20221126

Finalmente no hubo acuerdo en la reunión celebrada ayer por la mañana para renovar el convenio del Metal de Bizkaia, con lo que si no hay novedades de última hora a lo largo del fin de semana, el lunes arrancará una nueva huelga, esta vez de cinco días de duración, a la que están llamados los 52.000 trabajadores del sector. La patronal, la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), llevó a la cita su última propuesta, enviada a las centrales en la tarde del pasado jueves, en la que garantizaba una subida de los salarios acorde con el IPC y mejoraba las condiciones firmadas por CC OO, LAB y UGT en el Metal de Álava. Tenía la confianza de convencer así a este bloque mayoritario también en el sector vizcaíno, dado que ELA va por separado con su propia plataforma de reivindicaciones. Pero a pesar de que los tres sindicatos anteriores reconocieron los avances, rechazaron la propuesta de la FVEM con el argumento de que la organización empresarial no se abría a negociar ninguno de sus puntos y la presentaba como un documento cerrado «para su aceptación y firma». La patronal, que en las últimas semanas ha ido realizando varias mejoras, expresó su profundo malestar con la decisión de las centrales. «Si el objetivo real es llegar a acuerdos y no están buscando un rendimiento electoral –en alusión al proceso de renovación de comités que se lleva a cabo durante estos meses en numerosas empresas–, no se puede entender cómo consideran insuficiente en Bizkaia una propuesta que mejora la de Álava y que allí ha sido aceptada y considerada como histórica», reprochó. "La irresponsabilidad de los sindicatos lleva al sector a 5 jornadas de huelga". Ver nota FVEM. 

Horas después de que la plantilla de Mercedes Vitoria otorgase una mayoría aplastante al ‘bloque del no’ (ELA, LAB y ESK) en las elecciones sindicales celebradas el jueves, la empresa confirmaba en una circular interna que Emilio Titos, el máximo responsable de la planta, dejará el cargo el 1 de enero. Se jubilará tras 40 años al frente de la mayor factoría de Euskadi, con más de 4.000 trabajadores y pendiente de una inversión clave para su futuro; 1.200 millones de euros que le permitirán volcar su producción en modelos de vehículos completamente eléctricos. «Comenzará un nuevo capítulo en su vida a comienzos del año que viene», se subraya en un breve texto que repasa su trayectoria sin identificar aún al que será su sucesor. El pasado septiembre, fuentes de la empresa confirmaban que Olaf Klug, un ingeniero alemán de 58 era el nombre elegido para llevar el timón de Mercedes-Benz en Vitoria precisamente desde el próximo 1 de enero. ELA consiguió 9 delegados en las elecciones del jueves, con lo que logró por primera vez en la historia hacerse con el control del comité de empresa de la factoría, un importante revés para el aún CEO de la planta alavesa. Sobre todo de cara a la estabilidad social que pretendía con la milmillonaria inversión de la multinacional alemana que llegará con la adjudicación de la plataforma VAN.EA sobre la que se desarrollarán las futuras furgonetas eléctricas. Una apuesta que le fue garantizada al propio Titos desde Alemania hace poco más de un mes, pero a la que no se ha dado publicidad para no herir sensibilidades en otras factorías europeas de la marca, con su propia agitación sindical.

Centenares de dispositivos ‘made in Euskadi’ dan servicio a observatorios, satélites y vehículos espaciales. La industria espacial vasca participará en la estación que permitirá saltar a la Luna. El 18 de febrero de 2021, nada más aterrizar en Marte, el todoterreno Perseverance de la NASA llamó a la Tierra. Lo hizo a través de una antena construida en España por Airbus DS, que sabía adónde apuntar en el cielo para dar con nuestro planeta gracias a un mecanismo diseñado y fabricado por Sener. Once minutos y 204 millones de kilómetros más tarde, captó la señal la antena de 70 metros del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid, ubicado en Robledo de Chavela, y la reenvió al Laboratorio de Propulsión a Chorro, en Pasadena (California). El caso de Perseverance, que tiene además dos de sus elementos diseñados por la compañía AVS, impulsada por Miguel Ángel Carrera –el sensor de velocidad y dirección del viento y el sistema de calibración de la cámara láser–, demuestra la relevancia que ha alcanzado el sector espacial vasco en 55 años, los que han pasado desde que Sener construyó en Suecia una torre de lanzamiento de cohetes para la Organización Europea para la Investigación Espacial, antecesora de la Agencia Espacial Europea. «Fue un reto. Además de soportar temperaturas de hasta 40 grados bajo cero, la estructura se tenía que orientar, inclinar y mover para lanzar con gran precisión cohetes muy cerca de la frontera con la Unión Soviética», explica Diego Rodríguez, director de Espacio y Ciencia en Sener Aeroespacial. Detrás del éxito de la torre de Kiruna estuvo «un excelente equipo de ingenieros mecánicos» que hasta entonces había trabajado en la construcción de grandes grúas portuarias. Así empezó una aventura cuya próxima meta es la plataforma multinacional que orbitará la Luna.

Euskadi alberga el 2,5% de las 21.958 empresas con matriz extranjera que existen en el Estado, según el estudio sobre Empresas con accionistas extranjeros en el Estado elaborado por Informa. En un comunicado, ha precisado que Alemania es el país que cuenta con más filiales en Euskadi, seguido por Francia y los Países Bajos. Por sectores, un 29% se dedica a la Industria y un 28% al Comercio. Las empresas localizadas en la comunidad suman algo más del 4,5% de las ventas totales de las filiales foráneas en el Estado, que asciende a más de 193.584 millones de euros en 2021. Es la tercera comunidad con un mayor porcentaje sobre la facturación de estas compañías. Por su parte, Madrid y Catalunya son las autonomías preferidas por las empresas con accionistas extranjeros para implantarse, con un 40% y un 27% cada una. La siguiente es Andalucía con el 10%. Si se tiene en cuenta las ventas, son de nuevo Madrid y Catalunya las que más alcanzan, el 51% y el 24% del total de la facturación de este tipo de empresas respectivamente, y las únicas que superan a Euskadi. El número de empresas con matriz extranjera en el Estado asciende a 21.958, lo que supone únicamente el 1,74% del conjunto del tejido empresarial del país, pero venden más de 193.584 millones de euros, el 13% de la facturación total.

Biotech Foods invierte 30 millones en una nueva factoría en Eskuzaitzeta para liderar el mercado mundial del producto El polígono de Eskuzaitzeta de Donostia albergará la mayor planta de Europa dedicada a la producción de carne cultivada. Biotech Foods invertirá 30 millones en la obra que empieza ya. Biotech Foods se dispone a dar el salto del laboratorio a la producción industrial de carne cultivada con el objetivo de liderar el mercado mundial de este producto. La firma con sede en el parque tecnológico de Miramon dispone ya de la licencia del Ayuntamiento de Donostia para levantar en Eskuzaitzeta la mayor planta de Europa de este sector, 11.000 metros cuadrados construidos en una parcela de 20.000. El coste ascenderá a 30 millones de euros, una cantidad a la que se sumarán otros 15 millones en inversiones a ejecutar entre 2024 y 2026. Biotech Foods fue fundada en 2017 en San Sebastián por dos jóvenes emprendedores, la madrileña Mercedes Vila, doctora en Física de Materiales, y el donostiarra Íñigo Charola, economista formado en Deusto Business School. Ambos captaron para su proyecto a inversores de la talla de Aves Nobles y Derivados (Aldelis), Interalloys & Investments y CIC Nanogune. Tras esta primera fase de desarrollo en la planta piloto de Miramon, la firma dio el gran salto en noviembre del año pasado cuando la multinacional brasileña JBS, el mayor productor de proteínas del mundo, entró en la empresa como socio mayoritario, aportando 36 millones de euros.

«No sabemos nada. Me he intentado poner en contacto con ellos, pero no responden ni a los email. Pero vamos, seguimos abiertos a su proyecto. Aquí les esperamos». El alcalde de Laguardia, Raúl García, se confiesa incapaz de dar respuesta concreta a esta pregunta: ¿Alguna noticia de Aeternal Mentis? Ha transcurrido ya un año y cinco meses desde que esta sociedad con sede en Bilbao anunciara a bombo y platillo su intención de construir en el polígono de Casablanca 2 de esta localidad de Rioja Alavesa un centro de inteligencia artificial (IA) que aspiraba a ser referencia en Europa. Y no solo no se ha movido una piedra. Tampoco dan pistas de cuándo podrían hacerlo o si la iniciativa camina hacia la desintegración. Por poner en antecedentes, Atlantis Mentis salía a cotizar en el mercado de ‘startups’ BME Growth en julio del pasado año. Y lo hacía precisamente con el proyecto de Laguardia como gran y único reclamo. Y con todo lujo de detalles, tal y como avanzó entonces este periódico. A saber, 18 millones de euros de inversión a lo largo de este 2022 (sobre un total de 530 millones en total); el citado centro de alta tecnología ocuparía una superficie de 27.500 metros cuadrados e incluso un marco temporal muy concreto: el pasado verano ya tenían que haberse levantado al menos cuatro edificios de carácter modular como un primer paso –el proyecto completo apuntaba a un total de nueve–. Incluso se aportaban datos sobre el número de potenciales trabajadores, en torno a 140 hasta 2024. Personal con alto nivel de especialización. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con los promotores, que excusaron por diferentes motivos explicar la fase en la que se encuentra el proyecto. Pero lo más relevante es que las propias instituciones implicadas admiten que tampoco tienen información. No sólo el Ayuntamiento de Laguardia sufre ese silencio, se extiende a la propia Álava Agencia de Desarrollo, a la que adquirieron varias parcelas. «No sabemos nada del proyecto. Es extraño sí, pero no tenemos ningún dato», reconocen desde esta sociedad vinculada a la Diputación.

La sede de Elkargi acogió ayer la cuarta edición del Foro Finanza que analizó las ‘Estrategias de financiación para una mayor competitividad empresarial’. Impulsado por la propia financiera y con el apoyo de El Diario Vasco y El Correo, así como con el patrocinio de BBVA y las tres diputaciones vascas, el encuentro reunió a los principales actores del tejido financiero vasco con el afán de exponer la trascendencia de apostar por modelos de financiación suplementarios a la banca que permitan el crecimiento de las empresas de nuestro entorno. Desde la sede de Elkargi se invitó a las pequeñas y medianas empresas a buscar con valentía esas fórmulas para impulsar los proyectos de expansión y que pueden encontrar en el mercado financiero y bursátil. Los encargados de lanzar ese mensaje desde el estrado fueron el presidente de Elkargi, Josu Sánchez; el CEO de BME (Bolsas y Mercados Españoles), Javier Hernani; el responsable de BBVA Corporate & Investment Banking España, José García Casteleiro; el director general de Elkargi, Zenón Vázquez; y el diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Jabier Larrañaga. Josu Sánchez reivindicó a Elkargi como «una sociedad mercantil y financiera que pone a disposición de las empresas una amplia oferta de financiación complementaria a la bancaria», algo que lleva haciendo durante más de 40 años y que contribuye «a generar estructuras empresariales más robustas y menos vulnerables a contextos como el que vivimos». El presidente de Elkargi defendió que «las empresas necesitan conocer todas las alternativas a su alcance para sus procesos de expansión» porque sin «apoyo financiero estable no hay crecimiento posible» y, en ese sentido, animó a las pymes a buscar esa liquidez en el mercado financiero, aunque reconoció que «el tamaño sigue siendo una barrera clave en el acceso a los mercados de capitales». Sánchez sostuvo que «la banca es fundamental, pero su convivencia con otras alternativas como el mercado de valores, los fondos o las medidas fiscales se hace imprescindible». Recordó que estas alternativas «no son una amenaza y esa complementariedad con la banca es clave para el desarrollo económico y social y el progreso de la sociedad».

La tasa de morosidad sigue aguantando en cifras muy moderadas. De hecho, en septiembre registró el nivel más bajo en casi catorce años. A cierre de septiembre, los créditos morosos que soportaba el conjunto del sistema financiero español alcanzaban los 46.325 millones de euros, lo que representa una tasa de morosidad del 3,79%, menor que la registrada el mes anterior y que continúa el camino descendente que ha seguido prácticamente en casi todos los meses del año, salvo en agosto y por la mínima. El 3,79% es la tasa más baja desde diciembre de 2008, cuando quedó en el 3,37%. La tasa de dudosos acabó el año pasado en el 4,29%, por lo que en estos nueve primeros meses del año ha bajado en medio punto porcentual y en 6.223 millones de euros, según los datos provisionales del Banco de España. Las subidas de los tipos de interés y, en concreto, del euríbor, no están empeorando por el momento el pago puntual de los créditos. En el sector bancario tienen comprobado que, mientras no aumente el paro, los préstamos se pagan.

Los precios industriales siguen disparados, a pesar de la aparente moderación derivada de la bajada de los precios del gas, el alivio en los cuellos de botella por la ralentización global y, sobre todo, el efecto escalón tras las fuertes subidas que comenzaron a acelerarse el año pasado por estas fechas. Así, el índice de precios industriales sube un 26,1% en octubre respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con los datos que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), una ralentización de 9,5 puntos respecto al dato de septiembre, pero no supone una moderación en absoluto cuando se mira a más largo plazo. De hecho, los precios industriales escalan un 66,2% desde los niveles de hace dos años, un ritmo muy similar al que llevan experimentando desde hace varios meses, con los precios energéticos que triplican los de 2020 y ningún elemento que escape de esta tendencia alcista, lo que lamina los márgenes de beneficios de las empresas y su competitividad y preludia una fuerte inflación en el medio plazo. En concreto, los precios industriales se moderaron en octubre, pero se trata de un ajuste que se debe casi exclusivamente a los precios de la energía, mientras que las subidas de los bienes intermedios y de los insumos producidas los meses anteriores se siguen filtrando hacia el resto de productos industriales. Y la subida, de estos, a su vez, seguirá repercutiéndose hacia el índice de precios de consumo (IPC), que probablemente tardará bastante tiempo en ajustarse hacia los niveles considerados normales, en el entorno del 2%, a pesar de la moderación experimentada en los últimos meses gracias a las bonificaciones al transporte y al freno de la factura de la luz. De hecho, los costes del refino de petróleo triplican los de hace dos años, con un alza del 199,8%, amplificando la subida de los precios del crudo, seguidos de la energía eléctrica y el gas (195,2%) y, algo por debajo pero con cifras también muy elevadas, la industria metalúrgica (62,9%), la química (52,7%), la del papel (40,9%), la de la alimentación (30,1%), la de la madera y el corcho (29,4%) y los productos metálicos (20,8%). 

El Ministerio de Hacienda calcula que la suavización del impuesto a las eléctricas provocado por las enmiendas de PNV y PdCAT supondrá un recorte de unos 400 millones de euros sobre la previsión de recaudación hecha inicialmente para 2023 y 2024. Un ajuste en el que también ha influido la adaptación de la resolución que emitió la Comisión Europea. Tras la aprobación el jueves en el Congreso de la proposición de ley que incluye los impuestos a las energéticas, la banca y grandes fortunas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó ayer en una entrevista en la radio que ese ajuste supone en torno a un 10% respecto a los 4.000 millones que en principio el Ejecutivo preveía que iba a recaudar en 2023 y 2024 y que se quedarán en 3.600 millones. Montero explicó que haber incluido las enmiendas de PNV y PdCAT –que excluye del importe neto de la cifra de negocio el correspondiente a las actividades reguladas y supone la aplicación solo a la actividad que las empresas desarrollen en España– «no es un triunfo del ‘lobby’» de las energéticas. «Creo que no somos sospechosos justamente de tener que sucumbir a ningún tipo de’ lobby’», destacó la titular de Hacienda.

El Gobierno ya tiene el aval del Congreso a los Presupuestos de 2023 y a un plan fiscal que pivota sobre tres novedosas e importantes figuras tributarias. El Ejecutivo se asegura de este modo completar la legislatura y contar con unos ingresos récord que, en parte, se sustentarán con el nuevo gravamen a energéticas, a banca y a grandes fortunas. Pese a las modificaciones que han sufrido durante el trámite parlamentario, las cuentas públicas mantienen las grandes cifras. En lo relativo a los impuestos, sin embargo, el paso por el Congreso ha supuesto un rediseño de la tasa energética que disminuirá la recaudación prevista y la posibilidad de que los tres gravámenes –que nacieron con carácter temporal– se conviertan en permanentes. Las cuentas públicas mantienen un techo de gasto récord de 198.221 millones y un gasto social inédito que alcanzará los 266.719 millones de euros. En paralelo, Hacienda sigue confiando en ingresar 289.233 millones, de los que 262.781 millones serán vía tributos. Los dos impuestos a energéticas y banca recaudarán algo menos de 3.500 millones anuales, mientras que el nuevo gravamen sobre la riqueza ingresará unos 1.500 millones de euros. Un pellizco nada desdeñable que podría pasar a ser fijo año tras año tras los últimos cambios en la Cámara Baja. La aprobación de los nuevos gravámenes en el Senado se da por hecha y entrarán en vigor el 1 de enero de 2023. A partir de aquí, a las energéticas se les aplicará un tipo del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios anual de las compañías del sector que facturen más de 1.000 millones de euros anuales tomando como referencia los ingresos de 2019. Eso sí, a través de varias enmiendas encabezadas por el PNV, el Gobierno ha accedido a dejar fuera de la base imponible los ingresos de los negocios regulados, así como los obtenidos fuera de España. La recaudación, por ello, se quedará algo por debajo de los 2.000 millones anuales.

Los más de nueve millones de beneficiarios de una prestación contributiva han cobrado ya la paga extra de diciembre y su nómina se ha duplicado hasta rozar los 2.200 euros. Esta cantidad se ha elevado por encima de los 2.500 euros de media en el caso de los cerca de 6,3 millones de jubilados, que ingresan mensualmente 1.258 euros brutos de pensión media en el conjunto de España. En Euskadi esta cifra se eleva casi 300 euros más hasta alcanzar los 1.542 euros de media que perciben los 376.500 jubilados vascos, por lo que este mes han cobrado ya más de 3.000 euros. La Seguridad Social ha tenido que destinar 21.562 millones de euros para este doble pago, lo que tensiona aún más las cuentas de un sistema que está en números rojos. Concretamente, la nómina mensual de las prestaciones contributivas marcó un nuevo récord en noviembre al ascender a 10.913 millones de euros, lo que supone una subida del 6,1% respecto al mismo mes de 2021, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Seguridad Social. Roza así los 11.000 millones, una barrera que se traspasará ampliamente en enero, cuando las pensiones se revaloricen en torno a un 8,5%, que es la inflación media anual que prevé el Gobierno (el dato definitivo lo marcará el IPC de este mes de noviembre). El abono de la paga extraordinaria ha supuesto otros 10.649 millones. 

Las empresas de renovables, directamente o a través de sus respectivas patronales, mantienen intensos contactos con el Ministerio de Transición Ecológica para que se busque una solución al atasco burocrático que existe en estos momentos en el sector en la tramitación de permisos para proyectos verdes. Las negociaciones son a contrarreloj. El 25 de enero se cumple una de las fechas límites (hitos, en el proceso administrativo) para que los proyectos que tuvieron concedidos puntos de conexión a la red eléctrica dispusieran de licencia medioambiental. Pero el atasco burocrático ha hecho que haya miles de megavatios sin ese permiso (Declaración de Impacto Ambiental, DIA, según la terminología técnica). Si llegada esa fecha, los proyectos no disponen de la DIA, perderán el punto de acceso que previamente les había concedido el grupo Redeia (Red Eléctrica). Sin ese punto de acceso, el proyecto no valdrá nada. Tendría que esperar a que Redeia convoque concursos para conceder nuevos puntos de acceso y pujar por ellos. Pero lo que es peor, al no poder llevar a cabo el proyecto en la fecha tope, la empresa perderá los avales financieros que puso inicialmente como garantía de que iba a desarrollar la instalación. Grupos como Endesa, Iberdrola, Naturgy, Engie y EDP han pedido soluciones para agilizar los permisos o evitar el cuello de botella del 25 de enero. Igual que patronales como Appa, Asociación Eólica y Unef.

La vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño anunció este viernes que el ejecutivo planea lanzar las primeras convocatorias para el Perte chip en el primer trimestre de 2023. Así lo aseguró durante el encuentro que mantuvo con el sector nacional de los semiconductores y microelectrónica, al que acudieron representantes de empresas privadas (entre las que estaban Intel y Cisco), centros de investigación y empresas públicas. En el acto estuvieron presentes el comisionado especial del Perte chip, Jaime Martorell, y la secretaria de Estado de Telecomunicaciones, María González Veracruz. “Está previsto que, en el primer semestre de 2023, en el marco de ayudas de Estado de la UE, se lancen las primeras convocatorias de ayudas. Previamente, en función de las necesidades, se pondrán en marcha consultas y manifestaciones de interés para acotar el ámbito de actuación”, dijo el Gobierno en un comunicado. La reunión, celebrada en un tono optimista según varios asistentes, se produce tras una primera fase en que Martorell se ha centrado en conocer de primera mano el ecosistema nacional. También un día después de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, donde se incluyen más de 1.250 millones de euros para el desarrollo de este Perte, destinado a reforzar la industria de microchips en España. Según el Gobierno, estos recursos, financiados con los fondos Next Generation, dotarán al comisionado del Perte del músculo financiero para poner en marcha actuaciones e inversiones que refuercen el ecosistema de microchips, formado por centros de investigación y diseño, universidades, y empresas en todo el territorio.

El presidente y director de operaciones de Hyundai Motor Company, el español José Muñoz, insta al Gobierno a atraer inversiones para construir una fábrica de microchips en suelo español, tras el reciente viaje de Pedro Sánchez a Corea del Sur para visitar la sede central de Samsung y el recién aprobado Perte chip, dotado con 1.250 millones de euros, para reforzar la industria de microprocesadores en España. Sin descartar que Hyundai pueda invertir en una planta de semiconductores –o incluso fabricar coches en España– Muñoz asegura que España debe poner las bases para atraer inversión. “Siempre hay oportunidades, aunque lo lógico es hacerlo donde ya tienes fábricas de coches y nosotros las tenemos en Turquía y República Checa. Esto puede ser más bien una oportunidad para una gran multinacional que se dedique solo a microchips, pero España tendría que intentarlo”, explica Muñoz durante el MOW Fórum Andalucía sobre movilidad celebrado en Sevilla. El presidente de Hyundai considera que si España logra atraer la planta de chips “va a ser un momento clave para conseguir que haya más inversión. Si tienes la fábrica de coches sin los componentes no puedes ser competitivo. Si no tienes componentes es difícil construir la fábrica. Una de las estrategias que España siempre ha hecho bien es traer una fábrica de componentes y luego la de coches”.

Toda Europa está de acuerdo en que el vehículo eléctrico es el futuro, pero no todos los países van a la misma velocidad. En esta carrera hacia una movilidad más limpia, los del norte (más ricos) están acelerando mucho más que sus vecinos del sur (en general, más pobres). Así, según datos de la consultora Jato, el coche eléctrico acaparó un 15% de la cuota de mercado en el norte europeo en el tercer trimestre de este año, frente al 3,8% del sur, es decir, casi cuatro veces más. El país que lidera de largo y hace ya varios años la venta de automóviles eléctricos es Noruega, con casi tres de cada cuatro matriculaciones. Lejos, en segunda posición, con un 34,5% de cuota, le sigue Islandia. Completando el podio está Suecia, donde el 30,1% de los coches nuevos que se vendieron entre julio y septiembre de este año fueron eléctricos. Países Bajos, Dinamarca y Finlandia son los otros países que registran cuotas de mercado del automóvil eléctrico superiores al 20%. En la otra cara de la moneda se encuentran países como España, Italia o Grecia, donde los eléctricos no alcanzan a representar el 4% de las ventas. En el caso español, tiene un 3,51% de cuota, según los datos del informe. Estas diferencias se explican, en parte, por el menor poder adquisitivo de los europeos del sur. Sin embargo, hay otros factores que influyen, como las ayudas y los incentivos de los respectivos Gobiernos. En el caso noruego, por ejemplo, la persona que decida hacerse con un coche eléctrico no pagará IVA (para los de combustión es del 25%) ni impuesto de matriculación. “En España no hay un problema de demanda”, indicó en una reciente entrevista con CincoDías el director general de Anfac, la patronal de fabricantes de coches, José López-Tafall. 

Tres de cada cuatro españoles cree que la situación económica del país es mala, aunque el 63% define la suya como buena. El fenómeno se aprecia desde que el CIS empezó con estas preguntas en 2010 “Cuesta reconocer en público los problemas privados”, apunta un psicólogo Este sesgo constituye un “mecanismo de protección”, asegura una experta. Las mañanas empiezan a ser más oscuras para los españoles. La pandemia, la guerra y la inflación llenan el horizonte de nubes. Tras muchos meses de dudas económicas, los ciudadanos están fatigados, aunque la realidad no sea tan lúgubre. Solo un 16,7% cree que la situación económica del país es “buena”. Y son aún menos los que la catalogan como muy buena, un 0,3%, según el barómetro de octubre del Centros de Investigaciones Sociológicas (CIS). En resumen: hay un pesimismo generalizado. Las respuestas son muy diferentes si la pregunta indaga en las circunstancias económicas particulares de los encuestados: un 59,9% dice que su situación es “buena” y un 3%, “muy buena”. Las diferencias son aún más apreciables al darle la vuelta a la pregunta: un 73,2% cree que la situación de España es mala o muy mala y solo un 25,3% elabora el mismo juicio para sí mismo. Este desfase entre la negatividad generalizada y el optimismo individual no es nuevo. El CIS hace estas dos preguntas sobre la percepción de la economía desde 2010 y desde entonces se revelan diferencias parecidas, independientemente de la situación del momento.

Alemania estrenará el próximo enero la renta ciudadana, el nuevo sistema de protección social con el que el Gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz ha emprendido la reforma del controvertido legado del anterior canciller de su mismo partido, Gerhard Schröder. Tras la subida del salario mínimo a 12 euros la hora, el siguiente hito en la política social del tripartito alemán consiste en corregir el subsidio de desempleo conocido como Hartz IV (un sistema que Angela Merkel heredó de Schröder, pero que nunca tocó en sus 16 años en el poder). Su sustituto será no solo más generoso en las ayudas, sino que estas se concederán con menos trabas burocráticas. Scholz ha conseguido sacar adelante la gran reforma social de la legislatura, aunque se ha visto obligado a descafeinarla para conseguir el acuerdo de la oposición democristiana. La renta ciudadana que ayer aprobaron las dos Cámaras del Parlamento alemán (Bundestag y Bundesrat) incrementa la cuantía de los subsidios y da un vuelco al espíritu del sistema: en lugar de criminalizar a sus perceptores, que se veían constantemente amenazados con sanciones si no cumplían los estrictos requisitos, confía en ellos y los ayuda a formarse para encontrar un empleo adecuado. La negociación del Bürgergeld (literalmente, dinero ciudadano) ha ejemplificado como pocas el clima constructivo del Parlamento alemán. De la inicial negativa de los conservadores a permitir un sistema que, según ellos, desincentivaba la búsqueda de trabajo, se ha pasado en cuestión de días a un acuerdo que satisface a ambas partes, al menos lo suficiente para votar a favor.

El número de ciudadanos en lista de espera sigue en máximos en la sanidad pública de Euskadi. Hasta el pasado 30 de junio, un total de 22.277 vascos se encontraban pendientes de la llamada de su ambulatorio para someterse a una intervención quirúrgica no urgente y casi 40.000 para una consulta con el especialista. En cambio, el tiempo medio de demora para operarse en Osakidetza ha bajado –a 64 días para cirugías y a 29 para consultas externas–. El País Vasco es la comunidad en la que menos hay que esperar. Se trata de los datos que arroja el informe SISLE-SNS (Sistema de información sobre listas de espera en el Sistema Nacional de Salud), que el Ministerio de Sanidad difunde cada seis meses. El estudio más reciente, publicado ayer, pone de relieve el colapso que viven los sistemas sanitarios, una situación que va a peor por la falta de profesionales y de la que advierten estos días los facultativos de varias comunidades. A pesar de la vuelta a la normalidad, el tapón en los ambulatorios y hospitales de Osakidetza continúa en aumento. Las cifras de pacientes a la espera de una intervención se han incrementado un 15,2% en Euskadi con respecto a hace un año y casi el doble si se compara con junio de 2020, cuando se registraron 17.185. En cifras conjuntas de todo el país, nunca antes se habían contabilizado tantas personas aguardando por una cirugía, 742.518. Se trata de casi 40.000 más que las sumadas en el anterior informe, en diciembre de 2021.