20221205

Entrevista con Iñigo Ucin, presidente de Mondragon. La polémica surgida tras la decisión de Ulma y Orona, dos importantes cooperativas de la división industrial del Grupo Mondragon, de plantear un nuevo modelo de relación que, de no ser aceptado, significaría abandonar la alianza cooperativa ha revuelto el mundo cooperativo vasco. "Creo que el tipo de propuestas que plantean estas dos cooperativas obedece a razones totalmente distintas de las que se comunican a los socios, pero como no se pueden decir porque cosméticamente no quedan bien, utilizan otros argumentos...Nunca ha habido una cooperativa que yendo mal o teniendo problemas quiera irse de Mondragon. Siempre habrá otras explicaciones del estilo del modelo no es el nuestro, retrasa nuestras decisiones, hemos avanzado más o Mondragon se inmiscuye. Que pongan un ejemplo porque no hay. ¿Quién les está constriñendo, quién les está obligando, quién les está llevando hacia un rincón donde no se encuentran a sí mismos? No se entiende de qué están hablando...Ha habido un comportamiento no muy cooperativo, impropio de una educación normal y de ahí para adelante que cada uno juzgue...Todo esto socava la imagen de Mondragon, de las cooperativas concernidas y también del cooperativismo de Euskadi porque Mondragon es un referente, y va a seguir siéndolo, de lo que es Euskadi. El daño causado no lo puedo calibrar pero no es menor. Me ha llamado gente del Gobierno de Madrid preocupada por lo que está pasando...-¿Cuál es la situación de la participación de las cooperativas en Lanbide?-Es una historia interminable porque llevamos muchos años intentando estar en Lanbide. Hay un precedente y es que en Navarra las cooperativas están representadas en el órgano equiparable. Aquí siempre encontramos muchos apoyos pero siempre pasa algo. Hay gente a la que no le interesa que las cooperativas estemos en Lanbide. Estamos trabajando en ello y estoy seguro de que conseguiremos estar, porque nos toca estar y porque nosotros no tenemos la típica pugna de sindicatos y empresarios, pero sí podemos aportar en formación, en futuro del trabajo, tenemos muchas cosas que ofrecer y compartir". 

El Índice Global de Competitividad en Talento sitúa a Bilbao como la octava ciudad del mundo en cuanto a su capacidad para retener a profesionales de primer nivel, pero la rebaja hasta el puesto 87 en el ranking de las localidades que son más atractivas para los foráneos con alta cualificación. En Euskadi se vive muy bien. Es lo que se puede deducir de que Bilbao ocupe el octavo puesto en el ranking mundial de las ciudades que más talento retienen. Según el Índice Global de Competitividad en Talento, la capital vizcaína obtiene notas excelentes en la calidad del medio ambiente (94,5 puntos de 100), la seguridad ciudadana (91,2) o los tiempos de tránsito (94,2). La única ciudad vasca de esta tabla con casi 200 entradas es también una ciudad relativamente feliz (66,5 puntos). Pero todo eso no es suficiente para atraer talento. Porque en el índice global Bilbao cae hasta el puesto 87, cinco por detrás de Barcelona y a 17 de Madrid. La puntuación en algunos apartados deja claro por qué. Si bien logra 43,3 puntos en el índice global, hay variables que son un lastre: una baja renta per cápita (30,1 puntos), el paro (24,9), la escasez de población extranjera (10), la baja conectividad aérea (16,8) o la falta de colegios internacionales homologados. Esta coyuntura se plasma en la cifra de quienes se han acogido a los incentivos fiscales de Bizkaia para atraer talento: 202 personas entre 2018 y 2021. Aunque la Hacienda foral considera que es «un buen resultado», Antxeta Knörr, responsable del área pública de la firma de Recursos Humanos ATE Personas, opina que son datos modestos e influidos por la pandemia. No en vano, 2020 fue el año que más profesionales (79) decidieron beneficiarse de una exención del 15% en el IRPF durante cinco años. «Hay demasiada autocomplacencia y muy poca autocrítica», dispara Gonzalo Sánchez, director de ATE. Para muchos como él, buena muestra de ello es uno de los polémicos eslóganes que la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) utiliza en su campaña Industria Erronka, que busca «acercar la industria a la juventud, fomentar su atractivo y que la contemplen como una posibilidad para su desarrollo personal»: ‘Querer trabajar en Silicon Valley teniendo tres parques tecnológicos en Euskadi’, reza el mensaje.

Los trabajadores con rentas altas son los grandes perjudicados de la reforma de las pensiones que pretende llevar a cabo el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Aquellos que tengan unos ingresos superiores a los 54.000 euros (lo que supone una nómina de unos 2.700 euros netos al mes) sufrirán la mayor subida de cotizaciones de la historia durante las próximas décadas, un fuerte incremento, aunque paulatino, que se extenderá hasta, al menos, 2050 y que provocará una brecha aún mayor entre lo que pagan al sistema y lo que recibirán cuando se jubilen. Porque las cuotas máximas se encarecerán cada año con la subida anual de la inflación y, además, se incrementarán un 30% adicional. Mientras la prestación máxima también subirá en mayor cuantía que los precios, pero solo un 3% durante el periodo 2025-2050 –según la propuesta que está encima de la mesa–, por lo que se mantendrá como la pensión más baja de Europa para aquellos que más aportan. España es de los pocos países del Viejo Continente que tiene la pensión topada. A día de hoy, los jubilados pueden obtener una prestación de la Seguridad Social de 2.819 euros máximo. El año que viene subirá hasta los 3.059 euros. Este límite no existe en prácticamente ningún estado comunitario: ni Alemania, ni Italia, ni Suecia, ni Portugal, ni Dinamarca… Solo en Luxemburgo, cuyo máximo se sitúa en los 9.192 euros, y Grecia, con una prestación de hasta 4.606 euros al mes. Significa esto que la pensión más alta en España es un 40% más baja que la de Grecia, un país, sin embargo, menos desarrollado. Para cobrar la jubilación más generosa del sistema se exige haber cotizado un número de años: 37 años y seis meses en 2022, que se van incrementando cada ejercicio desde 2013 hasta situarse en 38 años y seis meses en 2027. Pero, además, los últimos 25 años tendrán que haber estado dados de alta en la Seguridad Social por la base máxima: 4.139 euros al mes. Este requisito también se va a endurecer si entra en vigor la reforma de las pensiones que prepara Escrivá.

El desequilibrio en la evolución de las pensiones y los sueldos se va agrandando a medida que las prestaciones van incrementándose en función de la inflación media de los últimos doce meses, mientras que los salarios se quedan bastante lejos del IPC, que en los últimos meses ha alcanzado registros inusitados. De hecho, cerró noviembre con el 6,8% en el conjunto del Estado, aunque la media entre diciembre del año pasado y noviembre de este año es del 8,5%, la cifra que sirve de referencia para la actualización de las prestaciones para el próximo año. Esto ha hecho que las pensiones de los nuevos jubilados se sitúen por encima del sueldo de los menores de 35 años. La revalorización del 8,5% hará que la pensión media de Gipuzkoa alcance en enero del próximo año los 1.441,91 euros, 112,96 euros más que la de este año (1.328,95) y que la de jubilación llegue a los 1.618,99 euros (126,83 más). Por su parte, la de Viudedad rebasará los 1.000 euros al situarse en 1.005,81 (78,79 más); la de Incapacidad alcanzará los 1.467,69 (114,98 más); la de Orfandad los 559,88 (43,86 más) y la de Familiares 863,75 (67,67 más). Además, la pensión máxima rebasará los 3.000 euros. Las pensiones han registrado ese arreón sobre todo en los dos últimos años debido a la alta inflación –hay que recordar que 2021 finalizó con un IPC del 6,5%, aunque las pensiones se revalorizaron un 2,5%, que era la inflación media de los doce meses anteriores.

La Comisión Europea ha mostrado su “preocupación” por la sostenibilidad del sistema de pensiones en España tras la reforma que introduce el mecanismo de equidad intergeneracional y advierte de que “suspenderá” los pagos de los fondos europeos de recuperación si España no cumple con los objetivos presupuestarios. Así lo ha manifestado el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Paolo Gentiloni. En una contestación a una pregunta elevada a la Comisión Europea por la eurodiputada Eva Poptcheva, Gentiloni subraya la “preocupación” de Bruselas por la sostenibilidad fiscal del paquete de reformas del plan de recuperación y resiliencia. Bruselas avisa de que hará una nueva evaluación del sistema cuando el Gobierno español reclame el cuarto pago de los fondos de recuperación. Aunque Gentiloni subraya que “no puede especular sobre el resultado de esta evaluación”, sí advierte, por primera vez, que Bruselas está habilitada para suspender los pagos. “Si la Comisión considera que no se han cumplido satisfactoriamente todos los hitos y objetivos asociados a un tramo, suspenderá parcialmente el pago”, dice el comisario. Entonces, España dispondrá de seis meses “para tomar las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos”. Paolo Gentiloni explica que “si esto no se ha hecho en el plazo de seis meses, se reducirá proporcionalmente el importe total de la contribución financiera y, en su caso, del préstamo”. En la segunda evaluación de la solicitud de pago de los fondos de recuperación por parte de España –en junio de este año–, Bruselas ya advirtió del peligro del paquete de reformas. 

Los ingresos por impuestos de Hacienda siguen disparados, y buena parte de esta situación se debe al IRPF. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas crece a un ritmo del 16% respecto al año pasado, rozaba ya los 100.000 millones de euros al cierre de octubre y, por supuesto, es la figura que más aporta en el conjunto de la recaudación. En esta notable evolución hay dos factores que son básicos, que explican en gran medida el crecimiento: la clase media trabajadora, que son los grandes pagadores de IRPF, y los pensionistas, como la propia Agencia Tributaria señala en su último informe de recaudación. En el primer caso, las subidas salariales que ya se están produciendo ante la elevada inflación redundan en un mayor pago de impuestos ya que el Gobierno se ha negado, de manera reiterada, a ajustar el IRPF a los precios. Ni siquiera en los primeros tramos y en contra del criterio de buena parte de los economistas, que afirman que no deflactar el impuesto es una subida tributaria encubierta. La consecuencia de ello es una doble pérdida porque las subidas salariales no están al nivel de la inflación, y además los trabajadores tienen que pagar más impuestos. En el caso de las pensiones, el incremento que las prestaciones han registrado está también impulsando los ingresos por IRPF. Y a ello Hacienda suma también la propia creación de empleo, que es el tercer factor que apunta para explicar por qué los ingresos en este impuesto están ya en más de 92.000 millones y, casi con toda seguridad, superarán de manera holgada los 100.000 millones al cierre de año. Será un máximo histórico, claro. El organismo que dirige Soledad Fernández también subraya la aportación del IVA, que crece a ritmos del 17% y supera ya los 75.000 millones aportados. La inflación también es clave en esta evolución, así como el propio consumo de los ciudadanos.

Entre los objetivos que recoge la norma, según fuentes conocedoras de la misma, destaca la defensa de la garantía de la libertad de establecimiento de empresas industriales; la protección de la libre circulación de sus productos, la garantía de la unidad de mercado con más coordinación administrativa; o la promoción de un entorno favorable a la generación de ecosistemas industriales y proyectos tractores de interés general. En paralelo, el proyecto busca impulsar la competitividad del sector, su calidad y seguridad; así como facilitar su internacionalización y la atracción de inversiones estratégicas. La ley cubrirá las manufacturas y las actividades industriales de obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, el aprovechamiento de subproductos y el tratamiento de residuos. También los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica; o las actividades de digitalización y gestión de información del ámbito industrial. Una de las principales novedades del texto es que habilitará a la Administración General del Estado a promover líneas de ayudas específicas a la modernización del sector. Como condición, las empresas beneficiarias deberán mantener la actividad productiva al menos durante 5 años, tres en el caso de pymes. El proyecto reconoce una especial protección a la industria intensiva en energía, sea electricidad o gas, considerada estratégica. A partir de ahí, se prevén medidas de apoyo a los ecosistemas industriales; los bancos de pruebas regulatorios y proyectos piloto en investigación e innovación. El plan incluye el impulso de servicios e infraestructuras de fomento de las áreas industriales o la promoción de suelo industrial. La ley identifica además como proyectos industriales de interés general a impulsar aquellos que cumplan al menos dos de las siguientes tres condiciones: conllevar de un volumen significativo de inversión y generación de empleo; desarrollar programas dentro de ecosistemas o sectores estratégicos para el Consejo de Seguridad Nacional, o estar alineados con los objetivos industriales de la Unión Europea.

Los fabricantes de trenes CAF y Talgo, y los gigantes con producción en este país, Alstom, Stadler y Siemens, esperan para primeros de 2023 la resolución de un pedido millonario en Portugal. En juego están 117 trenes encargados por la pública Comboios de Portugal (CP), con un valor de partida de 819 millones de euros. Y a la vuelta de la esquina se prevé una segunda licitación para la compra de 12 trenes de alta velocidad valorados en unos 250 millones de euros. Las dos adquisiciones estaban contempladas en el Programa Nacional de Inversiones 2030, presentado medio año antes del estallido de la pandemia, pero solo la primera ha cristalizado por el momento en un concurso público. El ganador del proceso en marcha debería fallarse en febrero, según el calendario que maneja el Ministerio luso de Infraestructuras. El paquete incluye 62 trenes para servicios urbanos y otros 55 para viajes regionales, todos ellos eléctricos. El pedido fue licitado hace justo un año y se trata de la mayor compra conjunta de material rodante realizada jamás en el país vecino, lo que atrajo el interés de gran parte de la industria. Comboios de Portugal quiere tener la nueva flota en su integridad en 2029 y se reservará opciones sobre otras 36 unidades para sus cercanías. El primer tren debe llegar 40 meses después de la firma del contrato, entrando tres unidades mensuales a partir de ese primer hito. El proceso va a dirimirse entre seis aspirantes: la vasca CAF; un consorcio formado por Siemens y Talgo; la francesa Alstom, se asegura en el sector que en alianza con la constructora local DST; la suiza Stadler, con idea de obtener carga de trabajo para la fábrica de Valencia; la subsidiaria italiana de Hitachi Rail, y la china CRRC Tangshan.

El grupo vasco Dominion quiere dar un fuerte impulso a Rentik, su división dedicada al servicio de teléfonos móviles, que lanzó sus operaciones de forma oficial recientemente. Según explica la compañía, Rentik es un servicio pionero e independiente de renting de móviles del mercado en España. La marca ofrece a sus clientes el disfrute del uso del móvil durante 24 meses, a cambio de una única cuota fija mensual, desde 12 euros. La firma ofrece a los usuarios terminales de distintas marcas, Apple con su iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, ZTE o Xiaomi. La empresa indica que, con Rentik, el cliente estrena móvil siempre y lo puede cambiar por otro terminal que le guste más cuando quiera. “Todo ello, con el seguro más completo del mercado, que incluye siniestros ilimitados, así como el hurto o el robo del terminal”, dice la firma, que añade que si un cliente pierde el dispositivo puede pagar un porcentaje del precio del terminal en función del mes en que lo pierda y seguir con el contrato igualmente con otro terminal nuevo. El acceso al servicio de Rentik está disponible en más de 800 puntos de venta, además de en su página web. Rentik forma parte de la división B2C de Dominion junto a Phone House, el operador The Telecom Boutique y la división de placas solares.

Una empresa que opera en Valladolid tiene que deshacerse de varias toneladas de desperdicios. Sin embargo, en vez de ir a un vertedero o incineradora de la zona, decide recorrer kilómetros de más hasta una instalación de Madrid. Esta práctica, conocida como turismo de residuos, se origina por motivos tributarios. Y en España tiene los días contados. Todo surge por las diferencias regionales. Mientras que hay nueve comunidades que actualmente exigen algún tipo de canon o impuesto sobre el depósito en vertederos o sobre la incineración, otras se niegan a gravar estas prácticas, provocando fuertes distorsiones. Esta suerte de dumping fiscal se reducirá drásticamente a partir del próximo 1 de enero, cuando entre en vigor la nueva ley de residuos y suelos contaminados que impondrá un sistema fiscal común para la eliminación de los desperdicios. El nuevo impuesto, explica Alberto García Valera, socio responsable del área de tax policy en EY, contará con tres hechos imponibles en todo el territorio: la entrega de residuos para su eliminación en vertederos autorizados, el depósito para la supresión o valorización energética en incineradoras y la entrega para eliminar o valorizar los desechos en instalaciones de coincineración. La base imponible, añade Ignasi Puig, responsable del Observatorio de la Fiscalidad de Residuos, estará constituida por el peso, expresado en toneladas métricas. “Se contemplan 19 tipos impositivos, en función de diferentes casuísticas”. La nueva tasa estatal sustituirá a las ya existentes y se aplicará en todo el territorio nacional, incluyendo a las dos regiones forales, que adaptarán el impuesto a sus regímenes propios. Todas las autonomías podrán tener las competencias en materia de gestión y capacidad normativa, recibiendo además la recaudación correspondiente. “No podrán eliminar el hecho imponible, pero sí subir algunos tipos si así lo consideran”, añade García Valera.

Los países de la OPEP junto con sus socios, liderados por Rusia, acordaron ayer mantener el fuerte recorte en la producción de petróleo pactada el pasado octubre y reiteraron su disposición a «reunirse en cualquier momento para tomar medidas adicionales inmediatas», ante la evolución del mercado. La denominada alianza OPEP+, integrada por 23 países productores, pactó el pasado octubre un recorte de dos millones de barriles diarios con objeto de frenar la caída del precio del petróleo ante la desaceleración económica y el riesgo de recesión. No obstante, tras un ligero repunte, el crudo ha vuelto a bajar hasta los 85 dólares por barril. Además, el precio del petróleo se verá condicionado a partir de ahora por la decisión acordada por la Unión Europea, el G-7 y Australia de imponer un tope de 60 dólares por barril para el crudo procedente de Rusia, una medida que coincide con la entrada en vigor hoy del embargo de la UE a las importaciones de crudo ruso llegadas por mar. El veto afectará al 90% de las compras europeas es decir, unos 100 millones de toneladas o 730 millones de barriles anuales, según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sin hacer mención a estas restricciones, contra las que el Kremlin ha arremetido, los ministros de Energía y Petróleo de la OPEP+ emitieron un comunicado al término de la reunión en la que se limitaban a apuntar su intención de mantenerse vigilantes para actuar si fuese necesario.

Los subsidios que Estados Unidos ha aprobado para su industria de coches eléctricos o de energías renovables han causado inquietud en la Unión Europea. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aseguró ayer que la UE “responderá de una forma adecuada” a la iniciativa de Joe Biden. Apuntó que es necesario “reflexionar” para que las empresas europeas también puedan recibir ayudas de Estado. La Unión Europea no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados frente a los subsidios antinflación que ha aprobado Estados Unidos a su industria de coches eléctricos, baterías y material para instalaciones de energías renovables. “La UE responderá de una forma adecuada y bien calibrada”, advirtió ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, justo un día antes de que se reúnan hoy delegaciones del máximo nivel de ambas partes cerca de Washington. No se trata de abrir una guerra comercial “en medio de la actual guerra”, aclaró. Lo que plantea Von der Leyen es “reflexionar” sobre las normas de ayudas de Estado continentales “para adaptarlas al nuevo entorno global”. La misma Von der Leyen desarrolló la idea en su discurso de ayer en el Colegio de Europa en Brujas (Bélgica). “El IRA (la reciente ley estadounidense de subsidios) invierte en toda la cadena de valor en sectores estratégicos. No siempre es el caso de nuestras ayudas de Estado. Debemos adoptar una mirada nueva sobre cómo apoyar toda esa cadena de valor, descender a la producción en masa de las soluciones de tecnología verde estratégica y productos finales limpios. Incluso a través de la inversión pública”. Es decir, abrir la mano para que se pueda dar ayudas a las empresas europeas o las que produzcan en suelo europeo para que sean competitivas y no se lleven la producción a otras zonas.

"...En la educación financiera de nuestros jóvenes partimos en desventaja. Informes como el de Intrum European Consumer Payment Report 2021 recogen que el 62% de los españoles necesita mejorar su educación financiera. El influyente estudio PISA, redactado por la OCDE, sitúa a nuestros estudiantes 13 puntos por debajo de la media europea en conocimientos sobre la economía, el dinero y las finanzas, un claro indicativo de las carencias de un sistema educativo que no incluye o incluye mal la educación financiera en sus planes de estudio...En una reciente intervención pública, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advertía de que un grupo muy amplio de españoles no está familiarizado con conceptos como la inflación, el tipo de interés o la diversificación del riesgo. Por ejemplo, el 42% de los entrevistados no consigue responder adecuadamente al concepto y efectos de la inflación. Para responder correctamente a la pregunta sobre el tipo de interés compuesto, se debe entender que la evolución de una cantidad ahorrada en una cuenta depende no solo del tipo de interés anual aplicado el primer año, sino también de los intereses acumulados desde entonces. El 54 % de los encuestados no contesta correctamente a esta cuestión. La pregunta sobre la diversificación del riesgo mide si el consultado entiende que el riesgo asociado a invertir en un activo de difícil comprensión disminuye si se adquiere una amplia gama de activos distintos en vez de un único tipo de ellos. En este caso, el 51% no consigue responder con solvencia a esta cuestión. Finalmente, la proporción de quienes contestan bien a las citadas preguntas es inferior entre los jóvenes. En concreto, solo una de cada ocho personas de entre 18 y 34 años responde correctamente a las tres. ¿Qué solución tienen estas carencias? No hay otra que la adecuada formación de nuestra juventud en las materias financieras más básicas y usuales..."

El Ejecutivo de Urkullu deberá afrontar en los próximos días una crisis sin precedentes en la sanidad vasca, que ha acabado con la cúpula de Salud en Gipuzkoa totalmente descabezada después de una cascada de ceses y dimisiones. Mientras la oposición pide explicaciones en el Parlamento, una treintena de jefes de servicio guipuzcoanos reclamó ayer el cese de la dirección de Osakidetza, a la que acusa de practicar una «política suicida», y consideró sus decisiones «una muestra de sectarismo». El Gobierno vasco se enfrenta una crisis sin precedentes en Osakidetza, que ha descabezado por completo la cúpula sanitaria en Gipuzkoa. Un episodio de ceses y dimisiones encadenados que llega después de una pandemia que ha desgastado todos los ámbitos del Servicio de Salud y de un año en el que se han sucedido conflictos que han salpicado la gestión de la consejera Gotzone Sagardui al frente de la sanidad vasca. Aunque ninguno como el de esta pasada semana, por el rol de los implicados dentro de la red sanitaria vasca. Rosa Pérez, directora general de Osakidetza cesó el pasado jueves a Itziar Pérez, gerente de la organización sanitaria de Donostialdea, y provocó un incendio que no para de propagarse. Lo hizo, según declaraciones de la ya exgerente, «por no estar alineada con la dirección general de Osakidetza y el Departamento de Salud». Desde entonces se ha producido otro cese, el de Idoia Gurrutxaga, directora médica, y dos dimisiones, las de sus dos subdirectores. Todos ellos cargos de confianza de Salud. Estas bruscas salidas han acabado por dejar la dirección de la mayor área sanitaria de Gipuzkoa totalmente descabezada.

Una treintena de jefes médicos de la OSI Donostialdea exige a Salud el «cese inmediato» de la dirección de Osakidetza y le acusa de practicar «una política suicida», según se recoge en un escrito remitido a DV que evidencia la grave crisis sanitaria abierta. La grave crisis que atraviesa Osakidetza en Gipuzkoa sube de intensidad. Una treintena de jefes de servicio de la OSI Donostialdea se rebelan ante el Departamento de Salud por «la deriva» en la «gestión» de los servicios asistenciales de Osakidetza y le exigen que abandone su «política suicida». En medio de una crisis sin precedentes en la organización sanitaria más importante de Gipuzkoa, después de dos ceses y dos dimisiones en menos de 48 horas, los profesionales de la OSI Donostialdea, en un escrito al que ha tenido acceso este periódico, piden a la consejera Gotzone Sagardui «el cese inmediato de los cargos de la dirección general de Osakidetza, si no quiere ser cómplice y corresponsable última de este despropósito». También solicitan «la restitución inmediata y al completo del equipo directivo de la OSI y el inicio de un proceso de diálogo». Hasta ahora, Salud ha guardado silencio. En el comunicado, los firmantes –hasta anoche eran un total de 28 y no se descarta que a lo largo del día de hoy esta cifra aumente– denuncian la «grave crisis de gestión que se ha venido gestando por decisiones de la dirección de Osakidetza en el Hospital Universitario Donostia» y que «culmina una cadena de despropósitos y decisiones punitivas» ante las que consideran que no pueden «permaneces callados». Los jefes de servicio echan así un pulso a Salud y se plantan ante el área que dirige Gotzone Sagardui, después de los ceses de la directora gerente, Itziar Pérez, y la directora médica, Idoia Gurrutxaga, que han sido la gota que ha colmado el vaso y «un signo de torpeza inaudita», además de «una muestra de sectarismo e incompetencia que desmotiva a toda la organización que se ha dejado la piel para sostener el sistema en un momento muy delicado.