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Domingo 11 de diciembre de 2022
Núm 1314/2022
Año XXXV

«Los jóvenes piden cosas nuevas y las empresas deben escucharles» (El Correo)

Entrevista con Arantxa Tapia Consejera de Desarrollo Económico. Se muestra bastante optimista en relación al comportamiento de la economía vasca después de comprobar que algunas variables, como el empleo y el consumo, se comportan mejor de lo esperado. Aunque muchas veces ha sido tachada como la consejera del Gobierno vasco más refractaria a los planteamientos sindicales –y, en consecuencia, más inclinada a apoyar a los empresarios–, Arantxa Tapia resta trascendencia al aumento de la conflictividad laboral y también a sus efectos a medio y largo plazo. Tiene su influencia, pero no cree que sea un freno real para grandes inversiones en Euskadi. "Hay impacto de los precios de la energía, también del precio del dinero, pero factores como los problemas logísticos se han ido recuperando. – ¿Qué le transmiten las empresas?– Esa misma impresión. Lo esperaban todo peor. Pero también es verdad que hay segmentos, en especial pequeñas y medianas empresas, que comienzan a pasarlo mal. Llega el momento de comenzar a devolver los créditos que obtuvieron para atravesar la pandemia y, en un contexto de márgenes de negocio muy estrechos, tienen dificultades. Ahí hay complicaciones. Y hay algunas expectativas no cumplidas en relación con los fondos europeos.– ¿A qué se refiere exactamente, a los retrasos?– Hay muchas inversiones paradas y retrasadas a la espera de que se adjudiquen los fondos...Yo creo que lo que ha sucedido es que se han estrechado los márgenes, en algunos casos han desaparecido, y también que las empresas han conseguido trasladar a los precios de sus productos un aumento que ha contrarrestado al menos una parte de ese efecto. Pero la dependencia que tenemos del gas y del petróleo es aún muy importante y la alternativa del hidrógeno no se pone en marcha de la noche a la mañana...Decir que hay sindicatos que se van a cargar la industria vasca es un exceso dialéctico. Puede haber situaciones puntuales complejas, pero no creo que eso vaya a ocurrir. Todos somos conscientes de que la industria es clave en nuestro futuro. Y todos tenemos que darle una vuelta a las relaciones en la empresa.– ¿A qué se refiere con las relaciones en la empresa?– Es que los jóvenes que se incorporan al mercado laboral exigen cosas nuevas. Que se les escuche, se les tenga en cuenta... Hace falta más escucha por parte de las empresas, más transparencia, más comunicación. Ya sé que eso puede resultar sencillo en una pequeña empresa y muy complejo en una grande. Pero hay que hacer un esfuerzo, y no solo en la empresa privada, también en la Administración..."

«El cooperativismo sigue vigente, pero hay quien prefiere ser cortoplacista» (El Correo, Diario Vasco)

Continuación de la entrevista con Arantxa Tapia: "En principio no es una buena noticia que dos empresas industriales relevantes quieran salir del grupo Mondragon. Pero estoy segura de que la corporación va a seguir compacta y continuará con los valores cooperativos de siempre. También con ese criterio que han mantenido de ser competitivos para tener recursos suficientes, seguir invirtiendo y generando empleo...Tengo que reconocer que, tras la crisis de Fagor y el debate interno que se produjo, creía que todo estaba normalizado y la realidad es que no...El cooperativismo sigue vigente, aunque hay quien prefiere ser cortoplacista frente a una visión de largo plazo. Se lo escuché al expresidente de Eroski Agustín Markaide, y estoy de acuerdo. El espíritu cooperativo también está ligado a esa visión de largo plazo para generar mecanismos ante una crisis que se pueda producir. Y también para ser competitivos en el futuro. Creo que quizá en algunos casos esté primando el corto plazo..."

Ulma y Orona garantizan a los socios sus condiciones si salen de Mondragon (Diario Vasco)

Semana decisiva para Ulma y Orona. El viernes someterán a votación de sus socios la salida del grupo Mondragon y durante estos días apuran las reuniones para despejar las dudas de los trabajadores. Los 10.700 trabajadores de Orona y Ulma afrontan desde mañana una semana decisiva. Más de 4.500 socios cooperativistas de ambas firmas (1.750 de la de Hernani y 2.800 de la de Oñati) deben votar el viernes si estas dos potentes y exitosas cooperativas abandonan la Corporación Mondragon, el principal grupo empresarial de Euskadi, para ganar autonomía de gestión. Esta semana, las direcciones de ambas empresas, promotoras de un abandono que supone un terremoto para el Grupo, echarán el resto en las asambleas informativas finales para asegurar que la mayoría se inclina por la salida, algo que parece inevitable. Para ello tanto Orona como Ulma se centrarán esta semana en «garantizar» a los socios cooperativistas que se mantendrán las mismas condiciones laborales que hasta ahora, incluida la permanencia en el ecosistema de pensiones de la Corporación, el de Lagun Aro, según fuentes conocedoras de las asambleas. Las duras críticas del presidente de Mondragon, Iñigo Ucín, en la entrevista publicada por este periódico el domingo, han tenido mucho eco tanto en las instalaciones de Galarreta de la empresa de ascensores y elevación, como en las sedes de las nueve cooperativas de la oñatiarra Ulma. Ucín denunciaba que las dos empresas han contado a sus empleados una «versión ‘tuneada’» de lo ocurrido, y Orona y Ulma se van a centrar esta semana en tratar de rebatir esa versión y «despejar cualquier duda y temor entre los trabajadores», agregan los medios consultados por este periódico.

Orona y Ulma, ante una transcendental decisión para toda la Corporación (El Correo)

Las últimas semanas han sido unas de las más convulsas en la Corporación Mondragón en los últimos años. La principal agrupación empresarial de Euskadi ha visto como el debate interno de dos de sus miembros, Orona y Ulma, por plantear una relación diferente, que de hecho supone la salida de la Corporación, trascendía públicamente. No es habitual que el mundo cooperativo evidencie esos procesos, pero los hechos obligaron al presidente del grupo, Iñigo Ucín, a plantear en el congreso anual de la Corporación una reconsideración de su postura a las dos organizaciones porque su salida «no beneficia a nadie», aseguró. Pero el próximo viernes las asambleas generales de Orona y Ulma votarán si avanzan hacia un «nuevo marco relacional» con Mondragón. Si esa propuesta sale adelante, supondrá la salida de hecho de la Corporación, aunque ambas cooperativas defienden mantener su participación en Lagun Aro, en el centro tecnológico Tekinker y en la Universidad de Mondragón. Fuentes conocedoras del proceso no descartan incluso que pueda tratarse de una maniobra para plantear «desde fuera» una nueva negociación sobre el modelo de gobernanza del grupo. En estas semanas, Orona ha explicado que este movimiento busca dotar a la compañía de más independencia para buscar sus objetivos de crecimiento. Para ello, y junto a Ulma, planteó al Consejo General de Mondragón el pasado mes de junio una ponencia que fue rechazada por cuestiones de «forma y plazo», lo que fue el detonante del actual proceso. El planteamiento ha sido contestado desde los servicios centrales de la Corporación con una carta a todos los socios del grupo que fue entendida por Orona y Ulma como una «injerencia». 

Expectación en Arrasate, Oñati y Hernani, el triángulo donde se juega el futuro de Mondragón (El Correo, Diario Vasco)

El próximo viernes 4.550 cooperativistas están llamados a tomar una decisión sobre su permanencia o no en el seno de la Corporación Mondragón. Son los 1.750 socios de Orona y los 2.800 de Ulma que celebran sus respectivas asambleas generales en las que deberán dirimir una transcendental cuestión que ha generado un terremoto en el mundo cooperativo, pero también social en el corazón de Gipuzkoa. El pasado viernes, una jornada de lluvia arrancaba en la localidad de Mondragón, donde tienen la sede las oficinas centrales de la Corporación, el primer grupo empresarial de Euskadi y el décimo de España, con más de 80.000 empleados. Y que representa algo que va mucho más allá de los números: un sello de identidad, de modelo sociolaboral impulsado por el padre Arizmendiarreta para dar un futuro a una comarca entera en los complicados años 50 del pasado siglo, en plena dictadura franquista. El día empezaba con el tránsito de recados y el paso de vecinos con cestas de la compra, una feria de libro antiguo, el mercado habitual en la Plaza Laubide y juegos infantiles instalados por el Ayuntamiento para adelantar el clima navideño a los días del puente de diciembre. Un hombre joven, recién cumplidos los 30 años, revuelve un café en un bar del centro junto a un hotel. Trabaja en Ulma y confirma que «este viernes votamos», aunque reconoce que «tampoco sé mucho más de lo que decís en la prensa». Ha participado en dos reuniones, «pero hay cosas que se me escapan. El hecho es que vamos bien y me fío de los que han estado dirigiendo la empresa este tiempo. Tengo trabajo y además soy socio». Es una excepción, porque la tónica general es no decir nada y en todo caso lamentarse de que se pierda la fuerza del grupo. «Lo que ha sido esto ¿no? El valle es hoy lo que es por Mondragón», señala una mujer que sale de una de las oficinas bancarias de la localidad.

“Las empresas se han dado cuenta de que para ser competitivo se necesita ser sostenible” (Deia)

El economista Ibon Galarraga (Bilbao, 1973), profesor del Basque Centre Climate Change, ha recibido recientemente el Premio Ekonomistak 2022, que otorga el Colegio Vasco de Economistas, por su trabajo de investigación sobre los impactos del calentamiento global en la actividad productiva. Galarraga urge a actuar con determinación y aboga por medidas de tipo fiscal para frenar la crisis climática. "Hay muchísimos impactos físicos, y además muy variados. En la agricultura se pueden dar sequías cada vez más prolongadas. Las actividades que se desarrollan en zonas costeras van a estar sujetas al riesgo de inundabilidad. El riesgo de incendios está creciendo de forma significativa y las olas de calor están causando muertes y enfermedades en todo el planeta. Todo eso va a provocar una subida del precio de los alimentos y una escasez de agua y de materias primas. Con altas temperaturas, además, la productividad de los trabajadores desciende. Sabemos que el cambio climático está afectando a todos los países y sistemas económicos, aunque no manera uniforme, porque varían de un espacio geográfico a otro. Nos preocupa muchos que esos impactos, que ya están ocurriendo lleguen a un punto de no retorno...Son necesarias más medidas de tipo fiscal, el principio ‘quien contamina, paga’ es muy importante...Pienso que muchas empresas se están dando cuenta de que para ser competitivo a nivel económico tienes que ser sostenible. Hay que mantener una relación positiva con el entorno y al mismo tiempo lograr una rentabilidad..."

Los sindicatos presionan para reactivar el contrato de relevo en todos los sectores (El Correo)

El contrato de relevo vivió su máximo esplendor en 2008, cuando en Euskadi, donde tuvo un gran éxito, llegaron a firmarse casi 5.300. Inició desde entonces un declive que se agravó con la drástica reforma de 2013. Si ha sobrevivido en este tiempo se debe, en gran medida, a que se mantienen ventajas especiales para su aplicación en la industria manufacturera, pero esta modalidad específica vence a final de este año. Los sindicatos tratan de aprovechar las duras negociaciones sobre la segunda fase de la reforma de las pensiones para dar un impulso a esta fórmula, que permite a un trabajador veterano solicitar la jubilación parcial, para garantizarse una pensión sin penalizaciones, mientras otro, el relevista, completa su jornada. «El objetivo de la negociación es que vuelva a ser atractivo», señala Oskar Arenas, de CC OO Euskadi. Su evolución en el tiempo evidencia que ha dejado de serlo. En el País Vasco se han firmado 599 contratos de relevo hasta octubre, según datos del SEPE, un 11% más que en igual periodo del año pasado, pero una cifra muy alejada del pico de 2008. A partir de entonces empezaron a decaer, tanto por los cambios normativos introducidos en 2011 como por la crisis financiera. En 2013 no llegaron ni a un millar. En ese momento entró en vigor una severa reforma que eliminó buena parte de las ventajas, al reducir el porcentaje de cotización bonificada, con objeto de rebajar su alto coste para las arcas de la Seguridad Social; en sus inicios, cuando la figura fue creada en 1999, llegó a suponer 125.000 euros por contrato. Además, el Gobierno de Rajoy recortó de cuatro a dos años el plazo para poder acogerse al relevo antes de la jubilación ordinaria. Pero al menos se estableció un periodo de transición hasta 2018. Fue en ese ejercicio cuando, ante la presión de los agentes sociales, se aprobó la modalidad específica para la industria manufacturera, con extensión hasta la conclusión de 2022.

La foto (por Marco Gardoqui, Diario Vasco)

"La foto entre Galán y el presidente portugués se explica por sí sola y convierte en innecesario el comentario. Pero, como no podemos dejar en blanco un hueco tan grande, voy con él. El dirigente socialista António Costa logró la mayoría absoluta en las elecciones celebradas en Portugal a primeros de año. Es socialista y ha gobernado apoyado por el partido comunista, lo cual no ha sido un obstáculo para crear en su país un hábitat político y social calmado y alejado de los populismos inoperantes. Pretende atraer capital e inversiones. Y, según las estadísticas, lo está consiguiendo. Son muchas las empresas y las personas que se han sentido interesadas por ese espacio de sosiego y, muy en especial, de seguridad jurídica, que posibilita e incentiva los proyectos de largo alcance y periodos de maduración dilatados. Podemos hablar de los contribuyentes que han pasado la frontera o de las empresas que se han instalado allí. En este ambiente, la foto muestra al mandatario luso y el presidente de Iberdrola con gestos distendidos, anunciando un volumen de inversiones de nada menos que 3.000 millones de euros en el campo de las energías renovables en el país vecino. Portugal no solo tiene una estrategia clara y estable, sino que ha aprobado un programa específico, llamado Simplex, dirigido a aligerar las trabas administrativas –incluidas las medioambientales– para fomentar y facilitar el despliegue de las nuevas instalaciones. No se trata de rebajar las exigencias; se trata de evitar que las distintas esferas de las administraciones públicas se conviertan en escollos que las imposibilite. Para ver el resultado, vuelva a mirar la foto..."

«Los recursos se deben evaluar desde la ciencia, sin que importe la ideología» (Diario Vasco)

Entrevista con Joshua Angrist Premio Nobel de Economía en 2021 e investigador del MIT. Defensor de la educación de calidad, con sus estudios sobre los efectos de la causalidad busca el beneficio real de las políticas sociales. Angrist (1960, Ohio) ha usado como muestras de sus investigaciones a veteranos de Vietnam, premios Nobel como él y estudiantes, entre otros sujetos de estudio, de los que pasa los datos extraídos de sus historiales por complejas ecuaciones. Dos de sus estudios más importantes abordan, por una parte, la educación, al desmontar mitos sobre los beneficios de tener aulas reducidas u ordenadores en clases, y, por otro lado, el impacto de la maternidad en la participación de las mujeres en el mercado laboral y donde halla que el nacimiento de un tercer hijo es crucial en la brecha de género, con un 18% más de desempleo en las mujeres. «La mayoría de mi trabajo no es teoría, sino análisis de datos», explica antes de su conferencia ‘La ilusión de las elites’, impartida en la Fundación Ramón Areces, en Madrid. «Lo que hago principalmente es medir cosas, que es lo que hace la mayoría de economistas». 

Competir con Apple y Samsung desde Álava (El País)

Su historia empieza con la liberalización de las comunicaciones a finales de la década de los ochenta del siglo XX, cuando Telefónica perdió el monopolio de la venta de teléfonos. Un momento en el que la alavesa SPC (Smart Products Connection), especializada en soluciones de comunicación y electrónica de consumo, saltó al mercado para comercializar teléfonos fijos para el hogar y los profesionales, entre los que estaban el conocido modelo Domo, que rompió con la estética tradicional. Durante estos 30 años, su radiografía es la de una empresa que camina en paralelo a los hitos tecnológicos, que ha ido encajando en su cartera, pero sin abandonar productos que podrían parecer un lastre. Su gama recoge categorías dispares desde radiodespertadores, reproductores de música, móviles tradicionales sin conexión a internet hasta smartphones, relojes inteligentes, auriculares True Wireless, altavoces, tabletas, y que se completa con juegos de robótica para niños y productos IoT para el hogar como cámaras de vigilancia, ventiladores de techo o purificadores de aire. Un catálogo diverso que la compañía tiene a gala comercializar pese a la caída de la demanda de muchos de estos aparatos. “Nos mantenemos en categorías que a muchos no les interesa vender, pero a nosotros sí nos encajan, aunque haya caído el consumo y los volúmenes sean bajitos. No nos requieren desarrollo, van solas. Pero esto no nos frena para investigar en nuevas categorías, sobre todo en producto para el gran consumo”, asegura Teresa Acha-Orbea, directora general de SPC desde hace poco más de un año, un puesto al que llegó desde Wiko, una empresa colaboradora desde la que lanzaron los primeros móviles y que en la actualidad está en venta. Otro de sus hitos fue el lanzamiento de los móviles para mayores sin conexión a internet, de los que venden más de 30.000 unidades al año. 

El Gobierno fía el motor económico a la construcción (El Mundo)

La ejecución de decenas de miles de millones de fondos europeos en 2023 hará que el sector de la construcción regrese con fuerza a la economía española cuando se cumple justo una década de que tocara fondo tras la crisis financiera de 2008. Es algo que no es visible aún, pero que se materializará en el primer semestre del año que viene, cuando el volumen de licitaciones ya adjudicadas empiece a ejecutarse. «Vamos a molestar mucho con las obras, España está de reformas y se va a ver», advierten en el Gobierno. 2023 será un año de elecciones: municipales y autonómicas en mayo y generales en diciembre. No dará tiempo a cortar cinta de inauguración pero el impulso que va a tomar el sector de la construcción puede apreciarse ya en la aceleración del ritmo de licitaciones, 24.000 millones hasta el pasado mes de octubre, en los que los ayuntamientos tiran del gasto, con la Comunidad de Madrid liderando el ámbito autonómico y el Ministerio de Transportes haciendo lo propio en la administración central. La actividad crece a un ritmo del 24% y se sitúa así próximo a niveles de 2010 aunque lejos de los 40.000 millones que se invertían en 2007. Con todo, los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene confían en que el regreso de los constructores conjure los riesgos derivados de la inflación , el enfriamiento del sector inmobiliario, el encarecimiento de la deuda o la crisis de la energía. Las previsiones de los PGE pasan por que la aportación al PIB del consumo privado se mantenga plana y la de exportaciones e importaciones se reduzca. Mientras, la formación bruta de capital fijo de la construcción –uno de los principales indicadores de inversión– prácticamente se triplicará, al pasar del 3,8% al 8,4%. La promesa de un gran volumen de actividad valorado en 21.000 millones de euros y que se concentra en los próximos tres años en rehabilitación de edificios e infraestructuras ya es de por sí suficiente para más de 136.000 grandes y pequeñas empresas que permanecen vivas tras la gran purga iniciada en 2008.

La subida del SMI y su impacto en el empleo y la desigualdad (por Sara de la Rica y fundación Iseak, El País)

"...La vocación de ISEAK y de este trabajo es la de aportar conocimiento científico y no avalar o desacreditar posibles subidas del SMI. De otro lado, creemos necesario compartir con la sociedad nuestra propia lectura de los resultados, en un ejercicio de divulgación económica que consideramos vital para aclarar matices que naturalmente se pierden en los medios y, así, evitar posibles malinterpretaciones...El resultado fundamental del estudio es que, en los primeros seis meses tras la reforma, ambos grupos se comportaron igual, lo que permite concluir que a corto plazo la subida del SMI no aumentó el riesgo de pérdida de empleo o de reducción de la jornada. Entre los meses 6 y 12, sin embargo, sí se observa un ligero crecimiento de este riesgo para el colectivo afectado por la subida salarial. Con todo, el impacto es modesto: en torno a dos puntos porcentuales en el caso de la probabilidad de perder el empleo al cabo de un año y ni siquiera 1 punto en el caso de una reducción en las horas trabajadas. Para poner en contexto la magnitud de estos resultados, nos gustaría destacar otro resultado de este estudio: alrededor de un 25% de las personas tanto del grupo de tratamiento como del grupo de control pierden su puesto de trabajo por la alta inestabilidad de los puestos de trabajo. Por esta razón, encontrar que la subida del SMI supuso una pérdida de empleo para el 2% (y una reducción en horas para menos del 1%) de las personas afectadas puede considerarse un efecto ciertamente modesto. Otra cuestión diferente es la que considera la posibilidad de que la reforma frenara la creación de nuevos empleos, que no se aborda en este estudio y, sin embargo, sí se aborda en el informe mencionado del Banco de España, con unos resultados que estiman un impacto negativo de entre 6 y 11 puntos porcentuales sobre los niveles de afiliación de 2019. Del lado de los beneficios de la reforma, el estudio evidencia una ligera reducción de la desigualdad de ingresos al cabo de un año. Si bien en este caso no es posible confirmar que la causa de esta mejora sea exclusivamente la subida del SMI..."

Excedentes empresariales (por Raymond Torres, El País)

"La inversión productiva, uno de los principales condicionantes de los niveles de vida de nuestro país, arrastra un déficit preocupante desde la crisis financiera. El esfuerzo inversor se sitúa sistemáticamente por debajo de la media europea: el gasto en maquinaria, equipamiento y productos de propiedad intelectual, es decir, la parte más transformadora de la inversión que se obtiene descontando la construcción, solo alcanza el 9,5% del PIB, un punto menos que la UE (media del periodo 2015 hasta el tercer trimestre de 2022)... Resulta paradójico que persista un déficit de inversión cuando las empresas gozan de una posición financiera globalmente saneada tanto en relación con el pasado como en comparación con nuestros socios europeos. Las sociedades no financieras españolas en su conjunto encadenan sólidos superávits desde la crisis financiera, sin que la pandemia ni la crisis energética hayan alterado significativamente este resultado. Su capacidad de financiación superará este año los valores anteriores a la crisis sanitaria. Y la Comisión Europea vaticina que nuestro excedente será el mayor de toda la UE, solo después de Irlanda e Italia (las cuentas de las empresas alemanas se aproximan al equilibrio, mientras que las francesas registran un ligero déficit). El resultado proviene de la rápida recuperación de los márgenes que contrasta con la moderación de los salarios, de modo que se prevé un incremento de la renta disponible de las empresas (diferencia entre márgenes y remuneraciones) cercano a 30.000 millones. Más que suficiente para financiar el aumento del gasto en inversión, estimado en 11.000 millones. Dicho de otra forma, las empresas españolas disponen de un abultado colchón de liquidez que utilizan actualmente para adquirir activos financieros o reducir pasivos, y no invirtiendo en capital productivo. Una posición de prudencia en relación con lo que cabría esperar según la teoría, a saber, que las corporaciones incurran en préstamos para complementar la financiación propia de los proyectos de inversión..."

Las siete amenazas globales (El País)

La City de Londres se sumía en el caos después de que la ex primera ministra Liz Truss revelara sus planes para reducir impuestos. Las turbulencias en el Reino Unido, que también requirieron de la intervención del Banco de Inglaterra, volvían a poner de manifiesto la fragilidad en la que se mueve la economía global. En la era poscovid hay varias amenazas latentes. Y la combinación de dos o tres shocks pueden poner en riesgo la estabilidad financiera. En el Reino Unido, confluyeron la desconfianza de los mercados, la menor liquidez y la magnitud de la banca en la sombra. “Bienvenidos al mundo de la policrisis”, escribía recientemente el historiador Adam Tooze, de la Universidad de Columbia en el Financial Times, recuperando un término empleado por el expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. La palabra más repetida en todas las previsiones formuladas por los organismos internacionales es incertidumbre. Aparece plasmada en cinco ocasiones en las previsiones de la Comisión Europea, 30 veces en las del Fondo Monetario Internacional (FMI) y hasta en 96 en las de la OCDE. Tras el rebote posterior a la pandemia, las proyecciones apuntan a que la economía vuelve a enfriarse. Las últimas, de la OCDE, indican que el mundo crecerá un 2,2% en 2023, frente al 3,1% de este año. El frenazo se notará sobre todo en Estados Unidos y Europa, cuyas economías se prevé que apenas avancen un 0,5%. La crisis, en esta ocasión, se apoya en varios fenómenos. Unos son visibles y otros, latentes; unos van escampando y otros cobran intensidad. Y el peligro está en que unos sigan interactuando con los otros. Inflación. Se erige como el principal enemigo de las instituciones internacionales. “La prioridad número uno sigue siendo la lucha contra la inflación. No seremos capaces de aguantar el crecimiento económico sin reestablecer la estabilidad de precios”, afirma Daniel Leigh, director de la División de Estudios de la Economía Mundial del FMI. A pesar de que tanto en EE UU (7,7%) como en Europa (10%) el alza de precios se ha moderado en noviembre, el nivel alcanzado sigue siendo muy elevado.

Los rectores se rebelan contra los cambios en la Ley de Universidades (El Mundo)

La gran mayoría de las universidades públicas españolas se rebela contra los cambios de última hora que los partidos del Gobierno de coalición han accedido a hacer en el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu) durante su fase final en el Congreso. PSOE y Unidas Podemos se han plegado una vez más a las reclamaciones de ERC y han pactado una enmienda con este partido, Junts, Bildu y el PNV que da carta blanca para que el personal laboral –es decir, los profesores e investigadores contratados– puedan ser rectores, una figura que hasta ahora estaba reservada exclusivamente a los funcionarios. La transaccional, que previsiblemente se aprobará este martes en Comisión, también quita al rector su tratamiento de «máxima autoridad académica». Estas modificaciones sólo gustan a las universidades catalanas. Al resto les preocupan, según explican una docena de rectores, que se ratifican en la postura oficial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue), partidaria de mantener la ley como está ahora y que sólo sean los catedráticos los que puedan dirigir los campus. Desde las universidades de Granada y Sevilla a las de Zaragoza y Oviedo, pasando por las madrileñas Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos y Alcalá, así como Salamanca, Burgos, Castilla-La Mancha o Murcia, todas avisan de los problemas que traerán estos cambios. «Rebajar el nivel de exigencia de una universidad es siempre una mala noticia, y así lo comentamos un gran número de rectores en la última asamblea de la Crue en Córdoba». 

Los colegios concertados en Euskadi piden 1.500 euros más por alumno a Educación para quitar cuotas (El Correo)

A los centros concertados no les salen las cuentas. Reclaman al Gobierno vasco 1.500 euros más por alumno para poder eliminar las cuotas, que ahora son de entre 30 y 100 euros al mes. La eliminación definitiva de las cuotas de enseñanza en la red concertada es uno de los objetivos principales de la futura ley educativa de Euskadi para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y paliar el problema de la segregación. La realidad, sin embargo, es que los centros privados subvencionados, en los que estudia el 48,9% del alumnado vasco, no logran cubrir el coste total de cada plaza escolar con el dinero público que reciben. Aunque está prohibido por ley desde 1985, giran recibos a las familias para cobrar tarifas por servicios directamente relacionados con el aprendizaje de sus hijos y compensar así la diferencia. Ese pago impide que niños desfavorecidos puedan cursar sus estudios en estos centros y acaben en la red pública. Directores y entidades que agrupan a ikastolas y centros concertados estiman que Educación tendrá que inyectarles «hasta 1.500 euros» más por alumno al año para hacer efectiva la desaparición de las aportaciones por servicios educativos que provienen de las familias. Si se tiene en cuenta que en la concertada cursan sus estudios algo menos de 166.000 alumnos, el Gobierno vasco debería desembolsar por curso cerca de 250 millones de euros. Solo de esa forma, aseguran en los centros, podrán suprimirse esas cuotas y lograr la gratuidad real de la enseñanza. Los colegios e institutos concertados reciben de la Administración pública 4.174 euros por estudiante, la cantidad más elevada de todo el país. Sin embargo, se trata de una cifra lejana a los fondos asignados a la escuela pública, que ascienden a los 10.000 euros. 

China abraza una nueva vida sin la política de covid cero (El País)

Tras el grito de los manifestantes que reclamaban el punto final a la férrea estrategia antipandémica a finales de noviembre —las mayores protestas sociales en la era del presidente Xi Jinping, acalladas de inmediato con un contundente despliegue policial—, Pekín ha ejecutado un viraje sin contemplaciones pasando de la política de covid cero a una nueva estrategia que recuerda bastante a la Europa de finales de 2021: vuelan los contagios y muchos, antes de quedar con otros, se hacen una prueba de antígenos por si acaso. Las cosas han cambiado casi de la noche a la mañana. El miércoles, el Consejo de Estado (el equivalente al Gobierno) aprobaba un decálogo de medidas que incluyen, entre otras cosas, la posibilidad de pasar la cuarentena en casa, siempre que sea leve; la reducción drástica de los controles masivos de la población mediante PCR; la generalización de las pruebas de antígenos y la desaparición de la obligación de presentar PCR negativas y de escanear el código QR de salud en un buen número de espacios públicos, eliminando esta fórmula de hipercontrol sanitario contra la que clamaban los manifestantes: “¡Que le den a los QR!”. La felicidad de la gente resulta evidente. Pero el resultado no es el éxtasis que cabría esperar después de casi tres años, sino un extraño anticlímax: en la capital se ven calles semivacías, restaurantes y colegios clausurados, comercios a medio gas o desabastecidos y planes que penden de un hilo o se cancelan porque alguien —y esta es la verdadera novedad— ha dado positivo o ha estado en contacto con uno.