20221204

Iñigo Ucín, (Azkoitia, 1960) presidente de Mondragon Corporación, vive un final de año intenso ante el desafío planteado por Orona y Ulma, que han convocado a sus socios el próximo día 16 para votar el abandono de la Corporación. Ucín subraya el respeto a cualquier decisión que se tome, pero lamenta que los intentos de llegar a los cooperativistas de Hernani y Oñati han sido infructuosos. A su juicio, Orona y Ulma funcionan sincronizadas. Sostiene que si las dos firmas dejan al final la Corporación el modelo cooperativo no se tambaleará. "Este es un tema antiguo. Parecía que después del Congreso de 2016, de arreglar lo de Fagor Electrodomésticos, y de mejorar la gobernanza, el tema estaba resuelto, pero sin embargo, sorpresivamente, no ha sido así. En 2016 las dos salieron de Mondragon Inversiones, uno de los principales fondos de intercooperación, y desde entonces el representante de Orona en el consejo general no volvió a aparecer. Solo una vez. Y el de Ulma, que sí ha ido, ha estado siempre disconforme con casi todo...El primero no venía y el segundo tenía una actitud radicalmente distinta a todos los demás...Sí que parece que tienen un contubernio por intereses comunes. Al menos ahora. A futuro, no lo sé. Hoy van al mismo ritmo en fechas, actitudes, contestaciones... Hay una sincronización perfecta. Son una pareja de baile...Proponían cooperativas que se relacionaran con el Grupo con un convenio anual y no sometidas a las normas de Mondragon. Con carácter general no participan en los mecanismos de intercooperación y solidaridad del Grupo. Algo descolocante para todos. Y en vísperas de poner en marcha el Congreso, algo que se prepara con tiempo y debate en todas las cooperativas. Y con exigencias. Semejante cambio no era admisible ni en forma ni en fondo..."

Continuación de la entrevista con Iñigo Ucin: "El daño económico no tiene tanta dimensión como se ha dicho. El impacto emocional y de imagen es mayor. Dicho esto, todo el resto de Mondragon se ha apiñado como no lo había visto jamás y estamos más fuertes que nunca. Si el día 16 dicen que quieren salir, estamos fuertes. El consejo general, la comisión permanente y el consejo industrial estamos totalmente alineados. Las ideas están más claras que nunca.– ¿Les va a frenar?– No. No. Habremos bajado en facturación y personas pero volveremos a crecer. Tenemos capacidades para ello. El consejo industrial ha cogido una inercia imparable de colaboración entre nuestras empresas y con otras. Van a salir proyectos de envergadura. – ¿Cómo sería el golpe en personas y facturación?– Con datos de 2021, ambas suman el 15% de las ventas de todo el Grupo, el 13% de los puestos de trabajo y el 28% de los resultados económicos.– No es poco...– No.– ¿Tiene usted una teoría propia de por qué se quieren ir?– Sí, pero no la voy a decir.– ¿Teme que repliquen ese movimiento otras cooperativas del Grupo?– No. Categóricamente, no.– La Corporación perdió en el pasado varias cooperativas. ¿Alguna quiso volver después?– Sí, pero no las que usted está pensando. Lo que sucede es que suelen querer volver aquellas a las que les va mal.– ¿De alguna manera tiene la Corporación que hacer examen de conciencia?– El cooperativismo existía antes de Mondragon. Pero Mondragon es algo distinto, es solidaridad. Arizmendiarrieta quería también transformar la sociedad. El Grupo ha llegado hasta aquí gracias a sus valores. Si al final el dinero o liderazgos singulares prevalecen sobre esos valores, empiezan los problemas. Las cooperativas tienen que vigilar que sus líderes sean cooperativos. – ¿Eso es lo que ha fallado?– Creo que sí..."

Los socios cooperativistas de Orona y Ulma tienen la última palabra. ¿Están dispuestos a desvincularse de la Corporación Mondragon? Su decisión se conocerá el próximo 16 de diciembre. Pase lo que pase en las votaciones, nada será igual desde ese día entre estas dos entidades y el grupo empresarial al que pertenecen. Se ha abierto una brecha tan grande entre unos y otros que posiblemente dejará heridas de difícil curación. El fabricante de ascensores Orona y la firma constructora Ulma, ambas radicadas en Gipuzkoa y con un gran peso económico y simbólico en el grupo Mondragon (antes MCC), han planteado darse de baja de la corporación. Es un cataclismo. El presidente del grupo cooperativo, Iñigo Ucín, señala que “es muy triste lo que está pasando”, aunque asegura que se sienten “con fuerzas para afrontar el futuro con o sin ellos”. “Ya hemos recibido golpes de este tipo en el pasado y conseguimos reponernos”, afirma en una entrevista con Negocios. La marcha de Orona y Ulma tendría consecuencias de calado en el conjunto del entramado cooperativo. Orona es el quinto grupo europeo en soluciones de movilidad vertical. En 2021 registró ventas por 832 millones y alcanzó un beneficio neto de 84 millones. Terminó ese ejercicio con 5.507 trabajadores, de los que 1.750 son socios cooperativistas. Ulma agrupa a nueve cooperativas y emplea a 5.500 personas (2.789 son cooperativistas). El año pasado facturó más de 900 millones y generó unos beneficios de 66 millones. Ambas representan aproximadamente el 15% de la facturación total del grupo. Los responsables de estas dos cooperativas no han querido explicar a este diario las razones que los han llevado a dar el paso de irse de Mondragon.

La acumulación de conflictos sociales y laborales hacen augurar un fin de año caliente en una Euskadi que, sin embargo, no se muestra especialmente pesimista sobre el rumbo de la economía. Los sindicatos agitan huelgas como la del Metal y movilizaciones en el sector público como la que protesta contra la ley educativa, que ni siquiera ha iniciado su tramitación. Los expertos creen que el pacto social «se debilita» y que las centrales «juegan la baza del malestar». La acumulación de conflictos sociales y laborales hace augurar un fin de año caliente en una sociedad vasca que, al mismo tiempo, según el último Sociómetro, no se muestra especialmente pesimista sobre los nubarrones provocados por la guerra de Ucrania. Un 68% de los encuestados calificaba hace apenas dos meses la situación económica en Euskadi de «buena» o «muy buena», un porcentaje que descendía al 24% si se preguntaba por lo mismo pero en España. Una porción idéntica de vascos, casi siete de cada diez, decían ser entre «bastante» o «muy optimistas» sobre el futuro. En el conjunto de España, el CIS ha arrojado recientemente otro dato para la reflexión: solo un 16,7% de los españoles cree que la situación económica del país es buena, pero si se pregunta por las perspectivas a nivel individual, la cosa mejora: el porcentaje de quienes ven «bueno» el estado de sus finanzas personales asciende al 59,9%. «Los sindicatos están organizados, tienen una larga tradición de cómo plantear conflictos y saben que obtienen con ello resultados razonables», analiza Gurrutxaga. Mucho más claro era un consejero del Gobierno vasco, en privado, esta misma semana: «ELA ha hecho de la huelga su instrumento principal de negociación. Ahí pesan los intereses corporativos y los intentos de remover». Los empresarios inciden en el mantenimiento del empleo y la inversión y en la quincena de acuerdos cerrados este año. 

LAB firmó el viernes un preacuerdo con Adegi para actualizar el convenio de Artes Gráficas de Gipuzkoa que contempla una subida salarial del 13,5% en cuatro años que se concreta en: 4,5% para este ejercicio; 4% para 2023; 2,5% para 2024 y 2,5% para 2025. En 2026 se aplicará de forma consolidada en las tablas la diferencia entre la suma del IPC de estos años y el incremento aplicado. El acuerdo pone seis meses de límite a la contratación por ETT y mejoras en las licencias. ELA rechazó el pacto por verlo «insuficiente».

ABE Capital Partners, el fondo que impulsó el Gobierno vasco para invertir en pequeñas y medianas empresas en crecimiento, ha obtenido ya compromisos por 110 millones de euros, lo que en el argot se denomina ‘levantar’. En esa cantidad destacan los recursos comprometidos por el Ejecutivo –20 millones– y los 3 millones de las diputaciones, los primeros en llegar. A ellos se suman ya nuevos inversores, como bancos de inversión y otros agentes institucionales, que se convierten en socios del Ejecutivo autonómico para gestionar una herramienta que persigue apoyar en las inversiones a compañías de reciente creación con gran proyección o a empresas de mediano tamaño que afrontan oportunidades importantes de expansión. El fondo se constituyó en 2019, impulsado por el Gobierno a través de ABE Capital Partners, una firma creada por Javier Arana, ejecutivo durante mucho tiempo en la financiera Alantra, junto a Manuel Blanco y Pablo Eola. Tras varios meses de espera, las inversiones comienzan a llegar: se han materializado un total de 52,7 millones en cuatro compañías. El objetivo del fondo de capital riesgo es ‘levantar’ hasta 250 millones de euros para apoyar «proyectos industriales estratégicos liderados por pymes con sede en Euskadi». El compromiso de los gestores es que sus inversiones sean en un 50% en compañías con domicilio social en el País Vasco. El Gabinete que preside Iñigo Urkullu y las administraciones forales atesoran el 13,68% de las acciones del fondo, donde comparten sociedad con tres instituciones financieras y otro fondo que posee una posición del 27,3%, junto a un conjunto de minoritarios que aglutinan el 31,7%. Las empresas participadas hasta ahora son cuatro situadas en diferentes ámbitos. Desde la digitalización de procesos en empresas hasta el desarrollo de combustibles sostenibles, pasando por la fabricación de componentes electrónicos. Su mayor inversión, por valor de 18,4 millones, es Plain Concepts, una compañía de soluciones digitales con 450 empleados en plantilla y sedes en Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Rumanía y Estados Unidos.

Como cada año por estas fechas, la actividad se multiplica en las instalaciones cargueras de Foronda. El aeropuerto encara la denominada ‘Peak Season’ (temporada alta en el argot logístico) que se extiende desde el pistoletazo de salida de la intensa campaña de ‘Black Friday’ hasta los picos de Navidad y Reyes, con cierre en la última semana de enero. Entre las firmas de mercancías que operan en la terminal vitoriana, la más potente, DHL –gestiona más del 90% de la carga que llega a la pista alavesa– prevé un crecimiento de la actividad en el ‘hub’ del aeródromo alavés de aproximadamente un 10% sobre el mismo periodo del ejercicio anterior. Así lo trasladan a este periódico desde el ‘gigante’ alemán de la paquetería. Un porcentaje que elevará la actividad en las instalaciones de la multinacional en la terminal de La Llanada, que procesa hasta 18.000 envíos a la hora y da salida a 50.000 envíos diarios. La nave de 26.000 metros y 32 muelles de carga ubicada en la pista alavesa gestiona diariamente 22 movimientos aéreos y 60 terrestres y da servicio a más de 22 empresas alavesas. Ante la recta final de otro curso que apunta a récord en mercancías –sería el octavo consecutivo–, Foronda resiste así frente a la moderada caída de envíos (un 5,3%) que pronostica la patronal del sector para la campaña navideña ante la actual crisis. Según analizan desde la multinacional alemana, aunque el comercio electrónico ha ralentizado el crecimiento comparado con los grandes incrementos en los 2 años de pandemia, esperan que siga subiendo en los próximos años aunque a ritmos «más contenidos». Además, Foronda vive un nuevo puente en el que prevé mover cerca de 9.000 pasajeros con alrededor de 180 operaciones programadas hasta el próximo domingo día 11. Otra vez, coinciden distintos enlaces chárter a destinos turísticos (el viernes partió uno a Marrakech y el miércoles sale otro a Estambul) con gran demanda entre alaveses y habitantes de otras zonas.

El precio de los carburantes baja siempre con retraso respecto al crudo y con menos intensidad, pero al menos desciende. Es lo que se observa en el último mes en las estaciones de servicio vascas, en las que el diésel se ha abaratado un 11%, desde los dos euros el litro hasta los 1,8. La gasolina lo ha hecho en menor cuantía, desde los 1,8 euros hasta quedar en 1,7. Aunque sigan siendo tarifas elevadas, es un pequeño alivio en un momento de mucho movimiento por el macropuente de la Constitución y la Inmaculada. Estos precios son inferiores a los de principios de abril, cuando entró en vigor la subvención de 20 céntimos por litro, que se mantiene hasta finales de año. El Gobierno estudia ahora la reformulación de la ayuda, para circunscribirla a algunos sectores como los transportistas. El abaratamiento de los carburantes es consecuencia de la caída del petróleo en los mercados internacionales. El Brent, referencia para Europa, ha descendido desde los 100 dólares el barril hasta los 85,6. La tendencia a la baja no se vio alterada el viernes, después de que los países de la Unión Europa, el G-7 y Australia acordaran imponer un tope de 60 dólares por barril para el crudo procedente de Rusia, una medida que coincide con la entrada en vigor mañana del embargo de la UE a las importaciones de petróleo ruso llegadas por mar. El precio del crudo se verá condicionado a partir de ahora por estas restricciones y, sobre todo, por la decisión que tomen hoy los países productores de la OPEP y sus socios, liderados por la propia Rusia. 

Todo apuntaba a un invierno y un 2023 difíciles y la incertidumbre exige prudencia, pero los últimos indicadores dan pie a cierto optimismo sobre la economía española, que ha sorteado la catástrofe que auguraban las previsiones. La inflación se ha moderado hasta situarse en el 6,8%, la tasa más baja de la zona euro. El empleo aguanta y el sector exterior tira con el auge de las exportaciones y el turismo. Las previsiones económicas han dejado de ser ya la mejor carta de navegación en una crisis. Empresas e instituciones han optado por trazar escenarios. Y la gran cuestión en octubre era si España se adentraría en terreno negativo y flirtearía de nuevo con la recesión, aunque fuera técnica —dos trimestres consecutivos de caída—. Hubo voces que afirmaron que así sería. La Autoridad Fiscal Independiente (Airef) así lo consideró el pasado octubre. También en esas fechas, el Partido Popular, por boca de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, usaba ya sin tapujos el término recesión. “El estado de ánimo, ya antes de verano, es que habría una recesión. Es la primera vez que nos la anuncian seis meses antes y que no llega”, ironiza una empresaria. Ese tono pesimista, sin embargo, ha ido cambiando a golpe de dato. La extrema incertidumbre exige la máxima prudencia, pero la evolución de la actividad permite soltar aire. El impulso de las renovables y las medidas adoptadas gracias a la excepción ibérica han permitido rebajar la factura energética y moderar la inflación hasta el 6,8%, la tasa más baja de toda la zona euro. Y esta misma semana, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha alejado el peligro de recesión. “Los indicadores referidos al cuarto trimestre apuntan a una prolongación de la debilidad de la actividad, que podría experimentar un leve crecimiento positivo, similar al del tercer trimestre”, afirmó en su comparecencia en el Senado. 

"El tirón del mercado laboral, en un contexto de desaceleración y de gran incertidumbre, es una de las sorpresas de un otoño económico que se presentaba con grandes nubarrones. El camino será largo hasta alcanzar los estándares de los países más exitosos en materia de empleo. Solo hay que constatar que nuestra tasa de paro es la más elevada de la UE, y supera ampliamente los dos dígitos cuando se sitúa por debajo del 6% en tres de cada cinco países europeos. Pero la subida continuada de la afiliación —132.000 puestos de trabajo creados en los últimos tres meses, cuando se auguraba un parón, y 459.000 desde inicios de año— es un resultado llamativo, al que se añade la mayor estabilidad de los nuevos contratos, fruto de la reforma laboral. La recuperación de algunos de los sectores más intensivos en empleo, como la hostelería, la restauración y otras actividades ligadas al turismo, explica en parte el buen comportamiento del mercado laboral. Cabe esperar que ese empuje perdure en los próximos meses, al calor de las perspectivas turísticas vislumbradas por el sector. También se alude a menudo al afloramiento de la economía sumergida, un factor que sería transitorio. Otro es la ausencia de burbujas en el mercado laboral, es decir, de sectores inflados por una demanda insostenible, a diferencia de lo que ocurrió en la construcción tras el estallido de la crisis financiera. Sin embargo, las cifras podrían estar evidenciando algo más fundamental, a saber, un cierto cambio en la gestión de las plantillas. Ya no es tan frecuente que las empresas recorten empleo ante el mínimo rumor de recesión..."

Los trabajadores de más edad de aquellos que pertenecen a la generación del baby boom (los nacidos entre 1957 y 1977 y que constituyen la generación más numerosa en España, con alrededor de 14 millones de personas, según los datos del INE) empezarán a jubilarse a partir del 1 de enero de 2023, tensionando los gastos de la Seguridad Social, que tendrá que asumir además del pago de muchas más pensiones y más elevadas, la revalorización de las que ya desembolsa conforme al IPC. En concreto, la edad legal de jubilación se fijará en 2023 en los 65 años para los que hayan cotizado 37 años y 9 meses y en 66 años y 4 meses para aquellos que no tengan una vida laboral tan larga. Esto supone que los nacidos en 1957, que cumplirán el próximo año 66 años podrán retirarse si han cumplido con ese período cotizado y, en caso de no llegar, si celebran su cumpleaños antes de septiembre. Los de 1958, que cumplirán 65 años, también se podrán jubilar si han llegado a ese periodo de cotización. Arranca así oficialmente el temido retiro de la generación más numerosa de España. Temido, porque a falta de medidas que garanticen ingresos extraordinarios (como la que se están barajando en la reforma de las pensiones y que recaerán casi íntegramente en las empresas, o como las transferencias a cargo del Presupuesto del Estado, que asumen los trabajadores con el pago de sus impuestos), el gasto vinculado al baby boom sería el golpe de gracia para una cuentas de la Seguridad Social que arrastran un elevado déficit y un alto endeudamiento con el Estado. Y, oficialmente, porque en la práctica habrá habido miembros de este grupo que ya se hayan retirado.

2023 plantea nubarrones en lo económico. Un frenazo en el crecimiento, en el mejor de los casos, si no se convierte en una recesión técnica. Analistas y gobiernos coinciden en ese diagnóstico, y los bancos están reaccionando. ¿Cómo? Aumentando hasta niveles récord su liquidez, para tener la disposición de dinero suficiente con el que hacer frente a los extraordinarios que puedan presentarse en las próximas semanas. Las advertencias de los reguladores del mercado financiero se incrementan en dos sentidos: sobre el deterioro de los créditos prestados por los bancos y sobre la necesidad de provisionarlos ante eventuales problemas en su devolución. Aunque los ratios de mora se sitúan todavía en porcentajes más que aceptables –un 3,8% en el crédito y por debajo del 2% en las hipotecas–, el presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Ernia, advertía esta misma semana de que la exposición a la energía y al sector inmobiliario requerían «particular atención», por los efectos en la calidad de los créditos. Hace cinco días, en idéntica línea, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pedía «prudencia» a las entidades financieras y prevenía sobre la necesidad de «aumentar la capacidad de resistencia» utilizando los beneficios que están obteniendo por la subida de tipos de interés para reforzar los balances e incrementar provisiones. La traducción es rápida en las cajas de los bancos: sus gestores están acumulando fondos ante el horizonte que se abre. Los balances de los activos líquidos –el dinero al que se puede recurrir de modo inmediato– está en máximos históricos. Estos recursos se han incrementado un 26% desde 2017 en el caso de las principales entidades con sede en el País Vasco –BBVA, Kutxabank y Laboral Kutxa–, hasta alcanzar los 288.161 millones de euros.

Usted probablemente no sea consciente, pero su vida gira cada vez más en torno a empresas que tienen un denominador común: algunos de sus accionistas más destacados son fondos soberanos, gigantescos entramados de inversión propiedad de Estados enriquecidos a golpe de pelotazo energético o de las materias primas o —en menor medida— del comercio impulsado por la globalización. El dinero que amasan estos vehículos asusta. A cierre de 2021 eran más de 10 billones (con b) de euros; es dos veces y media el PIB alemán, y siete veces y media el español. Ese año, el último para el que hay registros, batieron récord de operaciones a escala global: 448, que movieron un total de 120.000 millones, según el último informe elaborado por IE University junto a ICEX-Invest in Spain. “Estos actores tienen cada vez más peso en el mercado. El origen de su liquidez es variado y tratan de diversificar las economías de los países de origen invirtiendo sobre todo en el exterior”, explica Cord Stümke, socio de la firma de servicios profesionales EY especializado en transacciones de capital riesgo. Su crecimiento es exponencial y todo apunta a que 2022 será otro año récord para los sovereing wealth funds (SWF), como se los denomina en la siempre anglófila jerga financiera. La reciente explosión en el precio del petróleo y, sobre todo, del gas natural ha sido el aldabonazo definitivo para estos instrumentos. La salida desordenada de la pandemia y, sobre todo, la guerra de Ucrania han dado la vuelta al calcetín de los mercados energéticos justo cuando todas las miradas se centraban en la transición ecológica y no en unos combustibles fósiles con más pasado que futuro. Y han provocado un auténtico alud de ingresos para las arcas de la gran mayoría de los fondos soberanos. Una munición extra con la que no contaban, y un cofre que ahora tendrán que usar en nuevas inversiones. “Es bastante probable que en los próximos meses redoblen su actividad. Ya lo vimos en otras ocasiones en las que el precio de las materias primas se disparó”, pronostica Javier Capapé, profesor y director de Sovering Weal Research para la Gobernanza del Cambio de IE University.

Las imágenes de cientos de jóvenes gritando consignas inauditas en China —“¡Abajo el Partido Comunista! ¡Abajo Xi Jinping!”— dieron la vuelta al mundo. Los manifestantes protestaban contra las férreas medidas anticovid que aún se mantienen en el país. Una semana después, no hay rastro de la revuelta —cuya mecha se prendió por la muerte de 10 personas en un confinamiento— mientras muchos coches de policía patrullan las calles de Shanghái, el epicentro de la protesta. Los jóvenes que participaron explican sus razones: “Había mucho enfado acumulado”, opina un cineasta de 31 años. “Nadie organizó nada. A mí nadie me dijo que fuera”, añade. Las manifestaciones han tenido mucho de hito generacional y han mostrado el malestar de una generación urbanita, instruida, abierta al mundo y a la que los tres años de pandemia le han cercenado posibilidades de movimiento, de socialización, de ocio, de trabajo. Son jóvenes que ven pocas perspectivas de futuro con el país replegado en sí mismo y con una economía envuelta en nubarrones. El cogollito de la concesión francesa de Shanghái, Tianzifang, un coqueto barrio que conserva cierto aroma europeo entre los rascacielos, se ha transformado en un hervidero de policías. Es jueves y se pueden contar hasta nueve agentes solo en una de las cuatro esquinas del cruce que vio nacer de forma espontánea la revuelta de los folios en blanco, símbolo de las voces acalladas, hace cinco días. Desde esta encrucijada se despliegan hacia los cuatro puntos cardinales barreras azules colocadas por las fuerzas de seguridad. Mientras los comerciantes tratan de recobrar la normalidad tras las vallas, los vehículos policiales patrullan la zona con las luces encendidas. No queda ya rastro de las manifestaciones que arrancaron el sábado pasado contra las férreas medidas antipandémicas que impone Pekín desde hace casi tres años, pero la agitación social nació más o menos aquí, cuando cientos de jóvenes gritaron consignas inauditas que han dado la vuelta al globo: “¡Abajo el Partido Comunista! ¡Abajo Xi Jinping!”.

La guerra en Ucrania se halla en una nueva fase marcada por la ofensiva rusa contra infraestructuras civiles. Mientras las dramáticas consecuencias para la ciudadanía copan la atención mediática, en el plano diplomático han aflorado en las últimas semanas llamativas referencias a la perspectiva de negociaciones para alcanzar la paz. Ni las declaraciones públicas de mandatarios o expertos, ni la media docena de fuentes consultadas para esta información apuntan a que ese momento esté cerca, pero la acumulación de elementos retóricos o de hecho invita a reflexionar sobre qué ocurre y cuán lejos se halla esa perspectiva. El pasado 9 de noviembre, en una conferencia en Nueva York, el presidente del Estado Mayor Conjunto de EE UU, el general Mark A. Milley, pronunció unas palabras que han sido objeto de escrutinio. Consideró que lo más probable es que durante el invierno habrá más combates, pero que el frente será “relativamente estático”. “Hay aquí una ventana de oportunidad para negociaciones”, indicó a continuación. “¿Es el momento correcto para hacerlo?(…) Debe haber un reconocimiento mutuo de que la victoria, en el verdadero sentido de la palabra, no es alcanzable a través de medios militares y, por lo tanto, hay que considerar otros medios (…). Cuando hay una oportunidad de negociar, cuando la paz puede ser alcanzada, hay que aprovechar la oportunidad, el momento”, enfatizó. Una semana después, en la cumbre del G-20, varios importantes países no alineados clamaron por un fin negociado de las hostilidades.

En un año en el que se han ido sucediendo varios aniversarios relevantes en la historia de la normalización del euskera (50 aniversario de Elkar, Elhuyar y UEU, 25 de Topagunea y Kontseilua), el acto institucional del Día Internacional del Euskera, que tuvo lugar ayer en el Palacio Europa de Vitoria, reparó en uno de los más significativos: el 40 aniversario de la aprobación, en noviembre de 1982, de la Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera. De la conocida como Ley del Euskera, que establecía los derechos lingüísticos básicos de los ciudadanos, así como el marco en el que se irían dando pasos para que se fueran normalizando la presencia y el uso del euskera en áreas como la administración pública, la enseñanza, los medios de comunicación y el conjunto de los ámbitos de la vida social, se ha destacado siempre el amplio consenso que concitó el texto o, cuando menos, la capacidad de negociación que tuvieron quienes la hicieron posible en la primera legislatura del Parlamento Vasco. La Ley, como se recordará, salió adelante con el acuerdo de todos los grupos presentes en el Parlamento conformado tras las elecciones de 1980, en cuyas actividades no participaba Herri Batasuna. «Celebramos la valentía democrática de quienes elaboraron, aprobaron y tramitaron la ley que cumple cuarenta años», destacó el lehendakari Iñigo Urkullu en un acto el que se homenajeó a quienes «abrieron el camino de un futuro próspero a la labor a favor del euskera», porque «tuvieron el valor de convertirse en compañeros y compañeras teniendo diferentes perspectivas, sensibilidades y tendencias». En palabras del lehendakari «la sociedad vasca ha respondido con entusiasmo» y «el pueblo del euskera ofrece, como recuerdo a quienes tramitaron la Ley del Euskera, el crecimiento ejemplar que el euskera ha tenido estos cuarenta años». Iñigo Urkullu destacó la necesidad de mantener la misma actitud, de «seguir trabajando y mantener el compromiso», porque «sigue siendo necesario, cuarenta años después, aquella valentía para afrontar también con consenso los nuevos retos».