20221128

Mañana se conocerá el avance del dato de la inflación de noviembre y se podrá calcular entonces la revalorización de las pensiones, que por ley se ha vinculado otra vez a la subida del IPC. Por mucho que los precios se hayan moderado en los últimos meses, el promedio que servirá de referencia rondará el 8,4%, un récord en décadas. Eso significa que, por primera vez en la historia, la pensión máxima, ahora situada en los 2.819 euros, va a superar los 3.000. Según los datos de la Seguridad Social, casi 42.000 pensionistas vascos se encuentran en esta situación y otros 14.336 están muy cerca. Obviamente, los que disfrutan de esta pensión se la han ganado. Acceder a este colectivo, que representa más del 7% del total, requiere una larga carrera profesional y haber cotizado por la máxima los últimos 25 años, que son los que se exigen ahora para el cálculo. De hecho, lo normal en este caso es que se haya aportado a la ‘caja’ mucho más de lo que se recibe, porque la base máxima de cotización ha subido más que la prestación. Ahora bien, la fuerte revalorización, superior al 8%, aplicada a todas las pensiones, independientemente de su cuantía, ha suscitado un intenso debate al colocar más presión sobre la sostenibilidad del sistema en un momento en que los salarios, sin apenas recuperarse de la crisis, crecen muy por debajo de la inflación y pierden poder adquisitivo. El sueldo medio en Euskadi es de 2.300 euros, según las estadísticas del INE, y la subida media de los convenios es del 3,8%, si bien seis de cada diez trabajadores tienen sus condiciones congeladas por las dificultades para llegar a acuerdos. La pensión de jubilación media en Euskadi se sitúa en 1.542 euros, aunque los recién retirados cobran unos 1.900. «Lo razonable es que las pensiones sean parte de un ‘pacto de rentas’, especialmente cuando los salarios reales están cayendo fuertemente y cuando los pensionistas han visto subir su poder de compra real de modo continuo desde la Gran Recesión», defiende Alfonso Sánchez, investigador de Fedea. 

El ministro José Luis Escrivá sostiene que hay margen para elevar las cotizaciones sociales, una idea que rechazan de plano las empresas. Para ello esgrimen el argumento de que España es uno de los países en los que estas cuotas tienen más peso para las compañías. Así, su carga sobre los salarios representa en torno al 30%, el séptimo porcentaje más alto, frente a una media europea del 21% o el 16% de la OCDE. Los datos son del ‘Informe de competitividad fiscal’ elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). La razón de este peso tan elevado es que la empresa asume en España cerca del 80% de la cuota y el trabajador el 20%, cuando en otros países, como Alemania, los porcentajes son del 46 y el 54%, respectivamente. Para que sirva de ejemplo, con la actual base máxima de 4.139 euros, la empresa paga por cada trabajador cerca de 1.325 al mes, con un tipo cercano al 32%; el empleado, por su parte, se descuenta de la nómina 263 euros, al abonar una tasa del 6,35%. De esta forma, la subida del 8,6% aplicada para el año que viene supone un coste extra de 113 euros al mes por persona para la compañía y de 22 para el trabajador. Confebask ha alertado de que este incremento de las bases máximas tiene un coste de 150 millones para las empresas vascas. «Es una subida especialmente contraproducente porque supone un encarecimiento del factor trabajo que penaliza al empleo más cualificado, en un país que tiene el mayor nivel de desempleo de Europa y un déficit de talento», argumenta Gregorio Izquierdo, director general del IEE. Recuerda, además, que el incremento de costes laborales se suma al de los energéticos o al encarecimiento de la financiación por el alza de los tipos de interés.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, ha convocado a los agentes sociales hoy para abordar la segunda fase de la reforma de la pensiones. La recta final de estas negociaciones se prevé vertiginosa porque apenas tienen un mes para cerrar cuestiones trascendentes. Escrivá se ha comprometido con Bruselas a tener esta reforma antes del 31 de diciembre. De esta meta depende un nuevo desembolso de fondos europeos. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, se quejaba la pasada semana, tras ser reelegido en el cargo, de no tener ni un papel del Gobierno sobre la segunda fase de la reforma de pensiones encima de la mesa de negociación. Esto podría cambiar hoy mismo, ya que los agentes sociales han sido convocados a las 18.30 horas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, para abordar esta segunda fase de la reforma, según informaba ayer Servimedia. Presenten o no papeles desde el Gobierno en la reunión de este lunes, los responsables de Seguridad Social sí han mantenido durante las últimas semanas algunos contactos bilaterales para sondear a patronal y sindicatos sobre esta reforma, según indican distintas fuentes de la negociación. Y, en cualquier caso, la recta final de estas negociaciones se prevé vertiginosa porque apenas tienen un mes para cerrar cuestiones muy trascendentes para la reforma a medio y largo plazo de las pensiones futuras de millones de trabajadores. Escrivá se ha comprometido con Bruselas a tener esta reforma, a ser posible consensuada, antes del 31 de diciembre y no cesa de asegurar que el Ejecutivo cumplirá con este compromiso. De este cumplimiento depende un nuevo desembolso de fondos europeos.

El viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, ha defendido la necesidad de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional al ser una cuestión que genera "cohesión social" y "no incide en la competitividad de las empresas". En una entrevista a Cadena Ser, Gurpegui ha sido cuestionado por la reclamación de los sindicatos de que se vincule los salarios a la inflación. En este sentido, ha advertido que el departamento de Trabajo y Empleo siempre ha defendido la negociación colectiva. "El marco de negociación está en la negociación colectiva. También hemos dicho que el coste de la crisis no puede recaer en exclusiva en los trabajadores. A partir de ahí, cada sector y empresa tiene unas circunstancias y es en el marco de la negociación colectiva donde se debe resolver", ha sostenido. Asimismo, ha recordado que "también la posición de los sindicatos es diferente", ya que hay algunos "más proclives a la negociación" y otros recurren a una estrategia de "más confrontación". Asimismo, ha incidido en que el Gobierno vasco va a incrementar la cuantía de la RGI y ha considerado que el SMI también debe ser incrementado. "Son medidas que generan mayor cohesión social y menor desigualdad y que en absoluto inciden en la calidad del mercado de trabajo ni en la competitividad de las empresas", ha argumentado.

Entrevista con Adolfo Rebollo, CEO de Ingeteam. De la semilla de un pequeño taller en Olabeaga ha brotado un roble de medio siglo de vida con presencia en 24 países y más de 4.100 empleados. El proyecto arrancó con los cuatro fundadores al frente y un ingeniero especializado en innovación. Hoy factura más de 650 millones de euros e invierte 35 millones en I+D. “De Euskadi al mundo”, proclama su consejero delegado, Adolfo Rebollo, ingeniero eléctrico que ha crecido con la compañía desde su contratación hace 26 años. Persona de acción, del negocio, más que de números, insiste en que se publique la cifra exacta de trabajadores en la CAV y Navarra, 2.552 personas, porque el “mayor capital” de la multinacional son sus trabajadores. Son la energía que mueve Ingeteam ya sea a través del desarrollo tecnológico o en la cadena de producción. Su posicionamiento local e internacional es un termómetro muy fiable de las perspectivas de la economía y la ralentización que se producirá el próximo año. A corto plazo hay “preocupación”; a largo, “optimismo y esperanza”. "Es un momento de máxima oportunidad, pero también de máxima dificultad. Dificultad porque, primero con la pandemia y luego con la política del covid cero de China, la cadena suministro mundial está atenazada. Problema de transportes, guerra de Ucrania, encarecimiento de combustibles... Nadie sabe el motivo por el que han bajado los precios del petróleo a niveles prepandemia, pero las gasolinas siguen estando a dos euros. Nadie se explica porque el gas ha estado a los precios que ha estado. No lo justifica el precio real del gas, parece más fruto de la especulación..."

La directora general de Eroski, Rosa Carabel, se refirió ayer al desafío planteado a la Corporación Mondragon por parte de Ulma y Orona –dos de sus firmas industriales más señeras–, cuyos órganos de dirección han optado por abandonar el Grupo y volar en solitario. Carabel, recordó (como ya hiciera el presidentede Mondragon, Iñigo Ucín en su único mensaje al respecto hasta ahora) que la adhesión de las cooperativas al conglomerado de Arrasate y a sus normas, «decididas entre todos», es libre, con lo que libre es también la opción de abandonarlo. «Son soberanas», apuntó en una entrevista radiofónica. La directiva repasó los principios por los que se rige el cooperativismo de Mondragon, y explicó que se trata de algo que «va más allá del puro beneficio empresarial, que también es importante». Las cooperativas del Grupo, aseguró Rosa Carabel, «van más allá y apuestan por una transformación social bajo principios de solidaridad». Del mismo modo, la máxima responsable de Eroski (la mayor cooperativa del Grupo por número de trabajadores) incidió en que «lo que se comparte en el Grupo son principios y valores», de modo que «las decisiones que tomen Ulma y Orona es un asunto suyo». «Todo mi respeto», añadió. En este momento, convulso para Mondragon y en cierto modo también para el cooperativismo vasco, la directora general de Eroski deja clara la posición de su empresa y de sus socios. La firma de distribución, subrayó Carabel, forma hoy parte de la Corporación «y quiere seguir así en el futuro». «Eroski entiende que las cooperativas que estamos en la Corporación compartimos los mismos valores de cooperación y aprendizaje conjunto».

La entrega anual de los premios con que la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED) reconoce la labor de las profesionales que han alcanzado la máxima responsabilidad en sus respectivas empresas sirve todos los años para evaluar la presencia femenina en esos puestos. Y los números no acaban de despegar: únicamente un 9% de las empresas vascas tiene al frente a una mujer, su presencia en los consejos de administración se limita al 19% y solo ocupan el 24% de los puestos directivos. «Las cosas se mueven muy poco. A veces puede dar otra sensación porque hay mucha labor de visibilización, pero en la empresa privada aún queda muchísimo por hacer, y más aún en un territorio que, como el nuestro, tiene una gran tradición industrial», explica Isabel Iturbe, su presidenta.  Este año, para personificar ese paso adelante, la AED ha designado a Amaia Aseguinolaza, consejera ejecutiva y socia propietaria del Grupo Iruña; Rosa Carabel, consejera delegada de Eroski; y Carolina Pérez Toledo, socia y directora para España de Learnlight, y presidenta de Cebek. "«Creo que tenemos la responsabilidad de abrir puertas para las que vienen detrás, que debemos romper inercias», dice, tanto por las dinámicas que llevan a los hombres a elegir directivos que se parecen a ellos como a las que hacen que las mujeres se frenen a la hora de postularse para esos mismos puestos.«Nos exigimos mucho más. Creemos que no podremos equivocarnos, que hay que ser perfectas, y eso crea una ansiedad increíble. Es verdad que el nivel de exigencia es alto, pero no todo el mundo que está ahí es tan brillante como las mujeres presuponemos que hay que ser. Admitir las equivocaciones y gestionar el fracaso también es parte del liderazgo, pero nosotras queremos controlar el riesgo a equivocarnos y eso es un hándicap que ha hecho que nos acostumbremos a vernos en una vicepresidencia o como ayudante del director, sin atrevernos a pasar al primer nivel», lamenta.

España exhibe cifras de empleo positivas –la afiliación ha superado los niveles prepandemia y la tasa de paro se encuentra en mínimos de los últimos 14 años– pero los puestos de trabajo que se crean son con jornadas más cortas –las horas trabajadas apenas han crecido– o en condiciones más precarias, sobre todo para los jóvenes. Un 45,5% de los que tienen entre 16 y 29 años ingresan menos de 1.000 euros al mes limpios, una proporción que antes de la pandemia se situaba en el 32%. Según los microdatos que ofrece CaixaBank, a partir de la información de nóminas de millones de clientes, la proporción de jóvenes con ingresos bajos, «los que tienen un salario o reciben una transferencia inferior a 1.000 euros al mes», ha crecido 13 puntos desde diciembre de 2019 hasta septiembre de este año, último dato disponible. Este aumento de los que tienen ingresos bajos ha sido paralelo a una reducción de los que perciben cada mes entre 1.000 y 2.000 euros netos (considerados con ingresos medios), que han pasado de representar un 12,7% del total a un 7,8%. Los privilegiados que, con menos de 30 años, ganan más de 2.000 euros al mes, se han mantenido sin cambios: eran un 23,9% antes de la pandemia y ahora son un 23,6%. Lo que sí ha mejorado en este tiempo es el total de jóvenes que tienen ingresos: en diciembre del 2019, un 31,4% no percibía ningún dinero al mes, mientras que ahora sólo están en esta situación un 23%. Esta mejora global de ese segmento de edad (hay más jóvenes con ingresos, aunque sean en general más bajos que antes) se debe a que el empleo para ellos ha crecido un 6,24% en estos casi tres años, según la Encuesta de Población Activa (EPA). 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, urgió ayer a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a sentarse con los sindicatos para “lograr ya un acuerdo salarial que dé seguridad a los trabajadores de nuestro país”, ante el bloqueo de la negociación colectiva en esta materia. Sánchez ha hecho este llamamiento durante su intervención en la clausura en Madrid del XXVI Congreso de la Internacional Socialista, en la que se ha convertido oficialmente en el nuevo presidente de esta organización, que agrupa a 132 partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas de todo el mundo. “Pido a la patronal, a la CEOE, que se siente con los sindicatos para lograr ya un acuerdo salarial que dé seguridad a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país”, dijo en referencia a la mesa para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que recoge las recomendaciones en materia de sueldos, entre otros asuntos. Además, destacó que la aprobación de la reforma laboral, acordada entre el Gobierno y los agentes sociales, es una medida que en su opinión ha permitido haber avanzado “como nunca en los últimos 40 años en estabilidad y dignidad laboral”. Y en clave mundial, expresó la importancia de que la Internacional Socialista sea “una voz protagonista en la apuesta, promoción y consolidación del trabajo digno y los derechos laborales”. El acuerdo por las revalorizaciones salariales se antoja complicado, debido a que los sindicatos reclaman mantener el poder adquisitivo de los sueldos, algo que para la patronal parece inasumible, y más en un momento en el que los márgenes de beneficios de las empresas están constreñidos por la escalada de los costes de la energía y otros insumos y en el que las compañías han sufrido otros castigos recientemente o los van a sufrir en breve, como es el caso de la subida de impuestos, el aumento de las cuotas a la Seguridad Social o la subida del salario mínimo.

“De aquí tenemos que salir unidos”, dijo Antonio Garamendi (Getxo, Bizkaia, 64 años) el miércoles, después de renovar su mandato al frente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), hasta 2026. Fue el único mensaje con cierta carga reflexiva de todo su discurso con el que se refirió a unas elecciones que representantes patronales convienen en calificar de “extrañas”. Y en las que acusan al presidente de haberse comportado de manera “fría” y poco “magnánima”. Su victoria resultó tan incontestable como esperada: obtuvo el 83% de los votos emitidos por el 13% de su rival, la catalana Virginia Guinda. Un gran respaldo, que, sin embargo, no esconde la desafección de una parte significativa de la confederación. De las 784 vocalías con derecho a voto, solo 643 acudieron al Auditorio Nacional de Música de Madrid para votar. Un 82% del censo. Sumando las 109 papeletas que no fueron para Garamendi —87 de Guinda, 14 en blanco y 8 nulos—, el 17%, con las 141 abstenciones (las fuentes empresariales consultadas convienen en considerar las ausencias como votos de castigo encubiertos) el resultado es de 250 votos, un 31% del total. “Es un buen pellizco”, conviene una fuente patronal sectorial. “Pero no creo que vaya a hacer propósito de enmienda. Antonio es una persona difícilmente corregible”, dice. El comportamiento de Garamendi con Guinda durante el día de las elecciones molestó a algunos. A pesar de que ambos acudieron a votar a primera hora, apenas hubo contacto durante la jornada. “Se notaba mucha tensión. Él estuvo muy frío”, dice una fuente sectorial. La única vez que se dirigió públicamente a la catalana fue tras conocerse el resultado, y para recalcar su alegría por encontrarse en un día “de democracia, Virginia”, dijo en su discurso, algo que personas cercanas a Guinda consideraron innecesario. Igual que cuando lo celebró ante las cámaras haciendo el gesto de la victoria. “Debería haber sido más magnánimo”, sentencia esta fuente.

La presidenta de Redeia (nombre comercial de Red Eléctrica) y exministra socialista de Vivienda, Beatriz Corredor (Madrid, 54 años), hablará este jueves en el Museo San Telmo de Donostia en una conferencia titulada ‘¿Qué pasa con la energía?’. Antes de ello, la responsable de esta empresa del Ibex 35, operadora y transportista del sistema eléctrico, intenta responder a esa pregunta a este periódico. "– Se habla de la transición energética y la descarbonización. ¿Es ahora, con la actual crisis energética, el momento?–Ahora más que nunca es el momento. Tenemos que acelerar, todo lo que podamos, el proceso de transición ecológica. Por dos razones fundamentales: Por la emergencia climática que ya estamos sufriendo, y por la autonomía energética de la Unión Europea.–¿Por qué tipo de energía hay que apostar en este contexto?–Por las energías renovables. Son sostenibles y autóctonas y van a permitirnos acabar de una vez por todas con la dependencia de la Unión de los combustibles fósiles rusos. Y España, con su gran potencial renovable, puede jugar un papel fundamental en esta misión. Estamos haciéndolo bien. Más del 58% de nuestra potencia instalada ya es renovable. La eólica es la tecnología con más capacidad de generación. Este mes de noviembre (varios días) nos hemos situado como el país europeo que más energía eléctrica ha producido a partir del viento...El mecanismo ibérico está resultando ser un ‘cortafuegos’ eficaz para contener los precios de la electricidad. Con este tope se ha logrado desacoplar el mercado mayorista de la cotización del gas natural, evitando un efecto contagio y conteniendo las facturas finales de electricidad. La evidencia es clara: desde el 15 de junio al 23 de noviembre, el precio medio en España en el mercado mayorista ha sido de 137,61€/MWh. Y si miramos a nuestros vecinos europeos, las cifras son mucho más altas: en Francia e Italia ha superado los 300€/MWh y en Alemania ha rondado los 290€/MWh..."

La patronal del sector del gas, Sedigas, ha dado un paso al frente y ha propuesto al Gobierno lo que ya le habían trasladado algunas comercializadoras de último recurso (CUR): que las compañías del mercado libre puedan también suministrar gas natural con la tarifa regulada (TUR), ahora limitada por ley a las cuatro CUR (filiales de Naturgy, Iberdrola, Endesa y TotalEnergies). Tras la decisión del Gobierno de subvencionar esta tarifa con una partida presupuestaria de 3.000 millones de euros para 2023, se ha producido una avalancha de peticiones de los clientes del mercado libre (6,5 millones) para contratar la TUR (en cuyo mercado solo había, hasta el anuncio de la medida, 1,5 millones de usuarios). En una asamblea celebrada la semana pasada, los 26 socios de Sedigas, que integran su comité de comercializadoras, aprobaron por unanimidad remitir una carta a la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y a la CNMC, en la que ofrecían “su colaboración en la búsqueda de soluciones para “la coexistencia de medidas de carácter social con el funcionamiento del mercado libre”. La subvención de la TUR, que implica un tope de incremento de entre el 4% y el 5% trimestral durante el próximo año, puede resultar de facto la desaparición del mercado libre del gas. En la carta, remitida el viernes y firmada por 26 empresas, como Repsol, Shell, BP o Eni, Sedigas propone habilitar un mecanismo para que la tarifa subvencionada pueda ser ofrecida por cualquier comercializadora de forma voluntaria; focalizar las subvenciones públicas en los consumidores vulnerables o la opción de subvencionar a todos los consumidores (libres o regulados) como ha hecho el Gobierno de Alemania”. 

La inactividad de casi la mitad del parque nuclear y, ahora, las demoras en su regreso llegan en medio de una crisis energética que ha encendido las alarmas de abastecimiento en Europa. La tesitura obliga a sus vecinos a generar más para poder cubrir sus necesidades. A principios de noviembre, EDF retrasó la reapertura de cuatro reactores y rebajó sus previsiones. De los 56 reactores atómicos de Francia, 26 están parados, y la empresa prevé que la producción atómica en 2022 será de entre 275 y 285 teravatios hora (TWh) frente a los entre 280 y 300 previstos hasta ahora. Francia es, por detrás de Estados Unidos y China, el tercer productor nuclear del mundo. Dado que alberga en su territorio más de la mitad de los reactores de la UE, se puede concluir que esta concatenación de fallos técnicos ha dejado fuera de juego casi a la cuarta parte de los que hay a escala comunitaria. “EDF atraviesa una crisis seria, de orden técnico e industrial, que acentúa la tensión sobre la oferta”, dijo a finales de octubre en la Asamblea Nacional, el nuevo presidente de la empresa, Luc Rémont, exdirigente de Schneider Electric con experiencia como asesor de varios ministros de Economía y Finanzas. “No tengo ninguna duda respecto a la movilización total de la empresa para poner en marcha soluciones adaptadas en los mejores plazos y para permitir el reinicio de la producción en condiciones es de total seguridad”. El motivo de los paros y retrasos es doble. De un lado, la aparición de problemas de corrosión en las tuberías obligó, por motivos de seguridad, a repararlos (seis ya han sido arreglados). Del otro, los planes de mantenimiento se aplazaron durante la covid. Para acabarlo de complicar, trabajadores de las centrales han participado en las huelgas en demanda de mejoras salariales. A pesar de todo, Macron pisa el acelerador en un nuevo programa atómico. El Gobierno francés ha presentado este mes un proyecto de ley para acelerar la construcción de seis nuevos reactores de tipo EPR2, que deberían estar listos entre 2035 y 2037.

"Un sistema de pagos confiable, eficiente y seguro es la base para que nuestras economías funcionen de manera efectiva. A día de hoy, en las economías avanzadas disponemos de dos clases de dinero, ambas de curso legal. Se trata, de un lado, del dinero con representación facial, formado por los billetes y la moneda fraccionaria emitidos por el Banco Central, que están en manos de la ciudadanía (dinero público). De otra parte, se encuentra la moneda contable o escritural, materializada en los saldos de los depósitos a la vista abiertos en las entidades bancarias (dinero privado). La clave de este modelo híbrido es que los ciudadanos pueden convertir dinero privado en dinero público a la par, lo que garantiza que todas las formas de dinero puedan usarse indistintamente para pagos en toda la economía. Pero este modelo confiable de pagos está experimentando en la actualidad una transformación potencialmente disruptiva, liderada por tres acontecimientos. Primero, las personas pagan cada vez más con medios digitales en lugar de usar efectivo. Casi la mitad de los consumidores de la zona del euro afirman que prefieren pagar con tarjetas. Y la tendencia es a acrecentar la referida preferencia. En segundo lugar, en ausencia de un anclaje público, la aparición de nuevas formas de activos digitales (criptoactivos) puede generar inestabilidad y confusión entre los ciudadanos sobre lo que es dinero y lo que no lo es. En tercer lugar, la entrada de las grandes tecnológicas en el circuito de los pagos podría aumentar el riesgo de dominación del mercado por las tecnologías de pago extranjeras, con consecuencias importantes para la autonomía estratégica de Europa. Actualmente, más de dos tercios de las transacciones de pago con tarjeta en Europa se liquidan a cargo de empresas con sede fuera de la UE..."

«¡Abajo el Partido Comunista! ¡Abajo Xi Jinping!». Los ánimos de los residentes de Shanghái se caldearon el sábado por la noche hasta exigir la dimisión del presidente de China. Fue una de las muchas manifestaciones espontáneas que se extendieron por la segunda potencia mundial para mostrar la indignación de su población con las restricciones impuestas para combatir el Covid19, coincidiendo con la mayor ola de contagios de toda la pandemia. Ayer se informó de un nuevo récord: casi 40.000 casos en un día. En un giro inusual, los habituales mensajes relacionados con el impacto económico de esta situación derivaron en consignas sociales y políticas. «¡Queremos libertad, no más restricciones! ¡Los perros son más libres que nosotros!», gritaban en Pekín, donde incluso se manifestaron los estudiantes de la universidad más prestigiosa de China, Tsinghua. «¡Dame libertad o dame muerte!», exclamó un joven después de un improvisado discurso, en el que mencionaba que jugadores como Cristiano Ronaldo han superado el covid y continúan en plena forma, antes de que la Policía tratase de detenerle en Chongqing. Para sorpresa de todos, los vecinos se sumaron a él e impidieron el arresto entre insultos contra los agentes.