cobrar la pensión que difícilmente aprobarán sindicatos, patronal o incluso socios de Gobierno como Podemos. La reforma debería estar lista para el 31 de diciembre contando con el mayor consenso posible. Pero difícilmente estará aprobada por el Congreso para tal fecha y más difícilmente aún contará con el visto bueno del diálogo social, que lamenta no haber recibido ninguna propuesta formal que valorar por parte del Ministerio de Seguridad Social. A día de hoy, ninguno de los representantes de patronales y sindicatos dispone de una medida que pueda considerar parte de la reforma que quiere emprender el Gobierno. Sólo hay declaraciones. No es la primera vez que el ministro José Luis Escrivá apura los plazos para tramitar las reformas. Ya lo hizo con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Lo planteó por sorpresa y su propuesta rompió el consenso con la patronal, que desde ese momento le puso la proa. A la Comisión del Pacto de Toledo tampoco le gustó la estrategia y se lo hizo saber. Finalmente, la Comisión Europea también ha mostrado su extrañeza, reclamando una modificación.

España estrenará el próximo 1 de enero un nuevo mecanismo de ajuste de las pensiones, el denominado mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), aprobado en la primera fase de la reforma de la Seguridad Social. Sin embargo, este modelo de ajuste aprobado por España difiere notablemente de los tipos que ya aplican aproximadamente la mitad de los países europeos y que vinculan la evolución del gasto en pensiones a una o varias variables de entre estas tres: ligar la cuantía inicial de las prestaciones de jubilación a la esperanza de vida; fijar la edad de jubilación en función también de la esperanza de vida o revalorizar las pensiones según la demografía o la marcha de la economía. Así lo refleja el estudio comparado realizado por el economista responsable de análisis económico de BBVA Research, Rafael Doménech. Según esto, por ejemplo, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Italia, Malta, Holanda y Portugal varían sus edades de jubilación en función de si sus trabajadores aumentan o no su esperanza de vida (ver tabla). Finlandia, Italia y Portugal, además, modifican también la cuantía inicial de su prestación también con la esperanza de vida: cuanto mayor sea esta última más tarde llega la jubilación y más baja su cuantía y viceversa. Así, el MEI español sustituye al denominado factor de sostenibilidad aprobado en 2013 y que vinculaba la cuantía inicial de la pensión con la esperanza de vida, como la mayoría de los sistemas europeos y que nunca llegó a aplicarse. Por el contrario, el actual MEI no actúa sobre el gasto futuro en pensiones sino solo sobre los ingresos, ya que consiste fundamentalmente aumentar la recaudación finalista para el pago de jubilaciones. Para ello, en enero la Seguridad Social empezará a aplicar una sobrecotización del 0,6% fundamentalmente a las empresas y este recargo se realizará entre 2023 y 2032. Lo que se recaude con dicha sobrecotización se incorporará al fondo de reserva de las pensiones.  

El Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres dio la razón a una empleada teleoperadora de la compañía Atento al considerar como accidente de trabajo la caída que sufrió en su casa tras acudir al baño mientras teletrabajaba. La diferencia entre baja laboral y no laboral es sustancial. La prestación diaria que cubre al trabajador con parte de su sueldo, la incapacidad temporal, se inicia en plazos distintos según el accidente o enfermedad sea considerado laboral o no laboral. De ser laboral, la prestación comienza al día siguiente de la baja y se supliría el 75% del salario, mientras que, de ser no laboral, comenzaría al cuarto día del mismo y solo se cobraría el 60% del sueldo. El porcentaje aumentaría hasta el 75% solo transcurridos 21 días tras la baja. La mutua alegó que no se había caído estando sentada ante el ordenador, pero el juez señaló que ir al cuarto de baño no se puede considerar interrupción del trabajo. De esta forma, en la sentencia emitida a finales de octubre se considera probado que la mujer acudió al baño de su domicilio y, al salir para retomar su tarea, tropezó en el pasillo, cayendo al suelo y sufriendo un traumatismo en el codo y el costado derecho. Para la mutua no cabía hablar de “lugar de trabajo” al no haberse producido el accidente estando sentada ante el ordenador de su domicilio y, por tanto, no estaba protegida por la normativa. En cambio, el juez apuntó que no hubo una clara interrupción del trabajo. Puso de ejemplo, en la sentencia, la situación de quien, en tiempo de trabajo, estando en la cocina de su domicilio, se cortara accidentalmente con un cuchillo. En este caso, ahonda el fallo, “nadie pondría en tela de juicio la oportunidad de considerar accidente de trabajo el sufrido por un empleado en idéntica circunstancia si trabajase en una fábrica, oficina o tienda”.

En este clima de incertidumbre económica sostenido por la subida de la inflación y de los tipos de interés, la guerra de Ucrania o la crisis energética, la construcción presenta una hoja de servicios sustentada con datos que contradicen lo anterior y evidencian un claro avance. Un progreso que constata el último informe elaborado por el Observatorio Industrial de la Construcción, correspondiente a septiembre de 2022: suben los ocupados un 1% en variación interanual y un 3,1% los afiliados a la Seguridad Social respecto a 2021; crecen un 13,5% las empresas de 250 o más trabajadores y aumentan un 1,5% los visados de obra nueva. Con estos números, y a pesar de que la subida de los costes de materiales afecta a las empresas y existe una ralentización en la reforma y la rehabilitación, el sector vuelve a reclamar su protagonismo dentro de la economía española en ePower&Building 2022, el encuentro comercial en el que Ifema reúne a todos los segmentos relacionados con la edificación.

La Comisión Europea sabe que va a ser un invierno difícil. “Es claro por varios indicadores económicos, nuestro indicador de sentimiento económico o por el PMI que la contracción es posible, probable”, sentenció el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, al acabar ayer la reunión del Eurogrupo, sin llegar a dar por hecho el pronóstico de la recesión, al menos hasta que el viernes su departamento presente las nuevas previsiones económicas. Con esta sentencia, el comisario italiano se sumó a las lúgubres perspectivas que se ciernen sobre la economía europea para los próximos meses. No obstante, estos vaticinios llevan oyéndose desde hace varios meses. Hubo algunos pronósticos que apuntaban a que la actividad ya iba a entrar en recesión en verano, algo que no se vio con la primera estimación divulgada por Eurostat hace unos días, pues la economía de la zona euro habría crecido entre julio y septiembre un 0,2%. Ahora, todo apunta a que esa contracción durante al menos dos trimestres, lo que se llama recesión técnica, se daría entre finales de este año y comienzos del que viene, si bien la mayoría incluso la alarga durante la primera mitad de 2023, o sea tres trimestres.

El líder de la ONU no sólo ofreció ayer los mensajes con tintes apocalípticos que acostumbra en las grandes citas para intentar despertar conciencias sobre la urgente necesidad de actuar para frenar el cambio climático. «Cooperar o perecer», llegó a decir en su discurso inaugural de la cumbre climática que se celebra en Egipto. Fue más allá y reclamó medidas económicas concretas que frenen las emisiones y sirvan para compensar a los países en desarrollo, precisamente los que están sufriendo de forma más cruda las consecuencias del calentamiento global cuando muchos de ellos son los que menos contaminan, como el caso de África. Ante el auge del gas y el incremento de los precios de la energía, emplazó a «todos los gobiernos» a que «graven los exacerbados beneficios de las empresas de combustibles fósiles». En presencia de los líderes mundiales –faltaron los máximos mandatarios de China, India, Rusia y Estados Unidos, los que con más emisiones cargan el medio ambiente– Antonio Guterres reclamó así un impuesto extra a las petroleras para que de alguna manera asuman el pago de la costosísima factura climática. «O el mundo afronta unido un pacto de «solidaridad» contra el cambio climático o quedará abocado al «suicidio colectivo». Este fue el mensaje esencial del discurso cargado de urgencia con el que el secretario general de Naciones Unidas dio por abiertas las negociaciones de la COP47 en Sharm el-Sheikh. Su postura dejó poco lugar a las dudas: «Tenemos puesto el pie en el acelerador de camino al infierno climático. La humanidad tiene que elegir entre cooperar o morir».

Iberdrola anunció ayer que ha firmado un memorando de entendimiento (MoU) con la firma de inversión francesa Axa IM por el que ésta participará como accionista minoritario en el desarrollo de un parque eólico marino (off-shore) de unos 1.000 megavatios (MW) en Normandía (Francia) si la eléctrica se adjudica el proyecto en una próxima subasta. Un parque de estas características requeriría inversiones de más de 5.000 millones de euros. Con este acuerdo, Iberdrola da otro salto en la carrera que ha emprendido para sellar grandes alianzas con socios de primer nivel que le acompañen como socios minoritarios en sus proyectos estrella en renovables, dentro de España pero sobre todo en el exterior. Hace poco se alió al fondo suizo Energy Infrastructure Partners (EIP) vendiéndole el 49% en el parque eólico marino Wikinger, en Alemania. En Reino Unido se alió con el fondo australiano Macquarie incorporándole con un 40% a otro parque offshore, el East Anglia One. En Dinamarca, se ha unido con la petrolera francesa Total para otro macroparque marino. La presentación de ofertas al concurso, denominado AO4, para el que la eléctrica ha sido preseleccionada, se llevará a cabo el próximo 10 de noviembre y la adjudicación está prevista para el primer trimestre de 2023. El futuro parque eólico estará ubicado a más de 30 kilómetros de la costa de Normandía, en una zona con unas condiciones de viento y un fondo marino muy favorable.

En el país que presume de ser faro de la democracia hoy se vota con miedo. Y no es solo miedo a perderla, es miedo físico, inminente. Antes incluso de que llegase el día de los comicios de medio mandato, un colegio electoral de Harlem tuvo que cerrarse el domingo por una amenaza de bomba, según informó la Junta Electoral. Imagínense lo que será votar en Pensilvania, Arizona, Nevada o Georgia, los cuatro Estados más decisivos, en los que la diferencia puede ser por un puñado de votos. «¡Ya estamos otra vez! ¡Elecciones amañadas!», escribió el domingo Donald Trump en las redes sociales. La única prueba que ofrecía de que puede «repetirse el fraude» que le arrebate a los suyos la victoria, como clama le ocurrió a él en 4040, era un artículo de una página web de extrema derecha que protestaba por la acumulación de votos falsos en Pensilvania sin aportar ninguna prueba. Con el embate final de los demócratas, que en los últimos días han puesto a todos los pesos pesados a hacer campaña, fuentes del partido creen que puede no irles tan mal como todo el mundo espera. Y de ser así no hay duda de que Trump gritará «¡fraude!». Esta vez no estará solo. Durante los dos años transcurridos desde su derrota en noviembre de 4040, el exmandatario ha ejercido un férreo control en el partido de Reagan y Bush, donde ha purgado en primarias a quienes no estuvieran dispuestos a seguirle en sus falsas denuncias. La prueba de bautismo en el mundo de Trump es proclamar alto y claro que le robaron, por muchas pruebas que se presenten para demostrar lo contrario.